Guatemala: el Golpe que no fue, pero casi
Primero suspendieron al partido de Bernardo Arévalo, y después suspendieron la suspensión. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala revocó temporalmente la orden de suspender el partido Movimiento Semilla, del primer presidente de izquierda elegido por el pueblo guatemalteco en 75 años. La decisión fue tomada el 3 de septiembre después del recurso interpuesto por el Movimiento Semilla donde se alega que los partidos políticos no pueden ser suspendidos durante el calendario electoral, cuya duración se extiende hasta el 31 de octubre. No es seguro que después de esta fecha el partido no vuelva a ser suspendido.
La cancelación, que había sido dispuesta por el Registro de Ciudadanos, departamento encargado las inscripciones de los candidatos que depende del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se basó en una investigación de la Fiscalía por supuestas firmas falsas utilizadas para constituir el partido Movimiento Semilla cuatro años atrás. Por este hecho, el 29 de agosto el Congreso de Guatemala, liderado por el oficialismo, desconoció a Semilla y declaró a los siete diputados de su bancada como independientes.
El inusitado triunfo de Arévalo y el germinal Movimiento Semilla
Académico, ex diplomático, hijo del afamado presidente Juan José Arévalo (1945-1951), polític dispuesto a combatir la corrupción con reformas moderadas pero significativas, Bernardo Arévalo cosechó en el ballotage celebrado el 20 de agosto un 60,9% de apoyo popular frente a su contrincante la empresaria derechista Sandra Torres, ex esposa y viuda del ex presidente Álvaro Colom, por Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). La derrota no fue de Sandra Torres y su partido. Fue la derrota de una alianza que se consolidó bajo el actual presidente Alejandro Giammattei, empresario derechista más repudiado como ningún otro. Los partidos políticos respaldados por las élites ricas y el crimen organizado cooptaron las instituciones estatales y debilitaron el sistema de justicia a medida que los grupos de extrema derecha se volvieron más poderosos en un sistema de alianzas que se reconoce como el “Pacto de Corruptos”. Los indicadores más claros del retroceso democrático en curso fueron las docenas de operadores de justicia y periodistas que se habían visto obligados a abandonar Guatemala para Costa Rica, México y EEUU.
Con una población de 17 millones de habitantes, Guatemala que cuenta con la economía más grande de América Central se encuentra acosada por algunos de los peores indicadores de pobreza y un sistema de justicia e instituciones estatales que ejercen violencia y criminalización contra los defensores de los DDHH, especialmente aquellos que trabajan por los derechos de las mujeres e indígenas. El apoyo de la ciudadanía a Arévalo expresa un decidido rechazo a la política tradicional que ha llevado a las profundas desigualdades para las cuales la migración a EEUU ha sido una válvula de escape crítica.
Cronología del cerco judicial del viejo lawfare para matar a la joven izquierda en la Semilla
Después la primera vuelta de las elecciones presidenciales guatemaltecas celebrada el 20 de junio, la Fiscalía inició acusaciones contra el centro izquierdista Movimiento Semilla del candidato Bernardo Arévalo, la gran sorpresa de la jornada, al convertirse en el segundo candidato más votado con el 12,9 % de los votos. Las encuestas decían que Arévalo, quien era diputado, quedaría en séptimo u octavo lugar. Su estrategia electoral en las ciudades y en zonas rurales lo llevó a ser la gran sorpresa de las elecciones y a disputar una segunda ronda con candidata derechista Sandra Torres, quien en esa oportunidad obtuvo cerca del 15% de los votos.
El 10 de julio la Corte Suprema de Justicia oficializó los resultados de esa primera vuelta electoral, luego de que nueve partidos derecha, incluido el oficialista Vamos, pidieran revisión del conteo de votos. La orden de revisión había causado gran incertidumbre respecto a que se efectivizara la segunda vuelta y originó tanto el pedido de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), Human Rights Watch y otras entidades y países que se respetara la transparencia del proceso como las manifestaciones de comunidades indígenas, estudiantes y guatemaltecos de diferentes zonas del país frente al TSE de Ciudad de Guatemala para “defender la democracia, la soberanía y la voluntad del pueblo”.
El 12 de julio, a pedido de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el juez Fredy Orellana –ambos incluidos en la lista de ‘corruptos´ de EEUU- inhabilitó a Semilla y ordenó el allanamiento del TSE por supuestas 5.000 inscripciones irregulares de afiliación al partido. La decisión del magistrado puso en jaque el balotaje; provocó una presentación legal de Arévalo y una ola de indignación en el país y en el extranjero. La Corte Superior dejó sin efecto el fallo.
El malestar e incertidumbre de la ciudadanía aumentó cuando el 21 de julio la Fiscalía allanó, por segunda vez, el TSE y la sede de Semilla a pocas semanas antes de celebrarse el ballotage. La OEA rechazó ambos allanamientos, calificándolos como una violación de los derechos fundamentales.
El 28 de agosto el TSE oficializó los resultados de las votaciones en segunda vuelta, al mismo tiempo que el Registro de Ciudadanos suspendió a Semilla. La medida impide que los legisladores actuales de Semilla legislen o participen en comisión. En enero, el partido sería el tercero más numeroso en el Congreso con la incorporación de 23 de sus miembros elegidos para asumir el cargo.
El 3 de septiembre, el TSE revocó la suspensión de Semilla. La decisión fue oficializada mediante un memorial en el que sostienen la existencia del partido de Arévalo de León durante la vigencia del proceso electoral, e instan a los tres poderes del Estado al “respeto a la voluntad popular manifestada en las urnas”.
La amenaza incesante de un golpe de Estado inminente
El presidente electo Arévalo, denunció el 29 de agosto “un golpe de Estado en curso” con el que “un grupo de políticos y funcionarios” buscaría impedir que asuma la presidencia del país el próximo 14 de enero de 2024. “Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar el resultado [de las elecciones].
Mientras por un lado se han puesto en marcha las formalidades protocolares del proceso de transición, por el otro lado hay un plan para romper el orden constitucional“, declaró en conferencia de prensa. A la vez que señaló a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras; al fiscal Curruchiche y al juez Orellana de encabezar el supuesto plan. La medida declaró que ”se trata de una resolución ilegal por la persecución judicial encabezada por el Ministerio Público y el juez séptimo penal Fredy Orellana“ y, aseguró que confía en que la resolución que suspende a su partido ”es nula de todo derecho“ y que ”se caerá por sí sola“.
La soberanía popular en riesgo y el derecho público en peligro
La suspensión de Semilla carecía de viabilidad debido a que en Guatemala los partidos políticos se rigen bajo una ley de rango constitucional, a diferencia de una asociación o agrupación de derecho privado, que los sitúa en un marco jurídico especifico con la característica muy especial devenida de su carácter de interlocutores válidos de la sociedad con el gobierno establecido en el marco constitucional. Cualquier interpretación sesgada de la ley puede ser un claro ejemplo de Golpe de Estado.
La medida de privar a los partidos políticos de su personalidad jurídica por una supuesta comisión de algún delito equivale a cancelar la personalidad jurídica al Congreso de la República, acusado de tráfico de influencias y el crimen organizado. Ambos casos determina el abogado constitucionalista Orellana, “son absurdos que por absurdos sirven de ilustración para dar la dimensión de lo que se está cometiendo”.
Toda suspensión de los diputados de Semilla significa coartar la decisión que expresó en las urnas el pueblo de Guatemala que es un principio fundamental de derecho público. Si el Congreso se resistiera a dar a posesión a diputados y al presidente electo sería un golpe de Estado técnico porque la Constitución dispone que la función del Congreso es poner en posición y tomar en juramento ante la Constitución al presidente de la República, con la credencial que extendió el TSE, y no pueden cuestionar esa credencial porque la función del TSE es exclusiva en materia electoral.
La democracia en vigilia sin sueño ni descanso
La medida de suspensión de Semilla volvió a originar en EEUU y en la OEA fuertes críticas a las medidas de la Fiscalía de Guatemala. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, manifestó preocupación por “por los persistentes intentos de socavar los resultados electorales mediante acciones jurídicas”; y por su parte, Max Lucks, portavoz de política exterior para Latinoamérica del partido Los Verdes en el Parlamento alemán, calificó de escandalosos los “ataques sistemáticos contra el ganador de las elecciones y la cooptación de instituciones democráticas por parte del 'Pacto de los corruptos'”. A la vez que ha advertido, “si el partido se viera incapacitado para actuar o se suspendiera el trabajo de los diputados por engañosas razones políticas, ello equivaldría a una crisis en las relaciones entre Guatemala y Alemania”.
El presidente saliente, Alejandro Giammattei, pareció tratar de calmar las aguas en respuesta a la reunión de la OEA y las críticas internacionales. Invitó a “autoridades elegidas”, sin mencionar el nombre de Arévalo, a una reunión de “transición ordenada” programada para el lunes.
Jordán Rodas, el ex procurador de DDHH de Guatemala, uno de los precandidatos que quedaron excluidos de la contienda electoral, el caso más llamativo de veto junto a Thelma Cabrera del binomio presidencial por partido izquierdista Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) ve, a corto y mediano plazo, un futuro complejo por la “resistencia del statu quo, ante el inminente cambio de rumbo que significa que Bernardo Arévalo asuma el 14 de enero. Para ello, es indispensable garantizar su vida y que no sea criminalizado”, insiste y teme que el camino hasta que Arévalo asuma la presidencia sea accidentado. La última semana de agosto, la Comisión Interamericana de DDHH solicitó medidas de seguridad de precaución para Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera, quienes han recibido al menos dos amenazas de muerte específicas.
AGB
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