–¿En serio [me estás preguntando] cuánta plata está invirtiendo ahora Patagonia Gold? Todavía no empieza a trabajar, tiene nueve empleados. Cortá, cortá, cortá. Perdoname, pero me estás haciendo preguntas que no sé responder. Si querés hablar, flaca, yo laburé mucho tiempo en periodismo, 28 años, y a veces sé cómo son las “preguntas” que uno quiere hacer. 

Así respondía el intendente de la localidad rionegrina Ingeniero Jacobacci, José Mellado, ante la consulta de elDiarioAR sobre el dinero invertido y el reparto de regalías en torno a un debatido proyecto de megaminería metalífera, que propone cambiar la matriz productiva de la zona. Fue poco después de la audiencia pública realizada el 30 de agosto, en el gimnasio municipal, donde las escasas voces disidentes fueron abucheadas por asistentes y miembros de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) que se encontraban afuera, con el aval silencioso de autoridades y moderadores.

El “Proyecto Calcatreu”, ubicado a unos 60 kilómetros de la ciudad, persigue la explotación de oro y plata a cielo abierto (17% y 83%, respectivamente), en un área de 16.921 hectáreas. Estará a cargo Minera Aquiline Argentina SAU, subsidiaria de Patagonia Gold S.A., empresa argentina que cotiza en la bolsa de Toronto.

Según el cronograma establecido en el texto presentado por la firma, la ejecución constaría de tres instancias: seis meses de construcción, cinco años de operación y doce años de cierre de la mina. Se estima la generación de un total de 463 de puestos de trabajo (entre empleados propios y “contratistas en servicios varios”), distribuidos a lo largo de las tres etapas. 

La iniciativa –propiedad de diferentes empresas mineras hasta su adquisición total por Patagonia Gold S.A. en 2018)– encontró apoyos y resistencias desde el comienzo. Se realizaron exploraciones, análisis, escritos. Casi tres décadas más tarde, el fuerte aval de los gobiernos nacional, provincial y local le dio un impulso fundamental a la actividad.

Los funcionarios que respaldan el plan –el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el intendente Mellado, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez y la secretaria de Energía y Ambiente en Río Negro, Andrea Confini– aseguran que implicaría un impulso para la región. Hablan de “un nueva oportunidad”, que permitiría compatibilizar los rubros minero, turístico, ganadero y comercial, “con sustentabilidad ambiental”. El presidente de la cámara minera utilizó la palabra “revancha”. Expertos, ambientalistas, vecinos y miembros de las comunidades originarias plantean serias dudas.

El debate se circunscribe solo en apariencia a Jacobacci. Ya hay decenas de iniciativas de explotación de distintos metales, hidrógeno verde, uranio y litio a lo largo de todo el territorio, capaces de reconfigurar biomas, economías y formas de vida. Si bien el punto de partida es local, el corazón del debate lo ocupa la soberanía sobre los recursos naturales de la Nación, así como las nociones y los “costos” del desarrollo.

Un dato curioso: el expediente del Proyecto Calcatreu incluye un reporte técnico de 233 páginas, escrito enteramente en inglés, preparado para Patagonia Gold S.A. por la consultora australiana Cube Consulting Pty Ltd.  

El trabajo y la esperanza

“Tenemos que apoyar a todos los proyectos mineros, no solo en Calcatreu y en la Provincia de Río Negro. Cuando hablamos de energía renovable y de transición energética, estamos hablando de apoyarnos en minerales”, plantea Confini, a cargo de la cartera de Energía y Ambiente provincial. 

“Sufrimos diez años de sequías y la explosión de los volcanes chilenos, aunque ocurrió en 2011, sigue afectando de manera muy seria a la región. La recuperación del stock ovino es muy difícil de sostener. La gente joven se ve obligada a emigrar, muchas veces a los cordones urbanos de las ciudades más grandes de la provincia. La minería, con respeto a la tierra, a la ciudadanía, al agua y a las comunidades originarias, con mucho compromiso y control del Estado, es posible y puede ser una solución posible a este problema”, asegura.

Sin embargo, los números provistos por la empresa no parecen muy prometedores para transformar la configuración laboral. Aun si se aceptan las proyecciones de Confini, quien refiere a “300 puestos directos” en un “primer anillo” –directamente afectado por la explotación de la mina– y “450 puestos indirectos”.

De acuerdo con el censo de 2022, Ingeniero Jacobacci contaba con 8.112 habitantes. La ministra menciona 12.000. Para ella, se debe tener en cuenta que cada trabajador ganaría “el doble” respecto de los salarios actuales (es decir, pasaría a cobrar un promedio de $600.000) y podría así “formar una familia”, por lo cual se beneficiaría “un 10% de la población”. El cálculo resulta forzado. Especialmente, considerando la corta duración del proyecto, la habilitación a contratar mano de obra calificada proveniente de afuera y la cantidad de personas que llevan la ilusión de ser contratados por la minera.

Luciana es empleada de casas particulares y hace changas para mantener a sus tres hijos. Es madre soltera, trabaja por hora y se las arregla –aclara– para pasar el día a día. “Estaría bueno tener un trabajo fijo, aunque sea por unos años”, dice. ¿En qué le gustaría desempeñarse? “Lo que más hago es cocina y, después, limpieza”. Se movilizó para apoyar a la mina con una bandera de la UOCRA.  

Hace un año, el sindicato de la construcción se hizo presente en la audiencia de Sierra Grande a favor del puerto petrolero de Vaca Muerta Sur, impidiendo el ingreso de los opositores. Esta vez también llevó sus estandartes. No hubo violencia física, aunque sonaron bombos durante las pocas disquisiciones discrepantes de la audiencia. 

Mario Pichiman es el referente de UOCRA en Jacobacci. Luego de expresarse públicamente, comentó a elDiarioAR: “Las medidas que tomó el gobierno de Milei hizo que los pueblos de toda la provincia, especialmente en la Región Sur de Río Negro, nos quedemos sin trabajo, porque dependemos de la obra pública. Esto no es Bariloche, acá no hay obra privada. Por eso apoyamos el Proyecto Calcatreu”. 

Sabe que la contaminación es una posibilidad. “La gente eligió autoridades a través del voto popular y nosotros tenemos que apostar a que ellos sean los responsables de la seguridad, de la educación pública, y, en este caso, del control de una mina, no el trabajador que tiene que ir a ganarse el pan”. Ha tenido conversaciones con la empresa y con el gobierno, donde le aseguraron cien puestos de trabajo, durante un año o un año y medio, lo cual sirve “para sobrellevar la situación”. De todas formas, no piensa en la minería como una solución: Pichiman señala que el Estado tiene que generar además otras obras, otros empleos.

La Asociación de Obreros Mineros (AOMA) congregó a trabajadores de distintas localidades para dar el “sí” afuera del gimnasio. Entre ellos, Carlos García, de Cipolletti, obrero de corazón, familia y pueblo minero. “Queremos que florezca bienestar, salud”. Es consciente de las contradicciones subyacentes. Su mamá era mapuche, también sus abuelos y los abuelos de sus abuelos. “No conozco bien la región o qué necesidades tiene cada población, por ahí falta agua, no hay buena vegetación, ni energía”, reflexiona. Considera que debería haber un diálogo entre la empresa y los pueblos que rechazan la actividad, para “beneficiarse mutuamente”.

La ilusión de Carlos se refleja en muchos habitantes de Jacobacci –desocupados, con o sin estudios, jóvenes o adultos mayores, laburantes pobres–, que genuinamente ponen sus esperanzas en el oro y en la plata. Algunos, desinteresadamente, se expresaron en una audiencia que, igualmente, dejó cierto halo de montaje. 

No casualmente, días atrás, el obispo de General Roca, monseñor Alejandro Pablo Benna, pidió un “diálogo transparente”, renegando de los eventos que funcionan como “obras de teatro en el que todos los actores están pagos”. En ese sentido, remató: “Le pedimos a Dios que estos proyectos como Calcatreu, estos proyectos mineros, no hipotequen el agua y la tierra”.

Un territorio con historia

Anticipando el repudio que genera el proyecto en un sector de la sociedad, el gobernador Weretilneck reivindicó por Twitter la presencia de policía montada, unidades antiexplosivos y vallas en la antesala de la audiencia pública. Los controles vehiculares también se multiplicaron. En total, había al menos 200 uniformados.

Aquellos que defienden el agua y los recursos naturales contra la explotación minera, realizaron reuniones pacíficas. El frente “No a Calcatreu” nucleó a una larga lista de agrupaciones y activistas: la Asamblea Wawel Niyeo de Ingeniero Jacobacci, que actúa desde el terreno como parte de las Asambleas de Curru Leufu; el Parlamento Mapuche; secciones de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de ATE y la CTA-A; la Pastoral Social; Comarca Marítima; la Asamblea por la Tierra y el Agua; Participación Vecinal; comunidades costeras organizadas; la Asamblea Antimegaminería de Bariloche; y la Coordinadora de Jubilados y Jubilados de Río Negro son solo algunas firmas, sin contar a los autoconvocados, ONGs y especialistas.

“Otra vez se persigue un supuesto progreso, construido sobre las ruinas de los pueblos originarios. ¿Ha terminado la Conquista al Desierto? ¿O está hoy la colonización más presente que nunca?”, se pregunta Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en la Provincia de Río Negro. En vez de acudir a la audiencia, con apoyo de la militancia, la Coordinadora realizó un acto propio, en una plaza. Un cuerpo de la policía montada dio vueltas por el lugar.

“Estamos en una jornada de reclamo, de protesta, rechazando un proyecto extractivo que se quiere poner en marcha en un terreno comunitario indígena. Denunciamos el proceso de militarización de estos días, que busca atemorizar, para defender un proyecto que no tiene consenso ni licencia social y, lo que es peor, que se ha hecho sin la consulta libre, previa e informada, que es un derecho que tenemos los pueblos indígenas en Argentina, Latinoamérica y en el mundo, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, reforzó el werken. 

Junto a sus compañeros, están en contacto con Francisco Calí Tzay, el relator de Naciones Unidas. Ya enviaron cartas al Gobierno y a la empresa para hacer cumplir la legislación que los respalda. “Ñuke Mapu no los perdones, ellos saben lo que hacen”, se leía en uno de los carteles. En otro, “no es tierra fiscal, es territorio ancestral mapuche”. El emprendimiento minero afecta a cuatro comunidades que habitan la reserva Lipetren (creada en el 1900) y otras colindantes, aunque el gobierno solo mantiene intercambios con Peñi Mapu, la única que apoya el proyecto. 

La explotación minera de metales está inscrita en los orígenes de la colonización y el genocidio de los pueblos originarios de Sudamérica. La pancarta “La ‘plata’ de hoy es hambre para mañana”, tiene una significancia histórica.

“Nosotros trabajamos los proyectos, sean mineros o de cualquier otro tipo, con la comunidad que está afectada directamente con el emplazamiento del proyecto. Hoy esa comunidad está acá, compartiendo con nosotros, a favor del proyecto. Con ellos hemos hablado, ellos han participado tanto de la consulta libre, previa e informada. Entendemos su necesidad de trabajar”, respondieron desde Energía y Ambiente.

Sed de agua, sed de oro

“El agua vale más que el oro” es una consigna que los ambientalistas han levantado por décadas. Los voceros de Patagonia Gold, al igual que investigadores –geólogos, ingenieros–, funcionarios y legisladores prominería aprovecharon la audiencia para explicar que los ríos no se verían afectados.

“El sistema contempla un mecanismo de agua en circuito cerrado, donde el agua del proceso y la mina es reciclada, sin vuelco de efluentes al medio. También existe pérdida de agua por evaporación, por lo que se requiere agua agregada, proveniente principalmente del desagüe de las obras en mina y pozos existentes habilitados para uso industrial”, indica el informe de la empresa. Y concluye: “Considerando una vida útil de cinco años del proyecto, y teniendo en cuenta los consumos de agua, estos representan 31% de la recarga estimada para la Microcuenca alta, por lo que, con esa tasa de extracción, no se generaría sobreexplotación del recurso hídrico”.

Pese a que el propio texto apunta a que el “transporte, manipulación y almacenamiento de sustancias peligrosas”, el “retiro de suelo y capa vegetal”, los “derrames accidentales”, “el aumento de sólidos que origina el desmonte”, la “disminución de cobertura vegetal” y la “pérdida de hábitat de las comunidades vegetales” son peligros potenciales, minimiza el asunto, por la corta duración de cada etapa del plan y la falta de lo que denominan “impactos críticos”. Esto no fue explicitado en la audiencia.

Tampoco se mencionaron las consecuencias sobre el variado ecosistema, consistente de pastizales, arbustos, mallines y premallines, donde viven reptiles, anfibios, aves y mamíferos característicos, como el choique (o “ñandú patagónico”), el guanaco y chinchillón. Las huellas antropológicas y arqueológicas fueron otro tema silenciado.

De local, sin visitantes

El evento del viernes pasado no fue vinculante, ni resolutivo, pero reflejó el tratamiento que el gobierno busca dar a los proyectos de megaminería, más allá de aquel día: sugirió un nuevo plan de ruta, en forma y contenido. 

Luego de palabras oficiales, la empresa abrió el juego con ochenta minutos pautados, que se extendieron sin peros. Luego vinieron una seguidilla de discursos (casi trescientos) que se autoafirmaban a través de aplausos a los propios y escraches a quienes atinaban a la crítica, acaso moderada.  

El momento más tenso ocurrió cuando le tocó exponer a Maristella Svampa, doctorada en Sociología e investigadora superior del CONICET, reconocida autora y rionegrina. 

Luego de agradecer la posibilidad de participar (turno 113), compartió los resultados de décadas de estudio multidisciplinario y comparativo sobre la minería. “Estamos ante un modelo de ocupación territorial que utiliza sustancias químicas contaminantes y, de la mano de grandes empresas, suele violentar procesos de decisión ciudadana”, comenzó.

A la vez, explicó que científicos de distintas áreas han demostrado que la megaminería no resuelve el desempleo. “La impresión que tengo es que hay una fuerte manipulación de la esperanza, de las expectativas de gente humilde que realmente quiere trabajo; y, por otro lado, de gente que efectivamente busca promover un modelo a gran escala que tiene enormes cuestionamientos a nivel ambiental y muy escasos resultados económicos”, pronunció la experta. Inmediatamente, comenzaron a sonar los redoblantes de militantes de UOCRA, que seguían el discurso desde afuera, a través de altoparlantes.

“La minería metalífera a cielo abierto no representa trabajo intensivo, sino capital intensivo. A nivel mundial, solo emplea al 1% de la población económicamente activa. En Argentina, en 2024, emplea solo a 12 mil personas”, continuó Svampa, ante un público cada vez más irritado. 

Cuando se adentró en la pobreza característica de provincias mineras como San Juan y Catamarca, la percusión fue acompañada de gritos desaforados, frente al mutismo de la organización. Desde la primera fila, comenzaron los gestos. Para cuando la especialista se refirió a la falta de pruebas de los circuitos cerrados (como el propuesto por Patagonia Gold S.A.) y mencionó la crisis climática, costaba escucharla. Sin más, procedieron a cortarle el micrófono. 

Una moderadora hizo mención del reglamento: la realidad es que la mayoría de los oradores se excedieron de los cinco minutos previstos sin problemas. El incidente no fue el único momento desconcertante de la noche. Un minero que habló hacia el final de la jornada, aseguró que, con 70 años, era la prueba viviente de que “el cianuro no mata”. El intendente aplaudió.

La audiencia cerró con abrazos de los funcionarios. Sobre el escenario, veinte minutos tras haberse apagado los micrófonos, continuaban las fotos oficiales, selfies, palmadas en la espalda, aplausos. Hacia la noche, con el mismo cielo oscuro con el que arrancó la jornada, la policía comenzó a desconcentrar lentamente. Las vallas –decoración desentonada para las tranquilas calles de Ingeniero Jacobacci– fueron desmanteladas. En la ciudad, en apariencia desierta y dormida, las autoridades y empresarios anticipaban un nuevo ciclo; también las comunidades originarias, los activistas, los productores y pobladores opositores al proyecto. La explotación minera se asoma como realidad pronta, pero la última palabra no está dicha. Los vientos patagónicos, vigorosos, persistentes, inevitables, anuncian silenciosamente su llegada.

El viaje a Río Negro para realizar esta nota fue financiado por la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y organizado íntegramente y de manera independiente por elDiarioAR.

Nota: este artículo se corrigió el 4 de septiembre a las 21:19 para modificar una referencia errónea al curriculum de Svampa.

JB/DTC

“Lo que sucede con el litio en términos ambientales implica una paradoja: es un mineral crítico para la transición energética y la electromovilidad, pero se enmarca en una actividad que es altamente resistida en términos sociales”, dice Victoria Arias Mahiques, investigadora del área de Recursos Naturales de Fundar. Para obtener este insumo clave para construir baterías que almacenen la energía generada por fuentes limpias, es necesario explotar más recursos naturales, hacer más minería intensiva. 

Como elemento adicional, los recursos se encuentran concentrados en una región particularmente conflictiva. Según un informe elaborado por Arias Mahiques, Malena Galuccio y Carlos Freytes sobre “Gobernanza socioambiental de la minería de litio”, América Latina y el Caribe tiene la tasa más elevada de conflictos en el mundo vinculados a la minería. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) identifica 264 conflictos a lo largo de la región, con más de 300 proyectos involucrados.

Argentina es el cuarto país con mayor número de conflictos socioambientales mineros, solo por detrás de México, Chile y Perú. Son conflictos con consecuencias productivas directas. En total, más de un 50% de los proyectos mineros resultan cancelados o temporalmente suspendidos a causa de resistencias sociales. Un caso paradigmático fue el de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc en Jujuy, en 2010, en el que las 33 comunidades que habitan el territorio se opusieron al ingreso de la empresa minera South American Salars y Bolera Minera SA, paralizando la actividad minera en la zona hasta hoy.

Por otra parte, en la Argentina hay actualmente seis provincias que prohíben la actividad minera metalífera por distintos motivos (Chubut, La Pampa, Mendoza, Córdoba, San Luis y Tucumán). 

Los cuestionamientos, sin embargo, tienen argumentos razonables detrás. La extracción de los depósitos de litio se realiza actualmente a partir del bombeo de la salmuera, donde se concentra por evaporación en estanques solares. “Este método implica una enorme pérdida de agua y produce una salinización del agua dulce y se constituye como una amenaza para los humedales altoandinos”, detalló Arias Mahiques en una conferencia de prensa en la que fue presentado el informe. 

La explotación representa un riesgo para ecosistemas que ya son de por sí frágiles y muy áridos. Según detalla el informe, los sistemas hídricos de los salares están conectados con áreas de pastoreo y riego así como con humedales protegidos y su explotación tiene efectos secundarios en la dinámica natural de las cuencas hidrogeológicas. Por ejemplo, la modificación del flujo natural superficial del agua, la alteración del ciclo de precipitación de sales y la alteración del balance hídrico. 

“Acá entendemos por qué la cuestión del litio se metió también en la ley de humedales”, apuntó la investigadora. En efecto, los gobernadores de las provincias del Norte Grande –que integran Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones– intervinieron directamente para frenar el avance del proyecto en Diputados, porque entienden que podría condicionarlos en la explotación de los salares. 

Sin embargo, el rechazo de las comunidades a la minería suele provenir no solo de las preocupaciones por los impactos socioambientales, sino también de la percepción de modelos económicos en pugna o de débiles vínculos institucionales que generan desconfianza en la calidad y capacidad de garantizar la sostenibilidad y responsabilidad socioambiental.

En la revisión del marco regulatorio en las tres provincias con reservas de litio (Jujuy, Salta y Catamarca), la investigación dejó de manifiesto, en primer lugar, que la licencia ambiental de los proyectos mineros es otorgada por la cartera productiva, lo que genera desconfianza en el cumplimiento del control ambiental. 

Respecto a la información en materia ambiental, se identifica una falta de disponibilidad de información actualizada en los portales estatales. Por otra parte, la falta de reglamentación de las instancias de participación pública impacta en la credibilidad de la autoridad competente, al otorgar un amplio margen de discrecionalidad con respecto a los actores convocados, los tiempos y los resultados.

En un contexto de demanda creciente de litio, y con la previsión de que en los próximos años Argentina pase del cuarto al tercer lugar en el ranking de producción mundial —podría escalar de una producción para 2024 estimada en 100.000 toneladas a 115.000 toneladas en 2026—, “poner el foco en cuáles son y de qué forma las autoridades otorgan la licencia ambiental a estos proyectos es atender un tema que coincide en urgencia e importancia”, señala el documento. 

Como ocurrió en el caso de Chubut un año atrás, en el que la manifestación popular revirtió una norma emitida por la Legislatura provincial para habilitar la minería en la meseta, se suele hablar de que la actividad carece de “licencia social” un concepto que hace alusión no a un requerimiento jurídico, sino a la aprobación inicial y a la aceptación continua de la actividad extractiva por parte de las comunidades locales y los actores clave afectados por esas actividades. Para los investigadores de Fundar, atender a la construcción de esa licencia y disponer las herramientas necesarias para consolidarla es un desafío urgente si se quiere aprovechar el recurso demandado hoy por el mundo, que podría ser reemplazado por otro en el futuro. 

DT

“Argentina es la segunda reserva de litio del mundo y lo que tenemos que buscar es que no solamente explotemos el litio, sino que además podamos industrializarlo. El litio tiene un valor muy distinto si se lo exporta como mineral que si se lo exporta como batería”, dijo, algunos semanas atrás, el presidente Alberto Fernández al visitar la obra civil de lo que será la Planta Nacional de Desarrollo Tecnológico de Celdas y Baterías de Litio (UniLiB), un proyecto conjunto de la Universidad Nacional de La Plata, Y-TEC y el Conicet. 

Sus declaraciones van en línea con una idea cada vez más evocada públicamente que, sin embargo, para algunos investigadores del área no coincide con el rumbo estratégico más razonable para el país, al menos en una primera etapa. “En el imaginario el litio aparece directamente vinculado al tema de las baterías pero las baterías hoy nos quedan bastante lejos”, resume Carlos Freytes, director del área de Recursos Naturales de la ONG Fundar y autor de una investigación sobre desarrollo de capacidades productivas y tecnológicas en torno al litio. Para él, las oportunidades están en otro lado. 

Según explicó en una rueda con periodistas de la que participó elDiarioAR, hoy existen importantes barreras financieras, productivas y tecnológicas para el desarrollo de actividades “aguas abajo”, donde se incluiría el procesamiento de litio para la producción de  baterías de ion litio. “Estas son barreras que tienen que ver con la configuración de los mercados globales, que hace bastante improbable que Argentina logre en el corto, incluso a mediano plazo, insertarse exitosamente en ese segmento”, sostuvo el investigador, que trabajó en una serie de documentos junto a Martín Obaya, Víctor Delbuono, María Victoria Arias Mahiques y Malena Galuccio. 

La barrera financiera se explica por los montos de capital necesarios para establecer una gigafactory o megafactoría que produzca baterías. “En un mercado donde las ventajas comparativas están dadas por la escala productiva –señaló– se necesitan grandes plantas industriales que producen baterías para tener precios competitivos. Ese mercado está dominado por tres grandes productores asiáticos, que son básicamente Corea del Sur, Japón y China”. 

La Unión Europea y Estados Unidos, puntualizó, están invirtiendo miles de millones de dólares para desarrollar la producción de ion litio con resultados inciertos. “Argentina, al menos en esta coyuntura, tiene un contexto de importantes restricciones fiscales y para acceder al financiamiento internacional, no queda claro de dónde provendrían los capitales para desarrollar ese tipo de actividades”.

Consultado por la planta de baterías que se está construyendo en La Plata, que visitó el Presidente, el investigador señaló que es un proyecto piloto que tiene como objetivo dominar la tecnología para la producción de baterías, o sea conocer el know how o cómo funciona una batería. “Tienen una escala pequeña y además un destinatario muy específico que es el sector de Defensa de la Argentina para producir baterías para el almacenamiento de energía, no son baterías para la electromovilidad, que es donde está la presunción de que existe una gran oportunidad de mercado para el desarrollo de baterías de ion litio”, precisó. 

De todos modos, consideró que el proyecto de Y-TEC es importante en una perspectiva de mediano y largo plazo. Es deseable que la Argentina tenga manejo de esa tecnología cuando se desarrolle el mercado de la electromovilidad a nivel regional y se den pasos certeros en la reconversión de la industria automotriz local. 

“En una perspectiva más cercana en el tiempo, las oportunidades concretas para la Argentina están más en el segmento aguas arriba, básicamente en el desarrollo de la minería de litio en salares y en la generación de capacidades productivas y tecnológicas vinculadas a ese segmento de la actividad”, señaló. Para el especialista, no son desarrollos “triviales” porque desde el punto de vista tecnológico tienen que ver con procesos productivos más sustentables, con la evaluación de los impactos de la actividad sobre la hidrogeología de los salares y después hay una posibilidad de hacer una política de ciencia y técnica sobre la gobernanza de la dimensión socioambiental de la actividad. “Esa es la realidad concreta del litio en la Argentina”, redondeó. 

De todos modos, la estrategia efectiva de la Argentina en lo que respecta al litio parece ir en sentido contrario a este diagnóstico aportado por Fundar. “Pese a las barreras, vemos que el mayor volumen de recursos presupuestarios y humanos del sistema de ciencia y técnica están focalizados en el segmento aguas abajo, o sea, están vinculados al desarrollo de tecnologías asociadas a la producción de baterías”, sostuvo Freytes. 

El litio y su posible declaración como “recurso estratégico”

Argentina tiene el 10% de las reservas globales de litio y se ubica en el cuarto lugar dentro de los países productores de este mineral, con solo dos proyectos activos. Si entraran en actividad los 17 proyectos que están en estado de avance, el salto productivo sería enorme.  Solo con la puesta en marcha de 7 nuevos proyectos y la ampliación de la capacidad de los dos que ya en funciones, pasaríamos de tener una capacidad de producción de 39.500 toneladas anuales en 2022 a 256.000 toneladas en 2026

El Presidente se refirió al litio en su último viaje a Estados Unidos, situado mentalmente en el marco global de un creciente interés por este mineral,  y habló de la posibilidad de declararlo “recurso estratégico”, sin precisar qué implicaría ese estatus. Para Freytes, hay dos interpretaciones posibles. 

La primera es que el litio tenga algún tipo de legislación especial que aumente el control del Estado nacional sobre el recurso, referido al régimen de concesiones, la disponibilidad o incluso que el Estado Nacional controle directamente el recurso. 

“Ese es un camino que creemos que es muy difícil que se pueda recorrer exitosamente porque lo que hace un sistema federal es darle a la provincia capacidad de veto sobre cualquier modificación del statu quo legislativo que afecte sus intereses. Entonces nos parece que es muy improbable que una iniciativa de ese tipo logre prosperar”, precisó. 

Una segunda manera de entender la afirmación del Presidente es interpretar que el litio tiene una importancia económica estratégica y que por lo tanto Argentina debería articular una visión común, clara, productiva, de atención a los conflictos socioambientales que permita resolver algunas de las tensiones. Argentina es el cuarto país con mayor número de conflictos socioambientales mineros (después de México, Chile y Perú), sobre todo vinculados a la resistencia de comunidades y las consecuencias ambientales de su explotación. Según la misma investigación de Fundar, la extracción de litio implica una enorme pérdida de agua y produce una salinización del agua dulce y se constituye como una amenaza para los humedales altoandinos.

“Los países que lograron resolver exitosamente los problemas de gobernanza son países que en algún momento abrieron un proceso de discusión amplio que les permitiera saber hacia dónde querían ir y qué instrumento de políticas públicas podría acercarlos a ese objetivo –puntualizó–. En Argentina sería deseable que se dé esa discusión”. 

El investigador consideró que sería deseable también una revisión del régimen de promoción de la actividad minera. Sin embargo, anticipó que es una idea que tanto el sector productivo como las provincias miran sin mucha simpatía porque lo perciben como “abrir una caja de Pandora”. “Abrir una discusión legislativa sobre la ley de inversiones mineras, un régimen que tiene sus problemas pero que por lo menos es una palanca para el desarrollo de la actividad, podría potencialmente abrir una discusión con consecuencias incalculables”, señaló. 

DT

Un aerogenerador típico de 3 MW necesita más de media tonelada de neodimio y cerca de 100 kg de disprosio. Estos nombres tan particulares pertenecen a dos metales del grupo de las tierras raras, un conjunto de sustancias que se extraen sólo en algunas regiones del mundo debido a su peculiar comportamiento geoquímico, pero son indispensables para fabricar no solo nuestros celulares, sino también las tecnologías necesarias para implantar las energías renovables y electrificar el transporte.

La urgencia y las ventajas incuestionables de esta revolución tecnológica verde nos hacen a menudo pasar por alto una simpleza que aquí recordamos: como toda industria, está basada en materiales.

Nuevas tecnologías y nuevos materiales

¿Qué metales necesitamos para mantenernos conectados y avanzar en la revolución verde? Son muchos y algunos, además, escasos o concentrados en pocas regiones del planeta. Es el caso del coltán o de las tierras raras.

El coltán

El coltán es en realidad el acrónimo popular que se emplea para el conjunto de los minerales llamados columbita y tantalita, que suelen aparecer mezclados. El primero es óxido de niobio, el segundo óxido de tántalo, ambos con hierro y manganeso.

La posibilidad de extraer tántalo es lo que confiere un alto valor económico al coltán. Dicho elemento se emplea principalmente en la fabricación de condensadores de alta densidad de energía, permitiendo reducir el tamaño e incrementar la estabilidad térmica de múltiples dispositivos electrónicos. Por eso su uso es imprescindible en equipos como los teléfonos móviles.

Las tierras raras

Por su parte, se denomina tierras raras a los también denominados elementos lantánidos (la serie de la tabla periódica desde el lantano al iterbio) más el ytrio y el lutecio. No son tierras en el sentido popular, sino que se llamaron así debido a criterios de nomenclatura química actualmente en desuso. Y no son raras en el sentido de escasas. El adjetivo se debe a que no suelen aparecer concentradas en yacimientos, sino dispersas en minerales relativamente poco comunes.

Los elementos incluidos en esta serie tienen en común una configuración electrónica característica que hace que tengan una química similar (lo que dificulta su separación a partir del mineral), pero propiedades físicas variadas e interesantes en muy diversos campos de la industria.

A su vez, las tierras raras suelen dividirse en ligeras o pesadas en función de su número atómico (LREE y HREE respectivamente, por sus siglas en inglés). Uno de los ejemplos más conocidos es el neodimio, que incrementa dramáticamente la potencia de los imanes permanentes y, por lo tanto, el rendimiento de muchos motores y generadores eléctricos.

El cobalto y el litio

Hay otros elementos que se venían empleando en aplicaciones clásicas, pero que, al ser imprescindibles en tecnologías verdes, se requieren en cantidades cada vez mayores. El ejemplo más cercano es el coche eléctrico: su eficacia descansa en la producción de baterías de alta densidad de energía, que utilizan cobalto y el ya famoso litio.

Reciclaje frente a extracción

Los procesos de reciclaje son, evidentemente, una fuente importante de abastecimiento de materias primas críticas que podrían facilitar el suministro en países donde no se dispone de estos materiales, impulsando el avance y establecimiento de una economía circular.

El reciclaje de algunas materias primas de alto uso industrial es un éxito, como el caso del cobre, aluminio y aceros. Desafortunadamente, el reciclado de muchos metales críticos no es tan sencillo y a menudo conlleva un alto costo energético y un procesado poco sostenible.

Algunos de estos materiales tienen una alta tasa de reciclado al final de su ciclo de vida útil, como el vanadio (44 %), el tungsteno (42 %) y el cobalto (35 %). Sin embargo, en el caso de las tierras raras ligeras y pesadas, esta tasa de reciclado cae a valores por debajo del 6 %, principalmente porque no se cuenta con sistemas de clasificación competitivos para el mercado o porque es imposible recuperar estos elementos cuando se encuentran muy diluidos en los dispositivos, como en el caso del neodimio en aleaciones de imanes permanentes (10 % en contenido) y el indio disperso en las pantallas planas.

Minería sostenible

Prescindir de estos materiales o limitar mucho su uso supondría una reducción difícil de imaginar de nuestro consumo global de energía, ¡incluso energía verde!, y de equipamiento tecnológico.

Así, junto al fomento de una cultura de ahorro y eficiencia energética y material, para muchas materias primas críticas la única solución pasa por implementar una minería también verde que permita la extracción de estos recursos cumpliendo estándares de calidad que garanticen la preservación y recuperación del medio ambiente. Así lo explicaba Tony Hand, actual embajador en Irlanda para el Pacto Climático Europeo, en una jornada sobre tierras raras organizada por los autores en Ciudad Real antes de la pandemia.

No afrontar este reto, vigilando siempre que no se degrade en un simple greenwashing minero, es equivalente a la aceptación de que el tántalo de nuestros móviles, el cobalto de nuestras baterías, el neodimio de nuestros aerogeneradores y motores eléctricos se siga extrayendo en países como China, Congo o Brasil, sin controles medioambientales, a menudo con explotación infantil y socavando la ejecución del Pacto Verde en Europa por nuestra dependencia de materias primas críticas.

Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Podés leer aquí la versión original.