Alguien que se adentra en una zona apartada del Amazonas suele esperar un entorno intacto, libre de residuos humanos y selva en calma. La idea de pureza absoluta acompaña siempre a quienes llegan a un rincón inhóspito, como si la distancia garantizara protección frente a la contaminación.

Sin embargo, la basura se abre camino incluso en esos espacios alejados, donde una botella flotando o un envoltorio arrastrado por la corriente recuerdan la presencia de los desechos. La paradoja de encontrar plásticos en los sitios más reconditos obliga a mirar de frente la magnitud del problema ambiental. Esa constatación nos lleva a la Amazonia, convertida en ejemplo extremo de cómo la contaminación penetra en los lugares más inaccesibles.

Los rincones más remotos ya no escapan a la invasión de plásticos

Un estudio publicado en la revista Ambio revisó 52 investigaciones científicas realizadas desde 2000 y concluyó que la contaminación plástica está extendida en toda la cuenca amazónica. El trabajo documenta la presencia de fragmentos en peces, aves, mamíferos acuáticos, suelos y aguas de consumo, con muestras recogidas en los nueve países que comparten el bioma.

La bióloga Jéssica Fernandes de Melo, de la Universidad Estatal de Santa Cruz en Brasil, relató a Mongabay que incluso especies que viven alejadas de asentamientos humanos aparecen contaminadas por microplásticos. También describió cómo algunas aves llegan a usar piezas grandes de plástico para construir sus nidos, y cómo es habitual encontrar envoltorios flotando en arroyos donde la gente se baña.

La primera evidencia que vinculó plásticos con la muerte de un animal en la región se registró en 2009, cuando un manatí apareció asfixiado por una bolsa. A partir de entonces se publicaron decenas de trabajos que confirmaron contaminación en peces, tortugas, aves y mamíferos, lo que permitió reunir el corpus analizado por la revisión de 2025.

El informe advierte además de un impacto importante en las comunidades humanas. Dos tercios de las especies con trazas de plásticos forman parte de la dieta local, lo que abre la puerta a la ingestión de fragmentos por parte de la población. Aunque la mayor parte de los hallazgos se concentran en el aparato digestivo de los peces, que suele descartarse al cocinar, todavía queda pendiente comprobar si los fragmentos penetran en los tejidos musculares, lo que tendría implicaciones más serias para la salud.

Los investigadores piden ampliar los estudios y acelerar medidas para frenar el avance de la contaminación

Las publicaciones analizadas revelan que la mayoría de las investigaciones se han concentrado en Brasil y, sobre todo, en el cauce principal del río Amazonas. Amplias zonas del bioma siguen sin datos de campo, lo que deja abierta la incógnita sobre la magnitud real del problema en áreas periféricas.

Los investigadores recuerdan que los municipios más aislados carecen de programas de reciclaje y de sistemas adecuados de gestión de residuos. La acumulación de basuras termina inevitablemente en los ríos, que se convierten en autopistas para los desechos hasta llegar a los ecosistemas más alejados.

El vacío de información sobre nanoplásticos, los fragmentos más diminutos, resulta especialmente inquietante. La revisión subraya que todavía no se han realizado estudios sobre su efecto en la Amazonia, pese a que pueden atravesar tejidos animales y humanos con más facilidad.

Ante este panorama, los autores sostienen que ya existe base suficiente para impulsar políticas inmediatas que reduzcan la llegada de plásticos al medio natural. Reclaman ampliar la investigación a zonas inexploradas, evaluar con exactitud la presencia en aguas de consumo y analizar de forma prioritaria los riesgos de los fragmentos más pequeños.

Porque, como demuestra la basura en los rincones más apartados, lo que llega a la Amazonia acaba mostrando hasta qué punto la contaminación se cuela en todas partes.

Los vuelos entre Vancouver y Ciudad de México cubren una distancia de más de 4.800 kilómetros, el doble de la que separa París de Estambul. Esa magnitud no es una excepción, sino en el calendario de la próxima Copa Mundial masculina. Casi todos los traslados entre sedes exigirán cambiar husos horarios y cubrir miles de kilómetros. Y ese diseño de torneo es, precisamente, lo que ha encendido todas las alarmas climáticas.

La expansión del torneo choca con las promesas de sostenibilidad que la FIFA proclamó

La FIFA proyecta una edición sin precedentes para 2026, con 48 selecciones y un total de 104 partidos distribuidos en 16 ciudades de tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Aunque el organismo insistió en su compromiso por reducir el impacto medioambiental del evento, las proyecciones más recientes contradicen esa promesa.

Un análisis conjunto del Fondo para la Defensa del Medio Ambiente, la organización Scientists for Global Responsibility y la red Cool Down cifra en más de 9 millones de toneladas las emisiones previstas de CO₂ equivalente.

Buena parte de esa cifra proviene del transporte aéreo internacional, cuya huella supera con holgura los niveles registrados en torneos anteriores. Solo los desplazamientos entre ciudades sede podrían generar más de 7,7 millones de toneladas de dióxido de carbono, una cantidad que, de cumplirse el peor escenario previsto por los autores del informe, alcanzaría los 13,66 millones.

El documento también apunta que las fuentes complementarias de contaminación, como los alojamientos, el consumo energético en estadios y la gestión de residuos, sumarían al menos otros 1,3 millones de toneladas.

El modelo de crecimiento elegido por la FIFA entra en conflicto con los límites del planeta

Además del transporte, el calendario ampliado y la presencia de más selecciones también se traduce en un mayor número de delegaciones, hinchas, proveedores, y personal vinculado al torneo. Brian McCullough, profesor de la Universidad de Michigan, expuso en The Conversation que “la Copa Mundial ampliada podría generar más de 9 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente, casi el doble del promedio de los últimos cuatro Mundiales”.

Esa dinámica contrasta con lo que otras entidades deportivas han intentado corregir. Según explicó el geógrafo David Gogishvili, de la Universidad de Lausana, en una entrevista con AFP, “el apetito insaciable de la FIFA por crecer se traduce en más atletas, más aficionados, más hoteles, más vuelos. Es un ciclo sin fin que perjudica al planeta”.

Más allá de las cifras globales, el informe advierte sobre otro factor de riesgo que condiciona la celebración del evento: las condiciones climáticas extremas en varias de las sedes. Ocho de los estadios requieren adaptaciones urgentes por exposición a altas temperaturas, incendios o inundaciones

En Houston, por ejemplo, el índice WBGT, que evalúa el riesgo por golpe de calor, supera en promedio los 28,9 °C en julio. En Dallas, varios días del verano registran temperaturas por encima de los 35 °C. Y en la zona de Los Ángeles, los expertos alertan sobre la elevada probabilidad de incendios forestales. De hecho, aún queda en el recuerdo los pasados fuegos que arrasaron parte de la ciudad.

Este contexto obliga a las autoridades a considerar medidas excepcionales en materia de salud y logística. En la rueda de prensa posterior a un encuentro del Mundial de Clubes celebrado en Estados Unidos, que sirvió como una especie de test - fallido, además -, el jugador argentino Enzo Fernández explicó que “el otro día me mareé un poco, me tuve que tirar al piso porque estaba mareado. Jugar así, con esta temperatura, es muy peligroso”. El español Marcos Llorente también tuvo quejas similares.

El plan inicial del proyecto United 2026 estimaba una huella ambiental total de 3,7 millones de toneladas de CO₂, pero esa proyección se elaboró cuando el torneo contemplaba solo 64 partidos. Desde entonces, el número de encuentros ha crecido un 62% y las distancias entre ciudades no se han reducido.

La rentabilidad del torneo refuerza la tensión entre beneficios económicos y cuidado del entorno

Para Stuart Parkinson, director de Scientists for Global Responsibility, el mayor obstáculo sigue estando en la falta de datos verificables. Según explicó en el informe, “el futbol enfrenta dificultades para reconocer su verdadero impacto ecológico debido a la falta de datos precisos y a la omisión de aspectos clave en sus cálculos de huella de carbono”.

Las propuestas para reducir ese impacto pasan por limitar el tamaño del torneo, aprovechar infraestructuras ya existentes y promover el seguimiento desde los países de origen. También se plantea establecer auditorías independientes y normas ambientales de obligado cumplimiento. Sin embargo, hasta ahora, ninguna de estas ideas ha sido incorporada como condición formal para la organización del evento.

En paralelo, los ingresos esperados por la FIFA superan los 40.000 millones de dólares, cifra que revela la dimensión económica del torneo, pero también la tensión constante entre los objetivos de sostenibilidad y los intereses comerciales.

El desarrollo de la inteligencia artificial generativa y, en particular, de los modelos lingüísticos de gran tamaño como ChatGPT, producirá hasta 5 millones de toneladas de desechos electrónicos (e-waste) entre 2023 y 2030. Según un análisis liderado por Peng Wang y publicado este lunes en la revista Nature Computational Science, en el escenario con el mayor crecimiento de la IA y si no se aumentan las medidas de reciclado, estas tecnologías producirán hasta casi 1.000 veces más desechos electrónicos, una cantidad superior a la que genera la India, uno de los países más contaminantes en este tipo de residuos. 

Wang y su equipo estiman que la IA generativa podría generar entre 1,2 y 5 millones de toneladas de basura electrónica acumulada. Los autores han calculado la masa de basura generada por elementos del hardware, como las unidades de procesamiento, de almacenamiento y los sistemas de alimentación. Por componentes, el resultado indica que los desechos electrónicos generados podrían incluir 1,5 millones de toneladas de placas de circuitos impresos y 0,5 millones de toneladas de baterías, que pueden contener materiales peligrosos como plomo y cromo. 

El análisis tiene en cuenta cuatro escenarios con distintos grados de producción y aplicación de IA generativa, que van desde un escenario agresivo (con aplicaciones generalizadas) hasta un escenario conservador (con aplicaciones más específicas). Los autores sugieren que la implementación de una estrategia de economía circular (donde se amplía la vida útil de la infraestructura existente y/o se reutilizan módulos y materiales clave en el proceso de remanufactura) podría reducir la generación de desechos electrónicos hasta en un 86%.

La importancia del reciclaje

Los hallazgos resaltan la necesidad de un uso responsable de la IA generativa y de estrategias proactivas de gestión de residuos electrónicos para reducir los impactos nocivos de la contaminación. Estos hallazgos se suman a informes anteriores que indicaban que empresas como Google y Microsoft dispararon sus emisiones contaminantes por la inteligencia artificial, que señalaban el consumo de agua masivo de sus centros de datos o que entrenar una sola inteligencia artificial puede contaminar tanto como 2.800 vuelos Madrid-Barcelona. 

Este estudio invitará a un debate más profundo sobre los residuos electrónicos, una cuestión crítica que a menudo se pasa por alto cuando se habla de IA

Shaolei Ren — Profesor de la Universidad de California en Riverside (EEUU)

“Las conclusiones se apoyan en los mejores datos disponibles en el ámbito público y en métodos científicamente válidos”, asegura Shaolei Ren, profesor asociado de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de California en Riverside (Estados Unidos), en declaraciones al SMC. El estudio utiliza el servidor DGX H100 de Nvidia como referencia para estimar la masa de basura proveniente de servidores de próxima generación, detalla el experto.

A su juicio, los residuos electrónicos son una cuestión crítica, que a menudo se pasa por alto cuando se habla de IA. “Este artículo llama la atención sobre los residuos electrónicos generados por la IA generativa y creo que invitará a un debate más profundo”, concluye Ren. “Y lo que es más importante, destaca el papel crucial de una economía circular para lograr una IA verdaderamente sostenible”. 

Con la llegada del gobierno libertario, asistimos a una vuelta de tuerca del extractivismo a gran escala en Argentina. No es que los anteriores gobiernos no desarrollaran políticas extractivistas. Sabemos que la visión instrumental de los bienes naturales y la indiferencia hacia las problemáticas ligadas a la crisis climática/ecológica traza una fuerte línea de continuidad entre progresismos y neoliberalismos. Pero el triunfo de la extrema derecha libertaria instaló una inflexión violenta que conllevó un sorprendente corrimiento del umbral de lo posible, tanto respecto de la (des)regulación estatal, el desmantelamiento de derechos, el cuestionamiento de la que creíamos era una idea consensual de la democracia, así como en sus modos hiper-represivos y violentos de tratar el conflicto social.

La firma del Pacto de Mayo (el pasado 9 de julio) dice explícitamente en su tercer punto  que las provincias deben avanzar en la explotación de los recursos naturales. Ese discurso de Milei dio luz verde a los gobernadores, una señal que habilita el avance brutal del extractivismo en los diferentes territorios, sin importar los costos, tanto respecto de la minería metalífera y de litio, como en relación a otras figuras extremas del extractivismo como el agronegocio o el avance hidrocarburífero. Más claro: el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), al cual adhirieron casi de inmediato las provincias, envalentonó a los gobernadores, que hoy se suben eufóricos a la ola libertaria, para ir en la dirección extractivista que hasta hace poco se les hacía esquiva o más difícil, debido a la fuerza de los movimientos socio-ambientales, en el marco de una narrativa más o menos consensual en torno a la defensa de derechos.

Obras de teatro con actores pagos

Esto ya está sucediendo en las provincias y uno de los ejemplos más notorios es el caso de Río Negro, primera jurisdicción que adhirió al RIGI (incluso antes de que estuviera reglamentado por el gobierno nacional), sobre todo con la gran minería a cielo abierto, una actividad que no había podido llevarse a cabo, debido a la resistencia de las poblaciones y las comunidades indígenas, pese a que desde 2011 se derogó la llamada ley Anticianuro (sancionada en 2005).  

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, cuyo partido provincial gobierna ininterrumpidamente desde 2011, viene avanzando en el control de los tres poderes del Estado y de los medios de comunicación, para generar un nuevo entramado legal, a través de la derogación de leyes de protección ambiental (como la que protegía el Golfo San Matías), modificando otras leyes (de tierras, código minero), dividiendo a las comunidades indígenas (sin consultar a las que se oponen), para habilitar así la instalación de un puerto petrolero, una planta de GNL y avanzando en la minería a cielo abierto. Este espeso entramado legal al servicio de un modelo petrolero-minero, apunta a limitar y controlar también los dispositivos de participación ciudadana, generando simulacros de participación, montajes que convalidan la decisión gubernamental, tal como lo ilustró de manera casi surrealista la audiencia pública de Ingeniero Jacobacci, por el proyecto minero Calcatreu, realizada el viernes 30 de agosto.

Una de las cuestiones que más saltó a la vista en dicha audiencia pública, a la cual la coautora de esta nota participó como expositora, fue no solo el triunfalismo del gobierno sino también la manipulación política de las expectativas de la población sobre el trabajo prometido. Jacobacci es una pequeña y humilde localidad de la Línea Sur, vaciada económicamente en términos de políticas públicas, y muy probablemente sean muchos los pobladores –sobre todo, los jóvenes– que aguardan legítima y ansiosamente a la minería como oportunidad de trabajo. 

Debido a que gran parte de las asambleas socioambientales rechazaron participar, la audiencia pública se convirtió en un estrado donde los inscritos subían para exclamar enfáticamente “Sí a la minería” y manifestar su expectativa laboral. Sin embargo, según el Estudio de Impacto Ambiental, el proyecto minero Calcatreu creará solo 100 empleos durante la fase de construcción y 250 durante la explotación del proyecto que durará cinco años. Pese a ello, en sintonía con el discurso libertario, los funcionarios rionegrinos anuncian exultantes la solución al desempleo, la pobreza y el desarrollo local de la mano de la minería. Atacan el “pobrismo” para fomentar el pensamiento mágico.

Tanto los especialistas como las poblaciones afectadas son conscientes de que la minería metalífera a cielo abierto no genera muchos puestos de trabajo. Hace 20 años que venimos documentando datos desalentadores. Según datos del SIPA (2023), elaborados por el profesor y geógrafo Marcelo Giraud, de la Universidad Nacional de Cuyo, la minería metalífera solo emplea el 0,15% del empleo privado registrado total. Si seguimos la trayectoria de las localidades mineras, en Belén (Catamarca), solo el 1,5% trabaja en minería, mientras que en Jachal (San Juan) es de 3,3% (datos elaborados por la investigadora del Conicet Cecilia Agnistein). Mientras tanto, el Indec informaba para el segundo trimestre de 2023 que la pobreza en Catamarca era del 45% y el 41% en San Juan, antes de que el gobierno de Milei sumara unos 10 puntos porcentuales. 

En Perú, país minero por excelencia, en la actualidad el empleo en minería metalífera es del 1,5% de la población económicamente activa, mientras que la agricultura llega al 27,5%, según el exviceministro de Ambiente, el economista José de Echave.

La conclusión es que el trabajo minero que se crea es poco y de mala calidad; el impacto en términos de desarrollo local es insignificante. El empleo indirecto es de inserción muy precaria, trabajadores informales, comercio, empleadas domésticas. Y no es casual que en las provincias extractivas crezca el empleo público y la economía popular. Para colmo, la ruta del extractivismo está marcada históricamente por la prostitución y la trata de personas. 

El día después de la audiencia el gobernador de Río Negro publicó un tuit en X que dice: “Somos una provincia minera”. Y ello no es casual, hay 53 proyectos mineros en distintas fases, que colocan a la provincia en el top del ranking nacional, por encima, incluso de San Juan, la provincia prominera por excelencia. Así, en Río Negro, se juega algo más que un proyecto minero: Calcatreu es la puerta de entrada que convertirá a esa provincia en una zona de sacrificio a gran escala, con proyectos de oro, plata, litio y uranio, entre otros. Una apuesta a la reconfiguración productiva hacia un modelo primario extractivo exportador, sin valor agregado, de la mano del RIGI, que amplificará la destrucción de los territorios, a lo cual hay que sumar la construcción del puerto petrolero y la Planta de GNL. 

Mientras tanto, en otra localidad rionegrina, en Chimpay, los que hicieron sentir su voz durante la peregrinación anual para homenajear al beato Ceferino Namuncurá fueron los obispos de la provincia, quienes manifestaron su crítica, diciendo: “No les importa el cuidado de la tierra, los proyectos que hipotecan el agua y la tierra (…). Que escuchen a la gente y haya un diálogo transparente, no audiencias públicas que son obras de teatro con actores pagos”.

Embestida a gran escala

Pero esto no es todo. La embestida de gobernadores y corporaciones, envalentonados por la política libertaria, abarca numerosas provincias. La genuflexión es total, incluso en gran parte de las oposiciones provinciales. En Mendoza el embate minero es aplastante. Modificaron el Código Minero, pretenden reformar el Código de Aguas, algo que nadie se había atrevido a tocar hasta ahora. Y con el RIGI –ya aprobado a nivel provincial– pretenden destrozar la histórica ley 7722 que protege el agua.  

En San Juan, el avance del proyecto minero Josemaría supondrá el despilfarro de 1700 litros de agua por segundo, 151 millones por día, durante los 20 años del proyecto. También, ya se contó acá, en la provincia de Chaco se modificó el mapa de protección de bosque nativo para habilitar la destrucción de casi un millón de hectáreas por parte del agronegocio y las tanineras. En Corrientes, el avance del RIGI supone el corrimiento de la poderosa industria de monocultivo forestal que ya domina medio millón de hectáreas rurales y va por los Esteros y humedales provinciales. Por su parte, avanza la privatización definitiva del río Paraná visto solamente como una ruta de transporte de mercadería, la vena mayor de desangrado y saqueo de nuestro país.

Y así, en la era de la demencia y la crueldad, el gobierno de Milei creó la Secretaría de Culto y Civilización. No es una fake news ni una broma de mal gusto; así se llama, por más de que no estemos en el siglo XIX, sino en el XXI. Allí pusieron a cargo de esta tragicómica secretaría a Nahuel Sotelo, un personaje ignoto cuyas primeras declaraciones fueron “ojalá Argentina contaminará más” y que pretende “declarar a Greenpeace como terrorista”, una denominación genérica, que por supuesto busca abarcar cualquier organización ambientalista. Esto es muy peligroso porque acusar a alguien de “terrorista” implica perseguirlo, encarcelarlo, considerarlo un enemigo que debe ser aniquilado, como sucedió en los años 70. Además, esta provocación resulta inaceptable en América Latina, que posee el récord mundial de asesinatos de defensores ambientales.

Queda claro que la ola libertaria, a la cual se han subido muchos de los gobernadores, se propone instalar un nuevo régimen político que apunta a barrer no solo con toda narrativa de derechos sino con toda resistencia social. Con el corrimiento del umbral de lo posible, se abre así un nuevo ciclo político de luchas para las organizaciones sociales en Argentina. Hay que ser consciente de ello. 

Ciertamente, vivimos momentos de gran oscuridad, pero el acumulado de luchas en Argentina en defensa de los derechos humanos, sociales, ambientales, de género y raciales no puede nunca ser desestimado. Hoy no se trata solo de “una lucha ambiental” sino de saber y ser consciente que el núcleo de las dramáticas políticas económicas del gobierno de Milei pasan medularmente por habilitar el saqueo a gran escala de los bienes naturales. Comprender esto reconfigura el escenario de lucha frente a las políticas de entrega y saqueo. Ellos lo saben, por eso el escarnio y la descalificación de parte de los diversos oficialismos hacia el movimiento ambiental. 

En consecuencia, las resistencias vendrán de ahí, de los territorios, como lo fueron el Mendozazo y el Chubutazo. Allí puede estar el germen de resistencias más integrales que avancen hacia la construcción de propuestas de cambio que aborden la nueva situación y apunten a generosas articulaciones sociales y políticas en el plano de la justicia social y ambiental. 

MS/EV/MT

En muchos países, el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética se utiliza para promover la investigación científica, la educación sobre el uso seguro de dispositivos electrónicos y la implementación de políticas que limiten la exposición innecesaria a campos electromagnéticos. Además de fomentar el desarrollo de tecnologías más seguras y eficientes, así como el diseño de entornos urbanos y rurales que minimicen la exposición a fuentes de radiación no ionizante.

Los campos electromagnéticos (CEM) son generados por una variedad de fuentes, desde antenas de telecomunicaciones y líneas eléctricas hasta dispositivos inalámbricos como teléfonos móviles y routers WiFi. Aunque la mayoría de las exposiciones están por debajo de los niveles recomendados por las normativas internacionales, persisten preocupaciones sobre posibles efectos a largo plazo, especialmente con el aumento del uso de tecnologías inalámbricas.

Los efectos sobre la salud atribuidos a la contaminación electromagnética van desde síntomas leves como dolores de cabeza y trastornos del sueño hasta preocupaciones más graves como el riesgo de cáncer y alteraciones neurológicas. A pesar de que la evidencia científica sobre estos efectos es aún objeto de debate y estudio continuo, organismos de salud pública y agencias reguladoras recomiendan precaución y control en la exposición, especialmente para grupos vulnerables como niños y mujeres embarazadas.

Propuestas e iniciativas contra la contaminación electromagnética

Las iniciativas para reducir la contaminación electromagnética incluyen la planificación cuidadosa de infraestructuras de telecomunicaciones, la promoción de normativas más estrictas sobre emisiones de dispositivos electrónicos y la educación continua sobre prácticas seguras de uso de tecnologías inalámbricas. La colaboración entre gobiernos, industrias tecnológicas, organizaciones no gubernamentales y la comunidad científica es fundamental para abordar de manera efectiva este desafío complejo y global.

En este Día Internacional, es crucial reflexionar sobre nuestro uso personal de la tecnología y cómo podemos contribuir a un entorno más seguro y sostenible. Adoptar hábitos como el uso de auriculares con cable en lugar de dispositivos Bluetooth cerca del cuerpo, apagar routers WiFi durante la noche y mantener distancia de antenas de telecomunicaciones son medidas simples que pueden reducir nuestra exposición personal a campos electromagnéticos.

La protección contra la contaminación electromagnética es un esfuerzo colectivo que requiere compromiso y acción continuos. Al aumentar la conciencia y fomentar la investigación responsable, podemos trabajar hacia un futuro donde la tecnología coexista armoniosamente con la salud humana y ambiental.

DM

Caía la tarde un día del pasado mes de abril cuando el crucero de MSC World Europa soltaba amarras del puerto de Barcelona, España. Entre los varios miles de personas que se asomaban a la cubierta, haciéndose fotos y grabando lo que sería el comienzo de unas vacaciones de ensueño, se encontraba una pareja algo inusual: distanciados del resto, ella buscaba el mejor encuadre mientras él sacaba lo que parecía una vieja videocámara, grande, robusta, como de los años noventa. Asegurándose de que nadie pudiera ver la imagen que se mostraba en la pantalla, empezó a grabar. Al contrario que el resto de los pasajeros, su cámara no enfocaba ni a las magníficas vistas ni a las espectaculares instalaciones del barco. A él le interesaban sus chimeneas.

La investigadora y activista de la organización belga Transport and Environment Constance Dijkstra y el técnico en termografía Kristof Smeyers embarcaron aquel día como dos pasajeros más en este megacrucero con el fin de grabar lo que el ojo humano no ve: las fugas de metano que los motores de este barco propulsado por gas natural licuado (GNL) dejan sin quemar durante la combustión. Lo harían usando una cámara óptica que detecta emisiones de hidrocarburos en infrarrojo, un aparato complicado de usar y para lo que es necesario una especialización técnica.

Inaugurado en diciembre de 2022, MSC presentó esta mole de 215.000 toneladas y 333 metros de eslora como el “barco más ecológico y eficiente” de su flota hasta la fecha –le seguiría uno más, el Euribia, lanzado en junio–, gracias a su potente motor de combustible dual y cuatro tiempos que puede utilizar, además de gasóleo, gas natural licuado. Lo que la industria de los cruceros considera la alternativa más sostenible actualmente disponible es una trampa, según organizaciones como el Consejo Internacional para el Transporte Limpio (ICCT) y el grupo de expertos de Naciones Unidas sobre el impacto del cambio climático (IPCC).

En realidad, lo que se llama gas natural es el metano, un potente gas de efecto invernadero. Si bien emite un cuarto menos de CO₂ que el petróleo y es menos contaminante para el aire que respiramos porque apenas contiene óxido de azufre y de nitrógeno, el porcentaje que no se quema tiene un efecto devastador sobre la atmósfera.

Según alertan los científicos, en 20 años este metano acumulado será 80 veces más perjudicial que la misma cantidad emitida de CO₂. “Desde Transport and Environment decidimos subirnos a este crucero para trasladar a la gente el mensaje de que el gas natural licuado no es un combustible limpio y de que, además, estos cruceros utilizan el tipo de motor de GNL que más fugas de metano registra”, detalla Constance Dijkstra.

Estos cruceros utilizan el tipo de motor de gas natural licuado (GNL) que más fugas de metano registra

Constance Dijkstra — Investigadora y activista de la organización Transport & Environment

Con siete piscinas, un parque acuático, 13 bares y restaurantes y capacidad para 9.000 personas –de las cuales más de 2.000 forman parte de la tripulación–, este crucero es el primero de los tres propulsados con gas natural licuado que la compañía MSC, la naviera más grande del mundo, ha planeado construir tras una inversión de 3.000 millones de euros. Una vez finalizada la construcción del tercero, la flota total de su negocio de cruceros sumará 23 barcos; entre ellos se encuentra el MSC Grandiosa, el crucero que más CO2 emitió en 2022, 130.000 toneladas, el equivalente a las emisiones de una ciudad pequeña durante un año.

“Los viajeros eran de todo tipo, familias, parejas, grupos, y se escuchaban muchos idiomas distintos”, relata Kristof. Mientras unos se daban un chapuzón y otros se deslizaban por un tobogán– también para adultos– de 11 plantas situado en medio de un pasaje comercial, este técnico belga se afanaba por grabar la pluma de la chimenea desde diferentes ángulos y en distintos momentos de la travesía: “Queríamos captar la emisión de los gases cuando el barco arranca, una vez que alcanza la velocidad constante y al llegar a puerto”, describe.

Pero una vez a bordo, el plan dio un giro inesperado. A pesar de corroborar que el nuevo barco navegaría con gas natural licuado, Constance supo que, en esta ocasión, el crucero estaba quemando gasóleo en lugar de GNL. Horas después, las sospechas se confirmaron al llegar al puerto de Marsella, cuando el buque para el repostaje que abastece de este combustible a los grandes barcos no se acopló al suyo. Desconocen las razones por las cuales MSC decidió no utilizar GNL, pero las grabaciones no servían: se habían quedado sin la evidencia que buscaban. “Aun así este primer viaje nos sirvió como práctica, ya que era la primera vez que nuestra ONG planeaba una acción de este tipo”, argumenta Constance.

Grabar la chimenea de un barco de semejante envergadura no es tarea fácil. Kristof Smeyeres lleva más de dos décadas dedicado a detectar y a monitorizar fugas y escapes de distintos tipos de gases en refinerías, fábricas y otras plantas industriales. Pero siempre en tierra. “Primero tuvimos que buscar los mejores puntos desde los cuales enfocar hacia arriba; además había que ser precavido para grabar con discreción esas imágenes en infrarrojo; por último, había que controlar bien la cámara porque hacía mucho viento”, explica. Para su sorpresa, nadie les preguntó por qué grababan; nadie se interesó por esta extraña pareja que no se arreglaba de punta en blanco para cenar ni se hacía selfies en la piscina. Tras otro día más de travesía, Constance y Kristof se bajaron del World Europa en el puerto de Génova.

Segundo intento

Al igual que el transporte aéreo, el marítimo utiliza un sistema de seguimiento (AIS, por sus siglas en inglés) a través del cual los buques comunican su posición de manera automática para evitar colisiones. Como si de una labor de espionaje se tratara, Constance Dijkstra pasó semanas analizando el historial de trayectos del World Europa. “Comprobamos cómo, desde abril, cada semana que atracaba en Marsella, el barco de la empresa de gas natural licuado se aproximaba a él”, relata Constance. En junio decidieron intentarlo una segunda vez y, en esta ocasión, viajaría Kristof solo.

Eran las siete de la mañana del 2 de junio cuando, acompañados por un equipo de Televisión Española, Kristof y Constance grabaron las primeras imágenes del día desde una pequeña barca de pescadores, de nuevo en el puerto de Barcelona. A lo lejos se veían las chimeneas del barco que tan bien conocían. Mientras se aproximaba a la dársena, a simple vista nadie podría decir que estaban expulsando metano. La cámara, esta vez, sí lo captó: “Al dirigirla a la chimenea del barco, detectó perfectamente y de manera muy visible los gases siendo expulsados”, describe Kristof.

Una vez a bordo, repitió la secuencia de grabaciones que había realizado durante el primer viaje. Aunque se trata de una cámara muy precisa, las imágenes no pueden determinar el tipo de hidrocarburo que se está quemando, sino que solo detectan la presencia de gas. Como sabían que el combustible era gas natural licuado, detalla Constance, la nube de la pluma que aparecía sin quemar era, sin duda, metano. “Es difícil mostrar a la gente la severidad del impacto que tiene sobre el clima algo que no podemos ver: por eso necesitábamos estas imágenes”.

Es difícil mostrar a la gente la severidad del impacto que tiene sobre el clima algo que no podemos ver: por eso necesitábamos estas imágenes

Constance Dijkstra — Investigadora y activista de la organización Transport & Environment

Otros estudios realizados en buques cargueros como el llevado a cabo por el científico norteamericano Paul Balcombe han revelado que las fugas de metano varían mucho según la velocidad y el volumen de carga. Este estudio concluyó que los barcos que utilizan un motor de cuatro tiempos –como el de los grandes cruceros– llegan a expulsar hasta un 8% de metano sin quemar, más del doble del permitido por la Organización Marítima Internacional (3,5%) y por la Unión Europea (3,1%).

El sector turístico que más crece

Los miles de pasajeros que compartieron travesía con Constance y Kristof pagaron alrededor de 1.500 euros por persona para una semana de crucero por el Mediterráneo. Atraídos por la comodidad y el lujo que estos resorts flotantes ofrecen, el número de turistas que se suben a un crucero no ha parado de aumentar desde el fin de la pandemia y, para 2023, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros prevé 31,5 millones de pasajeros, un 30% más que el año pasado. Esto es, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo, el sector que más rápidamente está creciendo desde 2019.

Pero al mismo tiempo, esta forma de turismo forma parte de un tipo de transporte, el marítimo, que es el responsable del 3% de las emisiones totales de CO₂. En un sector tan contaminante para el planeta, la prioridad de reducir el uso de combustibles fósiles pesados como el gasóleo marítimo hace que el gas natural licuado, al emitir menos dióxido de carbono, aparezca como una solución a corto plazo. La Unión Europea acaba de aprobar una directiva por la cual el transporte marítimo deberá disminuir gradualmente la intensidad de sus emisiones, no solo de CO₂ sino también de metano y de óxido nitroso, desde un 2% en 2025 hasta un 80% en 2050. Además, los barcos de pasajeros deberán conectarse a la red cuando estén amarrados en puerto.

Naciones Unidas advierte de que, para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados, las emisiones de gases de ciclo de vida corto, como el metano, deben reducirse en un 45% en esta década. Por su parte, 150 países firmaron en 2021 el Compromiso Global sobre el Metano, comprometiéndose a disminuir en un 30% las emisiones de este gas entre 2020 y 2030. Mientras esto ocurre, la construcción de nuevos buques propulsados por GNL no para de crecer: entre 2012 y 2022 el número se triplicó y, según cifras del Consejo Internacional para el Transporte Limpio (ICCT), durante seis años de esa década las emisiones de metano del sector marítimo se dispararon en un 150%. Activistas y científicos piden un cambio de rumbo para que la solución no llegue a ser más perjudicial que el problema que pretende resolver. Acelerar la transición hacia el hidrógeno verde; volver a usar el viento para navegar, instalando en estos grandes barcos desde turbinas eólicas hasta cometas; así como reducir la velocidad y conectarse a la red eléctrica siempre que se atraque en puerto son algunas de las propuestas para dejar de depender de los combustibles fósiles.

Mientras la industria del transporte marítimo busca fórmulas para adaptarse a las regulaciones que impone Bruselas o la Organización Marítima Internacional, la experiencia del activista a bordo fue diferente: “Al reservar un crucero en uno de estos barcos de GNL, la compañía se preocupa por transmitir que se trata de un viaje sostenible, pero una vez a bordo el discurso ambiental se limitó a pedir que no se arrojen colillas al mar y a mostrar lo que hace su fundación para proteger los fondos marinos”, comenta Constance. “Las instalaciones son magníficas, todo está extremadamente limpio, la tripulación siempre te saluda con una sonrisa: a los pasajeros no se les incomoda con problemas como el cambio climático, están allí para disfrutar”, apostilla.

A los pasajeros no se les incomoda con problemas como el cambio climático, están allí para disfrutar

Constance Dijkstra — Investigadora y activista de la organización Transport & Environment

Consultados para este artículo, los portavoces de MSC respondieron:

“Consideramos inusual cómo se llevó a cabo esta filmación. Si hubiéramos sabido del interés de T&E por nuestro barco, habríamos recibido al equipo de filmación a bordo de MSC World Europa, ofreciendo información y contenidos más completos sobre el barco. Respecto de las emisiones de metano de las chimeneas de los barcos, no se pueden detectar de forma realista utilizando vídeos de imágenes ópticas de gases. Existen otras tecnologías mucho más sofisticadas y reconocidas, como los sistemas de detección por ionización de llama, los sistemas MicroGC o una combinación de diferentes sistemas para analizar con precisión los niveles de emisión. Los barcos de nueva construcción de MSC Cruceros son flexibles en cuanto al combustible y pueden adaptarse a una gran variedad de combustibles renovables, tanto los disponibles en la actualidad como los previstos para el futuro. El deslizamiento de metano ha sido un problema, aunque estamos trabajando en toda la industria para encontrar soluciones y mejorar los motores actuales. Con el GNL, nuestros barcos están preparados para el futuro”.

El Riachuelo conserva, en el ideario general, uno de los peores recuerdos en materia de gestión del medio ambiente. Basura, desechos industriales, olor nauseabundo y barcos abandonados son algunas de las imágenes que arrojaba la zona. Si bien los vecinos de la zona aseguran que “sigue siendo un río contaminado” y que el impacto de su saneamiento en los barrios es todavía es “escueto”, desde el histórico fallo “Mendoza” que dictó la Corte Suprema de Justicia en 2008, la historia comenzó a cambiar. 

ElDiarioAR participó de una jornada de navegación desde el muelle de ACUMAR, ubicado al lado del Puente Bosh, hasta la desembocadura del Riachuelo en el Río de la Plata. A lo largo del recorrido puede constatarse que las obras de saneamiento dieron como resultado la recuperación de su paisaje natural: peces, juncos, tortugas acuáticas y una gran variedad de aves. Antes de fin de año, un tramo podrá utilizarse para la navegación con fines turísticos.

El histórico fallo “Mendoza”

En 2008 un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obligó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) ―que había sido creada a través de un decreto presidencial firmado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2006― a realizar un programa con los objetivos de mejorar la calidad de vida de la población de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes y prevenir daños.

“En ese momento se empezó a trabajar en el primer Plan de Saneamiento Ambiental, que después se fue modificando”, apunta Antolín Magallanes, director general de Gestión Política y Social de ACUMAR.

El proceso de saneamiento

Una de las principales tareas del saneamiento es la “limpieza del espejo de agua”, que se lleva adelante a través de barreras flotantes que contienen los residuos sobrenadantes. En función del caudal del río, los vientos, las mareas y el terreno, los residuos fluyen por el agua hasta ser interceptados por estas barreras. Además, se emplean catamaranes para recolectar los objetos más pequeños que quedan en el agua.

Otras medidas que se llevaron a cabo durante este proceso fueron la erradicación de grandes basurales, algunos de hasta 10 o 12 hectáreas, y el control industrial. ACUMAR se encargó de realizar el empadronamiento de un total de 1400 empresas. Luego, se determinó cuáles eran contaminantes y cuáles no. “Estábamos en 800 empresas que eran agentes contaminantes y ahora estamos en 500, pero no todas son lo mismo. Hay 20 que son las más grandes aportantes y sobre esas está puesto el foco. Todas tienen su plan de reconversión y todas están cumpliendo”, resume Magallanes.

Un punto a destacar es que el año pasado el ex Mercado de Hacienda dejó de volcar residuos orgánicos. Fabio Márquez, director de la Comisión de Participación Social de ACUMAR, cuenta que “el año que viene entrará en funcionamiento el parque industrial curtidor en Lanús para el tratamiento de las decenas de curtiembres que están en la cuenca”.

Magallanes también menciona la importancia que tuvo la ampliación de la red cloacal por parte de Aysa. Cuando empezó el proceso de saneamiento había un 20% de capacidad y hoy en día es de un 60%. “El objetivo es llegar a un 80 o un 85%. Se estima que se alcanzará dentro de 5 años”. Los desechos cloacales representan el 70% de la contaminación del agua. El restante 30% es industrial y otros residuos.

En algunas zonas del Riachuelo, sobre todo en la llamada Vuelta de Badaracco, aún se pueden ver montículos de arena que recuerdan los 84 barcos que estaban varados y abandonados y que ACUMAR se encargó de desguazar y quitar, al igual que 100 automóviles.

El plan también contempla la limpieza de las márgenes del río. Del lado de la Ciudad de Buenos Aires esa tarea es realizada por una empresa privada contratada por el GCBA. Del lado de la provincia de Buenos Aires, lo limpian cooperativas. Ahora en los bordes crecen juncos y flores acuáticas que antes no se veían.

A su vez, hace poco se incorporaron los llamados “guardianes ambientales”, que salen en duplas compuestas por un inspector y una persona vinculada a la prevención y que recorren la cuenca todos los días.

“Todos estos procesos hacen que el río no tenga más ese olor a huevo podrido histórico y que el espejo de agua esté más limpio. Además, un ambiente tan contaminado podía traer consecuencias en la salud como migrañas permanentes, problemas respiratorios, de piel, etc.”, advierte Magallanes. 

Cambios en el paisaje, flora y fauna

Hoy en día existen 150 variedades de peces en toda la cuenca, que ingresan, cada vez en mayor cantidad, con la sudestada desde el Río de la Plata. También es común ver garzas, tortugas de agua, gallaretas y sapos. “Eso da cuenta de la mejora de la calidad acuática. De a poco el río va recuperando su paisaje original”, asegura Márquez.

Magallanes describe que ahora mucha gente va a tomar mate, entrenar y correr en la rivera. “Este año Pompeya y Barracas festejaron su aniversario del barrio al lado del Riachuelo, algo que no había pasado nunca”.

Las mejoras también provocaron la desaparición de la niebla, una característica del Riachuelo que sirvió de inspiración para tangos y cuadros del artista plástico Quinquela Martín. “La niebla es un fenómeno atmosférico. Cuando se conjuga con un fenómeno de contaminación ambiental aéreo, genera esos frentes muy espesos de niebla. Este año tuvimos un frente de niebla fuerte, natural, y la gente en La Boca sacaba fotos como si fuera una novedad”, afirma Magallanes.

La posibilidad de la navegación

Tras un pedido del ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, la justicia federal habilitó, después de doce años, la circulación de embarcaciones turísticas en un tramo corto del Riachuelo.

Por ahora son 300 metros que formarán parte de un circuito que irá desde Tigre hasta Quilmes. Esto permitirá que, antes de fin de año, comience a haber un movimiento fluvial con fines turísticos con desembarcos en un muelle que se construirá al lado del transbordador Nicolás Avellaneda, entre La Boca e Isla Maciel.

Márquez sostiene que, en la medida que continúe el saneamiento, se podrá avanzar aguas arriba e ir recuperando más navegabilidad. “Imaginamos que pueda ser con lanchas colectivas sostenibles, con motores eléctricos, y que algún día puedas tomarte una lancha en Pompeya y terminar en La Boca, Barracas, o Puerto Madero, como una alternativa de transporte. Esto sería darle una utilidad al río en la cual nos revinculemos con él de un modo práctico”, agrega.

Aspectos pendientes

Más allá de los significativos avances, para Márquez aún resta mejorar la calidad de los espacios urbanos; implementar más infraestructura; realizar intervenciones para recuperar biodiversidad, tanto en el curso principal como en los arroyos; proteger y activar los humedales; y mejorar la conectividad de sistemas cloacales y la provisión de agua potable.

“Es un espacio de 5 millones de habitantes en el área metropolitana de Buenos Aires con déficit de infraestructura y mucha inequidad socioeconómica. La cuenca puede ser un testimonio de cómo equilibrar esas situaciones. Esto requerirá de tiempo y de mucha participación social”, concluye.

Dentro de los objetivos de ACUMAR, se encuentra el reordenamiento del territorio. Para eso, algunos barrios fueron relocalizados, como “El Pueblito”, y otros fueron reurbanizados, como una zona de la villa 21-24.

“También estamos mudando la zona del Meandro de Brian. Es la parte más compleja porque es la famosa zona de quema de CABA, entonces el terreno se elevó a medida que se iba llenando de basura”, apunta Magallanes. 

Las voces de los vecinos y vecinas

Para Diana Aiva, directora del comedor comunitario Casa Usina de Sueños, las obras de saneamiento tuvieron un impacto beneficioso para los vecinos y vecinas de la Villa 21-24 ya que muchos pudieron mudarse a otros predios cercanos al lugar de pertenencia. “Salvo los primeros que tuvieron que irse a Castañares, porque no se pudo hacer otra cosa”, puntualiza.

“Después de muchos años se pudieron concretar placitas y espacios de recreación. El camino es bien espacioso y está cementado. Muchos pudieron cambiar radicalmente su forma de vida. Aunque las edificaciones no son lo que esperábamos, es mejor a como estaban viviendo antes”, señala. Remarca que “falta muchísimo”, y reclama que a muchos vecinos del Camino de Sirga aún no se les adjudicaron departamentos“.

En ese sentido, describe que muchas personas se encontraban viviendo en casas precarias con diversos problemas de salud. “El plomo en sangre estuvo siempre en el barrio, más en esa zona”.

Y agrega: “aunque está penado, algunas empresas siguen tirando algunos residuos al Riachuelo y eso hace que, de vez en cuando, sintamos un olor nauseabundo o tengamos cerca de nuestras casas la basura que se genera en otros lados”.

Por su parte, Nelson Santacruz, también vecino de la Villa 21-24, coincide con Diana respecto a los avances de las obras y destaca que no haya más barcos hundidos, basura flotante, ni  sobrenadantes de nafta, petróleo o aceite. Sin embargo, sostiene que “sigue siendo un río contaminado”. Además, advierte que el impacto de las obras en los barrios todavía es “escueto” y cuenta que, por ejemplo, en Villa Inflamable los vecinos tienen muchas dificultades para acceder al agua potable.

Nelson afirma que aún quedan 1700 familias por relocalizar. “Esto significa que están sufriendo la contaminación del aire, con afecciones respiratorias, y también microbasurales, la presencia de ratas y espacios donde se acumula agua, lo que trae aparejado la proliferación del mosquito del dengue. Somos el barrio popular que más casos tuvo el verano pasado”, dice. 

Santacruz considera “clave” la organización de la comunidad que luchó y marchó tanto en los Tribunales, como en la calle y en los pasillos del barrio. “Sin la insistencia del territorio, esto no hubiese existido. La política pública que vamos consiguiendo como barrio es a partir de la lucha organizada del cuerpo de delegados de la 21-24, los vecinos y vecinas y la fundación Temas”, enumera.

Qué dicen las organizaciones ambientalistas

Giselle Munno Dithurbide es responsable de asuntos legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una de las cinco organizaciones que integran el cuerpo colegiado encargado de realizar un seguimiento del cumplimiento y la ejecución del fallo Mendoza. 

La especialista destaca las tareas de limpieza que se realizaron en los márgenes del río y en el espejo de agua. Además, resaltó el avance que se produjo en materia de obras de red de agua potable, desagües pluviales y saneamiento cloacal. “Una de las obras más importantes de esta categoría es el Sistema Riachuelo de Aysa, que se inauguró hace poco”. 

Luego se refirió a los informes trimestrales que se realizan para medir la calidad del agua y del aire y remarcó que reflejan varias deficiencias. “En estos puntos hay que hacer una mejora importante”, aseveró.

En materia de relocalizaciones, la abogada señaló que hasta la fecha se avanzó en un 35%. Es decir, que hay un 65% que se encuentra pendiente. “Lo que se avanzó fue con soluciones habitacionales para las viviendas que estaban ubicadas en el Camino de Sirga”, detalló. 

Una de las críticas más fuertes es sobre el régimen de vertidos industriales. “Nosotros señalamos la necesidad de acelerar los planes de reconversión industrial de aproximadamente 600 agentes contaminantes. Hay algunos que están en esta situación hace muchísimos años, lo cual es un indicador de que hay que ser más rigurosos en que estos planes se inicien, se ejecuten y se finalicen”.

La abogada señaló que otra deuda pendiente es la designación de un Defensor del Pueblo, un puesto que se encuentra vacante hace 14 años, y que sería “clave” para el seguimiento de la ejecución de esta sentencia.

Por último, enfatizó que hay que continuar trabajando en el saneamiento de los basurales a cielo abierto y que desde ACUMAR se debe fortalecer la gestión y protección de las áreas protegidas y reservas naturales y seguir las recomendaciones legales y técnicas que dan instituciones académicas y otros organismos.

AIC/DTC

Las autoridades de Malasia pusieron en marcha una serie de medidas, entre ellas sembrar nubes y el cierre de colegios, con el objetivo de combatir la contaminación del aire derivada de centenares de fuegos registrados en la vecina Indonesia.

El Ministerio de Recursos Naturales, Medioambiente y Cambio Climático del país emitió en las últimas horas un comunicado detallando las posibles actuaciones tras detectar unos 250 fuegos en las islas indonesias de Borneo y Sumatra.

Los niveles de contaminación del aire alcanzaban en la tarde del lunes un “nivel insalubre” en 11 áreas, algunas de las cuales incluyen zonas de Kuala Lumpur.

En el distrito de Cheras, en el sureste de Kuala Lumpur, el índice de contaminación del aire alcanzó la víspera los 160 puntos.

“Actualmente, la calidad del aire en el país sigue deteriorándose con un aumento en las áreas que registraron lecturas de calidad del aire poco saludable, en especial en la costa oeste de la parte peninsular de Malasia”, remarca el escrito.

Conforme al plan, las autoridades indican la posibilidad de sembrar nubes de manera artificial con el objetivo de provocar precipitaciones en las áreas donde el citado índice supere los 150 puntos durante más de 24 horas.

La siembra de nubes, una técnica que se remonta a 1946, es el método más común para modificar artificialmente el tiempo, para lo que se dispersan al aire sustancias como yoduro de plata, hielo seco e incluso sal desde aeronaves o desde la superficie.

El ministerio malasio también apunta que suspenderá las actividades al aire libre en los colegios y guarderías si el índice supera los 100 puntos y cerrarán “inmediatamente” las puertas en el caso de que alcancen los 200.

La semana pasada, Malasia acusó a Indonesia de causar un problema de contaminación del aire a raíz de los incendios ubicados en territorio indonesio, algo que Yakarta niega.

Durante la estación seca en Indonesia, entre abril y octubre, las plantaciones de aceite de palma y otros cultivos efectúan quemas agrícolas para eliminar los rastrojos y crean nubes de contaminación que, en ocasiones, como en 2014 y 2015, traspasan las fronteras y afectan a los países vecinos, como Malasia y Singapur.

EFE.

IG

Desde su condición delirante e hiperbólica, Javier Milei habla del valor cero del agua y de la libertad a contaminarla, y los que se creen San Martín le saltan a la yugular como si eso mismo no sucediera en la Argentina con el aval del estado nacional y de las provincias.

El fracking es el ejemplo de que el agua vale casi cero para la industria hidrocarburífera, y que los políticos argentinos en vez de alarmarse, aplauden. Marea pensarlo, pero se usan unos 80 millones de litros por pozo para que las petroleras tengan la libertad absoluta de sacarla del ciclo hidrológico hasta el fin de los tiempos. Las empresas pagan un canon exiguo por lo que toman del Río Neuquén como si fuera infinito, mientras unas mangueras de goma, a las que llaman “anacondas”, pueblan el suelo desértico de la ribera a los pozos, gordas como hubieran devorado bestias de un trago.

El agua del Golfo San Matías, donde YPF proyecta un puerto petrolero, también parece no tener valor, igual que la biodiversidad que contiene, lo que incluye a pingüinos, ballenas, delfines, orcas, cormoranes, entre otras forma de vida únicas e imprescindibles, que vienen a observar desde todo el mundo. Y que la inevitable contaminación con microderrames, causará infinitas muertes de esos mismos animales, coartando la libertad de los que no viven de las perniciosas industrias extractivas de construir un presente y un futuro en torno a actividades como el turismo. Y al que protesta, le mandan la patota de un sindicato y San Se Acabó, porque a las audiencias “públicas” le prohiben la entrada.

¿Queja de la clase política? No señores, al contrario: hay entusiasmo.

Desde hace unos diez meses, YPF tiene un derrame de petróleo en el valle de Río Negro que no puede controlar, y cuando los dueños de las fincas aledañas que producen las peras y manzanas le impidieron a la circulación a un camión de la empresa, los llevaron a la fiscalía. Ahora, el derrame amenaza a la napa y canales de riego, y no hay respuesta para nada, acaso porque se normalizó darle prioridad a los poderosos que contaminan, mientras los contaminados miran avanzar el deterioro. Nadie hizo ni un tweet.

La indiferencia por la contaminación del agua no se reduce al petróleo. Cuando era presidente, Mauricio Macri se quejó de que no dejaran fumigar sobre las escuelas de Entre Ríos, así que un mileísmo implícito le latía en el corazón antes de que le empezara a guiñar el ojo al candidato con cariño. En Argentina, la sojización y la aplicación de agrotóxicos que viene con su implantación masiva, trajo una epidemia de cáncer en los pueblos, entre otras cosas, porque se valora más la libertad de arrojar químicos sobre los cuerpos de agua que la vida de las personas, los animales silvestres o domesticados, que la tienen que consumir contaminada. Se ha encontrado glisfosato hasta en el Río Paraná. ¿Y la indignación? ¿Dónde está? ¿Por qué creen que la ley de humedales está condenada a ser un proyecto sempiterno y nada más? 

El valor de un lote deforestado es más grande en términos monetarios que uno con bosque. Bosque que forma parte del sistema hidrológico, y que al no existir más, porque en su lugar han puesto vacas, soja, maíz o girasol, tampoco podrá perpetuar el ciclo de agua, contaminada o no. De hecho, la ausencia de vegetación hace subir la napa salada, lo que amenaza con arruinar los suelos para siempre. Pero la libertad de ese “desarrollo” arrasó hasta con la legalidad en provincias como Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, pero los gobernadores aplauden y sus burocracias estatales le dan rienda suelta abierta o solapadamente a las topadoras, que no cesan de funcionar nunca.

El agua vale más que el oro es un grito histórico de defensa de la vida y ha impedido el avance de la mega minería, por ejemplo, en Mendoza y Chubut, pero no hay político que no sueñe de hacer con que la cordillera es una torta de cumpleaños, rellena de minerales.

En Andalgalá, Catamarca, la minera que explota Bajo la Alumbrera se quiere comer nuevos cerros, a pesar de la resistencia local, que nunca vió ni verá desarrollo por el hecho de que le hayan dejado una carie en la cordillera de los Andes, usando sus ríos para lavar el mercurio que separara el oro de la “roca estéril”. O en Jáchal, San Juan, donde encontraron metáles pesados en el agua, gracias a las actividades en la mina Veladero, cuya dueña, la Barrick Gold, goza de protección política, judicial y mediática. 

Gerardo Morales, acaba de “reformar” la constitución de Jujuy para facilitar la libertad de evaporar agua, que es lo que hace, entre otras cosas, la minería de litio, sin importarle que las comunidades, los animales y las plantas se queden sin ella. Mileísta insospechado. Su policía no tembló al apuntar a los ojos de sus detractores.

Milei es el primer “político” en negar el cambio climático, lo cual es obtuso, estúpido, un problema de política interior y exterior, y peligroso para la supervivencia. Hasta ahora, en Argentina no habíamos tenido negacionistas explícitos, pero negacionistas en la práctica siempre tuvimos a patadas, sino no se estaría impulsando como la gran esperanza nacional a la bomba de carbono llamada Vaca Muerta, la exploración y explotación offshore y hasta el fracking en la provincia de Santa Cruz con incentivos del estado. 

Políticos de casi todos los colores avalan estos proyectos mal llamados de “soberanía energética”, incluyendo a ciertos sectores que se auto perciben ambientalistas y son de sangre joven. Y ni que hablar de los medios, que describen a la formación de hidrocarburos no convencionales como a una “joya”, o peor, como una “niña bonita”, cuando los territorios y las personas que están encima son una zona de sacrificio, donde la vida se contamina y arrasa con la misma brutalidad con la que habla Milei. ¿Cuál es el valor de un sismo inducido por el fracking? En este momento es cero. ¿Es real?

No podemos saber qué le pasa a Milei por la cabeza cuando se sienta a ver la tele junto a sus perros, y en la pantalla hay imágenes de gente muerta de calor, de incendios incontrolables, aludes, huracanes o una inundaciones súbitas. No sólo se acaba la vida: la propiedad privada se disuelve como la vitamina C y pasa a valer cero. Pero me pregunto también qué le sucede a los políticos o la mismísima secretaria de cambio climático cuando autorizan gasoductos, los inauguran con una sonrisa, hablan de puertos hidrocarburíferos y terminales de GNL, de explotaciones offshore y proyectos de mega minería, que sólo conducirán a más de esas mismas desgracias. O peores.

Claro que no es igual tener en la Rosada alguien que pretende aniquilar toda la institucionalidad democrática de la Argentina a otro que la respete. Pero tampoco son creíbles algunos posteos edulcorados sobre el ambiente, la vida, el agua y el cambio climático, cuando las políticas de daño que se llevan adelante se exhiben con orgullo. Y eso no lo arreglás así como así en Instagram o en Twitter con una frasecita linda.

Vamos a ver si en los debates presidenciales o de jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires se incluye o no el tema del grave calentamiento planetario, y si los periodistas estarán a la altura de hacer bien las preguntas. No es cuestión de hablar por pura corrección política para que los pajaritos canten. Hay una necesidad real de salir de un atolladero existencial en el que estamos metidos hasta el tuétano y nos deben respuestas creíbles. Hay muchos apostando a la destrucción porque el futuro les parece intangible. Pero no lo es. Nosotros somos hoy el futuro de otros que ya son literalmente polvo de la historia. Y acá estamos: emperrados en lo mismo para mirar al abismo.

MA/MG

Una mañana de invierno en la fría Rusia de 1891, el químico Aleksander Dianin experimentó condensando dos ingredientes: acetona y unas sustancias orgánicas llamadas fenoles. Uno de los productos que obtuvo fue el bisfenol A (BPA), que para ser exactos, combina dos moléculas de fenol y una de acetona.

Rápidamente, grandes multinacionales como Bayer o General Electrics empezaron a fabricar con él desde bolsas hasta carrocerías para coches. A partir de los años 30 del siglo XX, el BPA ha sido el componente del plástico más usado en los productos de consumo humano: los incorporan las botellas de agua y bebida reutilizable, los recipientes para almacenar alimentos, los recubrimientos internos de las latas de bebida, etc.

Su versatilidad se explica, entre otras cosas, porque mezclar BPA con epóxidos (moléculas de un átomo de oxígeno y dos de carbono, que reaccionan uniéndose a otros grupos para formar polímeros) genera nuevos materiales altamente maleables, duros y termorresistentes, de fácil fabricación y bajo costo de producción.

El consumo de bisfenoles puede perjudicar su salud

Pero al mismo tiempo que se generalizaba el uso de los bisfenoles, empezaban a desvelarse sus efectos nocivos sobre la salud humana. Así, entre 1930 y 1936, el científico E. C. Dodds y sus colaboradores publicaron cuatro artículos de investigación donde concluían que estos compuestos actúan como estrógenos, alterando el ciclo estral (intervalo entre ovulaciones) de las ratas de laboratorio. Eso modificaba su fertilidad y capacidad reproductiva.

En 1936, ellos mismos indicaban que se debía seguir investigando los bisfenoles. Pese a ello, 30 años más tarde, en 1957, Walt Disney construyó una casa fabricada por completo con plástico como principal atracción turística en su parque. Era el apogeo de un material que entonces gozaba del máximo prestigio.

Siguiendo el trabajo de Dodds, hoy sabemos que las moléculas de BPA actúan efectivamente sobre los receptores de estrógenos, dada su similitud con dichas hormonas. Alteran el ciclo menstrual y tienen efectos sobre el páncreas endocrino y otros órganos.

Y en los últimos años también se analiza sus efectos en el sistema nervioso de numerosas especies, desde la mosca de la fruta hasta el ser humano.

Asalto a la barrera que protege nuestro cerebro

Así, estudios recientes revelan un hecho preocupante: las partículas de los plásticos, con o sin BPA, atraviesan la barrera hematoencefálica de los mamíferos. Así se llama a la capa de células que actúa como “puerta” al cerebro, permitiendo el paso del agua y nutrientes (glucosa, aminoácidos…) y evitando la entrada de agentes nocivos.

Algunas de las moléculas de plástico que llegan a la barrera quedan imbuidas en la membrana, alterando su fisiología, mientras que otras logran cruzarla. Estas últimas alcanzan el cerebro y penetran las neuronas, con graves consecuencias patológicas.

Uno de los efectos más preocupantes atañe al desarrollo prenatal: utilizando ratones, se ha descubierto que el BPA provoca un descenso en los receptores del neurotransmisor oxitocina en los embriones. Esto provoca alteraciones en la sociabilidad durante la vida de los animales.

Investigaciones con topillos de la pradera muestran que el BPA también afecta negativamente a las neuronas que expresan la hormona vasopresina, produciendo hiperactividad, ansiedad e inhibición en la búsqueda de pareja.

En ciudadanos estadounidenses, se observó además que la exposición a microplásticos durante el embarazo tiene efectos negativos en la conducta y regulación emocional en niñas y provoca un aumento de ansiedad y depresión en niños.

Y, por último, los microplásticos se han relacionado en Europa con una reducción de hasta cinco puntos en el cociente intelectual, lo que deriva en problemas como déficit de atención e hiperactividad.

Microplásticos en el menú

¿Y cómo llegan estos compuestos a nuestro organismo? El ciclo de destrucción del plástico comienza al desecharlo. En el mejor de los casos acaba en un contenedor de basura que después llegará a un vertedero. Los que vivimos en la costa tenemos presente la imagen de gaviotas comiendo restos en el vertedero del puerto. La mayoría de su dieta consiste en fragmentos de plástico.

Los plásticos también acaban en los ríos o en el mar. Aquí se erosionan, fragmentándose en partículas microscópicas: los microplásticos, con tamaños de 0,1 micrómetros (millonésima parte de un metro) a 5 milímetros; y los nanoplásticos, por debajo de los 100 nanómetros (mil millonésimas partes de un metro). Todos estos diminutos fragmentos son ingeridos por especies marinas: desde filtradores en la base de la cadena trófica hasta grandes peces en la cúspide alimentaria.

Además de ingerirlos, se adhieren a las branquias, invadiendo sus sistemas respiratorio, digestivo, filtrador y reproductivo, e incluso el cerebro. Finalmente, estos peces acaban en nuestro plato, alegremente condimentados con microplásticos invisibles a nuestros ojos.

En el último lustro, las instituciones oficiales han tratado de frente a esta problemática. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) acaba de llegar a la preocupante conclusión de que el BPA en los alimentos humanos constituye un riesgo para la salud: todos los ciudadanos europeos ingerimos más cantidad de BPA diaria de la tolerable.

Límites menguantes

Con el fin de remediarlo, desde 2015 la EFSA y la Unión Europea legislan para restringir su consumo en forma de microplásticos. A principios de 2015 se estableció un límite de ingesta diaria de 4 microgramos por kilo (µg/kg) de masa corporal, y ya entonces se comenzó a limitar la cantidad de BPA presente en el plástico europeo. Los últimos datos apuntan a que gracias a esas primeras medidas se consiguió reducir la ingesta en la población.

Además, la EFSA puso en marcha entre 2017 y 2018 un protocolo de evaluación de los peligros asociados al BPA, ayudándose de un panel de expertos. La conclusión de estos trabajos es que con una cantidad de BPA de sólo 8,2 nanogramos por kilo (ng/kg) de masa corporal, el sistema inmune presenta alteraciones en la respuesta inflamatoria, autoinmunidad e inflamación pulmonar.

Por tanto, y gracias los estudios llevados a cabo desde 2015, ese primer límite de ingesta diaria de 4 µg por kg de masa corporal se ha reducido: en 2023, la EFSA ha establecido como nuevo tope la cantidad de 0,2 ng/Kg. Sin embargo, aún estamos muy por encima de ese límite. Los microplásticos siguen demasiado presentes en lo que nos llevamos diariamente a la boca.

El autor agradece al Dr. Sergi Soriano Úbeda, profesor titular de la Universidad de Alicante e investigador en el laboratorio DIALAB, de la Universidad Miguel Hernández, su supervisión, apoyo y ayuda en la redacción del artículo.

José María Buil Gómez es investigador predoctoral en formación, en Neurociencia y etología., Universidad Miguel Hernández

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

La Cámara Civil y Comercial de San Nicolás, con la firma de los jueces José Tiviano, María Maggi y Fernando Kozicki, confirmó el fallo de primera instancia e impuso a la empresa Atanor el pago de 150 millones de pesos en concepto de indemnización por haber generado contaminación en el Río Paraná.

La indemnización será pagada al Estado Argentino y es en autos “Asociación Civil Protección Ambiental del Río Paraná Control de Contaminación y Restauración del Hábitat y otro c/ Atanor Acción de amparo”.

“En el caso de autos, no es viable fijar una restauración por la complejidad de la afectación, características y la naturaleza del bien receptor de los efluentes contaminantes (Río Paraná) cuyas aguas y sedimentos fluyen río abajo proyectando sus implicancias en lugares y sectores de difícil determinación y mensuración de la lesión pretérita del ecosistema, por lo que es mi convencimiento que nos hallamos ante una situación de daño irreparable o irreversible que debe ser indemnizable en base a criterios de prudencia y razonabilidad”, sostuvo el Tribunal.

“Más aún cuando se trata de un daño de un bien no monetizable como lo es el ambiente y ante la ausencia de normativa que oriente, dé metodología y criterios valorativos indemnizatorios”, agregó en su fallo.

“Se impone entonces la necesidad de establecer en términos económicos una reparación justa, equitativa y proporcionada a la afectación del menoscabo del patrimonio natural, debiendo ponderarse también la conducta de la demandada”, estableció el Tribunal al rechazar los argumentos de la empresa contra el fallo dictado en primera instancia que ahora es confirmado.

Las pericias confirmaron la contaminación por el vertido de químicos al Río Paraná.

“Dicha planta vierte efluentes líquidos al río Paraná conformados por desechos peligrosos y tóxicos que degradan la calidad de agua del curso del río donde se vuelcan y afectan la biota acuática”, resumió el Tribunal.

Es una historia de treinta años que se cifra en miles de millones de euros. Treinta largos años que no quedarán en los anales de la Unión Europea (UE) como los más memorables frente al cambio climático. Durante estas tres décadas, las industrias más contaminantes como el acero, el cemento, el petróleo o el aluminio recibieron de forma gratuita cuotas de emisión de CO2, una especie de derecho a contaminar, para incentivar a las empresas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

La idea general era que estos derechos a contaminar descenderían con los años. En realidad, las industrias más contaminantes recibieron estas cuotas en grandes cantidades, muy superiores al CO2 que emitían, por lo que acabaron teniendo excedentes que pudieron revender.

El sistema se desvió así de su objetivo original y se convirtió en una herramienta financiera que permitió a los beneficiarios aumentar sus ganancias comerciando con las cuotas. Solo entre 2013 y 2021, según estima el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), las industrias emisoras más grandes obtuvieron 98.500 millones de euros y solo destinaron una cuarta parte de esta cantidad (25.000 millones) a la acción climática.

Tras una investigación que se desarrolló durante ocho meses, con el apoyo financiero del fondo Investigative Journalism for Europe (IJ4EU), elDiario.es y el periódico francés Le Monde revelan las zonas oscuras de un sistema que pretendía ser beneficioso para la transformación sostenible de la industria y ha acabado alimentando la rentabilidad de las empresas más contaminantes. Las pesquisas se centran en las siderúrgicas y cementeras en Francia y España, dos de los sectores que más se han beneficiado de estas cuotas, e implican a compañías como Arcelor Mittal, Cemex, Cementos Portland Valderrivas, Holcim o Heildelberg Materials.

El Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) confirma lo que algunos sospechaban desde hace tiempo: las empresas han revendido parte de sus cuotas gratuitas por cientos de millones de euros

El análisis detallado de sus transacciones financieras registradas en el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) confirma lo que algunos sospechaban desde hace tiempo: las empresas revendieron parte de sus cuotas gratuitas por cientos de millones de euros, e incluso miles de millones en algunos casos.

En 2009 la operación Blue Sky destapó un fraude millonario a través del IVA de estas cuotas de emisiones. De hecho, la Audiencia Nacional va a juzgar a ocho grupos internacionales por el desfalco que, se calcula, causó una pérdida de 6.000 millones de euros a los países de la UE. Ese caso ha acabado en la justicia, algo que no sucederá en esta ocasión. El negocio de las empresas con la venta de los derechos de emisiones se lleva a cabo de manera completamente legal.

Las cuotas gratuitas, una mina de oro para contaminadores

1

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Cuotas de CO₂ acumuladas

Excedentes de cuotas

Volumen de cuotas intercambiadas en el mercado de carbono

Para el acero y el cemento, en millones de toneladas de CO₂

Diferencia entre las cuotas recibidas y el CO₂ emitido en todos los sectores industriales excepto la combustión de carburantes

En millones de euros

Superávit anual de

emisiones en porcentaje

Acero

Cemento

300

1 500

50 %

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GRÁFICO: LE MONDE. ADAPTACIÓN: IGNACIO SÁNCHEZ

Las cuotas gratuitas, una mina de oro

para contaminadores

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Cuotas de CO₂ acumuladas

Para el acero y el cemento, en millones de toneladas de CO₂

Acero

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2008

2021

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2013

2

Excedentes de cuotas

Diferencia entre las cuotas recibidas y el CO₂ emitido en todos los sectores industriales excepto la combustión de carburantes

Superávit anual de

emisiones en porcentaje

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– 300

– 10 %

2005

2019

2013

Acumulación de

superávit en millones

de toneladas de CO₂

3

Volumen de cuotas intercambiadas en el mercado de carbono

En millones

de euros

11

9

7

5

3

1

0

2011

2021

2015

GRÁFICO: LE MONDE. ADAPTACIÓN: IGNACIO SÁNCHEZ

El sistema de cuotas gratuitas, lanzado el 1 de enero de 2005, aún está vigente. Está destinado a desaparecer en 2034. El pasado 18 de abril, el Parlamento Europeo adoptó un nuevo plan climático que prevé reemplazarlo gradualmente por un “mecanismo de ajuste del carbono en las fronteras” de la Unión, con el objetivo de hacer más verdes las importaciones de los sectores con mayores emisiones de CO2. Optar por un sistema más simple es una especie de mea culpa de la UE, aunque oficialmente no haya admitido su error.

Río de Janeiro, Kyoto, Al Gore...

El origen de esta historia se remonta a la cumbre de Río en 1992. Fue en aquel momento cuando surgió la idea de un impuesto al carbono al cual estarían sujetas las industrias europeas para hacer que la economía fuera más responsable frente al medio ambiente. La iniciativa no obtuvo unanimidad entre los Estados miembros. Francia, entre otros, bloqueó esta decisión.

En 1997, el Protocolo de Kyoto volvió a poner este tema sobre la mesa. Al Gore, en aquel entonces vicepresidente de los Estados Unidos, consideró la idea interesante, pero dijo que los republicanos no la aceptarían. Por lo tanto, era necesario imaginar algo más compatible con el modelo capitalista para complacer a los estadounidenses y preparar una posible integración de los mercados transatlánticos en el futuro.

El Viejo Continente creó entonces un mercado europeo de carbono en el cual las industrias podrían comprar y vender cuotas para regular sus emisiones de CO2. “La UE creó desde cero un mercado que nunca antes había existido. Es la primera vez en la historia de la humanidad ”, señala Thomas Pellerin-Carlin, director del programa Europa en el Instituto de Economía para el Clima (IC4E). Hoy en día, este mercado es el más grande de su tipo en el mundo, aunque están surgiendo otros, como en China.

Nos dimos cuenta de que estábamos en terreno resbaladizo, que potencialmente tendríamos que devolver las cuotas asignadas en exceso. Éramos conscientes de que esto no podía durar, que alguien iba a poner fin a la diversión en algún momento

Eric Bourdon — Director general adjunto de la cementera francesa Vicat

“Desde el principio, se plantearon cuestiones centrales. ¿Bajo qué modelo se asignarán las cuotas que las empresas intercambiarán entre sí? ¿Deben ser otorgadas de forma gratuita o vendidas? ¿Quiénes estarán cubiertos por el mecanismo? ¿Las empresas podrán ahorrar cuotas de un año para otro?”, enumera Julien Hanoteau, profesor de economía en la Kedge Business School de Aix-Marseille.

El modelo se desarrolló rápidamente, aunque no de manera uniforme. Cada año, la Unión Europea decide asignar de forma gratuita a las industrias cuotas de CO2, en función de las emisiones de gases de efecto invernadero que estiman que generarán en los siguientes doce meses. Una cuota equivale a una tonelada de CO2. Al final del año, las instalaciones industriales deben devolver la cantidad de cuotas equivalente a las emisiones de CO2 que realmente han realizado.

Si han emitido más CO2 de lo previsto, pueden comprar cuotas adicionales a empresas que no han utilizado todas las suyas, siguiendo el principio de “contaminador-pagador” ideado por los creadores de este mercado. Por el contrario, si han emitido menos CO2 de lo previsto, pueden revender las cuotas sobrantes. Las cuotas asignadas a una instalación –una planta, una fábrica...– no tienen fecha límite de venta. Una vez vendidas, se convierten en simples activos financieros que las empresas pueden utilizar sin contrapartidas reales.

La fase piloto comenzó en 2003 y la distribución de cuotas se inició realmente en 2005, con una lógica inicial que resulta sorprendente a posteriori: cuanto más CO2 prevé emitir una instalación industrial, más derechos a contaminar recibe. A partir de 2008 y hasta 2012, se añade otra rareza: las cuotas se asignan refiriéndose a los años de producción anteriores a la crisis económica, cuyas cifras son mayores. Como resultado, los industriales reciben muchas más cuotas de las que realmente emiten. Cuotas que, como se decía más arriba, luego pueden vender a terceros.

“Nos dimos cuenta de que estábamos en terreno resbaladizo”

Algunas empresas expresaron rápidamente reservas sobre los métodos del sistema EU-ETS, como la española Cementos Tudela Veguín, de Asturias, o la francesa Vicat. “Nos dimos cuenta de que estábamos en terreno resbaladizo, que potencialmente tendríamos que devolver las cuotas asignadas en exceso. Éramos conscientes de que esto no podía durar, que alguien iba a poner fin a la diversión en algún momento”, admite Eric Bourdon, director general adjunto de la cementera francesa.

Ciertamente, las reglas de asignación se modificaron en 2012 y luego en 2018. Pero los abusos continuaron, como muestra el último informe sobre el estado del sistema EU-ETS publicado en 2022 por la Asociación Mesa Redonda Europea sobre Cambio Climático y Transición Sostenible (ERCST). Los excedentes acumulados de cuotas gratuitas solo se estabilizaron en 2013 y aun así, a un nivel muy alto. Solo en 2017 las emisiones de CO2 comenzaron a disminuir significativamente en todos los sectores.

El Estado podría haber recuperado fácilmente el dinero generado por la venta de cuotas para compensar las actividades contaminantes, reducir el IVA o disminuir el impuesto sobre la renta. Sin embargo, permitió que las empresas operaran libremente

Julien Hanoteau — Profesor de economía en la Kedge Business School de Aix-Marseille

Para el diputado europeo ecologista Yannick Jadot, quien ha estado exigiendo la eliminación de las cuotas gratuitas durante años, el diagnóstico resulta amargo. “El poder público creó un mercado desde cero, aceptando de antemano todos los abusos inaceptables de la financiarización de la economía”, denuncia el antiguo candidato a las elecciones presidenciales de 2022 en Francia. El investigador Julien Hanoteau comparte este análisis: “El Estado podría haber recuperado fácilmente el dinero generado por la venta de cuotas para compensar las actividades contaminantes, reducir el IVA o disminuir el impuesto sobre la renta. Sin embargo, no se tomó esta decisión, sino la de permitir que las empresas operaran libremente”, lamenta.

Un sistema financiero complejo y opaco

Las cuotas se subastan todos los días a las 11 de la mañana. Al principio, las transacciones representaban diariamente alrededor de un millón de toneladas de CO2. Desde entonces, el mercado ha ganado profundidad y se ha vuelto más sofisticado. Se extiende a cerca de 18.000 instalaciones y los industriales, a través de bancos, fondos de inversión, corredores y una docena de sociedades mercantiles, ahora intercambian entre 20 y 30 millones de toneladas de CO2 al día, anticipando las futuras fluctuaciones en el precio del carbono.

“El mercado se ha vuelto muy interesante para los inversores. Hay que decir que el precio del carbono era inicialmente de 7 euros por tonelada, luego subió a 24 euros en agosto de 2008 y ahora ronda los 100 euros. Algunos predicen que alcanzará los 150 euros en 2030 y, mientras tanto, más del 80% de las transacciones son especulativas y ya no se relacionan con problemas medioambientales”, indica Ismael Romeo, director de SendeCO2, una sociedad mercantil con sede en Barcelona.

Ahora existen fondos de cobertura especializados en los mercados del carbono que especulan con estas cuotas: en 2021 se intercambiaron casi 11.000 millones de toneladas de CO2 en el mercado, con un valor de 683.000 millones de euros

Ivan Pavlovic, especialista en transición energética de Natixis, lo confirma: “Estas cuotas son un inventario, un activo que se puede monetizar. Son intercambiables y no tienen límite de uso en el tiempo. Ahora existen fondos de cobertura especializados en los mercados del carbono que especulan con estas cuotas, aunque por el momento siguen siendo minoritarios”, explica. En 2021 se intercambiaron casi 11.000 millones de toneladas de CO2 en el mercado, con un valor de 683.000 millones de euros, según la empresa británica de análisis financiero Refinitiv.

Muy rápidamente, el sistema se reveló defectuoso. Las transacciones son difíciles de rastrear, incluso para los expertos en el sector. “El sistema es bastante opaco. En todos los niveles, incluida la Comisión Europea, nadie tiene una visión global y unánime. Es una caja negra. Solo los directores financieros o los directores industriales de las empresas involucradas saben exactamente qué se hace con dichas cuotas”, reconoce el líder de una empresa de comercio de cuotas de CO2.

Valores que dependen del clima o del precio del gas

A veces, las transacciones no están justificadas únicamente por razones financieras. “También pueden estar inspiradas en eventos climáticos o políticos. Los proveedores de energía, excluidos del sistema de cuotas gratuitas desde 2013 porque lo utilizaban para aumentar el precio de la electricidad, ahora se ven obligados a comprarlas por su cuenta. A veces las revenden al final del invierno si la temperatura ha sido más alta de lo esperado y, por lo tanto, sus emisiones de CO2 han sido menores. Lo mismo ocurre si hay inflación en los precios de la energía, como durante el verano de 2022, cuando el precio del gas se disparó”, señala Gregory Idil, comerciante en Vertis Environmental Finance, una empresa con sede en Bruselas.

En cualquier caso, las empresas se resisten a divulgar esta información, la consideran confidencial para su competitividad industrial. “Las transacciones son un reflejo de la actividad económica. Si una empresa dice que ha vendido cuotas, potencialmente está reconociendo que su producción ha disminuido”, explica el trader barcelonés Ismael Romeo.

Vendedor, comprador... No todos son iguales en cuanto a los derechos a contaminar. El acerero británico British Steel lo aprendió a su costa. Después de deshacerse de sus cuotas gratuitas para compensar sus pérdidas financieras, tuvo que volver a comprarlas a un precio muy alto para poder seguir emitiendo carbono. Al final, se endeudó en exceso y se declaró en quiebra en 2019.

'Minas de oro' de varios millones de toneladas

Las empresas adoptan diversas estrategias frente a las cuotas gratuitas. Algunas han vendido en gran parte sus excedentes para obtener beneficios, otras han optado por conservarlas y otras las han recomprado. “Vendimos un poco al principio, pero pronto dejamos de hacerlo. Ahora tenemos 4,5 millones de toneladas de cuotas de CO2. Tendremos que tomar decisiones sobre su buen uso”, explica Eric Bourdon, subdirector general del fabricante de cemento francés Vicat.

Las empresas que vendieron cuotas a discreción tampoco se quedaron atrás, especialmente cuando las recompraron. Solicitada en el marco de nuestra investigación, la organización internacional de periodistas Finance Uncovered, con sede en Londres, confirmó el fenómeno de la financiarización aplicada a estas cuotas de CO2, tras examinar la base de datos global Orbis, que proporciona acceso a información empresarial pasada o reciente. ArcelorMittal, por ejemplo, indica en su informe anual de 2022 que tenía 154 millones de euros en “activos financieros intangibles” relacionados con cuotas de CO2 al 31 de diciembre de 2021 y 691 millones de euros al 31 de diciembre de 2022. Según explica la empresa, esto es resultado de compras que han “madurado”, lo que le ha permitido fortalecer el activo de su balance con cantidades considerables.

Aunque se espera que los volúmenes de cuotas disminuyan con el tiempo, estas existencias pueden convertirse potencialmente en auténticas minas de oro, dado que el precio del CO2 alcanzó los 100 euros por tonelada en febrero de 2023. Algunas previsiones incluso lo sitúan en 700 euros por tonelada en unos años.

La polución del aire causa más de 1.200 muertes prematuras anuales en menores de dieciocho años en Europa y aumenta de forma significativa el riesgo de padecer enfermedades más adelante, señaló este lunes en un informe la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

“Los niños y adolescentes son particularmente vulnerables a la contaminación del aire porque sus cuerpos, órganos y sistemas inmunes aún están en desarrollo”, advierte la AEMA.

El estudio resalta que, aunque el número de muertes en este grupo de edad es relativamente bajo con respecto a otros, representa una “pérdida” de potencial futuro y una carga notable de enfermedades crónicas, tanto en la infancia como más tarde.

Las funciones pulmonares de los niños y el desarrollo pulmonar se ven afectados sobre todo por el ozono y el dióxido de nitrógeno a corto plazo y por las partículas finas del aire a largo plazo.

“La exposición maternal a la polución del aire durante el embarazo está relacionada con el bajo peso al nacer y el riesgo de parto prematuro. Y aumenta más adelante el riesgo de problemas severos, incluido asma, función pulmonar reducida, infecciones respiratorias y alergias”, explica la AEMA.

Este organismo con sede en Copenhague insta a mejorar la calidad del aire en torno a las escuelas y guarderías, así como durante el desarrollo de diferentes actividades.

El informe destaca que, a pesar de las mejoras registradas en los últimos años, el nivel de contaminantes atmosféricos se mantiene “obstinadamente alto” con respecto a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en muchos países europeos, sobre todo en el centro y el este, además de en Italia.

El motivo es la quema de combustibles como el carbón para calefacción doméstica y uso industrial.

Más del 90 % de la población urbana de la Unión Europea (UE) está expuesta a niveles dañinos de dióxido de nitrógeno, ozono y partículas finas, según datos de 2021.

EFE

IG

Licenciada en Relaciones Internacionales, Paola Tamburelli lleva un cuarto de siglo trabajando en la regulación aeronáutica. Entre 1997 y 2007 se desempeñó en la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial y desde 2007, en la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), donde ocupa la jefatura desde 2020. En diálogo por Zoom, abordó la polémica sobre las quejas de los pasajeros, un tema candente ante el inicio de las vacaciones.

Sobre todo, después de que Mauricio Macri presentara su último libro y planteara que debía terminarse con la Aerolíneas estatal, quería saber qué grado de satisfacción hay de los usuarios de esta compañía y sus competidoras Flybondi y JetSmart.

Todos los reclamos a los comerciales van por afuera de la Ley de Defensa del Consumidor y recaen en la Administración Nacional de Aviación Civil. Hay un área de fiscalización que la lleva. Por supuesto que hay condiciones bajo las cuales las líneas aéreas tienen que operar y a partir de los reclamos se analiza si las empresas encuadran en una infracción o no y si encuadra en una infracción, se sanciona la empresa. Es importante decir esto porque hay muchos reclamos sobre reclamos porque los pasajeros dicen “y pero yo reclamé y no pasó nada”. Si los usuarios reclaman y se hace una infracción es porque se verifica, por ejemplo, una cancelación o una demora de más de equis cantidad de tiempo, una pérdida de equipaje. A la empresa se la sanciona con una multa o con algo más grave si hay una una infracción que lo amerita, pero no se le paga al pasajero. Para tener alguna compensación económica, el pasajero tiene que ir por la vía judicial. ¿Cuáles son los reclamos? Este año exactamente hasta este momento, hubo 3.232 reclamos, en donde en la mayoría de los casos el reclamo viene por una cancelación del vuelo, no sobreventa, no demora, una cancelación. La demora de más de cuatro horas es otra causa por la que el pasajero reclama.

¿Cuáles son los tres principales motivos de queja?

El primer motivo es la cancelación. Segundo, un incumplimiento de condiciones de contrato en general. ¿Qué significa eso? Que de repente le cobraron una penalidad por querer cambiar el pasaje o de repente le quisieron cobrar por despachar una valija adicional. En tercer lugar, es una demora superior a cuatro horas. En cuarto lugar, es una denegación de embarque. Justamente sucede por motivos de sobreventa. Te dicen: “Ya está, completamos la capacidad. A usted le ofrecemos ir en tal vuelo en el siguiente vuelo o ir en tal empresa que tiene convenio con esta empresa por la que usted está volando”. También está el tema de daño en el equipaje, es el quinto motivo.

¿Hay porcentajes de cuántos reclamos hay de cada uno?

Dentro de los 3.232, te puedo decir que 1.390 son de cancelación, 800 son de incumplimiento de condiciones de contrato que son mezcla de cosas que usualmente no encuadran en infracción, 455 son por por demoras, 207 son por denegación de embarque y por daño en equipaje son 171. Por eso dije que el principal reclamo del pasajero argentino es el de cancelación de vuelo.

¿Incluye vuelos domésticos e internacionales?

Domésticos e internacionales.

¿Cuáles son las compañías más reclamadas?

Mirá, ahí es un poco artificial el número, porque cuanto más vuelos tenés, más reclamos tenés. Entonces habría que ponderar en función de qué porcentaje de vuelos. Por supuesto que las líneas aéreas argentinas tradicionalmente son las que mayor cantidad de reclamos tienen. Por supuesto, también las internacionales tiene. Hay algunas con una cantidad importante de reclamos. Uno no dice cuáles porque puede afectar la imagen de la empresa y, como autoridad, no sería prudente hacerlo.

¿El dato de cuáles son las empresas no es público?

Eso no es público. Sí hay un ranking de empresas que mayor cumplimiento de horarios tienen. Nosotros como autoridad lo que queremos es fomentar el sistema y no afectar. Hay empresas internacionales que operan en la Argentina con un cumplimiento muy alto, que no sucede en otros países, de un 98,9% de los vuelos.

¿Tampoco tienen una estadística de empresas más multadas?

No lo hacemos por la misma razón que te dije antes, porque la idea es sancionar cuando incumplen, pero no afectar lo que puede ser una imagen, que para cualquier compañía entendemos que es importante. En cada tramitación se considera si tiene multas anteriores o no, y eso define la sanción que en última instancia se tome. La normativa argentina te establece como multa entre cuatro y 100 veces el valor de la tarifa, depende de la gravedad de los hechos y esa sanción está compuesta por distintos elementos. La reincidencia es uno de los elementos que se toma en cuenta al momento de establecer una multa.

En Europa, las líneas deben resarcir directamente a los usuarios cuando hay, por ejemplo, demoras muy largas...

Eso va a depender de la normativa de cada país. En nuestra normativa no está contemplado. Si está contemplado proteger al pasajero en materia de demora, ofreciéndole por supuesto alojamiento y si la demora es de más de cuatro horas, ofreciéndole todas las comidas que correspondan, ofreciéndoles la posibilidad de comunicarse con quien se tenga que comunicar para modificar reservas u otros gastos eventuales. Hoy por hoy, la normativa argentina no establece desde el Poder Ejecutiva, sí desde el Poder Judicial, la compensación al pasajero.

¿Cómo es el método para reclamar?

Cualquier usuario puede entrar en https://www.argentina.gob.ar/anac/pasajeros y ahí tiene la posibilidad instantánea de realizar el reclamo y de ingresarlo a nuestro sistema. Y si falta algo, alguien de ANAC se va a comunicar pidiendo que nos mandan el ticket de embarque o que nos manden algún documento adicional para tramitar su reclamo. También puede acercarse a las oficinas en Balcarce 290. Hay una línea de atención usuarios que también los puede orientar y guiar o mandar a través de trámites a distancia.

¿Cuáles son los hoy en día los temas más importantes de la agenda de la ANAC?

Estamos absolutamente alineados con la agenda de todas las autoridades aeronáuticas del mundo. En principio, la pandemia parece que pasó y ya no se habla tanto en los noticieros, pero las consecuencias para el sistema aeronáutico fueron enormes. Nos propusimos en primera instancia recuperar a todas las líneas aéreas que operan en el país. Lo hicimos. Creo que nos falta una sola que está operando pero de manera no regular. Pero volvieron todas las empresas aéreas y con este esfuerzo que hicimos también incorporamos cinco empresas nuevas más que no operaban antes de la pandemia. Pero continúa siendo una prioridad recuperar las rutas troncales, ampliar la conectividad con rutas secundarias que fueron dadas de baja en la pandemia. Otra prioridad es recuperar la gente que trabajaba en el sector aeronáutico. En la pandemia muchos se fueron a trabajar a otras industrias y no regresaron. Y eso tiene un impacto que se ve, por ejemplo, en la demora, en la entrega de equipajes o en otros países, no acá por lo menos, en pérdidas de equipajes, porque mucha gente que trabajaba en el sector de rampa se fue. Se está tratando de recuperar aeronaves, se está tratando de recuperar pilotos con entrenamientos, que por supuesto son en dólares en el exterior y en el contexto económico actual también resulta muy complejo. Se está tratando de reorganizar el sistema de tal manera de que funcione completamente como antes de la pandemia o con una conectividad incluso mayor. Ese es uno de los principales ejes. También la inserción internacional, porque la confianza de las líneas extranjeras en el país va a depender de la confianza en las autoridades aeronáuticas. Hicimos una una movida bastante fuerte de vinculación con el resto de las ANAC. El tema de sumarnos al tren de la reducción de emisiones para tratar de evitar que en el futuro, como querían hacer, nos cobren unos impuestos o tasas o montos adicionales a nuestras empresas para ir a otros países. Eso hay que prevenirlo con tiempo. Y estamos iniciando una campaña de mejora de rutas para que sean más directas, se ahorre combustible y, de esa manera, se emita menos dióxido de carbono por la quema de combustible. Estamos intentando reunir a distintas agencias del Estado para la producción en el país de lo que se denomina combustibles sostenibles de aviación. Estamos, por supuesto, regulando los drones, que van a ser una explosión a nivel aeronáutico, porque empezaron tímidamente pero cada vez hay más cantidad en el país y de un tamaño considerable. Necesitamos capacitar pilotos, abrir más escuelas habilitadas para esta capacitación.

¿Ha habido un aumento de la cantidad de aviones privados que se dieron de alta en los últimos tiempos? Ahora pusieron el dólar Qatar, pero antes muchos aprovechaban que el tipo de cambio oficial para comprar jets privados...

No hay una estadística a nivel público, pero sí es cierto que en los últimos años se fue registrando un incremento enorme de aeronaves afectadas a la aviación privada. Mucho tuvo que ver la pandemia también en eso. Las limitaciones de acceso a un transporte comercial hizo que esta gente que vos mencionas que puede acceder a la compra de una aeronave propia o o grandes empresas decidieran o descubrieran más que nada la posibilidad de comprar aeronaves para tener un uso propio, con mucha menos limitación que las que tenía el transporte comercial.

AR

Un millón de personas mueren cada año por la contaminación con plomo, y uno de cada tres niños en el mundo tiene niveles excesivos de este material tóxico en su sangre, recuerda este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante el inicio de su semana de concientización sobre este problema.

La exposición a este químico, considerado uno de los 10 principales tóxicos a combatir en la salud pública por la OMS, puede causar problemas crónicos que incluyen anemia, hipertensión, daños en los órganos reproductivos y problemas neurológicos irreversibles, señala la OMS en un comunicado.

La organización recomienda que las fuentes de contaminación por plomo se identifiquen lo más rápidamente posible, especialmente en los casos en los que se detectan niveles de este material en sangre considerados peligrosos (por encima de los cinco microgramos por decilitro).

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alerta que 800 millones de niños, o un tercio de todos los del planeta, presentan niveles superiores a ese nivel de riesgo, recuerda la OMS.

“La exposición al plomo es muy peligrosa para el desarrollo cerebral de los niños, y puede desembocar en una reducción del coeficiente de inteligencia, la atención, la habilidad de aprendizaje y determinados problemas de comportamiento”, subrayó la jefa del departamento de Salud y Medio Ambiente de la OMS María Neira.

La OMS estima que un 30 % de las discapacidades intelectuales no innatas, un 4,6 % de las enfermedades cardiovasculares o un 3 % de los problemas renales crónicos pueden atribuirse a una excesiva exposición al plomo, que pueda afectar a múltiples sistemas del organismo como el nervioso, el reproductivo o el inmunológico.

Minas, fundiciones, zonas de reciclaje de aparatos electrónicos y baterías, presentes especialmente en países en desarrollo, suelen contribuir al aumento de la exposición de poblaciones al plomo, aunque también hay numerosos casos de contaminación con pintura que utiliza ese material, incluso en viviendas, escuelas u hospitales.

Con información de EFE.

IG

Un estudio de la Universidad de Chicago reveló que el impacto en la salud por intoxicación por partículas contaminantes en el aire iguala al daño que genera el tabaquismo, triplica los valores de deterioro por consumo de alcohol y supera hasta 6 veces los del VIH, se difundió en las últimas horas.

Una investigación del Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago (EPIC), que estudia el Índice de Vida de la Calidad de Aire -AQLI por sus siglas en inglés- expuso que la contaminación del aire por Materia Particulada (PM2,5) es “la mayor amenaza para la salud mundial”, y advirtió que las personas promedio, en la actualidad, disminuyen hasta 2,2 años su esperanza de vida por estar expuestas a este nivel de polución.

Según remarcó este informe, el número de personas afectadas por esta problemática mundial representa al 97,3% de la población que, en términos de esperanza de vida, evidenció un total combinado de 17 mil millones de años menos para las 7.400 millones de personas que en todo el mundo respiran PM2.5 o gases como el Ozono, Dióxido de Nitrógeno, Dióxido de Azufre y Monóxido de Carbono, entre otros.

El investigador del Conicet, licenciado en Ciencias Biológicas especializado en Epidemiología Ambiental, Pablo Orellano, dijo a Télam que este material “son partículas que se encuentran en suspensión, partículas sólidas que por el tamaño que tienen pueden estar suspendidas en el aire durante mucho tiempo y, por esa razón podemos respirarlas”.

“Están en todos lados y pueden desprenderse de cualquier material como Carbón, Sílice, Sales u otros compuestos orgánicos”, aclaró.

Es tan nocivo para las personas “porque cuenta con un diámetro de 2,5 micras -una milésima parte de un milímetro- y que, por su tamaño tienen la potencialidad de entrar a los pulmones, luego a los alvéolos y por esa vía llegar al sistema circulatorio”, remarcó Orellano.

La neumonóloga del hospital Muñiz, Alejandra Briozzo, explicó que “por fuera de las enfermedades profesionales, la polución ambiental puede producir EPOC. El ozono, por ejemplo, es una importante toxina pulmonar potencial que constituye el 90% de los oxidantes medidos del smog”, remarcó.

Luego indicó que “en estudios en animales se observó que produce alteraciones histológicas en los bronquios más pequeños, que desaparecen tras un periodo de 24 semanas respirando aire limpio”.

Orellano, que participó de un proyecto de investigación para la Organización Mundial de la Salud (OMS), describió que la contaminación del aire puede tener distintos orígenes.

“En algunos casos puede ser por causas naturales como incendios forestales, erupciones volcánicas o de origen antrópico, es decir, generadas por el ser humano, como industrias, transporte, energía o contaminación por agrotóxicos”, describió.

Desde la OMS explicaron que las actividades económicas que expulsan más partículas contaminantes al aire, por fuera del calentamiento son la planificación urbana, la generación de electricidad y la manera en la que las ciudades gestionan los desechos urbanos y agrícolas.

Para cada una de ellas, la OMS elaboró una serie de soluciones que podrían permear el escenario actual y solventar una mayor calidad de vida a futuro.

Entre ellas detallaron la utilización de tecnologías limpias que reduzcan las emisiones de las chimeneas industriales, garantizar el acceso a soluciones asequibles de energía doméstica, vehículos y combustibles de bajas emisiones, aumento de fuentes de energía renovable y estrategias de reducción, separación y reciclado.

Para graficar el delicado escenario de vulnerabilidad, el informe de calidad del aire (AQLI) comparó estos valores con algunas de las causas que más fallecimientos generan en las personas: “el consumo de alcohol reduce la esperanza de vida en 8 meses; agua insalubre y saneamiento, 7 meses; VIH, 4 meses; paludismo, 3 meses y actividades relacionadas al terrorismo, solo 9 días”, mientras que la polución lo hace hasta en 2,2 años.

Y advirtieron que, si bien es posible dejar de fumar o tomar precauciones contra las enfermedades, todos deben respirar aire. Por lo tanto, la contaminación del aire afecta a muchas más personas que cualquiera de estas otras condiciones.

Qué pasa en Argentina

En Argentina, la organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que por año mueren 15 mil personas por enfermedades iniciadas por el alto nivel de polución local y que derivan en cáncer de pulmón, cardiopatías, asma y otras patologías respiratorias.

En diálogo con Télam, el especialista en contaminación e integrante del Centro Europeo para el Medio Ambiente y la Salud de la OMS, Pierpaolo Mudu, explicó que “esta base de datos se actualiza regularmente cada dos o tres años desde 2011”, y que “aún es demasiado pronto para ver y medir cambios. Por lo general, toma varios años, pero las políticas e intervenciones son efectivas y sabemos que muchos países están considerando revisar su actual estándar para alinearlo con los niveles recomendados por la OMS”.

“Las personas mueren de enfermedades como ataque al corazón, infecciones respiratorias exacerbadas o causadas por la contaminación del aire y otros factores de riesgo. Por primera vez en el Reino Unido la contaminación del aire ha sido reconocida como causa de muerte de una persona y no sólo como factor de riesgo”, consignó Mudu.

Frente a esta cuestión se abren dos escenarios, según los investigadores: las zonas rurales y las zonas urbanas.

¿Tienen el mismo nivel de contaminación en ambos lugares?

“Cualquier actividad que se genera en estos dos escenarios tiene la capacidad de afectar nuestra salud. No hay una contaminación mejor que la otra, solo que va a depender de qué componentes se trate”, explicó Orellano.

Por ejemplo, la contaminación por agrotóxicos en el campo tiene que ver fundamentalmente con compuestos que se llaman “orgánicos volátiles” (COV), altamente tóxicos.

Pero, por otro lado, en las ciudades hay más concentración de personas, con lo cual, “hay un mayor impacto en las ciudades simplemente porque hay mayor número de gente viviendo que en lugares rurales”, explicó el investigador.

La neumonóloga Briezzo, advirtió que “es difícil el acceso a un tratamiento ya que las terapias respiratorias son muy caras, tanto como $5 mil a $20 mil un aerosol, y en general uno combina dos o tres en un mismo paciente. Sabemos que la polución existe y que puede producir EPOC, pero para recomendar la no exposición se tendrían que mudar a una zona que no la tenga”, concluyó.

Por Diego Mudano, para la agencia Télam.

IG