El 14 de diciembre se reunieron los presidentes Nicolás Maduro y Mohamed Irfaan Ali  para explorar vías pacíficas de solución al conflicto limítrofe que enfrenta a Venezuela y Guyana por Esequibo. De una población guyanesa que asciende a 791 mil personas, 25 mil viven en estos 160 mil km2. Un territorio pródigo en petróleo, en recursos minerales (como la bauxita, materia prima del aluminio), forestales, e hídricos, y reivindicado como propio por Venezuela desde hace más de un siglo. El encuentro en la insular nación caribeña de San Vicente y las Granadinas fue el primero entre los mandatarios después del referéndum celebrado 3 de diciembre en la República Bolivariana, cuando el 95% de los votos respaldó la soberanía venezolana del Esequibo. El pacto de los Ejecutivos de Caracas y Georgetown fue criticado después por el  Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri). Y el día anterior a Navidad se supo del envío de un buque de guerra de Gran Bretaña hacia su ex colonia imperial de Guyana, cuya joven independencia como República data de 1970. 

La cumbre bilateral, promovida  por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños(CELAC) y la Comunidad del Caribe (CARICOM), contó con la presencia del Primer Ministro de Dominica y Presidente Pro-Témpore de la Caricom, Roosevelt Skerrit; y en carácter de observadores, el asesor de asuntos internacionales del gobierno de Brasil , Celso Amorin, con atribuciones de garante de la cumbre bilateral;  el canciller de Colombia, Antonio Leyva Durán; el Vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres Zelaya, y sendos enviados del Secretario General de la ONU, António Guterres.

Declaraciones protocolares y documento conjunto

El presidente Maduro, quien en los últimos meses ha acusado a Ali de ser un “títere provocador” de la petrolera estadounidense ExxonMobil, de haberse “puesto a la orden” de EEUU y  de ser un “instrumento del Comando Sur”, agradeció al mandatario guyanés por “su disposición al diálogo amplio en todos los temas” que abordaron “de manera directa”. A su  vez, Ali declaró a la prensa que en la reunión había sostenido “posición clara de Guayana de que somos un país un pueblo respetuoso de la paz”  y enfatizó:  “Dejamos en claro que Guayana no es el agresor, Guyana no busca la guerra; pero se reserva el derecho de trabajar con todos nuestros socios para garantizar al defensa de nuestro país”.

Ambos mandatarios  se comprometieron a abstenerse, “ya sea de palabra o de hecho, de intensificar cualquier conflicto o desacuerdo de cualquier controversia”, según el comunicado conjunto difundido. Y  acordaron  “establecer, inmediatamente, una comisión conjunta” con sus respectivos ministros de Exteriores y técnicos para “tratar los asuntos mutuamente acordados”, que deberá presentar una actualización a Maduro y Ali “en un plazo de tres meses”. Los gobiernos de Caracas y Georgetown  tienen previsto celebrar en el próximo trimestre, o “en otro momento acordado”, una reunión en Brasil, para abordar  “cualquier asunto con implicaciones”  para Esequibo. 

Tregua de paz sin solución al conflicto territorial

El delegado del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorín  definió la reunión como una “victoria” diplomática.   Sin embargo,  agregó “no me hago ilusiones, no estoy diciendo que el acuerdo significa una solución al problema, pero establece nuevas coordenadas”.  Una preocupación por muchos compartida: que el acuerdo solo sea una tregua y la cuestión derive en una confrontación bélica, por ahora poco probable pero no imposible.

La región  desde la breve guerra del Cenepa,  librada entre Ecuador y Perú, a principio de 1995 ocasionada por la ausencia de fronteras claras y definidas, se ha mantenido como zona de paz con una larga tradición de encausar este tipo de conflictos a través de la diplomacia y la mediación.   Sin embargo,  el académico del Instituto Leibniz de Investigaciones de Paz, de Fráncfort, Jonas Wolf  advierte  que “ha habido pocas guerras, pero sí las ha habido, y entonces no se puede descartar esa posibilidad tampoco. Yo diría que sí hay un riesgo real, porque esos conflictos territoriales son difíciles de solucionar y, obviamente, si son territorios que tienen valor estratégico por recursos naturales, como en este caso, el asunto se vuelve aún más difícil”.

Las reclamaciones por determinados territorios en América Latina han mostrado un uso y costumbre visitado con frecuencia, en virtud de lo establecido en el Pacto de Bogotá (1948),  sobre resolución pacífica de conflictos, que contempla mecanismos como mediaciones, arbitrajes o recursos judiciales. Aun así se ha constatado que hay gobiernos que en búsqueda de liderazgo o de su consolidación no guardan estricta observancia de estos parámetros y  buscan el papel de árbitro  para lograr inclinar en un potencial balance a favor de los beneficios antes que perjuicios ocasionados en caso de no evitar el uso de las armas

América Latina, zona de paz

El presidente Lula de Brasil,  el país de mayor  peso económico, político y militar  en la región,  declaró el 7 de diciembre en la cumbre del Mercosur, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, “Nosotros queremos que América del Sur sea una zona de paz. Y pedimos también que junto con la CELAC y la Unasur, podamos intervenir para crear un diálogo entre las partes. No precisamos de guerra en nuestra región”.  

En puntual referencia al conflicto del Esequibo, Brasil tiene una  posición clave por ser vecino directo de Guyana y por mantener relaciones con el gobierno de Maduro, con quien restableció la confianza diplomática que interrumpida durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) y con su determinación de enviar a Amorín al encuentro que sostuvieron  Maduro y Ali del 14 de diciembre.

Tensiones internas en la República Bolivariana

La comparación del conflicto venezolano del Esequibo y el argentino por las Malvinas acaso es exagerada. Pero sirve para explicar el resultado del voto en el referéndum del domingo convocado por el gobierno de Caracas. Cuando un gobierno argentino convocara una consulta popular para preguntar al electorado si las Malvinas son argentinas y si el Estado nacional puede proceder a la organización administrativa de las islas del Atlántico Sur como provincia n°25 de la República Federal, los votos afirmativos serían arrolladora mayoría. Otro tanto le ha ocurrido al gobierno de Maduro.  Tanto en un caso como en el otro, el tema ayuda a consolidar la identidad nacional. “El tema de la Guyana Esequiba me remite un poco al tema de las Malvinas, cuando la junta argentina empieza a sufrir una deslegitimación por parte de la población argentina, y entonces se retoma ese tema, un tanto para consolidar la identidad nacional. Y  el Gobierno de Caracas ante las próximas elecciones, enfrenta un panorama que será el más complicado. Para nadie es un misterio que Maduro viene pasando ya varios períodos de problemas en el ámbito interno” sostiene Hugo Harvey, doctor en estudios internacionales y profesor titular de la Universidad de las Américas, en Santiago de Chile, en clara referencia al autoproclamado presidente interino Juan Guiadó  y , ahora, con la emergencia  de la lideresa opositora María Corina Machado.

Del acuerdo y de sus contradicciones

El mismo día 14 de diciembre, cuando el presidente guyanés recibió a su par venezolano en el aeropuerto Argyle llevaba en su muñeca una pulsera que tenía la imagen del mapa de Guyana, con el Esequibo incluido. El gesto fue objeto de airada crítica   del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri) presidido por  Kenneth Roddgers Ramírez Domínguez, doctor en  Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Central de Venezuela :  “en forma contundente la inmadurez y hostilidad hacia varias generaciones de venezolanos que han estado involucrados en la reclamación de la Guayana Esequiba y hacia el espíritu del Acuerdo de Ginebra de 1966, exhibida por Mohamed Irfaan Alí al presentarse con una pulsera irrespetuosa y provocadora con una versión espuria del mapa de Guyana. Asimismo, lamentamos profundamente que Nicolás Maduro haya aceptado retratarse con este elemento irrespetuoso, lo que supone haber permitido una humillación a Venezuela Toda, denotando la triste situación de debilidad estratégica a la que ha llevado al país”.

Si bien Covri deja en claro que recibieron con beneplácito que todos los Estados asistentes hayan reiterado su compromiso de que América Latina y el Caribe siga siendo Zona de Paz,  así como la labor de moderación constructiva que hizo la Celac, Caricom y el gobierno de Brasil, consideraron “que Brasil ha sido el gran ganador del Encuentro de Argyle, el cual le permitirá mostrar a otros actores el éxito de su política de diálogo y normalización de relaciones con Venezuela, aumentar su influencia en la región del Caribe, así como exhibirse a nivel global como una ‘potencia emergente responsable’ que ha logrado mantener la paz y estabilidad regional”.

Con todo, en el documento  donde se califica de “imprudente” el referéndum del 3 de diciembre se manifiesta la preocupación  por  las medidas tomadas por el gobierno de Maduro después de la consulta que califican más de “efectivistas” que de “eficaces”. Y respecto a la nota del desacuerdo persistente entre Guyana y Venezuela sobre el proceso judicial seguido en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), afirma que Guyana “está comprometida con los procesos y procedimientos de la Corte Internacional de Justicia para la resolución de la controversia fronteriza”.  De acuerdo a la interpretación del Covri, el Ejecutivo venezolano  ha aceptado formalmente retroceder  en su intento de presionar al gobierno de Guyana para que acepte volver a las negociaciones directas como mecanismo para resolver la controversia de la Guayana Esequiba, mientras que la posición de Guyana no se ha movido ni un ápice.

Covri ratifica ante la opinión pública que “no estamos ante una vuelta de las negociaciones directas respecto a la controversia de la Guayana Esequiba, sino ante el establecimiento de un mecanismo peculiar de diplomacia preventiva que combina los buenos oficios y el diálogo político directo”.  La pregunta implícita que persiste es si se logrará el propósito de lograr un desescalamiento de las tensiones y a la vez una paulatina normalización de las relaciones bilaterales, que son dos cuestiones muy diferentes.

Horizonte global

El damero del sistema internacional presenta otros actores. Ante este cambio,  China muestra expectación y “EEUU no tiene la capacidad material para estar presente en la región”, analiza Wolff. Una de las consecuencias de estas mudanzas en el orden global es un debilitamiento del derecho internacional que puede facilitar o aun justificar agresiones militares.

En América Latina, según Wolff: “Me parece todavía bien claro que en la región va a haber poco apoyo a agresiones militares. Entonces, un Gobierno que decidiera tomar esa ruta se enfrentaría a mucho rechazo. La pregunta es si eso importa”, recordando la invasión rusa a Ucrania. En los hechos, una guerra que todos los actores del ajedrez político tienen como claro objetivo evitarla parece poco probable, pero no imposible.

Las alarmas se han encendido con la información,  divulgada por  gobierno de Venezuela  el domingo de Nochebuena, de  que Gran Bretaña anunció el envío de un buque de guerra a Guyana, su ex colonia. “Seguimos alertas ante estas provocaciones que ponen en riesgo la paz y estabilidad del Caribe y nuestra América”, expresó en X (antes Twitter) el ministro venezolano de Defensa,  Vladimir Padrino López, quien cree que este anuncio amenaza el acuerdo suscripto en San Vicente y las Granadinas entre ambos países.

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La comparación del conflicto venezolano del Esequibo y el argentino por las Malvinas es exagerada. Pero sirve para explicar el resultado del voto en el referéndum del domingo convocado por el gobierno de Caracas. Cuando un gobierno argentino convocara una consulta popular para preguntar al electorado si las Malvinas son argentinas y si el Estado nacional puede proceder a la organización administrativa de las islas del Atlántico Sur como provincia n°25 de la República Federal, los votos afirmativos serían arrolladora mayoría. Otro tanto le ha ocurrido al gobierno de NIcolás Maduro con su referéndum del domingo 3 de diciembre sobre el territorio del Esequibo, en la frontera oriental de Venezuela, que no lo disputa a Gran Bretaña ahora, pero sí a la ex colonia británica de Guyana. Preguntado el electorado de la República Bolivariana si el Estado nacional podía convertir el territorio del Esequibo en el estado n°24 de Venezuela, la respuesta afirmativa fue casi la única en registrarse. Los efectos inmediatos son difíciles de calibrar.

La disputa entre Venezuela y Guyana por el territorio del Esequibo data de  más de un siglo. El hallazgo de yacimientos petroleros en la zona,  que convirtió a Guyana en una de las economías de mayor crecimiento del mundo, provocó que crecieran las tensiones entre Caracas y Georgetown

Este domingo 3 de diciembre, el gobierno de Venezuela consultó a la ciudadanía del país si apoya la creación de la nueva provincia llamada “Guyana Esequiba” en este territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados y administrado por Guyana, donde se habla inglés. Guyana ha rechazado la consulta calificada por su presidente, Irfaan Ali, como “una amenaza a la paz en América Latina y el Caribe”.

La consulta -que además preguntó sobre si otorgar la nacionalidad a los 125 mil habitantes de esta región rica en recursos naturales- fue repudiada por Georgetown, que planteó el 29 de noviembre la opción de establecer “bases militares” con apoyo extranjero en el Esequibo, y anunció la visita de funcionarios del Departamento de Defensa de EEUU. “Nunca hemos estado interesados en bases militares, pero tenemos que proteger nuestro interés nacional”, declaró en rueda de prensa el vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo. Aun así, el gobierno de Guyana ha mostrado  voluntad de que la disputa con su vecina Venezuela pueda resolverse en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, cuya jurisdicción desconoce Caracas en el caso del Esequibo.

Más de un siglo de disputas

Cuando en 1810, la actual República Bolivariana de Venezuela declaró su independencia de España, el territorio liberado que desde 1777 correspondía a la Capitanía General de Venezuela llegaba hasta el margen izquierdo del río Esequibo. Sin embargo, durante las guerras de independencia, los británicos tomaron posesión de las colonias de Demerara, Berbice y Essequibo, que, luego, en 1831 pasaron a formar parte de lo que se llamó Guayana británica, el territorio al este del río Esequibo. Antes de eso, allí y en lo que hoy es Suriname estaba la Compañía de las Indias Neerlandesas.

Con el propósito de definir el límite occidental de la Guayana británica, en 1840, Gran Bretaña comisionó al explorador alemán  Robert Shomburgk, para que levantara un mapa con los límites entre esa Guyana Británica y sus vecinos, entre ellos Venezuela. El resultado que se conoce como la línea Shomburgk, ubica el límite de Venezuela en la desembocadura del río Orinoco. Un año después, en 1841,  Venezuela protestó sobre la base que había sido despojada de sus territorios ubicados al oeste del Esequibo. El acuerdo entre Gran Bretaña y Venezuela, en 1850, establece que  la zona en controversia no sería ocupada y la definieron como territorio en disputa.

En 1897, con la mediación de EEUU, Venezuela y Gran Bretaña se comprometieron a respetar el resultado de un arbitraje internacional con la participación de Inglaterra, Gran Bretaña, Rusia y EEUU, el último en representación de Venezuela. Dos años después, el Laudo Arbitral de París (1899) otorga a los británicos la soberanía sobre toda la zona objeto de controversia y dejó a Venezuela una porción de tierra hacia el sur y las desembocaduras del río Orinoco.

Más de medio siglo después, en 1962  Venezuela denunció ante la ONU que hubo vicios en el procedimiento arbitral y dejó claro que consideraba el fallo del Laudo como “nulo e írrito”. Argumentó que una carta póstuma de uno de los árbitros estadounidenses evidenciaba la que fue una supuesta componenda del presidente ruso en el tribunal con los representantes británicos para lograr una decisión unánime y contraria a Caracas.

Seguidamente, en 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra, en el cual Gran Bretaña reconoce que existe una controversia sobre ese territorio. Ese mismo año, Guyana logra su independencia y se inicia una negociación directa entre ambos países por el diferendo territorial.

En 1970, con los buenos oficios de Eric Williams,  primer ministro de Trinidad y Tobago,  Venezuela, Guyana y Gran Bretaña firmaron el 18 de junio el llamado Protocolo de Puerto España, por firmarse  en la capital de Trinidad y Tobago, que estableció un plazo de 12 años, contados a partir de la rúbrica, durante el cual “no se haría valer ninguna reclamación que surja de lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo de Ginebra y se suspendería el artículo 4 de dicho acuerdo”.

Para destrabar la disputa y acordar la designación de un ‘buen oficiante’ que pudiera mediar en 1986, las partes acudieron nuevamente a la ONU. A partir de ese momento fueron designados tres oficiantes. El último de ellos, Norman Girvan, falleció en 2014 sin haber logrado soluciones al diferendo territorial. Tampoco hubo nuevas solicitudes desde las partes hacia la ONU para que se designara a un nuevo mediador.

El descubrimiento de petróleo por la empresa estadounidense ExxonMobi en 2015, aumentó la disputa por este territorio. Guyana demandó en 2018 a Venezuela ante la CIJ para que esa instancia confirmara la validez del Laudo Arbitral de París. Venezuela, que no ha reconocido que la CIJ tenga competencia sobre el caso, en 2021 emitió una declaración en la que reafirma el dominio sobre el Esequibo. A esta declaración, Guyana la consideró una amenaza a su soberanía e integridad territorial.

En septiembre de 2023, la Asamblea Nacional de Venezuela convocó a sus ciudadanos a un referendo sobre el Esequibo. Como respuesta, en octubre  Guyana solicitó ante la CIJ suspender el referendo consultivo impulsado por Venezuela.

El 15 de noviembre de 2023 Venezuela expuso sus argumentos ante el tribunal internacional sobre la celebración del referéndum. La vicepresidenta Delcy Rodríguez defendió el derecho de su país a “consultarse y escucharse” y denunció que Guyana ha entregado concesiones de petróleo y gas en la zona en disputa.

La CIJ, el 1° de diciembre determinó, sin hacer ninguna referencia explícita a la consulta del día de hoy, 3 de diciembre, que Venezuela debe “abstenerse de cualquier acción que modifique la situación actualmente vigente en el territorio en disputa”.

El reclamo que aúna al oficialismo y la oposición

La convicción de que el Esequibo es de Venezuela es una de las pocas cuestiones en las que coinciden públicamente el gobierno de Maduro y sus opositores. En 2021, en el marco de las negociaciones facilitadas por Noruega, ambos bloques políticos acordaron reivindicar los “derechos históricos, soberanos e inalienables” de Venezuela sobre ese territorio. Ambos consideran que el Laudo Arbitral de París es “nulo” y defienden al Acuerdo de Ginebra como el único instrumento válido para alcanzar una solución satisfactoria en el diferendo.

Pero si es unánime la postura del oficialismo y la oposición frente a la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo, difieren en cuanto al referéndum.  La líderesa opositora venezolana María Corina Machado, quien arrasó en las primarias para enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024, rechazó el 22 de noviembre a la decisión de la convocatoria del referéndum sobre esta disputa territorial;  en lugar de defender los intereses del país ante las cortes internacionales. Machado considera que el gobierno venezolano debió suspenderlo en vista de los perjuicios que ocasionará a los intereses del país y prepararse para el caso ante la CIJ.

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Los proyectos de gas y petróleo se presentan ante la opinión pública como una línea de progreso irreductible, por lo que oponerse a ellos equivale decir también no a la prosperidad. Pero, experiencias en Brasil, Colombia y Guyana, la frontera hidrocarburífera más importante del hemisferio, demuestran que estos no sólo tienen impactos ambientales con consecuencias potencialmente irreversibles, sino que además dejan heridas marcadas en el tejido social. Entre ellas, la precarización de vida de las mujeres, la profundización de desigualdades de ingreso, las amenazas a los derechos humanos y la democracia, la regresión de las economías tradicionales y el empobrecimiento, hasta el aumento de la deuda pública de la que se suponía que un país pobre se liberaría con la llegada de estos emprendimientos.

Omerzita Barbosa, directora ejecutiva de la pastoral social de pescadores de Brasil (CPP), lo vivió en primera persona. Jamás olvidará esta fecha: 30 de agosto de 2019. Ese día empezaron a llegar manchas de petróleo de Pernambuco a Bahía. Venían misteriosamente como invasores de otra galaxia. Manchas y más manchas. Manchas que, eventualmente, llegaron a ocupar casi 3000 kilómetros de costa, en once estados. El accidente más extenso del mundo. 

“Cuanto más petróleo retiraban, más llegaba”, recuerda como una pesadilla. “Como ocurrió en el nordeste, una zona invisibilizada del país, era un asunto que era invisible también para el resto de la sociedad.”

Hasta hoy, nadie sabe a ciencia cierta de dónde llegó ese volumen de petróleo que la gente desesperada empezó a juntar con la mano desnuda porque se comía la playa y a todas sus criaturas, embadurnándolas hasta la muerte. Se mancharon manglares, arrecifes hermosos, bosques de algas. Como el mar y los humanos se distinguen en las formas, pero están intrínsecamente unidos, eventualmente, la contaminación afectó a todas las comunidades en más de una manera. 

Un artículo de la revista Environmental Science Pollution lo resumió así: “El vertido afectó, al menos, a 34 especies amenazadas, con impactos detectados en el plancton y las comunidades bentónicas. Se registraron impactos agudos en equinodermos, simbiontes de coral, poliquetos y esponjas con evidencia de ingestión de petróleo. Se detectaron impactos socioeconómicos en la seguridad alimentaria, la salud pública, el alojamiento, la igualdad de género, el turismo y la pesca, con reducción de ventas, precios, atractivo turístico, el producto bruto y el empleo”.

Omerzita cuenta que los pescados estaban contaminados, como las personas que los ingerían, que tuvieron manifestaciones gastrointestinales de las peores. Los compradores comenzaron a escasear por miedo a esa misma contaminación, por lo tanto, la moneda que el pescado trae también. Nadie más quiso el marisco porque éste absorbe la mugre petrolera como una esponja. Y las marisqueras, que en general son mujeres, empezaron a sufrir violencia doméstica porque no podrían traer el sustento. Las enfermedades respiratorias se hicieron costumbre, sobre todo entre aquellos que se dignaron a sacar con su propio esfuerzo esa cosa viscosa que se pegoteaba a todo lo existente, con o sin vida.

El gobierno de Jair Bolsonaro primero negó la catástrofe. Luego, culpó a Greenpeace. Lo cierto es que la ayuda estatal no llegó nunca. Al día de la fecha, dice Ormerzita, más de 200.000 pescadores artesanales se vieron afectados. “La cifra puede crecer a 250.000”, acota.

Frecuentemente, se suele presentar a Brasil como un caso de éxito de la industria petrolera, sin derrames ni resistencias. Ninguna de estas cosas son ciertas, asegura Omerzita, que habla de persecuciones y amenazas a la vida de los opositores a estos proyectos en lugares paradigmáticos como Río de Janeiro. Ahora, ExxonMobil quiere hacer exploraciones sísmicas en el estado de Sergipe, y las comunidades locales, sobre todo las indígenas, están que arden. La empresa reparte comida para agarrar a los desesperados. Y quiere enseñar a la gente a reaccionar en caso de accidente. “Es absurdo.” 

Exiliada por el fracking

Yuvelis Natalia Morales Blanco es colombiana, tiene 21 años y está exiliada en Francia. Su exilio es hijo del fracking. Tres fueron las amenazas contra su vida. Tres. La primera: entraron hombres armados a su casa cuando estaba sola con su hermanita. Y, mientras le decían cosas horribles, uno se puso a jugar con su pelo. Revive ese momento y el asco le atraviesa el rostro y las entrañas. Un rato después, tiene náuseas. Y esa fue una experiencia. La primera. La última fue en febrero de este año. La sacaron del país. Después, la recibió el presidente Emmanuel Macron.

¿Por qué será que necesitarán matones para callar a esta joven menuda? ¿Vale más el petróleo de Colombia que su voz?

Yuvelis es de Puerto Wilches, una localidad pequeña en el departamento de Santander. Está llena de ríos y de ciénagas. Cuando ella habla de su pueblo, le brotan mariposas de la boca. Flores. Animales mágicos. Parece vibrar con esa tierra y ese agua. Y también con el verdor. Con toda su poesía espontánea, de repente, se convirtió en una voz potente contra el fracking, a pesar de su juventud, a pesar de su negritud, a pesar de ser hija de pescador. Del otro lado, estaban EcoPetrol, la compañía nacional, y ExxonMobil intentando hacer fracking nada más y nada menos que donde más agua hay en todo Colombia.

Técnicamente, el fracking está prohibido en el país, pero se iban a hacer dos experimentos piloto, justo en Puerto Wilches. Pero, ahí estaban Yuvelis y sus compañeros de Afrowilches y Aguawil, que quedaron espantados con la novedad viniendo al pueblo. ¿Qué hacer? 

“Luchar contra el fracking significa luchar en contra del gobierno, porque la estatal es Ecopetrol. Esto tiene intereses nacionales e internacionales, por la ExxonMobil. ExxonMobil con todo el dinero que mueven, y todo lo que hacen y significan. Nosotros, ante ellos, no éramos nada. Sólo un grupo de chicos pelados que no le importan a nadie, que los pueden matar y nada va a pasar. Ellos no van a parar el fracking, deben haber pensado. Pero, nos veíamos con mucha esperanza también, porque éramos nosotros intentando hacer algo”, recuerda Yuvelis.

“Empezamos a hablarle a la gente de amor, de lo bonito que tenemos y de que Puerto Wilches tiene una reserva hídrica increíble, que es corredor del jaguar, que tenemos bosque nativo, el Río Magdalena, más de 200 fuentes hídricas, especies en peligros de extinción, especies endémicas y espejos de agua, como las ciénagas, que son un paraíso en la tierra. ¿Como tú, como persona consciente de los territorios maravillosos que tenemos, vas a permitir que lo exploten y lo dañen? Si a nuestras fuentes hídricas les pasa algo, Colombia se queda sin agua. Fue decir esto y recibir a hombres armados apuntándome en la cabeza, diciendo que dejara de molestar con eso del fracking porque me iban a matar”, sigue.

Y completa: “A mí, como mujer, eso me impactó mucho más allá de que a una la amenacen. Una amenaza contra un hombre es diferente. A mí me amenazaron y me tomaron el cabello. Me sentía tan vulnerable. Estaba ahí sola en mi casa, como podría estar otra mujer que se supone está tranquila. Estaba con mi hermanita. Yo tenía el cabello muy largo. Me lo corté porque no pude superar el trauma de sentirme tan frágil ante ellos”.

Hasta el día de hoy, las pruebas piloto de fracking continúan suspendidas en Puerto Wilches por una acción cautelar en Colombia. No están cancelados definitivamente, aunque el nuevo escenario político del país pueda ser su tumba. Sin embargo, las marcas que dejó en Yuvelis y otros dirigentes en la piel y en la vida, no se olvidan. Serán permanentes.

Más crudo, más deuda

No todo lo que brilla es petróleo y en Guyana, que tiene los yacimientos más importantes descubiertos en los últimos años, con reservas recuperables de 10.000 millones de barriles, lo deberían saber muy bien. 

La maquinaria de opinión pública de las petroleras prometían que este país, uno de los más pobres del continente, se iba a transformar en Dubai o en Noruega, por las formaciones que están debajo del lecho en el que confluyen dos ríos fabulosos: el Amazonas y el Orinoco. 

Y, sin embargo, lo que viene acumulando el Tesoro Nacional es deuda, entre otras cosas, porque el acuerdo al que el gobierno llegó con un consorcio de la industria liderado por ExxonMobil es tan desfavorable que, al final del día, lo único que le va a quedar a Guyana es un pasivo ambiental gigante y una pesquería en vías de extinción.

En 2016, el país se comprometió a pagar por todos los gastos de capital de la exploración y extracción petrolera retroactivos a 1999. O sea que, en los hechos, las compañías no arriesgaron ni arriesgarán nada. Si ExxonMobil va y hace un pozo en un lugar seco, la cuenta la pagan igual los guyaneses. Por eso, cuando se vende el petróleo, Guyana sólo se queda con el 12,5 por ciento de la facturación. Otro 12,5 por ciento se lo quedan las petroleras en concepto de ganancias. Y el restante, 75 por ciento es para cubrir los gastos de capital, aunque sean de hace dos décadas atrás. 

El Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) escribió que “dado que los costos recuperables incluyen el 100% de todos los costos de desarrollo (inicialmente 33.000 millones de dólares en los primeros cinco años), el proyecto arrastra un importante saldo que corresponde al contratista hasta al menos 2028. El importante saldo de los costos de desarrollo pendientes podría tardar aún más en satisfacerse, ya que las nuevas inversiones, los costos previos al contrato, los retrasos operativos y la volatilidad de los precios del petróleo pueden alterar los planes financieros. El reembolso de los costos de desarrollo y de otros costos recuperables disminuye la cuantía de los ingresos anuales de Guyana procedentes del petróleo de beneficio. Hasta que los costes totales recuperables se paguen en su totalidad, Guyana sólo recibe el pago mínimo, el 12,5% de los ingresos brutos”.

Guyana también está pagando por adelantado los costos de cierre de los pozos, dinero que debería quedar resguardado en una cuenta custodia, pero no lo está. Si mañana ExxonMobil se retira del país, nadie tendrá acceso a esa plata. El trato sólo le cierra a los políticos de turno, no al país.

Según IEEFA, por la venta de petróleo desde 2019, cuando se inició la producción, Guyana recibió US$607 millones. El consorcio de compañías se quedó, en cambio, con US$3600 millones. Sin embargo, el país se vió obligado a tomar préstamos internacionales por US$420 millones para tratar de cerrar sus cuentas públicas, porque siempre está gastando de más en la expansión de la frontera hidrocarburífera y dándole incentivos fiscales a las compañías, que poco retribuyen en el desarrollo del país.

Guyana, que tiene una clase política maleable, se apuró a firmar un acuerdo que no le conviene con tal de sacar el petróleo que tiene y, los beneficios que se suponían que iban a llover como maná del cielo, simplemente no se materializan. Eso es lo que hace la ideología fósil. Los políticos se confirman con la ilusión de hacerse ricos a como dé lugar, aceptando cualquier cosa de las empresas, que sólo dejarán un pasivo ambiental enorme. Te venden el paraíso, cuando en realidad te están mandando al infierno.  

“Por cada dólar que Guyana obtiene, las compañías tienen seis. Además, Guyana tiene más deuda. Cada vez que anuncian un nuevo descubrimiento, Guyana tiene que pagar más”, señala la abogada Melinda Janki, que representa a ciudadanos que están demandando al gobierno para que se cumplan las leyes ambientales del país, que —de aplicarse— deberían frenar toda la explotación hidrocarburífera offshore. En este momento, hay tres casos en los tribunales. Uno de ellos es el mayor caso de cambio climático del mundo, asegura la letrada. 

“Están destruyendo el sector pesquero. Se nota en los precios. Hay menos pescado y los pescadores no tienen más plata. Tienen que buscarse otros trabajos. Estos son pescadores habilidosos, que conocen el océano, las corrientes, los bancos de pesca, tienen una relación muy cercana con el océano. Ahora tienen que abandonarlo y buscar oficios que no saben hacer o para los cuales no tienen conexiones”, cuenta.

La producción de los bloques Liza 1 y Liza 2 se realiza con enormes embarcaciones flotantes, no con plataformas tradicionales. Los pescadores fueron los primeros en detectar los efectos, porque el pescado empezó a desaparecer. Ellos se dieron cuenta, además, que las empresas estaban haciendo flaring, o sea, quemando los excesos de gas, lo que estaba prohibido. Las compañías usan el agua del océano para enfriar sus sistemas y luego la tiran caliente, provocando un aumento de la temperatura de hasta tres grados que se siente a varios kilómetros a la redonda. Pero, ¿quién controla? Guyana tiene buenas leyes, pero no puede ejecutarlas. Es así que Melinda, aplicando esas mismas leyes, espera detener los proyectos en las cortes.

En el pasado, Melinda, que es abogada internacional, trabajó en las oficinas de Londres de la petrolera BP. Ella sabe que esta es una industria de mucho riesgo. “No se puede hacer offshore production sin cosas que salgan mal. Ningún sistema es perfecto, Ninguna persona es perfecta. Y, cuando combinas esas imperfecciones con gran peligro, tenés una situación que no se puede permitir. No importa cuanta plata haya en juego”, apunta.

“La opinión de la gente ha cambiado mucho. El costo de vida aumentó. La gente que trabaja en la industria tiene tanta plata que empuja los precios para arriba, y la gente se está volviendo más pobre. Las compañías petroleras no pagan impuestos. Si sos una enfermera y salvás a las personas, pagás impuestos. Pero, si sos ExxonMobil, no.”

Producto de sus ríos caudalosos, la costa de Guyana es de barro. Y, por esa razón, van las especies a desovar, incluso las criaturas más fantásticas, como las tortugas. Desde que comenzó la producción, se empezaron a observar varamientos de ballenas. 

Las empresas no sólo sacan petróleo, sino que también tiran tóxicos al agua, como vertidos cloacales y residuales. Por cada barril de crudo que se saca de aguas ultraprofundas, se obtienen cinco litros de vertidos tóxicos que sencillamente no hay dónde meter. Un negocio sucio.

“A Exxon se le permite verter las aguas residuales en el océano. Pero, por supuesto, no sabemos lo que realmente está vertiendo y cuánto, porque nadie está supervisando y controlando la operación de perforación”, agrega Melinda.

La promesa de ser Bahrein, Dubai o Arabia Saudita no le llegó a esta nación aún, ni con estos precios inflados por la invasión rusa a Ucrania. En cambio, lo que sí pasó es que Guyana, con sus fabulosos bosques tropicales, está dejando de ser un sumidero de carbono para convertirse en una peligrosa bomba de emisiones.

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAR forma parte.  

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