El 3 de febrero se celebra el Día Internacional del Abogado, con el objetivo de reconocer la labor de los hombres y mujeres de leyes que trabajan para conseguir un mundo más justo.

Se pretende destacar la notable importancia de los abogados, en la defensa jurídica a personas, tramitación de procesos judiciales, administrativos y mediación de negociaciones y conflictos laborales, entre otras competencias.

Si bien en Argentina se conmemora el 29 de agosto por el aniversario del nacimiento del jurista, economista, político y uno de los autores intelectuales de la Constitución nacional de 1853, Juan Bautista Alberdi, durante la jornada se suelen realizar distintas actividades en reconocimiento al trabajo de los doctores en leyes y sus más de cinco especializaciones.

Ser abogado: una profesión de ley

Un abogado es un profesional universitario graduado en Derecho, el cual debe estar colegiado para poder ejercer su profesión, que conlleva varias funciones y competencias, tales como asesorar, defender procesos judiciales y gestionar temas en diversas materias relacionadas con el derecho.

En tal sentido, se especializan en las diversas ramas del derecho público y privado, acorde con la legislación de cada país:

Frases célebres

Conoce algunas frases célebres, dedicadas a estos grandes profesionales de la justicia y el Derecho

¿Cómo se celebra este día en el mundo?

El Día Internacional del Abogado se celebra en varios países del mundo, mediante la realización de diversos eventos y actividades: conferencias, charlas, lecciones magistrales y jornadas legales comunitarias. Con ello los profesionales del derecho reafirman su compromiso de hacer justicia, con ética y eficiencia.

En Latinoamérica algunos países tienen una fecha especial de celebración de esta efeméride:

“¿Qué debemos hacer nosotros, desde el Congreso de la República, sobre la inteligencia artificial?”, pregunta Diego Caicedo, un joven congresista , en un video publicado en su perfil de Instagram. A su lado está Pablo Nieto, otro colombiano, quien le responde: “Generar marcos promotores de inteligencia artificial” y “escuchar a todas las partes interesadas”.

No fue un intercambio casual; ni por donde ocurrió, ni por quienes hablaban, ni por lo que decían.

Ambos son parte de una amplia red de influencia con la que las grandes empresas tecnológicas como Google, Amazon, Meta, Microsoft, entre otras, inciden en las políticas públicas de América Latina. Otras fichas en este juego silencioso de alto poder incluyen a congresistas que defienden sus argumentos, lobistas que impulsan sus narrativas, expertos y ex funcionarios que revisten de interés público los intereses de estas empresas.

Cuando las tecnológicas no quieren exponer a sus propios lobistas, recurren a terceros, como bufetes de abogados o asociaciones sectoriales. Esos grupos se reúnen con frecuencia con actores públicos, organizan congresos internacionales, producen estudios para ‘iluminar’ a los ministerios y envían sus ideas sobre proyectos de ley argumentando amor al progreso de los países.

Su trabajo, como explicó a esta alianza periodística Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, es conseguir “capacidad y acceso a tomadores de decisión, y a cualquier mecanismo que permita influenciar las decisiones”.

Nada de eso es ilegal, ni tampoco original. Se parecen a las operaciones de otras multinacionales, como las mineras, tabacaleras o farmacéuticas.

No obstante, hay una diferencia abismal entre la multinacional de siempre y estas enormes empresas tecnológicas. A diferencia de aquellas, que influyen en un sector, éstas últimas intermedian casi cualquier actividad humana: desde hablar con la familia hasta organizar la agenda, llegar a una dirección, hacer reuniones virtuales y leer noticias. Evadirlas requiere un esfuerzo. Su influencia sobre nuestras vidas solo va a crecer, teniendo en cuenta el ritmo al que la inteligencia artificial va colándose en todo lo que hacemos.

Estamos hablando de Alphabet, la dueña de Google, YouTube y de decenas de útiles aplicaciones de mapas, estudio y hasta para el periodismo de investigación. Según su propia definición, Alphabet tiene la misión de “organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil para todos”. Google ya es un verbo en todos los idiomas, sinónimo de buscar información; y aunque hay otros motores de búsqueda, ninguno está tan metido en la vida diaria de los latinoamericanos.

Estamos hablando también de Meta, propietaria de Whatsapp, Facebook e Instagram, cuyo objetivo es “construir el futuro de las relaciones humanas y la tecnología que las hace posibles”. En español decimos ‘whatsappear’ por mandar un mensaje, y millones de personas exponen su vida y milagros en Facebook e Instagram todos los días. La plataforma los conoce al dedillo y les entrega a los publicistas, sean de jabón o de campañas políticas, información hasta sobre sus estados de ánimo para que estos les vendan productos a su medida. Dicen sus reportes que en un día de diciembre de 2024, en promedio 3.350 millones de personas estaban usando alguna de las aplicaciones de la “familia” Meta. Esto es casi media humanidad.

Semejante influencia en la política, los derechos humanos, el bienestar social, la salud pública, la salud mental de los jóvenes, la economía y el hecho de que son prácticamente indispensables para funcionar en la vida de hoy, llevaría a pensar que es crucial para los países regularlas para dar al Estado a los consumidores herramientas para evitar abusos de estas empresas.

Pero como lo comprobó esta investigación periodística, La Mano Invisible de las Big Tech, liderada por el medio brasileño Agencia Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), junto con otros 17 organizaciones de 15 países, regular a las grandes tecnológicas no ha sido tarea fácil. Tienen bolsillos infinitos para librar todas las batallas. Sus algoritmos se esconden detrás del secreto industrial y se requiere conocimientos sofisticados para regularlos, sin caer en la censura. Y resisten a toda costa que normas locales les arruinen su modelo de negocio global.

Una base de datos elaborada en forma colectiva a partir de información pública disponible en línea, con pedidos de acceso a la información, entrevistas con decenas de fuentes en gobiernos, congresos y empresas tecnológicas, con expertos y académicos, pudo documentar 2939 acciones de influencia concretas en diez países y la Unión Europea, la mayoría de estas desde 2019 hasta junio de 2025. Estas involucraron a 1406 representantes directos o indirectos de las tecnológicas que interactuaron en defensa de las posturas de la industria digital con 2506 servidores públicos, desde congresistas, reguladores, ministros hasta directores de escuelas y hospitales públicos. (Ver tablero con gráficos interactivos y metodología).

Además, esta investigación encontró que es tal la necesidad de morigerar los impactos no deseados de estas Big Tech, que tan solo en la Unión Europea y otros 11 países, gobiernos, trabajadores o personas han presentado desde 2019 al menos 800 proyectos de ley para mejorar la moderación de espacios donde niños y adolescentes se encuentran; bloquear cuentas que diseminan el odio impunemente; hacer cumplir  normas nacionales electorales o de protección de datos; responsabilizar a las plataformas por contenidos dañinos; castigar usos dañinos de la Inteligencia Artificial; entre otras causas.

Así mismo, esta alianza periodística encontró 314 casos judiciales en apenas cuatro países, registrados desde 2022, ligados con conflictos con las tecnológicas. Estos litigios se originan desde la denuncia de un ciudadano del común por el mal uso de un video o una imagen, hasta reclamos por no regular contenidos nocivos o no cumplir las normas de privacidad. Las tecnológicas también han demandado a los gobiernos oponiéndose a sanciones o normas que limitan sus operaciones.

En respuesta a detallados cuestionarios enviados por esta alianza periodística sobre sus acciones de lobby en los países en los que investigamos, las Big Tech prefirieron emitir declaraciones generales en los que reconocen sus interacciones con representantes políticos y tomadores de decisiones públicas en temas que competen a sus negocios o sus productos, y afirman que estas interacciones cumplen los marcos éticos y regulatorios de los países donde ocurren. En este documento pueden leer las respuestas enviadas por cada una de las empresas.

En este capítulo de La Mano Invisible de las Big Tech, sacamos a la luz en detalle cómo sucedieron varias operaciones de lobby en América Latina de algunas de las tecnológicas que más inciden en la vida diaria de las personas. ¿En qué terrenos se movieron sus batallas? ¿Quiénes forman sus escuadrones de lobistas y agentes de influencia en algunos países?

Una foto significativa

El encuentro en donde el congresista colombiano Caicedo entrevistó a su compatriota Nieto, citado arriba, se llamó el Digiecon 2025, tuvo lugar en abril de este año en Ciudad de México y reunió al menos a 15 legisladores de América Latina con ejecutivos de TikTok, Meta, Google, Rappi y Mercado Libre, entre otras, para debatir sobre “economía digital” y “desarrollo social y económico”.

Fue organizado por la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) que agrupa a las tecnológicas, organización que invitó a Caicedo, según este le dijo a Cuestión Pública, medio colombiano miembro de esta alianza.

Algunos de los congresistas que estuvieron en Digiecon 2025 fueron los diputados brasileños Any Ortiz, y sus colegas Rodrigo Valadares y David Soares; cuatro legisladores argentinos (Juan Manuel López, Dahiana Fernández Molero, Karina Banfi y Santiago Santurio), otros cuatro congresistas colombianos además de Caicedo (Ciro Rodríguez Pinzón, Carlos Guevara, Irma Luz Herrera y Daniel Restrepo Carmona), tres legisladores chilenos (Leonardo Soto Ferrada, Francisco Chahuán y Paula Labra), y otros de Guatemala (Manuel De Jesús Archila Cordón), Costa Rica (Kattia Cambronero Aguiluz) y Perú (José Ernesto Cueto), según pudo reconstruir esta alianza periodística a partir de fotos del certamen y otros registros de redes sociales. También asistieron más funcionarios públicos de estos y otros países latinoamericanos.

Encontramos que algunos de estos invitados protagonizan hoy la discusión sobre temas digitales en los órganos legislativos de sus países, proponiendo —y, a veces, frenando— proyectos de ley; o moviendo los intereses de las tecnológicas en los cuerpos legislativos. Por eso la foto del evento resulta una metáfora potente de cómo los tentáculos de las tecnológicas se extienden por el continente.

El representante a la Cámara Caicedo, por ejemplo, en septiembre de 2024 impulsó una comisión transitoria para estudiar los proyectos de ley en curso relacionados con Inteligencia Artificial, justo cuando otra comisión se disponía a hacer exactamente lo mismo. Aunque la movida buscaba, según se dijo en Congreso, unificar varias iniciativas regulatorias, no logró ese cometido. El senador colombiano Alirio Uribe, quien ha impulsado varios de estos proyectos, dijo a Cuestión Pública y al CLIP que la comisión de IA “se hizo para obstruir todos los proyectos”. Explicó que “lo que hicieron ellos fue tomar todos los proyectos, revisarlos, y luego nos presentaron unos artículos inanes”. Solo una regulación de IA, que agrava el delito de estafa cuando se usan herramientas de inteligencia artificial para cometerlo, ha sido aprobada por el legislativo colombiano desde entonces.

Caicedo no contestó a las preguntas enviadas por esta alianza periodística sobre su rol en el trámite de los proyectos de ley de inteligencia artificial, ni sobre el video que publicó con Nieto.

Nieto, gerente de políticas públicas de ALAI para la región Andina, tiene una presencia permanente en el Congreso de Colombia. Aparece en consultas públicas y escribe conceptos jurídicos sobre proyectos de ley, pero también organiza eventos abiertos o cerrados con los legisladores y ha cultivado relaciones cercanas con Caicedo y con otros congresistas colombianos, según pudo constatar esta alianza periodística en eventos públicos y contenidos de redes sociales. Entre octubre de 2023 (cuando comenzó a trabajar en ALAI) y diciembre de 2024, Nieto acumuló 22 visitas a congresistas, según se consigna en una petición de información hecha por Cuestión Pública.

En Ecuador, Nieto también ha hecho incidencia a favor de las tecnológicas en el proceso de reglamentación posterior a la Ley de Protección de Datos, de 2022. Un primer reglamento, que se aprobó en 2023, fue construido con participación de los gremios de la industria, pero con una intervención casi nula de otros sectores, según encontró el medio Primicias, parte de esta alianza periodística. En 2024, Nieto se reunió con Fabrizio Peralta Díaz, superintendente de Protección de Datos Personales de Ecuador, para discutir regulaciones sobre aspectos puntuales de la ley, según consta en registros públicos; y en abril de 2025, Peralta Díaz viajó a México a Digiecon, donde de nuevo se encontró con Nieto y con Raúl Echeberría, director ejecutivo de ALAI.

Sobre su relación con ALAI, Peralta Díaz afirmó a Primicias que no ha recibido presiones de ese ni de ningún otro actor. “Con Pablo (Nieto) nunca yo he recibido ninguna petición particular o especial, más allá de la posibilidad de ser escuchados”, dijo. En una comunicación, ALAI dijo que “las comunicaciones con oficiales de gobiernos y parlamentarios son realizadas a través de los canales formales de comunicación habituales para cada país”.

La huella de ALAI

ALAI nació en 2015 en Montevideo, Uruguay, como una alianza entre cinco empresas tecnológicas: las latinoamericanas Despegar.com, de viajes, y Mercado Libre, de ventas online; y las estadounidenses Yahoo, Facebook y Google. Su primer director ejecutivo, Gonzalo Navarro, dijo en una entrevista de la época que la Asociación buscaba “contribuir a engrandecer el ecosistema de Internet, tendiendo puentes entre los distintos actores que lo componen y desarrollando políticas públicas dentro de nuestra competencia”.

Hoy, entre las 14 empresas tecnológicas que hacen parte de su directorio están Amazon, AirBnb y TikTok , igual que la latinoamericana de reparto domiciliario, Rappi. Como consta en sus estados financieros de 2023, radicados ante el gobierno uruguayo, cada una de estas empresas paga por su membresía anual una suma que puede ir hasta los 50.000 dólares, y algunas además aportan montos adicionales para proyectos específicos. Ese año ALAI reportó ingresos por más de un millón de dólares, en su totalidad provenientes de contribución de empresas tecnológicas; y gastos de administración por 711 mil dólares.

ALAI defiende con ahínco los intereses comerciales de sus empresas socias ante congresos, cortes y entidades regulatorias de la región. La Asociación, por ejemplo, se puso en contra de regulaciones del turismo en Colombia que buscaban limitar los alquileres de corto plazo que promociona AirBnb. En México impulsó un “marco regulatorio equilibrado” en el debate sobre los derechos laborales de los trabajadores de empresas como Rappi: una forma elegante de oponerse a que las plataformas tengan la obligación de darles un contrato laboral a quienes trabajan con ellas.

ALAI dice que “no representa los intereses de empresas específicas ni hace actividades de lobby para empresas específicas, sino que, al igual que cualquier otra cámara empresarial sectorial, representa los intereses del sector en general”.

En Brasil también ha criticado propuestas similares, y sus posiciones han encontrado oídos atentos en algunos de los congresistas que asistieron al mencionado Digiecon 2025. Any Ortiz, la diputada federal brasileña, anunció en su Instagram que estaba allí hablando de un proyecto de ley de regulación del mercado digital del que es relatora. “Ese ecosistema puede impulsar a empresas pequeñas, medianas y grandes, generando más innovación, competitividad y oportunidades”, dijo en su publicación.

Un mes después, el 7 de mayo de este año, Ortiz pidió una audiencia pública para debatir el estudio que había publicado la Asociación Latinoamericana de Internet en septiembre de 2024, relacionado con ese proyecto de ley. El estudio concluye que el proyecto de regulación propuesto es perjudicial para la economía brasileña y podría traer un costo adicional a los usuarios por más de R$2.000 millones (equivalente a $365 millones del dólares).

Trece días después, Sérgio Garcia Alves, gerente de ALAI en Brasil, dijo —sentado al lado de Ortiz— que la iniciativa podría causar “costos en cadena”, pues contempla un impuesto del 2 por ciento a los ingresos operacionales de las plataformas, y que la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea (DMA, por su sigla en inglés), de donde toma inspiración el proyecto brasileño, es “un modelo regulatorio experimental, cuyos beneficios aún no son evidentes”.

A su turno, Ortiz dijo que tenía dudas sobre la conveniencia del proyecto: no solo afirmó que algunas de las reglas del DMA no aplican en Brasil, por lo que “sería necesario desarrollarlas mejor”, sino también que la medida “podría impactar el costo al consumidor que usa los servicios digitales”. Las mismas cuestiones planteadas por ALAI.

En respuesta a esta alianza periodística, Ortiz afirmó que las posturas que expresó en la audiencia “no provienen de una entidad específica, sino de un amplio proceso de reflexión y análisis”, y que invitó a representantes del gobierno a participar en el evento, pero que “decidieron no asistir”.

La congresista afirmó que ha buscado “escuchar a todos los actores” en la regulación del mercado de las empresas tecnológicas y que ha “participado regularmente en eventos nacionales e internacionales organizados por diversas entidades”. También afirmó que la solicitud de la audiencia que analizó el estudio de ALAI “no tuvo relación” con su participación en Digiecon, ya que se presentó inicialmente en 2024. La congresista no respondió a la pregunta de quién financió su viaje a Digiecon, pero afirmó que no generó ningún costo para la Cámara de Diputados. Lea la respuesta completa aquí.

ALAI también estuvo presente en las discusiones brasileñas sobre el proyecto de ley conocido como de las Fake News (2630 de 2020), que buscaba regular las plataformas digitales y fue enterrado por el lobby de las plataformas, como revela otra historia de esta investigación periodística. Entre marzo y mayo de 2023, cuando el proyecto estaba a punto de ser votado en la Cámara de Diputados, la asociación publicó tres comunicados (1, 2, 3) oponiéndose a que fuera aprobado. Argumentó, por ejemplo, que el texto promovía un riesgo de control estatal de la información, una afirmación que según según Artur Romeu, director de la oficina de América Latina de Reporteros Sin Fronteras, no tiene sustento.

“La regulación no es censura”, dijo a Agência Pública. “El Proyecto de Ley 2630 ha sido ampliamente debatido durante años y se basa en modelos democráticos”.

El 28 de marzo de este año, Garcia Alves, el gerente de ALAI en Brasil, firmó un texto en el que defendía la permanencia del artículo 19 del Marco Civil de Internet, que establece que las plataformas digitales solo pueden ser responsabilizadas por contenidos de terceros si éstas no los eliminan luego de que un juez lo haya ordenado. Mientras el Tribunal decidía, ALAI también hizo un almuerzo dirigido a autoridades brasileñas en el marco de un foro organizado por Gilmar Mendes, uno de los ministros (magistrados) del STF que votaron en el proceso.

Sin embargo, la asociación no logró su objetivo, porque en junio el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió que las empresas eran responsables por los contenidos que generaran daños aún cuando no hubiera órdenes judiciales. Google, Meta, Tiktok y X estuvieron involucradas en este proceso legal.

En Colombia, ALAI fue parte de una coalición de organizaciones que logró que el Congreso modificara una norma que buscaba regular contenidos digitales que puedan ser nocivos para la salud mental de los menores de edad (ver historia de Colombia en esta investigación). Aunque la sociedad civil también criticó la iniciativa por considerar que le daba poderes excesivos al regulador, los argumentos que resonaron en la Plenaria del Senado fueron los del lobby de las tecnológicas, que dijeron que la norma podría amenazar la libertad de expresión en Colombia y “derivar en la eliminación arbitraria de información, limitando la diversidad de opiniones y voces en espacios digitales”.

La ALAI también está detrás de otra iniciativa de influencia en la región: la Alianza por una Internet Abierta (AIA). Esta alianza se opone a la aplicación de la llamada “tasa de red”, es decir, la propuesta que las big tech contribuyan a la operación de la infraestructura de telecomunicaciones. La alianza comenzó en Brasil en 2023 y su primer director ejecutivo fue el exdiputado federal brasileño Alessandro Molon (PSB – RJ). En 2025, con ALAI y varias de sus empresas socias como miembros fundadores, la iniciativa se expandió al resto de Latinoamérica. Su directora para el resto de la región es la exdirectora de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación de Uruguay, Mercedes Aramendía, un caso que refleja bien el mecanismo de ‘revolving door’, o puerta giratoria, por el cual las empresas buscan influencia en el poder público al contratar exfuncionarios gubernamentales.

Preguntada por esta alianza periodística sobre la elección de exfuncionarios públicos para ocupar cargos directivos y sobre el motivo de su expansión por América Latina, la AIA no respondió. La entidad afirmó que representa a “más de 14 mil empresas en Brasil” y que “sigue de cerca las discusiones sobre la tarifa de red y defiende la neutralidad de la red como un principio esencial para el internet brasileño”. ALAI no respondió a preguntas sobre su relación con la AIA.

Lobby desde Washington en Brasil

Además de la actuación de ALAI, las big tech también han invertido en actividades de influencia regional a través de otras asociaciones internacionales, como el Information Technology Industry Council (ITI) y el Center for Information Policy Leadership (CIPL), ambos basados en Washington, y la Access Partnership, de Londres. Las organizaciones han actuado, en los últimos años, con foco en las discusiones sobre regulaciones de empresas de tecnología, IA y la tasa de red.

El ITI tiene entre sus miembros a Amazon, Apple, Google, Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle, Lenovo y NVIDIA. Según su sitio web, el grupo busca que “todos los gobiernos del mundo desarrollen políticas, normas y reglamentos que promuevan la innovación y el crecimiento de la industria tecnológica”. Fue fundado en 1916 y ha cambiado sus miembros con la evolución de las tecnologías.

Entre 2023 y 2024, representantes del ITI realizaron al menos 11 reuniones con miembros del Ejecutivo brasileño, según estableció La Mano Invisible de las Big Tech, con datos de la Agenda Transparente. Visitaron agencias reguladoras, así como ministerios y la Casa Civil de la Presidencia de la República. En varias de estas reuniones, el ITI llevó consigo representantes de empresas, como Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Mastercard, HP, IBM e Intel.

Según una persona funcionaria brasileña visitada por el grupo, que habló bajo reserva, el ITI es “muy activo” en el país desde 2016. Al ser preguntada sobre cómo ocurren los diálogos con los representantes sectoriales, afirmó: “Las empresas y asociaciones suelen llegar, a veces preparan una presentación o no, se presentan y luego pasan a un tema más específico para ‘mostrar el absurdo que está ocurriendo’ en determinada cuestión. Tocan todas las puertas para buscar el oído más receptivo”.

Agência Pública solicitó vía Ley de Acceso a la Información las actas, notas o grabaciones de las 11 reuniones entre el ITI y las autoridades brasileñas. La Casa Civil dijo que la reunión sirvió para que el ITI presentara “puntos de atención” respecto al proyecto de ley 2.338/2023, el cual propone regular la IA. El Ministerio de Comunicaciones informó que se discutió la implementación de infraestructura de comunicaciones y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) reportó que la discusión trató sobre requisitos de seguridad cibernética y buenas prácticas regulatorias.

En la mayoría de las reuniones realizadas con autoridades en Brasil estuvo presente el lobista brasileño Husani Durans de Jesus, quien fue funcionario de la Cancillería de ese país y ahora es director para las Américas del ITI, desde su sede en Washington. Según los registros de visitas en el Congreso de Brasil, y sus propias publicaciones en redes sociales, Durans de Jesus viajó a Brasil al menos tres veces en los últimos años: en marzo de 2023, marzo de 2024 y septiembre de 2024, a veces acompañado por otros miembros del grupo.

Además, el grupo promovió el seminario “Regulación del Uso de las Redes de Telecomunicaciones”, en Brasilia, en asociación con la Editora Globo, para debatir acerca de la cobranza de la tasa de red. La asociación también firmó cuatro artículos de “contenido de marca” en el sitio web de noticias financieras Valor Econômico, según se indica en los textos mismos.

En septiembre, cuando el proyecto de IA se debatía con intensidad en el Senado, Husani viajó a Brasil acompañado de Courtney Lang, otra vicepresidenta sénior de ITI, quien lidera el trabajo global de regulación de IA en esa organización. Ambos se reunieron con funcionarios del equipo del senador Eduardo Gomes (PL-TO), autor del proyecto de ley. “La reunión fue fantástica”, afirmó Durans en una publicación en redes sociales.

Una semana antes de llegar al país, Lang hizo recomendaciones muy específicas por videollamada, en una audiencia pública sobre el proyecto de ley que buscaba regular esta tecnología. Una de ellas fue eliminar dos artículos que enumeran los derechos de los usuarios de estas tecnologías, pues “asumen que habrá riesgos significativos para los derechos humanos a lo largo del ciclo de vida de la inteligencia artificial, lo que, a mi modo de ver, no siempre ocurre”.

ITI también organizó recepciones a congresistas brasileños en Washington, como pasó en marzo de 2024, según se describe en publicaciones en LinkedIn y en al menos tres informes de viaje elaborados por los legisladores. Entre los presentes se encontraba el senador Marcos Pontes, quien era el vicepresidente de una comisión temporal del Senado que analizó el proyecto de ley sobre IA. En esa comisión, Pontes presionó para que la ley se ajustara más a los intereses de las grandes tecnológicas. Fue el mismo senador que, meses antes, había invitado a Lang a una audiencia pública sobre esa misma ley.

En una declaración enviada a esta alianza, ITI dice que interactúa con servidores públicos en todo el mundo “en representación del sector tecnológico, con la misión de promover políticas públicas y estándares de la industria que beneficien la competencia y la innovación”. Sus interacciones con actores políticos en Brasil, dice, buscan “permitirles a más ciudadanos, negocios y comunidades beneficiarse de una mayor conectividad e inclusión”.

Pontes no respondió a preguntas enviadas por Agência Pública sobre si consideraba que había algún conflicto de interés con respecto a su rol en el comité.

En ese mismo viaje a Estados Unidos, los legisladores brasileños también visitaron el Centro para el Liderazgo en Políticas de Información (CIPL, por sus siglas en inglés). Según afirma su sitio web, se trata de un think tank que ofrece a sus socios “oportunidades para trabajar en importantes cuestiones relacionadas con la privacidad y las políticas de información con expertos clave en privacidad y partes interesadas de organismos reguladores, gobiernos y el mundo académico”. Estos socios son empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, entre las que se incluyen Amazon, Google, Microsoft, Tools for Humanity (Worldcoin), Telefónica y Mercado Libre. CIPL fue fundado en 2001 por algunas empresas y un bufete de abogados, Hunton Andrews Kurth LLP (antes Hunton & Williams).

El viaje tuvo como objetivo “orientar la toma de decisiones y la elaboración de legislaciones relacionadas con la IA en Brasil”, de acuerdo con el briefing del evento, al que accedió Agência Pública. El viaje fue organizado por el Movimiento Brasil Competitivo, una organización que busca generar cercanía entre el sector público y el privado.

En su informe de gestión de 2024, el CIPL celebra que los legisladores brasileños adoptaran, en su proyecto de ley, varias recomendaciones de un informe que publicó sobre regulación global de IA.

CIPL no respondió a un cuestionario enviado por esta alianza periodística.

Otras empresas de lobby internacional también están trabajando para influir en la legislación de Brasil, uno de los mayores mercados de las principales plataformas tecnológicas. Paula Corte Real, una lobista brasileña de la firma británica llamada Access Partnership —que se autoproclama “la consultora tecnológica más destacada del mundo”, ha visitado la Cámara de Diputados en al menos cinco ocasiones en 2025, según consta en un pedido de información hecho por Agencia Pública. En el último año, Corte Real ha visitado a los diputados Reginaldo Lopes (PT-MG), Helio Lopes (PL-RJ) y Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), quien es el presidente del Frente Parlamentario Mixto de la Economía y Ciudadanía Digitales (Frente Digital).

En las cortes y en Congreso

En otras ocasiones, el lobby de estas asociaciones se entrelaza con los pleitos jurídicos que las tecnológicas llevan contra los reguladores estatales. En Brasil, el bufete Bialer Falsetti Associados (BFA), que defiende a Meta en casos de protección de datos contra la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD), tiene a la abogada Ana Paula Bialer como una de sus socias. Varios representantes del BFA participaron de seis reuniones entre ITI y las autoridades brasileñas, tres de ellas en la oficina de ANPD.

La abogada no divulga en sus redes sociales su relación con el ITI, pero en agendas públicas de autoridades brasileñas y en registros obtenidos por Agência Pública a través de peticiones de acceso a la información es señalada como consultora de la asociación.

Bialer también es una lobista activa en el Congreso Nacional. Visitó la Cámara de Diputados al menos 12 veces entre 2023 y 2025, incluso en fechas de votación de proyectos importantes. En tres de esas ocasiones, declaró como destino la oficina de la diputada Luísa Canziani, primera presidenta del Frente Digital y actualmente presidenta de la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Cámara de Diputados, quien enfrenta preguntas por un posible conflicto de interés relacionado con Google, según otro reportaje de esta investigación. En 2021, la abogada y la diputada firmaron juntas un artículo en el que defendía una regulación de inteligencia artificial más favorable al sector privado, como reveló Núcleo Jornalismo, parte de esta alianza periodística.

Sobre su rol dual como abogada y lobista de empresas tecnológicas, Bialer dijo que “es una profesional con reconocida experiencia en temas de tecnología, privacidad y protección de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial, y participa regularmente como ponente en audiencias públicas, seminarios y mesas de debate sobre los temas mencionados”.

Bialer también afirmó que el bufete BFA asesora al ITI en Brasil “desde hace muchos años” y presta “servicios de consultoría jurídica y regulatoria, así como apoyo técnico en las interlocuciones del ITI con los responsables de formular políticas públicas en el país”, pero no ofreció más detalles y dijo que las actividades están “sujetas a la obligación de confidencialidad profesional”.

El despacho no respondió si ya representaba a Meta cuando se reunió con la ANPD en nombre del ITI, ni si ve algún tipo de conflicto de interés en el hecho de que sus abogados participen en reuniones como consultores de la asociación internacional y, al mismo tiempo, defiendan a Meta en otros procesos.

Otro caso en el que el ‘lobby’ en el Congreso se entrelazó con el litigio judicial es el de Lorenzo Villegas Carrasquilla, un abogado colombiano que actúa desde 2020 como apoderado de Google en un pleito contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En 2024, Villegas intervino en una audiencia pública sobre un proyecto de ley que tocaba el punto central para la tecnológica; y lo hizo repitiendo los mismos argumentos que esgrimió la empresa en las cortes colombianas.

En resoluciones oficiales entre 2019 y 2022, la SIC les exigió a Google, Meta y TikTok que cumplieran la regulación colombiana de protección de datos de menores de edad, pues consideró que no lo estaban haciendo a cabalidad. Pero las empresas demandaron al regulador ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, argumentando que el fallo violaba sus derechos porque el procesamiento de esos datos no ocurre en Colombia, por lo que —aseguran— la ley del país no aplica para ellos.

El principio de que las empresas cumplan las leyes de los países donde están sus usuarios, sin importar en qué otro territorio tengan su sede central, se llama extraterritorialidad. “Esto es decirles a las empresas, ‘así usted no esté ubicado en nuestro territorio, si usted recoge datos de nuestros ciudadanos, usted tiene que cumplir nuestra legislación’”, explicó a esta alianza Heidy Balanta, abogada experta en datos personales.

Juristas colombianos consultados para esta investigación expresaron opiniones diversas sobre si el regulador colombiano puede aplicar este principio; pero en todo caso, dos proyectos de ley habrían resuelto el problema de no haber sido archivados: el 156 de 2023 y el 152 de 2024. Ambos proponían que el tratamiento de datos recogidos en Colombia por un actor responsable o por su encargado con domicilio en territorio colombiano cumplan la ley nacional de protección, sin importar si estos datos son procesados en Colombia o en el exterior.

En la audiencia pública, el abogado Villegas dijo que el proyecto de ley podría afectar la libertad de expresión de los periodistas —un argumento que compartieron varios representantes de la sociedad civil— y la libertad de empresa, pero luego expresó otra preocupación: el proyecto es “un desincentivo al tratamiento de datos particularmente en el mundo digital, desde el exterior hacia Colombia”. Además, añadió que la iniciativa “va en contravía de la Constitución Política, que establece que las leyes colombianas se aplican en el territorio colombiano, para las personas que se encuentran en el territorio colombiano”. Villegas no mencionó en el Congreso su rol en el equipo jurídico de la tecnológica californiana.

Preguntado sobre por qué no lo hizo, Villegas no ofreció respuesta. Dijo a esta alianza que fue invitado a participar de esa audiencia pública en su calidad de abogado experto en derecho de tecnología, y que aceptó porque considera “fundamental aportar elementos técnicos y jurídicos que contribuyan a enriquecer la discusión legislativa”.

ALAI, y otros aliados de las tecnológicas, han seguido esa misma línea. Un comentario al proyecto de ley de 2023 firmado por Nieto, el lobista de ALAI, dice que “en un mundo globalizado, en el que es posible ofrecer servicios a cualquier parte del mundo, pretender que todos aquellos [servicios] que se ofrecen en Colombia deban cumplir con estas disposiciones es un desincentivo para que efectivamente estén disponibles en Colombia una diversidad de servicios digitales”. Y María Fernanda Quiñones, directora de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, dijo en la audiencia pública citada arriba que “una norma con aplicación extraterritorial compromete o desincentiva la competitividad del país”.

A las tecnológicas les preocupa que regulaciones como esta les generen problemas para administrar y distribuir sus productos internacionalmente. “La extraterritorialidad no les gusta a las big tech porque les hace exigibles muchas leyes, y al tener presencia en tantos países, les representa una carga de cumplimiento alta”, explicó a esta alianza periodística Viviana López, abogada de la línea de Transparencia y Derechos Digitales en Dejusticia, un centro de estudios sociales que promueve el Estado de Derecho en el Sur Global. “Sin embargo, se puede decir que la solución sería fácil: aplicar el estándar de protección más alto en todos los países”. La Unión Europea es la que hoy tiene el estándar más alto de protección de datos para sus ciudadanos, y obliga a las tecnológicas a cumplirlo.

Para Balanta, la abogada especialista en privacidad, la consecuencia de que países como Colombia no puedan aplicar sus leyes de protección de datos es que las big tech terminan tratando a sus usuarios colombianos “como ciudadanos de segunda clase”. Según ella, las empresas diseñan sus productos para proteger solo a quienes viven en los países que tienen reglas estrictas de privacidad, mientras que en los demás “los ciudadanos, en muchas ocasiones, se quedan sin herramientas porque el diseño de la plataforma no les facilita ejercer sus derechos”.

En Colombia, los proyectos de ley que podrían resolver esto naufragan en el Congreso; y en las cortes, la decisión sobre si la SIC se extralimitó o no al exigirles a las empresas cumplir con la ley colombiana podría demorarse varios años más. “Ese litigio es eterno”, dijo López.

En Brasil, la negativa de las plataformas sociales a cumplir con las leyes nacionales fue uno de los argumentos usados por la administración Trump en julio pasado para imponer aranceles del 50 por ciento a los productos brasileños exportados a Estados Unidos. En su carta sobre estos aranceles, el gobierno Trump mencionó decisiones en las que la Suprema Corte le había pedido a plataformas, como X y Facebook, suspender cuentas de personas investigadas, quienes las utilizaron para incitar a un golpe de Estado, amenazar jueces y distribuir desinformación. El Representante de Comercio de EE. UU. también inició una investigación “debido a los continuos ataques de Brasil en contra de las actividades comerciales digitales de las empresas estadounidenses”. La decisión de Trump fue aplaudida por el gremio Industria de Computación y Comunicaciones (CCIA en su sigla en inglés), financiada por empresas como Google, Meta y Amazon, según reveló Agência Pública.

Puerta giratorias

Las Big Tech también han recurrido a otra estrategia para acercarse a las autoridades: la contratación de personas que ocupaban cargos públicos, lo que se conoce como puerta giratoria. Esta alianza periodística identificó al menos 88 casos que encajan en ese perfil, en Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Chile.

En Brasil, el caso más notorio involucra al expresidente Michel Temer, quien fue contratado por Google a mediados de junio de 2023 para reforzar la presión de la empresa al Congreso Nacional y hacer la “mediación” con los parlamentarios, como él mismo confirmó al diario Folha de S. Paulo. En ese momento, el proyecto legislativo 2630/2020, conocido como “la ley de las fake news”, seguía en discusión entre los congresistas y había expectativa de que fuera votado, lo que no ocurrió. (Ver historia completa).

En total, Núcleo Jornalismo, que forma parte de esta alianza periodística, identificó al menos 51 casos de lobistas de empresas tecnológicas que anteriormente pasaron por organismos públicos en Brasil —68% de la lista total de lobistas identificada— , como revela esta investigación. Por ejemplo, Sérgio Garcia Alves, de ALAI, trabajó en Anatel, en la Casa Civil y en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación antes de convertirse en gerente de políticas públicas en la asociación.

En Chile, la abogada Aisén Etcheverry fue reprendida por la Contraloría de su país por haber sido parte, en 2019, de un comité que tomó una decisión a favor de Amazon Web Services, la empresa en la que había trabajado meses antes. A pesar de eso, su carrera siguió en ascenso: fue Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación entre marzo de 2023 y julio de 2025; y en paralelo, fue la ministra vocera de Gobierno entre diciembre de 2024 y julio de 2025. Su caso muestra cómo la cercanía de algunos funcionarios con las tecnológicas les ha sido útil a estas multinacionales para hacer negocios.

La decisión que motivó el fallo en su contra “fue el resultado de un proceso abierto, donde se recibieron distintas propuestas”, dijo Etcheverry a esta alianza periodística. (Ver historia completa).

De vigilar a aplaudir en Colombia

El 30 de mayo de 2024, Worldcoin se lanzó en Colombia. Es un servicio que escanea los iris de las personas que accedan a él a cambio de dinero, y dice que con ese procedimiento puede “verificar la humanidad” de sus usuarios, es decir, darles una credencial con la que algunos servicios digitales van a poder saber que se trata de seres humanos y no de ‘bots’. Tools for Humanity (TfH), la empresa matriz de Worldcoin, fue fundada por Sam Altman, quien también fundó Open AI y es uno de los ejecutivos más influyentes de esa industria. TfH está prohibida en Brasil.

Al día siguiente, la SIC publicó un escueto comunicado de prensa en su página web. Decía ese anuncio: “Invitamos a los ciudadanos a informarse diligentemente sobre las eventuales consecuencias de otorgar acceso a su iris a esta compañía, pues la empresa referida no ha demostrado… que esta práctica no implica la recolección de datos personales sensibles”. La entidad reguladora también anunció una investigación contra TfH para verificar si ésta cumplía con las leyes de protección de datos. (La investigación continúa en proceso en septiembre de 2025).

Entre febrero y diciembre de 2024, el abogado Grenfieth Sierra era el superintendente delegado de datos personales de la SIC. Su oficina estaba a cargo de esa investigación, Pero el 2 de abril de 2025, ya afuera de la SIC y como profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario,Sierra dijo: “Mantener privacidad estricta no es un buen negocio. Se necesita romper lógicas de privacidad, porque esas lógicas de privacidad es lo que se denomina monetización”.

Estaba en un evento académico abierto en esa universidad. También insistió en que los ciudadanos son quienes deberían decidir qué tanto de su privacidad deciden entregarles a las empresas.

Antes de Sierra, habló Lorena Buzón, directora de asuntos públicos de TfH. Primero le agradeció al profesor Sierra “por llevar a cabo estas discusiones”, y luego afirmó que su producto es en realidad una “tecnología de mejora de la privacidad”.

En una publicación en su Linkedin, Buzón dice que Sierra organizó la conferencia. No hubo menciones a los anuncios del pasado: ni el Sierra anfitrión, ni nadie más, habló de la investigación que su oficina había abierto contra Worldcoin. Tampoco se discutió el hecho de que Worldcoin hubiera tenido líos con los reguladores de varios países justamente por las preocupaciones sobre la forma como maneja los datos personales de sus usuarios.

Sierra respondió a esta alianza que la investigación de la SIC estaba a cargo de la directora de investigaciones de datos personales, y no de él. A pesar de que esa directora era su subalterna directa, asegura que nunca asumió “competencia para investigar a TfH”. Además dijo que el evento fue organizado por la Universidad y que su rol fue cumplir “tareas de coordinación”, y que ni él ni la institución recibieron alguna contraprestación por el encuentro.

Los que no cuentan

Para los usuarios de esta región son imprescindibles la mensajería de WhatsApp, las redes sociales de TikTok y Meta, YouTube, la búsqueda de Google, o las nubes de Google Cloud o de Amazon. Las usan para conversar, informarse, archivar sus fotos y documentos y expresar sus visiones del mundo. Por ello, cuando algo sale mal y —por ejemplo— una niña cae en manos de un pervertido sexual que la enganchó en un grupo de una red social, la gente querría saber a dónde quejarse, a dónde advertir de esa cuenta peligrosa.

Muchos usuarios no saben cómo hacer para que una plataforma los escuche, ni cómo poner una queja, o cuándo tienen derecho a hacerlo. Ni siquiera es fácil para organizaciones reconocidas de la sociedad civil, como la colombiana Red Papaz, que ha intentado en varias ocasiones sentarse a hablar con las Big Tech de cómo evitar daños a los menores. “Es como hablarle a una pared que te dice, de antemano, que no va a hacer absolutamente nada”, contó al CLIP y a Cuestión Pública Alejandro Castañeda, jefe del Centro de Internet Seguro de esa ONG.

Tampoco los mecanismos de protección de las plataformas son tan efectivos. En Colombia, un estudio de la Comisión Reguladora de Comunicaciones, publicado en 2025, concluyó que solo el 48 por ciento de los padres o madres de menores de edad usan las herramientas de protección diseñadas para filtrar contenidos audiovisuales en plataformas como YouTube; y solo el 34 por ciento las utilizan en redes sociales. En México, un reporte de 2022 del Instituto Federal de Telecomunicaciones encontró que apenas el 26,2 por ciento de los usuarios de internet domiciliario utilizan alguna herramienta de control parental. Y en Estados Unidos, plataformas como Discord y Snapchat le dijeron al Congreso en 2024 que menos del 1% de los padres de niños y niñas usan esas herramientas.

Incluso cuando se conocen estos mecanismos, no hay garantía de que funcionen. Iniciativas como Circuito, de la organización Linterna Verde, han documentado estas injusticias. Por ejemplo, un caricaturista colombiano falsamente señalado de diseminar contenido de odio y perdió por 10 años su cuenta de TikTok. Otro caso es el de un popular creador de contenido mexicano que fue suspendido de YouTube por un video en el que hablaba de formas legales de emigrar a Canadá. Algunas veces los usuarios con contactos, o con cuentas muy populares, logran revertir esos fallos, pero muchos no lo consiguen.

Muchos países ni siquiera tienen oficinas locales de Meta, Google o TikTok. Hay matices y excepciones, pero lo usual es que los asuntos de Ecuador y Perú se traten desde las oficinas en Colombia; los de Uruguay, Chile y Paraguay, desde Argentina; y los de Centroamérica, desde México. X, la antigua Twitter, cerró todas sus oficinas en América Latina y atiende sólo desde sus cuarteles estadounidenses. Por el tamaño de su mercado, y la manera como las autoridades han intentado ponerles límites a las Big Tech, Brasil es la excepción.

De otra parte, a la hora de reportar sus estados financieros a las autoridades, varias de estas plataformas ni siquiera separan los ingresos, gastos y pagos de impuestos relacionados con América Latina, sino que van agrupados con las de otras regiones del mundo.

Como dice Castañeda, de Red Papaz, nuestro uso de plataformas digitales es “inequitativo con el consumo que están teniendo otros usuarios en otros países”. Y esa inequidad también se ve en la regulación que las autoridades han logrado erigir allá, y las tecnológicas han podido frenar aquí.

En Europa, en cambio, la Ley General de Protección de Datos les permitió a ciudadanos de 11 países europeos demandar a Meta para que su información no sea usada para alimentar modelos de inteligencia artificial de esa compañía. La empresa tuvo que parar de hacerlo y decidió no lanzar algunos productos de IA en ese continente.

En contraste, la mayor parte de los usuarios latinoamericanos de Meta no pueden impedir que la empresa use sus datos para alimentar sus modelos de IA, como denunció la organización Access Now. “En la mayor parte los países de la región no existen leyes de protección de datos personales y en otros donde sí hay, se encuentran desactualizadas”, explicó la entidad.

De nuevo, una excepción es Brasil, donde la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) prohibió en junio pasado que Meta utilizara datos de usuarios del país para entrenar la IA. Después de cumplir con las medidas impuestas por la ANPD — que incluyen no utilizar información de niños y permitir que los usuarios nieguen el acceso a sus datos — la empresa retomó la práctica, con algunas restricciones. En diciembre, la autoridad también le impidió a X utilizar cuentas de niños, niñas y adolescentes para alimentar su IA.

Esto, a pesar de que una mayoría apoya que se regule a estos gigantes. Un estudio realizado por Ipsos encontró que “el 55% de las personas en Argentina, Brasil, Colombia y México apoyan la regulación de la IA, y la proporción aumenta al 65% entre quienes declaran tener un buen conocimiento de la herramienta”.

La falta de reglas sobre uso de datos les conviene a las Big Tech. Como dice Alphabet, la casa matriz de Google, en su informe anual de 2024 a la Security and Exchange Commission, “cumplir con esas leyes y regulaciones puede ser oneroso para nosotros, y, de forma individual o conjunta, aumentar nuestros costos operativos, reducir la utilidad de nuestros productos y servicios, limitar nuestra capacidad para llevar a cabo determinadas prácticas comerciales u ofrecer determinados productos y servicios”.

Así las cosas, gobiernos y reguladores, con marcos legales débiles, pocos recursos y —muchas veces— una comprensión limitada de tecnologías complejas, deben hacer frente a estas compañías. El resultado son empresas fuertes, regulaciones débiles y usuarios desprotegidos. Es, como dice Andrés Hernández, de Transparencia por Colombia, “una cancha completamente desbalanceada”.

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

AR

* Representantes de Worldcoin señalaron a esta alianza periodística que su nombre es World, no Worldcoin. En todo caso, la alianza ha podido confirmar que es un hecho notorio en la industria y ante consumidores que lanzaron su producto como Worldcoin y así se conoce.

Un estudio de abogados de Nueva York está organizando a los damnificados por el llamado criptogate en torno a la memecoin $LIBRA, que promocionó el presidente Javier Milei y dejó un tendal de damnificados.

El bufete Burwick Law, que se dedica a presuntas estafas y se define en su cuenta de X como líder “en protección al consumidor digital”, se puso a disposición de quienes perdieron dinero con ese token. Según trascendió, ya representa a más de 200 clientes de varios países que se vieron perjudicados por el desplome del instrumento que el Presidente promocionó.

“Si perdió dinero en $LIBRA, comuníquese con Burwick Law para conocer sus derechos legales”, dice el tuit fijado en referencia al escándalo que envuelve al mandatario argentino. “Nuestra firma representa a miles de clientes que desean recuperar su dinero por pérdidas criptográficas”, finaliza el posteo. 

“Representamos a cientos de clientes que perdieron millones debido a LIBRA. Esta situación aún se está desarrollando y evolucionando rápidamente. Nuestra prioridad es defender a los afectados y ayudarlos a explorar posibles vías para la recuperación financiera”, señaló hace dos días. “Esperamos que salgan a la luz más datos a medida que avance el proceso. Eso no quiere decir que no sepamos ya mucho, pero por ahora no podemos hacer más comentarios”.

El estudio, que tiene experiencia con casos similares, comunicó que está analizando las opciones legales para sus clientes y que no descarta una demanda colectiva en una corte civil de Estados Unidos. Podría darse un reclamo judicial en varios países a la vez de manera simultánea.

Uno de los creadores de $LIBRA, el estadounidense Hayden Mark Davis, reveló en varias entrevistas numerosos delitos e irregularidades financieras, como, por ejemplo, el abuso de información privilegiada, el reparto de activos de manera subrepticia y el ocultamiento de datos a los inversores.

La primera denuncia de un estudio argentino

Hace unos días se supo que el escándalo generado por la promoción por parte de Milei de la criptomoneda, que dejó un tendal de estafados por cerca de US$100 millones, ya había llegado al país que gobierna Donald Trump. La primera denuncia que ingresó al Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) fue presentada por un estudio jurídico argentino. 

Según reveló Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, la denuncia fue radicada por el estudio argentino especializado en casos de insolvencia internacional y fraudes financieros, Moyano & Asociados. También fue notificada la Comisión de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés). 

El llamado “reporte de operaciones criminales” señaló directamente el rol que asumió el presidente Milei e involucró también al estadounidense Hayden Mark Davis, el singapurense Julian Peh y los “empresarios” argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. 

Los denunciantes consideraron que si bien representan “mayormente” a inversores argentinos, están al tanto de que hay “miles” más que fueron perjudicados por la maniobra fraudulenta, incluidos ciudadanos estadounidenses.

Además de este punto, el estudio jurídico Moyano & Asociados consignó múltiples datos que confirmarían la pertinencia de avanzar con el proceso en Estados Unidos. Por ejemplo, que la plataforma utilizada, llamada “Kip Protocol” está desarrollada en Estados Unidos y la empresa controlante, Kip Network Inc está registrada en Kansas City, Missouri.

En abril, tras el histórico fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Suiza por su inacción ante el cambio climático, Asti Roesle, director de campañas de la Alianza Suiza por el Clima –integrada por más de cien organizaciones de la sociedad civil–, se unió a una decena de activistas para bloquear el acceso al Banco Nacional Suizo. La Policía tomó los datos de todos los manifestantes y los remitió a la Fiscalía para abrir un expediente judicial.

Roesle es uno de los muchos activistas climáticos suizos que tienen causas abiertas por desobediencia civil ante la inacción climática de Estados y empresas. Ahora, los abogados que llevan años defendiendo a este colectivo han decidido unirse para invertir los roles en los juicios: que los ciudadanos sean los demandantes y los Gobiernos y compañías los que ocupen el banquillo de los acusados.

“Se trata de una red jurídica que invierta la actual dinámica. Es decir, que quienes alzan su voz a favor del clima dejen de estar del lado de los acusados y que ese lugar lo ocupen los verdaderos responsables de la crisis climática”, resume Tali Paschoud, abogada en Ginebra e integrante del comité de “Avocates pour le climat” (Abogados por el clima), el nombre de esta organización.

El grupo, formado en septiembre de 2021, ha superado este año los 300 miembros, entre abogados y profesionales que trabajan en el ámbito jurídico, como profesores universitarios y estudiantes de doctorado. La asociación tiene tres grandes metas: aglutinar a todos los abogados “sensibles” con la causa climática, reunir “recursos legales útiles” en esta cruzada y “tener una voz fuerte” en el debate público sobre la importancia de los litigios climáticos.

“La mayoría de los fundadores nos conocimos durante los juicios penales en defensa de los activistas climáticos. Sentimos la necesidad de invertir la dinámica repetida de ciudadanos acusados por las empresas contaminantes. Por eso, la asociación ofrece a los ciudadanos la posibilidad de emprender acciones contra el Estado o contra las empresas por la grave responsabilidad que tienen en la actual crisis climática. Queremos pasar de la defensa al ataque”, explica Paschoud.

La asociación, cuenta la abogada, está o ha estado activa en una decena de procedimientos. “Es una plataforma desde la que los abogados implicados preparamos y llevamos a cabo procedimientos judiciales. Es decir, el derecho se pone al servicio del clima y del medio ambiente. Los abogados tenemos que ser muy creativos y audaces para presentar estas cuestiones ante los tribunales”, subraya.

A su entender, los gobiernos, tanto en Suiza como en la mayoría de los países desarrollados, tienen “serias dificultades” para responder a la emergencia climática a pesar de “evidencias científicas cada vez más contundentes”. “Ante esta realidad, pretendemos recurrir a la justicia para dar forma concreta al derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”, detalla.

Los casos

En estos momentos, la asociación tiene a varios representados. Ente ellos hay un grupo de agricultores, viticultores, horticultores y arboricultores de varias regiones (Zúrich, Schwyz, Ginebra, Neuchâtel y Vaud) que ha demandado al Departamento Federal Suizo de Medio Ambiente, Transportes, Energía y Comunicaciones (DETEC) por “su inacción ante el cambio climático, que amenaza los rendimientos de las cosechas”.

El argumento de la demanda es que, por su “insuficiente política climática”, este organismo estatal compromete la “libertad económica y propiedad privada” de los agricultores. “De hecho, al no tomar medidas serias para proteger la población suiza contra el calentamiento global, DETEC está perjudicando la rentabilidad de estos terrenos”, asegura Paschoud.

En 2023, tras la difusión en la prensa de obras ilegales en el glaciar de Théodule, en los Alpes, donde se celebró la Copa del Mundo de Esquí, estos abogados presentaron una denuncia en nombre de varias organizaciones ecologistas ante la Comisión Cantonal de Construcción del Valais para arrojar luz sobre la legalidad de estas obras. El fallo judicial ordenó la paralización urgente de los trabajos y prohibió la utilización de todas las partes de la pista situadas fuera de la zona de esquí, es decir una superficie de 25.000m².

La FIFA también ha estado en la diana de la asociación. A finales de 2022 se presentó una denuncia ante la Comisión Suiza para la Lealtad Comercial “por lavado de imagen”. 

La institución futbolera que preside Gianni Infantino afirmó públicamente que el Mundial organizado por Qatar sería “neutro en carbono”. En junio de 2023, la FIFA fue declarada culpable por su ecopostureo. La comisión suiza instó a la FIFA a abstenerse en el futuro de formular estas afirmaciones en sus próximos eventos.

Asociación de utilidad pública

Paschoud aclara que los abogados miembros de la asociación son “voluntarios”, ninguno cobra por prestar estos servicios. No obstante, las acciones “requieren fondos para financiar los costes legales”. El grupo tiene abierto un formulario de donación en su página web.

Este año, las autoridades fiscales de Ginebra reconocieron a este colectivo “asociación de utilidad pública”, una distinción que confirma la importancia de “poner al derecho en primera línea del clima y el medio ambiente”.

“Tiene que quedar claro que los ciudadanos del mundo se enfrentan hoy a una crisis climática sin precedentes. Un motivo principal es que nuestras autoridades políticas no están cumpliendo la ley, por lo que muchas empresas nos están llevando por un camino totalmente incompatible con los objetivos climáticos firmados”, denuncia la abogada.

La “buena noticia”, dice, es que “ya estamos viendo cómo las autoridades alemanas, francesas y holandesas están siendo juzgadas por esta inacción”. Lo mismo ocurre con las compañías más contaminantes, todas ellas ligadas a la industria de los combustibles fósiles.

“Somos optimistas sobre la voluntad de los jueces de hacer un derecho respetuoso con los límites del planeta. Creemos que nuestro papel como auxiliar de la justicia es necesario para concretar una voluntad que, por lo general, sigue en el aire”, concluye.

DM

El 3 de febrero se celebra el Día Internacional del Abogado, con el objetivo de reconocer la labor de los hombres y mujeres de leyes que trabajan para conseguir un mundo más justo.

Se pretende destacar la notable importancia de los abogados, en la defensa jurídica a personas, tramitación de procesos judiciales, administrativos y mediación de negociaciones y conflictos laborales, entre otras competencias.

Ser abogado: una profesión de ley

Un abogado es un profesional universitario graduado en Derecho, el cual debe estar colegiado para poder ejercer su profesión, que conlleva varias funciones y competencias, tales como asesorar, defender procesos judiciales y gestionar temas en diversas materias relacionadas con el derecho.

En tal sentido, se especializan en las diversas ramas del derecho público y privado, acorde con la legislación de cada país:

Frases célebres

Conoce algunas frases célebres, dedicadas a estos grandes profesionales de la justicia y el Derecho

¿Cómo se celebra este día en el mundo?

El Día Internacional del Abogado se celebra en varios países del mundo, mediante la realización de diversos eventos y actividades: conferencias, charlas, lecciones magistrales y jornadas legales comunitarias. Con ello los profesionales del derecho reafirman su compromiso de hacer justicia, con ética y eficiencia.

En Latinoamérica algunos países tienen una fecha especial de celebración de esta efeméride:

NB

El economista Federico Sturzenegger nació hace 57 años en Rufino, Santa Fe, se crió en Gonnet, en las afueras de La Plata, estudió en la escuela y la universidad pública y después se doctoró en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hijo de un integrante de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de origen radical, Adolfo Sturzenegger, Federico fue viceministro de Economía del gobierno de Fernando de la Rúa en la megacrisis de 2001, después se sumó al PRO, presidió el Banco Ciudad, fue diputado y después encabezó el Banco Central en la gestión de Mauricio Macri entre 2015 y sus remoción tras la devaluación de 2018. Ahora es el autor principal del decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la ley ómnibus con la que Javier Milei pretende desregular y liberalizar la economía argentina para dar un giro desde la intervención estatal al “baño de liberalismo”, en palabras del doctor del MIT.

Aunque apareció en pantalla hasta en la cadena nacional en la que el presidente anunció el DNU, no tiene ningún cargo en el Estado. En su página web propia, cuenta que es profesor plenario en la Universidad de San Andrés y también da clases en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard y en el instituto de negocios HEC París. Además, en 2018 fundó con Gonzalo Lisarrague —dueño de una gestora de inversiones en Uruguay, Taicua— y financiamiento del canadiense David Thomson la oficina Latus View, que se dedica a empresas de la región con potencial de expansión global, en especial en los segmentos AgTech y Fintech, es decir, a la tecnología aplicada al agro y las finanzas.

Con la asesoría de un grupo de abogados jóvenes, Sturzenegger analizó durante el último año todas las leyes que a su criterio impiden el funcionamiento del libre mercado, según cuenta en uno de los principales estudios de la City porteña, es decir, de las grandes empresas. “No todos esos abogados quedaron conformes con el resultado final”, agregan. “Tenían poca experiencia en el derecho administrativo y eso se notó en los borradores porque no pasaban un mínimo control de constitucionalidad. Después hubo varias manos de abogados de grandes estudios, pero no los estudios en sí porque estaría reñido con la ética en el ejercicio de la profesión y con la matrícula. Pero hubo profesionales individuales de estudios determinados, como Sergio Arbeleche, de Bruchou & Funes de Rioja, o Roberto Silva, de Marval, O'Farrell & Mairal”, comenta el letrado consultado. 

Arbeleche —del estudio fundado por el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja— asesoró en el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones incluido en la ley ómnibus, pero al final no terminó como secretario de Minería, como se especulaba hasta que Milei negoció una alianza con el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, y colocó en esa cartera a Flavia Royón, exsecretaria de Energía de Sergio Massa. La mano de Arbeleche, exasesor de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), se advierte también en los cambios quirúrgicos que el proyecto aplica a la ley de protección de glaciares en beneficio de esos hombres de negocios. 

En tanto, Silva, que aconsejó en las leyes financieras, acabó como presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fue asesor de los bancos ABN AMRO, Comafi, Supervielle, ICBC, BST, de Valores -el de Juan Nápoli, excandidato a senador de La Libertad Avanza-, Itaú, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, Nuevo Banco de Santa Fe, Galicia, Hipotecario y La Caixa y las empresas Atanor, Massuh, entre otras.

Sturzenegger mencionó públicamente a dos abogados. Uno es el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, que antes de ocupar este cargo fue consultor en la materia en España, también en un bufete de allí, Cremades & Calvo Sotelo. Rodríguez Chirillo trabajó antes en la eléctrica española Iberdrola. El otro citado es Jorge Muratorio, socio del Estudio O'Farrell. Muratorio trabajó para Edenor y las españolas Naturgy (gasífera), Telefónica y Autopistas del Sol, la concesionaria del grupo Abertis en el acceso Norte que está en litigio con el Estado tras la polémica renovación contractual en el gobierno de Mauricio Macri. También se desempeñó para defender los intereses de Ford, Farmacity, Medicus y Grupo Concesionario del Oeste, la concesionaria de Abertis en el acceso Oeste.

“Rodolfo Barra metió el control final”, se refieren en un estudio de la City al procurador general del Tesoro, de larga trayectoria en el derecho contencioso administrativo. Desde el punto de vista económico también aconsejó Lucas Llach, que había secundado a Sturzenegger en su paso por el Banco Central. Los textos finales también pasaron por el monitoreo último del secretario legal y técnico de la Presidencia, Javier Herrera Bravo, que había sido número dos de esa cartera en la administración Macri. “Antes de eso, hubo muchas manos, pero un divague eso de que intervinieron los estudios de las empresas”, intentan desmentir en el entorno de Sturzenegger. También mencionan a un abogado llamado Marcelo Julián Hernández. 

Sturzenegger comenzó su trabajo de revisión de leyes pensando en un eventual gobierno de Patricia Bullrich. Cuando ella perdió en primera vuelta y a las 48 horas pactó con Milei y Macri, el expresidente del Central se puso a disposición del libertario. En los estudios de la City comentan que en un principio fue asesorado también por economistas chilenos allegados a Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Michelle Bachelet, de familia exiliada durante la dictadura de Augusto Pinochet y actual decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics.

Sturzenegger, Velasco y otro colega, Filipe Campante, escribieron juntos un libro en 2021 titulado ‘Macroeconomía avanzada’. En el régimen de Pinochet, los Chicago Boys que dirigieron la economía elaboraron un Ladrillo como guía de sus reformas neoliberales, similar al bodoque de hojas del DNU y la ley ómnibus que presentó con orgullo Sturzenegger. Velasco es antipinochetista, pero neoliberal como muchos otros economistas de la centroizquierda chilena. De todos modos, no está claro que en su entorno hayan quedados conformes con la labor de Sturzenegger, tanto por la supuesta falta de agradecimiento a sus colegas chilenos como por la incorporación a las reformas de ideas más vinculadas a negocios particulares, como las sociedades anónimas del fútbol que promovió Macri, según cuentan abogados corporativos. 

El DNU y el proyecto de ley fueron nutriéndose también de los aportes que le formularon a Sturzenegger algunas cámaras empresariales afines a su pensamiento liberal. “Se recogió lo que se venía observando en distintos foros y conferencias durante años de que así como estábamos no podíamos seguir”, comenta un abogado integrante del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). “Federico se fue reuniendo con cámaras desde hace meses, fue muy serio, quería entender la problemática de cada uno”, agrega el informante.  

AR/JJD

Algunos de los padres de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa ya empezaron a buscar nuevos abogados para sus hijos. En las últimas horas, mantuvieron reuniones con diversos letrados para cambiar la estrategia que viene llevando a cabo el defensor Hugo Tomei.

Los padres ya llamaron a otros abogados y hasta se reunieron con algunos de ellos para tomar el caso debido a que corren los plazos, ya que, tras la condena impuesta por el Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores, las partes tienen 20 días para apelar el fallo ante la Cámara de Casación Bonaerense. 

La búsqueda de nuevos abogados es a raíz de la disconformidad con respecto a cómo llevó adelante el caso el defensor Tomei y tras el resultado de cinco prisiones perpetuas y tres penas de 15 años.

Máximo Thomsen, Luciano y Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli fueron condenados a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por premeditación y alevosía, en tanto que Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli recibieron la pena de 15 años de prisión por el mismo delito, pero se les endilgó una participación secundaria.

El grupo de ocho jóvenes se mantuvo siempre unido a lo largo de estos tres años desde el momento del crimen, a tal punto que la estrategia de defensa fue una, pese a que durante el juicio surgió que algunos estaban más comprometidos que otros en la acusación.

Por otra parte, el penal de Melchor Romero -en La Plata- seguirá siendo el lugar de detención de los ocho condenados, al menos por ahora. En el Servicio Penitenciario Bonaerense se aguarda si la defensa de los jóvenes hará alguna presentación solicitando que se cambie de lugar.

Todos están allí por disposición del propio tribunal 1 de Dolores que emitió la sentencia y también porque en esa dependencia cumplieron los tres años de preventiva antes del juicio. No obstante, una fuente penitenciaria aseguró que por ahora ese va a ser su lugar de detención, aunque la defensa puede presentar algún planteo pidiendo se los cambie de lugar.

De hecho, trascendió que hay un pedido de ocho cupos para los condenados en un penal de Campana. Según pudo averiguar NA, se trata de la Unidad Modelo Jóvenes Adultos número 57, ubicada sobre la Ruta 6, en el kilómetro 6,5.

Una fuente consultada explicó que si bien es una cárcel que aloja a delincuentes de entre 18 y 21 años, la edad se flexibilizó hasta los 25 años, por lo que los condenados podrían pasar allí la primera etapa de su condena.

Campana es la ciudad más cercana a Zárate, de donde son oriundos los jóvenes, y eso facilitaría las visitas de sus familiares. Esta unidad fue inaugurada el 12 de febrero de 2019 por la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal- tiene una capacidad de 616 plazas, con cuatro módulos que incluyen celdas, aulas, talleres y un polideportivo central.

Información de NA

El 3 de febrero se celebra el Día Internacional del Abogado en homenaje a las y los profesionales en materia jurídica de todo el mundo.

Con esta jornada, se pretende destacar la importancia de los abogados en la defensa jurídica a personas, la tramitación de procesos judiciales, administrativos y la mediación de negociaciones y conflictos laborales, entre otras competencias.

Si bien en Argentina se conmemora el 29 de agosto por el aniversario del nacimiento del jurista, economista, político y uno de los autores intelectuales de la Constitución nacional de 1853, Juan Bautista Alberdi, durante la jornada se suelen realizar distintas actividades en reconocimiento al trabajo de los doctores en leyes y sus más de cinco especializaciones.

Un abogado es un profesional universitario graduado en Derecho, el cual debe estar colegiado para poder ejercer su profesión, que conlleva varias funciones y competencias, tales como asesorar, defender procesos judiciales y gestionar temas en diversas materias relacionadas con el derecho.

De acuerdo a las legislaciones de cada país, existen diferentes especializaciones dentro de la carrera de Derecho:

-Derecho Administrativo: regula el poder del Estado en la administración pública.

-Derecho Constitucional: define los derechos y libertades de las personas a través de leyes supremas por sobre otras.

-Derecho Tributario: define las normas que deberá cumplir el Estado en la administración del gasto público.

-Derecho Civil: es una rama del derecho privado que ampara temas en relación a las personas, bienes materiales, contratos y familia, entre otras cosas.

-Derecho Mercantil o Comercial: establece el mecanismo comercial entre personas naturales o jurídicas.

-Derecho Penal: comprende las normas penales que regulan las conductas punibles de las personas.

-Derecho Procesal: regula la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, así como la actuación de las personas que intervienen en los procesos judiciales.

-Derecho Laboral: referido a las relaciones entre los patrones y sus empleados, sus derechos y deberes, así como la protección de los trabajadores.

CRM

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas publicó este jueves una carta en rechazo a la designación de Antonio Aracre, ex Ceo de Syngenta, como Jefe de Asesores del Presidente de la Nación, a través de la cual más de 5.000 profesionales y ambientalistas solicitaron a Alberto Fernández que revea el nombramiento del ex ejecutivo de la multinacional del agronegocio.

Aracre trabajó en Syngenta durante 36 años y en los últimos 12 se desempeñó como CEO para Latinoamérica Sur. El 31 de diciembre pasado renunció a la compañía de capitales chinos para asumir como funcionario público a partir del 1° de febrero. 

En un texto publicado en su sitio web, la organización ambientalista afirmó que “Syngenta es la mayor fabricante de transgénicos y agrotóxicos del mundo: sus ventas, durante los primeros nueve meses de 2022, fueron de 25.900 millones de dólares, un aumento de 4.900 millones, lo que representa un 24% más con respecto al año anterior”. 

Encabezada por las firmas de los ambientalistas Enrique Viale, Soledad Barruti, Maristella Svampa, Marcos Filardi, Guillermo Folguera y Rafael Colombo, entre otros tantos, la asociación sostuvo que “en 2021, el mercado más grande de Syngenta fue América Latina, que representó aproximadamente el 33% de sus ventas”. 

“En Argentina es titular de 14 eventos transgénicos y 166 ingredientes activos de agrotóxicos aprobados por el Estado Nacional, y está asociada para la comercialización del trigo transgénico HB4 en el exterior; además de dominar el mercado de semillas comerciales y exportar granos y oleaginosas”, explicaron los especialistas en la carta.

“Hoy las ganancias de Syngenta en Argentina provienen mayormente de la venta de tres biocidas: atrazina, paraquat y glifosato. Atrazina: se trata de un herbicida disruptor endocrino, prohibido en 37 países y desde hace 20 años en la Unión Europea. Paraquat: altamente tóxico y persistente, prohibido en 72 países, la Unión Europea, Reino Unido, China y Suiza, entre otros”, afirmaron los ambientalistas. 

Sobre el glifosato, dijeron: “Desde 2015 el glifosato fue categorizado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS (IARC) como un probable cancerígeno en humanos, cancerígeno en animales y genotóxico”.

“Antonio Aracre tomó un relativo conocimiento público en los últimos años a través de la millonaria pauta publicitaria que puso Syngenta, y que fue distribuida generosamente en medios de comunicación –de ambos lados de la ‘grieta’-, lo cual le garantizó una cantidad insólita de amables ‘entrevistas’ en radio, televisión y medios digitales”, criticaron desde la asociación. 

“Este caso nos recuerda al de Juan José Aranguren, que fue CEO de la petrolera Shell desde el 2003 al 2015, año en el que fue nombrado como Ministro de Energía de la Nación en el gobierno del presidente Mauricio Macri hasta junio de 2018”, aseguraron desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. 

“Esta problemática es conocida popularmente en todo el mundo como ‘puertas giratorias’: se trata de funcionarios de altos cargos en empresas privadas que pasan a la función pública, y viceversa, garantizando así políticas públicas benéficas para las corporaciones. En la mayoría de los países esta práctica está sujeta a limitaciones o es considerada directamente un delito”. 

También resaltaron que en la legislación argentina, la problemática de posibles conflictos de intereses entre privados y el Estado está prevista por la Ley de Ética Pública, que establece la incompatibilidad con el ejercicio de la función pública, indicando que deberán abstenerse de tomar intervención pública aquellas personas que han dirigido -en los últimos tres años- una empresa que realice actividades reguladas por el Estado.

“Según dicta la ley, entonces, las actividades comerciales de Syngenta se encuentran reguladas por el Estado, como por ejemplo la comercialización de semillas o la venta y aplicación de agrotóxicos, entre muchas otras más”, resaltó la carta pública. 

“Si bien el cargo de Jefe de Asesores del presidente de la Nación no otorgaría al ex Ceo de Syngenta el poder para firmar directamente resoluciones o dictámenes, ¿alguien puede asegurar que en sus tareas de asesoría no intervendrá o influirá rotundamente en decisiones relacionadas con las actividades de Syngenta? Desde la regulación de agrotóxicos en el país hasta la sanción de una nueva Ley de Semillas, como viene insistiendo el lobby del agronegocio, son áreas extremadamente sensibles para el presente y futuro de nuestro país”, reclamaron.

“Es necesario cuestionar cuál será el lugar de un asesor que dejó el trabajo en una compañía transnacional para inmediatamente dedicarse a la función pública en infinidad de temáticas como la propia cotización del dólar, o las políticas relacionadas con la importación o exportación o una eventual regulación del comercio nacional de granos. En todas esas áreas Syngenta tiene intereses directos, particulares y concretos, muy distintos a los intereses generales y de la República Argentina. Los funcionarios públicos tienen que defender el interés nacional, que muchas veces chocan con los intereses de empresas multinacionales como, en este caso, Syngenta”, resaltó la carta. 

El Presidente publicó en su cuenta de Twitter: “Le encomendé (a Aracre) seguir trabajando para ampliar las redes entre Estado, sector social e inversiones privadas para capitalizar y potenciar las oportunidades de la Argentina”.

A través de la misma red social, Aracre afirmó que su tarea sería “una oportunidad única para aprender acerca del estado y contribuir en todo lo que pueda para construir la Argentina que todos queremos y nos merecemos”.

Tras reunirse con el Presidente esta semana, Aracre expresó en declaraciones a la prensa su intención de “trabajar en acercar el mundo privado, el mundo de las inversiones al sector público”, con el fin de “potenciar todas las oportunidades” que existen “en los próximos tres a cinco años”.

Nota: este artículo se actualizó el 5 de enero de 2023 a las 17:46.

ED

Una de las primeras ilusiones que despierta estudiar derecho es la de tener una respuesta para cada discusión de sobremesa. En algún tratado internacional, en algún código procesal, en alguna recóndita ley de 1954, encontraremos el artículo que dejará a todos perplejos y clausurará la discusión: “Obvio que se pueden hacer sátiras sobre los musulmanes: el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos protege la libertad de expresión” le dijo uno de los autores de esta nota a su abuelo cuando le preguntó por el atentado a Charlie Hebdo. Después de semejante lección de civismo, se esperanzó, el abuelo habría entendido y cambiaría de tema, orgulloso de su nieto.  

 Lamentablemente, esta etapa -que debería concluir a los 19 años y con un poquito de vergüenza- a muchos les dura un poco más. Y lo que es peor, muchos que no estudiaron derecho, y por eso se privaron de semejante experiencia, ceden al misticismo del artículo recóndito. Nos despertarán de nuestras siestas, nos distraerán de nuestras preocupaciones, nos llamarán por teléfono desde estudios de televisión. “Hoy tenemos en nuestro estudio al prestigioso Dr. Mandafrutti, que nos aclarará qué dice la Constitución sobre el escándalo del avión venezolano-iraní”. “Es un atropello, Luis”.

Algunos ejemplos ilustrarán la cuestión. Hace unos días el comentarista  Fernando Niembro hizo algún comentario poco claro sobre enamorarse del VAR como si fuera “una chica de 17 años” y la reacción en las redes fue furibunda. “¡Cómo va a enamorarse de una chica de 17 años! ¡Según el Código Civil es una adolescente, la mayoría de edad en la Argentina es a los 18!” Este argumento es típico de esta manera abogadil de ver la realidad. La relación entre Niembro y su novia imaginaria estará bien o mal, pero seguro que el Código Civil (que establece una edad mínima para realizar actos jurídicos con validez) no tiene nada que hacer en esta discusión. La cuestión no sería tan grave si no fuera porque quienes no estudiaron derecho tal vez se vean intimidados por el argumento (“¿habrá algo que no estoy entendiendo?”) y le dejen la discusión a los que saben.

Otro uso espurio del Código Civil era muy común hace unos años para negar el derecho al aborto. Al otro de los autores de esta nota, su primer profesor en la Facultad de Derecho le explicó que la presidenta Cristina Kirchner podría estar a favor del aborto (justo no lo estaba) pero que tenía que saber que el Código Civil defendía la vida “desde la concepción en el seno materno”. De nuevo, un error de categorías inmenso: el Código Civil simplemente definía la edad a partir de la cual se tiene derechos civiles, había sido pensado para zanjar cuestiones que nada tenían que ver con el aborto, y en todo caso se podía cambiar mediante una ley simple en el Congreso.

En los dos ejemplos, tenemos profundas discusiones morales sostenidas con entusiasmo, hasta que viene alguien con un código en la mano, nos lee algo que a veces nos parece que no tiene nada que ver, pero pensamos “este es abogado, debe saber”, y nos callamos. No discutamos más, no importan las razones que haya para permitir el aborto o censurar algunas relaciones sentimentales asimétricas, esto ya está resuelto. Esta secuencia tiene varios puntos flacos. Para arrancar, justo en estos casos -como en tantos otros- el argumento jurídico está, previsiblemente, mal: si alguien resuelve una cuestión compleja y espinosa con un artículo perdido, desconfiá.

Pero otros problemas son más profundos. Vencerán pero no convencerán: si Niembro cree que su relación con la chica de diecisiete está bien, difícilmente se convenza de lo contrario por referencia a una ley que no habla sobre el tema. Quien es señalado como ignorante del derecho tal vez se calle por miedo a ser señalado, pero se irá masticando bronca y con ganas de terminar con “la casta del derecho”. Si en su lugar nos esforzamos en explicar las razones morales o políticas sobre por qué nos parece que una relación entre un hombre de 70 y una mujer de 17 puede estar mal, tal vez nuestro interlocutor no se achique, pero si somos persuasivos nuestra victoria será genuina. Y, aunque nos pese, dejaremos abierta una puerta a que nos convenzan a nosotros de que estamos equivocados. En otras palabras, habilitaremos una conversación de verdad.

Por último, el recurso al artículo perdido implica una enorme renuncia democrática. Es cierto que una de las funciones del derecho es permitirnos construir acuerdos con alguna vocación de permanencia. Una vez que decidimos colectivamente alguna cuestión, podemos olvidarnos de ella por un tiempo y remitirnos a aquel momento en el que nos detuvimos a pensarla y debatirla. No podemos hacer un referéndum todos los días para saber si queremos o no ir a la guerra con Chile.

Pero tampoco podemos enamorarnos de estos acuerdos como si fueran el VAR: no hay una maquinita que nos dé todas las respuestas. Si alguien desea prohibir el aborto y cuando le recordamos que hay una ley nos insiste, tal vez no sea ignorante u obcecado sino que, simplemente, desea cambiar la ley. Los acuerdos a los que llegamos como comunidad son siempre provisionales y pueden ser revisados. Por eso es importante que en todo momento tengamos presentes las razones por las que llegamos a esos acuerdos. Estos argumentos, claro, no son jurídicos sino morales o políticos. Así como se dijo que la guerra era algo muy importante como para dejársela a los militares, la protección de nuestros acuerdos democráticos es muy importante como para dejárnosla a los abogados. Así que, si se trata de resolver conflictos morales profundos, no nos pregunten más.

 CC