Después del fracaso de las intentonas golpistas de la élite de derecha de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo pudo jurar el 15 de enero en Ciudad de Guatemala como el primer presidente de izquierda del país centroamericano en los tres últimos cuartos de siglo. Analistas políticos y líderes empresariales e indígenas destacan que su gobierno es, por lo menos, “decente”. Algo no menor en Guatemala que ocupa el puesto 154 entre 180 países en el ranking de corrupción de la ONG Transparencia Internacional. Y la aprobación del presidente se mantiene en un 78 por ciento

En el Parque Concordia de la Ciudad de Guatemala, el mismo lugar donde  un año atrás pronunció su compromiso con el pueblo guatemalteco, el presidente Bernardo Arévalo, líder del movimiento progresista Semilla, transcurrido los primeros 100 días de su asunción al poder, el 15 de enero luego de triunfar por 20 puntos de superioridad en la segunda vuelta electoral ante la empresaria derechista Sandra Torres,  ex esposa y viuda del ex presidente Álvaro Colom, por Unión por la Esperanza (UNE), pronunció  la primera prospectiva política y social de su gestión.

El país más indígena y la economía más grande de Centroamérica

El triunfo electoral del  académico y ex diplomático Arévalo, el primer presidente de izquierda elegido después de 75 años, hijo del afamado presidente Juan José Arévalo (1944-1951),  significó la derrota de una alianza consolidada en la gestión anterior presidida por Alejandro Giammattei, empresario derechista más repudiado como ningún otro. El apoyo que le otorgó la ciudadanía fue la expresión de  un decidido rechazo a la política tradicional que ha llevado a las profundas desigualdades que padece el país centroamericano para las cuales la migración a EEUU ha sido una válvula de escape crítica.

Con 17 millones de habitantes, Guatemala cuenta con la economía más grande de América Central y registra algunos de los peores indicadores de pobreza. El sistema de Justicia e instituciones estatales ejercen violencia sobre los liderazgos indígenas y de mujeres y criminalizan a militantes de DDHH y medioambientalistas.

Con una población de 17 millones de habitantes, Guatemala cuenta con la economía más grande de América Central y registra algunos de los peores indicadores de pobreza. El sistema de Justicia e instituciones estatales ejercen violencia sobre liderazgos indígenas y de mujeres y criminalizan a los defensores de los DDHH y del medio ambiente. Los partidos políticos respaldados por las élites ricas y el crimen organizado cooptaron las instituciones estatales y debilitaron el sistema de justicia a medida que los grupos de extrema derecha se volvieron más poderosos en un sistema de alianzas que se reconoce como el “Pacto de Corruptos”. 

En su discurso de apertura del año legislativo, Arévalo reconoció que “llegamos al Gobierno sabiendo que los retos eran muchos. Y uno de ellos, tal vez el más importante, el combate a la corrupción”,  afirmó que “con la cautela necesaria y con la certeza de que vamos en dirección a tierra firme, lejos del pantano de la corrupción en donde nos habían mantenido sumidos. Esa minoría perversa engordó sus bolsillos. Ya no lo podrán hacer más”.

En este sentido destacó  una reducción del 13% de la criminalidad. “Hemos iniciado con la construcción de un país que avanza con los pueblos, con seguridad y sin miedo” enfatizó el primer mandatario. Enumeró como logros el fin de 39 estructuras del crimen organizado de las cuales 22 dedicadas a extorsiones, y 34 denuncias por corrupción por millones de dólares en la administración pública que incluyem las irregularidades en la compra de vacunas contra el covid-19 a una empresa rusa. Anunció la reducción de su salario en un 25 por ciento, marcando una diferencia con anteriores mandatarios. En Guatemala el salario presidencial era uno de los mayores del continente. Positivamente, destacó los avances en Salud y Educación como así también la revisión de los planes sociales.

Si su mensaje de campaña se había centrado en la urgencia de combatir la corrupción endémica de Guatemala, con la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, un fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y el control de las cárceles y, también, la generación de empleo mediante la inversión de obra pública, en el tiempo transcurrido de su mandato ha enfrentado una resistencia feroz a sus esfuerzos. “Hay instituciones que todavía están cooptadas por estas élites políticas criminales que intentaron anular las elecciones, y definitivamente estamos en un esfuerzo por recuperar el control”, dijo Arévalo en una entrevista televisada que le realizó Pedro Pablo Marroquín, director del diario La Hora, ,el 15 de abril.

¿Canción de otoño en primavera?

 Muchos de sus más convencidos partidarios miran con recelo la gestión oficial en tanto consideran la morosidad en la toma de medidas y se preocupan de que la oportunidad  para un cambio significativo deje trunca una esperada “primavera guatemalteca”.  Si bien es cierto que los primeros 100 días de gobierno son el 6% de un mandato de cuatro años y que en tan corto plazo, no es mucho lo que puede lograrse en términos de concretar objetivos estratégicos de política ni lo que puede decirse sobre el futuro desempeño del gobierno; sin embargo, esos primeros días tienen un significado simbólico y son interpretados muchas veces como un barómetro del poder de un presidente entrante.

El presidente de los 48 cantones de Totonicapán, un departamento en las tierras altas del noroeste donde se encuentra la confederación indígena integrada por comunidades Ki’che’,  la más influyente de Guatemala, Luis Haroldo Pacheco transmite su desengaño: “Es triste ver cómo parte de la nueva administración está codificando a aquellos que intentaron anular las elecciones” y recuerda “Nuestra demanda... fue que renunciaran o sean  expulsados”. Una expectativa fundamentada al menos -y no es poca cosa- en las palabras del entonces candidato electo  “una de las primeras acciones, si no la primera, será exigirle la renuncia a la señora fiscal general”.

Resulta significativo que  la principal figura antagonista de Arévalo, la Fiscal General Consuelo Porras, sancionada por EEUU por participar en hechos significativos de corrupción, continúa en el cargo. Mientras tanto, Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera y otros miembros de Semilla permanecen bajo investigación y están amenazados con la posibilidad de enjuiciamiento, junto con los jueces de los tribunales electorales que se negaron a descertificar la victoria del actual presidente.

Pacheco participó en el liderazgo de  la protesta de 105 días, la más larga en la historia reciente de Guatemala. Los manifestantes bloquearon el tráfico en 142 puntos en todo el país para garantizar el juramento presidencial de Arévalo nuevamente amenazado por el cuarto allanamiento de los  agentes de la Fiscalía a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el decomiso de  los documentos originales con los resultados de las elecciones del pasado 25 de junio. Numerosas expresiones de rechazo, incluidas las de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), EEUU y otras organizaciones internacionales,  señalaron que la acción violaba la ley electoral de Guatemala, que establece que toda la documentación de los comicios solo puede ser resguardada por el TSE.

El enfrentamiento entre la Fiscalía y el TSE no era novedoso, por el contrario su punto de partida data del 12 de julio pasado  cuando el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI, Rafael Curruchiche trató de cancelar la personalidad jurídica de Semilla, ante el triunfo de Arévalo, por supuestas anomalías en su inscripción, una petición avalada por el juez séptimo penal, Fredy Orellana. La decisión del magistrado puso en jaque el balotaje; provocó una presentación legal de Arévalo y una ola de indignación en el país,  donde se sintió la gravitación de repudio  de las comunidades indígenas,  y en el extranjero. La Corte Superior dejó sin efecto el fallo.

“Tenía demasiadas esperanzas”, dijo Erwin Rivera, líder comunitario en El Incienso, uno de los vecindarios más difíciles de la ciudad de Guatemala, donde las casas estrechas con techos de hojalata están acurrucadas en un barranco profundo, quien  desempeñó un papel principal en las protestas de 2023. “No tienen el coraje de imponerse o no saben cómo hacerlo”, concluye Rivera.

Los viejos dueños del poder continúan en sus poltronas derechistas

Toda sensación de mayor libertad se socava periódicamente. La fiscal Miriam Reguerero, conocida por sus fuertes investigaciones sobre delitos a la propiedad, fue arrestada el 11 de abril, por presunto abuso de autoridad aparentemente el más reciente funcionarie en ser perseguido por asumir las investigaciones contra la corrupción. Su arresto se produjo solo dos semanas después de ser atacada en un intento de asesinato en el que su madre y su guardaespaldas fueron asesinados.

En la medida que Porras continúa en su cargo, la Corte de Constitucional (CC) y los miembros obstruccionistas del Congreso han obstruido las medidas de Arévalo y han fallado que los diputados del oficialista Semilla deberán continuar como independientes en el Congreso y no podrán establecerse como bancada. Y el 14 de abril, el juez de la CC Néster Vásquez, sancionado por los EEUU por presuntos vínculos con la corrupción y con la entrada prohibida a la UE por “socavar” la democracia guatemalteca, se convirtió en el presidente de la CC. Vásquez estuvo a punto de ser detenido en junio de 2021, cuando ya había concluido su mandato como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio Público lo acusaba de varios delitos relacionados con una trama ilegal de influencias para nombrar magistrados de las altas cortes del país, incluido él. Si zafó de la captura fue porque una aliada poderosa, la fiscal general  Porras, lo protegió y le dio tiempo para que el Congreso del país lo juramentara como miembro del otro alto tribunal del país, la CC y, obtuviera así de nuevo el blindaje que le da la inmunidad del cargo.

La situación preocupa a los observadores alertados de que las redes de corrupción superarán a Arévalo durante la próxima prueba importante del sistema de justicia: nuevas nominaciones a la Corte Suprema de Justicia y Tribunales de Altos Apelaciones en octubre.

La administración ha tratado de detener  a esta rancia  oposición a través de la Comisión Nacional Anticorrupción, ahora encabezada Santiago Palomo. Designado por Arévalo, Palomo es un funcionario de carrera en la Corte y graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard con sólidos antecedentes. Palomo ha prometido “fortalecer la integridad y la transparencia” en los contratos gubernamentales, abordar los desafíos planteados por el lavado de dinero e identificar a los mayores beneficiarios de las redes organizadas de crimen y corrupción. Estas medidas de llevarse a cabo podrían mejorar drásticamente la eficiencia del gasto público y las perspectivas para la inversión extranjera directa. Pero sin los activos del Ministerio Público a su disposición, no queda claro cuánto progreso puede haber.

Guatemala sale del aislamiento internacional

Los viajes de Arévalo que quebraron el aislamiento internacional del país, principalmente durante el gobierno de Giammattei, ha representado el principal logro de Arévalo. En febrero, visitó Alemania, Francia, Bélgica, Suiza y España, en un esfuerzo por reabrir la colaboración en nuevas inversiones, mientras que un mes después, realizó su primera visita oficial a EEUU, revisando temas como la migración y la transparencia. A su regreso, destacó los logros de esa primera gira: nuevas promesas de inversión y ayuda extranjera, y nuevas propuestas sobre migración y seguridad. Aun así, queda por ver si estas promesas y propuestas tienen algún fruto tangible. Hay señales que apuntan en la dirección correcta, que incluyen visitas alentadoras de inversores potenciales, que van desde empresarios españoles hasta representantes del conglomerado mexicano Grupo Salinas. Sin embargo, el resultado arroja luces y sombras. En las segundas, se explican por el hecho de que se tuvo que alinear por completo la política internacional con los intereses occidentales, lo que descarta por completo cualquier acercamiento con países como China.

Logros menores, objetivos mucho mayores

Los logros obtenidos en los primeros 100 días de Arévalo parecen a primera vista de poca gravitación para las expectativas de un electorado que puso sus esperanzas en un político y diplomático quen sin figurar como candidato favorito en las encuestas alcanzó un inesperado triunfo. Con todo, el analista y profesor Marielos Chang observa que “es crucial recordar que su elección frenó una regresión autoritaria rápida que parecía imparable antes de las elecciones del año pasado; pero Arévalo no ha demostrado que entienda la urgencia del momento” y vaticina que “si Semilla no hace un buen trabajo, después de cuatro años [Arévalo] no entregará el poder a solo otro candidato, lo entregará a las mafias”.

El líder de Totonicapán, Pacheco no ha perdido la esperanza. “Estoy seguro de que pueden volver a la pista escuchando a las autoridades indígenas, valorando nuevas voces y purgando a aquellos que deben ser purgados” asegura. Y Rivera desde El Incienso sostiene que  los problemas que afectan a los vecindarios urbanos los de las regiones rurales empobrecidas del país son políticos en la raíz.

Hasta ahora, Arévalo sigue siendo abrumadoramente popular. La última encuesta de CID Gallup muestra un índice de aprobación del 78%, el tercero más alto de América Latina. El Banco Mundial espera que la economía de Guatemala continúe superando el promedio regional, y su crecimiento sea 3% este año. La atmósfera de la Ciudad de Guatemala, capital del país, ha mejorado a medida que ha disminuido una ola de enjuiciamientos de periodistas anticorrupción, jueces y fiscales.

AGB

El domingo 5 de mayo, un padrón de 3 millones de votantes estaba convocado en Panamá para concurrir a las urnas y elegir el nuevo Ejecutivo, los 71 escaños del Poder Legislativo unicameral de la Asamblea Nacional, la 20 bancas del Parlamento Centroamericano, 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos cargos con sus suplentes, para el período 2024-2029.

“¡Misión cumplida, carajo (...), misión cumplida Ricardo!”  proclamó este domingo el ganador en las elecciones presidenciales, el abogado, diplomático y político panameño José Raúl Mulino, por el partido de derecha Realizando Metas, en el festejo con sus seguidores de su triunfo en los comicios.

Bajo la sombra del Caudillo

Con toda intención, el reciente presidente electo nombraba al ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), el creador en 2021 de Realizando Metas que otorgó todo su apoyo y caudal político durante la campaña a Mulino.

El ex mandatario se encuentra refugiado en la embajada de Nicaragua debido a la condena a diez años de cárcel por blanqueo de capitales que lo inhabilitó de participar en la contienda electoral. Antes de la descalificación, el expresidente era el favorito de las encuestas.  Su administración es recordada en gran medida por el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, que resuena con los votantes que enfrentan altas tasas de inflación y desempleo. La proscripción no fue obstáculo para que Martinelli desde la embajada interviniera activamente en la campaña electoral, razón por la cual el presidente Laurentino Cortizo, quien rechazó el pedido del refugiado de un salvoconducto para salir del país,  reclamó a Nicaragua por intromisión en sus “asuntos internos”.

Cántaros a la fuente; el 28 de abril, Martinelli estuvo presente “virtualmente” en el cierre de campaña de Mulino y no se privó de pronunciar un discurso en línea en su apoyo. El domingo 5 de mayo,  Mulino visitó a Martinelli en la embajada nicaragüense quien difundió por la red X su agradecimiento por la visita.

“Un abrazo Ricardo (Martinelli) hasta allá donde estás. Como dije se acabó la persecución política en este país, el país está harto de las peleas politiqueras que no nos han conducido a nada bueno, no me considero enemigo de nadie, y espero que nadie me considere su enemigo”, declaró Mulino apenas se conocieron los resultados que consagraban su triunfo el 34% del total de los votos ante otros siete contrincantes.

Mulino resultó ganador ante el expresidente Martín Torrijos (2004-2009), quien aspiraba a la reelección por el centroderechista Partido Popular (PP); Rómulo Roux, por la alianza de los centroderechistas Cambio Democrático (CD) y Partido Panameñista (PPA); Ricardo Lombana, por el variopinto partido Movimiento Otro Camino (MOCA); José Gabriel Carrizo, actual vicepresidente del país del Partido Revolucionario Democrático(PRD, centroizquierda); y los candidatos de libre postulación Melitón Arrocha, Maribel Gordón y Zulay Rodríguez.

Presidir sobre un país y sobre un canal bioceánicos

Mulino, abogado de 64 años,  fue el compañero de fórmula de Martinelli hasta que los tribunales lo descalificaron. Ejerció el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Guillermo Endara (1989-94) elegido democráticamente en la sucesión presidencial del dictador Manuel Noriega. Más tarde, Ministro de Justicia (2009-10) y luego Ministro de Seguridad Pública (2010-14) de la gestión de Martinelli. El ex presidente refugiado inicialmente había elegido a su esposa Marta Linares como su compañera de fórmula, pero debido a la protesta pública la reemplazó por Mulino, cuya candidatura observada ante la Justicia por no haber sido elegido en elecciones primarias, sólo fue autorizada por el Tribunal Supremo el viernes 3 de mayo, dos días antes de la votación.

La cadena local ‘tvn’ describió a José Raúl Mulino como un político “de pocas sonrisas, directo, pero leal”. Sin embargo, también hay quienes lo califican como un hombre “de mano dura”. Y entre las críticas en su contra se destaca la represión policial en su desempeño como ministro de Seguridad contra protestas antigubernamentales como la ocurrida en Boca de Toro en 2010, donde al menos diez personas fueron asesinadas, entre ellos la mitad fueron niños y hubo 716 heridos.

Mulino, quien estuvo en prisión preventiva por supuestos delitos de corrupción y fue liberado por errores procesales, se ufana de haber sido “preso político” como también de que “para la izquierda no voy a coger nunca”. Casado con Maricel Cohen, dueña de un negocio para mascotas, el católico Mulino asegura que le encanta pasar el tiempo, entre gallinas y conejos, en la finca que su esposa le regaló cuando cumplió 50 años. 

La herencia del socialdemócrata Laurentino ‘Nito’ Cortizo, presidente saliente

El candidato electo Mulino asumirá la presidencia el 1 de julio por un período de cinco años. El balance de la gestión saliente del social democráta Laurentino Cortizo del país centroamericano de 75 517 kilómetros cuadrados,   escenario geográfico del canal de Panamá que asegura la unión y el paso entre las costas de los océanos Atlántico y Pacífico; con una población de 4 279 000 habitantes, que atravesó la pandemia del Covid-19 y la invasión de Rusia a Ucrania que acrecentó la crisis migratoria y la inflación,  aparece signado  por la corrupción del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional, un sistema de fondos de pensiones con problemas y revueltas sociales.

La primera, la  de los estudiantes universitarios y movimientos feministas y LGB panameño contra las reformas constitucionales en 2019. En noviembre 2021,  los sectores populares organizados salieron a las calles por la defensa de un sistema de pensiones público, gratuito y de calidad, el desempleo superior al 20% sin incluir las miles de personas con contratos suspendidos, la reforma electoral, el rechazo a la política minera metálica y reclamo de los colectivos feministas por seguridad social. En agosto de 2022, educadores, obreros de la construcción, movimientos indígenas y campesinos, trabajadores, médicos y estudiantes cantaron, bailaron y bramaron por vivir bajo la amenaza de inundaciones , de cortes diarios de agua y transporte con deficiente frecuencia, con los salarios que se esfuman entre alimentos y medicinas, precarios sistemas de salud y donde gran parte de la población trabaja y cobra cuando puede, sin saber lo que devendrá el mañana.

De la seguidilla de protestas, las del 2023, las más grandes que ha tenido Panamá en tres décadas comenzaron el 23 de octubre, en vísperas de las fiestas patrias, con un par de cientos de personas en las vías. Cuando el gobierno firmó un contrato de concesión minera con la multinacional canadiense First Quantum por hasta 40 años, más de 70 000 personas salieron todos los días a las calles de la ciudad de Panamá , otras tantas miles en las capitales del interior y pueblos remotos, y hasta en el mar: pescadores aceleraron sus lanchas por el golfo de Los Mosquitos hasta el puerto Punta Rincón, que controla la mina, con el mismo reclamo: Panamá libre de minería. El máximo tribunal panameño declaró inconstitucional el contrato en noviembre pasado

Simultáneamente, las previsiones económicas son poco halagüeñas. Panamá durante gran parte del este siglo tuvo la economía con mejor desempeño en América Latina,  sin embargo su crecimiento caerá del 7,3% en 2023 al 2,5% en 2024, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de una deuda pública de 50.000 millones de dólares. Se suman el desempleo, con una tasa en torno al 10 por ciento; la tasa de 45% de los puestos de trabajo en el mercado informal y un tercio de la población rural vive en la pobreza.

Al mismo tiempo, el Canal de Panamá, un motor económico por lo que transita por allá alrededor del 6% del comercio marítimo mundial, ha tenido que limitar su tráfico debido a una sequía que ha desencadenado los lagos de agua dulce que abastecen las esclusas, poniendo en entredicho su supervivencia a largo plazo.

Promesas de campaña: cerrar rutas migratorias, reactivar la economía, combatir al narco

Mulino afirmó que, de llegar a la Presidencia, “cerraría” el paso fronterizo en el Tapón del Darién. En 2023, más de medio millón de migrantes en busca de una vida mejor en EEUU cruzaron la peligrosa selva del Darién, que une a Panamá y Colombia, para sucumbir en gran número en manos de bandas criminales. Aseguró también que pediría apoyo a los países de la región implicados en el flujo migratorio de personas que vienen de América del Sur, África y el Caribe.  “Panamá no es un país de tránsito” sostuvo Mulino; pero no dio más detalles sobre cómo podría cumplir con esa promesa de detener la migración.

Al igual que otros candidatos, Mulino ha dicho que se centraría en el empleo, el crimen y el acceso al agua potable. Buscará mejorar la infraestructura y el transporte público. Ha prometido expandir el sistema metropolitano de la ciudad de Panamá, un proyecto popular de la presidencia de Martinelli, a la cercana ciudad de La Chorrera, renovar el mantenimiento de las carreteras del país y un “ataque frontal” contra el narcotráfico.

Con todo, según una encuesta de Doxa, el 65% de los panameños sostienen que Martinelli será quien gobernará en la sombra. Como sea el próximo gobierno no cuenta con mayoría en la Asamblea Nacional y por lo tanto tendrá que negociar con las fuerzas políticas, sentarse en torno a la mesa y encontrar soluciones a los problemas graves y estructurales: la Caja de Seguro Social es uno, las consecuencias del Cambio Climático es otro, la situación fiscal es bastante crítica y la calidad de los servicios públicos. Después de una campaña con poca política y más bien con disputas de personas y liderazgos se abre una incógnita de cuál va a ser el tipo de política que dominará.

AGB

El presidente mexicano de izquierda Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pudo celebrar el 15 de diciembre la apertura del primer tramo del Tren Maya,  llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que conecta la localidad de Medias Aguas del Estado de Veracruz con el puerto de Salina Cruz del Estado de Oaxaca. “Celebro que se haya tenido la visión de reiniciarlo, de rehabilitar los puertos, de rehabilitar las vías, de tener listo el ferrocarril para carga y pasajeros”, declaró ese día durante su conferencia de prensa matutina, que se llevó a cabo en Oaxaca con motivo de la inauguración de la obra.

De acuerdo con el Vicealmirante Raymundo Pedro Morales Angeles, director del CIIT, este tramo comprende 227 km de vía, con una capacidad de carga de hasta 5 mil toneladas por viaje, con hasta 65 vagones y 270 contenedores, recorre 4 estados, 115 municipios y más de 9 mil localidades. Y  suma, la rehabilitación de las estaciones Salina Cruz, Ixtepec, Mogoñé y Medias Aguas, y la construcción  de las  Chívela y Donají

Un megaproyecto personal del presidente AMLO

El Tren Maya, también llamado Transístmico por su prevista  conexión con el Istmo de Tehuantepec y Guatemala,  fue anunciado por el presidente AMLO (AMLO) en diciembre de 2018  como un proyecto para “mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable”. El megaproyecto,  que supone  una inversión de al menos 30 millones de dólares, implica la construcción de un circuito ferroviario de 1.554 km, conectando ciudades, pueblos y sitios turísticos en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En su recorrido se encuentra la presencia de los pueblos maya,  yucateco, ch’ol, tseltal, tsotsil, y otros.

El tren, con 19 estaciones y 15 paraderos, servirá para el turismo, transporte de mercancías y desplazamiento local. De sus siete tramos, cuya inauguración se ha previsto en tres fases, la primera, de Campeche a Cancún, se cumplió el 15 de diciembre. Restan  la segunda, de Cancún a Palenque, el 31 de diciembre; y la tercera, para el recorrido completo, el 29 de febrero de 2024.

El Tren Maya, ¿un tren militar?  

Desde su inicio en el 2018, el  Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) había sido designado  como encargado del megaproyecto. Sin embargo,  a partir de febrero de 2022 como fue anunciado por el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se quedó a cargo  de las tareas operativas y administrativas del tren, sus estaciones y paraderos, mediante la empresa paraestatal Olmeca-Maya-Mexica (OMM), que  también opera en la Mexicana de Aviación, once aeropuertos nacionales y seis hoteles a lo largo de la ruta del Tren Maya..

El protagonismo concedido por AMLO a las FFAA no ha dejado de suscitar críticas observaciones sobre los proyectos que llevan a cabo. “Entre 2006 y 2021, casi 250 tareas gubernamentales, que antes eran gestionadas por autoridades civiles, fueron transferidas al Ejército después de que López Obrador llegara al poder hace cinco años” señala el Frankfurter Allgemeine Zeitung . El diario alemán de Frankfurt, capital de las finanzas europeas, precisa en estos términos su interpretación: “el presidente nacionalista de izquierdas aumentó el presupuesto militar y transfirió amplias tareas de seguridad, construcción y administración al ministerio de Defensa y a la Marina. El Ejército gestiona ahora instituciones y proyectos con una facturación anual de dos dígitos de miles de millones de dólares, incluida la administración aduanera del país, que recauda unos 60.000 millones de dólares al año. El Ejército también construirá y explotará dos acueductos, un nuevo aeropuerto y varios hoteles. También se le ha encargado la construcción de 2.700 sucursales del estatal Banco de Bienestar en todo el país”.

Al transferir a las FFAA  tareas y proyectos que deberían ser llevados a cabo por personas e instituciones civiles, AMLO logró cumplir con  éxito la puesta en marcha del Tren Maya,  de manera  rápida y poco burocrática. Sin embargo, la influencia de los militares en el Estado y la política se ha hecho tan fuerte que la evolución difícilmente pueda revertirse, a pesar que el primer mandatario en la celebración del 110 aniversario del Ejército Mexicano, lo haya negado:   “Pese a lo que sostienen nuestros adversarios (políticos), la mayor participación de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no implica ni autoritarismo ni militarismo, o militarización del país; por el contrario, ha quedado demostrado que la sociedad se siente más segura y protegida con el cumplimiento de esta misión por parte del Ejército”.  

El Tren Maya, emblema del sexenio en que gobernó MORENA

El tren se enlazará con otros actuales proyectos federales, como la nueva refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, que busca lograr el autoabastecimiento energético nacional. Otro, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que busca unir los océanos Atlántico y Pacífico por ferrocarril, ofreciendo diez parques industriales a lo largo del corredor con incentivos fiscales para atraer inversiones nacionales y extranjeras.

La importancia del Tren Maya compromete proyectos energéticos, industriales, de infraestructura turística y de comunicaciones  cuyo potencial puede  transformar radicalmente el territorio en sus dimensiones sociales, culturales, demográficas, económicas y ambientales.   Con todo, y a causa de todo, se abren los interrogantes sobre quiénes serían los principales beneficiados por estas transformaciones; y si es razonable la distribución social de riesgos y oportunidades.

La materialización del megaproyecto  ha generado polémica por los cambios en el trazo; el riesgo de colapso por las condiciones del suelo kárstico en el tramo 5; inconsistencias en el requisito fundamental de la Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA); la inadecuada consulta indígena; vulneración del patrimonio arqueológico; casos de  denuncias de fraude en las negociaciones con ejidatarios; dudas sobre su viabilidad económica; el progresivo aumento de los costos constante;  conflictos  sindicales y partidistas en contratos de construcción; la construcción del tramo 5 Norte, 6 y 7 y la operación a cargo de la SEDENA; el desacato de resoluciones judiciales y su blindaje según palabras del propio AMLO como asunto de “interés público y de seguridad nacional”.

Una región dibujada, y desdibujada

Los cuidados de protección a lo  ambiental, social y legal cedieron ante la coyuntura política partidista. La administración de AMLO parece haber previsto que la culminación de esta obra emblemática contribuye y muy fuertemente como  respaldo político al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y a la candidata presidencial del partido, Claudia Sheinbaum Pardo, en la elección del 2024.

El futuro, que había prometido  AMLO -“se inaugurará en diciembre llueva, truene o relampaguee” -,  se ha cumplido en parte;  como se sabe la infraestructura en su totalidad está aún incompleta, y con la nueva administración federal se iniciará un nuevo periodo político. Acaso  una  última oportunidad para la voluntad de actores civiles, que ofrecieron no poca resistencia. 

Detalla el diario de Munich Süddeutsche Zeitung “Hubo repetidos intentos de detener la construcción; se presentaron objeciones, se organizaron manifestaciones, artistas y celebridades se opusieron públicamente al proyecto. Hubo resistencia no sólo en México, sino también en Europa, ya que empresas como la francesa Alstom participaron y siguen participando en el Tren Maya, al igual que (la red ferroviaria alemana) Deutsche Bahn. Hubo incluso ataques a sus trenes por parte de activistas”.

Sin embargo, como se ha visto, la sola voluntad de la sociedad civil no basta. Y pareciera que  todos los esfuerzos fueron en vano. El futuro por venir dirá.

AGB

Lujosos edificios o amplias, modernas y ostentosas residencias se levantan al lado de barriadas precarias o asentamientos improvisados. Calles impolutas de zonas acomodadas conviven con otras sucias y avejentadas que son hogar de indigentes: así se evidencia cotidianamente en Centroamérica la reinante desigualdad social, una de las más acentuadas del mundo.

Con alrededor de 50 millones habitantes, Centroamérica es un reflejo paradigmático de una realidad que se extiende a toda Latinoamérica y el Caribe: la región tiene años entrampada en una alta desigualdad y un bajo crecimiento, fenómenos que se han agravado con la crisis económica y social derivada de la pandemia de covid-19.

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los avances registrados en los primeros lustros del 2000 no impidieron que América Latina y el Caribe continuara siendo la segunda región más desigual del planeta y con las economías menos productivas.

Esta situación se atribuye a la concentración de poder en manos de unos pocos que defienden sus propios intereses y bloquean reformas; la violencia criminal, política y social; y políticas de protección social fragmentadas y poco efectivas, como expuso en un escrito la representante residente adjunta del PNUD en Panamá, Aleida Ferreyra.

LOS INDICADORES DE LA DESIGUALDAD

La pobreza marca a muchos en Centroamérica. Los índices generales se disparan en Honduras (73 %) y Guatemala (60 %), mientras que alcanza el 26,2 % en Costa Rica, el 22,8 % en El Salvador y el 12,3 % en Panamá, según datos oficiales y de organismos multilaterales.

El 52 % de la población de Nicaragua terminó en situación de pobreza al finalizar 2020 y un 22 % en pobreza extrema debido al impacto de la pandemia del coronavirus, según el informe de la Cepal “América Latina ante la crisis de la covid-19: vulnerabilidad socioeconómica y respuesta social”.

La desigualdad se ve hasta en la pobreza. En Panamá, por ejemplo, el índice de pobreza multidimensional llegaba en 2017 al 95,4 % en la comarca indígena Ngäbe-Buglé, mientras que a nivel nacional era del 19,1 %.

También se analizó el índice de Gini o coeficiente de Gini, que mide la desigualdad que existe entre los habitantes de una región mediante la comparación de sus salarios. Cuanto mayor sea la desigualdad, más alto será el índice, con un máximo de 100 o 1, en función de la escala que se emplee

En ese sentido, casi todos los países centroamericanos registran un coeficiente de Gini entre 40 y poco más de 50, según datos correspondientes a los años 2019 al 2021. Solo El Salvador mostró un coeficiente menor (38,8 en el 2019). En tanto, según datos de 2014, el último disponible, el de Nicaragua era de 46,2.

Costa Rica se mantiene en la categoría de desarrollo humano muy alto, pero en los últimos años ha venido sufriendo un deterioro en sus indicadores de pobreza, desempleo y desigualdad.

LOS CONTRASTES

“Un buen reflejo de la desigualdad” se ve en las calles de Tegucigalpa, “donde hay una gran cantidad de gente mayor, de gente joven, en plena flor de vida, niñez, prácticamente en situaciones de indigencia, pidiendo. Y esa desigualdad y pobreza lanzan cantidades de jóvenes a la economía de la violencia”, dijo a Efe el director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Eugenio Sosa.

En Ciudad de Guatemala, los contrastes de la excesiva opulencia de un pequeño grupo y la pobreza de la mayoría es palpable: en el naciente sector de Cayalá el metro cuadrado de construcción puede superar 2.000 dólares, pero a unos 10 kilómetros no llega a 400 dólares en la zona 18 de la capital, donde los servicios de entrega a domicilio no ingresan por la inseguridad.

Esa situación se repite también en la capital de Panamá, donde un centro comercial de lujo y una torre que alberga un concesionario de Ferrari queda al lado de una barriada de pescadores artesanales.

Y todo empeora en los asentamientos ilegales que se consiguen en todos los países de la subregión.

En El Salvador, más de la mitad de sus habitantes viven hacinados (tres o más personas compartiendo la misma habitación) y cuatro de cada diez de esos hogares son viviendas con piso de tierra, techo de lámina u otro material de desecho y no cuentan con servicio interno de agua por cañería.

La desigualdad en Nicaragua es evidente en la capacidad de consumo. En los supermercados de las zonas residenciales se ven las carretillas llenas, pero los pobres, si acaso pueden van a la venta del barrio y fían dos huevos o cuatro onzas de queso.

EFE

IG