Con una realidad que marca una pobreza instalada y en crecimiento y con sectores sociales que denuncian estar cada vez más marginados de las políticas sociales del Estado, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) encabeza una acción conjunta con otras organizaciones sociales para exponer el próximo 14 de noviembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “la grave situación que están viviendo los sectores más pobres de nuestro país a partir de la destrucción de las políticas alimentarias y sociales que está llevando adelante el gobierno nacional”, de acurerdo a la comunicación de las agrupaciones.

“En el marco del incumplimiento por parte del gobierno de Milei de la política social y alimentaria vigente, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO) presentó un pedido de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que fue concedido, y la misma fue convocada para el próximo 14 de noviembre durante las sesiones ordinarias de la Comisión en la ciudad de Washington, donde también está citado el gobierno argentino”, dice la comunicación distribuida por las organizaciones.

Ante la CIDH, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, expondrá “la grave situación que están viviendo los sectores más pobres de nuestro país a partir de la destrucción de las políticas alimentarias y sociales que está llevando adelante el gobierno nacional, lo que representa una vulneración a los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, jubilados y trabajadores informales, garantizados en los tratados internacionales a los que nuestro país suscribe con jerarquía constitucional”.

La prersencia de la UTEP ante la OEA se da como “una instancia más de reclamo luego de que el gobierno nacional decidiera, no solamente incumplir con las políticas sociales vigentes, sino además ignorar los fallos de ocho jueces federales tanto del fuero penal como del fuero contencioso administrativo que ordenaban al Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello garantizar el derecho a la alimentación de la población más vulnerable”.

Durante la audiencia del 14 de noviembre, los representantes de las organizaciones expondrán “detalladamente la situación de cada una de las políticas sociales y le pedirán a la CIDH que concrete una visita a la Argentina para corroborar lo expuesto y pronunciarse al respecto. Sería un importante precedente en la evaluación del impacto de políticas de austeridad y regresividad de los derechos de los trabajadores de la economía popular”, expresaron desde UTEP.

En su pedido, los representantes de los trabajadores de la economía popular hicieron hincapié en “la situación de las políticas alimentarias y el estado de las causas judiciales, el Potenciar Trabajo, el Monotributo Social y la Integración Socio Urbana”.

En ese sentido, explicaron: “Desde el mes de diciembre de 2023 a esta parte, el Estado Nacional ha tomado la decisión deliberada de emprender un camino dirigido a la paralización, desmantelamiento y estigmatización de dichas políticas, alejándose así no solo de los normas éticas y morales que hacen a la condición de ser humano sino también de principios legales fundamentales como los derechos sociales contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos en lo que respecta al derecho al trabajo, a la seguridad social, a la alimentación y a la vivienda (art. 34, 45 y 46), el compromiso de Progresividad reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) en términos de derechos económicos, sociales y culturales (Art. 26), y la realización del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador)”.

El comunicado expresa, también, que la Argentina “tiene una larga tradición de protección de los derechos sociales y laborales y mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más vulnerables a partir de políticas públicas concretas”.

De acuerdo a Gramajo, quien hace algunas semanas participó de un encuentro junto al Papa Francisco en Roma, el país sufre en estos momentos “un retroceso en todos esos derechos, lo que representa una violación a nuestras leyes y normativas pero fundamentalmente la vulneración de los derechos humanos de los más humildes que están sumergidos en la pobreza, la indigencia y el Estado no solo les soltó la mano sino que reprime violentamente cada reclamo. No es torpeza, es un plan de miseria planificada para matar de hambre al pueblo”, remarcó el dirigente social.

Asimismo, desde UTEP recordaron que, como antecedente, “la visita de la CIDH a nuestro país en 1979 permitió documentar las atrocidades de la dictadura y alzar la voz de las madres y las abuelas de plaza de mayo al escenario internacional. En las décadas de democracia, también se ha expedido en casos de responsabilidad del Estado en desapariciones forzadas o detenciones arbitrarias”, concluyen.

IG 

Una época –una crisis– se revela menos en los comentadísimos índices macroeconómicos que en las anónimas tragedias cotidianas. “Una persona que llega a la fundación con tres días sin comer se para en la puerta y ve que tiene que subir una escalera. Siente que no va a tener la fuerza para hacerlo porque está muerta de hambre. Esas son las cosas que nos impactan porque antes no pasaban”.

Malena Famá –41 años, estudiante de medicina, fundadora de Multipolar– da testimonio del desmoronamiento. Elige hacerlo sin modales, brusca, urgida por una causa: la gente se está muriendo.

“La definición institucional de Multipolar –insiste– es acompañar a personas en situación de extrema vulnerabilidad sociolaboral para que puedan aumentar sus posibilidades de conseguir trabajo favoreciendo su autonomía. Pero lo que a mí me sale de las tripas es contarte que hace poco se me acercó un señor de cincuenta años porque le dijeron que yo era doctora, cuando estoy en tercer año de la carrera nada más. Me contó que tenía un tumor en el hígado y me pidió que le dijese en cuánto se iba a morir. Le dije que la pregunta era otra, que teníamos que pensar en cómo abordar el tratamiento. Me contestó que antes que seguir viviendo en la calle prefería morirse. Había tomado la decisión de no tratar su enfermedad para morirse más rápido”, cuenta a elDiarioAR.

La administración mileista y su apología de la motosierra vuelve casi imposible que una persona en situación de calle pueda reinsertarse en la dinámica, no ya de los empleados formales, sino de aquellos que al menos tienen la posibilidad de comer o ducharse una vez al día. “Hay un contexto político-social que en los últimos cuatro meses provocó un crecimiento exponencial del deterioro de las personas que se acercan a la fundación. Han perdido lo poco que tenían y no pueden comprar ni un jabón para higienizarse; una persona que no puede lavarse los dientes está expuesta a un montón de enfermedades; y lo más grave, han cerrado muchos comedores porque no distribuyen alimentos. Antes la gente venía a buscar trabajo, ahora viene a pedir comida”.

El vaivén de los últimos días del Gobierno nacional respecto del futuro del Hospital de Salud Mental “Lic. Laura Bonaparte” desbloqueó nuevos niveles de angustia en Malena. La propuesta oficial de cierre, luego aligerada a “reestructuración”, hubiera significado el cese de la atención de urgencias y nuevas internaciones en una institución especializada en salud mental y adicciones única en el AMBA y a la que llegan, en su mayoría, personas en situación de vulnerabilidad social, es decir, los mismos que golpean las puertas de Multipolar.

“El tema más importante para nosotros es la salud mental porque no se consiguen turnos. En este momento, en la ciudad de Buenos Aires, si llamás para una admisión de salud mental te dan un turno para agosto de 2025. El Bonaparte es el único lugar que sabemos que si llevamos un joven en situación de calle descompensado o en pleno ataque lo van a atender profesionales comprometidos que van a demostrar el interés que no mostraron otros, porque para muchos la persona en situación de calle no vale nada”.

Malena destaca del Bonaparte que es uno de los pocos hospitales del país que hace un abordaje interdisciplinario como requiere la actual ley de salud mental: no son solo psicólogos y psiquiatras, también hay trabajadores sociales, centros culturales, proyectos artísticos y talleres de formación para el trabajo, entre otros.

“Les pido a las personas que no conocen del tema que no se dejen llevar por lo que escuchan y que se tomen el tiempo para informarse. En el Bonaparte no hay ñoquis; esos trabajadores existen y son de los mejores profesionales. Y algo importante: una persona que trabaja en una guardia atendiendo a un adicto en Navidad no lo hace por plata porque ni siquiera cobran un salario digno”.

“El Estado se corrió”

Se acuerda como si hubiera sido ayer: ella, con apenas 17, se dio cuenta de que algo en su padre había cambiado para mal. “Cuando llegó Edenor a privatizar Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, la exempresa estatal argentina encargada de la generación, transmisión y distribución de electricidad el Gran Buenos Aires y en parte de la provincia de Buenos Aires), le pidieron que se acoja al retiro voluntario y la indemnización le quedó en el corralito. Ahí empecé a intentar ayudarlo a conseguir trabajo, y después a otros hombres de su edad. Me convertí en la chica de los currículums. El trabajo de las personas se convirtió en una especie de obsesión porque mi papá no lucía como mi papá cuando perdió su trabajo. Y eso me afectó mucho a mí y a mi familia”.

No pasó tanto tiempo hasta que Malena decidió hacer algo con esa obsesión por sacar a las personas del pozo. Con el novio de entonces, armaron capacitaciones para los manteros que echaban de las calles. En paralelo, sumaba experiencia en la intermediación con personas que luchaban por abandonar el consumo de paco. Con esa experiencia a cuestas fundó hace 13 años Multipolar, la organización que ayuda a más de 300 personas en situación de calle por año. Nadie dijo que sería fácil.

“Si antes cinco de cada diez personas que recibíamos tenían problemas por consumo de sustancias, hoy son ocho. A eso hay que sumarle que todos los lugares de tratamiento se están cerrando porque los están desfinanciando. Multipolar siempre se planteó como articuladora con el Estado, pero ahora el Estado se corrió y el presupuesto mínimo está desapareciendo. Yo estoy haciendo malabares para sostener los honorarios profesionales del equipo, hay mucha angustia y está afectando a nuestra propia salud mental; sufrimos desgaste por empatía, burnout (lo que se conoce como ”síndrome del quemado“), estrés traumático. A mí me llega un mensaje de un muchacho con crisis de abstinencia que me dice 'llegué hasta acá, me quiero suicidar'. Es mi vocación, es lo que decidí, pero no tengo las herramientas para resolverlo, llega un momento en que no podemos ayudar a nadie”.

GR/JJD

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció la “inconstitucionalidad e ilegalidad” de la Decisión Administrativa 4/23, la cual fue promulgada por el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete para inhabilitar un aumento al Presupuesto 2023 aprobado por el Congreso Nacional.

“El pasado 9 de enero, mediante la Decisión Administrativa 4/23, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete dejaron sin efecto el aumento de 567.699 millones de pesos debatido y aprobado por el Congreso a través de la Ley de Presupuesto N° 27.701 en diciembre pasado. De no revertirse, la medida es cuestionable por ser inconstitucional e ilegal”, encabeza el documento.

“En octubre de 2022, al analizar el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo para el 2023, organizaciones de la sociedad civil advirtieron una serie de reducciones en partidas fundamentales para la garantía de los derechos humanos. Reconociendo esta situación, la Ley aprobada por el Congreso incorporó cambios sustanciales en algunas políticas. Así fue que en la Ley de Presupuesto se aprobó un aumento del gasto de $567.699 millones”, explica la asociación civil.

La ACIJ enumeró a dónde se destinarían dichos fondos: “La mitad se destinó a políticas que tienen particular impacto en el acceso a derechos de grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Entre ellas, se encuentran las políticas alimentarias y los comedores escolares, las asignaciones familiares, las becas para estudiantes, la integración socio urbana de barrios populares, el programa nacional de tierras, viviendas y urbanismo, las acciones de reparación para niñas y niños hijos de víctimas de femicidio (Ley Brisa), el acompañamiento al egreso de jóvenes sin cuidados parentales y el plan nacional de manejo del fuego.”

“Además de estos aumentos, el Congreso agregó un porcentaje de asignación mínima del PBI en materia educativa, del 1,33%, que tampoco fue respetado por el Ejecutivo en la distribución”, agregaron.

“Esta decisión implica violar el principio de legalidad que rige en materia presupuestaria. La Constitución previó en su artículo 75, inc. 8 que es el Congreso el que debe decidir sobre el gasto público. Lejos de ser un acto discrecional del Poder Ejecutivo, el presupuesto es una ley que el Ejecutivo debe implementar. En ese sentido, la decisión administrativa desconoce la voluntad del Congreso y el principio de división de poderes, y significa una afrenta al sistema republicano de gobierno”, apuntaron desde la organización.

“Por otra parte, la medida ignora el principio de progresividad que debe regir en materia de derechos económicos, sociales culturales y ambientales. El hecho de no aumentar el gasto destinado a los sectores que el Congreso había estimado prioritarios tendrá una repercusión directa sobre su ejercicio efectivo por parte de colectivos vulnerabilizados”, argumentaron.

“Además, resulta ilegal por desconocer obligaciones específicas que recaen sobre el Estado”, señalaron. Recordaron también que “las reducciones destinadas a garantizar los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes violan el principio de intangibilidad de los recursos que establece la Ley 26.061 respecto de las políticas de infancia”.

Por último, sostuvieron que “es urgente que el Poder Ejecutivo revierta esta decisión y asigne los aumentos dispuestos por el Congreso para garantizar derechos humanos. No hacerlo constituye una clara violación de los compromisos que ha asumido en el plano nacional e internacional”.

LC

Argentina es uno de los países de la región que más invierte en políticas sociales. Sin embargo, a contramano de los que sucedió en otras naciones de América Latina, no logró resultados en la disminución de la pobreza. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se puede mejorar?

En este episodio de “Esto no es un tweet: 7 diálogos para pensar la Argentina” se trata de pensar el impacto de las políticas sociales junto al sociólogo Ariel Wilkis (Escuela Idaes) y el politólogo Andrés Shiapani (Fundar) y con las preguntas de Delfina Torres Cabreros, periodista de elDiarioAR.

Las siete conversaciones que integran el ciclo surgen de la creencia de que hay debates en los que vale la pena detenerse. Es así como académicos y especialistas de Fundar y IDAES cruzan ideas bajo las preguntas de periodistas de elDiarioAR. “Esto no es un tweet: 7 diálogos para pensar la Argentina” ya se puede seguir por el canal de Youtube de elDiarioAR.

Fundar es una organización dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas con foco en el desarrollo de una Argentina sustentable e inclusiva. La Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (Escuela IDAES) fue creada hace más de 20 años como instituto de posgrado y, a lo largo de su historia, se transformó en un espacio de formación en grado, posgrado e investigación de excelencia de la Universidad de San Martín. elDiarioAR como medio de comunicación, además de informar, es una ámbito donde se fomentan el debate de ideas. En esta primera alianza formal entre las tres instituciones la urgencia es abordar temas de la agenda pública con profundidad y fuera de las formalidades.

En el diálogo sobre políticas sociales participa Ariel Wilkis, decano de la Escuela IDAES, quien es sociólogo especialista en antropología del dinero y las finanzas, y Andrés Shiapani, quien es doctor en Ciencia Política, investigador asociado en Fundar, investigador en el Instituto Universitario CIAS e integrante del equipo que elaboró el documento de trabajo “Mapa de las políticas sociales en Argentina”.

GC