La Confederación General del Trabajo (CGT), que nuclea a los principales gremios del país, se movilizó este jueves frente a la Casa Rosada en rechazo al programa económico del presidente Javier Milei, en la antesala de una nueva conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. La central obrera llamó a “ponerle limites a este modelo que excluye”. La protesta tuvo la adhesión de movimientos sociales y políticos, con distintos referentes del peronismo en el lugar.

Desde las primeras horas de la jornada, columnas de trabajadores comenzaron a concentrarse en la Plaza de Mayo, donde se montó el escenario para el acto central. Allí tomaron la palabra los integrantes del triunvirato que conduce la central obrera: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello.

La convocatoria, bajo la consigna “el trabajo es con derechos o es esclavo”, se desarrolló sin incidentes y reunió a trabajadores de distintos sectores, provenientes tanto del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como del interior del país.

Hablaron Argüello, Jerónimo y Sola

En el acto sobre el escenario montado frente a la Casa Rosada, los oradores fueron los tres secretarios generales de la central obrera: Argüello (Camioneros), Jerónimo (Vidrio) y Sola (Seguros). Pero antes habló un destacado cura villero, el Padre Lorenzo “Toto” de Vedia, el párroco de la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé en la Villa 21-24 de Barracas. Se trata de un referente del Equipo de Sacerdotes para las villas quien no ahorró críticas contra el Gobierno y recordó a su referente, Jorge Bergoglio.

El siguiente orador fue Argüello, quien dio el discurso con el tono más duro contra el Ejecutivo: “Le decimos a este gobierno que no se soporta más que siga ajustando al pueblo, quitando derechos. Basta a este gobierno corrupto y explotador, lo tenemos que hacer en una unidad, es la única forma de terminar con este flagelo”, disparó el ladero de Hugo Moyano.

Luego fue el turno de Jerónimo, quien reivindicó el comportamiento de la central obrera ante las críticas de otros sectores : “A quienes nos critican, esta CGT siempre estuvo al frente de esta lucha, a los 15 dias de este gobierno hizo el primer paro general. No venimos a confrontar por confrontar, venimos a marcar un limite a este gobierno”, agregó.

Por último, Sola dio el último mensaje y dijo: “Nos oponemos a un gobierno que es de derecha , que tiene conciencia de derecha”. Además, cuestionó la baja de la pobreza que informó el INDEC: “Dónde están los pibes que dicen que ya no están en la pobreza”, se preguntó.

Entre los presentes, se destacaron miembros de las distintas vertientes del peronismo, desde integrantes de La Cámpora como la diputada nacional Paula Penacca, o Raquel Olmos, cercana a Juan Manuel Olmos. Hasta dirigentes de la izquierda combativa, como Alejandro Crespo del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA).

¿Se viene un paro?

Esta protesta, que la CGT calificó como “masiva e ”histórica“, puede ser la antesala de un nuevo paro general, el quinto en la era libertaria. Dependerá del consenso interno pero, tal como admiten fuentes sindicales, de un clima social que los líderes cegetistas ven en plena ebullición.

La central obrera leyó un documento con duras críticas a la gestión nacional, en el que advirtió sobre un “retroceso” en las condiciones de vida y cuestionó el rumbo económico. El texto planteó que las políticas oficiales profundizan la desigualdad, favorecen a sectores concentrados y debilitan el empleo, al tiempo que alerta sobre el deterioro del poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la crisis en áreas sensibles como la salud.

También cuestionó la orientación de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, actualmente bajo discusión judicial, al considerar que implica un recorte de derechos individuales y colectivos. En esa línea, la CGT ratificó que continuará las acciones legales para frenar su aplicación y sostuvo que las conquistas laborales “costaron organización y lucha”.

Entre otros puntos, el documento advirtió sobre la caída de la actividad económica en sectores como la industria, la construcción y el comercio, el freno a la obra pública y el crecimiento de la informalidad. Además, planteó que el modelo económico “divide al pueblo” y promueve la confrontación, en detrimento de la cohesión social.

En paralelo, la CGT mantiene abierta una disputa judicial contra la reforma laboral aprobada en febrero. Entre otros aspectos, la norma introduce restricciones al derecho a huelga, contempla sanciones a prácticas sindicales y habilita la posibilidad de retirar la personería jurídica a los gremios.

Según datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, desde el inicio de la gestión de Milei, en diciembre de 2023, cerraron más de 24.000 empresas. Solo en 2025 se perdieron 88.800 puestos de trabajo registrados en el sector privado y otros 18.600 en el ámbito público.

En ese contexto, también se registró un aumento del trabajo independiente, con 104.900 personas más bajo esa modalidad, mientras que la informalidad laboral alcanzó el 43 %.

Con información de las agencias NA y EFE

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la causa impulsada por la CGT contra el Estado por la constitucionalidad de la reforma laboral deberá continuar en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo. La decisión implica un nuevo revés para la central sindical, que había intentado modificar la competencia del expediente.

El fallo, firmado por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, integrantes de la Sala IV, se alineó con la postura del Gobierno nacional. La resolución intervino para dirimir un conflicto de competencia entre distintos juzgados que habían emitido criterios contrapuestos sobre dónde debía tramitar la causa y estableció que debe seguir en el fuero contencioso administrativo federal, en línea con la normativa vigente y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

La definición se produce en un contexto de creciente tensión judicial. En los últimos días, la CGT avanzó con la recusación de los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, integrantes de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo, quienes habían habilitado la vigencia de la reforma laboral al suspender una medida cautelar previa. La central sindical denunció un supuesto “intercambio de favores” con el Gobierno y planteó la nulidad de esa resolución, al tiempo que cuestionó la imparcialidad de los magistrados y el procedimiento adoptado.

El conflicto judicial se originó a partir de una cautelar dictada en primera instancia que había frenado la aplicación de la ley 27.802. Posteriormente, la Sala VIII otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado, lo que permitió que la norma recuperara vigencia. En paralelo, la CGT sostiene que la reforma introduce cambios regresivos en materia laboral, mientras que el Gobierno defiende la necesidad de modernizar el sistema.

En su resolución más reciente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo cuestionó el trámite seguido por el juzgado laboral y consideró que el caso involucra aspectos que exceden el derecho del trabajo, como la validez de una ley del Congreso y la organización de la competencia judicial. La discusión de fondo, no obstante, continuará su recorrido en distintas instancias y se prevé que termine siendo resuelta por la Corte Suprema.

Con información de la agencia NA

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes un escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el que recusa con expresión de causa a los dos integrantes de la Sala VIII que el 23 de abril habilitaron la reforma laboral, luego de que fuera suspendida por una medida cautelar de primera instancia. La central obrera plantea además la nulidad absoluta de esa resolución.

La medida de la CGT va contra los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González. El viernes pasado en el Boletín Oficial el Ministerio de Justicia publicó la propuesta formal de mantener a Pesino en su cargo más allá de los 75 años, edad a la que la Constitución Nacional establece que los magistrados deben jubilarse salvo que cuenten con el aval del Presidente y del Senado.

El conflicto se originó el 7 de abril, cuando el juez de primera instancia Raúl Ojeda hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la CGT y concedió el recurso de apelación del Estado con efecto devolutivo —es decir, sin suspender la cautelar mientras se resolvía la apelación. El 23 de abril, la Sala VIII modificó esa resolución y le otorgó efecto suspensivo al recurso, lo que permitió que la ley 27.802 de reforma laboral volviera a tener vigencia plena. Un día después el nombre de Pesino apareció en el BO.

Según la CGT, la reforma laboral provoca modificaciones regresivas en materia de indemnizaciones, restricciones al ejercicio del derecho de huelga, limitaciones a la representación colectiva, afectaciones a la negociación colectiva y cambios en la definición de servicios esenciales. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar las privatizaciones, corazón de la reforma de Javier Milei, había sido suspendido en el primer amparo que pidió la CGT.

“Devolución de favores”

El punto más sensible del escrito firmado por el abogado Pablo Arnaldo Topet, en representación de la CGT, apunta directamente a Pesino. La CGT lo recusa en los términos del artículo 17, inciso 8, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que contempla la recusación cuando un juez ha recibido “beneficios de importancia” de alguna de las partes. La central sostiene que la publicación en el Boletín Oficial —que formalizó el inicio del trámite para que el magistrado continúe en funciones— configura exactamente ese supuesto.

“El señor Pesino podía ser beneficiado por el Poder Ejecutivo y el Estado Nacional podría ser beneficiado por la actividad del recusado”, señala la presentación. El escrito agrega que la situación fue reflejada de manera inmediata por distintos medios: Perfil tituló “El Gobierno impulsa que uno de los jueces que falló a favor de la reforma laboral siga en su cargo después de los 75 años”; La Nación publicó “El Gobierno busca extender la magistratura del juez que falló a favor de la reforma laboral”; y Diario Popular habló directamente de un “premio”.

La CGT también señala que la aceleración del trámite de Pesino contrasta con la situación del juez federal Martín Irurzun, quien habría solicitado lo mismo pero cuyo pliego todavía no fue enviado al Congreso. Además, subraya que el impulso del Ejecutivo contradice el “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral”, firmado entre el Estado Nacional y el Gobierno porteño el 9 de febrero de 2026, que establecía no promover nuevas designaciones de magistrados laborales durante el período de transición.

Prejuzgamiento

El segundo planteo de recusación alcanza tanto a Pesino como a González, también por la causal del inciso 7 del mismo artículo: haber emitido opinión sobre el fondo del asunto antes de que la causa estuviera en condiciones de ser resuelta.

La CGT critica que los jueces hayan descartado —sin fundamentación suficiente— la excepción prevista en el artículo 2, inciso 2, de la ley 26.854 de medidas cautelares contra el Estado, que exime del efecto suspensivo cuando están en juego sectores socialmente vulnerables, la vida digna en los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos, o derechos de naturaleza alimentaria. En el escrito se afirma que la propia Sala VIII había sostenido el criterio contrario en causas anteriores, citando dos fallos de 2017 y 2018 en los que el mismo tribunal consideró que los derechos laborales tienen naturaleza alimentaria.

“La desazón que provoca que jueces con especial versación laboral consideren —aunque sea prima facie— que no son socialmente vulnerables quienes trabajan en relación de dependencia es desconocer la ley de medidas cautelares contra el Estado que dicen aplicar”, sostiene la presentación.

Nulidad por falta de competencia

Un tercer eje del planteo es la nulidad absoluta de la resolución del 23 de abril por falta de jurisdicción. La CGT argumenta que, por el principio de prevención, la causa debía ser resuelta por la Sala I y no por la Sala VIII. Según el escrito, la Sala I había intervenido en el expediente 10.000/2026 caratulado “Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina y otros c/ Estado Nacional” —que tramitaba por ante el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 63 y al que se acumularon por conexidad las demás causas que impugnan la ley 27.802, incluyendo la de la CGT—, lo que le otorgaba prevención sobre todas las incidencias recursivas ulteriores.

La CGT sostiene que la Sala VIII actuó “con premura”, sin dar traslado de la queja a su parte y antes de que se consintiera su intervención, lo que impidió a la central plantear la inhibitoria a tiempo. “Si la Sala VIII hubiera respetado los pasos procesales para consentir su actuación, esta parte hubiera tenido oportunidad de advertirle que carecía de competencia”, señala el escrito.

Por esta razón, la CGT solicita que la causa sea remitida a la Sala I para que resuelva tanto la nulidad como el fondo del recurso.

Caso federal y organismos internacionales

La presentación reitera el planteo del caso federal para habilitar el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e incluye la reserva de acudir a la OIT, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los trabajadores vuelven a quedar alcanzados por la reforma laboral completa mientras la Justicia estudia si sus artículos vulneran derechos laborales y sindicales. La decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo no resolvió el fondo del conflicto, pero cambió el efecto práctico del expediente: los artículos suspendidos por el juez Raúl Horacio Ojeda recuperan vigencia durante el trámite de la apelación del Estado nacional. Para quienes viven de su salario, el cambio no es una mera cuestión procesal. Afecta directamente a las reglas sobre contratación, indemnizaciones, jornada laboral y representación gremial, cuatro zonas donde se define cuánto vale el trabajo, cómo se organiza el tiempo y qué herramientas quedan disponibles frente a un despido o un conflicto colectivo.

La resolución fue dictada en el expediente “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa”, iniciado por la CGT contra la Ley 27.802. La Sala VIII, integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino, revisó la cautelar que había dictado Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63, y modificó el efecto del recurso presentado por el Estado. La consecuencia directa es que la cautelar deja de aplicarse mientras la Cámara analiza la apelación.

Con efecto devolutivo, la suspensión de los artículos cuestionados seguía vigente hasta que el tribunal revisara la decisión de primera instancia. Con efecto suspensivo, la apelación del Estado paraliza la cautelar y permite que la reforma vuelva a regir. El tribunal fundó su decisión en la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado, y sostuvo que, cuando una cautelar suspende total o parcialmente una ley, la apelación debe concederse con efecto suspensivo salvo supuestos excepcionales vinculados a derechos especialmente protegidos. Según la Cámara, esas excepciones no aparecían configuradas de manera inicial en este caso.

El cambio le da al Gobierno una victoria jurídica de corto plazo y desplaza el centro del conflicto. El debate ya no pasa por si la reforma puede aplicarse ahora, sino por cuánto tiempo regirá mientras los tribunales revisan su constitucionalidad. La CGT sostiene que una parte sustancial de la ley afecta derechos laborales y sindicales. En su planteo incluyó modificaciones al régimen de indemnizaciones, cambios en las condiciones de contratación, alteraciones en la jornada laboral y disposiciones vinculadas a la representación sindical. Esos puntos concentran el impacto material de la reforma: despidos, créditos laborales, duración del trabajo y poder de negociación dentro de los lugares de empleo.

Ojeda, el juez de primera instancia, había suspendido preventivamente los artículos cuestionados porque consideró acreditados la verosimilitud del derecho invocado y el riesgo de daño irreparable. También señaló que la aplicación inmediata de la reforma podía generar efectos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes. La Cámara no descartó esa discusión. La postergó. El fondo del expediente sigue abierto y deberá definir si esos artículos son compatibles con la Constitución, los tratados internacionales y los principios protectores del derecho del trabajo.

La decisión llega después de un derrotero judicial irregular para el Gobierno y para la CGT. Primero, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63 suspendió buena parte del núcleo de la reforma a partir de la acción colectiva de la central obrera. Después, el propio Ojeda repuso la vigencia del artículo 55, que regula la actualización de los créditos laborales en juicios sin sentencia definitiva. El magistrado entendió que mantener frenado ese mecanismo podía perjudicar a los trabajadores, porque un crédito laboral sin criterio claro de actualización puede perder valor durante un juicio. Ese punto muestra que la pelea judicial no se reduce a una pulseada institucional: define concretamente cuánto cobra una persona después de perder el empleo y litigar durante años.

También hubo fallos en otras jurisdicciones contra artículos específicos de la reforma. En Córdoba, un tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas, con el argumento de que ese mecanismo desnaturaliza el carácter alimentario del crédito laboral. En La Plata, el Tribunal del Trabajo Nº 3 declaró inconstitucional el artículo que modificó la actualización de créditos laborales en juicios en trámite, porque podía reducir el monto que reciben trabajadores después de años de litigio. La vigencia plena dispuesta ahora por la Cámara convive con un mapa de causas abiertas, planteos gremiales y sentencias que revisan caso por caso el impacto de la ley.

El Gobierno celebró la resolución como una validación política. Javier Milei compartió en redes un comunicado oficial y escribió: “No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!” (sic). La frase resume la lectura del oficialismo: la reforma laboral forma parte de su programa económico y de su diagnóstico sobre los costos laborales. Para el Ejecutivo, la ley apunta a reducir litigiosidad y promover la formalización del empleo. Para la CGT, implica una reducción de derechos y una alteración del sistema de protección laboral vigente.

La central obrera había presentado la cautelar como un primer paso dentro de una estrategia más amplia. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, sostuvo después del fallo de primera instancia que el reclamo de fondo era la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados. Según el dirigente, la suspensión inicial había reconocido que los planteos sindicales tenían fundamentos suficientes para ser analizados por la Justicia. También afirmó que el impacto excedía a la CGT porque alcanzaba a todos los trabajadores comprendidos por la legislación laboral.

La Cámara alteró ese escenario sin cerrar la discusión. El expediente continúa y el tribunal deberá pronunciarse sobre la cautelar y, luego, sobre los planteos de fondo. El Gobierno también recurrió a la Corte Suprema mediante un per saltum para intentar acelerar la revisión de la suspensión. Mientras esa pelea avanza, la ley vuelve a operar sobre relaciones laborales activas, despidos, reclamos judiciales y negociaciones colectivas.

El costo de esa espera no se reparte de manera abstracta. Recae sobre trabajadores que ya enfrentan salarios presionados por la inflación, consumo debilitado y gastos fijos en aumento. En ese cuadro, cada regla sobre indemnizaciones, jornada o representación sindical modifica la relación entre ingreso, tiempo de trabajo y capacidad de defensa. La reforma recuperó vigencia, pero su constitucionalidad sigue sin definición. La novedad para los trabajadores es que deberán atravesar esa incertidumbre con la ley aplicada sobre sus contratos, sus juicios y sus condiciones de empleo.

JJD

La Cámara del Trabajo revocó el fallo que suspendía 82 artículos de la reforma laboral, que se aprobó este año en el Congreso, y que había quedado en parte sin efecto por una cautelar dictada por el juez nacional Raúl Ojeda. 

La decisión de la Sala VIII del tribunal restableció la vigencia de los puntos clave que habían sido frenados anteriormente por un fallo de primera instancia. Con esta resolución, los artículos cuestionados de la Ley de Modernización Laboral (N° 27.802) vuelven a tener plena vigencia en todo el territorio nacional.

La Cámara dispuso que la apelación presentada por el Estado tenga “efecto suspensivo”, lo que significa que el freno previo queda “sin efecto” mientras continúe el trámite judicial.

La medida cautelar original, solicitada por la CGT, argumentaba que la reforma “vulneraba principios constitucionales” como la progresividad laboral y la protección del trabajador. 

NB con información de NA.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la disputa judicial por la reforma laboral al presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de que el máximo tribunal intervenga de manera directa y deje sin efecto la suspensión de artículos clave de la norma.

La estrategia oficial se canalizó a través de un “per saltum”, un mecanismo excepcional que permite saltear instancias judiciales intermedias y llevar el caso directamente a la Corte. Con esta herramienta, el Ejecutivo busca acelerar los tiempos en un conflicto que ya suma fallos contradictorios en distintos tribunales.

La presentación fue impulsada por la Procuración del Tesoro de la Nación, en representación de la Secretaría de Trabajo. El objetivo central es revertir la decisión judicial que frenó más de 80 artículos de la reforma laboral tras una demanda presentada por la CGT.

En ese sentido, el Gobierno solicitó que la Corte declare la validez de la reforma y suspenda los efectos de la medida cautelar dictada por un juzgado laboral, que había cuestionado la aplicación de la ley en todo el país. Para el Ejecutivo, ese fallo genera un escenario de incertidumbre jurídica que impacta en la implementación de políticas económicas.

Desde la Casa Rosada también plantearon objeciones sobre la competencia del tribunal que intervino en primera instancia. Según sostienen, un juzgado laboral no debería tener injerencia sobre una norma de alcance nacional, por lo que consideran necesario que el máximo tribunal unifique criterios.

El conflicto judicial se inscribe en una fuerte tensión entre el Gobierno y los sectores sindicales, que cuestionan la constitucionalidad de varios puntos de la reforma. La intervención de la CGT fue clave para que la Justicia avanzara con la suspensión parcial de la ley a fines de marzo.

En este contexto, el futuro de la reforma laboral quedó atado a la definición que adopte la Corte Suprema. El tribunal deberá evaluar tanto la validez del recurso presentado como el fondo de la cuestión, en un expediente que combina implicancias jurídicas, políticas y económicas.

El Gobierno busca no solo acelerar los plazos judiciales, sino también recuperar la vigencia de una de sus principales iniciativas en materia económica. La resolución que adopte la Corte será determinante para definir el rumbo de la reforma y su impacto en el mercado laboral.

Con información de medios y agencias

JIB

El juez laboral Raúl Horacio Ojeda repuso la vigencia del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral (27.802), uno de los puntos que había quedado suspendido tras la cautelar que frenó provisoriamente 82 artículos de la reforma impulsada por el Gobierno a partir de una presentación de la CGT. La decisión reactivó una norma que regula cómo deben actualizarse los créditos laborales en los juicios que todavía no tienen sentencia definitiva.

La resolución modificó parcialmente el alcance de la medida cautelar dictada semanas atrás por el mismo magistrado. En aquel fallo, Ojeda había considerado que existían indicios suficientes de que varios aspectos de la reforma podían vulnerar principios constitucionales del derecho del trabajo y por eso decidió suspender preventivamente su aplicación mientras se resolvía la cuestión de fondo.

Ahora el juez revisó uno de esos artículos y llegó a una conclusión distinta: mantener suspendido el mecanismo de actualización de las indemnizaciones podía generar un perjuicio para los propios trabajadores. Según explicó la periodista Daniela Mozetic en El Cronista, el magistrado entendió que dejar sin efecto ese criterio de cálculo podía afectar el valor real de los créditos laborales durante el tiempo que dura un juicio.

El artículo 55 establece que los créditos provenientes de relaciones individuales de trabajo se actualicen por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa anual del 3% en las causas que se encuentren en trámite y todavía no tengan sentencia firme al momento de la entrada en vigencia de la ley.

Ese punto no es técnico ni menor. La forma en que se actualiza una indemnización determina cuánto dinero termina cobrando un trabajador después de un juicio laboral, especialmente en procesos que suelen extenderse durante años. En un contexto de inflación, el mecanismo de actualización puede preservar o deteriorar el valor real de ese crédito.

La discusión judicial sobre este artículo aparece justamente en ese cruce entre derecho laboral e inflación. En marzo, por ejemplo, el Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata declaró la inconstitucionalidad de la misma norma al considerar que el esquema fijado por la reforma podía reducir el valor real de las indemnizaciones durante el proceso judicial.

En ese fallo, los jueces analizaron un caso concreto de despido y concluyeron que el nuevo sistema de actualización podía implicar un recorte del crédito laboral respecto de los mecanismos utilizados anteriormente por distintos tribunales. La resolución puso el foco en el carácter alimentario de las indemnizaciones y en la necesidad de que mantengan su poder de compra mientras se desarrolla el litigio.

La decisión de Ojeda ahora introduce un matiz distinto dentro de esa misma discusión. El juez no cambió su postura general sobre la reforma laboral, cuya aplicación sigue suspendida en gran parte por la cautelar dictada tras la presentación de la CGT. Lo que hizo fue revisar un artículo puntual y considerar que su suspensión podía generar efectos contrarios a los que buscaba evitar.

El argumento se apoya en una característica estructural del sistema judicial laboral: la duración de los procesos. Los juicios por despido o reclamos salariales suelen extenderse durante varios años. En ese lapso, el monto reconocido en la sentencia necesita un mecanismo de actualización para no perder valor frente a la inflación.

Si ese criterio no está definido o queda suspendido durante el proceso judicial, el crédito laboral puede deteriorarse antes de que el trabajador llegue a cobrarlo. Esa fue la preocupación que llevó al magistrado a restablecer la vigencia del artículo 55.

La resolución no implica, sin embargo, que la reforma laboral haya quedado plenamente habilitada. La cautelar que suspendió 82 artículos de la ley sigue vigente, a la espera de que la Justicia resuelva el planteo de fondo sobre su constitucionalidad.

Ese proceso judicial recién comienza y ya produjo decisiones contradictorias en distintos tribunales. En pocas semanas, varios fallos cuestionaron aspectos centrales del nuevo esquema indemnizatorio, desde el pago en cuotas de las sentencias laborales hasta el propio sistema de actualización de los créditos.

En ese escenario, la discusión dejó de ser solamente jurídica o política. El eje de los litigios empezó a concentrarse en un aspecto material del derecho del trabajo: cuánto dinero cobra efectivamente un trabajador después de ganar un juicio.

La actualización de los créditos laborales define si una indemnización mantiene su valor frente a la inflación o si se licúa durante el proceso judicial. En un país con largos litigios y variaciones constantes de precios, ese cálculo puede modificar de manera sustancial el monto final que recibe quien perdió su empleo.

La decisión de Ojeda se inscribe en ese debate. El juez consideró que suspender el artículo 55 podía agravar el problema que la cautelar buscaba evitar: que un trabajador termine cobrando menos de lo que le corresponde cuando finalmente se resuelve su juicio.

Mientras la discusión de fondo sigue abierta en los tribunales, la reforma laboral continúa fragmentándose caso por caso en decisiones judiciales que revisan su impacto concreto sobre las relaciones de trabajo.

La constitucionalidad de la ley todavía no fue resuelta y los tribunales siguen analizando cómo afectan sus artículos al cobro efectivo de indemnizaciones y créditos laborales.

JJD

La licencia por paternidad en Brasil comenzará a ampliarse de forma progresiva tras la promulgación de una nueva ley impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La norma llevará el descanso para los padres desde los actuales cinco días hasta un máximo de veinte en 2029, con el objetivo explícito de promover la corresponsabilidad en las tareas de cuidado desde el nacimiento o adopción de un hijo.

La decisión vuelve a poner en evidencia el contraste con la Argentina, donde el régimen de licencias familiares prácticamente no cambió en décadas. La Ley de Contrato de Trabajo mantiene una licencia por paternidad de apenas dos días, mientras que la licencia por maternidad es de 90 días. El esquema se sostuvo incluso después del debate legislativo que acompañó la reciente reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La ampliación aprobada en Brasil reglamenta finalmente un derecho que ya estaba reconocido en la Constitución de 1988, pero que nunca había contado con una legislación específica que estableciera su duración.

Con la nueva norma, el Estado brasileño buscó consolidar un modelo de cuidado compartido desde el inicio de la vida familiar, una política que en la región viene ganando peso en los debates sobre igualdad de género y condiciones de trabajo.

Un esquema progresivo hasta 2029

El nuevo régimen brasileño establece un calendario gradual de ampliación de la licencia. Según la ley promulgada por Lula, el beneficio se extenderá de forma escalonada en los próximos años.

El cronograma previsto es el siguiente:

La ampliación alcanzará a los trabajadores en casos de nacimiento, adopción o guarda judicial, lo que incorpora también situaciones familiares diversas dentro del régimen de licencias.

Además, la norma introduce un mecanismo de financiamiento que busca evitar resistencias empresariales. El sistema crea el denominado “salario-paternidad”, mediante el cual los empleadores pagan inicialmente el salario durante el período de licencia y luego recuperan ese monto a través de compensaciones en sus aportes a la seguridad social.

De ese modo, el costo del tiempo de cuidado se traslada al sistema de seguridad social y no queda exclusivamente a cargo de las empresas, una decisión que busca garantizar la aplicación efectiva del derecho sin generar presiones económicas sobre la contratación laboral.

La ley también contempla situaciones excepcionales. Si la madre fallece, el padre accede a una licencia equivalente a la de maternidad. Además, el inicio del descanso puede postergarse cuando el recién nacido o la madre permanecen internados, y se prevén extensiones específicas en casos de discapacidad, prematuridad o complicaciones médicas.

El objetivo: repartir el cuidado desde el nacimiento

El fundamento político de la reforma se apoya en una discusión que se consolidó en los últimos años en el mercado laboral: la distribución desigual de las tareas de cuidado entre varones y mujeres.

Según explicó el propio Lula al presentar la ley, el objetivo central es evitar que la maternidad se transforme en un factor de discriminación en la contratación laboral. Cuando el cuidado recae exclusivamente sobre la madre, la inserción laboral femenina suele verse afectada por ausencias prolongadas o responsabilidades domésticas que el sistema productivo no reconoce.

En ese sentido, la ampliación de la licencia para los padres busca equilibrar la carga del cuidado desde el primer momento de la vida familiar, algo que distintos organismos internacionales y especialistas en políticas laborales vienen señalando como un paso clave para reducir brechas de género.

La reforma brasileña se inscribe así en una tendencia regional que comenzó a incorporar licencias parentales más amplias y flexibles, entendidas no sólo como un derecho familiar sino también como una política laboral.

El contraste con la Argentina

En la Argentina, el régimen de licencias familiares permanece prácticamente congelado desde hace décadas. El trabajador tiene derecho a dos días corridos de licencia por nacimiento de hijo, según establece la Ley de Contrato de Trabajo.

El plazo, además, no contempla mecanismos de extensión automática cuando el nacimiento ocurre en días no laborales. En la práctica, si el parto sucede durante un fin de semana, la licencia puede reducirse aún más.

Para las madres, en cambio, la ley fija una licencia de 90 días, dividida entre un período previo y posterior al parto. Ese esquema tampoco sufrió modificaciones durante el debate de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La legislación aprobada mantuvo intacto el régimen histórico de licencias familiares, pese a que diversos especialistas y organizaciones laborales señalaron que el debate parlamentario era una oportunidad para actualizar el sistema.

El único capítulo del proyecto original que generó una discusión relevante sobre licencias fue el vinculado a las enfermedades o accidentes no laborales. En su versión inicial, la iniciativa proponía modificar el régimen salarial durante ese período y reducir la duración máxima de las licencias médicas.

Sin embargo, ese punto —conocido como artículo 44— generó una fuerte resistencia sindical y política durante el tratamiento parlamentario. Finalmente fue eliminado o modificado durante la negociación legislativa, lo que dejó sin cambios el esquema vigente de licencias médicas.

Un debate pendiente

Mientras Brasil avanza en la ampliación de derechos vinculados al cuidado, el régimen argentino continúa apoyado en un modelo laboral diseñado en un contexto social muy distinto.

Las transformaciones en la estructura familiar, la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo y el reconocimiento de las tareas de cuidado como parte de la organización económica reabrieron en los últimos años la discusión sobre el sistema de licencias. Pero la Argentina de hoy parece no hacerse eco de las últimas tendencias, al menos en lo que respecta a los derechos de los trabajadores.

JJD

El cosecretario general de la CGT Jorge Sola celebró la decisión de la Justicia laboral que suspendió provisoriamente buena parte de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y aseguró que el fallo confirma los argumentos que el movimiento sindical viene planteando desde que el proyecto comenzó a discutirse en el Congreso.

“Es un primer paso importantísimo de lo que estamos reclamando de fondo, que es la inconstitucionalidad”, afirmó Sola al referirse a la medida cautelar dictada por el juez laboral Raúl Ojeda, que suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral a partir de una acción presentada por la central obrera.

Según explicó el dirigente sindical, la resolución judicial reconoce que los cuestionamientos planteados por la CGT tenían fundamentos suficientes para ser analizados por la Justicia.

“La cautelar nos da una mirada sobre que lo que planteábamos era verosímil, era creíble, y que tenía fundamentos para sostener que muchos de los artículos votados eran inconstitucionales”, sostuvo en declaraciones a AM 530.

Sola señaló que el fallo también ratifica la estrategia que la CGT adoptó desde el inicio del debate parlamentario de la reforma laboral: primero intentar frenarla en el Congreso, luego expresar el rechazo en la calle y finalmente recurrir a la Justicia.

“Dialogamos con los legisladores, discutimos el proyecto, reclamamos en las calles y con un paro general que no se votara esta reforma. Cuando la ley se aprobó dijimos que íbamos a presentarnos en la Justicia, y eso es lo que estamos haciendo”, explicó.

El dirigente destacó además que el impacto de la medida cautelar trasciende a la propia central sindical. Según indicó, el fallo beneficia a todos los trabajadores alcanzados por la legislación laboral y se suma a otras presentaciones judiciales que distintos sindicatos están impulsando en todo el país.

“Esto implica a todos los trabajadores y a todas las instituciones gremiales que los representan. Hay muchos gremios que también están haciendo presentaciones vinculadas a aspectos específicos de la reforma”, señaló.

En ese marco, sostuvo que los tribunales están analizando la reforma laboral a la luz de los principios constitucionales que protegen el trabajo.

“La Justicia está mirando todo con el prisma de la Constitución, y por ahora la reforma no lo está pasando”, afirmó.

Consultado sobre el alcance de la cautelar, Sola explicó que la suspensión judicial alcanzó a prácticamente todos los artículos que, según la CGT, afectaban derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

“Todo lo que reclamó la CGT y que entendíamos que afectaba derechos laborales fue detenido provisoriamente hasta que se analice su constitucionalidad”, señaló.

El dirigente sostuvo que lo que quedó vigente de la ley responde más bien a decisiones de política económica del Gobierno, como los regímenes de incentivos o beneficios orientados a promover la contratación laboral.

“Quedaron en pie algunas decisiones políticas que el Gobierno considera que pueden fomentar el empleo, como ciertos incentivos o beneficios para pequeñas y medianas empresas”, explicó.

Sin embargo, Sola se mostró muy crítico respecto del sentido general de la norma y afirmó que la reforma laboral no respeta el espíritu protector del derecho del trabajo ni el principio de progresividad de los derechos laborales.

“Mi mirada particular es que la ley, en su conjunto, no representa el espíritu de protección del derecho del trabajo ni el principio de progresividad”, sostuvo.

El dirigente sindical consideró además que, incluso con los artículos que permanecen vigentes, la reforma enfrenta serias dificultades para aplicarse en la práctica.

“Creo que aun con lo que quede en pie hoy, la ley es inaplicable”, afirmó.

De todos modos, el dirigente reconoció que el proceso judicial recién comienza y podría escalar hasta la Corte Suprema. El Gobierno ya anticipó que apelará la decisión judicial.

“Sabemos que esto tiene un recorrido hacia adelante. El Gobierno va a apelar y probablemente el caso llegue a la Corte, que es la que finalmente interpreta qué es constitucional y qué no en la Argentina”, señaló.

Aun así, Sola se mostró optimista respecto del resultado final del proceso judicial y afirmó que existen fundamentos jurídicos sólidos para declarar la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados.

Para el dirigente sindical, el fallo representa además un mensaje institucional sobre los límites del poder político frente a los derechos laborales.

“La Justicia está diciendo algo muy claro: hay violaciones a los derechos de los trabajadores que no se pueden hacer, por más que se tengan mayorías en el Congreso”, sostuvo.

Y concluyó: “La mayoría no garantiza que una ley sea constitucional. Lo que estamos defendiendo es que se respete el artículo 14 bis de la Constitución y los derechos de los trabajadores”.

JJD

La reforma laboral del gobierno de Javier Milei fue presentada como una de las grandes victorias políticas del oficialismo. Tras su aprobación, el Ejecutivo celebró la nueva ley como un cambio histórico destinado —según el discurso oficial— a modernizar el mercado de trabajo y reducir los costos laborales que, según su diagnóstico, frenan la creación de empleo. Pero a pocas semanas de su entrada en vigencia —el Presidente la promulgó el 6 de marzo—, la arquitectura de esa reforma empezó a mostrar una fragilidad inesperada. En los tribunales, ese edificio normativo que salió del Congreso comienza a verse más como un castillo de naipes: cada fallo judicial que lo cuestiona mueve una carta y lo hace tambalear.

El último golpe llegó desde el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63, que resolvió suspender provisoriamente la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral a partir de una acción presentada por la CGT. La medida cautelar permanecerá vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo, es decir, si esos artículos son o no compatibles con la Constitución.

En términos prácticos, la decisión judicial pone en pausa buena parte del núcleo de la reforma. El planteo de la central obrera cuestiona la constitucionalidad de varios artículos por entender que afectan principios fundamentales del derecho del trabajo reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por la Argentina: la protección laboral, la libertad sindical, la tutela judicial efectiva, la no discriminación y el principio de progresividad de los derechos sociales.

El juez laboral Raúl Ojeda consideró que existen indicios suficientes de que algunos de esos cambios podrían vulnerar garantías constitucionales y generar daños difíciles de reparar si la ley comenzara a aplicarse plenamente. Por ese motivo, dispuso la suspensión preventiva de los artículos cuestionados mientras continúa el proceso judicial.

El magistrado también señaló que la implementación inmediata de la reforma podría generar efectos jurídicos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes, lo que justificó la suspensión cautelar mientras se discute el fondo del caso.

La resolución tiene un impacto significativo porque frena casi todos los artículos que están en el centro del debate sobre la reforma. Pero además confirma algo que ya empezaba a observarse: la norma impulsada por el Gobierno se está encontrando con un obstáculo creciente en los tribunales.

En efecto, este fallo se suma a una serie de decisiones judiciales que comenzaron a cuestionar artículos puntuales de la reforma laboral desde distintos tribunales del país. En Córdoba, por ejemplo, un tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas al considerar que ese mecanismo desnaturaliza el carácter alimentario del crédito laboral.

En otro caso, el Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata declaró inconstitucional el artículo que modificó la actualización de los créditos laborales en juicios en trámite. La sentencia sostuvo que ese cambio podía reducir significativamente el monto que cobran los trabajadores tras años de litigio.

La discusión judicial recién empieza

Distintas demandas impulsadas por sindicatos, organizaciones laborales y trabajadores individuales anticipan un recorrido largo en los tribunales, donde los diferentes artículos de la reforma serán analizados uno por uno.

La decisión del Juzgado del Trabajo Nº 63 se inscribe en ese proceso. Al tratarse de una acción colectiva presentada por la CGT, el expediente tiene un alcance potencial amplio y podría convertirse en uno de los casos clave para definir el futuro de la reforma.

El Gobierno, por su parte, ya anticipó que apelará la medida. El Ministerio de Capital Humano llevará el caso ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que deberá revisar la suspensión mientras continúa el trámite del expediente principal.

Más allá del desenlace judicial, el episodio deja al descubierto una paradoja política para el oficialismo. La reforma laboral fue concebida como una de las banderas del programa económico libertario, pero su aplicación real empieza a quedar atrapada en una red de litigios.

Ese desgaste judicial coincide, además, con otros episodios que empiezan a erosionar la credibilidad del Gobierno. Entre ellos aparece el caso de corrupción que involucra nada menos que al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que atraviesa semanas de fuertes cuestionamientos y presiones políticas.

A ese frente se suma el desempeño de la inflación, el principal enemigo declarado del plan económico de Milei. Solo en el primer bimestre del año acumuló casi un 6%, y consultoras privadas anticipan que marzo podría sumar otro 3%. Todo esto ocurre en un contexto de paritarias pisadas, consumo debilitado y un escenario en el que los cierres de empresas y los despidos se repiten prácticamente a diario.

En ese clima económico y político, la reforma laboral —presentada como un punto de inflexión para el mercado de trabajo— empieza a enfrentarse con una realidad más compleja que la que expresan los funcionarios nacionales y el Presidente.

JJD

El Ministerio de Capital Humano anunció que apelará el fallo que suspendió de manera provisoria artículos clave de la reforma laboral, luego de la resolución dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 en el marco de una causa impulsada por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT).

Según el comunicado oficial, la cartera a cargo de Sandra Pettovello, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, buscará revertir la decisión judicial que frenó la aplicación de parte de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral. En ese sentido, ratificó su “firme compromiso” con la norma y adelantó que agotará “todas las instancias judiciales necesarias” para garantizar su vigencia.

Desde el Gobierno defendieron la reforma al sostener que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso y que constituye una herramienta central para la generación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica. Además, cuestionaron a quienes impulsaron la demanda judicial, al señalar que responden a “intereses corporativos y sectoriales” que buscan obstaculizar los cambios.

El fallo que motivó la reacción oficial fue firmado por el juez laboral Raúl Ojeda, quien resolvió hacer lugar a una medida cautelar presentada por la CGT y suspender provisoriamente más de 80 artículos de la ley.

En su resolución, el magistrado advirtió sobre una posible “afectación de derechos constitucionales” y el riesgo de un “perjuicio inminente” para los trabajadores, lo que justificó la decisión de frenar la aplicación de los cambios hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

La presentación sindical fue impulsada por el triunvirato de la central obrera, integrado por Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, quienes cuestionaron la constitucionalidad de distintos puntos de la reforma.

Por el momento, la suspensión tiene carácter provisorio y se mantendrá vigente hasta que la Justicia avance en el análisis de fondo sobre la validez de la ley. Mientras tanto, continúan en vigor los convenios colectivos de trabajo, uno de los ejes centrales del planteo sindical.

El conflicto judicial abre un nuevo frente en torno a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y anticipa una disputa que podría escalar en las próximas instancias judiciales.

CRM

La Justicia laboral suspendió, de manera provisoria, más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, luego de una medida cautelar presentada por la CGT.

El texto firmado por el triunvirato de la central obrera, Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, logró frenar una parte significtiva de la Ley de Modernización Laboral (27.802) sancionada el pasado 27 de febrero. 

El juzgado nacional del Trabajo advirtió sobre la posible “afectación de derechos constitucionales” y el riesgo de “perjuicio inminente” para los trabajadores.

“La Confederación General del Trabajo posee legitimación activa para impugnar los artículos señalados en los vistos, tanto en lo que se refiere a derechos de la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, como en aquellos aspectos individuales comunes y homogéneas a todo el grupo de trabajadoras y trabajadores cuya prestación se encuentra regulada por las normas de la República Argentina”, manifiesta el documento. 

Por el momento, esta suspensión es de carácter “provisorio”, mientras se resuelve la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.

“Se peticiona la declaración de inconstitucionalidad de un grupo de disposiciones de la reciente ley 27.802 cuya determinación no corresponde al prieto marco de una medida cautelar. En esta etapa corresponde emitir una prudente consideración general que permita adoptar una decisión provisoria, para aguardar con paz social hasta la sentencia definitiva, luego de un debate más intenso”, concluye el texto. 

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios logró un freno judicial clave a dos aspectos centrales de la reforma laboral, luego de que el Juzgado Federal N° 2 de San Martín dictara una medida cautelar que suspende por seis meses la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral.

La resolución representa un alivio para el sector mercantil, ya que garantiza la continuidad de los convenios colectivos vigentes y mantiene el esquema de financiamiento sindical, dos puntos que habían sido modificados por la normativa cuestionada. La medida regirá de manera provisoria mientras se analiza la constitucionalidad de los cambios introducidos por la ley.

En concreto, el fallo ordena suspender la aplicación de los artículos que alteraban la llamada “ultraactividad” de los convenios colectivos. Este principio establece que, aun vencidos, los acuerdos laborales continúan vigentes hasta que se firme uno nuevo. La reforma pretendía limitar ese alcance, reduciendo la vigencia de ciertas cláusulas y condicionando la continuidad de otras a futuras negociaciones.

Además, la Justicia dejó sin efecto —de manera temporal— los límites impuestos a los aportes sindicales. El artículo 133 fijaba topes específicos tanto para contribuciones empresarias como para aportes de trabajadores, lo que, según el planteo gremial, podía comprometer seriamente el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

En su resolución, el tribunal consideró necesario preservar la “plena vigencia y exigibilidad” de todas las cláusulas convencionales, tanto normativas como obligacionales. De esta manera, no solo se sostienen las condiciones laborales actuales, sino también los compromisos entre las partes firmantes de los acuerdos colectivos.

El fallo también impone al Estado nacional la obligación de abstenerse de aplicar las modificaciones cuestionadas, al tiempo que establece que las empresas deberán continuar con la retención y el depósito de las contribuciones pactadas. Este punto resulta central para el sostenimiento de la estructura sindical y de los servicios que brindan a los trabajadores.

La postura de FAECYS

Desde FAECYS advirtieron que la aplicación de los artículos suspendidos podía derivar en un escenario de desfinanciamiento, con impacto directo en prestaciones clave como la cobertura de salud, los programas de capacitación y otros beneficios sociales. En particular, se vería afectada la operatoria de la obra social Osecac, que depende en gran medida de esos aportes.

El secretario general del gremio, Armando Cavalieri, celebró la decisión judicial y la calificó como “un acto de justicia”. En esa línea, sostuvo que la medida protege la dignidad de los trabajadores mercantiles y la autonomía de las organizaciones para negociar sus condiciones laborales.

“El fallo confirma que no se puede avanzar sobre derechos históricos bajo el argumento de la modernización”, planteó el dirigente, quien también advirtió sobre los riesgos de debilitar el financiamiento sindical. Según señaló, sostener estos recursos es clave para garantizar tanto la atención de salud de los afiliados como la capacidad de negociación salarial en todo el país.

Los antecedentes recientes contra la reforma laboral de Milei

La decisión judicial se inscribe en una serie de pronunciamientos recientes que pusieron en cuestión distintos aspectos de la reforma laboral. En las últimas semanas, varios tribunales del país emitieron fallos que limitaron o suspendieron artículos de la normativa, abriendo un escenario de incertidumbre sobre su implementación.

En la provincia de Córdoba, por ejemplo, el juez Ricardo Giletta declaró la inconstitucionalidad del artículo 55, al considerar que el nuevo mecanismo de actualización de créditos laborales podía afectar derechos reconocidos por la Constitución. En la misma línea, el Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata adoptó una resolución similar en un caso de despido.

A su vez, en la Ciudad de Buenos Aires, el juzgado laboral a cargo de Herman Mendel suspendió el traspaso del fuero laboral a la órbita porteña, otro de los puntos estructurales incluidos en la reforma. Estas decisiones reflejan una creciente judicialización del proceso de cambios impulsado en materia laboral.

En este contexto, el fallo de San Martín adquiere especial relevancia, ya que impacta directamente en uno de los sectores con mayor cantidad de trabajadores registrados del país. La continuidad de los convenios colectivos y del esquema de aportes aparece, así, como un elemento central para sostener las condiciones laborales en el comercio.

La reforma laboral de Milei avanzó con un objetivo obvio: abaratar el costo del despido y del litigio laboral. Pero ese diseño empezó a chocar con un límite concreto: su aplicación real sobre trabajadores despedidos. Y ahí aparecieron los fallos.

En pocos días, los tribunales empezaron a desarmar dos piezas centrales del esquema: el recorte en la actualización de indemnizaciones y el pago en cuotas. La discusión dejó de ser política o técnica y pasó a ser material: cuánto y cuándo cobra un trabajador después de un despido. Ahí es donde la reforma empezó a crujir.

La reforma laboral se aprobó como un paquete cerrado, con fuerte impulso político y negociaciones orientadas a reducir costos empresariales. Pero su aplicación concreta empezó a desarmarse en tribunales casi de inmediato. En menos de dos semanas, la Justicia ya cuestionó cuánto se paga y ahora también cuándo se paga una indemnización.

Lo que el Congreso sancionó como “modernización” empezó a ser reescrito caso por caso en los juzgados. No por una discusión abstracta, sino por el impacto directo sobre trabajadores que, después de perder su empleo, ven reducido o diferido el cobro de un derecho básico.

Un trabajador que ganó su juicio por despido no cobrará su indemnización en cuotas, aunque la nueva ley lo habilitara. La Cámara del Trabajo de Córdoba declaró inconstitucional el artículo 56 de la reforma laboral y dejó sin efecto el mecanismo que permitía a las empresas pagar sentencias en hasta seis o doce meses, según su tamaño.

La decisión impactó de manera directa sobre uno de los momentos más críticos para cualquier trabajador: el cobro efectivo de su indemnización tras un despido. El caso “Ceballos Gabriel Axel c/ Iris Energía S.A.S. s/ despido”, resuelto el 17 de marzo de 2026 por la Sala VII, rechazó el intento de la empresa de aplicar el pago en cuotas previsto en la nueva normativa.

El tribunal no se limitó a un aspecto formal: cuestionó de fondo la lógica del artículo 56. La norma, incorporada por la Ley 27.802, modificó el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y habilitó que las sentencias laborales se cancelaran en cuotas mensuales, incluso cuando ya existía una resolución firme.

Para los jueces, ese esquema desnaturalizó el sentido mismo de la indemnización. En la resolución sostuvieron que permitir el pago en cuotas resultó “irrazonable” y violó el principio protectorio del derecho laboral, el derecho de propiedad y las garantías constitucionales que protegen al trabajador.

El punto central del fallo fue el carácter alimentario del crédito laboral, una categoría jurídica clave que define su función concreta en la vida de quienes trabajan. La Cámara remarcó que el salario y las indemnizaciones no son una deuda cualquiera: son el ingreso que permite cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y vestimenta.

Desde esa perspectiva, dividir el pago en el tiempo implicó afectar directamente esas condiciones de subsistencia. El tribunal advirtió que diferir el cobro de la indemnización, en un contexto de inflación sostenida, produce un desfasaje que reduce su valor real y compromete la reparación que la ley debe garantizar.

“No se vislumbra una sola razón atendible para justificar el pago en cuotas”, señalaron los jueces. Y agregaron que esa modalidad impide garantizar el cumplimiento oportuno de una sentencia firme, lo que vacía de contenido el derecho reconocido al trabajador.

La resolución también cuestionó la razonabilidad de la norma en el contexto económico actual. Indicó que la variación constante de precios, frente a ingresos que no se actualizan al mismo ritmo, vuelve insuficiente cualquier compensación diferida en el tiempo.

En ese marco, el tribunal sostuvo que el artículo 56 vulneró el artículo 14 bis de la Constitución Nacional —que garantiza protección contra el despido arbitrario—, así como el derecho de propiedad y los principios de progresividad y no regresión en materia de derechos laborales.

El fallo se sumó a una serie de decisiones judiciales que comenzaron a cuestionar el núcleo indemnizatorio de la reforma laboral a pocos días de su entrada en vigencia. La semana anterior, un tribunal de La Plata y un juez de Córdoba declararon inconstitucional el artículo 55, que limitó la actualización de los créditos laborales en juicios en trámite.

En esos casos, la Justicia ordenó calcular las indemnizaciones con el régimen anterior, sin los topes introducidos por la nueva ley. La discusión no fue técnica: definió cuánto dinero efectivamente cobraron trabajadores que atravesaron años de litigio.

Con el nuevo fallo, el cuestionamiento dejó de centrarse solo en el monto de la indemnización y avanzó sobre el momento del cobro. Es decir, no solo cuánto se paga, sino cuándo se paga.

Ambos aspectos —actualización y forma de pago— forman parte de un mismo problema para quienes trabajan: la posibilidad real de acceder a una reparación plena tras un despido. La reforma intervino sobre esas dos variables al mismo tiempo.

La Ley de Modernización Laboral, promulgada el 6 de marzo de 2026, introdujo cambios que buscaron reducir los costos asociados al despido y a los juicios laborales. Entre ellos, la exclusión de ciertos conceptos del cálculo indemnizatorio, la modificación de la actualización de créditos, la creación de mecanismos alternativos como fondos de cese y la habilitación del pago en cuotas.

En ese esquema, el artículo 56 operó como una herramienta para trasladar en el tiempo el costo de las sentencias, incluso después de que la Justicia hubiera reconocido el derecho del trabajador.

La Cámara de Córdoba rechazó ese criterio y dejó sin efecto el intento de la empresa de acogerse a ese beneficio. En la resolución, además, declaró abstracto el pedido de aclaratoria presentado por la demandada, justamente porque la norma en la que se apoyaba fue considerada inconstitucional.

Los fallos dictados en menos de dos semanas mostraron que la aplicación de la reforma laboral ya entró en disputa en los tribunales. Tanto el monto como el cobro de las indemnizaciones quedaron bajo revisión judicial.

Hasta ahora, la ley sigue vigente, pero su capítulo indemnizatorio comenzó a fragmentarse en su aplicación concreta. En el caso Ceballos, el trabajador no cobrará en cuotas.

JJD

El Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral y ordenó que un trabajador despedido cobrara su indemnización sin el recorte impuesto por la reforma. La sentencia dispuso aplicar el régimen anterior de actualización del crédito y dejó sin efecto el tope fijado por la nueva norma.

La decisión impactó de manera directa sobre cuánto dinero percibió el trabajador tras el despido, en un contexto donde la inflación deterioró el valor de los créditos laborales durante los procesos judiciales. El caso, “Martin c. Costa s. despido”, tuvo sentencia el 13 de marzo de 2026 y se conoció a partir de su difusión pública. Los jueces consideraron que el esquema impuesto por la reforma vulneró los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional.

El punto en disputa definió si la indemnización mantuvo o no su valor real durante el juicio. El artículo 55 estableció que, para causas en trámite sin sentencia firme al momento de la entrada en vigencia de la ley, los créditos laborales se actualizaran con una tasa pasiva con techo en IPC más 3% anual y un piso del 67% de ese cálculo. Ese criterio reemplazó el régimen previo utilizado en muchos tribunales.

Ese cambio afectó directamente a trabajadores que iniciaron juicios antes de la reforma y quedaron expuestos a cobrar menos por la misma indemnización. La actualización de los créditos no es un aspecto técnico: define cuánto de ese dinero conserva su poder de compra después de años de litigio.

El antecedente inmediato lo marcó un fallo en Córdoba, que también declaró inconstitucional el artículo 55. El juez Ricardo Gileta sostuvo el 10 de marzo que el trato diferencial entre juicios nuevos y en curso vulneró el principio de igualdad y afectó créditos de carácter alimentario. En ese caso, también se ordenó recalcular la indemnización con el régimen anterior.

Con la decisión de La Plata, el cuestionamiento judicial dejó de ser aislado y comenzó a consolidarse sobre uno de los núcleos de la reforma: el recorte en los costos asociados al despido. La norma buscó limitar la actualización de los créditos laborales en causas ya iniciadas, lo que trasladó el impacto de la inflación hacia los trabajadores que reclamaron judicialmente.

La discusión sobre indemnizaciones se inscribió en un paquete más amplio de cambios en las condiciones laborales. La Ley de Modernización Laboral, promulgada el 6 de marzo de 2026, modificó el cálculo indemnizatorio, habilitó esquemas como el banco de horas, alteró reglas de negociación colectiva y estableció nuevas restricciones sobre la actividad sindical.

En ese marco, el artículo 55 operó como una cláusula que redefinió cuánto cobraron los trabajadores en juicios ya en marcha. Según el fallo de Córdoba, su aplicación podía reducir significativamente el monto final respecto de los criterios anteriores, lo que explicó la rápida judicialización del tema.

JJD

La ley de reforma laboral tuvo este jueves su primer fallo en contra, que llegó a través de un juez laboral de Córdoba que declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley, el que regula la forma en que deben actualizarse los créditos laborales en juicios que ya estaban en trámite cuando entró en vigencia la nueva normativa.

Este apartado refiere a los juicios laborales y determina qué se puede reducir entre un 20% y un 60% lo que terminaría cobrando un trabajador respecto de los criterios que se usaban en varios tribunales laborales previo a la vigencia de la nueva ley.

El artículo 55 establece cómo se actualizan las deudas en juicios laborales en curso, con intereses del Banco Central (BCRA), pero con un límite máximo de inflación + 3% anual y un mínimo del 67% de ese cálculo.

Al respecto, el juez Ricardo Gileta resolvió que queda “desechada la validez de constitucional del artículo 55” en su sentencia con fecha del 10 de marzo.

El magistrado sostuvo que el capital original deberá recalcularse según lo previsto por el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la reforma laboral, esquema que implica que el monto se ajuste de acuerdo con la evolución del IPC, sumando además un 3% mensual desde el momento en que se produjo la mora hasta que se concrete el pago.

El magistrado explicó que el artículo 55 de la “Ley de Modernización Laboral” introduce un criterio distinto para las causas que ya estaban en trámite antes de la sanción de la norma.

En esos casos, la ley fija que las deudas se actualicen tomando como referencia la tasa pasiva del Banco Central, comparada con la inflación, con un piso equivalente al 67% del cálculo que establece el artículo 276 de la legislación laboral vigente.

Para Gileta, ese tratamiento diferenciado entre juicios nuevos y procesos iniciados previamente viola el principio de igualdad ante la ley, por lo que dispuso que los créditos laborales del caso se actualicen bajo el criterio del artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El fallo subrayó que los créditos laborales tienen un carácter alimentario y están especialmente protegidos por el derecho del trabajo, o sea que cualquier mecanismo que reduzca de manera significativa su valor frente a la inflación puede afectar el principio de reparación plena y el principio protectorio consagrado en la Constitución.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El juez federal Enrique Lavié Pico rechazó una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) que buscaba frenar la aplicación de dos artículos de la Ley de Modernización Laboral 27.802 vinculados al traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión representa un primer revés judicial para la estrategia sindical que intenta cuestionar la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La resolución fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, que desestimó el pedido de la central obrera para suspender de manera inmediata los artículos 90 y 91 de la norma mientras se resuelve el fondo del litigio. Esos puntos establecen el convenio de transferencia de la función judicial en materia laboral desde la Justicia Nacional del Trabajo hacia el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

La CGT había presentado el 6 de marzo una acción de amparo contra el Estado nacional en la que solicitó la nulidad e invalidez constitucional de esos artículos. En paralelo, pidió una medida cautelar innovativa para que la norma no se aplicara hasta que existiera una sentencia definitiva.

El argumento de la CGT

En su presentación, la central sindical sostuvo que la implementación de la ley implicaría en los hechos la eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo y el traspaso de sus competencias a la justicia porteña. Según argumentó, ese cambio podría generar consecuencias difíciles de revertir si más adelante la Justicia declarara inconstitucional la reforma.

El planteo también señaló que el traslado de competencias podría afectar a trabajadores y trabajadoras y provocar un impacto en el sistema judicial laboral. Además, la organización afirmó que el derecho invocado estaba respaldado por presuntas vulneraciones de garantías constitucionales.

Cuando la CGT presentó el recurso ante Tribunales, el cosecretario general Jorge Sola sostuvo que el objetivo era “ejercer el derecho a peticionar” y expresó confianza en que la Justicia garantice el cumplimiento de la Constitución.

Los fundamentos del juez

Al analizar el pedido, Lavié Pico sostuvo que las medidas cautelares innovativas tienen carácter excepcional, ya que implican modificar el estado de hecho o de derecho vigente antes de que exista una sentencia sobre el fondo del conflicto.

El magistrado explicó que, en este caso, el planteo de la CGT coincidía en gran medida con el objeto principal de la demanda, por lo que resolver la cautelar implicaría adelantar el resultado del litigio.

Además, señaló que no se verificaba un “peligro en la demora” que justificara suspender de inmediato la aplicación de la ley. También destacó que la vía elegida por la central obrera —la acción de amparo regulada por la Ley 16.986— permite obtener una definición relativamente rápida sobre el fondo de la cuestión.

Por esos motivos, concluyó que no se configuraba un daño irreparable que pudiera volver ilusoria una eventual sentencia favorable para el sindicato, y resolvió rechazar la medida cautelar.

Cómo sigue la causa

El fallo no implica una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la norma. La CGT puede apelar la resolución y el proceso judicial continuará hasta que se dicte una sentencia sobre el fondo del amparo.

En paralelo, el juzgado ordenó librar oficio al Estado nacional argentino para que en un plazo de cinco días presente el informe previsto en la ley de amparo y ofrezca la prueba que considere pertinente.

Mientras tanto, los artículos cuestionados de la reforma laboral seguirán vigentes, lo que abre una nueva etapa en la disputa entre el Gobierno y el movimiento sindical por uno de los ejes centrales del programa de reformas laborales impulsado por la administración libertaria.

Es mediodía y Martina, administrativa en un ministerio de la Provincia de Buenos Aires, abre el tupper con tarta y ensalada que trajo de su casa. Desde hace dos semanas, a la planificación de la vianda le debe sumar la categoría de comidas que se pueden comer frías. Es que el único microondas que tiene el edificio de más de cincuenta oficinas en el que trabaja se rompió y no hay señales de que vayan a venir a arreglarlo pronto. A medida que avanza el mes, la vianda se va reduciendo. En la última semana el tupper se convierte en una bolsita con dos frutas y una servilleta. Espera llegar a su casa para directamente cenar. 

El de Martina no es un caso aislado: es el retrato de millones de trabajadores asalariados en Argentina. Un estudio publicado este martes por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) en convenio con Edenred, describe que el 83,5% de los asalariados, el sector más protegido del mercado laboral, experimenta alguna forma de vulnerabilidad alimentaria durante su jornada laboral, ya sea porque sacrifica la cantidad o la calidad de lo que consume o porque llega a experimentar ambas carencias de manera simultánea (56,2%).

Saltear comidas y comer mal: el ajuste silencioso

La privación alimentaria en el trabajo tiene dos caras. La más visible es saltarse una comida: el 61,1% de los asalariados reconoció haberlo hecho por razones económicas. La otra, resignar calidad: el 78,5% optó alguna vez por alimentos menos nutritivos como comidas al paso y ultraprocesados.

El efecto se acentúa entre los más jóvenes como Lucas, que tiene 24 años y trabaja como cadete en una empresa de logística del sur del conurbano. Entra a las 8 y sale a las 18. En su trabajo no hay comedor, no hay cocina, ni heladera. Al mediodía compra lo que puede en el kiosco de la esquina: una gaseosa y una bolsa de papas fritas, o un sándwich de miga si el día le fue bien.  

Siete de cada diez trabajadores de entre 18 y 29 años se saltan comidas por razones económicas, frente a menos de la mitad de los mayores de 60. “Esta disparidad sugiere que la falta de antigüedad, los salarios iniciales más bajos y la precariedad inherente a las primeras experiencias laborales exponen a los jóvenes a una privación mucho más recurrente”, muestra el estudio.

El sector público, allí donde trabaja Marina, es otro de los puntos mas sensible al hablar de vulnerabilidad alimenticia en el ambiente laboral. El 73,2% de los empleados estatales se saltaron comidas, superando en más de 17 puntos a los del sector privado (56%). 

“El fenómeno se agrava en las áreas con índices históricos de pobreza”, explica el informe al mostrar que en el NOA, el 70,8% de los asalariados se privó de comer en algún momento de la jornada y, en el NEA, esa cifra llega al 67,1%.

Quién paga la comida

Resolver el almuerzo durante la jornada presencial tiene un costo que, en su mayoría, afronta el empleado. La franja más común de gasto es entre $5.001 y $10.000 por día, un monto que para quien gana $800.000 por mes representa el 12,5% de su ingreso diario. 

En el sector público, el 13,2% de los trabajadores gasta más de $20.000 por día, frente al 5,7% en el sector privado. “Al contar con menos comedores y aportes del empleador, el trabajador estatal suele recurrir con más frecuencia a comidas externas”, explica el informe.

Solo el 44,4% de los asalariados recibe algún aporte de su empleador para alimentarse durante la jornada. Y esa cobertura no llega donde más se necesita: entre quienes ganan más de $2.000.000 por mes, el 58,3% tiene el beneficio; entre quienes cobran hasta $800.000, apenas el 39,8%. En el sector privado lo recibe casi la mitad (49,6%); en el público, solo el 32,2%. “Quienes están recibiendo aportes para alimentación son los sectores sociales más aventajados del sector formal”, señaló Ianina Tuñón, investigadora responsable del informe en el ODSA-UCA, durante la presentación del estudio. 

“Uno de los datos más graves del informe”, asegura Tuñón, “es el dato del Índice de Masa Corporal, que es mayor al promedio”. El 59,7% de los asalariados está por encima del peso recomendado.

La reforma laboral

El contexto de este informe coincide con la aprobación de la Reforma Laboral que “podría ampliar el alcance de los beneficios alimentarios laborales en Argentina al extender el concepto de servicio de comedor más allá de los espacios físicos dentro de la empresa” consignó Bárbara Granatelli, directora de Asuntos Públicos para Europa, América Latina y Medio Oriente de Edenred ante la pregunta de eldiarioAR.

Hasta ahora, la legislación consideraba beneficio social no remunerativo, es decir, exento de aportes, contribuciones e impuesto a las ganancias al hecho de que una empresa proveyera un comedor en sus propias instalaciones. Ese esquema beneficiaba principalmente a las grandes empresas con capacidad de infraestructura y a los trabajadores de escritorio con empleo fijo.

La reforma amplía esa definición para incluir también a los llamados comedores externos, que son los comercios cercanos al lugar de trabajo. En la práctica, esto significa que una empresa podría entregar a sus empleados un monto monetario o una tarjeta para que almuercen en establecimientos cercanos, y ese beneficio seguiría siendo no remunerativo tanto para el empleador como para el trabajador.

El problema es que la medida es optativa. Y si los datos del informe muestran algo, es que cuando los beneficios alimentarios quedan librados a la voluntad del empleador llegan, con suerte, a quienes ya están mejor: los sectores de mayores ingresos, las empresas más grandes, el sector privado. Los mismos de siempre.

El tupper frío sobre el escritorio de Martina no es solo un problema de logística. Es el síntoma de un sistema que, por acción o por omisión, todavía no garantiza a millones de trabajadores algo tan básico como poder comer bien mientras trabajan.

MC

La reforma laboral que entró en vigor este viernes en Argentina, y que conlleva un gran recorte de derechos, afectará especialmente a las mujeres, según afirman trabajadoras del sector petrolero durante una visita de EFE a una planta dedicada al refinado de crudo, en provincia de Buenos Aires, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

“Acá no estamos hablando de una modernización, estamos hablando de retrocesos y las mujeres vamos a ser las más perjudicadas”, dijo Yanina Ponce, quien trabaja desde hace casi dos décadas en esta planta de la Destilería Argentina de Petróleo S.A. (DAPSA), ubicada en la localidad de Avellaneda.

Ponce, integrante de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad del Sindicato Petróleo, Gas, Energías Renovables y Biocombustibles Privados de Avellaneda, afirmó que los esquemas laborales más flexibles tendrán un impacto desigual entre hombres y mujeres, ya que ellas suelen enfrentar mayores dificultades para conciliar a causa de las responsabilidades familiares.

Y una de las razones está en que la nueva normativa crea un “banco de horas”, que permite acumular el tiempo extra trabajado y compensarlo con días libres o jornadas reducidas.

Según un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), las mujeres argentinas dedican en promedio 6 horas y 31 minutos diarios al cuidado, casi el doble que los hombres, y cerca de 1,8 millones de mujeres de entre 25 y 59 años están fuera del mercado laboral porque no pueden compatibilizar trabajo y cuidados.

La ONG advirtió que la nueva ley podría profundizar las brechas salariales y limitar aún más la participación femenina en el mercado laboral.

Lilian Capone, integrante de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), dijo a EFE que la reforma va afectar principalmente “las cuestiones sociales, familiares y personales, en un contexto en que las mujeres ya afrontan problemáticas como el trabajo informal, no registrado, la disminución del salario por ser mujer y coordinar el trabajo con los cuidados”.

Agustina Micaela Nievas, de 27 años y operaria de DAPSA, contó a EFE que acaba de reincorporarse tras ser madre y realiza una tarea más tranquila, con horario reducido, pero apuntó que con la reforma laboral la situación para las madres podría complicarse.

Capone agregó que otro aspecto de la ley que afecta a las trabajadoras es que podrían no coincidir sus vacaciones con las de sus hijos, ya que el nuevo esquema prevé que la coincidencia con el receso estival sería obligatorio al menos una vez cada tres años.

Para Angie Vanesa Torilla, empleada del sector de envasado de la petrolera, la nueva ley cambiará “la igualdad laboral, que fue lo que se luchó y por lo que hoy estamos acá en una empresa de tantos varones”.

Industria dominada por hombres

Las preocupaciones por la reforma laboral se suman a los desafíos que enfrentan las mujeres en el sector petrolero, siempre dominado por hombres. En DAPSA, por ejemplo, solo tres mujeres trabajan como operarias.

“Los mayores desafíos fueron romper socialmente con el tabú de que es un trabajo de hombres. Uno se imagina que agarrar una brida grande y poder abrir una válvula es difícil para las mujeres. Sin embargo, tenés compañeras en la refinería que hacen eso”, añadió Ponce.

Un estudio presentado en 2025 por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y la consultora Mercer reveló que las mujeres ocupan el 19,9 % de los puestos de trabajo en la industria petrolera argentina, con menor presencia en áreas operativas y cargos jerárquicos.

La operaria Bárbara Cristina Schulze explicó a EFE que ya había trabajado en sectores con mayoría masculina: “Siempre está el 'ah, porque sos mujer' pero a medida que ven que podemos hacer el mismo trabajo que ellos, pasa”.

Para Ponce, la presencia de mujeres en la industria petrolera es todavía reciente y requiere sostener condiciones laborales que permitan su permanencia.

 “El desafío fue enfrentar el miedo y darse cuenta de que la fuerza colectiva es lo que termina logrando que las compañeras puedan acceder a los distintos puestos de trabajo”, concluyó la dirigente sindical.

Laura Guarinoni, para la agencia EFE.

Jorge Macri (de CABA), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). El palco de los gobernadores que acompañaron el discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, el domingo por la noche, reveló en parte la trama de alianzas que construyó el Gobierno en los últimos meses para que avancen leyes clave durante el verano, desde la reforma laboral a la baja de edad de imputabilidad y la modificación de la Ley de Glaciares. 

Lo que no mostró esa foto es que el pacto de la Nación con las provincias tiene mucho más que ver con la cuestión económica que la simpatía política o ideológica. Porque Milei reunió a mandatarios provinciales del PRO, de la UCR, el peronismo no-kirchnerista y de fuerzas locales: alianzas transversales que le aportaron votos en el Senado y Diputados al libertario. Evitaron mostrarse junto al Presidente otros gobernadores que le hicieron el favor en las últimas votaciones, como el salteño Gustavo Sáenz, el tucumano Osvaldo Jaldo, el misionero Hugo Passalacqua, el catamarqueño Raúl Jalil, el santacruceño Claudio Vidal o el neuquino Rolando Figueroa.

Apenas horas después del discurso de Milei, se conoció que el Gobierno repartió en febrero sugestivamente unos $20.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Fue el mes en que el Congreso avanzó con las sesiones extraordinarias mileístas. Así, Misiones, Salta y Santa Cruz recibieron $4.000 millones cada una; Corrientes y Jujuy, $3.000 millones cada una; y Neuquén, $2.000 millones, según analizó la consultora Politikon Chaco. 

Otra provincia que benefició Milei con más partidas fue Córdoba, donde gobierna Martín Llaryora: la Nación duplicará los fondos que le envía mensualmente a la provincia para cubrir el déficit de su caja de jubilaciones no transferida. Los giros de la ANSES pasarán de 5.000 a 10.000 millones de pesos por mes.

Esos montos parecieron ser el precio que le costó al Gobierno la reforma laboral, luego del tour federal que armó el ministro del Interior, Diego Santilli, en enero de este año. En el poroteo, en la votación de la reforma laboral fueron clave los legisladores que responden directamente a los mandatarios de Misiones, Salta, Tucumán, San Juan, Entre Ríos, Chaco, Mendoza, Corrientes, Corrientes y Santa Cruz. Más allá del beneficio particular, el mayor triunfo de los gobernadores fue voltear el articulado que proponía la reducción de alícuotas del impuesto a las sociedades y del Impuesto a las Ganancias.

Eso hubiera impactado en la coparticipación en un total de $3,1 billones en 2026, equivalente a 0,3 puntos del PBI. De ese total, $1,7 billones corresponderían a las provincias, según estimaciones privadas. Un escenario que preocupaba a los gobernadores, cuando ya la coparticipación cayó en febrero con respecto al año anterior en un 7,5%. En ese marco, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que la recaudación de impuestos volvió a caer en febrero en un 9%.

En los pasillos de Balcarce 50 niegan que la relación sea solo por fondos y aseguran que la negociación es abierta, con idas y vueltas. Las provincias también necesitan de la Nación gestiones de créditos, habilitaciones de trámites, obra pública o alguna gestión en particular con deudas de cajas previsionales. En los últimos días varias provincias abrieron sus sesiones ordinarias y algunos gobernadores aprovecharon para exigir fondos y obras a la Nación. “No me cansaré de ir y volver de Buenos Aires”, dijo Sáenz al abrir el período legislativo de Salta. “Si a las provincias les va bien, nos irá bien como país. Hay que dejar de lado el federalismo al revés”, completó, pese a acompañar cada votación oficialista.

En ese marco la Casa Rosada ya prepara varios gestos hacia los gobernadores aliados. Milei se lleva de viaje este fin de semana a casi todos los ya mencionados a Nueva York: Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

Son las provincias cuyo motor económico está en la minería o el petróleo. Es que entre este lunes y martes, Milei encabezará el llamado “Argentina Week”, un “road show” de inversiones que se realizará en Manhattan. Mientras Milei y su equipo económico –también irán Luis Caputo y Federico Sturzenegger– tendrán presentaciones y reuniones con bancos de Wall Street y grandes corporaciones energéticas, tecnológicas y financieras, los gobernadores tendrán un desayuno en el Council de las Americas y disertarán en el consulado argentino sobre las oportunidades de inversiones de sus respectivas provincias.

Tras esa cita, Milei estará el 19 de marzo en Tucumán como invitado de honor del Foro Económico del NOA 2026, invitado por Jaldo. Poco antes, el domingo 15, Santilli reiniciará su gira federal para consolidar la mayoría circunstancial del oficialismo en el Congreso: el Gobierno busca sancionar la nueva Ley de Glaciares en Diputados y avanzar con una nueva Ley de Financiamiento Universitario.

Milei destacó ante la Asamblea Legislativa las posibilidades del RIGI para las provincias: “Los 32 proyectos presentados se distribuyen en 11 provincias y demandarán más de 60.000 puestos de trabajo directos e indirectos”, apuntó. En otro tramo les exigió bajar impuestos: “Solo falta que las provincias y los municipios hagan su parte, por lo cual hemos facilitado una herramienta para denunciar tasas excesivas”. Fueron de las pocas referencias al federalismo, palabra que no mencionó en todo su discurso. 

A poco de subirse al avión, uno de los aliados de Milei sacó chapa de libertario y festejó insólitamente el desempleo en todo el país. “Mientras en gran parte del país el empleo privado retrocede, en Mendoza se sostiene y fortalece”, tuiteó Cornejo, que acompañó el mensaje con un cuadro por demás llamativo: la provincia aparece con un retroceso del empleo del 0,6% según un ranking de variación en el empleo privado. Todas las jurisdicciones tienen su números en rojo, salvo dos: Neuquén (+3,4%) y Río Negro (+0,7), impulsadas por Vaca Muerta.

MC