“De muy buen comer”, “apasionado por la música y el arte” describieron, según los medios, Corcho y Vero a un Johnny Depp a punto de cumplir en junio los 62, recargado de anillos, pulseras, aros, collares, boinas, sombreros, pañuelos a modo de turbantes, tatuajes, pelo largo recién teñido (la crencha –que aparenta– engrasada), a veces atado en cola de caballo. Un pendeviejo total, según la atinada expresión inventada por Raúl Portal, el actor que supimos admirar en El joven manos de tijera y tantos etcéteras. Lo de pendeviejo –dicho sea con todo respeto, como dicen los panelistas en la tele– empleado el sustantivo por su patético esfuerzo de parecer mucho más joven. Y no por ser sesentañero, que en esa década los Paul Newman, George Clooney, Pierce Brosnan, Sean Connery… lucían o lucen estupendamente bien sin hacerse los péndex. Y menos aún en el siglo de Wikipedia donde ya nadie puede ocultar su fecha de nacimiento.

El tal Johnny Depp paró primero en el rancho que los Rodríguez-Lozano tienen en José Ignacio, Uruguay, con viñedos, caballos, una helisuperficie. Luego, en vuelo privado piloteado por el periodista Antonio Laje, el prota de la exitosa saga Piratas del Caribe (se anuncia una sexta entrega, pero ya el maquillaje de diva de cine mudo no le sentaría al viajero de marras) vino unos días a la residencia porteña de L&R, estuvo con el perro Copito y, sobre todo, con Corcho, que lo llama “mi querido hermano”. Tanto que se hicieron juntos un tatuaje: “Él escribió el mío y yo el de él. Un compromiso de vida llevarlo para el bien y la felicidad de los demás”.

Poco salidor, según Vero, JD visitó el Colón donde, según trascendió, todo el mundo le rindió pleitesía a esta persona encore estelar, la capa algo caída hay que reconocer. ¿Habrá notado el emperifollado Johnny D a la gente sin techo que pulula por esas cercanías, pasando hambre, calor, enfermedades que no son atendidas? Y esta inevitable visión que se impone a cualquiera que se desplace en los alrededores de nuestro primer coliseo, ¿le habrá despertado deseos de contribuir al bien de los caídos del sistema, a un cacho de felicidad, considerando que el intérprete de Jack Sparrow es una de las figuras del espectáculo mejor paga en lo que va del siglo 21?

Nadie se lo preguntó ni se lo preguntará puesto que este pretendido altruista partió de Buenos Aires hace dos semanas. Mientras que hace tres años, Johnny Depp emprendía el malintencionado juicio contra su ex Amber Heard, asesorado por The Agency Group IR, haciendo lo imposible por denigrar, ridiculizar, calumniar a la actriz, que lo había señalado como autor de violencias conyugales en el Washington Post, 2018. Denuncia que Heard reiteró en The Sun británico, 2020.

Todo hay que decirlo, ay: esa agencia especialista en crisis a la que el pendeviejo pidió textualmente“enterrar a Amber”, está dirigida por una mujer –“una fiera”, dicen de ella– Melissa Nathan, que trabajó con suma eficacia para que Amber Heard resultara aplastada. Instrumentó una enorme oleada de odio en las redes halagando a los llamados “masculinistas” e hizo que las simpatías se volcaran hacia Depp, aún con mucho ascendiente sobre el público. En particular, el de tendencias misóginas, conservadoras.

Ya saben ustedes cuál fue el veredicto del jurado popular, con mayoría de varones. Amber fue condenada a pagarle flor de millonada a Johnny, a quien, a su vez, le asignaron una suma varias veces menor. 

El juicio fue televisado, con instancias tan duras para AH como obligarla a dar todos los detalles de una violación que había denunciado. Todo el proceso dio pie a un lamentable documental de Netflix, Depp vs. Heard. La misoginia resultó sobrealimentada, las canchereadas de JD, la humillación desplegada en las redes, no solo dañaron a AH –que igualmente tuvo muchos apoyos– sino especialmente al movimiento #MeToo. Y, sin la menor duda, alcanzaron a perjudicar a todas aquellas mujeres víctimas de violencia doméstica que temen hacer oír su voz.

Una googleada no tan rápida demuestra que, dentro del periodismo porteño, no hubo menciones a la inconducta de Johnny Depp en el famoso juicio, donde tuvo el tupé de declarar que, en realidad, si había habido una persona golpeada, había sido él (por una cachetada que Amber le tiró tratando de defenderse de los ataques de alguien con 30 por ciento más de fuerza muscular). Es comprensible el cholulaje ambiente, teniendo en cuenta que los chismes farandulescos han casi reemplazado a los artículos o críticas de espectáculos en programas de radio y tevé. Pero, ¿cómo explicar que el periodismo más informado, de cabeza abierta y espíritu igualitario, no haya traído a colación los indignos antecedentes de Johnny Depp en aquel juicio?

Sobre todo si se tiene en cuenta el caso actual y muy sonado del maltrato a la actriz Blake Lively, puesta en la picota por la misma agencia a la que recurrió Depp, reaviva el recuerdo del proceso de 2022, teñido de sexismo, mala fe y ausencia de todo límite moral. En esta oportunidad, se trata de la denuncia de Lively contra Justin Baldoni, actor y director, durante un rodaje reciente. La intérprete ha sido apoyada por todo el elenco –entre otras personalidades–, con América Ferrera a la cabeza.

La máquina nefasta de la agencia contratada por Baldoni se puso a toda marcha para desprestigiar a Blake, que había declarado en el New York Times sobre el comportamiento abusivo de JB en el set, sumando escenas de sexo que no figuraban en el guion y no queriendo que hubiese coordinador/a de intimidad para ese tipo de situaciones. 

Pero en esta ocasión no le resultará tan fácil a doña Melissa salirse con la suya, y menos todavía a Baldoni, que se las daba de feminista y deconstruido y que fue despedido de la agencia que lo representaba. Asimismo, se le retiró el premio Voices of Solidarity, y su coconductora del podcast Man Enough, Liz Plank, se fue con viento fresco en busca de horizontes más decentes.

MS/MG

La conductora de “Cortá por Lozano” y Jorge “Corcho” Rodríguez visitaron junto a su hija Antonia la finca que está ubicada en Italia y firmaron los papeles que les permitirán ser propietarios de la casa que perteneció a Vicenzo Petrelli, bisabuelo del empresario, en Mogliano, localidad de Ancona, Italia.

En sus redes sociales, ambos compartieron imágenes del momento de la transacción y otras antiguas, como por ejemplo, de sus antepasados en esa casa con la leyenda “Familia Petrelli dal 1740 in Mogliano”.

“Con Vero y Antonia estamos parados en el mismo lugar de la foto blanco y negro de cuando se casó mi tía María con Pascual. En esta casa nacieron sus hijos y sus nietos. Hoy comienza una nueva etapa para la familia”, contó Rodríguez en su cuenta de Instagram. 

Un año atrás, Rodríguez había viajado a Mogliano para recorrer el pueblo de sus ancestros y encontrarse con los parientes que viven allí. En aquel momento, el empresario compartió en sus redes sociales la alegría de haber conocido la casa en que nació su abuelo, que todavía cuenta con una viña productiva.

En esta nueva visita, y tras el cierre de la transacción, Rodríguez aseguró que la vivienda será refaccionada para poder convertirla en una empresa productora de vinos y aceite de oliva. Fiel al legado, indicó que la producción se realizará con las plantas que María, hija de su tío abuelo (Quinto) y su marido Pascual habían plantado hace medio siglo.

La localidad tiene actualmente menos de 5.000 habitantes y está ubicada en una región que se caracteriza por sus paisajes, edificios antiguos, fabricantes de artesanías y una gran cantidad de olivares que le dan el color y aroma especial a esta zona.

La causa principal por presuntas coimas en el soterramiento del tren Sarmiento nació el 16 de marzo de 2016, por una denuncia de Graciela Ocaña derivada del Lava Jato de Brasil.

Documentos incorporados al expediente que construía entonces el juez federal del estado brasileño de Paraná Sergio Moro señalaron que un gestor de Ricardo Jaime había reclamado, en 2009, el pago de una cuota de US$ 80.000 de una presunta coima al director de operaciones de Odebrecht Mauricio Couri Ribeiro. Con esa información sobre un monto que luego se demostraría irrelevante para las magnitudes manejadas, la legisladora de Cambiemos acudió a Comodoro Py. El fiscal Franco Picardi dio impulso a la investigación y el expediente quedó abierto en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.  

Desde entonces, el caso acumula tantas pruebas como movimientos estrambóticos, y hace dos años que no avanza. Hubo de todo. Un arrepentido clave que dejó de arrepentirse después de que Martínez de Giorgi sobreseyera a su esposa e hijos, procesamientos, desprocesamientos, hallazgos de rutas de dinero hacia cuentas offshore en Andorra y Uruguay y una singularidad extrema: aparecen en el banquillo los receptores de dádivas, según la benigna acepción del juez, pero, por ahora, quedan exceptuados de culpa y cargo los empresarios que supuestamente entregaron montos millonarios.

La versión del Lava Jato indicó que Jaime y su asesor español Manuel Vázquez crearon la firma Control y Auditorías Especiales (CAESA), con sedes en Argentina y España, para recibir sobornos por parte de la brasileña Odebrecht, IECSA —la empresa cedida por los Macri a su pariente Angelo Calcaterra en 2007—, la italiana Ghella —socia de IECSA en otros emprendimientos en la Ciudad de Buenos Aires— y la española Comsa.

A medida

El llamado a licitación para el soterramiento fue firmado por Jaime el 21 de febrero de 2006, al que respondieron IECSA —todavía con los Macri a cargo de la empresa—, Roggio y el consorcio Isolux-Esuco, según consta en el expediente judicial. Tras múltiples modificaciones en el trazado de la obra, montos y plazos, Cristina Fernández de Kirchner adjudicó el trabajo al cuarteto IECSA–Odebrecht–Ghella—Comsa, con participación de 30% para los tres primeros y 10% para el último, el 23 de enero de 2008.

Todo el concurso a cargo de los secretarios de Transporte Jaime (2003-2009) y Juan Pablo Schiavi (2009-2012) estuvo signado por la falta de planificación básica, como la elaboración de un presupuesto, fuente de financiamiento o definiciones técnicas para realizar la obra, lo que dejó casi todo librado al contratista, indicó un dictamen de Sergio Rodríguez, procurador de Investigaciones Administrativas, presentado en diciembre de 2017.

Desde un principio, la extrema opacidad de la licitación estuvo orientada a que el soterramiento fuera adjudicado al consorcio ganador, pese a la supuesta competencia con Isolux —una firma española con presencia recurrente en los concursos ganados por IECSA— y Roggio.

Ad honorem

En el procesamiento decretado el 15 de abril de 2019, Martínez de Giorgi dio por probado que IECSA pagó $ 600.000 a CAESA, la consultora creada por Vázquez, el asesor “ad honorem” de Jaime, y Comsa hizo lo propio por $ 263.097,56, entre 2005 y 2009. Vázquez se desligó formalmente de CAESA en 2005, aunque siguió a cargo de la gestión. Por si quedaran dudas, el consultor español dejó a su esposa, Marta Margarita Domínguez, como apoderada de la firma, y a sus hijos Julián y Mariano como vicepresidente y director, respectivamente.

La consultora de Vázquez cumplió su ciclo. Tras el desplazamiento de Jaime, en 2009, y, sobre todo, tras el accidente de Once de febrero de 2012 que derivó en la renuncia de Schiavi, el soterramiento pasó a la órbita de Julio de Vido, ministro de Planificación entre 2003 y 2015. Allí cobró protagonismo la firma Sabrimol, una offshore radicada en Uruguay a cargo de Jorge “Corcho” Rodríguez, como presunta receptora de las coimas pagadas por Odebrecht.

A su vez, fue incorporada al expediente el “acta de culpabilidad” firmada por Odebrecht en Estados Unidos, mediante la que el gigante brasileño admitió sobornos por US$ 35 millones a intermediarios con el Estado argentino, sin detalles.

Los mails del ejecutivo de Odebrecht Couri Ribeiro registrados en la causa de Moro en Brasil —también mencionados por Martínez de Giorgi؅— dieron cuenta de que Javier Sánchez Caballero, segundo de Angelo Calcaterra en IECSA, solicitó US$ 20 millones para abonar las coimas por la adjudicación del soterramiento.

Hipótesis corroborada

Martínez de Giorgi escribió que “se encuentra corroborada la hipótesis” de que los funcionarios que intervinieron en la adjudicación de la obra tuvieron “un interés particular para beneficiar a IECSA-Comsa-Constructora Norberto Odebrecht-Ghella”. Entre las “readecuaciones” más groseras, el juez señaló que el proyecto original preveía el soterramiento del Sarmiento desde Liniers a Caballito (desde donde ya continúa en trinchera hasta Once), dentro de CABA, y mejoras, puentes, túneles y pasos a nivel en el tramo entre Liniers a Moreno, del lado de Provincia. Esa idea fue reemplazada por el proyecto de soterramiento de toda la extensión, pero no se llamó a una nueva licitación como hubiera correspondido, señaló Martínez de Giorgi.

Con todo, el juez dispuso procesar a los funcionarios por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y no por cohecho. La figura le cupo a Jaime, su asesor Vázquez, Schiavi, De Vido, José López y una veintena de funcionarios de la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Planificación.

A Sánchez Caballero, de IECSA, y a Ramón Castro, de Comsa, Martínez de Giorgi les asignó el presunto delito de “ofrecimiento de dádivas”. El juez entendió que como los pagos a CAESA, la consultora de Vázquez, sumaron $ 1 millón, o 0,01% del monto estimado de la obra, no podían considerarse sobornos. A Vázquez y Julián Soba Rojo, presidente de la consultora, les atribuyó el delito de recibir esas “dádivas”. El monto citado era, en efecto, mucho menor en comparación con otros que copaban el expediente, pero el juez no los consideró suficientemente probados.

Al resto de los empresarios, incluidos Calcaterra, el Corcho Rodríguez y los representantes de Ghella y Odebrecht, Martínez de Giorgi los benefició con la “falta de mérito” (es decir, no quedaron procesados, pero sí sujetos a seguir siendo investigados). La esposa y los hijos del gestor Vázquez fueron directamente sobreseídos por el titular del juzgado 11 de Comodoro Py. Se verá: no fue magia.

De Vázquez al Corcho

El fiscal Picardi apeló los procesamientos y sobreseimientos en todos sus términos con 547 páginas presentadas el 26 de abril de 2019. Entendió que no se trató de meras dádivas sino de una trama de sobornos orquestada desde distintas dependencias oficiales y privadas, en Argentina y el exterior, sostenida a lo largo del tiempo. Picardi solicitó que el delito imputado fuera cohecho activo para los pagadores y cohecho pasivo para los receptores, figuras que suponen penas más graves que las estipuladas por el juez.

La “adecuación espuria” del proceso de licitación tuvo por fin directo beneficiar al cuarteto Odebrecht-Iesca-Ghella-Comsa, escribió el fiscal. En un primer tramo, el esquema de sobornos se canalizó a través de la falsa consultoría del testaferro Vázquez, y luego, tras la salida de Jaime del Poder Ejecutivo, mediante una trama más intrincada de sociedades offshore, argumentó. Ello coincidió con la decisión política de que el soterramiento fuera solventado por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, organismo bajo la órbita de Julio de Vido.

El consorcio de IECSA y Odebrecht transfirió US$ 4.495.250 a la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras y Edificación S.A, por “servicios técnicos o de ingeniería” que resultaron “inexistentes y simulados”

Más allá de las confesiones y supuestas pruebas acumuladas en el expediente Lava Jato de Brasil, Picardi reconstruyó la ruta de aparentes sobornos que involucran a paraísos fiscales con la actuación estelar de Jorge “Corcho” Rodríguez, ex de Susana Giménez.

Entre septiembre de 2011 y diciembre de 2012, el consorcio de IECSA y Odebrecht transfirió US$ 4.495.250 a la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras y Edificación S.A (DSC), por “servicios técnicos o de ingeniería” que resultaron “inexistentes y simulados”, según la Administración Federal de Ingresos Públicos, citó Picardi en su apelación.

El flujo de esas transferencias a cuentas radicadas en la Banca Privada de Andorra (BPA) fue reportado desde un juzgado de ese paraíso fiscal en los Pirineos españoles. Una investigación judicial en Andorra halló que la BPA fue el vehículo para la canalización de coimas por parte de Odebrecht para sus negocios en América Latina. No fue una excepción. La entidad andorrana había sido intervenida en 2015 a raíz de un reporte de Financial Crimes Enforcement Network de Estados que la había sindicado como un banco dedicado, básicamente, a lavar dinero.

Conozca a su cliente

La otra punta del ovillo se encuentra en un exhorto respondido por autoridades uruguayas. Sabrimol, la empresa que tanto el juez como el fiscal atribuyen al “Corcho” Rodríguez, recibió USD 4.946.148,84 y € 224.046 euros de parte de la firma Klienfeld en su cuenta del Banco Itaú en Uruguay, hasta 2014. Klienfeld era un armado offshore de Odebrecht para canalizar coimas. La cifra que partió a DSC en Andorra y de allí se difuminó hacia otras offshore y la que llegó a Sabrimol en Uruguay exhiben una coincidencia llamativa.

En la descripción “Conozca a su ciente”, la sucursal en Uruguay del Banco Itaú detalló sobre Sabrimol:

“Entre sus principales clientes se encuentran la empresa brasilera Odebrecht a la cual están asesorando en la obra relacionada al soterramiento del tren Sarmiento en Argentina, recibiendo fondos de subsidiarias de esta empresa en forma habitual. También son clientes los argentinos Susana Giménez y Jorge Rodríguez a quienes les administran propiedad e inversiones en Uruguay”.

Los registros de comunicaciones de José López y emails incautados en la investigación del Lava Jato de Brasil dieron cuenta que el mencionado secretario de Obras Públicas y el subsecretario de Coordinación de Planificación Roberto Baratta delegaban en Rodríguez la gestión ante Odebrecht, indicó Picardi. Ambos funcionarios eran, a su vez, interlocutores habituales de Calcaterra, cabeza argentina del consorcio encargado del soterramiento.

El Corcho negó ser titular de Sabrimol, pero tanto el juez como el fiscal lo consideraron probado por múltiples documentos.

El desarrepentido

El expediente brinda otro episodio singular. Hacia febrero de 2019 seguían los coletazos del festival de arrepentidos disparado en la causa Cuadernos. El 26 de ese mes, el gestor Vázquez se presentó ante la fiscalía de Picardi para declararse imputado colaborador. Su testimonio, sin la opacidad de la intervención del fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, habría significado un activo para la acusación, por entonces todavía a la espera de que se validaran los arrepentimientos y las pruebas construidos en el Lava Jato de Brasil (ocurriría en junio siguiente).

Vázquez le dijo a Picardi que Calcaterra había abonado US$ 20 millones a Jaime para obtener la adjudicación del soterramiento. Tras su arrepentimiento, el intermediario español debió afrontar una operación, lo que dilató el trámite para ser aceptado como imputado colaborador.

En abril, el juez Martínez de Giorgi se precipitó a procesar a unos 25 exfuncionarios —entre ellos, Vázquez— con la figura penal más débil posible, decretó la falta de mérito para la pata empresarial y dictó tres sobreseimientos: Marta Giménez (esposa) y Mariano y Julián Vázquez (hijos). Al mes siguiente, el testaferro de Jaime reapareció en Comodoro Py con nuevo abogado. Declaró ante Martínez de Giorgi que su arrepentimiento de febrero había sido inducido por su anterior letrada, pero que había recapacitado y ya no tenía nada que confesar. En tres meses, el cargo de conciencia se evaporó.

La sala 2 de la Cámara Federal se expidió sobre la apelación de Picardi contra el débil procesamiento dictado por el juez de primera instancia en agosto de 2019. En un texto breve, con consideraciones genéricas, Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia fallaron que los procesamientos y las faltas de mérito dictaminadas por Martínez de Giorgi estaban infundados y eran autocontradictorios, y declararon la nulidad de lo resuelto.

Desde entonces, uno de los expedientes en el que gritan indicios claros sobre un sistema de corrupción que abarca a altos funcionarios de los Gobiernos de los Kirchner y a la empresa de los Macri ocupa un lugar en un despacho de Comodoro Py.

El paso cansino y errático del expediente en el juzgado en lo criminal federal 8 de Capital Federal sintonizó a la perfección con la decisión del Ejecutivo de Cambiemos de reactivar la obra y pagar US$ 759 millones en un lapso de tres años al mismo consorcio que eligió Ricardo Jaime en 2006. 

SL