La Fuerza Aérea Argentina es la rama aérea de las Fuerzas Armadas Argentinas y es uno de los brazos ejecutores del sistema de defensa nacional, junto al Ejercito y la Armada. Su historia se inicia en 1912 cuando bajo la presidencia de Roque Sáez Peña se dictó un decreto para la creación de la Escuela de Aviación Militar un 10 de agosto. Fecha por la cuál hoy se celebra esta efeméride.

Dicha escuela fue creada en los terrenos del Palomar, pero siendo un ala del Ejército Argentino.

Entre los pioneros de la aviación argentina se destacan Aarón de Anchorena y Jorge Newbery, quien el 25 de diciembre de 1907 cruzó el Río de la Plata en el globo aerostático “Pampero”, que había sido traído de Francia por Aarón de Anchorena. Acto que devino en la creación del Aero Club Argentino en 1913, primera entidad aérea del país.

Otro precursor de la Fuerza Aérea Argentina fue Pablo Teodoro Fels, quien a bordo de su monoplano Blériot XI (idéntico al de Jorge Newbery) cruzó el Río de la Plata en la madrugada del 1 de diciembre de 1912 con rumbo a la ciudad de Montevideo, donde llegó dos horas después, batiendo el récord mundial en vuelo sobre agua.

Asimismo a lo largo de su historia, la FAA apoyó golpes de Estado (en los años 1955, 1962, 1966 y 1976) participando también de acciones armadas como el bombardeo a la ciudad de Buenos Aires y el terrorismo de Estado en las décadas de 1970 y 1980. Su primer conflicto internacional fue la Guerra de las Malvinas.

Entre sus funciones se encuentra:

Un sector del gobierno tiene el objetivo de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad que son propias de las policías y fuerzas de seguridad. Pero esto va en contra de lo que dicen las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior. Durante este año promovieron una reforma en el Congreso, un proyecto sin pies ni cabeza que mandaba a los militares a realizar tareas de patrullaje en caso de “ataques terroristas”. Esa iniciativa no prosperó. Ahora vuelven a la carga, pero evitando el debate parlamentario.

En estos días se conocieron dos decretos (1107 y 1112/ 2024) que rascan en las zonas más grises del marco normativo argentino para encontrar resquicios que permitan meter por la ventana a los militares en temas de seguridad. Lo hacen a través de la redefinición de las ideas de “amenaza externa” y de “objetivos de valor estratégico”. En el primer caso, es un camino que ya se intentó durante el gobierno de Mauricio Macri, y que va en contra del espíritu planteado en la ley de Defensa Nacional. En el segundo caso, transgrede lo dispuesto en la ley de Seguridad Interior. Al mismo tiempo, este corrimiento habilitaría a la inteligencia militar a meterse en asuntos hasta ahora vedados.

El decreto 1107/2024 establece un nuevo supuesto de intervención de las FFAA que no está incluido en la ley de Seguridad Interior, es decir, la reforma de hecho sin pasar por el Congreso. Según este decreto, el Ministerio de Seguridad de la Nación, que tiene la misión de proteger los objetivos de valor estratégico, podría solicitar la intervención de las FFAA para esa tarea sin pasar por los mecanismos previstos en la ley (convocatoria de un comité de crisis, o declaración del estado de sitio). Estos mecanismos fueron pensados para situaciones graves y extremas en las que la decisión de involucrar a las FFAA en un asunto interno es el resultado de un consenso entre distintos funcionarios con responsabilidad de gobierno (presidente, ministros, gobernadores). Con este decreto, el presidente habilita al Ministerio de Seguridad a concentrar ese poder de decisión y a evitar el mecanismo legal de resguardo y control. 

La norma tiene otros problemas graves, como la total discrecionalidad que pasa a tener el Poder Ejecutivo para definir qué es un “objetivo de valor estratégico” potencialmente sujeto a ser militarizado, y cuáles son las posibles amenazas (menciona por ejemplo a “organismos y organizaciones”). También debilita el control civil sobre las FFAA en situaciones de conmoción interior o estado de sitio al delegar la conducción en el Estado Mayor Conjunto.

El otro decreto (1112/2024) modifica aspectos de la reglamentación de la Ley de Defensa, y va en contra del espíritu de esta norma al establecer que la misión principal de las FFAA es intervenir ante ataques o agresiones de origen externo, no importa cuál sea su naturaleza. Así, se podría considerar una “agresión externa” la actividad de un grupo dedicado al contrabando. El criterio para que intervengan las FFAA ya no sería las características de la amenaza (es decir, si el instrumento militar es el más idóneo y eficaz para contrarrestarla), sino su mero carácter externo o transnacional. En principio el trasfondo de esta medida consiste en ampliar la injerencia de las FFAA en temas como terrorismo y habilitar su intervención en problemáticas como la criminalidad organizada. Pero la falta de parámetros sobre lo que constituye una “agresión externa” estira hasta límites desconocidos las posibilidades de involucrar a las FFAA en tareas que no tienen que ver con su misión y para las que no están formadas. 

Como ya dijimos en su momento, arrastrar a las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad es un objetivo puramente político declamado por este gobierno y con riesgos institucionales evidentes. La agitación de indefinidas “amenazas terroristas” es funcional al desborde de las FFAA hacia el ámbito de la seguridad interior y debe advertir sobre los problemas de un avance del militarismo sin debate político ni control institucional. 

El autor es director de Justicia y Seguridad del CELS 

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, adjudicó una compra directa de pistolas semiautomáticas a la empresa Bersa S.A. por un total de US$ 6.144.800.

La compra incluye pistolas semiautomáticas doble acción calibre 9x19 mm y escopetas calibre 12 gauge destinadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y el negocio se llevó adelante a través de la contratación bajo el expediente 32796967.

Argumentando la emergencia, el ministerio de Patricia Bullrich logra que la mencionada compra sea “excluida del Control de Precios Testigo conforme lo establecido de la Sindicatura General de la Nación”.

Las firmas que fueron desafectadas de la contratación gubernamental son Trompia y Buccello.

La medida se enmarca en la Resolución N° 107 del 8 de marzo de 2024, que convocó al Comité de Crisis para restablecer la seguridad en Rosario, y en la Resolución N° 409 del 21 de mayo de 2024 que autorizó la convocatoria de la contratación directa.

El financiamiento de la compra se imputará a la partida presupuestaria del Ministerio de Seguridad para el ejercicio 2024.

Los argumentos expuestos en el Boletín Oficial

Más de US$ 10.000.000 en pick ups

El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, destinó unos US$10.000.000 para la adquisición de camionetas patrulleras mediante una contratación directa, según se desprende de la decisión administrativa 655/2024.

La compra estatal, que incluye camionetas patrulleras doble cabina 4x4 y 4x2, se enmarca en el “Plan de Renovación y Actualización Vehicular” para las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

Las firmas beneficiadas por Bullrich son Igarreta, por un monto total de $6.239.284.000, y Toyota por $2.810.138.550, las cuales, según la información oficial fueron seleccionadas por ser las “más convenientes económica y técnicamente”. La cifra total para esta compra directa alcanzó $9.049.422.550 del erario público y que, al tipo de cambio oficial Banco Nación, el dispendio ronda los US$10 millones.

Quedaron afuera otras firmas oferentes como Siderworld, Espasa, Roycan y Autogen. Según la información oficial, los modelos adquiridos pertenecen al año 2022, con caja de velocidad manual y motor diesel.

Esta compra directa surge ante la emergencia en seguridad decretada en marzo, que llevó a la convocatoria de un comité de crisis presidido por Bullrich. El comité incluye a los titulares de la Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

Esta contratación se realizó mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, COMPR.AR, y está excluida del Control de Precios Testigo según lo establecido por la Sindicatura General de la Nación.

Con información de agencias.

IG

El presidente Javier Milei respaldó este sábado a las fuerzas de Seguridad en medio del rechazo que generó en algunos sectores de la sociedad el DNU para desregular la economía, lo que motivó marchas, movilizaciones y cacerolazos en varios puntos del país.

El mensaje del mandatario fue publicado en la cuenta de la Oficina del Presidente Javier Milei a través de un video. “Es decisión del Presidente Javier Milei devolverle la dignidad a las fuerzas de seguridad”, manifiesta el texto que acompaña el posteo.

El audiovisual muestra diversas imágenes de Casa Rosada y de las diferentes fuerzas de Seguridad que actúan en el país.

A su vez, durante el video puede escucharse un compilado de frases del Presidente donde hace mención al maltrato que se le dio en el pasado a las fuerzas del orden y el rol que desde su óptica deben ocupar.

“Nuestras fuerzas de Seguridad han sido humilladas durante décadas. Han sido abandonadas por una clase política que le ha dado la espalda a quienes nos cuidan”, sostiene el mandatario en el audiovisual.

En otro pasaje, Milei asegura: “Que la gente entienda, que los señores de verde, de azul y de blanco están para cuidar al país.

Esos son los buenos y los que se tapan la cara y llevan palos son los malos“.

“La víctima es la víctima y el victimario es el victimario. El que la hace, la paga”, enfatiza el Presidente en un video de 55 segundos de duración que finaliza con el mensaje: “Apoyemos a nuestras fuerzas de Seguridad”.

CRM con información de la agencia NA

El Gobierno nacional dispuso la creación del “Comando Unificado Conurbano” (CUC) para brindar de una manera más “eficiente” las tareas de seguridad de las fuerzas policiales y de seguridad federales que actúan en ese territorio de la provincia de Buenos Aires.

Así lo estableció mediante la resolución 186, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

El CUC estará integrado por por 5 comandos conformados de la siguiente manera: “Comando N° 1 - Norte, con funciones en Escobar, Pilar, General Rodríguez y Marcos Paz; Comando N° 2 - Noroeste, con funciones en Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, Moreno, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas; y Comando N° 3 - Suroeste, con funciones en La Matanza”.

En tanto, los comandos 4 y 5 corresponderán al “Sur” (Avellaneda, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Ezeiza) y “La Plata” (La Plata, Ensenada, Berazategui, Florencio Varela, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas), respectivamente.

“Todo ello sin perjuicio de que con posterioridad, y en razón de cuestiones estratégico-operacionales, puedan incorporarse nuevos distritos en la zona de incumbencia de cada uno de los comandos”, se aclaró en el texto oficial.

El artículo 2 de la resolución estableció que la coordinación institucional del CUC estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, mientras la coordinación operacional quedará a cargo del directo nacional de la Gendarmería “y/o del Comandante que esa dirección designe a tal efecto”, se dispuso en el artículo 3.

En tanto, la Secretaría de Seguridad y Política Criminal “determinará qué fuerza policial y de seguridad federal tomará a cargo cada uno de los comandos en particular, de conformidad con los relevamientos estratégicos y operativos a los que arribe conjuntamente con los directores generales de operaciones de cada una de esas instituciones y del coordinador operacional”.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo indicó que “las fuerzas policiales y de seguridad federales actúan en el conurbano bonaerense ejecutando distintas operaciones y medidas en cumplimiento de los requerimientos jurisdiccionales que ordenan su labor como auxiliares del servicio de administración de justicia”.

“Actualmente -se expresó el texto- las fuerzas policiales y de seguridad federales, conjuntamente con las fuerzas provinciales y locales intercambian información y, a partir de tales intercambios, se confecciona el llamado 'mapa de calor' en el que se consignan las zonas con mayor conflictividad en las que se encuentra más amenazada la seguridad ciudadana”.

Así, “cada uno de los comandos, en tanto integrante de una coordinación estratégica, permitirá ejercitar más eficientemente las tareas que actualmente despliegan las fuerzas policiales y de seguridad federales en el territorio de diversos municipios del conurbano bonaerense y redundará en un servicio de más y mejor seguridad para las ciudadanas y ciudadanos”.

Con información de Télam.

IG

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo este viernes que coincide “con la mayoría de las cosas” que fueron planteadas por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el discurso que realizó horas atrás en La Plata en un acto por el Día de la Militancia, pero le respondió los dichos en materia de seguridad y aseguró que en las fuerzas federales a su cargo no existe la visión de “no cumplir con lo que hay que cumplir”.

Durante el acto en el estadio Diego Maradona, la expresidenta recordó que cuando estuvo al frente del Gobierno se desplegaron miles de efectivos federales en territorio bonaerense en el marco del Operativo Centinela. “La gente lo pedía porque tenía más confianza. No sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo: desplegar miles de gendarmes en el Conurbano en lugar de tenerlos en medio de la Patagonia nadie sabe haciendo qué”, cuestionó.

En ese sentido, el titular e la cartera de Seguridad aseguró no compartir “lo que dice ella. Las cuatro fuerzas (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y PSA) no son conducidas per se, son conducidas por un civil y ese civil soy yo. Lo que dice Cristina no es verdad. Esas decisiones las tomamos nosotros y las ejecutan los profesionales. Lo que hacen en la Patagonia está pensado y diagramado”. Y agregó que el territorio que rodea a la ciudad de Buenos Aires “no es jurisdicción nuestra, lo que hacemos es colaborar. Los gendarmes están en el Conurbano. Lo que se dice, a veces se dice sin conocerse”, le contestó a a la vicepresidenta.

Sin embargo, aclaró que el discurso “de Cristina me gustó. Se plantearon cosas importantes y yo no puedo ocultar el amor y el cariño que siento por ella. Es mi familia, vengo de ahí y no me pienso ir de ahí. Coincido con la mayoría de las cosas que dijo”, afirmó el ministro en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, Aníbal Fernández destacó la “vocación” de la exmandataria de “expresarse lo más amplío posible y discutir temas espinosos”.

Por otra parte, al ser consultado por el pedido de la Vicepresidenta de terminar con el debate entre mano dura y garantistas, Fernández sostuvo que coincide “al 100%” con esa postura.

“En los 14 meses que estamos (frente al ministerio) no hemos tenido ni una sola denuncia por violencia institucional. En cuanto al garantismo y lo que quieren insinuar con eso, no tenemos esa visión. Si hay que actuar, se actúa, cumpliendo con lo que dice la ley”, remarcó.

Finalmente, Aníbal Fernández consideró que “todos los días hay algo para cambiar o mejorar” y sostuvo que no existe “la sociedad sin delito” pero señaló que eso no significa que “se permitan cosas que antes no se permitían”.

“Hace 10 días detuvimos, con colaboración de las policía uruguaya y peruana, al narco más buscado de Argentina desde hace cinco años. Lo encontramos nosotros. Si te pones las pilas, lo podes hacer”, completó.

En su discurso de ayer, la Vicepresidenta definió a la inseguridad como una “deuda” de la democracia y postuló avanzar en acuerdos que permitan delinear políticas de seguridad que eviten la “autonomización” de las fuerzas y garanticen su control civil.

“Las fuerzas son una parte de la solución, pero también son una parte del problema si no se subordinan al poder civil”, declaró y se preguntó por qué no desplegar gendarmes en el conurbano bonaerense para poner la mirada en “esos lugares que están sufriendo” la inseguridad, en vez de mantener a los efectivos en la Patagonia, donde “no sabemos qué están haciendo”.

Con todo, marcó como prioridad el “orden de una sociedad con padres y madres que trabajan y con chicos que van a estudiar y vuelven a comer a sus casas, no en las escuelas o en los merenderos”.

Con información de agencias.

IG

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió este viernes la aprobación en el Senado de la reforma que pasa al Ejército el control de la Guardia Nacional, un cuerpo que él creo con la promesa de mantenerlo civil.

En 2019, la Guardia Nacional reemplazó a la Policía Federal como el principal cuerpo policial de seguridad pública a nivel nacional. Ese mismo año, el Congreso Legislativo dispuso adscribirla a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en un intento fallido de preservar su carácter civil.

El sábado 3 de septiembre, ya llamado sabadazo negro, la Cámara de Diputados aprobó la propuesta del presidente AMLO de integrar la Guardia Nacional  a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). La polémica decisión ya cuenta ahora con la aprobación del Senado.

Según lo constatado en México desde 2006, la intervención de las FFAA en tareas de seguridad ignora la separación entre amenazas a la seguridad nacional -el ámbito de los militares- de los problemas de seguridad pública -el terreno de los policías civiles.

Un escenario nuevo para las FFAA 

La Guardia Nacional está integrada por miembros de la Policía Federal y también por militares. Su misión principal es combatir los cárteles del narco y el crimen organizado. Sin embargo, durante este período legislativo, la Guardia Nacional ha asumido varios proyectos civiles como la construcción del Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles o la vigilancia y control aduaneros. A pesar de que el despliegue militar y el gasto en Defensa son los más altos en la historia mexicana reciente, la Guardia no ha logrado combatir el crimen organizado con la eficacia esperada.

De integrarse oficioalmente a la SEDENA, como ya sucede en la práctica, México perdería la única institución policial no militar con presencia a nivel nacional encargada de la seguridad pública. A partir de 2006, en un contexto criminal mucho más complejo -con organizaciones delictivas más sofisticadas-, se puso en marcha una estrategia policiaco-militar contra el crimen organizado, según la iniciativa del entonces presidente panista, Felipe Calderón. La intervención de las FFAA en tareas de seguridad bordea, o de plano ignora, la línea que separa las amenazas a la seguridad nacional -el ámbito de los militares- de los problemas de seguridad pública -el terreno de los policías civiles. 

Tras su aprobación en el Senado, la asignación a las FFAA de las funciones permanentes de seguridad pública conllevará a su vez nuevos controles  a los  militares. Los soldados que desarrollen funciones policiales deberán asumir forzosamente una revisión sistemática en el proceso penal, al que hasta hoy no se han sometido. Lo que significaría una situación inédita entre las FFAA, y el poder Judicial o las fiscalías. Los militares que cubran tares de seguridad civil deberán cumplir con los requisitos de procedimiento para las detenciones y con los procedimientos de investigación legales. Quedará sometida a la valoración de un juez cada uno de sus actos desde el momento de proceder a una detención. Los elementos de prueba que aporten que tendrán que ser conocidos previamente por la persona imputada y por su defensa.

DDHH, narcotráfico y relaciones con EEUU

Si bien no se reportan hoy, en términos absolutos, los mismos niveles de graves violaciones de DDHH por parte de las FFAA que diez años atrás, activistas observan con preocupación esta cesión de poder al Ejército

“Los miembros de la Guardia Nacional no están entrenados para respetar los DDHH como lo harían las fuerzas del orden”, declaró Gary Hale, experto en política sobre drogas del Baker Institute en Houston. “No hay cadena de custodia, no hay pruebas, no hay testigos, no hay testimonios. Y por eso se acaban produciendo abusos de los derechos humanos.”

Duncan Wood, experto en las relaciones entre México y EEUU del Mexico Institute del Wilson Center en Washington DC, sostuvo que “la preocupación por los DDHH, la preocupación por la corrupción y la cooptación por parte del crimen organizado, va a impactar en la cooperación bilateral en materia de seguridad bajo el marco del Entendimiento Bicentenario”, un acuerdo que ambos Estados pactaron a principio de este año para intensificar la lucha conjunta contra el narcotráfico.

“EEUU no sabe quién es de confianza en México y ha tenido una relación muy problemática con el ejército mexicano hasta hace poco. Las relaciones mejoraron durante los años de Calderón y Enrique Peña Nieto (el antecesor priista del actual presidente mexicano de izquierda). Pero se han enfriado mucho desde que AMLO llegó al poder” agregó Wood.

AGB con información de agencias y medios

El presidente Alberto Fernández consideró este martes que con el fortalecimiento de la totalidad del Sistema de Formación Profesional, Especialización y Capacitación de las fuerzas policiales “se está dando un paso importante” porque “se mejora la calidad educativa en el área de seguridad”.

En un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, el jefe de Estado anunció el fortalecimiento para la capacitación de las fuerzas de seguridad y evaluó que “se está dando un paso importante porque se mejora la calidad educativa y el perfeccionamiento de los profesionales en el área de seguridad en un mundo que requiere cada día de más conocimiento y de mayor capacitación”.

“Son noticias auspiciosas”, enfatizó el mandatario, acompañado por los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández, y de Educación, Jaime Perczyk. En ese aspecto, consideró que “en este caso toma un particular relieve porque en adelante los institutos van a ser tratados como lo que son, como universidades”. 

Fernández abogó entonces por “darle todos los días más calidad no solo a las universidades de fuerzas de seguridad federales sino a la calidad educativa en todas las fuerzas federales”.

En un pasaje de su alocución, el Presidente le apuntó al juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, aunque sin nombrarlo: “Pensaba cuántos efectivos están distribuidos a lo largo del país y cómo la educación a distancia podría ayudar a que sus estudios no se interrumpan por un traslado. Allí habría una necesidad, y por lo tanto un derecho, aunque algunos jueces no lo entiendan”.

A fines de mayo, Rosenkrantz participó de la conferencia “Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica”, organizada por la Universidad de Chile. Allí, el magistrado dijo que hay “una afirmación que yo veo como un síntoma innegable de fe populista y en mi país se escucha con frecuencia, según la cual detrás de cada necesidad debe haber un derecho. Obviamente un mundo donde todas las necesidades son satisfechas es deseado por todos, pero no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que restrinjamos qué se entiende por necesidad y que se entienda por derecho a las acciones que no son jurídicamente ejecutables”, había sentenciado Rosenkrantz.

En su discurso de este martes, el jefe de Estado hizo “particular hincapié en la preparación de las fuerzas federales porque una cosa es la política judicial y otra cosa la política de seguridad, que es algo absolutamente distinto y que muchas veces se confunden”.

“En un Estado de derecho poder llevar a cabo una política de seguridad eficiente y respetar las normas de derecho es una condición esencial  y si esto deviene de un estudio universitario bienvenido sea”, enfatizó Fernández. 

Por su parte, Perczyk aseguró que el convenio “fomentará que los institutos universitarios de las tres fuerzas de seguridad asimilen y sean parte de las mismas políticas que rigen en las universidades nacionales”, y destacó que su objetivo es “la mejora continua y permanente, la financiación de las instituciones en carreras estratégicas y la capacitación docente”.

Mientras que Aníbal Fernández remarcó que la política de seguridad “necesita que todos los días se estudie, se analice y se crezca”, al tiempo que reflexionó: “Nosotros vimos en situaciones internacionales cómo hacer para participar de algo mucho más grande que nos genere políticas publicas serias y contundentes, pero además, con mucha carnadura”.

El Presidente firmó cuatro acuerdos por un monto total de 39.500.000 pesos a ejecutarse entre 2022 y 2023. Participaron también del anuncio el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa; la secretaria de Seguridad y Política Criminal, Mercedes La Gioiosa; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; además de autoridades de las fuerzas policiales y de seguridad; rectores de universidades nacionales y de institutos universitarios dependientes de las fuerzas, y representantes de los gremios docentes argentinos.

Claves de los convenios

Con información de agencias.

IG