Nadie confía en los gobernadores: la oposición apuesta a la mala praxis de la Casa Rosada y prepara una sesión por el Garrahan

Nadie confía en los gobernadores. No confía el Gobierno, que viene de probar las mieles de su poder de daño en el Senado y que, ahora, se ve obligado a arremangarse y retomar el diálogo. Y no confía la oposición, que los necesita para avanzar en la agenda social anti-Milei, pero sospecha que, cuando la presión aumente, terminarán aportando en el Congreso a los “héroes” necesarios para blindar los futuros vetos del presidente. Los vetos a las leyes previsionales, que se esperan que lleguen en un par de días, pero también los vetos a las futuras leyes opositoras. Como la emergencia en el Hospital Garrahan, el póximo gran desafío de la oposición.

Tras el 6 a 0 del jueves en el Senado, en el que la oposición logró autoconvocarse, sancionar tres leyes, insistir en una que había sido vetada y darle media sanción a otras dos, uno de los principales armadores de la oposición en la Cámara de Diputados se contactó con los gobernadores. Quería saber si estaban dispuestos a ir a la guerra con Javier Milei y buscarían sancionar, en menos de una semana, las dos iniciativas que apuntan a fondear las cuentas públicas de las provincias. Quería saber si la oposición los podía contar como aliados.

Se comunicó con tres gobernadores y cada uno le ofreció una respuesta distinta. Uno, más combativo, le dijo de ir a fondo con las leyes de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de lo que el Ejecutivo recauda con el impuesto a los combustibles líquidos. Otro le admitió que el único objetivo de la media sanción era asustar al Gobierno para que los convocaran a negociar. El tercero blanqueó que todavía no había plan de batalla: los 24 gobernadores comparten un grupo de WhatsApp, pero todavía no habían definido la hoja de ruta.

“El Gobierno va a jugar a dividirlos. Y suele lograrlo”, masculla un diputado del pichettismo, mientras hace números para el nuevo gran desafío opositor: convocar una sesión para aprobar la emergencia en el Hospital Garrahan, que el jueves llevará a cabo un nuevo paro con movilización, y la actualización presupuestaria en las universidades.

En medio de las vacaciones de invierno, que ya comenzaron en varias provincias, la oposición está corta para el quórum, y es por eso que necesitan de los gobernadores: con la zanahoria de los proyectos de reparto de recursos a las provincias, los espacios no ofialistas buscan sumar volumen para aprobar las leyes sociales.

El problema es que los gobernadores no dan pistas sobre lo que quieren, y en la oposición sospechan que, en los próximos días, Guillermo Francos logrará ordenar lo que se descontroló en el último mes. Es decir, la relación con los aliados y la gobernabilidad.

Las sospechas de la oposición recaen, fundamentalmente, en los gobernadores del PRO y la UCR. Especialmente en tres mandatarios que, ya la semana pasada, durante la sesión en el Senado, dieron muestras de haber negociado con el Gobierno: Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Los senadores cornejistas, Mariana Juri y Rodolfo Suárez, por ejemplo, ayudaron a vaciar la sesión con La Libertad Avanza e, incluso, se terminaron ausentando en la votación de los dos proyectos de los gobernadores. Lo mismo hicieron el chaqueño Víctor Zimmermann y la entrerriana Stella Maris Olalla.

En este contexto, los radicales de Democracia Para Siempre, los pichettistas de Encuentro Federal y los lilitos de la Coalición Cívica sacan cuentas y dudan: el único gobernador no peronista que asegura que ayudará con el quórum es el cordobés Martín Llaryora, y nadie confía mucho en él tampoco. Cada bloque tiene el mandato de porotear internamente y, durante la semana, los jefes de bloque opositores se reunirán para definir un plan de acción: en el pichettismo y el radicalismo son más escépticos y proponen patear la sesión para la primera semana de agosto, cuando no haya peligro de no llegar al quórum porque algún diputado se fue de viaje.

En el bloque peronista de Unión por la Patria, en cambio, vienen pujando por acelerar los tiempos y sesionar la semana que viene, el 22 o 23 de julio. El titular de la bancada, Germán Martínez, está presionando para aprobar los proyectos del Garrahan y de universidades, así como los emplazamientos de la comisión de Presupuesto para tratar los proyectos de los gobernadores, pero también el rechazo de varios decretos delegados de Javier Milei. UxP ya lo había intentado la sesión pasada, pero el jefe de la bancada de radicales no oficialistas, Pablo Juliano, se negó a ampliar el temario para incluirlos, lo que terminó provocando la ira del peronismo y el final abrupto de la última sesión opositora en Diputados.

Hay varios motivos para apurar los tiempos. El peronismo quiere aprovechar el malestar de los aliados mientras dure, ya que sospecha que tiene fecha de vencimiento. No solo para los gobernadores, sino también para muchos diputados aliados que, en el último mes, decidieron demostrar su enojo con la estrategia electoral de Karina Milei votando a favor —o absteniéndose— en las sesiones opositoras. Es el caso de los radicales “con peluca”, como Mariano Campero o Martín Arjol, pero también el de varias diputadas del PRO, como María Eugenia Vidal o Silvia Lospennato.

Son los aliados heridos que el Gobierno necesita volver a seducir para rearmar el blindaje a los vetos del Presidente. Son los “87 héroes” que ya ayudaron a sostener el veto de Milei a un aumento por ley a las jubilaciones, en 2024, a quienes ahora el Presidente necesita traer de nuevo para volver a vetar este nuevo incremento a los haberes jubilatorios.

El Gobierno necesita tiempo para reconectar con los aliados, y es por este motivo que Martín Menem apuesta a mantener la Cámara de Diputados cerrada hasta agosto.

Milei tiene 10 días hábiles para vetar las leyes previsionales, y en el despacho del riojano especulan que lo pateará para el viernes: el objetivo es dilatar y dilatar hasta que las conversaciones con los aliados y los gobernadores lleguen a buen puerto. Y en La Libertad Avanza están convencidos de que lo harán. “Es imposible cumplir con la ley porque es imposible saber de dónde sacar la plata. La propuesta de [Nicolás] Massot apenas llega a cubrir una parte”, aseveran en la Presidencia de la Cámara de Diputados, y retrucan, confiados: “No se va a llegar a pagar ni un mes [del aumento jubilatorio]”.

En la oposición son concientes de la estrategia oficialista, y por eso se mueven inquietos. Nadie sabe cuánto durará el derrotismo oficialista porque, en el fondo, ninguno confía en que los gobernadores sostendrán su belicosidad. Su única fortaleza, hasta ahora, ha sido la mala praxis política del Gobierno. Y su única esperanza es que continúen por el mal camino.

MC/JJD