La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una ley de amnistía general para “reparar las heridas” que dejó la confrontación política en el país sudamericano, una medida que beneficiará a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

En el acto de inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rodríguez encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia y la Paz para que en las “próximas horas” presenten la ley ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -dominado por el chavismo-, así como la “máxima colaboración” al cuerpo legislativo para su aprobación.

“Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos”, añadió.

La líder chavista indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

Además, la funcionaria pidió convertir El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, señalada como un centro de “torturas” por ONG y opositores, en un centro social y deportivo.

La propuesta la dio a conocer semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien el Gobierno encargado de Rodríguez mantiene acercamientos, hablara del cierre de una “cámara de torturas” en la capital venezolana.

El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como un centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El lugar es señalado como un centro de “torturas” por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos, una denuncia que ha rechazado el Gobierno venezolano.

María Corina Machado asegura que el motivo es EE.UU.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado aseguró que la ley de amnistía general es “producto de la presión real” de Estados Unidos y dijo que espera que se haga realidad.

“Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino que es producto de la presión real que ha recibido por parte del Gobierno de los Estados Unidos”, manifestó en la charla 'Hablemos de Venezuela' con el periodista Michael Stott en el Hay Festival de Cartagena de Indias, Colombia.

Machado, premio nobel de la paz 2025, dijo que en el país petrolero “el aparato represivo del régimen es brutal” y “ha respondido a los intereses de las múltiples fuerzas criminales que conforman este régimen”.

La opositora aseguró que en Venezuela “hay presos políticos que tienen 23 años en prisión”, como es el caso de tres policías metropolitanos, y hay otros “que han sido desaparecidos”. De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 771 presos políticos.

La oposición celebra el anuncio

Asimismo, diputados opositores celebraron el anuncio de la ley de amnistía, al tiempo que pidieron que el texto legislativo marque el cierre definitivo de la “represión” y “persecución” en el país.

El diputado Henrique Capriles dijo en X que la amnistía es un “paso necesario y muy importante” para avanzar al país que quieren “la gran mayoría de los venezolanos”.

A su juicio, el anuncio de la ley y el cierre de El Helicoide toca la “conciencia del país y devuelve esperanza a miles de familias venezolanas que han sufrido la injusticia y la persecución”.

Igualmente, el diputado Stalin González sostuvo que esta propuesta legislativa abre una nueva página para la “convivencia democrática en el país”, por lo que, dijo espera que sea una medida amplia, que garantice la libertad de todos los presos políticos y pidió que “la clausura física” del Helicoide “trascienda para poner fin a la represión y a la persecución”.

Entretanto, la ONG Provea señaló que los presos políticos han sido detenidos de manera arbitraria por lo que, sostuvo, el Estado no es el que “debe perdonar”, sino que “los responsables de graves crímenes” deben “pedir perdón a las víctimas y a la sociedad, y asumir su responsabilidad ante la Justicia por los abusos cometidos”.

Familiares de presos políticos en Venezuela dijeron a EFE que se sienten “esperanzados” tras la propuesta anunciada de ley de amnistía.

Estamos “esperanzados, esperamos que -nuestros familiares- puedan disfrutar de los beneficios que se están dando (...) seguiremos en la lucha hasta poder abrazar a los nuestros, que también han sido víctimas de este terror”, dijo a EFE Mariglys Guzmán, quien se encontraba a las fueras del calabozo policial de Zona 7 de la PNB, en el este de Caracas.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reclamó este lunes la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en el país, al advertir que las excarcelaciones anunciadas en los últimos días son insuficientes y están muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales del Estado venezolano.

En una declaración difundida desde Panamá y Ginebra, la Misión valoró como un “paso importante” la liberación de algunas personas detenidas arbitrariamente, pero subrayó que, de un total estimado de alrededor de 800 presos políticos, solo unas 50 personas habrían recuperado la libertad hasta el momento. “Esto está muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos”, señaló el organismo.

La ONU expresó una preocupación particular por las mujeres que continúan detenidas, al advertir que la privación de la libertad tiene sobre ellas impactos diferenciados y, en muchos casos, agravados, tanto en su salud como en sus responsabilidades de cuidado. Además, reclamó que se atiendan con urgencia las necesidades médicas de quienes ya fueron liberados.

La Misión recordó que ha documentado de manera “amplia” el uso generalizado y sistemático de la detención arbitraria como herramienta de represión, y reiteró su llamado a poner fin a estas prácticas. También alertó por el impacto profundo que la situación tiene en las familias de las personas detenidas, que muchas veces permanecen sin información clara sobre el paradero y la situación jurídica de sus seres queridos.

En ese sentido, exigió que se garantice el acceso a visitas regulares y que cese la detención prolongada en régimen de incomunicación, una práctica que calificó como una violación de derechos humanos que agrava el sufrimiento de los familiares.

La declaración de la ONU se conoció el mismo día en que organizaciones de derechos humanos y el propio Gobierno venezolano difundieron cifras dispares sobre el proceso de excarcelaciones. El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó este lunes sobre 116 “nuevas excarcelaciones”, que vinculó a una revisión de causas ordenada por el Ejecutivo, y aseguró que el procedimiento continuará “de manera permanente”.

Sin embargo, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón confirmó hasta ahora 53 excarcelaciones, mientras que Foro Penal verificó la liberación de poco más de 40 personas y advirtió que el proceso avanza “a cuentagotas”. Entre las personas liberadas en las últimas horas figuran 24 presos políticos, incluidas nueve mujeres de la cárcel La Crisálida y varios extranjeros detenidos en El Rodeo I.

Las ONG también denunciaron la falta de información pública sobre los criterios utilizados, los plazos y el número total de personas que podrían ser liberadas. La ONU coincidió en ese reclamo y exhortó a las autoridades venezolanas a actuar con “transparencia y urgencia”, además de adecuar sin demora las condiciones de detención al derecho internacional, garantizando acceso a atención médica, abogados y familiares, y el cese inmediato de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Pese a las excarcelaciones recientes, la Misión advirtió que persiste un contexto más amplio de represión, con denuncias sobre colectivos armados que patrullan ciudades, intimidan a la población y realizan controles e inspecciones de teléfonos, así como nuevos casos de detenciones por expresar opiniones políticas.

“La necesidad de poner fin a todas las prácticas represivas sigue siendo urgente”, afirmó la ONU, que llamó a la comunidad internacional a hacer de la defensa de los derechos humanos en Venezuela una prioridad en este momento crucial.

MC

Antes de declararse inocente ante un tribunal de Nueva York en su primera audiencia judicial tras ser capturada junto a su marido, Nicolás Maduro, por las fuerzas especiales estadounidenses, Cilia Flores quiso dejar claro, en español: “Soy la primera dama de la República de Venezuela”.

Sin embargo, lo cierto es que el propio Maduro y otras personas cercanas a la pareja coinciden en que ella siempre fue mucho más que una primera dama común y corriente. Antes de su extradición a Estados Unidos, Flores ejercía un poder comparable, y en ocasiones superior, al de otras figuras del régimen, incluida Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro que desde el lunes es la líder interina del país.

Maduro solía decir que Flores no era la primera dama, sino la “primera combatiente”, lo que refleja el rol clave que ocupaba en el núcleo duro de poder del régimen venezolano.

Los dos, que se conocieron en una prisión venezolana en los años noventa mientras visitaban a su mentor político, Hugo Chávez, permanecen ahora recluidos en una cárcel de Nueva York y se enfrentan a cargos en Estados Unidos por “narcoterrorismo” y tráfico de drogas.

“Flores es, ante todo, la mujer de Maduro, pero en realidad es mucho más: es su socia clave, una de sus confidentes más cercanas y ha desempeñado un papel clave en su ascenso en la política”, afirmó Eva Golinger, abogada y escritora estadounidense que se reunió con la pareja en varias ocasiones cuando actuaba como asesora de Chávez. Más tarde, rompió con el líder y escribió The Chávez Code: Cracking US Intervention in Venezuela (El código Chávez: Descifrando la intervención de los EEUU en Venezuela).

“Flores era más el cerebro y Maduro más la fuerza bruta, sin menospreciar sus capacidades como un actor político muy eficaz por derecho propio, pero ella ha sido su pilar de apoyo en todo momento”, señaló la autora.

Una historia de amor por el chavismo

Cuando se conocieron, Maduro era conductor de autobús y líder sindical, mientras que Flores, seis años mayor que él, trabajaba como abogada y formaba parte del equipo legal que defendía a Chávez, entonces teniente coronel, encarcelado por su participación en un intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez en 1992. Tras la liberación de Chávez, la pareja se volcó por completo en el movimiento político que más tarde se conocería como chavismo.

Cuando Chávez llegó al poder en 1999, ambos fueron recompensados con altos cargos en el régimen y ampliaron progresivamente su influencia política. Maduro llegaría más tarde al cargo más alto, pero Flores no se quedó atrás: en 2006, se convirtió en la primera mujer en ocupar la Presidencia de la Asamblea Nacional, periodo durante el cual nombró a casi 40 familiares para cargos públicos. Cuando se publicó la noticia, calificó a los periodistas de “mercenarios” y prohibió a los medios de comunicación cubrir la información del Congreso.

Después de casi veinte años juntos, se casaron en 2013, poco después de que Maduro jurara el cargo tras la muerte de Chávez. Ambos tienen hijos de relaciones anteriores, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, conocido como 'Nicolasito', que también se enfrenta a cargos en Estados Unidos, pero no fue capturado el día 3 y permanece en Venezuela.

Descrita por Golinger como “introvertida, tímida, de voz muy suave y trato amable”, Flores era, sin embargo, una “actora política muy astuta” bajo el régimen opresivo de su marido, que llevó a cabo más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas; encarceló a miles de opositores políticos y cuya corrupción y mala gestión económica –agravadas por las sanciones de Estados Unidos– desencadenaron la mayor crisis migratoria humanitaria de un país que no estaba en guerra, obligando a huir a unos 8 millones de personas.

“Puede que no fuera la cara visible del Gobierno, pero sin duda tenía toda la influencia por detrás. Creo que él [Maduro] le consultaba todo”, señaló la autora.

La “facción más fuerte” del régimen

Según Casto Ocando, periodista de investigación venezolano afincado en Estados Unidos, como abogada con amplia experiencia, Flores ejerció un control especialmente estrecho sobre el poder judicial. En ese sentido, Ocando señaló que la primera dama “ha participado muy activamente en el proceso de nombramiento de jueces y fiscales, un área crucial, porque fueron sustituidos para instalar a otros leales a la revolución”. Asimismo, indicó que, aunque Flores era muy influyente, es difícil decir si ocupaba claramente el segundo puesto, una posición que muchos atribuyen al ministro de Interior, Diosdado Cabello, o a la actual presidenta en funciones, Delcy Rodríguez.

El periodista explica que “el régimen no era homogéneo, sino que estaba formado por facciones que controlaban partes del poder. Maduro era el presidente, pero no controlaba necesariamente todo el poder, aunque la facción más fuerte era la formada por él y su esposa”.

En la acusación, los fiscales estadounidenses alegan que la pareja presidencial se benefició del “tráfico de drogas a gran escala”, que llenó “los bolsillos de los funcionarios venezolanos y sus familias, al tiempo que benefició a los violentos narcoterroristas que operan con impunidad en territorio venezolano y que ayudan a producir, proteger y transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

Los fiscales también acusan a la pareja de formar parte del Cártel de los Soles, considerada por Estados Unidos una organización criminal, pero que, según los analistas de seguridad, no es un grupo en sí mismo, sino una descripción dramatizada de cómo Maduro permitió que las redes criminales, incluidas figuras militares de alto rango, lleven a cabo actividades ilegales como el contrabando de cocaína.

El documento alega que Flores aceptó “cientos de miles de dólares en sobornos” para intermediar en una reunión en 2007 entre un “narcotraficante a gran escala” y el entonces jefe de la agencia antinarcóticos de Venezuela. Según los fiscales, las partes acordaron un soborno mensual más 100.000 dólares (unos 86.000 euros) para garantizar el paso seguro y sin controles de cada vuelo con cocaína, “una parte de los cuales se pagaba luego a Flores”.

La acusación también menciona un episodio de 2015 en el que dos de sus sobrinos fueron detenidos por agentes estadounidenses cuando planeaban enviar “cargamentos de cocaína de varios cientos de kilogramos” desde el hangar presidencial de un aeropuerto venezolano, supuestamente con el objetivo de recaudar 20 millones de dólares (más de 18 millones de euros) para financiar la campaña de Flores a la Presidencia del Congreso en ese momento. Ambos sobrinos fueron condenados en Estados Unidos en 2016.

Flores y Maduro niegan todas las acusaciones. En la vista celebrada el lunes, el abogado penalista que representa a Cilia Flores, Mark Donnelly, afirmó que durante la operación militar ilegal de Estados Unidos en territorio venezolano, en la que su cliente fue capturada, la mujer sufrió “lesiones considerables” y que creía que podía tener una fractura o una lesión grave en la espalda, lo que requería un examen médico completo.

“Estoy segura de que Maduro y Flores no se esperaban esto”, señaló Golinger. “La audiencia puede haber sido el último día que se vean [en persona] y me imagino lo duro que debe haber sido para ellos después de haber pasado toda su vida juntos”.

El chavismo convocó a “todas las fuerzas del pueblo revolucionario” a que “hagan grandes marchas” en estados y ciudades de Venezuela para este martes, con la intención de “defender la paz”, aseguró este lunes el jefe de campaña del mandatario Nicolás Maduro y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

“Convocamos a todas las fuerzas del pueblo revolucionario venezolano a que hagan grandes marchas en sus ciudades, en sus estados”, dijo en una alocución transmitida por el canal público VTV.

Rodríguez citó a los chavistas cuando miles de venezolanos protestaban en diversos estados del país en rechazo al resultado de las elecciones presidenciales de este domingo, en las que el ente electoral dio como ganador a Maduro con 51,2 % de los votos, un dato cuestionado por la oposición y por buena parte de la comunidad internacional.

Según constató la agencia EFE, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) y de la Policía Nacional Bolivariana dispararon gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes que protestaban pacíficamente hasta la llegada de los efectivos, y detuvieron a una veintena de ellos.

Rodríguez aseguró que, para la oposición, las elecciones “no son otra cosa que una oportunidad para la violencia y es lo que están intentando hacer en este momento”, pese a que el mayor bloque antichavista, que respalda a Edmundo González Urrutia como ganador de las presidenciales, no ha llamado a las protestas.

“No lo vamos a permitir. No lo va a permitir el presidente Nicolás Maduro, no lo van a permitir los poderes públicos”, manifestó el presidente del Parlamento.

Rodríguez aseguró que “son mayoría” y por eso saldrán a la calle a “defender la paz” y serán “por miles”, desde los “cuatro puntos cardinales”, para “defender” el territorio y “la vida” de la gente.

EFE.

IG

Más de un millar de personas simpatizantes del chavismo protestaron este martes en Caracas para exigir la devolución del avión venezolano-iraní retenido en Argentina desde junio por posibles vínculos con el terrorismo internacional, así como para reiterar su rechazo a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Los manifestantes -en su mayoría con la indumentaria roja, propia del oficialismo- marcharon desde distintas zonas de la capital hasta la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), donde los recibió el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez.

“En nombre de la Asamblea Nacional (...), en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, con quien conversé a altas horas de esta madrugada y les mandó a decir (que) cuando ese río de gente llegue a la Asamblea Nacional, dales mi abrazo agradecido, mi abrazo por su generosidad, por su solidaridad, por su fuerza, por su valentía, por su lealtad”, expresó el oficialista.

El parlamentario sostuvo que lo ocurrido con el avión y su tripulación -5 iraníes y 14 venezolanos, de los cuales 12 fueron liberados el martes pasado por el juez que interviene en la causa- “no fue otra cosa que un secuestro”.

“Agentes del imperio norteamericano, sépanlo, groseros repartidores de dolor y de tristeza, aquí hay un río de gente que se levanta contra las sanciones, que se levanta contra el bloqueo, que se levanta contra la agresión a nuestra empresa (aerolínea) Conviasa”, dijo Rodríguez, quien acusó al sistema de Justicia de Argentina de estar “arrodillado a los designios” del Gobierno estadounidense.

En la misma sesión, el diputados chavista  Pedro Carreño apuntó contra el presidente Alberto Fernández. dijo: “Exigirle al Gobierno argentino que devuelva el avión que es venezolano, y decirle al presidente Fernández que demuestre si es un pelele del Imperio, si es un títere del imperialismo, o verdaderamente gobierna a ese país. Y que se ponga en consonancia con las expectativas, porque hasta ahora, con esa conducta, lo que subyace detrás de ello -no le voy a decir jalabolas por la hora y el respeto- es una actitud de rastrerismo con el imperio norteamericano, una actitud rastrera”, dijo.

Las criticas siguieron a declaraciones, el lunes, del presidente Nicolás Maduro y del diputado, vicepresidente del Partido Socialista Unido y uno de los hombres fuertes de régimen, Diosdado Cabello, quienes exigieron a Fernández que devuelva el avión.

Maduro lanzó fuertes críticas contra el gobierno argentino. “Ahora se nos quiere embargar un avión en Argentina por una decisión de un tribunal de La Florida. O sea que a partir de ahora un tribunal de La Florida o Nueva York decide quitarle un barco, un avión o cualquier propiedad a Venezuela o a cualquier país y puede hacerlo”, dijo Maduro. “¿No hay dominio soberano? ¿No hay respeto a la soberanía? ¿No hay respeto a la ley internacional o es que en Argentina mandan los tribunales de Estados Unidos?”, preguntó en una alocución transmitida por la televisora estatal VTV.

“El avión venezolano está secuestrado por Argentina, por el gobierno del presidente Fernández, con toda la intención de apoderarse de un bien que es de todos los venezolanos y venezolanas”, acusó Cabello en una conferencia de prensa.

La protesta de este martes ocurre una semana después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. solicitara a Argentina que le permita confiscar dicha aeronave, propiedad de Emtrasur, filial de la aerolínea estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), sancionada por el Gobierno norteamericano.

En la protesta, donde se encontraban decenas de trabajadores de esta línea aérea, varios de los manifestantes sostenían pancartas en las que se leía el mensaje “Devuelvan el avión”.

Luis Villa Marcano, de 32 años de edad, dijo que salió a marchar para rechazar la retención del avión y de otros bienes de Venezuela en el extranjero, como el oro que el país tiene depositado en Reino Unido, cuyo Ejecutivo reconoce al opositor Juan Guaidó como presidente interino del país caribeño.

“Exigimos en este momento (...) la liberación del avión de nuestro país, que suelten a nuestros hermanos venezolanos, son pilotos, (...) que se encuentran detenidos injustamente. (...) Nos tienen retenido el oro en Europa, nos tienen retenidas muchas cosas que los yanquis no nos dejan tener. Por favor, se los pedimos de corazón, suelten a nuestros hermanos venezolanos retenidos injustamente”, expresó.

Los manifestantes también pedían la recuperación de las empresas Monómeros y Citgo, filiales de Pdvsa en Colombia y Estados Unidos, respectivamente, de las que Guaidó pasó a tener el control en 2019, cuando se autoproclamó presidente invocando unos artículos de la Constitución.

EFE