La Corte Suprema de Justicia inició formalmente el proceso de incorporación al Estado de más de 60 millones de dólares y bienes inmuebles decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.

En un oficio dirigido al juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, el director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero, notificó que se dispuso el decomiso y la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos por subastas, además de la inscripción registral de los inmuebles bajo titularidad de la Corte Suprema.

Según la sentencia dictada por el TOF en abril de 2021, y confirmada por Casación en 2023, los montos decomisados alcanzan un total de USD 61.130.860,86, además de $4.174.697, cifra esta última ajustable según el índice de precios del consumidor del INDEC.

En ese marco, Romero solicitó al TOF 4 la transferencia del dinero a dos cuentas del máximo tribunal y la remisión de toda la documentación relacionada con las subastas realizadas en el expediente 3017/2013/TO2/14.

El 29 de mayo de 2025, la Corte Suprema, con los votos de los jueces Horacio Rosatti,Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisibles los recursos de la defensa, dejando firmes las condenas y los decomisos, lo que habilitó la ejecución efectiva de los bienes.

En paralelo, el Poder Ejecutivo había creado por decreto el Consejo de Bienes Recuperados, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, para administrar estos activos. Pero en octubre pasado, el juez Pablo Cayssials dictó una cautelar que frenó su aplicación, por considerar que la norma afecta la independencia judicial.

El fallo del magistrado consideró que el decreto “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito” e impacta directamente en la estructura del Poder Judicial, vulnerando su autonomía y la autarquía presupuestaria.

Con información de la agencia NA

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 ordenó el decomiso y transferencia al Estado argentino de tres millones de euros y un millón de dólares que Lázaro Báez tenía en cuentas en Bahamas y Suiza, en el marco de la condena por lavado de dinero en la causa que investiga corrupción en la obra pública.

Además, dispuso el remate de 56 propiedades de Báez y su hijo Martín —también condenado—, incluyendo 10 estancias, quintas y chacras ubicadas en Santa Cruz, Buenos Aires y Chubut. El objetivo es recuperar parte de los 55 millones de dólares que Báez debe pagar, más una multa equivalente a tres veces ese monto.

La decisión se tomó antes de que venza, este miércoles 13 de agosto, el plazo para que los condenados en la causa Vialidad —entre ellos Cristina Fernández de Kirchner— depositen 350 millones de dólares (equivalentes a 684.990 millones de pesos). Si no pagan, la Justicia avanzará con el remate de los bienes embargados.

Entre los bienes decomisados figuran:

En paralelo, la quiebra de Austral Construcciones, empresa insignia de Báez, avanza desde 2017. El gobierno de Santa Cruz ofertó U$S 2 millones para comprar el obrador central de la firma y transformarlo en un polo productivo.

Si los acusados no cumplen con el pago, la ejecución de bienes será un proceso largo y complejo, que podría incluir remates masivos de propiedades, vehículos, sociedades y dinero en efectivo. En total, la Justicia tiene bajo la lupa 213 propiedades, 14 vehículos y seis sociedades, además de cuentas y activos de otros condenados como José López.

JJD

Fabián Rossi, el ex marido de Iliana Calabró, se entregó esta mañana en los Tribunales federales de Retiro para comenzar a cumplir su condena de 4 años y seis meses de prisión por lavado de dinero.

Rossi fue el primero de los seis condenados citados para esta jornada en ingresar al Tribunal Oral Federal 4 , en el sexto piso de Comodoro Py 2002.

El área amaneció con custodia policial y restricciones de circulación a la espera de los convocados por el juez del Tribunal, Néstor Costabel, luego que la Corte Suprema de Justicia dejó firmes todas las condenas.

Rossi era apoderado de SGI, conocida como “la Rosadita”, la financiera de Puerto Madero donde fue filmado el hijo mayor de Lázaro Báez, Martín Báez, contando miles de dólares.

Los restantes citados por el Tribunal son el ex presidente de “Austral Construcciones” Julio Mendoza (no fue a Comodoro Py porque está inernado con problemas de salud), el ex empleado bancario que participó en operaciones de lavado Juan De Rasis, un ex empleado de SGI César Fernández, el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro, de 79 años, todos ellos ya en Tribunales y a disposición de la Justicia para sus traslados a centros de detención.

Rossi presentó informes médicos sobre diversas patologías que sufriría por lo cual su defensa podría intentar obtener un arresto domiciliario que no podrá basarse en la edad porque tiene 60 años.

Otros condenados mayores de 70 también podrían intentar obtener ese beneficio.

La Corte rechazó por inadmisibles los recursos de queja directa que presentaron todas las defensas contra las condenas resueltas en el juicio oral, entre ellas la de Lázaro Báez a diez años de cárcel.

Báez está con arresto domiciliario en otra causa penal y el Tribunal dispuso determinar cuánto le falta cumplir de condena.

El pedido de la Fiscalía

“Solicito se ordenen sus inmediatas capturas y consecuentes alojamientos en una unidad del Servicio Penitenciario Federal”, requirió días atrás el fiscal federal Abel Córdoba, quien llevó adelante la acusación en el debate oral ante el TOF4.

Ante la decisión de la Corte, ahora el encargado de intervenir en la etapa de ejecución de las penas es el Tribunal que tuvo a cargo el juicio oral. Por ello Córdoba requirió que ordene detener a seis de los condenados por “lavado de activos” porque recibieron penas mayores a tres años y de cumplimiento efectivo.

En todos los casos permanecieron excarcelados porque no se consideraron firmes las condenas hasta que ayer se expidió el máximo tribunal del país. Rossi está condenado a cuatro años y seis meses de prisión en su rol de ex apoderado de la financiera SGI.

La Fiscalía pidió además apresar al ex presidente de “Austral Construcciones” Julio Mendoza, al ex empleado bancario que participó en operaciones de lavado Juan De Rasis, a un ex empleado de SGI César Fernández, al empresario Carlos Molinari y a otro condenado, Eduardo Castro, de 79 años.

En el caso de Rossi, que llegó a Comodoro Py este lunes a las 9, presentó informes médicos sobre diversas patologías que sufriría por lo cual su defensa podría intentar obtener un arresto domiciliario que no podrá basarse en la edad porque tiene 60 años. Otros condenados mayores de 70 también podrían intentar obtener ese beneficio.

La decisión de la Corte

El pasado 29 de mayo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas a Lázaro Báez y una veintena de personas en la causa conocida como la “ruta del dinero K”, al rechazar los recursos presentados por las defensas por considerarlos “inadmisibles”, en lo que representa un hito judicial en la lucha contra el lavado de activos derivados de la corrupción.

Con el fallo del máximo tribunal se torna definitiva la sentencia que impuso diez años de prisión al empresario Lázaro Báez por maniobras de lavado por más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, a través de una estructura financiera y societaria que incluyó operaciones en el país y el exterior, y que cobró notoriedad pública tras la difusión en 2016 del video de “La Rosadita”, donde se lo veía a su hijo contando fajos de billetes.

La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Mariano Lozano y Luis Ramón González, quienes aplicaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite desestimar planteos sin necesidad de fundamentarlos. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, al entender que correspondía la intervención de la Procuración General.

El fallo también ratificó las condenas de otros imputados como Martín Báez (seis años y medio), Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín (seis años cada uno), Julio Mendoza (cinco años) y Leonardo Fariña (tres años y medio), entre otros. En total, fueron 22 personas condenadas, aunque las hijas de Báez resultaron absueltas por falta de prueba de su participación en los hechos.

El Tribunal Oral Federal 4, que juzgó la causa entre 2018 y 2021, deberá ahora computar las penas efectivamente cumplidas y decidir sobre arrestos pendientes o penas en suspenso. Además, se ratificaron multas multimillonarias de hasta US$328 millones y el decomiso de activos por 65 millones de dólares.

La investigación se inició en 2013 a raíz de un informe periodístico televisivo, y se consolidó en 2016 con la difusión del video que mostraba la operatoria en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”. La Justicia determinó que las maniobras de lavado estaban precedidas por evasión fiscal y uso de facturas apócrifas, vinculadas al manejo de Austral Construcciones, firma insignia del empresario ligado al kirchnerismo.

Por su parte, la situación de la ex presidenta Cristina Kirchner en esta causa sigue en etapa de instrucción. Aunque el juez Sebastián Casanello había dictado su sobreseimiento, la Cámara Federal lo revocó tras aceptar como querellante a una ONG. La Corte también desestimó los recursos presentados por su defensa por cuestiones formales.

Con esta decisión, la causa “ruta del dinero K” se convierte en uno de los expedientes judiciales por corrupción más avanzados de los últimos años, con condenas firmes y decomisos históricos.

Con información de agencias.

IG

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas a Lázaro Báez y una veintena de personas en la causa conocida como la “ruta del dinero K”, al rechazar los recursos presentados por las defensas por considerarlos “inadmisibles”, en lo que representa un hito judicial en la lucha contra el lavado de activos derivados de la corrupción.

Con el fallo del máximo tribunal se torna definitiva la sentencia que impuso diez años de prisión al empresario Lázaro Báez por maniobras de lavado por más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, a través de una estructura financiera y societaria que incluyó operaciones en el país y el exterior, y que cobró notoriedad pública tras la difusión en 2016 del video de “La Rosadita”, donde se lo veía a su hijo contando fajos de billetes.

La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Mariano Lozano y Luis Ramón González, quienes aplicaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite desestimar planteos sin necesidad de fundamentarlos. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, al entender que correspondía la intervención de la Procuración General.

El fallo también ratificó las condenas de otros imputados como Martín Báez (seis años y medio), Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín (seis años cada uno), Julio Mendoza (cinco años) y Leonardo Fariña (tres años y medio), entre otros. En total, fueron 22 personas condenadas, aunque las hijas de Báez resultaron absueltas por falta de prueba de su participación en los hechos.

El Tribunal Oral Federal 4, que juzgó la causa entre 2018 y 2021, deberá ahora computar las penas efectivamente cumplidas y decidir sobre arrestos pendientes o penas en suspenso. Además, se ratificaron multas multimillonarias de hasta U$D 328 millones y el decomiso de activos por 65 millones de dólares.

La investigación se inició en 2013 a raíz de un informe periodístico televisivo, y se consolidó en 2016 con la difusión del video que mostraba la operatoria en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.

La Justicia determinó que las maniobras de lavado estaban precedidas por evasión fiscal y uso de facturas apócrifas, vinculadas al manejo de Austral Construcciones, firma insignia del empresario ligado al kirchnerismo.

Por su parte, la situación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en esta causa sigue en etapa de instrucción.

Aunque el juez Sebastián Casanello había dictado su sobreseimiento, la Cámara Federal lo revocó tras aceptar como querellante a una ONG. La Corte también desestimó los recursos presentados por su defensa por cuestiones formales.

Con esta decisión, la causa “ruta del dinero K” se convierte en uno de los expedientes judiciales por corrupción más avanzados de los últimos años, con condenas firmes y decomisos históricos.

Con información de la agencia NA

El Tribunal Oral Federal y Criminal N° 4 condenó hoy al empresario Lázaro Báez a cuatro años y seis meses de prisión por lavado de dinero a raíz de la compra de un campo en Uruguay conocido como “El Entrevero”.

En la misma causa, el empresario Leonardo Fariña, quien fuera testaferro de Báez, recibió una condena inicial de dos años y seis meses, que será unificada con otras penas anteriores y resultará en una sentencia final de cuatro años de prisión, informaron fuentes judiciales. La causa forma parte de la investigación conocida como “La ruta del dinero K”.

El campo, ubicado entre los balnearios José Ignacio y La Barra, en Punta del Este, fue adquirido por 14 millones de dólares a través de una compleja red de sociedades y testaferros que buscaban ocultar a los propietarios.

El fallo incluyó una multa adicional para Báez equivalente a tres veces el monto de las operaciones involucradas, junto con accesorios legales y costas, por su responsabilidad en el lavado de activos en dos hechos vinculados a la compra de “El Entrevero” y otro terreno en El Faro, de José Ignacio.

Además de Báez y Fariña, el tribunal también dictó penas para otros implicados como Maximiliano Goff Dávila, que fue condenado a cinco años de prisión, y Daniel Pérez Gadín y Santiago Carradori, que recibirán penas de cuatro años y seis meses y cuatro años, respectivamente.

En tanto, Jorge Chueco fue sentenciado a seis años y seis meses, y Osvaldo Guthux a tres años con cumplimiento en suspenso.

La Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP actuaron como querellantes en la causa.

La condena contra Báez se suma a las ya existentes por otros casos relacionados, lo que incluye una pena de 10 años reducida a 6 años por el caso Vialidad.

MM con información de la agencia NA.

La Cámara de Casación Federal confirmó hoy que la expresidenta Cristina Kirchner seguirá siendo investigada en el marco de la causa por la “Ruta del dinero K”. La decisión llega luego de que los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, de la Sala IV de Casación, rechazaran un planteo de la defensa contra el fallo de la Cámara Federal por considerarlo “improcedente”.

Así, el juez de primera instancia Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan continuarán con la causa por lavado de dinero por la que el empresario Lázaro Báez ya fue condenado a doce años de prisión.

Casanello ya había dictado en dos oportunidades la falta de mérito para la exvicepresidenta de Alberto Fernández por considerar que no había pruebas suficientes para avanzar. En la misma línea, Marijuan ─quien en reiteradas oportunidades impulsó denuncias en contra de Cristina Kirchner─, en año pasado, reconoció que no hubo pruebas de lavado de dinero.

En su dictamen, el fiscal citó los negocios entre el empresario y la expresidenta, además de 300 comunicaciones con sus respectivos secretarios. Sin embargo, consideró que, pese al vínculo, no había delito algunos para investigar.

Por ello, la exmandataria nunca fue procesada en en el caso. Lázaro Báez, sin embargo, recibió su condena al igual que su hijo Martín cuya sentencia es de 9 años de prisión. El arrepentido Fariña, entre otros empresarios, fue condenado a 5 años de cárcel.

ACM con información de agencias.

La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en el marco de la causa por lavado de dinero conocida como la “ruta del dinero”.

Fue porque el Tribunal hizo lugar al pedido de una ONG y ahora el juez federal Sebastián Casanello va a tener que seguir investigándola.

La Vicepresidenta fue investigada por el juez durante diez años e incluso el fiscal Guillermo Marijuan propició esa decisión al no apelar a la Cámara Federal porteña porque consideró que no había prueba suficiente para someter a Cristina Kirchner a un proceso oral, pero sí recurrió al Tribunal una ONG, la Asociación Civil Bases Repúblicanas. 

Por ello, por decisión de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, excepto la disidencia de Eduardo Farah se decidió que vuelva a primera instancia y siga investigándosela.

En el caso que comenzó en 2013, fueron condenadas 17 personas, entre ellas el empresario Lázaro Báez, a 12 años de prisión; su hijo Martín, a seis años y 6 meses; y el arrepentido Leonardo Fariña, a tres años y medio. Este último es el único de ellos que está preso, pero por ser descubierto recientemente en una financiera con supuestas actividades irregulares en el barrio porteño de Belgrano. 

Lo cierto es que más allá de las condenas, la Vicepresidenta estuvo sometida a proceso penal durante diez años y aún está intentando dilucidarse si el delito previo al lavado de dinero fue la facturación apócrifa o bien fraude con la obra pública. Por ahora, la Cámara Nacional de Casación Penal dijo que fue la primera de las hipótesis.

En el caso no hubo condenados funcionarios públicos y este caso se vincula al de la obra pública, por las obras que CFK le otorgó a Báez y donde la Vicepresidenta sí fue condenada ya a 6 años de prisión. 

La exmandataria incluso llego a ser interrogada por esta causa tras lo cual sus abogados plantearon el sobreseimiento. Tuvo sus idas y vueltas, porque cuando Casanello imponía la “falta de mérito”, intervenía la Cámara y le ordenaba seguir investigando.

Cuando la causa se pensaba había tenido un punto final al no apelar el sobreseimiento Marijuan, es que la Cámara Federal aceptó como querellante a una ONG y así dio pie al reclamo para que se la siga investigando. 

El fallo judicial determina ahora que Cristina Kirchner, quien el 10 de diciembre dejará su cargo como Vicepresidenta, sea investigada en esta otra causa por lavado de dinero. 

Con información de NA.

IG

Este viernes, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sufrió un nuevo revés judicial. La Cámara Federal rechazó la recusación contra los jueces que deben resolver si revocan su sobreseimiento en la causa por la ruta del dinero.

La ex presidenta y actual dirigente de Unión por la Patria había presentado una recusación por “temor de parcialidad” contra los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Hoy, el camarista federal Eduardo Farah rechazó ese recurso dado que descartó que exista “un signo claro de parcialidad que habilite la procedencia de una vía restrictiva como la recusación”.

Llorens y Bertuzzi aceptaron como querellante a Bases Republicanas, una ONG vinculada al PRO que no había integrado el expediente. Por este motivo, fueron denunciados por los abogados defensores de la vicepresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

Los letrados argumentaron que los jueces habían aplicado un criterio amplio para aceptar a dicha organización, mientras que, en el marco de la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos, habían sido muy restrictivos a tal punto de haber rechazado a la Comisión Bicameral de seguimiento de las agencias de inteligencia como “amicus curiae”.

ACM con información de agencias.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este martes una serie de recursos presentados por la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en diversas causas.

En una de ellas, conocida mediáticamente como “ruta del dinero K” por lavado de dinero, los abogados de la expresidenta habían planteado la recusación de los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens, quienes integraban la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

El pedido estaba motivado en que esos magistrados, el pasado 31 de agosto de 2018, hicieron lugar a un pedido de la Unidad de Información Financiera y dispusieron que se convoque a Fernández de Kirchner a prestar declaración indagatoria.

El juez Leopoldo Bruglia había rechazado el pedido de apartamiento de sus colegas, y luego la defensa de la vicepresidenta recurrió dicha resolución hasta llegar al máximo tribunal.

Ya en la Cámara de Casación se le había dicho que, por regla general, la resolución que decide sobre recusaciones no es susceptible de ser impugnada en esa instancia, ya que no se trata de una sentencia definitiva ni equiparable.

El máximo tribunal, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, también desestimó el planteo porque no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

En tanto, en el marco de la investigación por la denuncia por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, la defensa de exmandataria por un lado, y la de Oscar Parrilli por otro, recusaron al juez Juan Carlos Gemigniani, integrante de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

En ese caso, el tribunal rechazó los pedidos de apartamiento al entender que las defensas no habían demostrado la concreta vulneración de garantías constitucionales o que se hubiera configurado alguno de los supuestos previstos en la ley para separar de una causa a un magistrado.

Por el contrario, los jueces supremos señalaron que los pedidos se limitaron a plantear conjeturas que no se encontraban debidamente acreditadas en el expediente. Por otra parte, dijeron que los peticionantes ya habían tenido conocimiento de la integración del tribunal en anteriores pronunciamientos, sin que hubieran presentado planteos como éste.

Tanto Kirchner como su exfuncionario habían presentado sendos recursos, por considerar que se había afectado la garantía de imparcialidad del juzgador. Tras ser rechazados sus planteos, llevaron esos reclamos ante la Corte.

Con las mismas firmas que el otro fallo, el tribunal desestimó las quejas por no haber dado cumplimiento al reglamento correspondiente aprobado por la Acordada 4/2007 del tribunal.

En una cuarta causa, donde se investigaba la posible comisión del delito de ocultamiento de documentos históricos, tras el hallazgo de una carta autógrafa del 26 de diciembre de 1835 del General San Martín a Bernardo de O’Higgins y un ‘prontuario’ de Hipólito Yrigoyen con sus actividades desde 1906 a 1910.

Dichos documentos fueron secuestrados en el marco de la causa 9608/2018, mediáticamente conocida como “Cuadernos”, en el inmueble ubicado en la intersección de las calles Padre de Agostini y Los Tehuelches, en El Calafate, Santa Cruz.

Aquel allanamiento fue ordenado por el juez Claudio Bonadio, quien fue recusado por la defensa de Cristina Kirchner en las sucesivas instancias hasta llegar a la Corte. Al día siguiente de ingresado el expediente, Bonadio falleció. De allí que Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda entendieron que la cuestión traída a estudio del Tribunal se había tornado abstracta.

LC con información de agencia NA

La Cámara Federal porteña ratificó al juez Mariano Llorens en la causa en la que debe resolver si acepta a una organización social como querellante por la denominada Ruta del Dinero, donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída.

La expresidenta había recusado a Llorens por “temor de parcialidad”, debido a intervenciones anteriores en expedientes vinculados y por haber pedido -en minoría- su desafuero y detención en la causa por los viajes de aviones presidenciales a Santa Cruz durante su mandato.

Llorens se opuso a la recusación y este jueves su colega, el camarista Eduardo Farah en un fallo unipersonal confirmó su continuidad en lo que resta por resolver del expediente.

Una asociación civil, Bases Republicanas -vinculada a Juntos por el Cambio y que no forma parte del expediente- apeló el sobreseimiento de la titular del Senado y pidió que siga bajo investigación. Llorens había sido objetado para intervenir en la decisión de aceptar o no a Bases Republicanas como querellante, y de admitir en ese caso su apelación.

El camarista Farah desestimó la recusación, argumentando que la toma de posición en otros expedientes “podrá compartirse o no”, pero “ésta no es la vía ni la sede pertinente para discutirlo”. “Lo dirimente, a estos fines, es que no hay en ello -de por sí- un signo claro de parcialidad que habilite la procedencia de una vía restrictiva como la recusación”, subrayó.

El expediente principal es la causa en la que el juez Sebastián Casanello, a instancias del fiscal Guillermo Marijuan y con el consentimiento de la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) sobreseyó a la exmandataria tras una extensa investigación.

LC con información de agencia NA

El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó este lunes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa donde se la investigó por supuesto lavado de activos en relación a maniobras del condenado empresario Lázaro Báez, confirmó una fuente directa del caso a elDiarioAR.

Casanello dispuso decretar el sobreseimiento “declarando que la formación del presente sumario no afecta el buen nombre y honor” de la Vicepresidenta, según la resolución, de tres carillas, a la que tuvo acceso Télam, y en la que el juez se remitió al dictamen del fiscal del caso Guillermo Marijuan y a la postura coincidente de las querellas de la UIF y la AFIP, que se pronunciaron por el sobreseimiento

“Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales- la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición, que en el presente caso se hayan satisfechos”, concluyó el magistrado.

El fiscal federal Guillermo Marijuan había pedido el pasado miércoles el sobreseimiento de la Vicepresidenta en la causa que investiga si tuvo alguna relación con las maniobras de lavado de dinero por las que fue condenado el empresario Lázaro Báez.

El representante del Ministerio Público Fiscal había dejado asentada su posición en un dictamen de 46 páginas, presentado al juez federal Sebastián Casanello, donde remarcó que, a pesar de haber exhibido un vínculo “directo” entre la expresidenta y el empresario, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria.

“Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió” interrogarla, sostuvo Marijuan.

“A esa debilidad probatoria para sostener una posible orden de Cristina Fernández y/o cualquier otro tipo de acción, ya sea, coactuar, participar y/o instigar el movimiento ilícito de los fondos llevados a Suiza, se suman los desacertados y erróneos fundamentos del reciente fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -al voto mayoritario me refiero-, en punto al delito precedente del lavado de dinero al que vengo aludiendo”, destacó el fiscal.

“Ello pues, como abordaré en adelante, no hace más que centrar la escena en la actividad ilícita en cabeza de Lázaro A. Báez y la evasión fiscal de su 'patrimonio', que yo llamaría botín, dejando a un lado, el vínculo del lavado de activos con la obra pública vial y con ello al poder político de turno en ese momento”, remarcó.

En el fallo invocado por Marijuan, los jueces del máximo tribunal penal confirmaron que existieron las maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares, aunque votaron divididos al expedirse sobre el origen de esos fondos: los camaristas Ángela Ledesma y Mariano Borinsky lo vincularon con maniobras de evasión impositiva, mientras que Javier Carbajo avaló la hipótesis de que pudieran provenir de delitos vinculados a la Obra Pública.

“Resulta inconducente ingresar al tratamiento de los cuestionamientos impetrados por las defensas contra el razonamiento seguido por el voto mayoritario del tribunal a quo (el Tribunal Oral Federal 4) sobre el origen ilegal de los fondos, eventualmente provenientes de delitos contra la administración pública y su compatibilidad, o no, con la comisión de delitos tributarios”, sostuvo Borinsky en su voto.

El fiscal Marijuan sostuvo en su dictamen de este miércoles que el voto mayoritario de los jueces de la Sala IV de Casación “resulta a todas luces desacertado” porque implica “anular” como delito precedente “la asignación irregular de obra pública”, lo que a su criterio implica “esconder una realidad innegable”.

El fiscal federal resaltó es su dictamen que no tiene “duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Fernández y Lázaro Antonio Báez” y sumó: “La reciente prueba incorporada a esta causa a instancia del suscripto, en punto al estudio del entrecruzamiento de llamadas entre teléfonos de Lázaro Báez y Cristina Fernández y/o sus secretarios y colaboradores, demuestran que el primero tuvo al menos 372 contactos telefónicos en un período de poco más de dos años”.

Algunos párrafos más abajo, sostuvo que “de esas comunicaciones, 4 se registraron entre líneas a nombre de Cristina Fernández y teléfonos registrados como de Lázaro Báez”, por lo que manifestó que eran “algo más que simples conocidos de Santa Cruz y tenían un contacto fluido”.

Luego de todo su análisis, Marijuan concluyó que en los 10 años de investigación no se pudo probar que la vicepresidenta fuera coautora o tuviere una participación “en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero”.

Marijuan recordó que la vicepresidenta “fue imputada formalmente por esta parte el 8 de abril de 2016 con motivo de la ampliación del requerimiento fiscal realizado en el presente sumario luego de la declaración indagatoria prestada por Jorge L. Fariña, en su carácter de imputado colaborador”.

“En aquella oportunidad y en su extensa declaración, Jorge Leonardo Fariña confesó haber llevado adelante maniobras de lavado de dinero por orden y cuenta de Lázaro Antonio Báez entre los meses finales de 2010 y mitad de 2011, a través de la aplicación de fondos de origen espurio en bienes en el país y cuentas bancarias en Suiza titularidad de sociedades off shore, armadas para la actividad ilícita desplegada”, detalló el fiscal.

Además, Marijuan sostuvo que Fariña, en su declaración, le había dicho que Báez había hablado con la entonces presidenta Fernández de Kirchner y que ella le habría preguntado si él estaba sacando dinero al exterior, ya que eso le habrían comunicado desde la Embajada de Estados Unidos.

Con información de agencias.

IG

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este miércoles el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investiga si tuvo alguna relación con las maniobras de lavado de dinero por las que fue condenado el empresario Lázaro Báez.

El representante del Ministerio Público Fiscal dejó asentada su posición en un dictamen de 46 páginas, presentado al juez federal Sebastián Casanello, donde remarcó que, a pesar de haber exhibido un vínculo “directo” entre la expresidenta y el empresario, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria.

“Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió” interrogarla, sostuvo Marijuan.

“A esa debilidad probatoria para sostener una posible orden de Cristina Fernández y/o cualquier otro tipo de acción, ya sea, coactuar, participar y/o instigar el movimiento ilícito de los fondos llevados a Suiza, se suman los desacertados y erróneos fundamentos del reciente fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -al voto mayoritario me refiero-, en punto al delito precedente del lavado de dinero al que vengo aludiendo”, destacó el fiscal.

“Ello pues, como abordaré en adelante, no hace más que centrar la escena en la actividad ilícita en cabeza de Lázaro A. Báez y la evasión fiscal de su 'patrimonio', que yo llamaría botín, dejando a un lado, el vínculo del lavado de activos con la obra pública vial y con ello al poder político de turno en ese momento”, remarcó.

En el fallo invocado por Marijuan, los jueces del máximo tribunal penal confirmaron que existieron las maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares, aunque votaron divididos al expedirse sobre el origen de esos fondos: los camaristas Ángela Ledesma y Mariano Borinsky lo vincularon con maniobras de evasión impositiva, mientras que Javier Carbajo avaló la hipótesis de que pudieran provenir de delitos vinculados a la Obra Pública.

“Resulta inconducente ingresar al tratamiento de los cuestionamientos impetrados por las defensas contra el razonamiento seguido por el voto mayoritario del tribunal a quo (el Tribunal Oral Federal 4) sobre el origen ilegal de los fondos, eventualmente provenientes de delitos contra la administración pública y su compatibilidad, o no, con la comisión de delitos tributarios”, sostuvo Borinsky en su voto.

El fiscal Marijuan sostuvo en su dictamen de este miércoles que el voto mayoritario de los jueces de la Sala IV de Casación “resulta a todas luces desacertado” porque implica “anular” como delito precedente “la asignación irregular de obra pública”, lo que a su criterio implica “esconder una realidad innegable”.

El fiscal federal resaltó es su dictamen que no tiene “duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Fernández y Lázaro Antonio Báez” y sumó: “La reciente prueba incorporada a esta causa a instancia del suscripto, en punto al estudio del entrecruzamiento de llamadas entre teléfonos de Lázaro Báez y Cristina Fernández y/o sus secretarios y colaboradores, demuestran que el primero tuvo al menos 372 contactos telefónicos en un período de poco más de dos años”.

Algunos párrafos más abajo, sostuvo que “de esas comunicaciones, 4 se registraron entre líneas a nombre de Cristina Fernández y teléfonos registrados como de Lázaro Báez”, por lo que manifestó que eran “algo más que simples conocidos de Santa Cruz y tenían un contacto fluido”.

Luego de todo su análisis, Marijuan concluyó que en los 10 años de investigación no se pudo probar que la vicepresidenta fuera coautora o tuviere una participación “en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero”.

Marijuan recordó que la vicepresidenta “fue imputada formalmente por esta parte el 8 de abril de 2016 con motivo de la ampliación del requerimiento fiscal realizado en el presente sumario luego de la declaración indagatoria prestada por Jorge L. Fariña, en su carácter de imputado colaborador”.

“En aquella oportunidad y en su extensa declaración, Jorge Leonardo Fariña confesó haber llevado adelante maniobras de lavado de dinero por orden y cuenta de Lázaro Antonio Báez entre los meses finales de 2010 y mitad de 2011, a través de la aplicación de fondos de origen espurio en bienes en el país y cuentas bancarias en Suiza titularidad de sociedades off shore, armadas para la actividad ilícita desplegada”, detalló el fiscal.

Además, Marijuan sostuvo que Fariña, en su declaración, le había dicho que Báez había hablado con la entonces presidenta Fernández de Kirchner y que ella le habría preguntado si él estaba sacando dinero al exterior, ya que eso le habrían comunicado desde la Embajada de Estados Unidos.

LC con información de agencia Télam

Durante los mandatos presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Lázaro Báez se transformó en el principal contratista de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Tras dejar un cargo gerencial en el banco santacruceño del Grupo Petersen, Báez creó empresas, absorbió otras y multiplicó inversiones. Compró campos y depositó al menos US$ 25 millones en una entidad suiza, con sus hijos como beneficiarios finales. El análisis del cruce de fondos familiares entre paraísos fiscales requiere la asistencia de un experto en fraudes. Además de amigo de Néstor Kirchner, Báez mantuvo un vínculo comercial con la pareja presidencial. Al tiempo que su buque insignia, Austral Construcciones, ganaba licitaciones para obras públicas, otras de sus firmas compraban propiedades a los Kirchner y explotaban sus hoteles.

Hasta aquí, motivos más que suficientes para iniciar una investigación en fuero federal.  

Báez fue detenido el martes 5 de abril de 2016 en el marco de la causa bautizada por los zócalos de la televisión como “Ruta del dinero K”, paralela al expediente “Vialidad” que esta semana inició la etapa final de alegatos en el juicio oral, con el fiscal Diego Luciani en “actuación estelar”, “un duro”, autor de una presentación “histórica” y “contundente”, “Doctor No”, hombre “valiente” que le puso “límites a la política” y formuló una “acusación fulminante y fundamentada”, según el relato predominante. Es cierto que el elenco más conocido de Comodoro Py no ofrece muchas figuras edificantes para una épica republicana, pero acaso el cúmulo de elogios que se llevó la modesta presentación de Luciani haya sido un exceso.

Dos días antes de la detención de Báez en 2016, se había hecho pública la filtración global Panamá Papers, con el rostro de Mauricio Macri poblando los portales del mundo junto al selecto grupo de gobernantes y exgobernantes que ocultaban empresas y sellos en ese paraíso fiscal. Sorpresa: Macri no resultó ser el Mandela que describían. Nadie lo habría imaginado de un contratista con sus antecedentes. En una extraordinaria paradoja, los periodistas alemanes del diario Süddeutsche Zeitung que comandaron la investigación de los Panamá Papers narraron que sus colegas argentinos, obsesionados con hallar “la ruta del dinero K” en Panamá o en Delaware, se toparon con “la ruta del dinero M”.

Los mismos medios argentinos que habían tratado de ocultar el apellido Macri en la filtración global se abalanzaron, con similar torpeza, sobre el auto que transportaba a Báez con casco y chaleco antibalas ese 5 de abril. Fue el primero de los múltiples escarnios públicos en el prime time orquestados durante los cuatro años de Cambiemos en Casa Rosada. A ese show le siguió otro con el fiscal federal Guillermo Marijuan al mando de excavadoras en búsqueda de tesoros enterrados en estancias de Santa Cruz, sin éxito.

Arrepentidos en el living

Hay que reconocer que el programa de Jorge Lanata en Canal 13 no filmó a Leonardo Fariña, el pintoresco arrepentido contra Báez en las causas “Ruta del Dinero” y “Vialidad”, en el living de Elisa Carrió en Recoleta, como hizo en 2015 con un testigo falso que apuntó contra “la Morsa” —según el zócalo— Aníbal Fernández. Fariña fue grabado con cámara oculta por “Periodismo Para Todos” en otro living, dos años antes, con un testimonio pulido en el que él se dejó a salvo y enlodó a Báez. El entonces marido de Karina Jelineck se arrepintió (“Lanata quería ficción, le di ficción”), pero luego se arrepintió de haberse arrepentido. Ya con Macri en el Gobierno, Fariña se adhirió al programa de testigos protegidos, ejecutado bajo la directa supervisión del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano. También cabe reconocer que no se sabe si a Fariña le montaron un hotel boutique en Mendoza a cambio de su arrepentimiento, como a Alejandro Vanderbroele, espada filosa utilizada contra Amado Boudou. Lo que sí ocurrió es que el exgestor de Lázaro Báez salió de la cárcel, se cortó el pelo, se mudó a una vivienda con amplias comodidades y pasó a tener Osde como prepaga, todo a cargo del Estado.

El código procesal argentino establece que el imputado debe permanecer detenido sólo si existe “peligro de fuga” o riesgo de “entorpecimiento del proceso”, o en función de la gravedad del hecho (por ejemplo, homicidio o violación). En principio, Báez debió haber aguardado la sentencia definitiva en libertad, pero ese principio del derecho no rigió durante el Gobierno de Cambiemos. Las prisiones preventivas contra Báez se fueron solapando y permaneció en la cárcel hasta septiembre de 2020. Desde entonces, el dueño de Austral Construcciones se encuentra en régimen domiciliario.

Durante su larga detención, el “inminente arrepentimiento” del dueño de Austral Construcciones para revelar su vínculo secreto con los Kirchner fue anunciado media docena de veces. No ocurrió. En julio pasado, dos jueces de Casación rechazaron su excarcelación. Uno de ellos, Gustavo Hornos, era uno de los habitués de Macri en la Casa Rosada y en Olivos días antes de fallar en causas sensibles, según lo revelado por El Destape.

Se podría abundar sobre las cámaras de apelaciones tijeretadas por la mesa judicial, la duplicidad de causas o los traslados de jueces partidarios a dedo, pero lo mencionado basta para considerar que la denuncia de Cristina Fernández de Kirchner sobre la existencia del lawfare tiene asidero.

Al enemigo, doctrina Irurzun y relato de Fariña

Así las cosas, el sistema institucional argentino se encuentra ante una encerrona recurrente. La fundada presunción de que durante el kirchnerismo existieron prácticas sistemáticas de corrupción choca con un montaje de justicia que no garantiza, e incluso bloquea, la posibilidad de investigar en serio. En una práctica que hasta ahora no mereció ninguna revisión de parte de los nuevos liderazgos de Juntos por el Cambio (JxC) —por el contrario, la experiencia de Horacio Rodríguez Larreta en CABA parece reproducirla—, el macrismo potenció vicios hasta niveles desconocidos en democracia, con un doble fin: al enemigo, doctrina Irurzun para las prisiones preventivas, tribunales conformados a dedo, peritos que copian del rincón del vago y fariñas; a los propios, aspiradora de causas desde Comodoro Py para garantizar impunidad ante la presunción de corrupción sistémica también fundada. Y todo, bajo la estricta supervisión de la Corte Suprema.

No es el objetivo de esta nota transitar el detalle de los argumentos del fiscal Luciani, abordados en la cobertura de Emilia Delfino en elDiarioAR.

Al enemigo, doctrina Irurzun para las prisiones preventivas, tribunales conformados a dedo, peritos que copian del rincón del vago y fariñas; a los propios, aspiradora de causas desde Comodoro Py para garantizar impunidad

Como observación general, cabe consignar que la acusación parece más solvente cuando describe controles deficientes y cierta promiscuidad de gestión entre los encargados de la empresa y quienes debían controlarlos, o la aceleración de pagos, o el armado de licitaciones ficticias para que ganara casi siempre el mismo. Una típica cartelización de la obra pública en cualquiera de las provincias argentinas que merece ser investigada.

El énfasis del fiscal no subsana la necesidad de certeza de que efectivamente haya habido sobreprecios en las 52 obras encargadas a Báez en Santa Cruz, o de algún registro que lleve a dilucidar una coima. La “actuación estelar” se vuelve directamente vidriosa en la medida en que Luciani incrementa los decibeles y regala títulos para aseverar que Báez y Cristina son la misma entidad. Esa aspiración de máxima choca con que la causa paralela “Ruta del dinero K”, hasta ahora, no halló ninguna cuenta K en un paraíso offshore.

En el marco del juicio oral en la causa “Vialidad”, Luciani tuvo la oportunidad de preguntar a Fariña en diciembre pasado. El testigo protegido repitió una teoría extraña, que el fiscal haría bien en olvidar si procura una condena: “Austral tenía una particularidad que era que hacía (lavaba) negro el (dinero) blanco”. Es decir, según el colaborador, Báez y Néstor Kirchner lavaban dinero al revés, enviando a Suiza millones de dólares declarados para transformarlos en ilegales, con el fin de evadir impuestos.

Hay whatsapps y whatsapps

El fiscal logró impacto al poner sobre la mesa diálogos extraídos del celular de José López, el secretario de Obras Públicas de los 12 años de los Kirchner que una madrugada revoleó US$ 9 millones, saltó un muro de un convento, encontró el infierno de la deshonra internacional y finalmente fue rescatado por Comodoro Py y el Gobierno de Macri que lo transformaron en testigo protegido. Raro, pero no tanto. Al fin y al cabo, Iecsa, la empresa de obras públicas que pertenecía a los Macri, recibió contratos de las manos de López como pocas.

Los chats del exsecretario corrupto, que demostrarían que allegados a Cristina y Máximo Kirchner participaban de tratativas sobre la liquidación final de Austral Construcciones y sugieren contacto de ambos con Báez, antes de la asunción de Macri, causaron éxtasis en JxC y los medios de su sector. En cambio, los chats de Darío Nieto, el secretario del expresidente conservador, que demostrarían que apretaba por whatsapp para que bancos públicos de Ciudad y Nación dieran préstamos sin control a la agroexportadora Vicentín, principal aportante de campaña de JxC —lo que, en efecto, ocurrió—, no sólo pasaron inadvertidos para la gran prensa; Comodoro Py ya se ocupó de aspirar y enterrar la causa.

Si las garantías procesales contra Cristina, exfuncionarios y empresarios allegados no se cumplieron, ello debería determinar su inocencia en tribunales, pero no exime a la vicepresidenta de una respuesta al pueblo que representa

En febrero de 2021, Báez fue condenado a 12 años de prisión por haber orquestado el lavado de US$ 55 millones, mientras sus cuatro hijos y otros cómplices recibieron penas menores en la “ruta del dinero K”. Sebastián Casanello, aquel juez federal de instrucción que mandó a detener a Báez en el otoño de 2016, le dictó falta de mérito a Cristina. El magistrado se enfrentó a fuertes presiones: el Grupo Clarín, que lo llamaba “tortuga” porque no avanzaba sobre la expresidenta; la Cámara Federal, que lo obligó a citar a indagatoria a Cristina sin pruebas directas en su contra; y un sector del espionaje estatal, que le plantó dos falsos testigos —ya condenados— que aseguraron que el juez visitaba la residencia de Olivos.

¿Cómo hizo?

En diciembre de 2019, a días de asumir la vicepresidencia, Cristina habló en el juicio oral que estaría por llegar a su fin. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso se hundieron en sus asientos cuando los apuntó con el dedo y los acusó de que tenían “la condena escrita”. Es probable. Una vía de entrada a una sentencia en su contra podría ser que en el expediente de la “ruta”, Báez fue condenado por haber lavado dinero que provendría —según dos de los tres jueces, en coincidencia con Fariña— de sobreprecios en la obra pública en Santa Cruz y no sólo de la evasión impositiva.

Hay que poner mucha voluntad para dar crédito a los cantos de sirena sobre la honestidad y las instituciones republicanas que provienen de la derecha argentina, sus medios y Comodoro Py. Si las garantías procesales contra Cristina, exfuncionarios y empresarios allegados —varios de ellos, en efecto, corruptos— no se cumplieron, ello debería determinar su inocencia en tribunales, pero no exime a la vicepresidenta de una respuesta que debe, no a los jueces, sino al pueblo que representa.

¿Cómo hizo un empresario surgido de la nada, amigo y socio de Néstor Kirchner, para acumular y fugar durante más de una década decenas de millones de dólares obtenidos de contratos de obra pública que pagaron todos los argentinos? 

SL

En una resolución sobre la causa conocida como la Ruta del dinero K, el juez de la Cámara Federal Mariano Llorens pidió que se consideren otros expedientes que investigan casos de presunta corrupción en los que está involucrada la vicepresidenta Cristina Kirchner. Para Llorens, todas las causas deben ser investigadas bajo lo que considera “un único designio criminal”. Según el temperamento del camarista, deberían investigarse de manera “conglobada” las causas por el direccionamiento de la Obra Pública en Santa Cruz –conocida como Vialidad, actualmente en juicio- , Hotesur y Los Sauces –que investiga lavado de dinero- y la causa por sobornos conocida como los cuadernos de las coimas.

El pedido de Llorens se conoció en  un fallo por medio del cual la Cámara federal rechazó una apelación presentada por los abogados de vicepresidenta, recurso que fue más tarde inesperadamente retirado como parte de una estrategia de la defensa. La apelación, presentada por el abogado Carlos Berladi, buscaba originalmente revertir el rechazo del juez federal Sebastián Casanello al sobreseimiento de la ex presidenta en la causa.

La vicepresidenta había solicitado a finales de junio su sobreseimiento en la causa. Pero el juez Casanello rechazó su pedido al considerar que aún había medidas en curso y que la investigación no estaba agotada. La ex presidenta está imputada en la causa por presunto lavado de dinero: en la causa principal, Báez fue condenado junto con sus hijos por ese delito en febrero del 2021 por el Tribunal Oral Federal 4; el tribunal probó que Báez lavó 55 millones de dólares que provenían de la obra pública.

Tras el rechazo del juez Casanello, loa abogados de la vicepresidenta apelaron a la Cámara, pero desistieron de hacerlo ante lo que anticipaban como un fallo adverso. El fallo de este martes, que lleva la firma también la firma del camarista Eduardo Farah, dio finalmente por desistido el recurso de apelación.

En un apartado de la resolución de la Cámara, el juez Llorens sostiene que “corresponde –de manera urgente– que el juez reasuma la instrucción –en este aletargado proceso– para resolver la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner en lo inmediato”. Y dice que se deberá analizar “la prueba contenida en la presente, la sugerida por el Ministerio Público Fiscal, como así también toda aquella agregada en los expedientes vinculados de manera conglobada recordando que se trata de distintos tramos de conducta asociados a un único designio criminal, como ya fuera expresado reiteradamente en los precedentes citados”.

El fiscal de la causa, Guillermo Marijuan, cree que hay relación entre lavado de dinero por el que fue condenado Báez y la vicepresidenta.

CC