La última dictadura militar representó un quiebre en muchas dimensiones de la vida social en Argentina. La violación sistemática y planificada de los derechos humanos se dio en el marco de un proceso que llevó adelante fuertes transformaciones en la estructura económica del país. Esto implicó reformar un campo central para entender el presente que vivimos: el de la política fiscal y, muy especialmente, el impositivo. La gestión económica modificó el tablero de tal forma que se aumentó considerablemente la importancia de los impuestos que pagan proporcionalmente más los sectores de menores ingresos y debilitaron los tributos que afectan a las personas de mayor capacidad económica. 

El ejemplo más claro de este movimiento fue la importancia que adquirió el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un tributo que recae desproporcionadamente sobre los sectores de menores ingresos. El gobierno de facto aumentó la alícuota general del 13% al 20%, amplió la cantidad de bienes y servicios alcanzados y movió del 0% al 5% la tasa de alimentos. Este sendero continuó en la transición democrática -en 1986 se unifican las tasas en 18%- y se consolidó en 1995, cuando la alícuota general se llevó al 21% vigente hoy. 

Como resultado, subió considerablemente la importancia de los impuestos al consumo de bienes y servicios en la recaudación total del Estado nacional, pasando de representar el 32% en el período 1973-1975 al 46% en 1976-1983. En las décadas siguientes, a pesar de la inestabilidad económica y los giros de la política, esa proporción nunca bajó del 40%. 

Este aumento se llevó adelante para “compensar” la pérdida de recursos que implicó otra medida muy importante que llevó adelante la gestión de Martinez de Hoz: la eliminación de las contribuciones patronales previsionales por parte de los empresarios. La misma se implementó con el argumento de reducir “impuestos al trabajo”, bajar la carga tributaria de las empresas y estimular la contratación. 

Durante el período se eliminó otro impuesto progresivo: el de la herencia (“Enriquecimiento patrimonial a título gratuito”), que aunque posteriormente reapareció en algunas provincias, sólo existe hoy en la de Buenos Aires. Como resultado, los impuestos patrimoniales (a la riqueza) pasaron de recaudar el equivalente a 0,3% del PBI en 1976 al 0% en 1983, según datos de AFIP. Al mismo tiempo, como parte de la política de apertura comercial, se redujeron inicialmente los tributos al comercio exterior, tanto a las importaciones como las retenciones a las exportaciones. 

Los cambios en el diseño impositivo también alcanzaron la forma en la que el Estado limitaba las prácticas de evasión y elusión impositiva de las grandes firmas. La dictadura alteró los criterios para la determinación de la ganancia de fuente argentina en el caso de las operaciones internacionales realizadas con partes vinculadas de un mismo grupo económico multinacional. Estos cambios habilitaron el uso de determinadas operaciones internacionales (por ejemplo, pago de intereses, regalías y servicios) para reducir artificialmente la ganancia declarada en Argentina, y así pagar menos impuestos. 

Las transformaciones tributarias fueron profundas y transformaron la matriz de recaudación del Estado nacional, volviéndola muy dependiente de los impuestos al consumo, y con menor participación de tributos a los ingresos y al patrimonio. Luego de la caída de los militares no se ha logrado revertir este problema, central para reducir los niveles de desigualdad: es una deuda que la democracia todavía no saldó. En este escenario, creemos que discutir los problemas estructurales de la política fiscal y diseñar alternativas que pongan en el centro los derechos humanos y la equidad es una tarea ineludible. No se trata solo de reparar los efectos de las políticas recientes, sino de transformar un sistema que, desde hace décadas, reproduce desigualdades y limita la capacidad del Estado para garantizar bienestar y cumplir el amplio marco de derechos sociales que nuestra Constitución exige honrar. 

Los autores son integrantes del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).

AR

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aumentó su patrimonio declarado en pesos un 319% entre el inicio del gobierno de Javier Milei, el 10 de diciembre de 2023, y el final de 2024, pasados un año y 20 días de gestión. Es casi el doble que la inflación de diciembre de 2023 y todo 2024, del 173%, y del aumento del dólar oficial, que rige para las valuaciones, del 165%. Aún mejor les ha ido al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que los salarios registrados caían 5,1% en términos reales (ajustados por inflación).

El ex vocero presidencial comenzó con $25 millones de aquel tiempo y terminó el 31 de diciembre de 2024 con 107 millones. En el medio se compró un Jeep Compass Sport 2021, siguió teniendo su Renault Captur, pero dejó valorarla y en su declaración jurada patrimonial figura como que vale cero pesos. En el mismo periodo redujo sus depósitos en el exterior de US$22.000 a 6.000, pero elevó de US$5.000 a 42.000 su dinero en el colchón en el país. Veremos si termina bancarizando en la Argentina todas esas divisas, ahora que Caputo llama a depositarlas. Vale la aclaración: en esta declaración no figura la casa de country que compró su esposa en 2024 y que debería haberse incluido, como la de todas las parejas de funcionarios.

Lo novedoso también en la evolución patrimonial es que antes tenía una deuda con el Banco Galicia que equivalía a sólo el 11% de sus activos. Ahora, en cambio, le prestaron por el valor del 88% de sus bienes. Habrá que ver si se trata o no de uno de los habituales créditos que toman los funcionarios para justificar aumentos de la riqueza. En su momento, Mauricio Macri declaraba un préstamo de su amigo y exsocio Nicolás Caputo y Alberto Fernández, del empresario de seguros Héctor Martínez Sosa. En el caso de Adorni, le debe $20,6 millones a su madre, Silvia Pais; 7 millones a la contadora Victoria Cancio; 43 millones a la agente inmobiliaria Graciela Molina y 23 millones al sucesorio de Norma Zuccolo.

Karina Milei pegó un salto mayor en su patrimonio desde que entró a la función pública. Antes había tenido una gomería, un negocio de pastelería y colaboraba con las relaciones públicas de su hermano. Mas allá de las sospechas de coimas del 3%, está claro que pasó a tener un empleo estable y eso se reflejó en mayores depósitos en el banco. Su patrimonio pasó de $1,7 millones a 11 millones, un 569% más.

Caputo pasó de $2.307 millones a 11.851 millones, un 413% más. Su patrimonio se cotizó por la devaluación de diciembre de 2023, pero también por su habilidad para las inversiones financieras, que en un 99% las tiene en el exterior. En 2025, comenzó su campaña para que los argentinos saquen el dinero del colchón y lo lleven a los bancos argentinos. Habrá que ver si lo hizo él. A mediados de 2026 se conocerá su declaración jurada al 31 de diciembre de 2025.

Javier Milei también le ganó a la inflación en el primer año y 20 días de gobierno: su riqueza pasó de $54 millones a 206 millones, un 276%. Tiene US$20.000 en efectivo. En cambio, el canciller Pablo Quirno, que arrancó el Gobierno como secretario de Finanzas, mantuvo su patrimonio, que aumentó sólo a la par de la inflación, justo 173%, ni más ni menos, casi clavada su confesión de patrimonio: de $160 millones a 438 millones. Lo curioso es que repatrió el dinero que tenía en el exterior, el equivalente a $32 millones, pero ahora aún cuenta con fondos en efectivo fuera del sistema bancario, unos $77 millones. Se pierde de hacerlos rendir en una billetera virtual...

La otra integrante del gabinete que sigue allí es Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Ella contaba con $52 millones, casi lo mismo que Milei al inicio, y a fines de 2024 sumaba 78 millones, un 149% más. Pero al crecer menos que la inflación, se puede concluir que perdió patrimonio. Ya no junta más dólares en efectivo, como al principio de la gestión, pero lo llamativo es que cotiza un departamento suyo al mismo precio en pesos que antes de la devaluación de 2023. Magias de las declaraciones juradas patrimoniales.

AR/CRM

La vicepresidenta Victoria Villarruel aumentó su patrimonio en un 217% en 2024, de acuerdo con su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) analizada por elDiarioAR. La compañera de fórmula de Javier Milei declaró bienes por más de $80,2 millones a diciembre del año pasado. Había comenzado aquel año con poco más de $36,8 millones.

Sin embargo, el salto en su patrimonio no se debe a la adquisición de nuevos bienes sino que se da debido a la revaluación de sus dos propiedades inmuebles que posee desde 2005 y 2016 y al aumento de sus ahorros.

A finales de 2023, Villarruel había declarado ingresos como diputada nacional por poco más de $14,3 millones. Al final de 2024, sus ingresos anuales se duplicaron: ascendían a más de $32,5 millones.

Sus gastos también se duplicaron: de $14 millones en diciembre de 2023 a $31,4 millones un año después. Aun así, su patrimonio es uno de los más austeros del Gabinete.

A pesar de su austero patrimonio, hay un punto nunca aclarado. En enero de 2024, tras asumir como Vicepresidenta, Villarruel decidió dejar su departamento porteño para refugiarse en El Encuentro, un exclusivo barrio privado con ingreso principal sobre el corredor Bancalari–Benavídez, en la localidad de General Pacheco, en el partido de Tigre, a metros de la Panamericana y del camino del Buen Ayre. Allí, las propiedades no bajan del medio millón de dólares.

La Vicepresidenta alquiló una de las casas pegadas al ingreso secundario del barrio, donde hay menos movimiento de gente. Buscó el anonimato y se cuidó de no realizar el contrato de alquiler a su nombre, sino que figuraron su secretaria privada y un familiar que no lleva su apellido: Santiago Guimaraes, esposo de Virginia, su hermana, de acuerdo a la investigación realizada para el libro La Generala, la biografía no autorizada de Villarruel (Plantea).

En El Encuentro comentan que pagó un año de alquiler por adelantado más un mes de anticipo. Durante 2024, el alquiler de una casa en El Encuentro rondaba los 4.000 dólares mensuales. El año, entonces, podría costar alrededor de 52.000 dólares. Ante la consulta de elDiarioAR, en el entorno de Villarruel desmintieron categóricamente que haya gastado esa cifra en un año de alquiler pero tampoco accedieron a informar cuánto pagó la Vicepresidenta para vivir en el barrio privado durante 2024. Ni el origen de los fondos.

En mayo de 2024, el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, informó a pedido de los senadores cuánto ganaban el Presidente y los ministros, en medio de la controversia por el aumento de las dietas de los integrantes del Senado. Aunque Villarruel es la presidenta de la Cámara Alta, su escala salarial es acorde a la del Ejecutivo y los aumentos de los senadores no se aplican a su sueldo. Entonces, la Vicepresidenta ganaba un salario neto de alrededor de 2.400.000 pesos. ¿Cómo costeó el alquiler en El Encuentro?

El barrio

El Encuentro tiene una laguna central de once hectáreas, unos cuatro mil árboles y dos plazas de siete mil metros cuadrados cada una. Además, el barrio tiene su propio gimnasio, canchas de tenis —uno de los deportes preferidos de la Vicepresidenta—, pileta, restaurante y dos canchas de fútbol. Las expensas rondaban los 700 dólares mensuales a principios de 2025, cuando Villarruel decidió abandonar la casa que alquilaba.

En enero de 2025, la Vicepresidenta dejó la casa del barrio privado. Días antes, el escritor Nicolás Mázquez, biógrafo y amigo de Milei, publicó en X: “Si la novel indigente Villarruel gana ‘dos chirolas’ [se refería a una declaración de la Vicepresidenta quejándose por su salario] puede renunciar y seguir usando su kioskito privado del Celtyv. A propósito: si gana tan poco como Vice, ¿de dónde sacó la plata para alquilar su mansión en el Tigre (Barrio cerrado El Encuentro)?”.

Luego, Márquez afirmó: “Otra necesaria inquietud: ¿de dónde sale el dinero para la mansión de fin de semana que se estaría comprando esta semana en otro country exclusivo? Serían buenas las aclaraciones pertinentes para el bien de la austeridad y la salud republicana, ¿no creen?”.

Ante la consulta, el entorno de Villarruel sostuvo en el libro La Generala que el alquiler en El Encuentro se pagó con una plata ahorrada que le había dejado su abuela, desmintiendo los rumores de que fue costeado por un empresario que la ayudó económicamente y lo que implicaría un potencial conflicto de intereses. En el libro, su entonces jefe de asesores, Emilio Viramonte Olmos, confirmó que desde principios de 2025 la Vicepresidenta vive en una nueva casa propia, no alquilada.

El patrimonio

Los bienes muebles e inmuebles declarados de la Vicepresidenta no se modificaron desde su asunción como diputada pero cuando llegó a la Vicepresidencia de la Nación, Villarruel aumentó cinco veces su patrimonio. El incremento se debió a su tenencia en pesos, gracias a sus ingresos como diputada.

Cuando asumió su banca en el Congreso de la Nación, en diciembre de 2021, Villarruel declaró que tenía cero pesos de ingresos y que su patrimonio era de unos $2.600.000. Tenía US$2.000 ahorrados debajo del colchón y menos de $100.000, un departamento de 55 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires y el 50 por ciento de una casa en Funes, en la provincia de Santa Fe, de donde es oriunda su familia paterna. Ambos bienes eran donaciones con reserva de usufructo. También tenía la mitad de una “casa habitación” de 43 metros cuadrados en Buenos Aires, que declaró haber comprado con ingresos propios.

Durante su paso por Diputados, su patrimonio, al menos el declarado ante el fisco, casi se duplicó en pesos gracias a que sus ingresos como legisladora le permitieron ahorrar en pesos. Pasó de cero pesos a unos 5 millones.

ED/MG

En medio del escándalo que sacude al Gobierno nacional por la renuncia de Diego Spagnuolo a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) tras la filtración de audios que lo comprometen en un presunto esquema de coimas, la lupa pública se posa en la poderosa Karina Milei, hermana del jefe de Estado, Javier Milei, y secretaria general de la Presidencia. También sobre José Luis Espert. El diputado nacional y primer candidato a renovar su banca por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires presentó sus declaraciones juradas —2022, 2023 y 2024— que exhiben un patrón de inconsistencias repetidas: la valuación simbólica de una sociedad propia en apenas un peso y contradicciones en la superficie de sus inmuebles.

El caso más notorio es el de Varianza SA. En su declaración jurada de 2022, Espert consignó su participación en dos registros distintos: uno valuado en $0,01 y otro en $1. Un año después, en 2023, la sociedad figuró con dos valores diferentes: $50.000 y nuevamente $1. Finalmente, en la declaración jurada de 2024 quedó establecida solamente en $1. Ese derrotero, sin explicación, resulta una anomalía contable sistemática: la normativa que regula las declaraciones juradas obliga a consignar participaciones societarias al valor nominal o de adquisición. No existe obligación de depreciar a un peso una sociedad mientras continúe activa o conserve patrimonio. Declarar en $1, como hizo Espert de manera reiterada, equivale a señalar que la empresa carece totalmente de valor, algo que no surge de ningún criterio normativo ni contable.

A ello se suman inconsistencias en sus bienes inmuebles. En 2022, su casa de Beccar aparece con una superficie mal consignada (“250250 m²”) y en 2023 figura con 250 m², mientras que en 2024 pasó a 472 m². En Pergamino, en 2022 declaró una propiedad de 100 m². En 2023 esa misma vivienda aparece con apenas 1 m², y en 2024 figura con 212 m². Las variaciones de superficie resultan cuando menos extrañas.

Más allá de estas anomalías, el resto de su patrimonio muestra movimientos habituales: la venta del BMW M240i y la compra de un Lexus RX 350 F-Sport de mayor valor, junto con el incremento de los bienes del hogar —que pasaron de $383.000 en 2022 a $9 millones en 2024—. Distinto es el caso de los dólares: los bancarizados pasaron de US$34.000 en 2023 a apenas US$281 en 2024, sin que se modificara el efectivo declarado en US$15.000, un dato llamativo que no se explica en la propia declaración jurada.

Espert tiene una relación de amistad con Spagnuolo, que hoy enfrenta acusaciones judiciales. Viejos tuits de 2018 muestran un vínculo de confianza y camaradería entre ambos, con frases de tono casi familiar como “ven hijo mío, te cobijo”. Aunque Espert relativizó esos intercambios, calificando su relación con el exdirector de la Andis como “la misma que he tenido con infinidad de liberales”, los opositores lo señalan como parte de un entramado político-financiero que involucra a la hermana del Presidente, Karina Milei.

El clima en torno a su figura quedó expuesto también en la calle. En el acto que Javier Milei encabezó en Junín, Espert fue abucheado por manifestantes opositores y reaccionó con gestos provocativos desde la valla de seguridad, antes de ingresar al teatro donde se realizó el evento.

Las declaraciones juradas de los diputados nacionales son de presentación obligatoria ante la Oficina Anticorrupción, en cumplimiento de la Ley de Ética Pública N° 25.188. Los legisladores deben entregar una declaración al inicio de sus mandatos, otra actualización anual y una más al cese de sus funciones. El objetivo es dar publicidad a los bienes, deudas, ingresos y participaciones societarias para prevenir conflictos de interés y detectar posibles enriquecimientos ilícitos. Esa verificación corresponde a la Oficina Anticorrupción, que recibe las declaraciones mediante ARCA (Aplicativo de Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales), el sistema oficial para cargar y cruzar datos patrimoniales de funcionarios. No debe confundirse con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo creado por el Gobierno de Javier Milei para reemplazar a la disuelta Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En el caso de Espert, el interés es doble: no sólo por su patrimonio, sino por el peso político que adquirió en el oficialismo. Economista liberal de trayectoria mediática, desembarcó en la política con su propio espacio, Avanza Libertad, por fuera del armado de Javier Milei. Tras haber jugado políticamente con Horacio Rodríguez Larreta en las PASO presidenciales de 2023, se reconvirtió rápidamente en aliado del actual mandatario, casi de inmediato a su victoria en el balotaje contra el peronista Sergio Massa. Gracias a esa audaz reconciliación con Milei consiguió la presidencia de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados, y hoy encabeza la oferta electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país.

No es un simple error de carga

Fuentes consultadas por elDiarioAR especializadas en ética pública remarcaron que las diferencias halladas en las declaraciones juradas de Espert no parecen un simple error de carga, sino inconsistencias que deben ser revisadas por los organismos competentes.

En el caso de las participaciones societarias, la Ley de Ética Pública (artículo 6) establece la obligación de detallar todos los bienes del funcionario, de su cónyuge y de las sociedades conyugales, pero no fija un criterio técnico para valuar una empresa en $1. Esa decisión queda en manos del declarante y, si existen diferencias entre un año y otro, es la Oficina Anticorrupción la que debe verificar los datos y cruzarlos con la información impositiva de ARCA.

Respecto de las superficies inconsistentes de los inmuebles de Espert, la misma fuente señaló que, si un diputado advierte que cometió un error, puede corregirlo, pero cuando se trata de diferencias tan grandes —como las detectadas en las propiedades de Beccar y Pergamino— corresponde un pedido de explicaciones y un control institucional.

Al cierre de esta edición, elDiarioAR no había recibido respuesta del diputado José Luis Espert a la consulta sobre sus declaraciones juradas.

Las declaraciones juradas presentadas por el legislador de La Libertad Avanza se pueden ver en los siguientes enlaces: 2022, 2023 y 2024 (última). Y se pueden descargar de este sitio oficial.

El pasado de Espert también se cruza con la figura de Federico “Fredy” Machado, empresario rionegrino detenido en 2021 en Neuquén a pedido de la Justicia de Estados Unidos, acusado de narcotráfico a gran escala. Según reconstruyó el periodista Sebastián Lacunza en elDiarioAR, Machado fue señalado como el principal aportante de la campaña presidencial de Espert en 2019, con aportes tanto en efectivo como en especie: desde el uso de un avión privado hasta una camioneta blindada Jeep Cherokee.

Los registros de viajes y mensajes de WhatsApp revelados en esa investigación muestran que Machado acompañó de cerca la campaña de Espert en al menos cuatro visitas al país durante 2019, y que su nombre era conocido en la mesa chica del equipo libertario. Aunque Espert relativizó el vínculo y lo describió como un contacto ocasional, las fuentes consultadas coinciden en que el empresario liberal jugó un rol central para apuntalar económicamente una candidatura que carecía de apoyos políticos y financieros sólidos.

JJD

El jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Alberto Pazo, ha tenido un buen año económico desde su regreso a la función pública. El empresario casi duplicó su patrimonio en 2024, de acuerdo al análisis de su última declaración jurada realizado por elDiarioAR.

El patrimonio de Pazo creció de más de $333 millones al inicio de 2024 a más de $726 millones al final de dicho año, lo que equivale a un crecimiento del 94% en sus bienes en un año.

Las declaraciones juradas de Pazo están en la mira de la Justicia, tras una investigación publicada por elDiarioAR en 2024. El juez federal Ariel Lijo analizará su patrimonio por presuntas irregularidades y omisiones en la declaración de sus bienes.

Durante el año pasado, Pazo cumplió dos funciones: fue el segundo de Luis Caputo en el Ministerio de Economía y luego jefe de ARCA. En su última declaración jurada, presentada en los últimos días, el funcionario declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) ingresos anuales por más de $129 millones, de los cuales, $90 millones correspondieron en 2024 a renta de capitales.

Ante la OA declaró sólo una casa en Mar del Tuyú y un Ford F-150 Lariat Luxury. Además, informó que es propietario de una moto BMW modelo 2016, de un Volkswagen Golf del mismo año y de una embarcación, sobre los que no informó valores.

Tiene ahorros en el país, en bancos y en efectivo, y una cuenta en Estados Unidos. Pero su principal capital son sus empresas, cuyas acciones se fueron para arriba desde su llegada a la función pública.

El subidón de Invernea

La principal empresa de Pazo es Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro. Tanto el grano como el ganado están asegurados por compañías de seguros.

Pazo fundó Invernea tras su paso por la Superintendencia de Seguros de la Nación, durante el gobierno de Mauricio Macri. Se trata del organismo que regula a las compañías de seguros. Se fue con ideas productivas. Las aseguradoras, a las que controlaba como funcionario, invirtieron al menos $1.800 millones en dos fideicomisos de Invernea en 2021, según informó el programa de televisión 100% Seguro, en una emisión que incluyó una entrevista con Pazo.

“Más del 50% de la hacienda que tenemos en stock está chipeada, es decir que tiene un chip que permite geolocalizar la tenencia de la hacienda. Cada animal que está chipeado baja directamente el costo de la póliza de seguro por mortandad o robo”, sostuvo Pazo en el programa televisivo 100% Seguro, en diciembre de 2021.

En enero de 2024, Pazo era el propietario del 90% de las acciones de Invernea, valuadas en más de $47 millones, según su última declaración jurada. Al final de 2024, sus tenencias en la compañía seguían siendo del 90% pero ahora valían $200 millones. Casi cuadruplicaron su valor desde su regreso a la función pública.

Lo mismo sucedió con otra de sus empresas del agro: Caracú Quemado SRL. A principios de 2024, Pazo tenía el 90% de las acciones de la compañía, valuadas en más de $24 millones. Un año después, casi duplicó su valor: la misma cantidad de acciones ahora valen $47 millones.

Su crecimiento patrimonial se debe en gran parte al aumento del valor de sus acciones en ambas compañías. elDiarioAR consultó a Pazo a través de sus voceros oficiales para preguntar a qué se debió el aumento del valor de las acciones de la compañía desde su llegada al Gobierno. Respondieron con una escueta explicación: “Es la valuación de la empresa”.

Antecedentes

Pazo fue CEO del grupo dueño de las marcas de indumentaria Rapsodia, Caro Coure y Baby Cottons, entre otras.

Entre 2016 y 2019, el empresario se desempeñó en el gobierno de Macri. Fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, hasta 2017. Luego asumió como superintendente de Seguros de la Nación.

Con la llegada de Javier Milei al poder, Pazo regresó a la función pública y asumió un rol central en el Ministerio de Economía que dirige Caputo como secretario de Industria y Desarrollo Productivo, virtual número dos de la cartera económica. Eso lo convirtió en uno de los integrantes del Gobierno con potenciales conflictos de intereses y dudas sobre sus declaraciones juradas, de acuerdo a la información pública, documentos y consultas realizadas por elDiarioAR.

En diciembre de 2024, Pazo asumió como jefe de ARCA. Fue cuando surgieron nuevos datos sobre su patrimonio, en el marco de la investigación sobre el patrimonio en el extranjero del diputado Cristian Ritondo y su esposa, Romina Diago.

De acuerdo con la investigación publicada por este medio, uno de los inmuebles pertenecientes a la sociedad Goformore, en la que la esposa del jefe de la bancada PRO en Diputados aparece como administradora y miembro, fue adquirido en marzo de 2013 a la empresa de Pazo (Harbour House 1533 Corp.). El inmueble, comprado por US$580.000, está ubicado en el 10275 de Collins Ave, Miami Beach.

Ese departamento de Harbour House 1533 Corp. es lo que Pazo continúa sin aclarar en torno a su patrimonio. En 2024, este medio informó que el funcionario llegó al gobierno de Javier Milei rodeado de potenciales conflictos de intereses por sus empresas y su rol en torno a la industria y el agro, y un punto, como mínimo, poco claro en la declaración de sus bienes: su declaración como dueño de esta compañía en Florida, Estados Unidos, creada para adquirir un departamento en Miami, que nunca figuró en las declaraciones juradas de Pazo como funcionario de Mauricio Macri, entre 2016 y 2019.

Pazo sostiene que esa propiedad es de su esposa, la empresaria Josefina Helguera. Sin embargo, él figura como accionista en los documentos revelados por este medio.

“De los que estamos en el gabinete ninguno se enteró de los aumentos”, contó este lunes Javier Milei en su enésima entrevista con Alejandro Fantino al referirse al escándalo del incremento salarial que se autootorgó y que, después de que lo revelara elDiarioAR, optó por anular. “¿Sabés por qué? Porque ninguno mira el recibo de sueldo”, sonrió en la radio llamada Neura, a la que tanto le gusta frecuentar. “Todos vienen por el bronce... Como todos vienen por el bronce, nadie mira el recibo de sueldo. Estamos todos yendo contra la que tenemos guardada. Estamos vendiendo parte de nuestros autos, estamos liquidando cosas”, se refirió a que supuestamente usan sus ahorros para mantener el nivel de vida que tenían él y sus ministros antes de ingresar al Gobierno.

Pues el Presidente, al 10 de diciembre pasado, cuando asumió el cargo, declaró en su patrimonio una coupé Peugeot de 2013 y una camioneta Mercedes-Benz Sprinter de 2015, depósitos en pesos por $11.590.000 (casi US$13.975 al dólar oficial de entonces) y en dólares por casi US$28.900, y efectivo en moneda nacional por $28.000 (unos US$340) y en la estadounidense por US$4.275. Es decir, en total, unos US$47.500 en ahorros líquidos. Se trata de una cifra relativamente modesta en relación a los US$10.000 o US$25.000 que él decía cobrar el año pasado por cada conferencia que ofrecía. Es menos que los US$51.200 que le costó clonar a su perro muerto, Conan, del que habla como si siguiera vivo. Se trata de un sexto de los US$7.600 del precio promocional que le habría dejado el empresario Eduardo Elsztain para alojarse 50 días en su hotel Libertador antes de llegar a la presidencia argentina, una cifra que revelaron fuentes del sector hotelero y que el vocero Manuel Adorni alguna vez se comprometió a informar pero nunca lo hizo.

Fue el diputado Nicolás Massot quien planteó dudas sobre una supuesta subdeclaración de bienes del jefe de Estado, en una carta abierta publicada en Infobae: “¿Qué pasó con tus numerosas conferencias por las que cobrabas 'entre 10 y 20 mil dólares cada una' o con las ventas de tus libros que 'la gente compra mucho porque escribo cosas interesantes'? Interesante hubiera sido ver tan cuantiosos ingresos reflejados y declarados. Quiero creer que los rumores que circulaban mientras eras diputado y candidato de que una moto buscaba los sobres con dólares después de tus charlas son falsos. Que deben estar todos debidamente facturados, los impuestos pagados, que debe ser un gran malentendido y que tu contador omitió reflejar tan exitosa carrera y tan abultados honorarios en tu declaración. Sería bueno que lo expliques, porque tu declaración jurada no lo hace. No que expliques las conferencias o tu asesoramiento a privados, ya que el ejercicio de la profesión es totalmente compatible con la actividad legislativa. Lo que nunca es compatible es evadir impuestos”. ¿Se atreverá a investigarlo la jefa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi, cultora del bajo perfil?

Con una trayectoria en el negocio financiero, el ministro de Economía, Luis Caputo, declaró dos Kia Carnival, uno de 2008 y otro de 2018, y un Volvo de 2008. En el exterior tiene depositados US$ 1.339.000 y acciones por US$645.000 en las sociedades Sacha Rupaska y Palmeral Chico -dueñas de campos santiagueños deforestados y en disputa con campesinos-, la consultora económica y financiera Anker Latinoamericana –que cerró al ingresar al Gobierno– y Ancora Invesments LP, un fondo de inversión con sede en Canadá, a pesar de que Caputo lo registró en su declaración jurada patrimonial como ministro en el rubro “títulos privados en el país”. Es decir, suma inversiones por casi US$ 2 millones en total. Su par del Interior, Guillermo Francos, un hombre de la casta política, tiene una todo terreno Nissan de 2016, depósitos locales por $1,8 millones (equivalentes a US$2.100) y en el exterior por US$217.000 y acciones en la firma argentina Ovo Prime por US$32.400. O sea, casi US$250.000.

La canciller Diana Mondino, de familia empresaria y trayectoria como directora de grandes empresas, cuenta con un Mercedes-Benz de 2013, depósitos en el país por $4,4 millones (equivalentes a US$5.400) y por US$32.600, US$ 1,1 millones en cuentas en el extranjero, acciones en empresas por US$8,4 millones -sobre todo en Tenaris y Ternium (siderúrgicas del grupo Techint), Banco Roela (propiedad de su familia), la constructora cordobesa Monitora SA y la agropecuaria Inversora Santa Esperanza SA, aunque también en Pampa Energía, Aluar y BBVA- , bonos püblicos y algunos privados por US$874.000 y otros bienes en el exterior por US$352.000. Es decir, más de US$10 millones de fortuna en inversiones varias.

Otro millonario es el abogado Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia y con un pasado repleto de clientes millonarios o polémicos, pero sobre todo por sus casi 30 inmuebles. Tiene un Audi de 2011 y una Honda Rural de 2016, depósitos locales por $215 millones (US$260.000) y US$3.700, fondos en el exterior por US$ 6 millones y S400.000 (US$480) en efectivo. El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que trabajó con Milei en el grupo de Eduardo Eurnekian, cuenta con un MGB convertible de 1980, una todo terreno Mitsubishi de 2013 y un BMW de 2021, depósitos por $12,5 millones (US$15.000) y US$200, unos $18.598 (US$20) en un fondo común de inversión, títulos públicos en dólares por US$75.000, bonos del Tesoro estadounidense por US$3.200, acciones en la Inmobiliaria Greco valuadas en sólo US$13, un canuto de US$15.000 y unos $150.000 (US$180) en efectivo.

El ministro de Defensa y exdiputado radical, Luis Petri, dispone de una pick up Chevrolet S10 de 2018 y un Fiat 600, el legendario Fitito, de 1973. Depositado tiene $858.000 (unos US$1.000) y otros US$12.000. Su par de Seguridad, Patricia Bullrich, otra de la casta política, tiene una Ford Ecosport de 2013, depósitos en pesos por $1.386.000 (US$1.600) y en dólares por apenas US$ 38, y en efectivo otros $300.000 (US$360). Con tan poco dinero declarado, varios ministros como Bullrich difícilmente puedan ser de las que no miran su recibo de sueldo, como dice Milei.

Otra de patrimonio acotado es la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se registró como monotributista en 1997, pero no hizo aportes hasta 2018, mientras recibió ayuda familiar para investigar la “memoria completa”. Después asumió como diputada en 2021. Dispone de depósitos por $609.000 (US$736), cash por $900.000 (US$1.000) y por US$420.

El jefe de la cartera de salud, el médico cardiólogo Mario Russo, tiene un Chevrolet de 2023, depósitos por $354.000 (US$428) y US$38 y un canuto cash de US$5.600 y $4,9 millones (US$5.900). Su colega de Capital Humano, Sandra Pettovello, exproductora periodística, cuenta con dos autos, uno de 2012 y otro de 2016, pero no declaró la marca. En cambio, registró que uno de ellos fue regalo de su marido –no aclara cuál, pero no sería el actor Pablo Rago, con quien sólo estuvo casada de 1993 a 1994–, aunque lo cotizó a $1. O lo subvaluó o el esposo le obsequió menos que chatarra. Depositado tiene $379.000 (US$450), en cash suma $378.000 y US$4.600 y en un fondo común de inversión otros $68.000 (US$80).

AR/JJD

Javier Milei, el presidente que llegó al poder con el objetivo de dolarizar la economía, presentó su primera declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. No hubo sorpresas en cuanto a lo que tiene sino a cómo conserva parte de su capital: en pesos. Dice que su patrimonio es de $54 millones. Se entiende por patrimonio al total de “bienes, depósitos y dinero”, este último aparece discriminado por moneda y si está conservado en depósitos bancarios o efectivo.

Entre lo que declaró aparecen un departamento de 100 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, valuado en $ 6,6 millones; una camioneta Mercedes Benz Sprinter, modelo 2015, y valuada en $2,4 millones, y un Peugeot Rcz Coupé, de 2013, valuado en $3,6 millones. También depósitos de dinero en el país en cajas de ahorro en pesos por 11.571.131,43 y en caja de ahorro en dólares por un monto pesificado al valor del dólar oficial del 31 de diciembre del año pasado de $23.948.002,26.

Milei informó los mismos bienes e inmuebles que figuran en su última declaración, cuando era diputado nacional, pero detrás de esto hay otra polémica. El 9 de octubre del año pasado, el presidente visitó el estudio de Radio Mitre en su carácter de candidato. Fue invitado por el Eduardo Feinmann. Durante la entrevista, el periodista económico Guillermo Laborda le preguntó: “¿Qué le recomendás a una persona (a la) que hoy le vence un plazo fijo en pesos? ¿Que compre dólares ya?”. La respuesta dejó en silencio a todos. “Jamás en pesos. Jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para bono”, lanzó Milei.

Un día después, el libertario Ramiro Marra, que por aquel entonces era candidato a jefe de gobierno porteño por La Libertad Avanza, escribió en su cuenta de la red social X: “Hoy más que nunca: NO AHORRES EN PESOS. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo (sic)”. Aquella semana el dólar trepó a los $1000 y se desencadenó una ola de críticas contra estas expresiones.

Sergio Massa, que se desempeñaba como ministro de Economía y aspiraba a la presidencia por Unión por la Patria, acusó a Milei de “estar timbeando el ahorro de la gente” para sumar un voto más. Las entidades bancarias rechazaron las declaraciones. “Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población”, dijeron en un comunicado. También, muchos economistas lo repudiaron.

El entonces presidente Alberto Fernández decidió denunciarlo el 11 de octubre por el delito de “intimidación pública” ante los tribunales federales de Retiro. La causa quedó a cargo de la jueza María Servini. Ese mismo día, por la tarde, Milei encabezó una conferencia de prensa para responderle a Fernández. Aquella aparición pública fue diferente a todas: ni en la caja de una camioneta, ni con una motosierra en la mano, ni cantando Panic show, ni a los gritos en un estudio de televisión. De traje, sentado detrás de una mesa junto a Ramiro Marra, que también había sido denunciado por lo mismo. “Si quieren detener a los culpables, mírense al espejo”, le dijo a quienes encabezaban el gobierno por aquel entonces. La denuncia fue archivada el 12 de diciembre por el juez federal Julián Ercolini por inexistencia de delito.

La declaración jurada de Javier Milei

El patrimonio de los funcionarios de Javier Milei

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación

Declaró bienes por un total de $2.864.834, entre los que se destacan un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, $900.000 en efectivo y US$2.000 dólares también en billete.

Karina Milei, secretaria General de la Presidencia

“El Jefe”, como le dice Milei a su hermana Karina, parece ser la persona más austera del gabinete. Su declaración jurada dice que tiene $260.152,99 en cajas de ahorro en moneda local mientras que en una caja de ahorro en dólares tiene el equivalente a $28.030,20 (siempre al valor del dólar oficial del 31 de diciembre de 2023). Además es dueña de un departamento en la localidad bonaerense de Vicente López, de 150 m2 valuado en 1.415.525,36.

Nicolás Posse, jefe de Gabinete

Tiene un patrimonio de $185.077.269,40. Se destacan cuatro propiedades, incluido un lote en Punta del Este; tres autos (un MGB convertible de 1980, una Mitsubishi Outlander Sport y un BMW 218i); un motovelero y bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Guillermo Francos, ministro del Interior

Tiene bienes por un monto de $334.417.959,31 gracias a sus seis inmuebles, una Nissan Murano Xtronic CVTI y depósitos en el exterior (por consiguiente, en moneda extranjera) por el equivalente a casi 180 millones de pesos, entre otros.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano

Tiene $52.313.872,98, que incluye tres departamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahorros en pesos, en dólares y títulos públicos y pivados.

Mario Russo, ministro de Salud

Declaró bienes, depósitos y dinero por $48.536.240,85 entre una camioneta Chevrolet Equinox modelo 2023 y dinero depositado en cajas de ahorro en pesos y dólares y guardado en efectivo en ambas monedas.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia

Dio a conocer bienes por un total de $6.627.966.485,97. Esto está compuesto por 24 departamentos (uno de ellos en Miami), seis casas (una en Uruguay), dos autos (un Audi Q5OT y una Honda Rural CRV LX) y depósitos en el exterior por un valor equivalente a $4.984.470.317,93 (a cotización oficial del cierre de 2023; hoy sería más). Con todo esto, Cúneo Libarona lidera holgadamente el ránking de la riqueza de los miembros del Gobierno de La Libertad Avanza.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad

Tiene un patrimonio de $55.895.701,80. Incluye un departamento, una cochera, campos, una camioneta y dinero en cajas de ahorro en pesos, en dólares y guardado en efectivo.

Luis Petri, ministro de Defensa

Él sorprendió al incluir en su declaración jurada -además de una camioneta Chevrolet S10- un Fiat 600 de 1973, valuado fiscalmente en $26.000. En total tiene $15.378.999,14. 

MM

Todos los candidatos y candidatas a cargos nacionales -ya sean ejecutivos o legislativos- deben presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA) una vez que se oficializan las candidaturas, luego de las elecciones primarias. En estas declaraciones los postulantes deben detallar sus ingresos y sus bienes.

Esta semana se publicaron los documentos oficiales que dan cuenta de los patrimonios de los 5 candidatos presidenciales: Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Sergio Massa (Unión por la Patria), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de Trabajadores). Los datos presentados corresponden al cierre del ejercicio 2022. 

¿Qué bienes declararon los 5 candidatos presidenciales?

Según las declaraciones presentadas, quien más dinero declaró es Schiaretti. El gobernador de Córdoba reportó bienes por más de $ 80 millones (equivalentes a US$ 457.462 al dólar oficial o US$ 231.706 al blue, según las cotizaciones del 30 de diciembre de 2022). Más de la mitad de ese patrimonio corresponde a una casa de 567 metros cuadrados en el Barrio Chateau Carreras, en la ciudad de Córdoba. 

Esa propiedad, de acuerdo con la presentación de Schiaretti ante la OA, está valuada en $ 44,2 millones, y -según pudo averiguar Reverso, alianza coordinada por Chequeado y AFP- fue declarada a valor de adquisición y no a valor fiscal (es decir, se tiene en cuenta la base que usa el fisco para el cobro de impuestos y no el valor real de la propiedad), como suele hacerse en estas presentaciones y como hicieron los demás candidatos. Desde la OA aclararon a este medio que el sistema de carga de información ofrece ambas opciones: valor de adquisición y valor fiscal.

En su presentación como gobernador de Córdoba, Schiaretti declaró esa casa en US$ 250 mil, el equivalente a $ 44,2 millones de acuerdo con la cotización oficial al 31 de diciembre de 2022, que era de $ 175,25.

Además, Schiaretti declaró casi $ 30 millones en 2 seguros de retiro (que también informó en moneda extranjera en su reporte provincial), ahorros en pesos por $ 673 mil y US$ 23.400. Se trata del candidato que más patrimonio en moneda extranjera declaró. 

En comparación con el patrimonio declarado a comienzos de 2022, Schiaretti presentó un incremento patrimonial del 0,7% real (es decir, contemplando el efecto de la inflación). En dólares, la suba fue del 0,75% respecto del dólar oficial y del 4,3% según el valor del blue.  

En segundo lugar se ubica Patricia Bullrich, que reportó un patrimonio de $ 24,6 millones (equivalentes a US$ 140.494 al dólar oficial o US$ 71.160 al blue). Según los datos oficiales, el patrimonio de la candidata de Juntos por el Cambio también está representado en gran medida por inmuebles. Informó un departamento con cochera de 120 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, valuado en $ 12,7 millones; una cochera en la Ciudad valuada en $ 491 mil; y el 33% de un campo que heredó en el partido de Los Toldos, Provincia de Buenos Aires, valuado en $ 8 millones. 

Además, Bullrich informó la posesión de una camioneta Ford Ecosport valuada en $ 1,3 millones. Respecto de sus ahorros, declaró casi la totalidad en pesos: informó que tiene $ 733 mil y sólo US$ 82. 

Respecto al período anterior, Bullrich incrementó su patrimonio un 5,1% real en pesos, el mismo valor en dólares y el 8,9% en dólar blue. 

Milei es el tercer candidato que más bienes declaró. Informó un patrimonio de $ 21,1 millones. Se compone de una casa en la Ciudad de Buenos Aires de 100 metros cuadrados y valuada en $ 6,6 millones. Además, declaró 2 vehículos: una camioneta Mercedes Benz Sprinter, fabricada en 2015 y valuada en $ 2,4 millones, y un Peugeot Rcz Coupé, hecho en 2013 y valuado en $ 3,6 millones. Por último, informó ahorros por $ 2,1 millones y US$ 20 mil. 

Comparado con el período anterior, Milei declaró una caída real del 4,7% en pesos; igual porcentaje de caída en dólar oficial y del 1,3% en dólar blue. 

Por su parte, Massa declaró bienes por $ 19,3 millones. El Ministro de Economía informó la titularidad de 2 casas ubicadas en Tigre, que en conjunto suman mil metros cuadrados y un valor fiscal de $ 14,4 millones. También posee una camioneta Volkswagen Tiguan modelo 2011 valuada en más de $ 2 millones y ahorros por casi $ 462 mil y sólo 33 centavos de dólar. 

En comparación con el inicio del período, de la presentación de Massa se deduce que incrementó su patrimonio un 4,3% real en pesos, el mismo porcentaje respecto al dólar oficial y el 8% respecto del dólar blue. 

Finalmente, Bregman es la candidata que menor cantidad de patrimonio declaró: casi $ 888 mil al cierre del año 2022. La diputada nacional informó la titularidad del 25% de una propiedad ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, por un valor fiscal de $ 30.500; depósitos en pesos por $ 843 mil y casi US$ 77. 

Declaraciones juradas: valuaciones fiscales y patrimonios alejados de los reales

Sin perjuicio de que se trata de documentos oficiales y legales, las declaraciones juradas patrimoniales que se presentan ante la OA, en gran medida, no representan los patrimonios reales de los funcionarios. La razón principal de esta distancia entre la documentación oficial y la realidad es que los inmuebles y los vehículos se declaran a valor fiscal, es decir, el precio que le asigna el Estado para el cobro de impuestos, y no al valor de mercado. La Ley 26.857, que regula la presentación de las declaraciones juradas, equipara la información que debe presentarse ante la OA con la que se presenta ante la AFIP.

Las diferencias entre ambas valuaciones (fiscal y de mercado) son significativas. Sebastián Domínguez, contador público y socio de SDC asesores tributarios, explicó a Chequeado que la valuación fiscal es menor a la valuación de mercado porque las jurisdicciones provinciales no realizan la actualización de los valores de las propiedades todos los años. 

Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires la ley dispone que el revalúo debe realizarse “al menos una vez cada 10 años”. La última modificación se realizó en 2016 y comenzó a aplicarse en 2018. 

“Es difícil que el Estado pueda pedir que no sean a valor fiscal. Lo que está mal es el valor fiscal que le pone el Estado a las propiedades y a los autos. Me parece que la discusión tiene que pasar por ahí y no porque pongan un valor real, porque el valor real también es muy relativo. Con un departamento, vos podés poner el valor de cuando lo compraste, por ejemplo, pero no vas a saber cuál es el valor en este momento si no lo vendés efectivamente, por eso se manejan con los valores fiscales. Habría que preguntarse por qué el Estado no actualiza esos valores en particular”, explicó a Reverso Pablo Secchi, director ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano.

La ley que regula el sistema está vigente desde 2013. Fue impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria) e incorporó algunas cuestiones positivas, como la ampliación del universo de funcionarios alcanzados y la publicidad activa en la web de la OA. Sin embargo, especialistas consideran que en algunos puntos significó un retroceso. “La ley entorpeció el sistema principalmente porque no se puede ver el patrimonio de los familiares”, explicó Secchi, quien señaló que Poder Ciudadano presentó un amparo contra la ley por este punto y lo ganó, aunque la OA argumenta que es necesaria una reforma de la ley para volver al sistema anterior, en el que sí estaban incluidos los bienes de los familiares en el anexo público. Con el sistema actual, esos bienes están en el anexo reservado, al que no se puede acceder. 

Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señala que la actual ley “posibilita que el acceso a cierta información muy relevante sea restringida a través de la reglamentación”. La ley estableció que la declaración jurada debía tener un anexo secreto con la información sensible. “Si interpretáramos textualmente la letra de la ley, sólo debería resguardarse en el anexo reservado aquella información considerada sensible, como los números de cuentas bancarias, los domicilios de bienes inmuebles y las patentes de automóviles, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, al haber sido establecido en la reglamentación que los anexos públicos serían iguales a los formularios de la AFIP, y éstos no contienen información patrimonial de los familiares del declarante, la información referida a los cónyuges e hijos del sujeto obligado pasaron a integrar el anexo reservado”.

Lo mismo ocurrió con la información que da detalle de los empleos anteriores del funcionario, “la cual es muy útil para mantener el control sobre posibles conflictos de interés”, señaló la ACIJ. Y concluyó: “La posibilidad de controlar las variaciones del patrimonio de los familiares del sujeto obligado es muy útil para detectar eventuales casos de enriquecimiento injustificado y, asociado a ello, casos de corrupción”.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral. Las vías de contacto para sumarse son:

por mail a info@chequeado.com,

por WhatsApp y /ReversoAr en todas las redes.

Autores: Manuel Tarricone y José Giménez

Edición 1: Matías Di Santi

Edición 2: Ana Prieto

Todos los 18 de abril es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Es una fecha impulsada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y que tiene la aprobación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La efeméride fue propuesta por el ICOMOS el 18 de abril de 1982 y aprobada por la Asamblea General de la UNESCO en 1983. Su fin original fue promover la concientización acerca de la diversidad del patrimonio cultural de la Humanidad, de su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren para su protección y conservación.​

Los monumentos son símbolos de memoria, valores y reflexiones a los cuales los seres humanos se han enfrentado. Es por eso que la UNESCO enfatiza la necesidad de respetar los distintos símbolos como forma de garantizar la libertad de expresión y cultural de las sociedades, y llama a los distintos estados y organizaciones a preservarlos.

En este día internacional, es importante conocer toda la riqueza que posee la Humanidad en cuanto a patrimonios históricos para poder conservarla y preservarla. La Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO establece que la desaparición, daño o deterioro de un bien cultural genera un empobrecimiento del patrimonio de todos los pueblos del mundo.

Lema 2023: “Patrimonio en transformación”

Cada año, el ICOMOS propone un tema para las actividades que organizan sus miembros y socios, así como la sociedad en general y todos aquellos que se quieran unir a la celebración. Para este 2023, el tema es "Patrimonio en transformación".

LC

En noviembre pasado se subieron a la web las declaraciones juradas patrimoniales del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y su gabinete. Pocos días después el periodista Jorge Lanata denunció un supuesto ocultamiento de una casa y tres departamentos en Bariloche del ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, que negó el presunto encubrimiento. En septiembre de cada año se solían difundir las de su par porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y sus ministros, pero por cuestiones operativas de la construcción de la página de la nueva Oficina de Integridad Pública aún no se subieron a Internet. A pedido de elDiarioAR, este organismo de la ciudad suministró con rapidez las declaraciones correspondientes. A partir de estas y de las bonaerenses, todas presentadas en 2022, con los patrimonios de los funcionarios al 31 de diciembre de 2021, este cronista las comparó con las más antiguas de esos mismos políticos que están disponibles en la web, de modo tal de advertir cómo varió su fortuna en los últimos años. Veamos.

En la provincia de Buenos Aires no se informa, por ejemplo, ni la antigüedad ni la marca de los autos ni los metros cuadrados de los inmuebles. En el caso de Kicillof, tiene declarados un auto, su casa en el barrio porteño de Agronomía, otro departamento en la ciudad y el 25% de dos propiedades que heredó su esposa, Soledad Quereilhac (una parcela en Pilar y otro piso en la capital). Desde 2012, el año más antiguo del que se disponen de declaraciones online a nivel nacional, cuando Kicillof era viceministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, el actual gobernador sumó ese departamento porteño, pero redujo la cantidad de vehículos de dos a uno y vendió la casa de veraneo y los dos lotes que tenía en Uruguay, más precisamente en El Ensueño, un balneario a 23 kilómetros de Colonia del Sacramento.

En la ciudad, Larreta declaró el departamento de 200 metros cuadrados donde vivía en Recoleta con su ex esposa, Bárbara Diez, que en la declaración 2022 todavía figuraba como cónyuge. También tiene dos lotes heredados, uno en Pilar y otro en Villa La Angostura, y además compró con un crédito en 2014 -cuando era jefe de gabinete (2007-2015) del gobierno porteño de Mauricio Macri- un terreno de 1.774 metros cuadrados en Benavídez, a medias con su pareja de entonces. Además tiene participaciones del 7% al 11% en cuatro sociedades agrícolas, también heredadas. No cuenta más con auto, como sí tenía en la más antigua declaración patrimonial entre las disponibles en la web, la de 2016. A su vez, Diez recibió como herencia porciones menores, del 6% al 13%, de dos pisos, una casa, una cochera y un auto. La wedding planner (planificadora de bodas) adquirió con un préstamo en 2012 una casa de 885 m2 en Benavídez y un año antes se había hecho con una camioneta cero kilómetro Honda. En la declaración de 2016 figura que Diez le prestó el equivalente a casi US$ 12.000 -al tipo de cambio oficial- a su empleada doméstica y madrina de su última hija. Ese crédito fue destinado por su asistente a la compra de un monoambiente en Recoleta por US$ 65.000 en 2015. En la declaración de 2018 del jefe de gobierno porteño, esa deuda ya no figuró porque, según informaron sus voceros, se saldó a lo largo de los dos años anteriores.

El jefe de gabinete de Larreta, Felipe Miguel, tenía cuando asumió su cargo, en diciembre de 2015, un apartamento de 375 m2 en Recoleta, una cochera en el mismo barrio y el 50% de otro piso de 75 m2 en Palermo, donado por su familia en 1994. En 2017 se compró un lote de 2.052 m2 en el country del Club Universitario de Buenos Aires (CUBA) en Fátima, donde a fines de 2021 figuraba que seguía construyéndose una casa. En 2020 recibió otra donación familiar, del 50% de un piso de un departamento de 80 m2 en Palermo. En cuanto a vehículos, en 2015 contaba con dos autos y una moto. Ahora dispone de dos coches, ambos Volkswagen, comprados nuevos en 2018.

En la declaración de su par bonaerense, Martín Insaurralde, aparece una lista de bienes declarados bastante escueta. Figura que tiene una casa en Lomas de Zamora y acciones de Sasaxa Líbero SA, dueña de la casa de pastas Andiamo. Ambos activos también eran los que aparecían en su patrimonio de 2012, cuando era intendente de ese partido del sur del conurbano. Insaurralde no declara como esposa a Jessica Cirio ni tampoco sus bienes. La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, cuenta con dos departamentos en territorio porteño. En 2012, cuando era presidenta del Concejo Deliberante de La Matanza, declaraba esos mismos pisos y otros dos inmuebles de los que se desprendió: un local en la capital y una casa quinta en Monte Grande.

Entre los ministros de Kicillof, Berni es el más afortunado. En cuanto a vehículos, tiene dos autos y una lancha, mientras que su mujer, la diputada Agustina Propato, cuenta con una moto. En 2012, cuando era secretario de Seguridad de la Nación, contaba con cinco coches, tres más que ahora. Su esposa también se deshizo del auto que tenía hace 11 años, cuando era directora nacional de Prevención del Delito. En comparación con 2012, ahora sumó dos fideicomisos inmobiliarios en Escobar, amplió de dos a tres la cantidad de departamentos en la ciudad de Buenos Aires, su mujer -que antes no era propietaria- compró dos, él sigue teniendo un terreno en Tigre y dos en Lima (partido de Zárate), añadió otro en Bariloche y uno con casa en construcción en El Calafate; pasó de uno a tres lotes en El Chaltén, dos de ellos con cabañas para alquilar; y sostiene su casa en la capital -aunque se la donó a su hijo, de ocho años-. Ya no tiene, como hace 11 años, un local en Río Gallegos ni otro inmueble en 28 de Noviembre, un pueblo vecino a la mina de carbón de Río Turbio donde actuó como médico.

Berni sigue teniendo, como en aquel entonces, la empresa Logística Integral Río Turbio SA, cuya actividad principal, según los registros oficiales, son las obras de ingeniería e hidráulicas y el rubro inmobiliario. En 2012, la compañía estaba valuada en $ 160.000, el equivalente a US$ 37.000 al tipo de cambio oficial. En 2022 cotizaba a $ 86 millones, lo que suponen US$ 843.000, siempre según las declaraciones patrimoniales del ministro. Es decir, la valuación de las acciones del funcionario en la firma se multiplicó por 22. Logística Integral Río Turbio es la propietaria de la mansión y los tres departamentos en Bariloche que identificó Lanata y que, según el vocero de Berni, están declarados debidamente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Tras el informe periodístico, los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Juan Manuel López denunciaron al ministro y a su esposa por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, evasión agravada, lavado de activos y falsedad documental.

En la Ciudad

Veamos qué otros cambios se produjeron en los patrimonios de los ministros tanto de la ciudad como de la provincia en los últimos años. El de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, que acaba de pedir licencia por sus polémicos vínculos con el Poder Judicial y el empresariado, incluidos los contratistas de la ciudad, incorporó algunos bienes a su patrimonio desde que entró al gobierno de la capital en 2007. En estos 16 años, D'Alessandro siempre trabajó en el mismo ministerio, salvo el periodo 2013-2016 en que fue diputado. En 2013 se compró con un crédito una casa de 458 m2 en Lomas de Zamora. En 2016 antes adquirió un Jeep modelo 2012.

El ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, se estrenó en política en 2015 a cargo del proyecto Red Pública de Salud del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En 2017 adquirió un Mercedes-Benz cero kilómetro y entre 2018 y 2021 su esposa se hizo con un Nissan nuevo y una Chevrolet Tracker modelo 2016. Su par bonaerense, Nicolás Kreplak, pasó de tener un departamento en la capital y un auto en 2012, cuando era subsecretario de Salud de la Nación, a contar en 2022 con una casa en la misma ciudad, comprada con fondos propios y financiamiento, y sigue disponiendo de un vehículo.

Concentrémonos ahora en la ciudad de Buenos Aires. La ministra de Educación, Soledad Acuña, se desempeña desde 2007 en el gobierno porteño. Desde entonces compró en 2016 el 50% de una cochera en Palermo. Su par de Cultura, Enrique Avogadro, también trabaja en la administración pública de la capital desde hace 16 años. En 2016 adquirió la mitad de un lote de 5.000 m2 en Carmen de Areco. Su colega de Desarrollo Económico, José Luis Giusti, entró al gobierno porteño en 2007 y sólo cambió de patrón entre 2009 y 2015, cuando se desempeñó en la Universidad de Buenos Aires (UBA). En 2014 se hizo con una casa de 900 m2 en Pilar; en 2019, de un campo de 116 hectáreas en Ullum, provincia de San Juan; y en 2021, de un auto Kia modelo 2020.

El ministro de Gobierno, Jorge Macri, entró como diputado bonaerense en 2005 y desde 2011 fue intendente de Vicente López por diez años. En estos 18 años incorporó diversos bienes a su patrimonio: en 2016, cuando su primo Mauricio transitó el primer año de su gobierno, sumó un Chevrolet modelo 1961, un yate (25% del mismo) y una moto BMW y en 2021, un 50% de un Toyota Corolla nuevo. En 2020 invirtió en un fideicomiso inmobiliario $ 27,2 millones a cotización de diciembre de 2021, que equivalían a US$ 267.000 al dólar oficial. Su par de Desarrollo Social, María Migliore, se incorporó al gobierno porteño en 2016. Al año siguiente su marido compró el 50% de un departamento de 100 m2 en Recoleta. El ministro de Hacienda, Martín Mura, es otro de los que se sumó en 2007 a la administración pública de la ciudad. En 2012 adquirió el 50% de Peugeot Rural cero kilómetro; en 2013, un 80% de una casa de 164 m2 en Belgrano; en 2015, un 50% de una quinta en Benavídez y un 50% de un Peugeot 208; en 2016, un 25% de otro inmueble en City Bell y en 2017, una moto Piaggio nueva. Por último, su par de Espacio Público, Clara Muzzio, entró al gobierno pórteño en 2010 y desde entonces compró un lote de 700 m2 en Bella Vista, en 2020, y el 50% de un Peugeot 408, que era nuevo cuando lo patentó en 2013.

En la Provincia

Pasemos a la provincia de Buenos Aires. La ministra de Ambiente, Daniela Vilar, tenía un auto cuando asumió como diputada en 2019. Sigue teniendo uno. La de Comunicación, Jesica Rey, no tenía ni propiedades ni autos en 2012, cuando ya era vocera de Kicillof. Ahora tiene un piso en la capital, tres autos -dos adquiridos con ingresos propios, al 50% y al 100%, y otro heredado al 50%- y tres departamentos recibidos en donación familiar en La Plata. Su par de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, incorporó entre 2012, cuando era subsecretario de Planificación Económica de la Nación, y 2022, dos casas en Pilar. Su colega de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, alias El Cuervo, tenía un apartamento de 45 m2 en 2012, cuando era diputado, y ahora sólo tiene un coche.

La ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, sumó a su patrimonio un auto y una cochera en la capital desde 2012, cuando presidenta del Instituto Eva Perón, su tía abuela, en el gobierno de Cristina Kirchner. Su par de Hábitat, Agustín Simone, incorporó una moto más a su patrimonio, con lo que totaliza dos, desde aquel 2012, en que era director de proyectos con el Banco Mundial en el Ministerio de Economía de la Nación. Su colega de Hacienda, Pablo López, tenía en 2012, cuando era director nacional de Política Macroeconómica, un departamento en la ciudad de Buenos Aires -sigue contando con uno-, un auto -ahora tiene dos pero al 50%- y el 25% de ocho pisos recibidos por donación familiar aquí mismo, pero ahora ya no figuran en su declaración.

El ministro de Infraestructura, Leonardo Nardini, disponía en 2012 de un auto. Entonces ocupaba el cargo de coordinador en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ahora no anda motorizado, pero compró una casa en Grand Bourg. Respecto de hace 11 años, cuando Julio Alak encabezaba la cartera de Justicia al nivel nacional, y comparado con la actualidad, en que ocupa esa misma dependencia pero en el ámbito provincial, sumó una casa en Gonnet y se desprendió de dos lotes en esa localidad platense y de dos coches. Además heredó un 20% de un piso en Mar del Plata. La ministra de las Mujeres, Estela Díaz, mantuvo sin cambios su patrimonio desde 2014, el año anterior a asumir como diputada. Su par de Producción, Augusto Costa, cuenta con un auto -no tenía ninguno en 2012, cuando era subsecretario en el Ministerio de Economía de la Nación- y sigue disponiendo de un apartamento en la capital. Fruto de herencias y donaciones familiares, hace 13 años disponía de un 25% de una casa en Pinamar y otro 25% de cuatro departamentos en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, por esta misma vía, cuenta aquí con un 100% de un local, el 12% de otro y el 12% de dos pisos.

El ministro de Trabajo, Walter Correa, modificó su patrimonio respecto de 2016, un año antes de que este sindicalista asumiera como diputado. Hace siete años, tenía dos casas en Moreno -ahora cuenta sólo con una-, otros dos lotes en ese partido del conurbano -ya no los tiene-, un local heredado allí mismo -tampoco dispone más de él- y cinco departamentos en la capital -también desaparecieron de su propiedad-. En la actualidad cuenta con una moto y una inversión en un fideicomiso por $ 21,7 millones de fines de 2021, equivalentes a US$ 213.000 al tipo de cambio oficial. Para terminar, su par de Transporte, Jorge D'Onofrio, si se compara con 2018, cuando era diputado bonaerense, pasó de dos a un auto. En Pilar contaba hace cinco años con terreno al 100% y una casa al 50%. Ahora tiene una sola vivienda pero al 100%. Además sigue disponiendo de una sociedad de responsabilidad limitada (SRL).

AR

Instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y respaldado por el Consejo Coordinador de Archivos Audiovisuales (CCAAA), el 27 de octubre es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. La iniciativa pretende proteger los registros audiovisuales que conservan la memoria histórica de los pueblos, destacando el trabajo de las instituciones que llevan a cabo esa tarea.

Los archivos audiovisuales cuentan historias sobre la vida de las personas y sus culturas alrededor del mundo, por lo que representan un patrimonio invaluable y son parte de la memoria colectiva. De ahí la importancia de conservarlos y asegurar que permanezcan accesibles al público, ya que son una valiosa fuente de conocimientos que reflejan la diversidad cultural, social y lingüística de nuestras comunidades.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la importancia de este día es por la función que cumplen los archivos audiovisuales de preservar la historia, la verdad y las vivencias de la humanidad para las próximas generaciones. De ahí su importancia que esos contenidos sean protegidos y almacenados para garantizar su accesibilidad y que sirvan para recordar y contar el pasado, aprendiendo de los errores.

En la actualidad, el patrimonio audiovisual mundial está en un estado vulnerable, en especial el del siglo XX que se encuentra en estado crítico. Los dispositivos de aquella época son muy sensibles y, a medida que pasan los años, mayor es el riesgo de que sus grabaciones fotográficas o de sonido se pierdan. Por eso, es vital respaldarlas en distintas plataformas para asegurar su continuidad.

Tomando como referencia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la preservación del patrimonio documental como recurso de información, educación, conocimiento general, cultura popular y artística cumple con las metas de “acceso público a la información” y de “libertades fundamentales”.

De acuerdo con la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional (CiNAIN), el patrimonio audiovisual es clave para el desarrollo de la memoria nacional, ya que fortalece nuestra identidad. Su conservación no es un gasto cultural, sino una inversión y obligación del Estado, al ser un derecho de los ciudadanos a la memoria, a la libertad de expresión y de información, que fortalecen las sociedades democráticas.

LC

El presidente Alberto Fernández calificó este jueves como “una manipulación de la realidad” y rechazó una información periodística que afirma que él y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner triplicaron el monto de sus bienes en el último año, lo cual responde a “intereses políticos y económicos perfectamente identificados”.

“He hecho de mi honestidad un valor supremo. Pongo todo mi empeño para que en mi Gobierno la transparencia de la gestión”, aseguró el presidente, quien puntualizó que sus bienes “son exactamente los mismos” que tenía cuando accedió a la primera magistratura, y que “nada se incrementó” en su patrimonio en una carta dada a conocer en las últimas horas por la Presidencia.

El jefe de Estado aseguró que el aumento del valor de sus bienes constituye “solo el efecto de los revalúos dispuestos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Administración Federal de Impuestos (AFIP), que han determinado que esos valores crezcan tanto como las autoridades han ordenado”.

Además, sostuvo que la mención que hace el diario “La Nación” a Cistina Fernández de haber “triplicado su patrimonio” es “absurda” a poco que “se repare en que, en virtud de las inhibiciones de bienes dispuestas en los diversos procesos al que se ha visto sometida en los últimos años, su capacidad de disposición patrimonial ha quedado acotada tan solo al manejo de sus ingresos previsionales”.

La carta completa publicada por el Presidente

En 1998, Tomás Eloy Martínez escribió un formidable Decálogo del Periodista. Diez reglas que, de cumplirse cabalmente, ennoblecerían la labor de quien informa. El séptimo mandamiento de ese decálogo reza que todo periodista debe “evitar el riesgo de servir como vehículo de los intereses de grupos públicos o privados”.

Hace dos años atrás, prologando un libro titulado “Periodismo. Instrucciones de uso. Ensayos sobre una profesión en crisis”, Reynaldo Sietecase sostuvo que “en el fragor de la pelea política dejó de ser relevante si lo que se comunica es cierto. Lo que importa es su efecto. Para algunos esa lógica se hizo habitual a la hora de comunicar”.

Esta mañana amanecí y vi que el diario La Nación encabezaba su edición con un título a cuatro columnas que dice textualmente “Se triplicaron en un año los patrimonios de Fernández y de Cristina Kirchner”.

Nunca me canso de decir que soy, en esencia, un profesional de la clase media. He sido criado en una familia en la que el padre era un juez que al tiempo de ser cesanteado en agosto de 1976 por quienes asaltaron el poder de la república, vivía en una casa alquilada en Villa el Parque y poseía un automóvil Cadillac modelo 1949. En el barrio, no era “el hijo de la familia acaudalada”. Era simplemente “el hijo del juez” y ese era mi mayor orgullo.

Crecí, recibí educación pública, me gradué en abogacía, construí una familia, pude comprar una casa en la que maduró mi hijo mayor, me asocié en la compra de una oficina y pude disfrutar de tener siempre un auto estándar de fabricación nacional. Cosas que ocurren en la clase media argentina.

Con esos bienes accedí a la Presidencia de la Nación. Son exactamente los mismos bienes que hoy tengo. Nada se incrementó en mi patrimonio. Solo el efecto de los revalúos dispuestos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Administración Federal de Impuestos han determinado que esos valores crezcan tanto como las autoridades han ordenado.

Debo confesar que también llamó mi atención la mención que el mismo diario hizo en la misma nota a Cristina Kirchner, atribuyéndole haber triplicado su patrimonio. Semejante conclusión se vuelve absurda a poco que se repare en que, en virtud de las inhibiciones de bienes dispuestas en los diversos procesos al que se ha visto sometida en los últimos años, su capacidad de disposición patrimonial ha quedado acotada tan solo al manejo de sus ingresos previsionales.

Por el respeto que me genera la memoria de mi padre, he hecho de mi honestidad un valor supremo. Pongo todo mi empeño para que en mi gobierno la transparencia de la gestión no se empañe por la inconducta de un funcionario. Por eso duele semejante manipulación de la realidad.

Hasta el más distraído sabe que el diario “La Nación” hace caso omiso al séptimo mandamiento del decálogo de Tomás Eloy Martínez. A nadie escapa que sirve a intereses políticos y económicos perfectamente identificados. Practica lo que Martín Caparrós llama Periodismo Gillette, un periodismo que dice “fiscalizar el poder” utilizando una doble vara porque en verdad en ese acto de fiscalización sirven a otros poderes. Dichos “medios y sus periodistas -escribe Caparrós- condenan a esos colegas que llaman activistas porque muestran ‘una ideología'. Así postulan que lo que ellos despliegan no es ideología: defender la economía de mercado y la propiedad privada y la delegación del poder no lo es; eso es pelear por la verdad, la libertad, la democracia, todo eso que no se puede cuestionar”.

Periodismo Gillette a juicio de Caparros. Manipulación de la verdad a mi juicio. Otra muestra de la decrepitud que exhibe altivo parte del periodismo argentino.

Qué dice la DDJJ del Presidente

El mandatario nacional declaró un patrimonio de $17.833.320 para el período correspondiente a 2021. De acuerdo a su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Fernández incrementó su patrimonio en un 107% en relación con 2020.

El incremento de su patrimonio tuvo que ver con la nueva valoración que tuvo su departamento en el barrio porteño de Recoleta.

El Presidente informó los mismos bienes que en 2020, siendo su principal activo el departamento que posee sobre la avenida Callao al 1900, valuado en $12,2 millones, $10 millones más que en 2020.

Además, el jefe de Estado tiene parte de su patrimonio a través de la sociedad Inmueble Callao SA, en la que comparte acciones con su amiga de toda la vida y ex ministra de Justicia, Marcela Losardo.

Entre los bienes de Alberto Fernández también aparece un Toyota Corolla 1.8 modelo 2019, valuado en $1.455.000. 

En tanto, tiene deudas por $196.000, dinero en una cuenta bancaria por $444.617, y bienes del hogar por $756.662.

Con sus declaraciones, los integrantes del Poder Ejecutivo cumplieron con la ley de Ética Pública, que establece que los funcionarios nacionales del Poder Ejecutivo y Legislativo deben presentar una declaración jurada patrimonial anual ante la OA.

Con información de agencias.

IG