No es The Handmaid's Tale, la famosa novela de Margaret Atwood convertida en serie, con la actriz Elisabeth Moss en el papel de June Osborne, en que las mujeres fértiles, conocidas como “criadas”, son forzadas a gestar hijos para las élites en un régimen teocrático y totalitario, tratándolas como meros instrumentos reproductivos. Pero es algo muy parecido y real. Y pasó en la Argentina.

A pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, encabezada por Alejandra Mángano, y con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), se realizaron una serie de allanamientos en centros médicos, escribanías y estudios jurídicos en Buenos Aires y Santa Fe, con el objetivo de desarticular una red trasnacional dedicada a la explotación de mujeres mediante la subrogación de vientres, con la posterior comercialización de los bebés nacidos.

Según publicó Fiscales, el portal de noticias del Ministerio Público Fiscal, los procedimientos, ordenados por la jueza federal María Eugenia Capuchetti del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, fueron llevados a cabo el miércoles pasado por la Policía Federal Argentina (PFA), a través de sus divisiones de Trata de Personas y Ciberdelito.

La investigación, iniciada en enero, reveló que personas y empresas extranjeras involucradas ofrecían un “servicio” de subrogación de vientres a parejas que no podían concebir, con un costo aproximado de US$50.000. Según el dictamen de la fiscal Mángano, las empresas reclutaban mujeres vulnerables a través de redes sociales, ofreciéndoles US$10.000 por llevar adelante la gestación, sumando un adicional en caso de parto por cesárea.

Sin embargo, si el embarazo se interrumpía, los pagos se suspendían, dejando a las mujeres expuestas a las consecuencias físicas y emocionales del proceso sin compensación justa. El esquema, según la fiscalía, sometía a las gestantes a una explotación comparable a la reducción a la servidumbre, violando el artículo 145 bis del Código Penal.

El negocio incluía la inscripción de los bebés en registros civiles y su entrega a parejas, en muchos casos extranjeras, sin vínculo genético o cultural. Se identificaron 147 legajos de nacimientos por subrogación entre 2018 y 2023, de los cuales al menos 49 casos presentan irregularidades.

Los allanamientos simultáneos se realizaron en centros de fertilidad de Buenos Aires y Rosario, donde se buscó obtener historias clínicas y registros de pagos. También se allanaron escribanías y estudios jurídicos involucrados en la firma de consentimientos y la representación de las partes. La fiscalía continúa investigando la magnitud de esta red criminal que se aprovechaba de la vulnerabilidad de las mujeres gestantes para obtener cuantiosas ganancias.

Las calificaciones penales

El Ministerio Público Fiscal consideró que el caso encuadra dentro del figura penal contemplada en el artículo 145 bis del Código Penal (CP) para el delito de trata en tanto que las personas investigadas habrían desplegado con habitualidad “un negocio criminal dedicado a la captación de mujeres, muchas de ellas vulnerables y en condiciones de carencia económica, con la finalidad de ser sometidas a una explotación equiparable a la reducción a la servidumbre”, delito previsto en el artículo 140 del CP y en el inciso “a” del artículo 2 de la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, mediante la práctica de gestación por sustitución, a cambio de una contraprestación económica y en algunos casos poniendo en riesgo su salud, todo ello con el propósito de obtener cuantiosas ganancias económicas.

También postuló que entra en juego esa figura penal en lo que respecta a la comercialización de los niños y las niñas en tanto este trato implica su reducción a una situación equivalente a la esclavitud (artículo 140 del CP).

Además, en el dictamen se señaló que la compra venta de seres humanos constituye un delito constitucional inserto en su artículo 15 donde los constituyentes previeron expresamente que “todo contrato de compra venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice”.

A estas hipótesis se agregaría, a su vez, la comisión de delitos contra la fe pública por hacer insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas (artículo 293 del CP), lo que se materializa en los supuestos acuerdos entre la persona gestante y los comitentes presentados por los escribanos públicos ante el Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El inicio de la investigación

El caso se inició el 25 de enero del año en curso, a raíz de la presentación efectuada por la titular de la Dirección de Contencioso del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, ante la sala de sorteos de la Cámara Federal.

El Consulado de la República Argentina en la ciudad de Bonn de la República Federal de Alemania fue contactado por personal de la Dirección Provincial de Menores del Estado Federado de Sarre, que informó que una mujer alemana de 58 años se había presentado en el hospital de la localidad donde reside y solicitó la atención médica para una niña de tres meses nacida en Argentina, acreditando su filiación con una partida de nacimiento emitida por el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires y un pasaporte argentino.

La funcionaria alemana advirtió que la niña se encontraba en pésimas condiciones de salud y que la mujer que la llevó a la guardia no se encontraba en condiciones de brindarle la atención necesaria, circunstancia por la cual dio aviso a la policía local y le quitó en forma provisoria la custodia de la bebé y la entregó al cuidado de una familia sustituta.

La investigación permitió determinar, por un lado, que el nacimiento de la menor fue inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires al amparo de la Disposición 122/DGRC/20.

También se estableció que el proceso de fertilización fue realizado en una institución médica privada ubicada en la Capital Federal esta ciudad, donde se llevó a cabo el tratamiento de gestación por sustitución y se identificó a la gestante.

“El suceso por el que se inició la causa no resulta ser aislado, por el contrario quedó al descubierto que se trataría de una mecánica empresarial, desarrollada a nivel nacional e internacional, específicamente dedicada a llevar a cabo tratamientos de ‘gestación por sustitución’”, remarcó Mángano en su dictamen.

JJD

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) presentó el informe anual sobre el análisis de las 1.941 denuncias recibidas durante 2023 a través de la línea telefónica gratuita 145, en el que advierte que la tendencia de los últimos años “destaca una evolución de las formas de explotación sexual, desde los casos tradicionales en prostíbulos a nuevas modalidades en entornos digitales” como streamings, redes sociales y plataformas con webcam.

La fiscalía especializada del Ministerio Público Fiscal a cargo de Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra Mángano, coadministra desde julio 2015 la Línea 145 junto al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata.

El informe que publica Fisclaes.gob.ar abarca las denuncias recibidas en el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2023, donde aparecen involucradas 859 posibles víctimas. Los casos de explotación sexual (846) encabezan el estudio, seguidos por la explotación laboral (468), la posible captación u oferta laboral engañosa (180) y la desaparición de personas (135).

Le siguen las denuncias por privación de la libertad (66), pornografía infantil (23) y posible venta de bebés y niños (21). Por último, se ubican las denuncias por grooming –el acoso a un niño/a o adolescente con fines sexuales a través de un dispositivo electrónico– (19), abuso sexual (18), publicidad de oferta sexual (13) y traslado (13). Otras 139 denuncias fueron catalogadas como correspondientes a “otros delitos”.

En sus estadísticas, la PROTEX señala que la explotación sexual es el tipo de delito denunciado en la mayor cantidad de casos desde 2015 de manera estable, mientras que la explotación laboral se configura en un segundo lugar desde 2019. Antes de ese año, ese lugar lo ocupaba la búsqueda de personas. Desde entonces el tercer lugar lo ocupan las denuncias vinculadas a la posible captación y oferta laboral engañosa, mientras que en cuarto lugar se observan las denuncias relacionadas con la desaparición de personas.

La motosierra y la advertencia de la Iglesia

Los datos de este informe coinciden con las advertencias que tanto la Iglesia como distintas organizaciones vienen realizando sobre los recortes en el Estado desde el Gobierno nacional. Como informó elDiarioAR, entre marzo y abril se despidieron a los representantes provinciales del Comité Nacional de la Lucha contra la Trata. Además, el programa de Rescate y acompañamiento a víctimas del Ministerio de Justicia ejecutó casi un 90% menos de presupuesto que el mismo período del año pasado. Esto se suma a otros programas de protección a las víctimas que sufrieron el ajuste. También hubo despidos en el Programa Nacional de Rescate y en la Línea telefónica 145. 

En febrero de este año, el Gobierno nacional publicó el DNU 195 en el que se traspasó al Comité Ejecutivo y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. Meses después, los representantes de las provincias fueron desvinculados. Se trataba de agentes de todas las provincias que colaboraban con la persecución del delito y también con la prevención y el acompañamiento de las víctimas a través de mesas interdisciplinarias en las que trabajan referentes provinciales, municipales, de organizaciones sociales y también de organismos nacionales como los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo, la AFIP, el RENATRE y el SENASA, entre otros.

Además, el pasado 22 de julio, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina expresó su preocupación por la actualidad de la trata de personas en el país de cara al Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, y con la desaparición del menor correntino Loan Danilo Peña como trasfondo.

“Es imprescindible contar en todo el territorio nacional con personas que tengan formación y experiencia”, solicitó la Conferencia Episcopal a través de un documento. “Es prioritario contar con presupuesto para la prevención, la persecución penal y la asistencia a las víctimas. Este es un tema transversal a todo el arco político e institucional que requiere el compromiso para alcanzar consensos, poniendo en el centro de la agenda política y del debate legislativo, el combate de este delito en articulación entre todos los poderes del Estado”.

Una nueva modalidad de explotación sexual: los medios digitales

Al señalar que se registra una evolución de las formas de explotación sexual desde los tradicionales casos de prostíbulos a los entornos digitales, la PROTEX recuerda en su informe que ese proceso de “digitalización” o “deslocalización” data de varios años y precisa que el avance de las tecnologías que se aceleró a partir de la pandemia por COVID-19 ha permitido que la trata de personas y la explotación sexual hayan encontrado nuevas formas a través de medios digitales.

“El cambio de la dinámica del lugar de explotación se da en el año 2022, cuando se ubica en primer lugar la explotación en domicilio particular, tendencia que continúa en el año de estudio del presente documento”, sostiene la procuraduría. Al respecto, indica que durante 2023 se contabilizaron 427 denuncias relativas a domicilios particulares y 240 que refieren a existencia de prostíbulos o “whiskerías”.

“Desde la Procuraduría entendemos prioritario comprender cómo se desarrolla la explotación en estos nuevos espacios digitales, que funcionan de distintos modos y proponen contenidos diferenciales (streamings, redes sociales y plataformas con webcam o grabaciones personalizadas) y, a su vez, analizar los factores que han promovido esa migración de la explotación a entornos digitales”, resalta el informe.

De este modo, el organismo señala la importancia de planificar estrategias o políticas públicas en la materia, a sabiendas de la mayor vulnerabilidad ante diferentes formas de violencia que trae aparejada la “deslocalización” o “digitalización” como ámbito de explotación. “El anonimato de los ‘consumidores’ facilita las situaciones de acoso, la violencia psicológica y el uso indebido de las imágenes de las mujeres”, puntualiza.

Captación mediante ofertas laborales engañosas

Del universo de las 1.941 denuncias registradas en 2023 a través de la Línea 145, hay 180 casos en los que la denuncia fue vinculada a modalidades de ofertas laborales engañosas, dudosas y/o con fines expresamente ilícitos.

En estos casos, una gran parte de las ofertas se produjo a través de las redes sociales, lo que demuestra, según el informe, el crecimiento exponencial de la tendencia de búsqueda de empleo en la esfera digital y, en paralelo, la expansión de las plataformas virtuales de trabajo que brindan opciones rápidas ante la necesidad de conseguir empleo.

“Sabemos que las personas que trabajan en este actual mercado de plataformas se favorecen de los rápidos ingresos y de la flexibilidad, pero al mismo tiempo suelen padecer las condiciones de ciertos mercados de trabajo (falta de estabilidad laboral, seguridad social, ausencia de elementos de protección que hacen a las condiciones de seguridad en las propias funciones, etc.)”, destaca el informe elaborado por la PROTEX.

Según el relevamiento, en claro contraste a lo que sucedía hace 10 años, se advierte que se ha registrado un número cada vez mayor de casos que exponen la tendencia creciente de ofertas laborales publicadas en sitios web o redes sociales que prometen oportunidades de empleo en el exterior.

En general, los destinos son países de Europa del Este y Asia y, tal como se observa, las condiciones laborales originalmente ofrecidas a las potenciales víctimas no son respetadas: jornada laboral, alimentación, condiciones habitacionales y salarios, acceso a servicios de salud, etcétera. A estas circunstancias se adicionan situaciones de maltrato, violencia y/o de efectiva explotación laboral o sexual.

Víctimas

Del total de las 859 posibles víctimas involucradas en las denuncias recibidas a lo largo de 2023, 427 se identificaron como mujeres cis, 324 como hombres cis y 9 como personas transgénero.

El informe resalta que cada año es menor la distancia de afectación entre mujeres y hombres cis. La PROTEX señala que esto responde al aumento de las denuncias por posibles casos de trata laboral, que provoca una reducción de la brecha con los datos de explotación sexual. “Cuando el contraste era mayor y la proporción de denuncias por explotación sexual registradas era mucho mayor a la laboral, lógicamente la cantidad de víctimas mujeres era mucho más alta (en términos comparativos o relativos), ya que, sin duda en el ámbito de la explotación sexual, las asimetrías de poder se enmarcan en un sistema de roles donde las mujeres cis (también niñas y adolescentes) son las principales víctimas”, resalta el documento.

Por otro lado, el bajo número de víctimas trans registrado no se debe, según el informe, a que sean menos vulnerados/as sino, por el contrario, a que siguen repercutiendo diferentes prejuicios a la hora de considerar la vulneración de sus derechos, y puede existir una invisibilización de casos, tanto en la instancia inicial de denuncia, como a lo largo del proceso judicial. “Creemos importante remarcar que en el procesamiento y análisis de todas las denuncias adoptamos, desde la PROTEX, una perspectiva de género y un enfoque interseccional como herramienta para garantizar el efectivo acceso a la justicia de las víctimas mujeres cis o transgénero”, remarca el informe.

Las denuncias por jurisdicción

Del informe se desprende que el 72% (1.404) de las denuncias recibidas fueron enviadas para intervención de la PROTEX, mientras que el 28% (537) se derivaron al solo efecto de su registro y seguimiento, tras haber dado intervención directa a una fuerza de seguridad por tratarse de casos de urgencia y, así, a la autoridad judicial correspondiente. En este contexto, 770 denuncias fueron derivadas al fuero federal mientras que 422 fueron enviadas al fuero ordinario.

El relevamiento efectuado por la PROTEX también revela que la jurisdicción del fuero federal a la que se derivó mayor cantidad de denuncias fue la de la Capital Federal (219), seguida por Córdoba (76), San Martín (73) y La Plata (67).

La procuraduría especializada señala que estas primeras regiones representan el 56,5% de las denuncias con derivación federal y a nivel general son las principales jurisdicciones con mayor número de derivaciones desde 2018, aunque con algunas excepciones.

Un caso actual: rescataron a 20 víctimas de explotación laboral en Chubut

Veinte personas fueron rescatadas por explotación laboral en la provincia de Chubut tras varias denuncias. Por el hecho un hombre y una mujer fueron detenidos y se supo que a las víctimas las obligaban a trabajos en el campo, tareas de limpieza y actividades de construcción, en condiciones laborales de extrema precariedad.

En el marco del combate a la trata de personas que se impulsó desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, efectivos de la PFA detuvo en Chubut a un hombre y a una mujer que explotaban laboralmente a 20 trabajadores.

La investigación comenzó tras dos denuncias realizadas a través de la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. De esta manera, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), solicitó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Esquel la investigación sobre dos cabañas ubicadas en cercanías de la Ruta Provincial N° 16 de la localidad de Lago Puelo.

En consecuencia, “los efectivos comenzaron con las tareas de campo y detectaron que además de las mencionadas fincas, existían otros tres domicilios ubicados en la localidad de Epuyén, donde se estarían llevando a cabo las actividades investigadas”.

Con lo investigado se estableció que en el mencionado complejo “habitaba una pareja que alojaba a personas mayores de edad y las obligaban a trabajos en el campo, tareas de limpieza y actividades de construcción, en condiciones laborales de extrema precariedad”.

El Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, ordenó cinco allanamientos donde se logró la detención de un hombre de 76 años y de una mujer de 60.

Fuentes del caso explicaron que, por la multiplicidad de objetivos y a la extensión de los terrenos auscultados, se solicitó la colaboración de personal del Departamento de Investigación Federal Neuquén y las DUOF Neuquén, San Martín de los Andes y Bariloche.

En los procedimientos se secuestró gran cantidad de armamento de grueso calibre, entre ellos siete pistolas 9 mm, una pistola 45, dos escopetas del 12, más de $800 mil, 3.323 dólares, 2.550 euros y dos celulares.

“Los detenidos, de nacionalidad argentina, quedaron a disposición del magistrado interventor imputados por infracción a la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, al Art. 149 Bis del C.P. (Amenazas Coactivas), a la Ley 20.429 (de Armas y Explosivos), a la Ley 24.769 (Penal Tributaria) y a la Ley 26.377 (de Seguridad Social)”, detallaron.

Un delito complejo que las políticas públicas sirven para combatirlo

Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, entre 2019 y 2023 en Argentina se rescataron más de 5.000 víctimas de trata. Se realizaron 9.067 intervenciones en el territorio y 1.072 derivaciones para asistencia posterior, 118 articulaciones de asistencia y 13 retornos de víctimas a sus países de origen. Se trata de un delito complejo, el tercero en el mundo en cuanto a la cantidad de dinero que mueve después del narcotráfico y la venta de armas. 

También hubo despidos en el Programa Nacional de Rescate (PNR) que depende del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Tres personas trabajaban en la Línea 145, de asistencia telefónica gratuita, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas.

Se trata de una reducción del 20% de un equipo integrado por quince personas. Otras diez despedidas pertenecían al equipo de Procedimiento de PNR, que se encargaban de entrevistar y acompañar a las víctimas luego de los allanamientos. La mayoría de las despedidas eran mujeres psicólogas o trabajadoras sociales de distintas provincias: Neuquén, Mendoza, Salta e interior de la provincia de Buenos Aires. En algunos casos, se trataba de la única representante del programa en la provincia. Tenían contratos incluídos en el Artículo 9 de la Ley de Empleo Público con una contratación anual o de convenios con entes cooperadores, pero que llevaban alrededor de 10 años de antigüedad. 

También los programas de acompañamiento a las víctimas rescatadas sufrieron recortes. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la actividad de Protección de víctimas de violencia del programa de Afianzamiento de la Justicia de la cartera que dirige Cúneo Libarona ejecutó un 72,11% menos en el primer cuatrimestre de 2024 que en el mismo periodo de 2023. Algo similar sucedió con Rescate y acompañamiento a víctimas de trata del programa Política Criminal, que ejecutó casi un 90% menos que el mismo período del año pasado.

El programa Acompañar, de asistencia económica para víctimas de violencia (incluídas las mujeres afectadas por el delito de trata) ambién tuvo recortes fuertes. El monitoreo realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), registró una caída del 80% en la ejecución interanual. “No se está haciendo nada al respecto. El hecho de eliminar áreas, reducir presupuesto y echar personal afecta gravemente en un contexto en el cual producto de la crisis económica también las condiciones que hacen que la trata funcione, se agudizan”, le dijo a este medio María José Lubertino, directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos que está siguiendo el caso. 

Desde abril, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata está a cargo de Verónica Toller, periodista que promocionó en Latinoamérica la película “Sonido de Libertad”, producida por Eduardo Verástegui, exponente de la ultraderecha mexicana. El año pasado, antes de ser electo presidente, Javier Milei firmó la “Carta De Compromiso para la Promoción de Acciones para Erradicar la trata con Fines de Explotación Sexual y Tráfico de Órganos de Niños, Niñas y Adolescentes” promovida por Verástegui y firmada por otros referentes de la derecha de la región como el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Tras el desmantelamiento del Consejo, diez provincias del Norte Grande crearon un Consejo Regional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. El organismo fue aprobado por unanimidad y tuvo el impulso de las diputadas Claudia Paladino, Adriana Diaz y Monica Salazar, en representación de Catamarca.

Qué es la Línea 145 y qué se puede denunciar

Línea nacional, anónima y gratuita para orientación, solicitar asistencia y/o denunciar casos de trata y/o explotación de personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Quienes tengan información sobre cualquier forma de explotación de personas (aunque sea una situación dudosa), pueden contactarse a la Línea 145, atendida por operadoras especializadas (psicólogas y trabajadoras sociales) que están disponibles para tomar denuncias, orientarte y brindarte asistencia.

Se puede llamar desde cualquier lugar del país durante las 24 horas, los 365 días del año

En base a la evaluación de un equipo interdisciplinario, cada denuncia se deriva a la justicia en forma inmediata. Si la situación es de emergencia, se da intervención urgente a una fuerza de seguridad.

Además, se pueden realizar denuncias a través del correo electrónico institucional oficinarescate@jus.gov.ar , o completando el Formulario WEB, (Entrada al formulario https://www.argentina.gob.ar/justicia/comunicate-con-la-linea-145 ). Los datos de los denunciantes quedarán a resguardo según lo dispone el artículo 26 de la Ley 26.364, texto según Ley 26482, y de acuerdo con la Ley 25326, de datos personales.

Ante una EMERGENCIA, hay que comunicarse a través de la Línea Telefónica 145.

¿Qué se puede denunciar?

Consejos de prevención del Ministerio de Seguridad

1. Si estás buscando trabajo, prestá atención si:

2. Si vas a una entrevista de trabajo, es importante que:

3. Si viajás por trabajo:

4. Si tenés hijos/as menores:

5. Si usás internet:

Con información de agencias y Fiscales.gob.ar

IG/MG

El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la elevación a juicio oral y público de la causa que investiga la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), que operaba en el barrio porteño de Villa Crespo. El expediente tiene a 17 personas procesadas por los delitos de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos.

Mediante un escrito de más de 600 carillas, los fiscales a cargo de la Procuraduría de Trata de Personas y Explotación Sexual (PROTEX), Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, junto al titular de la fiscalía federal 4 Carlos Stornelli, recordaron que aún falta resolver la situación procesal de otros imputados que estuvieron prófugos.

Señalaron también que resta avanzar con nuevas imputaciones formuladas por los fiscales por delitos autónomos a los investigados hasta el momento, como el ejercicio ilegal de la medicina, la venta sin autorización sanitaria de medicamentos que requieren receta para su comercialización, y la falsificación de documentos, cometidos en la “clínica” ilegal de la organización que funcionaba en Almagro, según fuentes judiciales.

El pedido de elevación a juicio fue presentado el pasado viernes 4 de agosto ante el juez federal Ariel Lijo, quien ya corrió vista a las partes para que se expresen sobre el asunto. Será el magistrado el que decida el destino de la causa.

La organización, formada bajo una fachada filosófica del yoga, se organizaba verticalmente en jerarquías que iban del 4 al 7, donde número tenía un significado: 4) “el ser humano filosóficamente equilibrado”; 5) “el genio”; 6) “el santo” y 7) “el ángel”.

En la cúspide de la jerarquía estaba Juan Percowicz, llamado “el ángel”, “maestro” o “papi”, sobre quien los testigos declararon en la causa que “llegaba Juan al edificio y era como si llegara el mismísimo dios, todos acudían a él, había abrazos, besos, toqueteos”.

Para los investigadores, el sistema de jerarquías y la supuesta “evolución” para que los cooptados pudieran convertirse en “ángel” era la fachada del verdadero objetivo de los imputados: alcanzar el mil millón de dólares. Quienes debían recaudar el dinero también eran sus víctimas, según el expediente.

De la documentación contable de la organización, se deprende que los imputados lograron acumular un patrimonio de 50 millones de dólares conformado por alrededor de 15 millones depositados en cuentas bancarias en el extranjero, entre otras recaudaciones.

Además, durante los allanamientos fueron secuestrados más de un millón de dólares en domicilios vinculados a los tres líderes de la organización: Percowicz, Marcela Sorkin y Susana Barneix; monto que no pueden justificar según el patrimonio y la actividad declarada ante la AFIP.

Para lograr este objetivo multimillonario, Percowicz y sus socios en el plan dispusieron dicha organización jerárquica con división de funciones y control de los objetivos propuestos. Los registros contables de la organización y documentos donde se transcriben sus dichos dan cuenta de que su principal fuente de ingresos era la explotación sexual de sus víctimas.

Entre las víctimas, hubo personas que fueron prostituidas con personajes millonarios pero que terminaron endeudadas o en “rojo” con la organización, como también haber sufrido perjuicios en sus vidas personales producto de la explotación a la que fueron sometidas.

De acuerdo con las fuentes, los fiscales consideraron que el caso “no se trata ni de filosofía, ni de yoga, ni de literatura. Se trata de cómo se organizó y se llevó adelante un sistema a través del cual se obtuvieron cuantiosas sumas económicas a partir de la explotación sexual de mujeres en Argentina y en Estados Unidos, a lo que se agregaron posteriormente otras maniobras ilícitas que tuvo esta asociación y que pueden ser atribuidas a los miembros de la organización que aquí requerimos que enfrenten un juicio oral”.

La EYBA, concluyeron los fiscales del caso, fue el “vehículo que encontraron el líder y quienes lo secundaban para, a través de la explotación de sus víctimas y la puesta en marcha de distintos negocios ilícitos, lograr su propósito de constituirse en millonarios”.

LC con información de agencia Télam

Los supuestos organizadores de la secta dedicada a la trata de personas que se encumbró detrás de la Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA) pasaron desapercibidos durante décadas para los organismos de control del Estado. La red habría llegado a facturar unos US$500.000 mensuales pero sus principales referentes figuran o figuraron como meros monotributistas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de acuerdo a los registros consultados por elDiarioAR y a la confirmación de dos fuentes directas de la causa. 

Durante los allanamientos realizados por orden del juez Ariel Lijo, se secuestró más de un millón de pesos y 1.100.000 dólares, además de oro en polvo y en monedas, monedas de plata y relojes Rolex, entre otros bienes. Se trata del mayor secuestro de dinero en efectivo en el marco de un caso de presunta trata de personas que se haya realizado en el país, según explicó una fuente de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que inició la investigación.

Se trata del mayor secuestro de dinero en efectivo en el marco de un caso de presunta trata de personas que se haya realizado en el país, según explicó una fuente de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)

Los embargos preventivos dictados por el juez incluyen alrededor de 35 propiedades inmuebles y trece automóviles registrados en el país a nombre de 19 personas que integrarían la organización, pero los investigadores creen que es apenas una porción de la riqueza acumulada por EYBA entre 2004 y 2022. 

elDiarioAR se comunicó con el estudio jurídico que representa a los detenidos en la causa, incluido Juan Percowicz, sindicado como el líder, para consultar la posición de los acusados, pero informaron que por ahora la defensa se encuentra analizando el expediente y espera poder hacer declaraciones públicas en los próximos días.

Ganancias

En base a las escuchas telefónicas que se realizaron en la causa, los investigadores están convencidos de que el patrimonio de los acusados es mucho más grande de lo que han embargado de manera cautelar y estaría en el exterior. Apuntan a Estados Unidos, donde la organización montó sedes en Chicago, Las Vegas y Nueva York. Las autoridades de ese país ya han iniciado su propia investigación, confirmó una fuente del caso.

La mayor parte de las ganancias registradas en balances caseros que realizaban los organizadores de la red y que ascendía a los US$500.000 provenía de la explotación sexual de las alumnas, un “servicio” identificado internamente como “geishado” y “geishado VIP”, además de la reducción a la servidumbre. 

También hicieron parte del dinero con la venta de medicamentos y con una clínica privada en Buenos Aires en la que ofrecían “curas de sueño” y tratamientos para dejar las drogas. Sus clientes eran en su mayoría hombres provenientes de Estados Unidos.

Una tercera fuente de ganancias eran cursos de coaching y una cuarta, aunque no menor, el apoderamiento de los bienes de los alumnos. A través de las escuchas y otras medidas de prueba, los investigadores establecieron que les exigían donaciones y así se habrían apropiado de propiedades, muebles, joyas, ropa. Cuando los familiares de alumnos fallecidos aparecían en escena a reclamar sus posesiones no quedaba nada. 

EYBA tenía, hasta su caída, 179 alumnos, a quienes se les exigía un pago mensual mínimo de US$200 identificado como “el sobre”, que incluso podía alcanzar los US$10.000 mensuales, según la investigación judicial.

Los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano (Protex) y Carlos Stornelli solicitaron medidas cautelares para el decomiso de los bienes, además de la inhibición general de los acusados y el congelamiento de cuentas, cajas de seguridad e inversiones financieras del grupo. Los bienes quedaron embargados por orden de Lijo.

Los fiscales identificaron que una de las estrategias de la organización fue separar el patrimonio entre muchas personas, señaladas como testaferros a través de los que también justificaban movimientos de dinero sin despertar sospechas de los organismos de control y el fisco. Una presunta cobertura de un sector del poder fue denunciada por Pablo Salum, hijo de una familia coptada por la secta y quien logró escapar. 

La red contaba con un estudio jurídicos, asesores financieros, impositivo y contables, empresas, una fundación, un “banquito” para otorgar préstamos a sus alumnos y al menos dos inmobiliarias, Aznares Propiedades y Salum Propiedades, supuestamente utilizadas para realizar inversiones inmobiliarias y blanquear parte del dinero obtenido de la explotación sexual de las alumnas y los presuntos tratamientos médicos de la clínica que manejaban.

La Justicia también está a la espera de corroborar si la Unidad de Información Financiera (UIF) recibió Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de bancos, escribanos, agencias de autos, inmobiliarias y otros sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero.

Fantasma financieros 

Aún así, Percowicz, señalado como la cabeza de la organización, es un anciano de 84 años que para la AFIP fue monotributista categoría D desde 2004 y ahora es un jubilado que se atiende en PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados. Tiene sólo una tarjeta de crédito, registra una deuda de apenas $9 mil (unos 65 euros) por sus consumos de junio último y no tiene cheques en cuentas bancarias personales, de acuerdo con los registros comerciales consultados por este medio.

Sin embargo, adquirió en efectivo una camioneta Ford Bronco Sport Wildtrak junto con otra supuesta jefa de la organización poco antes de quedar detenido, explicó una fuente del caso a este medio. El vehículo cuesta casi $10 millones en su versión básica. 

Las escuchas telefónicas también alertaron que la organización estaba a punto de comprar un edificio en Estados Unidos por US$1.500.000.

El sistema no registra sociedades comerciales a su nombre, pero desde 2013, Percowicz es propietario de dos marcas: Fundación Escuela de Yoga Buenos Aires, el nombre legal de su organización; y Buenos Aires Yoga School, la entidad con la que introdujeron a la organización en Estados Unidos.

Los investigadores sostienen que Percowicz tenía el “control absoluto” de la organización, pero la red contaba con otras personas que revestían el nivel “7 formal e informal”. Estos se encargaban de los aspectos “dogmático, sexual, médico, financiero y jurídico” de EYBA, así como la relación con el extranjero. Una de ellas es, según la investigación, Verónica Angela Iacono, de 51 años, con domicilio fiscal en la sede central de EYBA, en Estado de Israel a 4457, en el barrio porteño de Villa Crespo.

Iacono no registra actividad laboral y figura con escasos ingresos, por debajo de la línea de la pobreza. Sin embargo, esta cantante lírica protagonizó un dueto con el tenor Plácido Domingo en 1996, como reveló este viernes elDiarioAR, y es buscada por Interpol por haber participado de la supuesta organización criminal en Estados Unidos. La Justicia cuenta con tres audios y escuchas telefónicas en los que se menciona que un artista llamado “Plácido” solicita servicios sexuales a la organización.

Otra dirigente de EYBA es Susana Mendelievich, 75 años, también música lírica y monotributista que prestaba supuestos servicios de locación en la categoría más baja, según los datos de AFIP.

Al menos otros tres detenidos, Mariano Krawczyk, conocido como Mariano Krauz; Daniel Eloy Aguilar y Marcela Alejandra SorKin (alias “La Leona”) figuran ante la AFIP como autónomos o monotributistas con ingresos de clase media. En la misma situación figura Federico David Sisrro, también detenido, y quien se registró como autónomo de ingresos medios. Tiene a su nombre la marca BA Group, nombre de una de las sociedades supuestamente utilizadas para el blanqueo de fondos ilícitos, según el expediente.

Los investigadores estiman que los organizadores se abastecieron de sumas millonarias en efectivo sin control de los organismos desde hace casi dos décadas.

ED