Cinco jueces que viajaron hace dos semanas en un avión privado a la estancia que el empresario inglés Joe Ted Lewis posee en Río Negro fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura porque habrían incurrido en “mal desempeño de sus funciones”. La acusación fue presentada por el abogado penalista Luciano Almonacid por un “grave desorden de conducta personal”, al haber viajado presuntamente a cuenta y cargo del millonario británico. Los acusados son Julián Ercolini, del Juzgado Federal 10; Carlos Mahiques, presidente de la sala II de Casación Penal; Pablo Cayssials, del Contencioso Administrativo Federal 9 y Pablo Yadarola, del Penal Económico 2. Como agravante, para abrazar a su anfitrión –una vez aterrizados en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche, en un vuelo de la empresa Flyzar–, los magistrados pasaron por el camino Tacuifí, que Lewis mantiene cerrado hace décadas y vallado desde la pandemia, pero que sus empleados abren para los visitantes VIP, entre ellos el camarista Mahiques, quien hace pocos meses se pronunció a favor del hijo del poderoso anfitrión en el juicio por la ilegalidad de su presencia en esas tierras.

Desde 1996 cuando Lewis desembarcó en la Patagonia hay dos causas en su contra: fue acusado de comprar de manera fraudulenta las 12 mil hectáreas en esa parte paradisíaca de la provincia de Río Negro –donde contruyó una fastuosa mansión y una estancia que cuenta con una catarata artificial, una pista de karting y un zoológico–, y otro proceso por haber bloqueado un camino público de acceso al Lago Escondido, iniciado hace casi dos décadas por Magdalena Odarda, ex senadora justicialista y ex presidenta del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). En consonancia con el abogado Almonacid, quien sostuvo que “hay estándares objetivos que se habrían violado a tener en cuenta respecto de las supuestas conductas ejercidas por los magistrados denunciados”, al difundirse el encuentro que sus protagonistas denominaron pretenciosamente “retiro espiritual”, Odarda expresó que “Mahiques debería ser enjuiciado en la Magistratura”. 

Aunque la justicia ordenó abrir en forma permanente el camino al Lago Escondido esto no se concretó, y mientras tanto se sustancia la apelación de la provincia de Río Negro, una vez más del lado de los intereses de Lewis. Detrás de la anécdota, se encuentra la historia de la compra fraudulenta del campo y la violación de legislación argentina, entre otros aspectos, por el aeropuerto inglés que Lewis construyó, ubicado a dos horas de las Islas Malvinas sobre área de frontera.

Lago muy escondido

Junto a “sus señorías'' fueron parte del convite Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el experto en campañas digitales, Tomás Reinke y el ex jefe de Asuntos Legales de la SIDE, Leonardo Bergroth. 

El Camino de Tacuifí tiene 19.5 km desde la ruta nacional 40 al Lago Escondido. Durante la inspección ocular ordenada por el Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro, el día 19 de marzo de 2011, su presidente, juez Alberto Balladín; Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, y la autora del pedido de amparo contra Lewis, la senadora Magdalena Odarda, tuvieron que cruzar los ríos Foyel y Escondido por el agua. El abogado de Lewis les dijo que los puentes pertenecen a la corona británica, que son propiedad privada, y les ordenó que pasaran por el agua caminando. No es que antes no hubiera puentes públicos, Lewis los mandó a dinamitar.

 Desde 1996 esa vía de acceso al Lago Escondido estuvo cerrada con tranqueras, y cuando alguien pretende pasar le responden que usen un extenso camino de montaña muy difícil de recorrer. Desde la pandemia el multimillonario ordenó poner altas vallas con alambres de púa y cámaras de vigilancia que se manipulan desde la estancia. La estructura se puede observar desde la ruta.

El camino está afectado al uso público por sentencia del 2013, pero no se hizo nada para abrirlo. A nivel municipal, el Jefe de Gabinete local, Marcos Barberis, había explicado que se están “observando los accesos para determinar cuáles, catastralmente, están invadiendo zonas públicas o impidiendo el paso”. 

Los tripulantes del avión

 Carlos Alberto Mahiques integra la sala III de la Cámara de Casación que el 15 de septiembre de 2021, junto a Guillermo Yacobucci y Liliana Catucci, dictó el sobreseimiento de Charles Barrington Lewis y los funcionarios implicados en la compra de las tierras del Lago Escondido, 8.063 has. en el paraje rionegrino de El Foyel. La denuncia originaria de la causa los acusaba de fraude a la ley argentina porque se constituyó una empresa nacional, HR Properties Bs Ab, el 19 de junio de 1996, con capitales y un titular argentinos, pero dos meses después se inscribió en la Inspección General de Justicia (IGJ) como Hidden Lake S.A. De esa manera, la autorización de la autoridad nacional se concedió a una sociedad argentina, pero el dominio de las tierras se inscribió a nombre de otra. Además, fue violada la Ley de Seguridad de Fronteras que prohíbe la venta a extranjeros de tierras en sectores limítrofes. 

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había comenzado una investigación por la denuncia de la agrupación barilochense Tierra Libre, que terminó en una acusación penal. Pero la Cámara de Casación la liquidó al confirmar el sobreseimiento de Lewis hijo, en aplicación de la figura de la prescripción. Los denunciantes insisten en que para los funcionarios públicos los hechos son imprescriptibles. Ahora el asunto está apelado ante la Corte Suprema. “El fraude a la ley estuvo, más allá de que los implicados zafaron por el tiempo transcurrido, y lo más reprochable es que Mahiques ahora acepta la dádiva del dueño de la estancia que se benefició con su resolución de Casación”, sintetiza Odarda. Consultado por este diario sobre el viaje, Mahiques no respondió.

 Durante el macrismo, el Procurador del Tesoro Carlos Francisco Balbín había pedido una “acción de lesividad” para que esas tierras volvieran al Estado. El ex ministro del Interior Rogelio Frigerio no lo aceptó, de modo que el ex senador Fernando “Pino” Solanas y Alejandro Olmos hicieron una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación sigue abierta aunque sin novedades.

Diecisiete para abrir un camino

Diecisiete años lleva la causa para abrir el paso ciudadano que permite llegar al Lago Escondido. El 12 de septiembre la Cámara de Apelaciones de Bariloche confirmó una sentencia que tenía una década de dictada en la causa por el libre acceso al lago, y le dió tres meses a Lewis para la apertura del Camino de Tacuifí. El campo del magnate inglés rodea completamente ese espejo de agua. Los abogados de Lewis junto con la fiscalía del estado provincial de Río Negro apelaron con un recurso de Casación, que fue rechazado por la amparista Odarda, y los abogados Martín Palumbo y Ernesto Montesino, porque “se trata de una sentencia ganada desde hace 13 años que el gobierno de Río Negro no cumple”, según explicaron en su rechazo. En dos oportunidades la Corte Suprema desestimó el planteo de Lewis, de modo que está firme, pero incumplida. 

 Ellos consideran que con las cámaras que puso en el vallado el magnate puede espiar a quienes se acercan al camino, cuyo uso público se ve afectado en sus últimos tres kilómetros que están vedados al argentino de a pie. Es una tradición la marcha por el libre paso al Lago Escondido que se hace cada año, varios de cuyos participantes fueron denunciados ante la justicia. Pero por ahí sí pasaron los jueces que visitaron a Lewis.

Por otra parte, el decreto elaborado durante el macrismo que flexibiliza la ley contra la extranjerización de la tierra habría sido redactado en las oficinas de Lewis en Buenos Aires, según denunció el diputado justicialista Rodolfo Tailhade. De este modo, tanto Lewis como los inversionistas belgas, qataríes y de los Emiratos Árabes –recientemente fue visto en la zona un avión de la fuerza aérea de ese país– estarían en condiciones de seguir ampliando sus propiedades en el sur patagónico. 

 Como viene informando este diario, los empresarios extranjeros de la mano de los locales nucleados en la conservadora agrupación Consenso Bariloche tomaron la ofensiva en sus pedidos de represión y mano dura contra las comunidades mapuches de la zona. En ese contexto, detrás del reclamo por “seguridad” tras una serie de atentados no esclarecidos pero adjudicados a ese pueblo indígena estaría la exigencia de la derogación de la Ley 26.160 de relevamientos territoriales de las comunidades indígenas, que si se llevaran adelante en esa provincia –algo que no sucede– pondría en riesgo sus intereses.

Cambio de viento

En los primeros meses del actual gobierno, durante la gestión de Sabina Frederic y Gabriel Fuks en el ministerio de Seguridad, el Poder Ejecutivo había rechazado el pedido de la gobernadora Carreras para el envío de fuerzas federales, mientras sus funcionarios participaban en el territorio de mesas de diálogo. Nada fue suficiente para evitar el asesinato del joven mapuche Elías Garay en la comunidad de Cuesta del Ternero, a 25 kilómetros de El Bolsón, a manos de privados en la disputa por las tierras. La gestión de Aníbal Fernández, en cambio, envió el Comando Unificado de fuerzas federales (que ni siquiera Patricia Bullrich había obtenido) para el desalojo de la Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, concretado el 4 de octubre con denuncias de violaciones a los derechos humanos de las mujeres mapuches detenidas.

 El vocero de la Coordinadora Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo, salió al cruce de la que denominó “una campaña racista para justificar la represión en Mascardi”, y acusó a la derecha, personificada en el gobierno provincial, la Gendarmería, dirigentes del PRO y agentes de inteligencia, de estar detrás de los “atentados de falsa bandera”, es decir, cometidos por ellos para inculparlos. Ante elDiarioAR, Carriqueo afirmó que “en realidad rechazan el diálogo porque no les conviene, tiene de su lado a gobernadores que defienden los intereses de estos grupos de inversión, que pretenden apropiarse de la riqueza y recursos naturales de la Patagonia”.

La frase “los verdaderos usurpadores de la Patagonia son los empresarios extranjeros” suele estar en boca de quienes defienden los derechos de los pueblos originarios, pero de tan repetida puede haber perdido sentido. Sin embargo, alcanza con ver el mapa y detectar quiénes son los poderosos vecinos de las comunidades mapuches de la Patagonia, como lo explica en detalle la vocera de la Lof Quemquemtrew, Soraya Maicoño, donde fue asesinado el joven Garay. En el medio, las denuncias cruzadas se multiplican, quienes “recuperan territorio” están cada vez más criminalizados, los privados ostentan la vulneración de las leyes y así tambalea el estado de derecho.

Magdalena Odarda presentó este jueves su renuncia al cargo de presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas “por razones de salud”, según difundió un comunicado de la Secretaría de Comunicación y Prensa. Analía Noriega es quien la reemplazará en el cargo.

Según publica el diario Río Negro, el presidente Alberto Fernández le pidió que dejara el cargo, El pedido fue transmitido el miércoles a la ex senadora rionegrina por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, de quien depende el Instituto. En el área de prensa del gobierno desestimaron la versión.

Odarda acompañó a Soria en la fórmula del Frente para la Victoria para las elecciones a gobernador de Río Negro de 2019, en las que se impuso el Frente Juntos Somos Río Negro, del senador Alberto Weretilneck.

Odarda mantuvo un enfrentamiento público con el gobierno de la provincia y con la gobernadora Arabela Carreras en relación al conflicto mapuche y las acciones violentas contra personas y bienes de sectores que atribuyen la representación de esa comunidad.

La ex senadora también se enredó en un conflicto con la provincia de Neuquén cuando Parques Nacionales emitió una resolución y declaró sitio sagrado mapuche al volcán Lanín.

A principios de agosto, el organismo publicó una resolución que declaraba al volcán Lanín “sitio sagrado mapuche”, un viejo reclamo de las comunidades de la provincia. El gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez declaró la decisión como “un acto ilegítimo e ilegal”. Pocos días más tarde, el ministro de Ambiente Juan Cabandié anuló la norma, lo que derivó en la renuncia de Lautaro Erratchú al cargo de Administrador de Parques Nacionales. Gutiérrez, según la prensa de la provincia, atribuyó a Odarda la iniciativa sobre el volcán Lanín.

Según el diario Río Negro, con Odarda se irá el vicepresidente del Instituto y representante de pueblos indígenas Luis Pilquiman, y otros colaboradores.

En el texto dirigido por Odarda al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, expresó: “Mi renuncia está motivada en mi salud que se ha visto deteriorada estos últimos años, sobre todo por no haber tomado ni un solo día de vacaciones en varios años, ni haber realizado un solo viaje al exterior en pos de la búsqueda de la austeridad que ha caracterizado a nuestra gestión”.

La presidencia del INAI, como se menciona en el documento difundido, será asumida por Noriega, Licenciada en Trabajo Social, Coordinadora nacional del programa de Relevamiento Territorial Ley 26160 y Miembro fundadora de la fundación Napalpi donde actualmente es secretaria.

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