La desocupación cerró 2025 en 7,5% y marcó el nivel más alto desde la salida de la pandemia en los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. El dato implicó una suba interanual de 1,1 puntos porcentuales respecto del 6,4% del cuarto trimestre de 2024, mientras que la tasa de empleo bajó de 45,7% a 45,0% y la de actividad pasó de 48,8% a 48,6%. El propio INDEC aclaró que, en la comparación interanual, la suba del desempleo sí resultó estadísticamente significativa, pero que las variaciones en actividad y empleo no lo hicieron.

El deterioro volvió a recaer con más fuerza sobre los trabajadores más jóvenes. Entre las personas de 14 a 29 años, la tasa de desocupación de las mujeres subió de 13,8% a 16,8% en un año, mientras que la de los varones pasó de 12,5% a 16,2%. En términos del informe técnico, eso significó aumentos interanuales de 3,0 y 3,7 puntos porcentuales, respectivamente. Para las edades centrales, de 30 a 64 años, el INDEC registró estabilidad. El mercado laboral, así, volvió a mostrar una puerta de entrada cada vez más estrecha para quienes buscaban su primer empleo o intentaban sostener trayectorias laborales todavía frágiles.

El dato general escondió además una presión laboral más amplia que la desocupación abierta. En el cuarto trimestre, los desocupados representaron el 7,5% de la población económicamente activa, pero a eso se sumó un 16,5% de ocupados demandantes de empleo y un 6,0% de ocupados no demandantes disponibles. En conjunto, la presión sobre el mercado de trabajo llegó al 30,0%. En otras palabras, no solo creció la cantidad de personas sin trabajo: también siguió siendo alta la proporción de quienes ya tenían una ocupación pero buscaron otra o quisieron trabajar más horas para completar ingresos.

La foto del empleo confirmó un mercado más precario y más fragmentado. Sobre 13,5 millones de ocupados en los 31 aglomerados urbanos, el 71,5% fueron asalariados y el 28,5% no asalariados. Dentro de este último grupo, el 86,9% correspondió a trabajadores por cuenta propia. A la vez, la informalidad laboral alcanzó al 43,0% de los ocupados, prácticamente en línea con un año antes. Es decir, aun cuando parte de la caída del empleo asalariado registrado se compensó con más monotributo, cuentapropismo o changas, eso no alcanzó para evitar que el desempleo avanzara ni para revertir la degradación de las condiciones de inserción laboral.

La población desocupada también mostró un sesgo generacional nítido. En la composición del total de personas sin trabajo, los varones de hasta 29 años representaron el 27,9% y las mujeres de hasta 29 años el 23,1%. Sumados, explicaron más de la mitad de la desocupación total medida por la encuesta. A la vez, el 46,7% de las personas desocupadas fueron hijos o hijas dentro del hogar, otro indicador de que la pérdida o la falta de empleo se concentró en franjas más jóvenes y en hogares donde la inserción laboral todavía dependió de trayectorias inestables.

Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, ya había advertido con datos del SIPA que el deterioro del empleo registrado seguía profundizándose. El 13 de marzo escribió: “En lo que va del gobierno de Javier Milei 288.815 asalariados perdieron su trabajo. Apenas se compensa con un fuerte aumento del monotributo”. En el mismo hilo sostuvo que el empleo privado registrado acumuló siete meses seguidos de destrucción, que en el sector privado ya se perdieron más de 200.000 puestos en dos años y que la industria eliminó casi 40.000 empleos durante 2025, sobre todo en el segundo semestre.

La combinación entre más monotributo, más cuentapropismo y más búsqueda de horas o empleos adicionales no funcionó como una salida para quienes trabajaron. Los datos del INDEC mostraron que la tasa de empleo no recuperó el nivel de un año atrás y que el desempleo sí avanzó. El resumen ejecutivo del organismo estimó además 1,1 millones de desocupados y 13,5 millones de ocupados en el universo cubierto por la EPH urbana. En ese cuadro, la expansión de formas laborales más inestables no operó como compensación real de la pérdida del empleo asalariado, sino como parte de un mercado que absorbió peor y con menos protección a quienes necesitaron trabajar.

La región más afectada por la desocupación volvió a ser el Gran Buenos Aires, con una tasa de 8,6%, seguida por la región Pampeana con 7,7%. En los aglomerados de 500.000 habitantes y más, el desempleo llegó al 8,0%, contra 4,7% en los de menor tamaño. Esa concentración territorial importó porque allí se ubicó una parte decisiva del empleo industrial, comercial y de servicios urbanos que en los últimos meses mostró señales de contracción. Campos advirtió justamente que, además de la industria, el comercio empezó a exhibir una fase contractiva en el segundo semestre de 2025, con potenciales efectos más graves sobre el mercado laboral.

Para quienes trabajaron o buscaron hacerlo, el cierre de 2025 dejó una evidencia difícil de discutir: aumentó la desocupación, no mejoró el empleo y la crisis pegó más fuerte entre los jóvenes. El monotributo y el cuentapropismo absorbieron una parte del golpe, pero no evitaron que creciera la cantidad de personas sin empleo ni que se ampliara la presión sobre el mercado de trabajo.

JJD

En el marco del festival por el Día de los Derechos Humanos, realizado este jueves en Plaza de Mayo, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, lanzó una dura advertencia sobre la situación actual del país. “El gobierno quebranta nuestros derechos y agravia nuestra memoria”, afirmó al cuestionar el impacto de las políticas oficiales en materia de derechos humanos y empleo estatal.

De Carlotto sostuvo que el desmantelamiento de políticas de Estado, los despidos masivos en distintas áreas y el ajuste salarial permanente forman parte de “un mismo plan económico” que debilita las instituciones y vulnera derechos adquiridos. En una declaración que generó aplausos entre los presentes, señaló: “Queremos expresar con profunda preocupación que la memoria está en emergencia. Los retrocesos en la Secretaría de Derechos Humanos afectan directamente los espacios de memoria, los juicios por delitos de lesa humanidad y la búsqueda de nietos y nietas”. Y resumió: “Menos Estado significa menos derechos”.

La jornada, convocada por las cuatro centrales gremiales, reunió a referentes sindicales, organizaciones sociales, funcionarios opositores, organismos de derechos humanos y artistas, en coincidencia con los dos años del mandato del presidente Javier Milei.

Las actividades comenzaron en la Pirámide de Mayo, donde se realizó la tradicional ronda de las Madres de Plaza de Mayo, acompañada por una intervención artística a cargo del grupo de percusión popular La Chilinga, que marcó el clima de la movilización.

Luego se desarrolló el panel “Derechos y Trabajo”, centrado en los desafíos que plantea la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Allí expusieron los secretarios generales Hugo Godoy (CTA-A), Hugo Yasky (CTA-T), Alejandro Gramajo (UTEP) y Octavio Arguello (CGT), quienes cuestionaron el rumbo económico y alertaron sobre los impactos en el empleo y las condiciones laborales.

Más tarde comenzó el panel “Estado de Derecho en emergencia”, donde se abordaron temas vinculados con violencia institucional, persecución política y proscripción. La mesa estuvo integrada por Fabián Grillo, padre del fotógrafo asesinado Pablo Grillo; el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y Micaela Minervini, integrante de la organización Mapa de la Policía.

La movilización de este miércoles para exigir que el Congreso rechace el veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria encontró a una CGT dividida, con “libertad de acción” para sus gremios, en un clima de creciente malestar a raíz de los fuertes cuestionamientos de Cristina Kirchner al sindicalismo a través de su última carta pública.

La cúpula de la central obrera se mostró fracturada: el sector más combativo decidió plegarse a la marcha convocada inicialmente para las 13 por las dos vertientes de la CTA —que encabezan Hugo Godoy y Hugo Yasky—, los movimientos sociales y la izquierda, en un desafío al protocolo antipiquetes con el que amenaza el Gobierno. Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancarios) y Abel Furlán (Metalúrgicos) serán las caras visibles de la CGT en las inmediaciones del Congreso.

Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT e integrante del sector de los autodenominados “independientes”, explicó la postura oficial: “Desde la CGT hemos repudiado el veto. De cualquier manera, hay libertad de acción para quienes quieran acompañar este tipo de manifestación, pero no es un tipo específico que la institución CGT decida hacer”, dijo el último fin de semana en AM 750.

La tensión entre las distintas facciones es indisimulable. “Repudiamos la represión que vimos en los últimos dos miércoles y a los diputados que quieren darse vuelta y apoyar el veto”, se diferenció Pablo Moyano y afirmó: “Ojalá sea una marcha masiva y ojalá los diputados se enteren de que hace 20 días votaron la reforma de $13.000, es vergonzoso decirlo. Se armó toda esta pelea por $13.000 para los jubilados y estos delincuentes aprobaron un presupuesto de $100.000 millones para inteligencia”. 

En diálogo con elDiarioAR, un representante de la CGT presente en la marcha afirmó: “Creemos que es necesario acompañar todas las demandas de la sociedad en la calle, y hoy la demanda más fuerte es la de los jubilados. El ala ‘dialoguista’ insiste con bajar el perfil de confrontación con el Gobierno”. En ese sentido, cuestionó la estrategia: “¿Y qué consiguieron hasta ahora? Su resultado es cero. Ser dialoguista hasta ahora no tuvo ninguna eficacia; sostienen esa posición por un tema de confort. Milei no les dio nada, todo lo que pudo modificarse se lo hizo a través del Congreso”. 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, uno de los primeros en cuestionar el veto de Milei tildándolo de “mentiroso, cruel e insensible”, decidió sumarse a marchar con los movimientos sociales como la UTEP, los sectores agrupados en el Frente Sindical, la Corriente Federal, las dos CTA, organizaciones de izquierda y organismos de derechos humanos. La columna bonaerense se reunirá a las 11, encabezada por el mandatario provincial, sus funcionarios y un grupo de intendentes bonaerenses. 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso. El sector se encuentra en estado de alerta por el intento de congelar los salarios en la administración pública y los despidos que anunció Milei en diferentes áreas. Durante la última paritaria, ATE rechazó el 2% de septiembre y 1% de octubre ofertado por el Gobierno. 

La tensión por la carta de Cristina 

En el último documento que publicó contra Milei, Cristina también realizó una crítica profunda hacia el peronismo al afirmar que “se torció” y “se desordenó” por varios motivos, entre ellos no haber advertido la modificación de las relaciones laborales. Según la expresidenta, de la minoría que representan hoy los trabajadores registrados en la actividad privada, sólo el 40% de ellos está sindicalizado.  

“La consecuencia objetiva es que las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores”, lanzó en la carta, en una frase que se interpretó como un cuestionamiento hacia el rol de la actual conducción sindical. 

Al ser consultado por este tema, Pablo Moyano reaccionó visiblemente molesto, pidiéndole a Cristina “que dé nombres”. “La leí muy por encima. Esa crítica se tiene que dar en un debate interno y no hacerla público. Volvemos a las peleas anteriores que llevaron a este cachivache a presidente (por Milei)”, analizó el líder camionero en Radio 10. 

Andrés Rodríguez fue más duro y opinó que Cristina debe “revisar mejor los números” a los que hizo referencia. “En la población económicamente activa hoy el trabajo formalizado está reducido a la mitad. Esto no es producto de que el movimiento obrero haya querido informalidad, es producto de la falta de políticas de los gobiernos de hace bastante tiempo”, dijo y contraatacó: “Durante los gobiernos que presidió la señora Cristina Kirchner tampoco se hizo una política de empleo formal firme porque siguió existiendo el subsidio a la gente que estaba en la informalidad, agravado después en el gobierno de Macri y mucho más en el de Alberto Fernández”.

Las críticas de Cristina tampoco fueron bien recibidas por los dirigentes gremiales más cercanos al kirchnerismo. Un sindicalista de la CTA, de buen vínculo con el Instituto Patria, opinó en diálogo con elDiarioAR: “Son afirmaciones del sector político que no coinciden con los embates que estamos recibiendo permanentemente. La tesis de Cristina es que el sindicalismo está disminuido en su capacidad de acción, pero hay 28 proyectos presentados en comisión para impedir la reelección en sindicatos, eliminar cuota sindical, prohibir que alguien procesado -con un proceso judicial en curso- pueda tener un cargo, un protocolo creación de fuerza especial en centros sindicales, y la lista sigue”.

En ese sentido, resumió: “Desde el lado del Gobierno ven al sindicalismo como una amenaza latente. Nadie pierde tiempo en patear a un perro muerto… si efectivamente el sindicalismo estuviera reducido a la nada, como se desprende de lo que plantea Cristina, el Gobierno no perdería tiempo en generar protocolos y toda una andanada de iniciativas con las que busca desactivar el poder de fuego de los gremios”. 

“No sirve que presente eso ahora. Interpreto que Cristina lo plantea porque es una mirada que pretende tender cierta transversalidad a sectores de clase media que miran con mucho prejuicio al sindicalismo, pero no es oportuno”, cerró. El tema signó la antesala de la protesta y promete continuar en las próximas semanas, cuando la cúpula de la CGT y el resto de los dirigentes sindicales sientan, una vez más, la presión de sus bases para salir a la calle a protestar contra las medidas del Gobierno.

LA/JJD

Tras el fracaso en la reunión con sindicalistas y empresarios, el Gobierno fijó que el Salario Mínimo, Vital y Móvil será a partir de mayo de $234.000.

El incremento fue establecido a través de la Resolución 9/2024 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

La norma estableció que en abril el SMVM ascendía a $221.052, a partir de los $202.800 de marzo. Desde mayo, la cifra es $234.315,12.

De esta manera, el monto mínimo de la Prestación por Desempleo quedó en $117.157,56.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil que había recibido el Gobierno del presidente Javier Milei era de $156.000 en diciembre de 2023 y luego, ya con la gestión libertaria, pasó a 180 mil en febrero.

Sin acuerdo con la CGT las dos CTA

El pasado martes, en la nueva reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para ajustar el ingreso mínimo en la Argentina, no hubo acuerdo.

La CGT y las dos CTA pugnaban por un ajuste de hasta 80% del SMVM, contra un 8% de mayo y 5% en junio que propusieron las centrales obreras. Ante tanta diferencia, no hubo acercamiento posible y deberá decidir el Gobierno.

“Las tres centrales sindicales unificamos las propuestas en $377.000 para el mes de abril que equivale un 80% de aumento y para estar por encima de la canasta de la indigencia. Sin embargo, los empresarios propusieron insólitamente un aumento del 8% para el mes de mayo y un 5% para junio”, explicó Hugo “Cachorro” Godoy, secretario General de la CTA Autónoma desde su cuenta de X.

“Como no hubo acuerdo, el gobierno y los empresarios de la UIA, la CAME y la Sociedad Rural impidieron el pleno funcionamiento del Consejo y obligaron a un final bochornoso en el cual el gobierno decidirá, una vez más por decreto, y seguramente en contra de los intereses de los trabajadores”, denunció el dirigente gremial.

El monto que solicitaban las centrales obreras buscaba dejar el Salario mínimo por encima de la canasta de indigencia. En cambio, el Gobierno, podría aplicó aumentos en base a las inflaciones proyectadas, lo cual es un monto mucho más cercano a los deseos de las centrales empresariales.

Con información de agencias.

IG

La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), que conducen el estatal Hugo Godoy y el visitador médico Ricardo Peidro, reclamó hoy al Gobierno a través de una carta documento “la inmediata convocatoria al Consejo del Salario Mínimo”.

En una carta documento enviada a la secretaría de Trabajo que depende del Ministerio de Capital Humano y está a cargo de Omar Yasín, la central obrera exigió que “se arbitren los medios necesarios para convocar de forma urgente a reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para determinar el nuevo haber en atención a la muy grave pérdida de poder adquisitivo de la remuneración vigente”.

La carta documento fue firmada por Godoy y el secretario Administrativo de la CTAA, el gastronómico Daniel Jorajuría, y explicó que conforme el artículo 139 de la Ley 24.013 “el salario mínimo, vital y móvil garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y previsto por el 116 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) es decidido por el Consejo”.

“Los datos del proceso inflacionario sufrido en los últimos meses superaron con creces las peores previsiones para las determinaciones incluidas en la Resolución referenciada. La coyuntura es mucho más grave por la pérdida de poder adquisitivo salarial”, afirmaron.

La CTAA sostuvo que el haber mínimo está congelado en 156 mil pesos desde el 1° de diciembre, mientras la inflación acumulada en dos meses se ubicó por arriba del 50 por ciento, y explicó que en ese contexto “el incumplimiento en la convocatoria inmediata al Consejo y a actualizar ese ingreso violenta de forma palmaria la manda constitucional y legal de garantizar a los trabajadores alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimientos, vacaciones y previsión”.

La central intimó a Trabajo a “la urgente convocatoria del organismo bajo apercibimiento de realizar denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Con información de agencias.

MM

Rumbo al paro general del 24 de enero, se recrudece la disputa entre el Gobierno Nacional y los sindicatos. Esta semana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que se le cobrará una multa de $40 millones a gremios y partidos de izquierda por las marchas de fines de diciembre pasado. Ahora, dirigentes del CGT y la CTA denunciaron intimidación y persecución de parte del gobierno y advirtieron que esta medida “no condicionará al movimiento obrero organizado”.

“A través del Ministerio de Seguridad, el Gobierno intimó a la CTA Autónoma, a la Federación Nacional Territorial, a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a la Conadu Histórica y a organizaciones de otras centrales y movimientos sociales de 56.760.282 y 40.419.227 pesos por participar en las marchas del 22 y 27 de diciembre. Esas penas o supuestos 'pagos solidarios' con actos de persecución e intimidación del Gobierno de Javier Milei”, plantearon desde la CTA-A.

Según la entidad gremial, la normativa que prohíbe los piquetes y cortes de calles es inconstitucional y estas multas son un instrumento complementario a ella que busca “atribuir a los trabajadores un delito no cometido” y criminalizar la protesta.

En la misma línea, Pablo Moyano, cotitular de la CGT y adjunto nacional de la Federación de Camioneros, cuestionó la iniciativa del Ministerio de Seguridad y confirmó que ello no limitará el accionar de las organizaciones sindicales en defensa de los derechos de los trabajadores y los jubilados. “Por más que intenten este y otro tipo de maniobras y decisiones, defenderemos a los trabajadores. El tema de fondo es que van por la CGT, que es lo único organizado y unido y, más allá de algunas diferencias, el conjunto rechaza el intento de reforma laboral y de criminalizar la protesta”, sostuvo.

En un comunicado, la entidad que encabeza reiteró el carácter inconstitucional del protocolo antipiquetes del Poder Ejecutivo Nacional y reivindicó los derechos de los trabajadores reconocidos por el marco legal vigente hasta antes de su lanzamiento. “La CGT no representa los intereses de una 'casta' sino los de trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme la Constitución Nacional, tiene el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho a la manifestación y huelga”, especificó la central obrera.

Consideraron que las multas son una “nueva provocación” de la presidencia para “acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados, en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país”.

“Esta afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional, que expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento ante el menosprecio de normas laborales individuales y colectivas inspiradas en la justicia social, no condicionará al movimiento obrero”, afirmaron.

En este marco, la CTAA, liderada por Hugo Godoy, Ricardo Peidro y Mariana Mandakovic, realizó presentaciones judiciales contra las “intimidaciones” del Gobierno Nacional y presentó una denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la “inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes, que crea y determina castigos a supuestos delitos no encuadrados en el Código Penal”.

“El Ministerio de Seguridad no tiene autoridad per se para modificarlo y establecer esas penas. La CTAA rechaza y repudia esa acción persecutoria, discriminatoria y de abuso de poder y avanzará en nuevas denuncias en los organismos internacionales como la OIT, ya que el protocolo es una norma que viola el derecho constitucional a la acción sindical, a organizarse y al reclamo de los trabajadores”, puntualizaron en un documento oficial.

Desde las centrales obreras también ratificaron el paro general y la movilización hacia el Congreso del próximo 24 de enero en rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la ley ómnibus. “El presidente Milei pretende gobernar por decreto, ejercer abuso de poder, avasallar al Congreso y arrasar con derechos laborales y sociales del pueblo argentino con el único objetivo de establecer un Estado de sitio de hecho”, concluyó la entidad.

Pablo Moyano aseguró que la movilización busca “voltear este DNU y la ley ómnibus, que son normas lapidarias contra los derechos de los trabajadores” y apuntó contra Bullrich a quien calificó como parte de la “casta” que el presidente Javier Milei criticó en su campaña electoral. “El 24, Bullrich va a querer montar nuevamente un show mediático con la Gendarmería y la Prefectura para hacerse la 'Rambo' y pretender torear al movimiento obrero y a la ciudadanía”, expresó.

Por estos dichos, Milei salió al cruce del dirigente de Camioneros vía X (ex Twitter). “Acá tienen a los enemigos de la reforma. Los que quieren voltear la ley para que nada cambie. Para mantener sus privilegios. Fíjense quien está a favor del cambio y quién está en contra. Los que están a favor defienden a los argentinos de bien. Los que están en contra defienden sus privilegios”, escribió.

La respuesta de Moyano no se hizo esperar. “Por primera vez tiene toda la razón y coincido con el presidente, porque soy el principal opositor a que un trabajador no cobre la indemnización, a que los jubilados no tengan fórmula jubilatoria para recibir aumentos, a que se venda YPF, Aerolíneas Argentinas, Télam, Aysa, a que se produzca la apertura de la actividad pesquera, a que se entregue la industria azucarera o yerbatera. Sí, por supuesto, soy opositor a todo eso”, sentenció.

ACM con información de agencias.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, dijo hoy que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que estableció una profunda desregulación de la economía con la derogación de múltiples leyes y normativas, y que apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas, es “una bomba neutrónica sobre el pueblo argentino” y propuso “construir un gran paro nacional”.

En declaraciones a Radio Provincia, el dirigente sindical afirmó este jueves que “la única manera de enfrentar este modelo es con la movilización popular” y consideró que “hay que construir un gran paro nacional” contra la medida “de entrega y desolación”.

Godoy dijo que el DNU significa “una bomba neutrónica sobre el pueblo argentino” y lo consideró “inconstitucional” por lo cual “hay que generar una medida de fuerza que le ponga freno a esa embestida contra el pueblo trabajador”.

“El Congreso tiene la responsabilidad de rechazar el DNU y nosotros construir un paro nacional que impida que sea implementado” porque “es inconstitucional e ilegal”, enfatizó el dirigente sindical.

Por su parte, el secretario general de la CTA Autónoma Bonaerense y de ATE Nacional, Oscar de Isasi, dijo este jueves que el DNU “es un golpe a fondo contra los sectores populares y en favor de la casta que componen los grupos económicos y financieros”.

“Está claro que la urgencia la tienen los grupos económicos y financieros de hacer un ajuste feroz sobre el estado que va a terminar afectando a los sectores más vulnerables”, expresó el dirigente.

En tanto, señaló “la urgencia de moldear jurídicamente la entrega de las empresas que generan ganancias para los argentinos y argentinas que están en manos del estado, como así también tienen urgencia para ponerle mayor ritmo al saqueo de nuestra riquezas y recursos”.

El dirigente ratificó y convocó a una “jornada de lucha de la CTA Autónoma y varias organizaciones” que se realizará este 22 de diciembre en todo el territorio bonaerense.

Luego de conocerse decreto del presidente Milei que incluye la privatización de las empresas estatales, la desregulación del mercado y la reforma laboral, el Consejo Directivo Nacional de ATE encabezado por su titular, Rodolfo Aguiar, resolvió movilizar este viernes hacia la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Las CTA de los Trabajadores y Autónoma y la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) impulsarán mañana un aumento no inferior al 44% en el marco del nuevo encuentro del Consejo del Salario. Llegaron a esta cifra de consenso hoy durante un encuentro entre los gremios y movimientos sociales que se desarrolló en la sede de la CTA encabezada por el diputado nacional del Frente de Todos (ahora, Unión por la Patria), Hugo Yasky.

“El mínimo salarial legal debe tener en este último período del año un fuerte incremento para permitir la recuperación en términos reales de la pérdida de poder adquisitivo por el proceso inflacionario impulsado por los grandes formadores de precios”, indicaron los secretarios generales de las tres organizaciones, Yasky (CTA), Hugo Godoy (CTA-A) y Esteban Castro (UTEP).

El Ministerio de Trabajo convocó a una reunión virtual con sindicalistas y empresarios para este miércoles a las 14 horas y celebrará dos encuentros más para discutir la recomposición salarial. Un documento de la CTA-A planteó este martes que en esas mesas de negociación, se impulsará “una política salarial común e integral que contemple las necesidades y demandas de los trabajadores en relación de dependencia formal, bajo convenios, en cooperativas o en situación de informalidad”.

Durante las reuniones previstas, también se debatirá la suba de los montos mínimos y máximos de las prestaciones para desempleados.

El último encuentro del Consejo del Salario se llevó a cabo el pasado 13 de julio para actualizar el valor mínimo. En aquella oportunidad, con solo un voto en contra (CTA-A) y una abstención (CTA), el monto ascendió a $105.500 durante el séptimo mes del año, $112.500 en agosto y 118.000 en septiembre.

ACM con información de agencias.

Los gremios y organizaciones sociales adheridas a la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) terminaron su acto en las inmediaciones del Puente Pueyrredón y se trasladaban en micros hasta el Obelisco porteño, donde continuarán con la jornada nacional de protesta en reclamo de “aumento de salarios” y rechazo a las “recetas del FMI”.

El tránsito desde la provincia de Buenos Aires por el Puente Pueyrredón hacia Capital Federal, no obstante, se mantenía interrumpido debido a la presencia de militantes del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), liderado por Raúl Castells, quienes realizaban su propia protesta.

Esta mañana, los dirigentes y militantes de la CTAA iniciaron con un corte en uno de los accesos al puente desde el partido bonaerense de Avellaneda, en rechazo de las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), y en reclamo de “soberanía y justicia social, y un aumento de salarios de emergencia”, según las organizaciones gremiales.

La jornada de protesta -que incluye movilizaciones en distintos puntos del país- comenzó a las 9:45 e incluye una huelga, cortes, concentraciones y marchas en todo el país, en el contexto de una jornada de lucha también en demanda de un salario universal.

En el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), se registraron cortes desde las 8 en los principales accesos a la Capital: Autopista Buenos Aires-La Plata; Puente Pueyrredón; General Paz y Constituyentes; Rivadavia y General Paz (Liniers); Puente El Trébol de la Autopista Richieri, a la altura de Ezeiza; rotonda de Zárate; y Paseo Colón y Estados Unidos.

A partir de las 13:30, las columnas de manifestantes confluían en Avenida de Mayo y 9 de Julio para luego marchar a Plaza de Mayo.

Un documento de la CTAA, liderada por el estatal Hugo Godoy y el visitador médico Ricardo Peidro, sostuvo que “la situación de los sectores populares es crítica” y que “la sostenida y grave escalada inflacionaria, con epicentro en los precios de los alimentos de primera necesidad, refrenda la necesidad de modificar el actual rumbo económico”.

Además, la central obrera reclamó “medidas de urgencia” para restituir “los niveles de dignidad del pueblo”, y aseguró que “el acuerdo con el FMI legitimó la estafa de Mauricio Macri y sus socios fugadores, y desató una aceleración de la concentración y la desigualdad”.

“Existe una mayor reducción de la participación de los asalariados en el ingreso. La transferencia del trabajo al capital fue de 87.000 millones de dólares de 2016 a 2022, de los cuales 48.000 millones de dólares se trasladaron en 2021 y 2022”, detallaron.

Para la central obrera, el acuerdo con el organismo de crédito facilita “la fuga de capitales de las grandes empresas y de los bancos, una tasa imparable de inflación, una economía con signos de estancamiento productivo y la absoluta dependencia del ingreso de divisas para posibilitar los pagos de la deuda externa”.

En el documento de prensa, reclamaron “la revisión e investigación de la deuda otorgada durante el gobierno de Macri, la lucha frontal en rechazo de la precarización laboral y la criminalización de la protesta, las persecuciones y los procesamientos, y un subsidio para pequeños productores, entrega de tierras fiscales, facilidades para proyectos productivos y créditos accesibles a tasa subsidiada para las pymes”.

LC con información de agencia Télam

Los gremios y organizaciones sociales adheridas a la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) y ATE realizan hoy un paro, en el marco de una jornada nacional de lucha que incluirá cortes y movilizaciones en todo el país en rechazo de “las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), soberanía y justicia social y un aumento de emergencia”.

La medida de fuerza incluye una huelga, cortes, concentraciones y marchas en todo el país, en el contexto de una jornada de lucha también en demanda de un salario universal.

En la zona del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) hay cortes y concentraciones desde las 8 en los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires: Autopista Buenos Aires-La Plata; Puente Pueyrredón; General Paz y Constituyentes; Rivadavia y General Paz (Liniers); Puente El Trébol de la Autopista Richieri, a la altura de Ezeiza; rotonda de Zárate y Paseo Colón y Estados Unidos y, a las 10, habrá un acto en el Obelisco.

A partir de las 12 las columnas confluirán en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar hacia la Plaza de Mayo para exigir un incremento salarial de emergencia para todos los trabajadoras y rechazar “la injerencia del Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

Un documento de la CTAA, que lideran el estatal Hugo Godoy el visitador médico Ricardo Peidro, sostuvo que “la situación de los sectores populares es crítica” y que “la sostenida y grave escalada inflacionaria, con epicentro en los precios de los alimentos de primera necesidad, refrenda la necesidad de modificar el actual rumbo económico”.

La central obrera reclamó “medidas de urgencia” para restituir “los niveles de dignidad del pueblo”, y aseguró que “el acuerdo con el FMI legitimó la estafa de Mauricio Macri y sus socios fugadores, y desató una aceleración de la concentración y la desigualdad”.

“Existe una mayor reducción de la participación de los asalariados en el ingreso. La transferencia del trabajo al capital fue de 87 mil millones de dólares de 2016 a 2022, de los cuales 48 mil millones de dólares se trasladaron en 2021 y 2022”, puntualizó.

Para la CTAA, el acuerdo con el organismo de crédito facilita otra vez “la fuga de capitales de las grandes empresas y de los bancos, una tasa imparable de inflación, una economía con signos de estancamiento productivo y la absoluta dependencia del ingreso de divisas para posibilitar los pagos de la deuda externa”, aseveró el documento de prensa.

La central obrera reclamó “la revisión e investigación de la deuda otorgada durante el gobierno de Macri, la lucha frontal en rechazo de la precarización laboral y la criminalización de la protesta, las persecuciones y los procesamientos, y un subsidio para pequeños productores, entrega de tierras fiscales, facilidades para proyectos productivos y créditos accesibles a tasa subsidiada para las pymes”, concluyeron los dirigentes.

NB con información de agencia Télam.

Cuando aún el Frente de Todos sigue en la incertidumbre electoral, por lo bajo cruje fuerte su base política. Este miércoles el Movimiento Evita hace una fuerte movilización contra su propio Gobierno en pleno microcentro porteño, puntualmente hacia el ministerio de Desarrollo Social, que conduce Victoria Tolosa Paz y desde donde el propio Emilio Pérsico maneja la estructura de los planes sociales. La agrupación se plegará a una marcha de la CTA Autónoma, que reclama contra Economía, frente a la Plaza de Mayo.

“Basta de ajuste del FMI”, es la consigna de la protesta del Evita, una bandera muy similar a las de las últimas movilización de la izquierda a través de la Unidad Piquetera. Desde la agrupación kirchnerista fueron explícitamente críticos de Tolosa Paz, luego de que trascendiera que podría haber más recortes al programa Potenciar Trabajo, según el último informe del Fondo de la semana pasada. 

“La ministra está llevando adelante un ajuste monstruoso sobre los sectores más humildes, desarticulando la red comunitaria que ha sido la malla de contención para garantizar estabilidad, enfrentar el narcotráfico y resolver problemas que el Estado no resuelve”, aseguró a elDiarioAR Gildo Onorato, uno de los principales dirigentes del Evita. 

En rigor, el ajuste en el Gobierno lo encabeza Sergio Massa, quien negoció con el FMI hace pocos días una flexibilización de las metas y quien maneja el grifo de la billetera pública.

“El acuerdo con el Fondo no se puede pagar y hay que renegociarlo porque nos conduce hacia la desarticulación institucional y a la pobreza que lejos está de reducirse, sino a seguir creciendo”, completó Onorato a este medio.

Según el organismo que conduce Kristalina Georgieva, por la sequía y la caída de reservas “es necesario un paquete de políticas más sólido para garantizar la estabilidad macroeconómica”. En su informe afirma: “Sigue siendo prioritario mejorar la calidad y la orientación del gasto social. Deben proseguir los esfuerzos para reforzar la focalización del programa emblemático de empleo social (Potenciar Trabajo)”. 

Tolosa Paz tuvo que salir a desmentir el ajuste vía Twitter. “No hay ninguna nueva meta ni condicionamiento de ajuste ni del FMI ni de ningún actor del sistema financiero o de crédito sobre la política social”, afirmó.

Técnicamente, Desarrollo Social ya aplicó una poda a los planes sociales. A principio de año suspendió más de 100.000 titulares del programa por no haber completado el proceso de validación de datos, que tenía el visto bueno del Evita pero el rechazo de la izquierda.

Con la movilización de este miércoles vuelve a recalentarse el clima social, sobre todo por su impacto hacia el interior del oficialismo. Sería la segunda movilización del Evita desde que el FdT es Gobierno. La primera fue a fines del año pasado, cuando se puso en duda el pago del medio aguinaldo a los beneficiarios del plan.

Marchas, cortes y reclamos

El amplio abanico de organizaciones sindicales, sociales y políticas se concentraba desde las 11 en la esquina de las avenidas de Mayo y 9 de Julio, en una jornada de protestas “contra los acuerdos con el FMI” y para reclamar un “aumento salarial de emergencia” para “trabajadores formales, informales y jubilados de todo el país”, además de “salario universal para terminar con el hambre y la pobreza”, informaron voceros gremiales.

Los militantes de esta protesta -que lidera el estatal Hugo 'Cachorro' Godoy, secretario general de la CTA Autónoma (CTAA)- se concentraban en esa céntrica esquina porteña desde donde marcharán luego a la sede del Ministerio de Trabajo, ubicado en la avenida Leandro N. Alem 650, donde realizarán un acto conjunto.

La protesta generaba largas demoras para los conductores, quienes debían utilizar otras avenidas como Entre Ríos, Callao y Corrientes o Paseo Colón en el bajo porteño, para poder movilizarse.

“La injerencia del FMI condiciona al Estado nacional, provinciales y municipales la implementación de políticas para recuperar el ingreso de los sectores populares y de producción, lo cual implica el incremento de la pobreza a indigencia, y la dificultad de las y los trabajadores de superar la inflación”, dijo Godoy al referirse a la jornada de hoy. Y agregó: “Con la implementación de políticas del FMI, es el responsable de la profunda regresión de ingresos de los sectores populares, la tremenda inflación que erosiona los ingresos de los trabajadores y las dificultades de las pequeñas y medianas empresas”.

El dirigente gremial había anticipado que en la jornada de hoy se exigirá además un “aumento de emergencia para todos los trabajadores formales e informales, activos y jubilados” y “un cambio de la política económica”, tras afirmar que “el plan económico de hoy es del FMI, que además es inflacionario y de ajuste para el pueblo”.

Las protestas se desarrollan también en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires: en la Rotonda de Burzaco, en el partido de Almirante Brown; en las localidades de Lomas de Zamora y Lanús; en las inmediaciones del Puente La Noria; en Camino de Cintura y Salta en el partido de Esteban Echeverría; en la ruta 3 y Savigni de La Matanza; y en la bajada de Autopista La Plata-Buenos Aires, en el ingreso a la capital bonaerense.

Sobre esta nueva acción callejera, Dina Sánchez, dirigente del FPDS y secretaria adjunta de la UTEP, dijo que la movilización en todo el país “es para decir basta al ajuste del ministerio de Desarrollo Social encabezado por (Victoria) Tolosa Paz”.

“Venimos denunciando -añadió la dirigente- este constante avance del FMI sobre las políticas sociales y -en cambio- exigimos un aumento de salarios a los y las trabajadoras de la Economía Popular”.

Noticia modificada el 12 de abril a las 12, con información actualizada de la agencia Télam.

MC/IG

El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que arbitra la ministra de Trabajo, Kelly Olmos e integran 16 empresarios y 16 sindicalistas, acordó esta tarde un aumento de ese sueldo del 20% para los próximos cuatro meses. La reunión plenaria virtual lo aprobó con 31 votos a favor y un voto en contra, el de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, que conduce Hugo 'Cachorro' Godoy, que lo consideró insuficiente. En cambio, fue respaldado por la CGT y la CTA de los Trabajadores, la de Hugo Yasky.

El salario mínimo, que es hoy de $ 57.900, subirá 7% en diciembre, 6% en enero, 4% en febrero y 3% en marzo, cuando alcanzará los $ 69.500. Esta remuneración rige solo para ciertos sectores que carecen de convenio sindical sectorial específico, sirve como referencia en el empleo informal y rige para definir el subsidio del plan Potenciar Trabajo, cuyos beneficiarios perciben medio salario mínimo y en teoría deberían cumplir con media jornada laboral. Con este aumento, para el año paritario, marzo 2022 -marzo 2023, totalizará un incremento del 110,5%. Hay que ver si supera una inflación que está pronosticada en un 100% para fin de 2022.

En la actualidad, para no ser pobre una familia tipo necesita 139.737 pesos. Es decir, un hogar con dos adultos que ganen el mínimo no tiene lo suficiente para completar esa canasta básica sino que se necesitan 2,4 sueldos básicos para cubrirla.

AR

La conducción sindical y la militancia de la CTA Autónoma (CTAA), junto a distintas organizaciones sociales, desarrollaron este jueves una jornada de protesta con movilizaciones, cortes de tránsito y asambleas en distintos puntos del país en reclamo de “un salario universal, aumento del salario mínimo, vital y móvil por encima de la inflación y un control intensivo de precios”, entre otras demandas, al día siguiente de la masiva movilización de la CGT.

Las protestas tuvieron una vez más como epicentro una de las subidas al Puente Pueyrredón, sobre la avenida Mitre, en la localidad bonaerense de Avellaneda, donde se instaló un escenario y se desarrolló el acto central.

Para la oportunidad, en el lugar se montó un grueso vallado con efectivos de la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y la Policía provincial que impidió el avance de los manifestantes hacia Capital Federal.

También, en el marco de la jornada de protesta organizada por esta central sindical, hubo un corte en el sentido hacia la ciudad de Buenos Aires bajo el puente Saavedra, sobre la avenida Cabildo y un piquete de 30 minutos de duración en el peaje sobre la Autopista Ricchieri en el acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que fue levantado minutos después de las 14.

“Hoy nos volvimos a movilizar en plan de lucha junto a los movimientos sociales, las organizaciones libres del pueblos, de la Unión Trabajadores de la Tierra (UTT), a cooperativistas y le estamos dando continuidad a nuestros reclamos por un salario universal, y reclamar también un aumento de emergencia para trabajadores activos y para los jubilados”, señaló en declaraciones a Télam el titular de la CTAA, Hugo “Cachorro” Godoy.

Según el dirigente gremial, “ese aumento para el Salario Mínimo Vital y Móvil debe estar por encima del 90 por ciento de la inflación que vamos a tener este año”.

Además, Godoy destacó que la jornada de protesta de hoy “también se está desarrollando masivamente con movilizaciones y cortes en el interior del país”.

“Advertimos que, si siguen sin aparecer las respuestas que esperamos, las protestas se profundizarán”, remarcó el dirigente sindical.

La jornada de protestas de la CTAA contó con la participación de militantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que conduce a nivel nacional el dirigente Juan Grabois.

Entre los reclamos del sector también se encuentran la “puesta en marcha de medidas concretas que permitan recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores, y respuestas urgentes para miles de personas que se encuentran bajo la línea de pobreza e indigencia”, informaron voceros de prensa de la CTAA, opositora al Gobierno nacional.

Además, se reclama “un freno para la fuga de capitales; contra el enriquecimiento indiscriminado del sector financiero a costa del pueblo y la remarcación de precios, que siguen atentando contra el bolsillo de la clase trabajadora”.

Un día después de la masiva marcha convocada ayer por la CGT, la CTA, la UTEP y distintas agrupaciones y movimientos sociales, la actividad principal de la CTA Autónoma comenzó esta mañana a partir de las 10, con una concentración en Plaza Alsina, en el partido de Avellaneda.

Una vez concentrados, una gruesa columna de manifestantes comenzó a marchar sobre la avenida Mitre hasta el pie del Puente Pueyrredón, lugar donde se desarrollaba el acto principal de las organizaciones.

Con la jornada de protesta de hoy, esta central busca darle continuidad al plan de lucha iniciado el pasado 13 de julio para “exigir medidas concretas que permitan recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores”, según detallaron.

Asimismo, exigen “respuestas urgentes para miles de personas que se encuentran bajo las líneas de pobreza e indigencia”.

Con información de agencias.

IG

La CTA Autónoma realizará este jueves movilizaciones, cortes y asambleas en varias provincias para reclamar por un salario universal, aumento del salario mínimo, vital y móvil por encima de la inflación y un control intensivo de precios.

Un día después de la masiva marcha convocada para este miércoles por la CGT y la CTA, la actividad principal de la CTA Autónoma comenzará a las 10 con una concentración en Plaza Alsina, Avellaneda, para marchar sobre la avenida Mitre hasta Puente Pueyrredón, lugar donde se desarrollará el acto principal, informaron hoy desde la central a través de un comunicado.

La central detalló que, junto a los sindicatos y organizaciones sociales que nuclea, llevará a cabo una “Jornada Nacional de Lucha a lo largo y ancho del país” y, además, prevé cortes en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, se buscará dar continuidad al plan de lucha iniciado el pasado 13 de julio para “exigir medidas concretas que permitan recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores”, según detallaron en el comunicado.

Asimismo, exigirán “respuestas urgentes para miles de personas que se encuentran bajo las líneas de pobreza e indigencia”.

Otros reclamos informados en el comunicado refieren a “un freno para la fuga de capitales, el enriquecimiento indiscriminado del sector financiero a costa del pueblo y la remarcación de precios”, los cuales “siguen atentando contra el bolsillo de la clase trabajadora”.

Con información de agencias.

IG