Milei busca reordenar su gobierno tras la derrota en el Senado y la tensión con las provincias
El gobierno de Javier Milei abre una semana bisagra. Intenta dejar atrás los fantasmas de la anterior, signada por la mayor derrota legislativa desde su asunción y por una interna oficialista que empieza a mostrar fisuras a cielo abierto. El jueves pasado, en una sesión que el oficialismo calificó de “ilegítima”, el Senado sancionó tres leyes con impacto fiscal —entre ellas, el aumento a los jubilados—, dio media sanción a otras dos —como la que amplía las transferencias automáticas a las provincias— y rechazó en primera instancia uno de los vetos presidenciales. La imagen fue la de un oficialismo en minoría, sin capacidad de bloqueo y con aliados imprevisibles.
La reacción de Milei fue instantánea y pública: denunció un “golpe institucional” impulsado por la “casta” y anunció que vetará todas las normas aprobadas. Pero puertas adentro, la sesión de la Cámara alta dejó heridas. Las diferencias que ya asomaban en el gabinete quedaron expuestas en la forma de procesar la derrota y en la estrategia para lo que viene.
La falta de coordinación política del jueves pasado fue inédita. Según fuentes oficiales, lo que desató el desconcierto fue la diferencia de criterio de las últimas semanas entre la mesa política que conducen Karina Milei y los Menem —más inclinada a blindar la línea dura de La Libertad Avanza— y la postura del asesor presidencial Santiago Caputo, que venía advirtiendo sobre los costos de una estrategia sin válvulas de escape. Hoy, Caputo está corrido del armado y su voz perdió peso en las decisiones tácticas. El vacío de conducción política se hizo evidente: no hubo una cabeza clara para ordenar el operativo, y cada sector reaccionó por su cuenta.
El caso más visible de la dispersión interna fue el de Federico Sturzenegger. Este lunes, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado pidió no vetar la modificación del régimen de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, impulsado por los gobernadores, con el argumento de que podría facilitar una reforma estructural del sistema de reparto. Lo hizo en una entrevista televisiva y sin coordinación con la mesa política. En el entorno de la secretaria general de la Presidencia leyeron el gesto como un desmarque en clave personalista. “Está jugando su propio juego”, deslizó una fuente libertaria.
El Gobierno decidió retrasar la publicación de los próximos vetos para priorizar la negociación política. Según pudo saber elDiarioAR, se baraja una reunión entre un enviado de la Casa Rosada —probablemente Guillermo Francos o alguien de su equipo— y un grupo reducido de gobernadores en el marco de la Exposición Rural, con el objetivo de descomprimir tensiones y reencauzar el diálogo tras el temblor legislativo. En Balcarce 50 admiten que sin esos apoyos, el proyecto de Milei no tiene horizonte. Pero también reconocen que ofrecer concesiones podría irritar al núcleo duro, que ve en la pelea con “los feudos provinciales” una bandera ideológica irrenunciable.
En ese marco, Francos podría volver a aparecer en el rol de bombero, pero con cada vez menos capital político para intermediar. El jefe de Gabinete, que fue clave en el trabajo de acuerdos con varios líderes provinciales desde el comienzo de la gestión libertaria, ahora enfrenta un escenario mucho más volátil. La advertencia implícita de Milei de que no habrá más transferencias si no hacen “los deberes” empezó a erosionar los puentes tendidos. Los gobernadores quedaron atrapados entre la presión del Ejecutivo y las necesidades fiscales de sus provincias.
La tensión se profundizó aún más después de las elecciones legislativas del 8 de junio en Misiones, donde La Libertad Avanza logró un resultado inesperadamente competitivo. En una provincia gobernada por un oficialismo provincial considerado “amigable” con la gestión nacional, el avance libertario encendió alarmas. No solo por la posibilidad de que ese rendimiento se replique en otros distritos, sino porque significó una ruptura del pacto tácito que regía la relación con los gobernadores: mientras ellos alineaban a sus legisladores con los proyectos del Ejecutivo en el Congreso, el Gobierno se comprometía a no intervenir en las disputas locales ni disputarles poder en sus territorios.
Ese entendimiento quedó hecho trizas. Desde entonces, varios mandatarios empezaron a poner condiciones para acompañar futuras iniciativas legislativas, y la desconfianza se instaló incluso entre los aliados más estables. El mensaje que recogieron en las provincias fue claro: la Casa Rosada no solo no desembolsa los fondos comprometidos sino que tampoco respeta el acuerdo político de no disputarles espacio electoral. La combinación de asfixia financiera e intromisión electoral tensó al máximo la relación. Para muchos gobernadores, ya no hay incentivo para sostener la disciplina parlamentaria si el Gobierno los trata como rivales incluso cuando colaboran.
En el gabinete de Milei coexisten libertarios dogmáticos y funcionarios de mayor o menor afinidad con la “rosca” política. Por eso, el riesgo para La Libertad Avanza no está solo en los números que logre conseguir en el Congreso, sino en la mencionada fractura del frente interno. La amenaza del veto como símbolo de fortaleza puede consolidar al mileísmo más duro, pero deja en falso a quienes vienen intentando articular una estrategia de gobierno más pragmática.
La semana que comienza será clave. No solo por la sucesión de decretos que Milei decidirá cuándo firmar, sino por lo que pueda pasar en los márgenes: ¿logrará el Ejecutivo recomponer el vínculo con los gobernadores? ¿Le alcanzará para sumar los votos necesarios y así evitar un nuevo traspié en el Congreso, al momento de que los vetos sean debatidos en el recinto de la Cámara de Diputados? En la Casa Rosada, el desconcierto es tan grande como la épica. Pero ni la épica ni los tuits alcanzan para gobernar cuando los consensos escasean.
PL/JJD
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