PAMI identificó una red de desvíos en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en distintos puntos del país, con patrones de sobrefacturación, prestaciones fantasma, circuitos cerrados y cobros indebidos a afiliados.

Los relevamientos, realizados mediante cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales, demuestran que no se trata de casos aislados, ya que se detectó la repetición de estas maniobras en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja.

La auditoría identificó al menos cinco modalidades de desvío y la más extendida es la sobrefacturación de anteojos. Según el informe al que accedió Infobae, los prestadores recetaban lentes de baja graduación pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros: “Un módulo real tiene un valor de $4.941, mientras que los módulos facturados llegaron a $27.204”.

A esto se suman las “prestaciones fantasma”, consistentes en consultas y estudios nunca realizados, donde “hasta el 50% de las órdenes carecía de respaldo clínico”.

El esquema también incluyó circuitos cerrados con conflictos de interés y el cobro indebido a los jubilados por lentes que debían ser gratuitos. Los auditores relevaron casos donde se ofrecían productos fuera de cobertura a precios exorbitantes, llegando a detectar pagos de “hasta US$1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos”.

En Santiago del Estero, se confirmaron 606 casos de sobrefacturación con un perjuicio de $10,4 millones, confirmándose un vínculo familiar directo entre el médico derivante y el titular de la óptica.

En Entre Ríos, la situación fue descrita por los auditores como una “facturación sin sustento médico real”, tras hallar 613 casos de sobrefacturación y recetas emitidas sin dioptrías.

Estas maniobras, se enmarcan en un proceso de investigación más amplio sobre el sistema OME que ya cuenta con al menos seis causas judiciales activas. “Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos”, destacaron fuentes del Instituto.

Uno de los expedientes más avanzados radica en la ciudad de Rafaela, Santa Fe, donde se pidió el juicio oral para un médico y una farmacéutica por confeccionar 636 prescripciones apócrifas. El fraude se constató al rastrear las direcciones IP de las recetas electrónicas, las cuales “correspondían a computadoras ubicadas en el domicilio comercial de la farmacia”.

Otros hallazgos incluyeron volúmenes de atención imposibles, como un cardiólogo que registró 689 órdenes en un solo día, lo que equivaldría a jornadas de hasta “108,7 horas diarias”.

Esta serie de auditorías comenzó bajo la gestión de Esteban Leguízamo, quien al asumir halló un déficit que ascendía a los 92.000 millones de pesos. Como contrapartida, la administración ya “recortó aproximadamente 90.000 millones de pesos en gastos políticos e innecesarios”, eliminando gran parte de la estructura jerárquica y centralizando la compra de insumos para evitar la cartelización.

El organismo implementó ahora controles más estrictos y monitoreos permanentes para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a los beneficiarios.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El libertario Bartolome Abdala fue reelecto hoy como presidente provisional del Senado en una sesión preparatoria donde se eligieron las autoridades del cuerpo para este año. En medio de su tensión con los Milei y en la previa a la Asamblea Legislativa del próximo domingo, Victoria Villarruel abrió la Cámara alta este martes para renovar los cargos de presidente provisional y las tres vicepresidencias, así como los titulares de las Secretarías Parlamentarias y Administrativas.

Por tercer año continuará el legislador puntano Bartolomé Abdala como segundo de Villarruel, pese a que en algún momento había circulado que el oficialismo podría inclinarse por uno de los legisladores que ingresaron en diciembre. El presidente provisional del Senado es el funcionario tercero en la línea sucesoria, detrás del jefe de Estado y la vice.

En los demás casilleros de la Cámara alta punteó la senadora Carolina Moisés (Jujuy) en vicepresidencia, bendecida por el Gobierno luego de romper con el bloque de José Mayans. Los senadores peronistas Moisés, Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán) dejarán el interbloque por diferencias internas no solo en su conducción sino también por el hartazgo a la agenda impuesta por la ex presidenta Cristina Kirchner.

Ahora el bloque Convicción Federal (CF), junto a Fernando Salino (San Luis), que lo preside, y Fernando Rejal (La Rioja) tienen como terminales a los gobernadores del norte alineados con el presidente Javier Milei: Raúl Jalil, de Catamarca, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Gustavo Sáenz, de Salta. Son clave en el nuevo esquema de alianzas que construyó la Casa Rosada para aprobar la reforma laboral y otros proyectos.

En la vicepresidencia primera, en tanto, continuará la radical Carolina Losada, mientras que aún no se definió a quién corresponderá la vicepresidencia tercera, ya que, hasta ahora, era detentada por la cordobesa Alejandra Vigo, quien hoy tiene un bloque de solo dos miembros.

El Senado también definió este martes la continuación de Agustín Wescenlao Guistinian como secretario parlamentario y de Eduardo Fitzgerald como secretario administrativo, además de Dolores Martínez como secretaria parlamentaria y de Lucas Clark en la Prosecretaria Administrativa.

La puja por la AGN

En el Senado además aprobó que el abogado Mariano Piazza, que responde a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, sea quien represente al oficialismo del Senado en la mesa de auditores de la Auditoria General de la Nación (AGN) . Lo definió ayer el Gobierno en la reunión de mesa chica que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó en Casa Rosada.

Los nombres para completar la AGN, que preside el peronista Juan Manuel Olmos, se destrabó tras un acuerdo con el kirchnerismo y la UCR, que ya tienen elegidos a sus auditores.

Javier Fernández, ex auditor y de profesión abogado, es el representante del peronismo, mientras el ex senador radical Luis Naidenoiff es por la UCR. Con Piazza se completaron así los tres representantes del Senado en el organismo auditor.

Por la Cámara de Diputados, en tanto, los representantes elegidos el año pasado son Mónica Almada (LLA); Pamela Caletti, que responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el kirchnerista Juan Ignacio Forlón.

Con información de agencia NA

MC

La Auditoria General de la Nación queda virtualmente paralizada desde hoy, ya que vencieron los mandatos de los auditores designados por el Senado y, desde hace un año, los que habían sido nominados por la Cámara de Diputados.

Desde abril de 2024 el organismo que debe controlar las cuentas de la Administración Pública funcionaba con cuatro de sus siete miembros, ya que por la disputa entre la Libertad Avanza, el PRO y la UCR no se se designaron a los reemplazantes de los auditores que finalizaron sus mandatos hace un año.

El 31 de marzo venció el mandato de los tres auditores del Senado: Graciela de La Rosa, Alejandro Nieva, y Javier Fernández. Hace un año ya habían dejado el cargo los auditores designados por Diputados, Juan Forlon y Gabriel Mihura Estrada, mientras que Miguel Angel Pichetto renunció en diciembre del 2023 al asumir su cargo.

La Auditoria quedará en manos de su presidente, el armador peronista Juan Manuel Olmos, quien tendrá las facultades delegadas para continuar con la tarea de controlar hasta que el Congreso designe sus autoridades, según se estableció en la última reunión de ese organismo.

Por ese motivo, en la última reunión de la comisión Revisora de Cuenta, su presidente, Miguel Angel Pichetto, informó que se les solicitó a los presidentes del Senado y Diputados una resolución “sobre la caducidad de los mandatos” y la necesidad de que “convoquen a los presidentes de los bloques para definir a sus representantes”.

La situación planteada genera malestar entre la Libertad Avanza y los bloques dialoguistas, en especial en la Cámara de Diputados, donde desde hace un año siguen sin poder resolver la designación de los reemplazantes de los auditores Forlon y Mihura Estrada, designados a propuesta del peronismo y de Pichetto, impulsado por el entonces Juntos por el Cambio.

El diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, reveló que habrá una reunión con Pichetto, Emilio Monzó y Nicolas Massot para “exigir” al oficialismo la designación de auditores, “sabiendo que se cayeron los mandatos” de los auditores designados por el Senado.

“Nuestra postura es que el Gobierno tiene que dejar de bloquear la AGN y debe constituirse la Auditoria General de la Nación y los diputados y senadores tenemos que empujar para que se conforme”, agregó.

Viola, el candidato libertario que torpedeó las negociaciones

La controversia en la Cámara de Diputados sucedió cuando la Libertad Avanza reclamó un lugar para Santiago Viola, mientras que la UCR quería ese lugar para un miembro de su partido, así como el PRO también reclamaba otro lugar, mientras que Unión por la Patria tenía asignado uno seguro, pero también aspiraba a mantener los dos que tenía.

Por su parte, fuentes de la UCR señalaron que la responsabilidad es del Kirchernismo, ya que “no quiso votar” las propuestas que le habían formulado designar a su candidato, a Mario Negri por el radicalismo, y a un tercero que, para su juicio, debía ser del PRO o LLA.

Esta postura fue rechazada por el PRO y la Libertad Avanza, que querían un lugar para cada uno de sus espacios políticos. De acuerdo a la versión de la UCR, Karina Banfi le pidió a UxP que pase el nombre de la vacante que le corresponde, pero nunca lo hicieron.

Ahora, parece complicado que ese lugar lo pueda mantener la UCR, ya que UxP tiene 98 bancas; la Libertad Avanza, 39; el PRO, 37; y la UCR, solo 20, dado que se dividió en tres sectores.

En esa ocasión, la postulación de Negri era respaldada por la UCR con 34 miembros, Coalición Cívica que tiene 6 miembros y Encuentro Federal que tiene 15, con lo cual supera tanto a la Libertad Avanza y el PRO.

Tampoco aun hay fecha en el Senado para votar a los tres auditores, ya que el peronismo reclama los dos lugares que tiene, la UCR quiere otro para Luis Naidenoff (en reemplazo de Nieva), y el oficialismo también quiere uno, pero para eso, el kirchnerismo o el radicalismo deben ceder un lugar.

Este martes hay labor en el Senado y ahí se definirá si se avanza con alguna negociación para tratar de incluirlo en la sesión del jueves, donde se tratará los pliegos a la Corte Suprema de Ariel Lijo y Manuel Garcia Mansilla.

Cuáles son las funciones de la AGN

La Auditoría General de la Nación (AGN) fue creada en 1992 por la sanción de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

En 1994, la reforma de la Constitución Nacional le otorga rango constitucional.

Es un organismo con autonomía funcional y con facultades propias, que tiene como principal misión la realización de auditorías y estudios especiales asistiendo técnicamente al Congreso de la Nación en el ejercicio del control externo del Sector Público Nacional.

Su fin es promover el uso eficiente, económico y eficaz de los recursos públicos y contribuir a la rendición de cuentas y sus resultados para el perfeccionamiento del Estado en beneficio de la sociedad.

La Auditoría realiza el control externo posterior (ex-post) a la gestión de la administración central, los organismos descentralizados, las empresas y sociedades del Estado, los Entes reguladores de servicios públicos, las instituciones de Seguridad Social, los Fondos Fiduciarios integrados con bienes y fondos del Estado, las organizaciones privadas que reciban subsidios o aportes del Estado e instituciones cuyos fondos o administración estén a cargo del Estado. 

Las autoridades de este organismo conforman el Colegio de Auditores, formado por un presidente, designado a propuesta del partido político de la oposición con mayor número de legisladores en el Parlamento, y seis auditores generales: tres designados por la Cámara de Diputados y tres por la de Senadores.

La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso aprueba el Programa de Acción Anual de control externo a desarrollar por la Auditoría.

Algunos de los valores que guían la labor de la AGN son la independencia con respecto a la entidad fiscalizada y otros grupos de intereses externos, la objetividad en el tratamiento de las cuestiones sometidas a revisión, y el profesionalismo en el desempeño competente de sus responsabilidades. 

El resultado de la evaluación se materializa en informes escritos y públicos en los que queda expresado el objetivo, método y alcance de su labor y la situación encontrada en los ámbitos objetos de control, a la vez que se proponen las mejoras al desempeño de la actividad estatal.

Los principales destinatarios de sus informes son los miembros del Congreso de la Nación, los responsables de las entidades auditadas y la ciudadanía en su conjunto.

Además de las clásicas auditorías financieras también se realizan auditorías de cumplimiento, de gestión, de deuda pública, ambientales e informáticas.

El artículo 85 de la Constitución Nacional de la República Argentina refiere a la creación y las funciones de la AGN:

El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la AGN. (...) Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública (...).

La Ley 24.156, art. 118, indica las siguientes funciones:

Con información de agencias.

IG

El ex titular de la Auditoría General de la Nación, Jesús Rodríguez, aseguró que “los presupuestos de las universidades nacionales se vieron reducidos en más del 30 por ciento en términos reales en este año”, en comparación con el período anterior, aunque remarcó que el pedido de auditorías no va en contra de la autonomía de las instituciones.

Rodríguez indicó, en declaraciones a Cadena 3 Rosario, que la caída de los presupuestos “se verifica básicamente en la caída del poder adquisitivo de los docentes, del salario de los docentes y de los trabajadores no docentes. Ese es un dato de la realidad”.

En ese sentido, criticó la gestión nacional porque los fondos en educación se vieron reducidos en todos los niveles. “Uno podría decir como la educación primaria es muy importante, se focalizó en la educación primaria o en ciencia y tecnología, pero tampoco sucedió”, señaló y agregó que “también se redujo la transferencia del Estado nacional a las provincias del fondo de incentivo docente”. 

Asimismo, se refirió a la decisión del Gobierno nacional de autorizar a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a auditar las universidades y sostuvo que “todo recurso público tiene que rendir cuentas” porque “es inimaginable que eso no suceda”.

“La rendición de cuentas no es un avance sobre la autonomía, todo lo contrario”, agregó y dijo que no se debe generalizar la desconfianza hacia las universidades.

Rodríguez, quien también fue ministro de Economía, colocó a la educación como fundamental para el progreso económico y social del país y señaló que Argentina “necesita mejorar la calidad de sus recursos humanos”.

En ese sentido, el ex titular de la AGN recordó que, por ejemplo, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) aprobó las pruebas de transparencia que se realizaron cuando estaba a cargo del organismo y explicó que la SIGEN realiza el control interno y la AGN audita de forma externa.

Sin embargo, recordó que durante 2022 desde la Procuración General del Tesoro se discutió que las auditorías iban en contra de la autonomía. Al respecto, indicó que “la auditoría no es obstáculo para la rendición de cuentas, todo lo contrario, tiene que haber más presupuesto, tiene que haber control” y criticó que “el Gobierno tardó 10 meses en tomar esa decisión y ahora habrá auditoría externa de la AGN”.

La escalada en el conflicto universitario tras el veto presidencial a la ley que pretendía recomponer el presupuesto de las casas de altos estudios parece no ser una preocupación para el gobierno de Javier Milei. Frente a la ola cada vez más grande de protestas estudiantiles en facultades y calles, en Casa Rosada prefieren reducir los reclamos a expresiones “radicalizadas” de la izquierda y el kirchnerismo. “Siempre la gente que nada tiene que ver con la calidad educativa participa de este tipo de acciones”, sostuvo el vocero Manuel Adorni en su conferencia de prensa de este martes.

Es que la postura esgrimida por el oficialismo, tanto en público como fuera de micrófono, coincide en culpar a esos sectores políticos de la oposición de “imponer” tomas “contra la voluntad de los alumnos y docentes que quieren ir a clases y dar exámenes en paz”. “Si un alumno no quiere una toma es golpeado y silenciado con violencia. Si hay violencia no hay democracia”, escribió en su cuenta de X el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “Galleguito” Álvarez, una de las principales espadas de La Libertad Avanza en su cruzada ideológica con las universidades.

La afirmación que realizó el propio Milei acerca de que la educación pública superior “no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y a los de la clase media alta” es justificada en los pasillos de la Casa de Gobierno. Sin embargo, al igual que lo hiciera el Presidente durante su entrevista con LN+, matizan esa actitud al aclarar que la universidad “va a seguir siendo no arancelada”, aunque “de ninguna manera puede ser considerada gratuita”.

“La universidad la pagan, con sus impuestos, el que va a la universidad y el que no va a la universidad, la paga el que viene de una familia acomodada o el que viene de una familia que efectivamente puede pagar esos impuestos”, sostienen Balcarce 50. Y especifican que, para dar su posición, Milei se habría basado en la Encuesta de Equidad Social de la UCA de 2023. De ella, según indican fuentes oficiales, se desprendió que el 87,5% de los jóvenes pobres de entre 19 y 29 años no acceden a la universidad y el 1,6% adicional cursaron, pero abandonaron.

Son porcentajes que, sin embargo, contrastan parcialmente con la información obtenida por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. Los del primer trimestre de 2024 demuestran que el 42,3% de los estudiantes universitarios proviene de los 4 deciles de menores ingresos. Por otro lado, entre el 46 y el 68% de los ingresantes son hijos de padres y madres sin estudios universitarios, información que corresponden al último Anuario publicado por la subsecretaría que comanda Álvarez, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Potestad para auditar

Cerca de Milei apuntan ante la consulta de elDiarioAR que la intención del Gobierno es “recuperar la universidad pública como herramienta de movilidad social ascendente”. Una meta que choca de frente con el deliberado desfinanciamiento al que somete el oficialismo a las casas de altos estudios, justificado tanto en el déficit cero como en el supuesto rechazo de las autoridades universitarias a ser auditados. “Todo este revuelo es tomar una causa noble y ocultar los curros de los delincuentes”, lanzó Milei este martes en LN+.

Por ese motivo, en Casa Rosada celebraron el dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Rodolfo Barra, que habilitó a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para funcionar como órgano auditor de las universidades. “El Ejecutivo tendrá participación en la revisión financiera y operativa que está actualmente a cargo de la oposición a través de la Auditoría General de la Nación (AGN)”, escribió el subsecretario Álvarez a través de sus redes.

La AGN es el organismo designado por la Ley de Educación Superior para controlar las cuentas de las universidades nacionales. Su composición la define el Congreso y su titularidad corresponde a la principal fuerza de la oposición. Hoy la dirige Juan Manuel Olmos, exvice jefe de Gabinete de Alberto Fernández y una figura que de algún modo sintetiza a todas las tribus peronistas: es el apoderado del PJ a nivel nacional.

En abril, durante una entrevista radial, Olmos había explicado en detalle los pasos necesarios para ordenar las auditorias universitarias al precisar que el Poder Ejecutivo no tenía potestad para llevarlas a cabo. “Los planes de auditoria los aprueba la Comisión Mixta Revisora de cuentas con Congreso y ahí se determina. En este momento se están iniciando auditorias en las universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, el Nordeste, y en La Plata”, reveló en ese momento. 

¿Cuánto tuvo que ver la decisión de Barra con la demora en los nombramientos en AGN por falta de acuerdo del Gobierno con el PRO y los radicales? En los pasillos de Casa Rosada se limitaron a destacar que el dictamen del procurador revierte el criterio implementado en 2022 por su antecesor, Carlos Zannini. Hasta ese año, las universidades estaban sujetas al artículo 100 de la Ley de Administración Financiera, cuyas disposiciones abarcan a toda la administración nacional, incluidos los entes públicos con autarquía financiera. Ahora, el sistema de control sobre las casas de altos estudios incorporará nuevamente a la Sigen sin necesidad de un convenio específico con cada institución.

PL/JJD

“Las universidades públicas no se van a cerrar. No va a estar jamás en nuestra agenda. Vamos a defender como nadie la educación en general y la educación pública, en particular”, expresó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, este miércoles, 24 horas después de la multitudinaria marcha federal universitaria. Además, insistió con la necesidad de auditar a cada una de las casas de altos estudios que dependen del Estado para conocer cómo se distribuye el dinero y en qué se gasta. “Que con los dineros públicos, alguien se niegue a ser auditado, sería increíble. No entendemos por qué tanta oposición a estas auditorías”, remarcó el funcionario. 

“Terminemos con la farsa que los que dicen que las universidades no se auditan porque son autárticas”, disparó Adorni, al tiempo que el debate sobre el arancelamiento “tendrá que darse en las universidades. Las universidades no son gratis, son no pagas para el que estudia y las sostenemos todos los argentinos. Y en esa lógica entendemos que las auditorías son sumamente necesarias para entender a dónde va el dinero de los contribuyentes”, explicó el vocero. Y agregó: “Las auditorías son un pilar fundamental en todo esto. Cuál es la razón para negarse algo que va a transparentar sus buenas gestiones. En las universidades aportan todos, los que estudian en ellas y los que no. Es un sinsentido discutir si auditorías sí o no”, sostuvo.

En cuanto al balance las manifestaciones de este martes en todo el país, el funcionario evaluó los reclamos “para nosotros son todos genuinos, más cuando lo hacen estudiantes que consideran que su futuro académico está en riesgo y plantean dudas sobre su futuro y sienten que están pasando cosas que les generan dudas. Pero, repito, no se van a cerrar universidades”

Además, Adorni consideró que de la manifestación “probablemente haya gente que participó y votó al presidente. No hacemos esa observación, hacemos la lectura en base a cuál fue el reclamo y lo que opinamos sobre lo que se está reclamando”.

“Respetamos a todo aquel que quiera manifestarse, felicitamos a los que, a pesar de ser el elenco estable de las marchas, lo hicieron en paz y sin violencia y sin desórdenes públicos. Estamos conformes porque todo se dio así”, sostuvo el portavoz.

En su conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario nacional afirmó que en el vínculo con las casas de altos estudios “queda mucho por delante todavía” e indicó que “todavía no está confirmada” la reunión con los rectores, pero señaló que “esa reunión probablemente surja, exista y se dé. El canal diálogo está abierto”, destacó Adorni.

Qué dice la AGN

El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, explicó en detalle los pasos necesarios para ordenar las auditorias universitarias al precisar que el Poder Ejecutivo no tiene potestad y que los pedidos deben surgir de una comisión mixta revisora del Congreso.

“Los planes de auditoria los aprueba la Comisión Mixta Revisora de cuentas con Congreso y ahí se determina. En este momento se están iniciando auditorias en las universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, el Nordeste, y en La Plata”, reveló en declaraciones radiales. 

Asimismo, tras la masiva Marcha Federal Universitaria aclaró: “En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande y con más presupuesto, habría que pedirle a la comisión que ingrese un plan de auditoria integral”. 

“En el caso de la universidad, el artículo 75, inciso 19, determina su autonomía. No puede auditarla la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)”, subrayó el ex vicejefe de Gabinete bajo la administración de Alberto Fernández. 

Al respecto, planteó que la SIGEN, a cargo de Miguel Blanco, “responde a las órdenes del presidente, son los ojos del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), y audita todos los ministerios”, por lo que aclaró que la UBA, al ser un ente público no estatal, no puede ser auditado por dicho organismo.

“No podría auditarlo el Gobierno, tiene auditorías internas permanentes que son concomitantes, es decir, que mientras se desarrolla la gestión están auditando. A esas auditorias se refieren las autoridades universitarias”, agregó.

En la misma línea, explicó que el control externo de las cajas universitarias se realiza a través de un muestreo que realiza el Congreso vía la AGN, donde se determinan los aspectos del gasto presupuestarios a auditar. 

“La UBA requeriría un equipo especial por el volumen, pero sería una buena propuesta”, sostuvo. Para Olmos, los ciudadanos “tienen derecho a saber en qué se gastan los recursos”, por lo que pidió que “el Congreso de la Nación disponga una auditoria y la AGN va a cumplir su rol y la va a auditar”.

“La educación es un límite”

En otro pasaje de la entrevista, el titular de la AGN destacó la masividad de la Marcha Federal Universitaria y diferenció el pedido de transparencia en las cajas del reclamo por mayor presupuesto. “Acá se discuten los recursos de la educación, si van a estar garantizados por el Estado o no. No es antojo de los que fueron ayer a la marcha”, argumentó.

Tras la masiva movilización en defensa de la educación pública, el exfuncionario peronista planteó que la sociedad estableció que “la educación es límite”, y pidió discutir “la calidad y la cantidad del ajuste que está haciendo el Poder Ejecutivo”.

“Si uno ajusta y afecta el funcionamiento de las universidades nacionales, la reacción es contundente. Lo de ayer fue contundente y transversal, más allá de la participación partidarias y sindicales, también hubo mucha participación de familias, de estudiantes, y de gente que entiende que es un valor de la sociedad a defender”, expresó el titular de la AGN.

Por último, Olmos planteó que el gobierno de Javier Milei lleva adelante un ajuste del gasto público “sin mirar qué es lo que recorta, sin hacer una priorización de qué gastos pueden ser suprimibles y cuáles no”, y concluyó: “Es un límite en el que van a tener que revisar la calidad y la cantidad del gasto. Todo no tiene la posibilidad de ser ajustado”.

Manuel Adorni reposteó las palabras de una alumna que pide auditorías en la UBA

Con información de agencias.

IG

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió este jueves en sus redes sociales un video en el que insiste con que la deuda contraída con el FMI durante la gestión de Mauricio Macri al frente del Ejecutivo es “escandalosa”. El posteo de la expresidenta se da a horas de que la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobara este miércoles por mayoría el estudio que detectó irregularidades en el préstamo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le otorgó a la Argentina durante el gobierno de Macri. Se trata de la primera auditoría que se realiza sobre un acuerdo entre el organismo de crédito y el país.

De acuerdo con el informe realizado, la magnitud y características de ese acuerdo impactaron “de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos”. Esto se debe a que el monto acordado -de casi 57.000 millones de dólares- representa 127 veces la capacidad de endeudamiento de la Argentina en el organismo, según lo explicado por el auditor general Francisco Javier Fernández.

En su posteo de este jueves, CFK presenta un video: “Lo que vas a ver y escuchar en este video de 5:16 minutos no es la opinión de un partido político ni de un dirigente opositor, es el resultado del informe aprobado por la Auditoría General de la Nación que detalla la enorme cantidad de violaciones a la ley cometidas en el otorgamiento y posterior ejecución del préstamo del Fondo Monetario Internacional. La Auditoría General de la Nación es el organismo constitucional que, por el artículo 85 de la Carta Magna, tiene el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad estatal. Miralo! Es escandaloso lo que hicieron y lo que pasó!”, dice la Vicepresidenta.

Al rato, publicó el resto del video: “En esta segunda parte, que podríamos titular ”Cronología de la manganeta“, se detalla cómo los funcionarios de Macri intercambiaron roles y funciones para cometer esta estafa a todo el pueblo Argentino”, concluyó Cristina Kirchner.

Qué dice el informe de la AGN

Durante la reunión de este miércoles, el auditor general, Francisco Fernández -en su carácter de presidente de la Comisión de Supervisión de Deuda Pública- explicó los “hallazgos principales del informe” y la importancia de esta auditoría por ser la primera que se realiza sobre un préstamo del FMI.

El encuentro se realizó en el Salón Eva Perón de la sede de la AGN y participaron su titular, Jesús Rodríguez, y los auditores generales Miguel Ángel Pichetto, Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada y Alejandro Nieva.

Por la aprobación del informe firmaron los auditores Fernández, Forlón, De la Rosa y Mihura, mientras que por la negativa se pronunciaron Pichetto, Nieva y Rodríguez.

El documento advierte sobre una multiplicidad de irregularidades normativas y técnicas. Entre las primeras, destacan la falta de autorización de endeudamiento, de aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales y de un dictamen del Banco Central (BCRA) que aborde su impacto en la balanza de pagos.

Los auditores también destacaron que el acuerdo fue firmado por funcionarios que carecían de las facultades legales correspondientes para proceder. Participaron de la negociación inicial el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Por otro lado, el informe sostiene que no se llevaron a cabo las debidas evaluaciones técnicas de costos y riesgos. Tampoco se solicitó la opinión de la Unidad de Auditoría Interna o algún otro tipo de asesoramiento jurídico efectivo a la hora de acudir al FMI.

Con información de agencias.

IG

Una investigación de abusos en la Iglesia española reveló, por el momento, la existencia de decenas de acuerdos extrajudiciales firmados entre denunciados y víctimas de pedofilia. El equipo que está al frente de la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal detectó “alrededor de una treintena” de documentos en los que se “renuncia a los tribunales” en casos de agresiones sexuales, según detallan fuentes del grupo de trabajo creado por el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. 

Los acuerdos extrajudiciales revisados por el equipo encargado de las investigaciones encomendadas por los obispos afectan sobre todo a la congregación de los Maristas y llegaron al despacho de abogados a través de los encuentros que el equipo de Cremades mantuvo con asociaciones de víctimas, según añaden las fuentes consultadas por esta redacción.

Debido al carácter privado de los documentos y a la falta de transparencia de la Iglesia Católica española en este asunto, no es descartable que existan otros muchos acuerdos firmados a título personal o por instituciones religiosas de los que la auditoría no tenga conocimiento. La labor de esta comisión de investigación, que comenzó en febrero, se alargará durante un año.

En los documentos revisados por el grupo de trabajo se refleja un procedimiento estándar y no un acuerdo individual. En estos casos, la conciliación se ha alcanzado a través de un organismo de mediación establecido y aceptado por las partes, según explican fuentes de la auditoría. Además, en los textos queda claro que los victimarios reconocen los hechos.

Comprar la impunidad y el silencio

La particularidad del documento notarial firmado por el cura del Opus Dei Manuel Cociña –uno de los sacerdotes más relevantes de la Obra, que llegó a convivir con su fundador, José María Escrivá de Balaguer– es que en él no se admiten los hechos, aunque se compensa económicamente a la víctima. En el documento notarial desvelado por elDiario.es se habla de “comportamientos inadecuados”. 

En el escrito publicado por esta redacción se constata que los 17.000 euros de “ayuda económica” acordada se abonan a cambio de que la víctima renuncie a cualquier proceso penal y a comentar en medios de comunicación lo sucedido, e incluso debe admitir que “esos comportamientos en ningún caso fueron abuso sexual”. 

La justicia canónica condenó a Cociña por “solicitación” e “imprudencias” a cinco años sin poder ejercer en público, cinco de atención espiritual en su centro y tres décadas de prohibición de acción pastoral con menores de 30 años. Por este caso, la organización accedió por primera vez a pedir perdón a la víctima. El Opus Dei emitió entonces un comunicado en el que se referían al comportamiento del sacerdote como “actuaciones canónicamente reprobables”.

Tras la publicación del acuerdo extrajudicial entre Cociña y D. M. G. F. en elDiario.es, la prelatura asegura que “no ha habido silencio ni cláusula de confidencialidad alguna” en este caso. Además, añaden en una nota de prensa publicada este martes que en este procedimiento el delegado del Opus Dei “mantuvo un contacto estrecho con el denunciante durante todo el proceso y le procuró atender con la mayor cercanía posible”. 

El futuro de un documento notarial

Para analizar estos acuerdos, Josep María Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), señala que lo primero que hay que examinar es si el caso está prescrito. En caso de que así sea, la denuncia ya no tendrá recorrido por la vía penal. Si en cambio la causa continúa viva, Tamarit sostiene que “un documento formalizado ante notario en el que alguien renuncia a ejercitar una acción penal en principio no tiene consecuencias”. Y añade: “La acción penal no es algo a lo que se pueda renunciar, como sería una acción civil, donde se recibe una cantidad a cambio de no reclamar más”. 

En esa misma línea se pronuncia la profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante, Carmen Cuadrado. Esta docente defiende que un “notario únicamente refleja que es cierto lo que se ha dicho ante él, que esa declaración se ha producido”. “Nunca puede ser prueba de validez del contenido de las afirmaciones”, señala. 

El catedrático de Derecho Penal en la Universidad Rey Juan Carlos Antonio Cuerda se muestra en contra de estos acuerdos extrajudiciales en casos de delitos sexuales. En su reflexión, señala que esta actuación “beneficia a todos los intervinientes”, “sobre todo al autor” porque “evita la cárcel o reduce el tiempo de prisión”. 

Cuerda defiende que también gana el magistrado porque “evita un juicio y una sentencia engorrosa” y los abogados, tanto el de la víctima –que tiene que afrontar “una estrategia acusadora generalmente complicada”– como el del denunciado –porque su estrategia “se simplifica al máximo”–. Y concluye: “Pierde la sociedad, ya que la ausencia de reacción penal facilita la reincidencia del autor”.

“Los acuerdos extrajudiciales que incluyan una renuncia clara por parte del perjudicado al ejercicio de acciones civiles y penales son plenamente válidos siempre y cuando no hubiere mediado vicio del consentimiento de carácter relevante”, indica la abogada penalista Rocío Gil, a su vez, la letrada del despacho Ceca Magán reseña que “el artículo 107 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cualquier víctima de un delito puede renunciar tanto a la acción civil como a la penal”.

Cremades aboga por indemnizaciones

Otras fuentes jurídicas consultadas defienden que este acuerdo “supone una renuncia de derechos” que los jueces van a tener en cuenta. Por su parte, el abogado Eduardo Ranz subraya que estos acuerdos deberían “ser homologados” ante un magistrado. Esta actuación implicaría que “el religioso” reconozca los hechos y que el Ministerio Fiscal pueda “continuar con el proceso, aun sin acusación o víctima”. La renuncia por vía penal –añade Gil– “no perjudicará más que al renunciante y por lo tanto no extinguirá la acción penal que, si se trata de un delito público, podrá ser ejercitada por un tercero si el delito no ha prescrito”.

En los acuerdos revisados por el grupo de trabajo del despacho de Cremades, las indemnizaciones económicas oscilan entre los 9.000 y los 50.000 euros, según detalló el abogado en una entrevista a Europa Press. El presidente del bufete que asumió el encargo de los obispos aboga por que la Conferencia Episcopal indemnice a las víctimas a pesar de que los casos estén prescritos. 

En relación a estos documentos, Cremades indicó a la agencia de noticias que “aprendieron de las víctimas que el procedimiento penal no siempre es el lugar idóneo para resolver su problema”. “Y, aunque animemos, y ojalá lo hagan más, a denunciar penalmente todo lo que sucede y la Fiscalía tenga que actuar, la realidad es que no está siendo fácil para ellas enfrentarse a un lugar en el que se va a dudar de su testimonio”, ha apuntado, aunque señaló que “en ningún caso” defiende “eludir” la responsabilidad de los victimarios.