<![CDATA[elDiarioAR.com - Atentado contra CFK]]> 10 <![CDATA[La declaración de Cristina Kirchner en el juicio por el intento de asesinato, en frases y video]]> La declaración de Cristina Kirchner en el juicio por el intento de asesinato, en frases y video

La expresidenta aseguró ante el Tribunal Oral Federal N°6 que "marcaron" su despacho para atacarla, a la vez que dijo que algunos grupos iban a su casa para insultarla. "Marcaron mi despacho para atacarme", aseveró, a la vez que dijo: "No tenemos ninguna novedad de parte de la Justicia".

Cristina Kirchner declara este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py en el juicio sobre el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022 y que tiene como acusados a los integrantes de “La banda de los copitos”.

La expresidenta aseguró que “marcaron” su despacho para atacarla, a la vez que dijo que algunos grupos iban a su casa para insultarla. “Marcaron mi despacho para atacarme”, aseveró, a la vez que dijo: “No tenemos ninguna novedad de parte de la Justicia”.

La exvicepresidenta manifestó, además: “Había grupos que venían a mi casa y me insultaban. Las agresiones fueron peor después de la pandemia”.

Estas son las frases más salientes de su declaración:

El clima previo al atentado

  • Después de la pandemia, los episodios de violencia política fueron in crescendo. Recuerdo, por decir algunos, las guillotinas en la Plaza de Mayo, las bolsas mortuorias en la Casa Rosada, o en mi casa de Juncal y Uruguay, donde periódicamente, cada semana o quince días, venía una traffic, una combi, de la cual bajaban señoras y señores un poco más grandes, que ponían marchas militares e insultaban durante un buen rato, y después se iban.
  • Bueno, imposible no recordar la destrucción de mi despacho como vicepresidenta, el día en que se discutía el acuerdo con el FMI. Lo curioso de ese día es que había una gran manifestación, que estaba obviamente en contra de la firma del acuerdo, que se estaba discutiendo en diputados en ese momento. Y era de público y notorio, además, la postura nuestra respecto de ratificar ese acuerdo a punto tal de que el presidente de bloque había renunciado para no tener que votar afirmativamente, con lo cual era clara nuestra postura en contra.
  • Los que fueron a manifestar en contra también apedrearon mi despacho, que además fue marcado, está probado que previamente se lanzaron bombas de pintura para identificar claramente porque fue exactamente en las tres ventanas que corresponden al despacho del vicepresidente de la Nación.
  • Lo curioso, si es que se le puede dar ese adjetivo, es que durante 30 minutos apedrearon, destruyeron el despacho y ni la policía de la Ciudad de Buenos Aires ni la Policía Federal intervinieron. Es más, había un pelotón de policías de la ciudad colocados sobre las calles laterales del Congreso y en ningún momento recibieron la orden o tomaron la decisión de evitar eso.
  • Paralelamente, también se había provocado una suerte de pegatina en la ciudad, unos carteles que decían, con mi rostro, que yo era responsable de 35.000 muertes de la pandemia. Curiosamente eran 5.000 más de los 30.000 detenidos desaparecidos.
  • Había mucha violencia, que curiosamente todos esos grupos, inclusive los que iban a mi casa e insultaban, a partir del atentado, desaparecieron. A partir del atentado de ese primero de septiembre, no fueron nunca más esas personas que, debo decir, eran muy cuidados por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Se había producido el episodio de las vallas, una mañana, después de aquel histrionismo del fiscal Luciani, que también contribuyó al clima de violencia de una manera que me parece indubitable, porque no fue un alegato en los términos que se prevé en los códigos, las costumbres y cómo debe alegar alguien. Fue directamente una actuación plagada de mentiras, de adjetivaciones, ante la falta de pruebas, mentiras, difamaciones, contribuyendo todo a un clima.
  • Un mes de esa diatriba no se acuerda nadie, porque, claro, había sido preparada pensando que yo iba a ser la candidata a presidenta de la República Argentina y que me iban a tener sentada ahí, acusándome de corrupción. No a mí, al peronismo, además.
  • Cuando desbaraté ese escenario, con Luciani en prime time durante 22 días, que además lo hacía con pantalla partida, de manera tal que él hablaba y estaba la imagen de la puerta de mi casa, insólito, pero de la puerta de mi casa. Esto motivó que cuando finalizara, fuera gente de la gente que siempre iba y que era cuidada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a insultar y agraviar. Esto motivó también la diatriba del fiscal, que las personas que son militantes, simpatizantes, ciudadanos y ciudadanas que no estaban de acuerdo con lo que había pasado, también se convocaran y con mucha mayor cantidad de gente, multitudes, que día a día crecían.
  • Un día me levanto, yo sentía ruidos a la mañana, un sábado creo que fue, si mal no recuerdo, y sentía como que arrastraban cosas y me levanto y bueno, estaba mi casa acercada por la Policía de la Ciudad, con las famosas vallas, también un acto de violencia que sucedió. Sí, claro, ese era el clima, ese era el clima que se venía antes del atentado.
  • Los vecinos de Recoleta no me querían, ni me quieren. 

Otras instancias de violencia, ya sea verbal o física, a lo largo de su trayectoria

  • Contra mí como presidenta, entre los dos periodos, hubo violencia simbólica, no tan simbólica. Traje algunas cosas porque es bueno recordar, mucha gente se olvida de las cosas, pero algunas tapas de medios nada más, no todas porque sería largo. Desde cuestiones que tenían que ver con mi condición de mujer, porque obviamente nadie puede sentirse mal porque lo critiquen cuando hace política, son las reglas de juego, y además hace a la democracia que un gobernante, a quien no comparte lo que está haciendo, alguien pueda criticarlo.
  • Pero tapas como esta, por ejemplo, “El goce de Cristina”, poco tiene que ver con mi condición de presidenta o de política, sino fundamentalmente de mujer, vía crucis, acá crucificada, crucificada, salvo que quieran decir, bueno, la quisimos comparar con Cristo, no me suena, no me suena. Si quieren tomar esa argumentación, por favor, olvídenla.
  • Y también “El negocio de pegarle a Cristina”, hasta con un ojo negro, miren qué contexto actual, hasta con un ojo negro me sacaron y una curita, el negocio, crisis del despoder, el negocio de pegarle a Cristina, tiene actualidad también, ¿no?
  • Como verán, todo siempre se repite, hasta llegar, por ejemplo, esto en la crisis que tuvimos con las patronales rurales en 2008, el principal caricaturista, un gran caricaturista argentino, me caricaturizó con un ojo negro, un ojo negro, 2008.
  • Me acuerdo que tuve una crítica por eso, porque es curioso, pero en ese momento todos saben que yo no soy feminista, pero las feministas ninguna creyó que me estaban agrediendo por mi condición de mujer. Nunca, nunca, nunca nadie dijo nada sobre esto.
  • Era la primera presidenta electa mujer, sigo siendo la única mujer electa presidenta, sufría estas agresiones en mi condición de mujer, sin embargo, y no es que reclame nada, simplemente marcar.
  • Ninguna de las mujeres periodistas que, si bien no comparten nuestra mirada política, dice que yo me quiero hacer la víctima. No, no, no. No, no es una cuestión de hacerse la víctima. Son datos duros y objetivos.
  • Me acuerdo que en aquella oportunidad, cuando se produjo esa caricatura, yo tuve una crítica muy fuerte, y hasta periodistas, que podemos decir que tienen nuestra misma mirada política, lo defendieron a Sabat.
  • La deconstrucción del machismo en la Argentina y la misoginia no es una cuestión menor, se lo puedo asegurar. 

Sobre Gerardo Milman

  • Milman dijo que ‘cuando la maten, voy a estar camino a la Costa’. Es como un nostradamus contemporáneo.
  • Los celulares de sus secretarias fueron borrados por el director de tecnología informativa del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. Todo tiene que ver con todo.
  • No lo conozco personalmente.

El momento del atentado

  • Saludé como todas las noches a la gente y cuando subo al ascensor con Diego Bermúdez, uno de mis secretarios, me dice ‘¿escuchaste un click? A mí me pareció un click de un arma’. Y después me confirmó que había sido un arma y que había capturado a quien la tenía. Ahí me senté a ver televisión y vi la imagen que recorre el mundo.
  • Decían que parecía que yo vi el arma, pero afortunadamente no la vi.

El miedo

  • La verdad que nunca sentí miedo de sufrir un atentado. Soy una militante que lo hice desde muy joven, y creía que el pacto democrático era donde la vida del otro estaba fuera de toda discusión. Cuando Alfonsín gana, fue con la consigna ‘Somos la vida, somos la paz’. El valor de la vida, a partir de la Guerra de Malvinas, fue algo que marcó muy fuerte a la sociedad argentina.
  • Con la vida no, se ganan o se pierden elecciones, pero la vida del adversario no se ponía en juicio. Bastante ingenuidad la mía, porque debí haber advertido los cambios de época.
  • Tenía miedo a que mataran a mi nieta.

La custodia

  • Yo no manejo la custodia, no les tomo lista. El jefe de mi custodia es el mismo. Actuaron de la manera que actuaron siempre. Cuidándome, con las instrucciones de que no se pusieran en el medio de la gente y yo. No había forma de impedirlo.
  • No sé el número de custodios que tengo. Me sigo acercando a la gente, más allá de que ellos no quieren. Pero el custodio hace lo que el custodiado le dice que haga.

El reclamo final

  • Este es un juicio es contra de los autores materiales y no a los autores intelectuales y financiadores del hecho. Más que un reclamo mío, tiene que ser una deuda que tienen que saldar con la democracia.

IG/MM

]]> <![CDATA[Cristina, el atentado y la realidad]]> Cristina, el atentado y la realidad

Los que quisieron matar a Cristina fueron personas que estaban muy crispadas por los mismos motivos que millones la bancamos más allá de toda diferencia táctica, disenso ideológico o conveniencia política. Nunca lograron convertirla en mascota del poder.

Con el más alto nivel de inmoralidad en sangre que se haya detectado en las venas del justicialismo y el cadáver político del ex-presidente alimentando el morbo de todos los medios de idiotización masiva, la maquinaría del partido judicial se relame con cada nuevo byte de información que pueda utilizar para extorsionar a tirios y troyanos sea por dinero, poder o favores futuros. El gobierno anarcocapitalista, mientras tanto, festeja el estreno de la tragicomedia de Olivos, una obra patética con todos los condimentos para distraer al espectador por unas cuantas semanas.  

La lógica de la post verdad y la prevaricación judicial propia del tiempo que vivimos pueden derivar en la inmunidad rampante de unos o la persecución de otros con independencia de la realidad de los hechos. Vivimos en un tiempo en que los árbitros del fútbol cobran los penales conforme los intereses de los gerentes de la ludopatía y los árbitros de la sociedad fallan como cadetes de la riqueza. La certeza de que no hay justicia aumenta la concentración gaseosa de nihilismo que nos está asfixiando.  

Mañana Cristina va a declarar en la causa donde se investiga el intento de asesinato en su contra. Se trata de un crimen de naturaleza eminentemente política que sólo la desidia judicial ha circunscripto a un caso menor de delincuencia común . 

Entre muchos otros, quien suscribe ha expuesto en distintas oportunidades las pruebas contundentes que marcan las conexiones políticas y económicas del grupo de tareas que ejecutó la acción. Lamentablemente, tengo la certeza de que el agujero negro de la incerteza se va a comer otra vez la realidad de los hechos.

No quiero entonces reiterar argumentos en torno a el quién. Posiblemente, mañana expondrá la última presidenta de este país con un cociente intelectual, nivel cultural y capacidad argumentativa adecuada para la más alta magistratura de nuestra patria. Solamente quiero aportar algunos elementos sobre los porqués. 

Los que quisieron matar a Cristina fueron personas que estaban muy crispadas por los mismos motivos que millones la bancamos más allá de toda diferencia táctica, disenso ideológico o conveniencia política. Crispados porque Cristina nunca fue neutral, siempre cinchó para los sectores populares y sostuvo dignamente las tres banderas del movimiento que la llevó a la Casa Rosada.

Crispados porque cuando Cristina gobernaba, la desigualdad y la pobreza disminuían: Argentina respetaba el ideal de Justicia Social, el patrón pagaba mejores salarios ¡en dólares! pero tenía mercado interno donde vender sus productos. Al laburante se lo respetaba. Argentina tenía casi exactamente la mitad de pobres (30% vs 60%) y un tercio de indigentes (4,5% vs 15%). Además, el país experimentó una significativa reducción en la desigualdad de ingresos medida a través del coeficiente de Gini, que se redujo del 0.49 en 2003 a 0.38 en 2015. Esto quiere decir que los ricos fueron menos ricos, pero los pobres fueron menos… y menos pobres.

Crispados porque cuando Cristina gobernaba, el FMI y los buitres estaban afuera, la deuda externa representaba el 14%, mientras ahora representa el 44%, el FMI no manejaba nuestras finanzas ni los acreedores definían los términos de pago, se recuperaron recursos estratégicos y se protegía el dominio nacional sobre el territorio, se honraba así el ideal de independencia económica.

Crispados porque cuando Cristina gobernaba, Argentina priorizaba las relaciones diplomáticas con países de América Latina buscando la unidad de la Patria Grande y la independencia de los estados-potencia, sosteniendo la neutralidad y la tercera posición, honrando el ideal de soberanía política. Con Cristina no nos hubiéramos alineado con ningún estado-potencia ni inmiscuido en guerras entre éstos. Tampoco hubiéramos aplaudido la masacre de niños y mujeres Palestina. Argentina hubiera tenido una política exterior para los argentinos y latinoamericanos.  

Crispados porque cuando Cristina gobernaba, la Argentina fue haciendo un camino, no exento de contradicciones, que iba materializando los derechos que se predicaban. Crispados porque existían políticas públicas populares que mejoraron la vida de la gente y aunque siempre se realizaron en el marco de la democracia representativa, republicana y federal, no se obtuvieron sin confrontar los poderes fácticos que nunca dan la cara. Crispados porque existía esto:

Asignación Universal por Hijo (AUH). Implementada en 2009, esta política proporcionó un ingreso mensual a familias de bajos recursos, beneficiando a millones de niños y reduciendo la pobreza infantil.

Reforma previsional. En 2008 se reestatizó el sistema de jubilaciones, garantizando un ingreso digno a millones de jubilados y eliminando el curro de las AFJP.

Ley de Movilidad Jubilatoria.  Establecida en 2008, garantizó ajustes semestrales automáticos de las jubilaciones, protegiendo los ingresos de los jubilados contra la inflación.

Plan Progresar. Iniciado en 2014, este programa ofreció un apoyo económico a cientos de miles jóvenes de entre 18 y 24 años para que completaran sus estudios.

Ley de Trabajo Doméstico. Aprobada en 2013, otorgó derechos laborales a las trabajadoras domésticas, incluyendo salario mínimo, vacaciones pagas y acceso a la seguridad social.

Programa Conectar Igualdad.  Lanzado en 2010, distribuyó millones de netbooks a estudiantes y docentes de escuelas públicas, facilitando el acceso a la tecnología y la educación.

Reapertura de paritarias. Se promovió la negociación colectiva entre sindicatos y empleadores, fortaleciendo los derechos laborales y mejorando los salarios.

SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico). Se modernizó el cobro del transporte, manteniendo tarifas accesibles para trabajadores y sectores populares a través de subsidios estatales.

Plan Fines. Se creó un programa específico para la finalización de estudios primarios y secundarios para adultos, beneficiando a trabajadores que no habían completado su educación.

Ley de Promoción del Empleo Registrado y Prevención del Fraude Laboral. Implementada en 2014, buscó reducir el empleo no registrado, brindando incentivos a las empresas para formalizar a sus empleados.

Ley de Movilidad de la Asignación Universal por Hijo. Aprobada en 2015, garantizó la actualización automática de los montos de la AUH.

Ley de Identidad de Género. Aprobada en 2012, permitió a las personas transgénero ser reconocidas legalmente según su identidad de género, mejorando su acceso a derechos y servicios.

Relevamiento Territorial Indígena. Se implementó la política de identificación y registro de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, garantizando su derecho a la propiedad comunitaria y protegiendo su territorio frente a desalojos y conflictos de tierra.

Ley 27.118 de Agricultura Familiar. En 2014,  se promulgó una ley que reconoce y fomenta la agricultura familiar, beneficiando a pequeños productores, campesinos e indígenas, con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria y promover prácticas agrícolas sostenibles y equitativas.

Desarrollo industrial. Se implementaron políticas de fomento a la industria nacional, incluyendo incentivos fiscales, financiamiento para la modernización de plantas, y apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) para fortalecer la capacidad productiva y aumentar el valor agregado en la cadena industrial.

Programa “Argentina Trabaja”. Iniciado en 2009, se creó el primer programa masivo de economía popular para la generación de trabajo decente a través de cooperativas en proyectos de infraestructura social.

Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Aprobada en 2009, fortaleció la protección legal para las mujeres en situación de violencia.

Asignación por Embarazo. Incluida en el marco de la AUH, proporcionó un ingreso a las mujeres embarazadas de bajos recursos desde el tercer mes de gestación.

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Fortalecimiento del acceso a alimentos básicos para familias de bajos recursos.

Programa Nacional de Microcréditos. Facilita el acceso al financiamiento a emprendedores y microempresas en sectores vulnerables.

Plan Remediar. Garantizó el acceso gratuito a medicamentos esenciales para los sectores más vulnerables.

Fútbol para Todos. Transmisión gratuita de los partidos de fútbol, garantizando el acceso universal a este entretenimiento popular.

Reestatización de YPF. En 2012 el gobierno recuperó la petrolera YPF, permitiendo al Estado tomar el control de los recursos energéticos estratégicos.

Nacionalización de Aerolíneas Argentinas. En 2008 se recuperó la aerolínea de bandera, asegurando la conectividad aérea en todo el país.

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aprobada en 2009, buscó democratizar el acceso a los medios de comunicación y limitar la concentración mediática.

Plan Pro.Cre.Ar. Programa de crédito para la construcción y compra de viviendas, facilitando el acceso a la vivienda propia a miles de argentinos.

Inversión en ciencia y tecnología. Creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y aumento significativo del financiamiento al CONICET.

Ampliación del gasto público en educación. Se incrementó el presupuesto en educación, alcanzando el 6% del PBI, lo que permitió mejoras en infraestructura y calidad educativa.

Creación de universidades nacionales. Se fundaron decenas de nuevas universidades públicas en diferentes regiones del país, facilitando el acceso a la educación superior.

Reactivación del ferrocarril. Inversiones en la red ferroviaria, con la reactivación de ramales y la modernización del sistema de trenes, nacionalizando varias líneas.

Ley de Tierras Rurales. Restricción a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, para proteger la soberanía territorial.

Ley de Defensa del Consumidor. Fortalecimiento de los derechos de los consumidores a través de nuevas normativas y organismos de control.

Plan Argentina Sonríe. Programa de salud bucal que ofrecía tratamientos odontológicos gratuitos a sectores vulnerables.

Plan Nacional de Seguridad Vial. Medidas para reducir la siniestralidad en rutas, incluyendo mejoras en infraestructura y campañas de concientización.

Desarrollo de energías renovables. Fomento de proyectos de energía eólica y solar, posicionando a Argentina como un referente en energías limpias.

Plan nacional de infraestructura. Inversiones significativas en rutas, puentes y otras obras de infraestructura vitales para el desarrollo económico.

Programa “Ahora 12”. Iniciativa para promover el consumo y el acceso a bienes a través de 12 cuotas sin interés.

Ley de Fertilización Asistida. Aprobada en 2013, garantizó el acceso a tratamientos de fertilización asistida a través del sistema de salud público.

Ampliación de derechos humanos. Fuerte impulso a las políticas de memoria, verdad y justicia por los crímenes de la dictadura.

Programa de Desendeudamiento y Reparación Histórica de las Pensiones. Incluyó la revalorización y el reconocimiento de derechos de antiguos beneficiarios.

Ley de Protección de Glaciares. Aprobada en 2010, protege las reservas de agua dulce del país contra la explotación minera y otras actividades extractivas.

Programa “Qunita”. Iniciativa para reducir la mortalidad infantil proporcionando kits con elementos básicos para recién nacidos a madres de bajos recursos.

Creación del Centro Cultural Kirchner. El CCK se convirtió en uno de los principales centros culturales de América Latina, fomentando la cultura y el arte.

Reapertura de juicios de lesa humanidad. Continuidad y profundización de los juicios por crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

Desarrollo de la industria nuclear. Reactivación del Plan Nuclear Argentino, que incluyó la finalización de Atucha II, el inicio de la construcción de la cuarta central nuclear, y el impulso a la producción de radioisótopos y tecnología nuclear para uso médico e industrial.

Avances en la industria aeroespacial. Relanzamiento del proyecto Tronador II para el desarrollo de un lanzador satelital nacional, y la fabricación de satélites como el ARSAT-1 y ARSAT-2, que posicionaron a Argentina como líder en telecomunicaciones satelitales en América Latina.

Anulación de la apropiación del predio conocido como “Sociedad Rural”: Mediante un decreto presidencial en 2012, se anuló la venta espuria del predio ferial de Palermo realizada en 1991 a la Sociedad Rural Argentina intentando recuperar para el Estado un activo estratégico ubicado.

Podría seguir toda la noche y no estaría mal repasar cada una de las medidas de gobierno adoptadas por Cristina. Al menos yo, me niego a verla como una víctima. Para mí, Cristina es una patriota de espíritu indomable y enorme coraje que cuando gobernó, gobernó para el pueblo con realizaciones efectivas enfrentando las corporaciones que quisieron impedirlas y muchas veces lo lograron. Lo que nunca lograron es convertirla en mascota del poder. Nunca lograron convertirla en la fierecilla domada. 

En tiempos de tanta cháchara y tan poca acción política, recordemos que la única verdad es la realidad y que cuando la realidad se ennoblece con las banderas del movimiento nacional, el gen asesino que caracterizó al gorilaje se crispa para intentar arriarlas y que nunca más vuelvan a ser izadas. 

No se hagan los rulos. No pasará.

JG/DTC

]]> <![CDATA[Atentado a Cristina: "los copitos" y un juicio en el que no escasean los episodios de esperpento]]> Atentado a Cristina: "los copitos" y un juicio en el que no escasean los episodios de esperpento

Hoy, en el juicio sobre el intento de asesinato a la ex presidenta, Brenda Uliarte dio la nota al hacer gestos y simulaciones por Zoom mientras declaraba uno de los testigos. El turno de CFK será el 14 de agosto.

La nueva jornada de audiencias del juicio que se le sigue a la “banda de los copitos” por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner dejó este miércoles una imagen más que elocuente sobre la postura de estos jóvenes marginales acusados por el atentado. Brenda Uliarte, una de las procesadas, se descargó con burlas y gestos mientras declaraba uno de los testigos.

Fue por Zoom en momentos en que Uliarte seguía, desde la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra a disposición del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la declaración de Diego Bermúdez, asistente de la ex presidenta que en ese momento relataba los pormenores de la fatídica noche del 1 de septiembre de 2022. Uliarte cantó, bostezó e hizo gestos con las manos mientras Bermúdez hablaba.

“Señora Uliarte, la estoy viendo en cámara cantando y replicando con gestos que no son propios para quien está presenciando un  juicio. Le recuerdo que usted resulta imputada en este juicio y que no está presente acá por un pedido de gente del Penal, pero que tiene que mantener la postura que corresponde a un evento como este”, la reprendió la jueza Sabrina Namer.

Uliarte, vestida de traje y con micrófono, no sólo había hecho gestos ante la cámara sino que además se había puesto a repetir, casi palabra por palabra, lo que decía Bermúdez. Tanto que hubo que hacer un cuarto intermedio que motivó reproches de la fiscal Gabriela Baigún para con la acusada por montar un “acto de simulación típico”. Uliarte siguió haciendo gestos pese a que le habían silenciado el micrófono. Hasta que la trasladaron a otra sala sin cámara.

El secretario de la ex presidenta venía dando detalles de lo vivido aquella noche. “Siento que me pega un libro que cayó en diagonal. Cuando levanto la vista y veo la gente... Estoy muy acostumbrado a ver la gente que ve a Cristina Kirchner y siempre, siempre, siempre es gente que refleja afecto o amor o admiración o agradecimiento, cosas lindas y buenas. Por ahí en la esquina queda algún carcamal. Cuando hago el paneo de la gente, no reflejaba nada de todo esto”, dijo sobre Sabag Montiel, el acusado de intentar el disparo. Era una presencia que se diferenciaba. “Una mirada totalmente enajenada”, dijo Bermúdez.

Y prosiguió: “A mí lo que llama la atención es la mirada... cuando pasa el momento, yo siento un golpe, como si fuera el golpe de dos cucharas. Lo que me golpea en la pierna, el ademán, el golpe de los metales, levantó la cara, veo una cara que nos estaba mirando con mucho odio, cruzo la mirada con él. Yo no sabía lo que había pasado hasta ese momento. No había visto el arma pero sabía que algo había pasado”, describió el asistente, en referencia al momento en que Sabag Montiel irrumpe en la escena y coloca la pistola Bersa delante del rostro de Cristina Kirchner.

Ante el amontonamiento y la intervención de un grupo de militantes que retiene a Sabag Montiel, Bermúdez señaló que el acusado “levantó la mano y empezó a decir ‘Soy compañero, soy compañero, soy compañero’”. Una estrategia de salida. “Cuando veo que en la mano no tiene nada, un compañero, que en el video está, escucho que empieza a gritar ‘¡Tiene un fierro!”, agregó Bermúdez. Fue el concejal Tomás García, de Presidente Perón, el que intervino en ese momento y retuvo al agresor.

Un caldo de cultivo

Bermúdez relató en la audiencia de este miércoles que Cristina Kirchner suele tener “mucho contacto con la gente, es parte de su relación con los militantes (...) A veces la custodia se abre, ella pide saludar, mucha gente la va a ver. Pueden acercarse, abrazarla, besarla. Ella firmaba muchos libros. Ella define hasta dónde. En general la gente siempre se acercó para demostrarle afecto”, relató.

“Como fue gente a demostrar odio, fueron compañeros a demostrar amor”, indicó. Se refiere al apoyo que venía teniendo la ex presidenta después del fallo condenatorio a 12 años de prisión por la causa Vialidad. Desde que se conoció esa resolución de la Justicia, un gran número de militares comenzó a peregrinar al departamento que la ex mandataria tiene en el barrio de Recoleta. Lo que había sido convocado como una fiesta militante terminó convirtiéndose en una olla a presión en la que se cocieron los “Copitos”.

El caso generó resonancias con la actualidad, porque ante las preguntas sobre el dispositivo de seguridad de la entonces vicepresidenta, Bermúdez planteó que “nadie estaba esperando que le disparen… como tampoco (Donald) Trump el otro dia, se suponía que el pacto democrático estaba firme en ese sentido”.

Así transcurrió una nueva jornada del juicio que empezó el 26 de junio pasado y que está a cargo del Tribunal Oral Federal 6, que debe definir la suerte de Fernando Sabag Montiel, de Uliarte y de Nicolás Carrizo, acusados en distinto grado de haber intentado el asesinato de la ex presidenta, un plan sobre el que el kirchnerismo reclama responsabilidades políticas mayores. 

Bermúdez abonó de hecho esa posición en su declaración ante el tribunal. “Me llama la atención que no se esté investigando quiénes fueron financiados”, dijo sobre los copitos y su presunta vinculación con Revolución Federal, la organización de derecha que había estado involucrada en las primeras especulaciones del caso pero que quedó fuera de esta causa.

Las declaraciones previas y lo que viene 

Sabag Montiel, el novio de Brenda Uliarte, había declarado el 26 de junio pasado que su intención había sido “matar” a la entonces vicepresidenta. Dijo que quiso hacerlo porque a su juicio, la ex mandataria es “corrupta, roba y hace daño a la sociedad” y aseguró además que “cualquier persona siente lo mismo”. Negó ese día ser antikirchnerista o libertario y se dedfinió como “apolítico”. “Yo el día del atentado apunté a la cara. Gatillé una vez, no dos, y no le volví a dar recarga al arma porque fui interceptado”, admitió.

Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo están acusados como autor, partícipe necesaria y partícipe secundario, respectivamente, del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego. Además de Namer, el tribunal está compuesto por los jueces Adrián Grunberg e Ignacio Fornari. 

En tanto, hay expectativa para la semana que viene porque se supo que la expresidenta declarará el miércoles 14 de agosto, cuando se reanuden las audiencias de un juicio que tiene unos 300 testigos convocados y que se prolongará durante meses.

DM/NP

]]> <![CDATA[Del dicho al hecho hay poco trecho: los discursos de odio son el marco de los atentados contra políticos]]> Del dicho al hecho hay poco trecho: los discursos de odio son el marco de los atentados contra políticos

Percibir la conexión entre la creciente virulencia del debate político y el reavivamiento de formas de violencia política que por largo tiempo habían sido controladas es, quizás, la lección más importante para sacar de eventos como los de Trump, Fico o Cristina.

Luego de que la bala disparada por Matthew Crook rozara la cabeza de Donald Trump, su flamante candidato a vicepresidente, J.D. Vance, compartió una reflexión que resuena tanto en estos lares como a nivel global. Para Vance, el intento de asesinato no fue un incidente aislado, sino el producto de una campaña presidencial, la de Biden, que constantemente insiste en que Trump es un peligro para la democracia que debe ser detenido como sea. Hay mucho de cinismo en que este análisis venga del espacio de Trump: el magnate tiene en su prontuario cosas tales como compartir un video de un seguidor suyo que expresa “el único demócrata bueno es un demócrata muerto” o como alentar una toma violenta del Congreso. Pero este cinismo no hace a la reflexión de Vance menos interesante ni menos atinada: que le quepa también a Trump no quiere decir que esté errada.

Cuando la vida con la que se quiso terminar fue la de Cristina Fernández de Kirchner, uno de los focos del análisis sociológico sobre lo que había pasado fue la retórica violenta con que la oposición y algunos medios se referían, constantemente, a la entonces vicepresidenta. Las expresiones estigmatizantes que existieron por años se habían intensificado en los meses previos al ataque de Sabag Montiel: bolsas mortuorias en Plaza de Mayo con leyendas tales como “los pibes de la Cámpora” o “Estela de Carlotto” y horcas y guillotinas acompañadas de la frase “Presos, muertos o exiliados” habían pasado a tener un lugar en el discurso público. Esto llevó a gran parte del espectro político a señalar algo similar a lo marcado por Vance: el atentado sólo podía ser leído en un contexto de crecientes discursos de odio.

Si viajamos hasta Eslovaquia, luego de que, el 15 de mayo de este año, cinco balas impactaran en el primer ministro Robert Fico, la presidenta Zuzana Čaputová señaló que lo sucedido había sido producto de un ambiente de agresiones y odio entre políticos, y llamó a los diferentes partidos a bajar el tono de sus campañas al parlamento europeo. Una vez recuperado, Fico también marcó el rol de ciertos medios de comunicación en la difusión de discursos violentos.

Percibir la conexión entre la creciente virulencia del debate político y el reavivamiento de formas de violencia política que por largo tiempo habían sido controladas es, quizás, la lección más importante para sacar algo positivo de eventos como los de Trump, Fico o Cristina y construir una sociedad mejor y más funcional. Si el adversario es presentado como un enemigo y el debate no es de conveniencia de una política sobre otra, sino entre el bien y el mal, es esperable que muchos demonicen a dirigentes políticos, les atribuyan las culpas de todas sus desgracias y tomen decisiones tan radicales como intentar matarlos. 

Por ahora, al menos en nuestro país, venimos mal. Tal vez el trumpismo férreo del presidente de la Nación y de la ministra de Seguridad les haga llegar las consideraciones de Vance y puedan meditar sobre sus propias acciones. Tal vez, así se den cuenta de que llamar a exterminar al kirchnerismo, decir que el Congreso es un nido de ratas o ser los únicos que no repudiaron el atentado contra CFK es, exactamente, el tipo de conducta que su principal referente ahora denuncia. 

]]> <![CDATA[El juicio oral por el atentado contra Cristina Kirchner comienza el 26 de junio]]> El juicio oral por el atentado contra Cristina Kirchner comienza el 26 de junio

Así lo resolvió el tribunal oral que tiene asignado el expediente, que hoy notificó a las partes sobre la convocatoria al debate oral.

El juicio oral por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner comenzará el próximo 26 de junio.

Así lo resolvió el tribunal oral que tiene asignado el expediente, que hoy notificó a las partes sobre la convocatoria al debate oral.

Sólo tres imputados llegarán a juicio, al menos en esta etapa: Fernando Sabag Montiel, quien disparó contra la ex presidenta; Brenda Uliarte, su pareja y quien lo acompañó aquel 1 de septiembre de 2022; y Gabriel Carrizo, el jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocido como “los copitos”.

El juicio estará a cargo de los jueces Adrián Grünberg e Ignacio Fornari y de la magistrada Sabrina Namer, y la acusación a cargo de la fiscal Gabriela Baigún en conjunto con la querella de la ex presidenta.

El juicio convoca a un total de 277 personas, entre ellas la propia ex vicepresidenta, y los tres imputados llegan detenidos al juicio oral y público.

Entre los testigos, está la custodia que tenía asignada la vicepresidenta así como la militancia que la aguardaba esa noche del 1 de septiembre del 2022 en su casa así como policías y peritos que intervinieron en el expediente.

Para el debate aún resta establecer los días de juicio y la frecuencia que tendrá ya que son muchos testigos y la duración del mismo.

Más allá de los tres imputados y este juicio, aún queda un remanente que se sigue investigando por supuestos dichos del entonces diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman en un bar en cercanías del Congreso Nacional, y donde habría manifestado que sabía de antemano el atentado que se iba a cometer y él se iba a ir de Buenos Aires.

En ese tramo es que la Justicia está analizando el teléfono de Milman así como el de dos colaboradoras que estaban junto a él ese día.

El otro expediente conexo es el que se investigan las amenazas de “Revolución Federal” que se volcó en redes sociales y por las cuales la ex presidenta apunta a sectores de la oposición a partir de la aparición de una conexión con la familia del empresario Nicolás Caputo.

Pero hasta el momento, las tres causas tramitan por separado y habrá que esperar al resultado del juicio por si hay alguna decisión del Tribunal de avanzar hacia otros acusados o no.

En tanto, como testigos propuestos por la partes, se encuentran la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich así como otros ex funcionarios. 

CRM con información de la agencia NA

]]> <![CDATA[Querella de Cristina Kirchner pidió investigar a su vecina Tezanos Pinto y a la periodista Delfina Wagner]]> Querella de Cristina Kirchner pidió investigar a su vecina Tezanos Pinto y a la periodista Delfina Wagner

Las medidas apuntan contra la panelista tras el revelamiento de que vive en el mismo edificio que la Vicepresidenta; así como a investigar sus vínculos con los integrantes de la banda de los copitos Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, según indica el escrito presentado en las últimas horas por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal.

Ximena, la vecina de Cristina: "Tuve un novio kirchnerista, era actor y lo conocí en Badoo"

La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó a la justicia la realización de una nueva serie de medidas de prueba, como parte de la investigación por el intento de magnicidio de la ex mandataria, del que se va a cumplir un año durante el próximo viernes 1º de septiembre.

Las medidas apuntan contra la panelista de Crónica TV Delfina Wagner, tras el revelamiento de que actualmente vive en la vivienda de Ximena Tezanos Pintos, vecina de la Vicepresidenta en el barrio porteño de Recoleta; así como a investigar sus vínculos con los integrantes de la banda de los copitos Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, según indica el escrito presentado en las últimas horas por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal.

Para los abogados de Fernández de Kirchner, Wagner podría ser el nexo entre la denominada banda de los copitos y la organización Revolución Federal.

Según explica la presentación, el pasado 4 de agosto, Wagner -actual panelista del canal de noticias Crónica TV- declaró en un programa de la señal televisiva LN+ que vive en la casa de la vecina de Fernández Kirchner en su departamento de Juncal y Uruguay.

“Delfina Wagner es una activista de ultraderecha con contactos directos con personas vinculadas con esta causa y con personas de la agrupación Revolución Federal”, indica la presentación de los abogados de Fernández de Kirchner.

En el escrito, los letrados buscan demostrar que Wagner habría participado de la marcha que Revolución Federal organizó el 9 de julio de 2022 y que tenía contactos directos con Jonathan Morel, uno de los líderes de esa organización.

Además indica que Wagner comenzó a trabajar en Crónica TV el 4 de julio de 2022, tras un contrato que firmó el 26 de junio, lo que puede “ser una explicación a las repetidas apariciones de Uliarte en Crónica TV”, según el escrito.

Jonathan Morel, referente de Revolución Federal
Jonathan Morel, referente de Revolución Federal

Los abogados de la Vicepresidenta indicaron además que Wagner, aparte de sus vínculos con Revolución Federal, tenía relación con la agrupación Nueva Centro Derecha, cuyos integrantes se contactaron con Uliarte antes y después del atentado contra la Vicepresidenta.

La investigación indica que Wagner también podría haber operado como vínculo entre Uliarte y Sabag Montiel y el círculo del diputado del PRO Gerardo Milman.

Es que en el canal Crónica TV, además de Wagner, trabaja María Alejandra Mroue, la persona con la que Carolina Gómez Mónaco tenía planeado poner un emprendimiento de estética, que se habría frustrado a partir de las sospechas surgidas en la causa.

Gómez Mónaco es la asesora de Milman que mintió en la causa respecto de la reunión en el bar Casablanca, ubicado frente a la sede del Anexo de la Cámara de Diputados, y que llevó a una colega a borrar su celular cuando era de interés para la investigación.

La presentación judicial ahonda también en la relación entre Wagner y Tezanos Pinto después de que hace pocos días la primera declarara en La Nación+ que en la actualidad reside en el domicilio de la segunda, a la que calificó como una suerte de “madrina”.

Tezanos Pinto vive en el departamento de arriba del de Cristina Fernández de Kirchner, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay, y “es de público conocimiento que Tezanos Pinto manifestó, por años, su aversión a Cristina Fernández de Kirchner”, plantea el escrito.

Señalan además que Tezanos Pinto “participó como fiscal general partidaria para Patricia Bullrich, en el distrito de Almirante Brown” en las PASO del 13 de agosto, municipio en el que la precandidata a intendenta por el partido de la referente del PRO fue Florencia Retamoso, la esposa de Gerardo Milman.

“Los contactos entre los imputados, los sospechados en esta causa y actores de grupos de ultraderecha son prolíficos y reiterativos. Esto hace imperante estudiar con profundidad estos vínculos”, solicitan los abogados.

Es por eso que solicitan como nuevas medidas de prueba como oficios al medio de comunicación Crónica TV, del Grupo Olmos, para informar sobre las contrataciones de Mroue y Wagner, y pide que informen quien planificó y ordenó disponer los móviles en los que fue entrevistada a Uliarte.

También pide que se secuestre el celular de Wagner y que se recabe del aparato toda la información que pudiera estar vinculada con el intento de asesinato.

Además solicitaron que se libre oficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que informe la situación impositiva de Tezanos Pinto.

En el mismo sentido, solicitaron asimismo que “se dé intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) con el fin de que informe la geolocalización de los celulares de todas las personas mencionadas en el escrito desde junio de 2022 hasta enero de 2023, con el fin de estudiar posibles coincidencias geográficas de interés para la causa”.

Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, detenidos por el atentado contra la Vicepresidenta
Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, detenidos por el atentado contra la Vicepresidenta

Sobre el final, los abogados de la titular del Senado solicitan “se libre oficio a la Dirección Nacional de Migraciones con el fin de que informe de toda entrada o salida del país de Hernán Carrol, y de que detalle si alguno de los viajes los habría realizado con Fernando Ángel Villares”.

Carrol fue candidato a concejal en La Matanza por el espacio de José Luis Espert, aunque también se identificaba como integrante de Nueva Centro Derecha (NCD).

Además, participó en actos con referentes del PRO y de los libertarios; también estuvo en contacto con Brenda Uliarte antes y después del intento de asesinato a Cristina Kirchner.

En octubre del año pasado, Sabag Montiel informó a la Justicia federal que pretendía cambiar de abogado defensor y que asignaba a Carrol la tarea de definir a su nuevo letrado.

“Dejo la defensa en poder a elección del señor Hernán Carrol, quien dispone los medios necesarios para la implementación del cargo al nuevo abogado”, escribió en aquella oportunidad, de puño y letra, el propio Sabag Montiel.

Fernando Ángel “Teco” Villares, excolaborador de Milman, en tanto, es sindicado como el posible vínculo entre Carrol y el legislador del PRO.

MB con información de la agencia de noticias Télam

]]> <![CDATA[Atentado a CFK: el diputado Milman entregó su celular a la Justicia pero se opone a que sea analizado]]> Atentado a CFK: el diputado Milman entregó su celular a la Justicia pero se opone a que sea analizado

Luego que la Cámara Federal habilitara el secuestro del teléfono del diputado nacional, Milman entregó su dispositivo junto a una presentación donde se opone a que el mismo sea abierto. En la Justicia entienden que para avanzar con la investigación, se necesita la autorización de la Cámara de Diputados.

Gerardo Milman, diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) entregó este martes su teléfono celular a la Justicia Federal, aunque lo hizo con una presentación donde manifestó su oposición a que el dispositivo sea abierto en el marco de la causa que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, según fuentes judiciales.

El aparato fue entregado en el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti por parte de Manuel Barros, abogado de Milman, quien adelantó que apelará ante la Cámara Federal de Casación Penal el fallo que habilitó el secuestro del teléfono del legislador antes de una autorización de la Cámara de Diputados.

El celular del legislador quedó guardado en la caja fuerte del juzgado, informaron las fuentes, y adelantaron que la entrega del teléfono será informada a la Cámara baja que integra Milman. Se debe a que en la Justicia entienden que, para poder avanzar con la apertura del teléfono, se necesita que los diputados la habiliten porque tienen fueros.

La decisión de Milman de entregar su teléfono tuvo como objetivo demostrar que el legislador está a disposición de la Justicia, y que su teléfono quedará allí hasta que se decida que hacer con él, independientemente de que el exfuncionario del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich cree que no corresponde la medida ordenada, de acuerdo a su entorno.

El jueves pasado, se produjo un movimiento de Milman en el expediente judicial cuando la Cámara Federal porteña habilitó el secuestro de su celular, medida solicitada por la querella de la expresidenta y la fiscalía, pero que quedaba sujeta a la autorización del Congreso Nacional.

La expectativa de que pueda hallarse información útil para la causa en el dispositivo del diputado es muy baja, entre otras puntos por el tiempo transcurrido desde el hecho según reconocieron los abogados querellantes cuando se hizo la audiencia donde reclamaron que se secuestrara de todas formas.

Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los jueces de la Cámara Federal porteña que votaron por autorizar la medida, remarcaron que “la extracción de información del teléfono en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal -abarcado desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023-”, según surge del fallo.

La búsqueda de información en el aparato de Milman deberá “enmarcarse estrictamente al análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la presente causa, debiendo preservarse toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”, agregaron los camaristas.

Para ello, -explicitaron- “se deberá asegurar que, ni bien se produzcan los primeros resultados de las diligencias, esa información sea recibida únicamente por el juzgado, a los efectos que la magistrada esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo -imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”.

LC con información de agencia Télam

]]> <![CDATA[Atentado a CFK: Habilitaron el secuestro del celular del diputado Gerardo Milman]]> Atentado a CFK: Habilitaron el secuestro del celular del diputado Gerardo Milman

La Cámara Federal porteña hizo lugar a un pedido de la querella de la vicepresidenta: el secuestro del celular de Gerardo Milman. El diputado nacional está acusado de haberse referido al intento de magnicidio antes de que ocurriera. Resta autorización de la Cámara baja por la Ley de fueros.

Por Emilia Delfino - Cómo nació la pista Casablanca y el paso a paso de la ruptura entre Cristina y la jueza

La Cámara Federal porteña habilitó este jueves el secuestro del celular del diputado nacional Gerardo Milman de Juntos por el Cambio (JxC), una medida solicitada por la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y por la fiscalía, en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio de la titular del Senado el 1 de septiembre pasado.

Por mayoría, el tribunal de apelaciones decidió revocar la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti, y habilitar la medida, aunque ahora para hacerse efectiva requiere autorización de la Cámara de Diputados por la Ley de fueros, indicaron fuentes judiciales.

La expectativa de que pueda encontrarse información útil para la causa en el teléfono de Milman es muy baja. Se debe, entre otras cosas, por el tiempo transcurrido desde el hecho, reconocieron los abogados querellantes cuando se realizó la audiencia para reclamar que se realizara de todas formas.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes votaron a favor de autorizar la medida, demarcaron que “la extracción de información del teléfono en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal -abarcado desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023-”, según surge del fallo.

La búsqueda de información en el celular del diputado deberá “enmarcarse estrictamente al análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la presente causa, debiendo preservarse toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”, enfatizaron los camaristas.

Para ello, -explicitaron Bruglia y Bertuzzi- “se deberá asegurar que, ni bien se produzcan los primeros resultados de las diligencias, esa información sea recibida únicamente por el juzgado, a los efectos que la magistrada esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo - imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”.

La “pista Casablanca”

La denominada “pista Casablanca” o “pista Milman” se inauguró el 23 de septiembre pasado cuando un asesor del Frente de Todos en la Cámara baja, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.

“Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, fue la frase que Abello le atribuyó a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, cuando el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que el legislador haya pronunciado dicha frase.

La reunión en el bar Casablanca frente al Congreso Nacional, que en principio fue desconocida por las asesoras de Milman es sus respectivas declaraciones testimoniales, fue probada por imágenes de cámaras de seguridad y luego reconocida por ellas mismas.

A mediados de mayo, otra mención en el expediente puso a Milman bajo la lupa: su exsecretaria Ivana Bohdziewicz dijo que el legislador le había facilitado un “perito” para que borrara información de su celular y que la maniobra se habría realizado en su presencia, en una oficina que atribuyó a la exministra de Seguridad, titular en uso de licencia del PRO y candidata a presidenta, Patricia Bullrich.

Bohdziewicz es una de las dos mujeres que acompañaba a Milman en el bar Casablanca el día en el que Abello dijo haberlo escuchado referirse al atentado contra la vicepresidenta antes de que ocurriera.

“El secuestro del aparato celular del diputado Milman, encuentra debida motivación en los fundamentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal que tornan admisible dicha medida en consonancia con la hipótesis delictiva investigada en autos. Sin perjuicio del resultado que han arrojado las diligencias llevadas a cabo hasta el momento, resulta dirimente a los efectos de agotar esta vía investigativa, descartar toda mínima situación de incertidumbre al respecto”, sostuvieron Bruglia y Bertuzzi.

“Ya hemos dicho (en resoluciones anteriores) que la trascendencia institucional que reviste el atentado a la Vicepresidenta de la Nación impone como deber jurisdiccional extinguir cualquier duda con relación a cada uno de los indicios incorporados al expediente, resultando ello el camino adecuado para dar respuesta a la víctima, la sociedad en general y al propio diputado, quien reviste el derecho a que se desestime de manera certera la versión sobre sus presuntos dichos y toda posible injerencia en los hechos”, remarcaron los jueces.

Sin embargo, Mariano Llorens, el tercero de los jueces que integran la Sala I de la Cámara Federal porteña, opinó que no había material probatorio suficiente que habilitara a avanzar con una medida como la que pedían los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira y el fiscal Carlos Rívolo.

“No hay prueba alguna que me permita -siquiera con el grado de provisoriedad propio de la etapa- dar credibilidad al testimonio de Jorge Abello, no encuentro un indicio claro, preciso y concordante con el resto de la prueba que habilite una injerencia mayor en la privacidad de personas que no se encuentran formalmente imputadas en estas actuaciones, como lo es el diputado Gerardo Milman”, sostuvo el camarista.

“No pierdo de vista la gravedad del delito investigado, y sus consecuencias institucionales, como muchas veces hemos destacado desde esta Sala. Pero ello, no puede -por si solo- justificar una invasión a la privacidad que carece de apoyo probatorio y solo encuentra respaldo en una hipótesis que carece de sustento formal”, argumentó Llorens.

LC con información de agencia Télam

]]> <![CDATA[Tribunal de San Martín probó que Sabag Montiel y Uliarte convivían antes del atentado a la Vicepresidenta]]> Tribunal de San Martín probó que Sabag Montiel y Uliarte convivían antes del atentado a la Vicepresidenta

Ambos se encuentran imputados por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner y la tenencia ilegítima de un documento de identidad extraviado.

Un Tribunal de San Martín consideró probado que Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte convivían antes del atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, causa por la que se encuentran detenidos. Además, que el DNI ajeno encontrado en su casa forma parte del mismo “contexto criminal”, según dio a conocer hoy el Tribunal Oral Federal 5 del partido bonaerense.

Desde el 15 de junio pasado, ambos están acusados por tenencia ilegítima del documento de identidad de un ciudadano que confirmó haberlo perdido años atrás. De acuerdo con el juez que lleva esta investigación, Sabag Montiel “mantuvo en el tiempo la detentación del DNI bajo su esfera de custodia en su domicilio, coetáneamente con su detención en relación a los otros delitos por los cuales fuera oportunamente procesado, esto es, tentativa de homicidio calificado ─en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner─ portación ilegal de arma de guerra y el acopio de municiones sin la debida autorización legal compatibles con aquella arma, en el mismo domicilio en el que se incautó el documento nacional de identidad”.

Héctor Sangretti, en este contexto, aseguró que la tenencia del DNI era parte integral del crimen que se les imputa, contrario a la ausencia de peligrosidad alegada por la defensa. “Resulta cuanto menos de precaria verosimilitud que Sabag Montiel hallase un documento de identidad tirado en la vía pública cuatro años después de que su titular lo extraviara”, sostuvo.

El magistrado, además, rechazó las declaraciones de Uliarte, quien había negado la convivencia con el imputado. Esto se debe a que, durante el allanamiento de la casa del acusado, se encontraron documentos personales de la mujer, entre los que destacan su currículum vitae y estudios médicos, lo cual indica que su estadía en la vivienda era permanente y extendida en el tiempo.

“Resulta inverosímil que la imputada desconociera la presencia del documento nacional de identidad, hallado por los preventores a simple vista, dentro del diminuto monoambiente que compartía con Sabag Montiel. Y más inverosímil resulta, cuando vemos que esa convivencia era coetánea con la detención de ambos en relación a los hechos concomitantes por los que fueran procesados”, argumentó Sangretti.

Así, descartó la estrategia de la defensa de Uliarte, que buscaba desligarse de toda responsabilidad por el intento de homicidio contra la vicepresidenta bajo el argumento de que, a pesar de su vínculo con Montiel, ella desconocía su plan en tanto “respetaba su privacidad”.

Con información de agencias

]]> <![CDATA[Indagaron a Morel por incidentes en la casa de Cristina Kirchner: dijo que no quiso agredir a nadie]]> Indagaron a Morel por incidentes en la casa de Cristina Kirchner: dijo que no quiso agredir a nadie

El dirigente de Revolución Federal está procesado por "incitación a la violencia" y fue visto en las inmediaciones de la casa de la Vicepresidenta rompiendo carteles de señalización mientras militantes kirchneristas se movilizaban.

El líder de la agrupación Revolución Federal, Jonathan Morel, amplió su indagatoria en la causa por “incitación a la violencia” en el marco del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que no quiso agredir a nadie.

El pasado 22 de agosto, Morel fue visto en las inmediaciones de la casa de la Vicepresidenta “rompiendo vallas de señalización por obras en la calzada con el objeto de tener elementos contundentes para arrojar”. En aquel lugar, se encontraban decenas de militantes kirchneristas que se solidarizaban con la Vicepresidenta luego de que el fiscal Diego Luciano pidiera 12 años de prisión en la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz.

Morel se reconoció en el video que registró los hechos y explicó que su accionar fue una reacción a los insultos de los militantes favorables a Cristina Fernández de Kirchner, pero que no quiso agredir a nadie. Aquel día, cuando fue abordado por la policía, el dirigente de Revolución Federal “desistió en su accionar”, pero su compañero Leonardo Sosa terminó forcejeando con un oficial contra quien lanzó golpes de puño.

Tanto Morel como Sosa son dos de los cuatro procesados por incitación a la violencia. Anteriormente, estaban procesados por agruparse para “intentar imponer sus ideas por la fuerza o el temor”, pero la Cámara Federal porteña cambió la calificación penal del delito el pasado febrero.

ACM con información de Télam

]]> <![CDATA[Cristina Fernández de Kirchner pidió la indagatoria de Rosana Caputo por los pagos a Revolución Federal]]> Cristina Fernández de Kirchner pidió la indagatoria de Rosana Caputo por los pagos a Revolución Federal

Los abogados de la vicepresidenta aseguraron que el Grupo Caputo comenzó a realizar pagos a la carpintería del referente de Revolución Federal, Jonathan Morel, cuando la agrupación adquirió visibilidad pública e incitó a la violencia política contra el Frente de Todos.

Atentado a CFK: la PSA entregó a la Justicia información del celular y las computadores de Jonathan Morel

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió la indagatoria de Rosana Caputo, hermana del ex presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, por los pagos a la carpintería del líder de Revolución Federal. “Es necesario convocar a Rosana Caputto a prestar declaración indagatoria”, reclamó el juez Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación por el intento de magnicidio de la ex mandataria.

La empresa Caputo Hermanos realizó pagos a Jonathan Morel, referente de la organización de ultraderecha para la supuesta fabricación de muebles para un edificio en Vaca Muerta. Previamente, le habían encargado también unos muebles para un country. Según los abogados de la vicepresidenta, dichos pagos coinciden con actividades violentas de Revolución Federal. “Los muebles pueden haber sido la pantalla para entregarle dinero a Morel y, así, financiar la violencia política”, indicaron.

“La contratación de Jonathan Morel para la realización de la mueblería de Neuquén se dio en los meses en los que Revolución Federal comenzó a actuar públicamente y a practicar e incitar la violencia contra miembros del Frente de Todos”, agregaron. En este contexto, son tres las hipótesis que sostienen la vinculación entre la carpintería, la familia Caputo y el atentado a Cristina Fernández de Kirchner.

La primera es que las transferencias monetarias jamás hayan tenido como finalidad la elaboración de mobiliario, sino financiar a la agrupación de ultraderecha. Una segunda tesis sostiene que es posible que el Grupo Caputo sobrepagara los trabajos con el mismo propósito anterior, mientras que una tercera alternativa es que los encargos efectivamente se hayan concretado, pero que, de todos modos, la contratación de Morel hubiera apuntado a darle sustento al referente en la organización de Revolución Federal.

De acuerdo con los abogados, la cadena de pagos inició cuando la agrupación comenzó a tener visibilidad pública y que, el cese de las transferencias coincide también con el momento en que se desarmó la organización, tras el intento de magnicidio de la ex mandataria. El 25 de mayo, Revolución Federal tuvo su primera aparición púbica y, según el escrito presentado por los magistrados, el día anterior se habían facturado más de $2,4 millones al fideicomiso Espacio Aleño del Grupo Caputo.

ACM con información de NA

]]> <![CDATA[Atentado a CFK: los abogados de la Vicepresidenta pidieron suspender la elevación de la causa a juicio oral]]> Atentado a CFK: los abogados de la Vicepresidenta pidieron suspender la elevación de la causa a juicio oral

Es ante el surgimiento de nuevas pruebas. Los abogados querellantes hicieron alusión a un informe producido en la causa en la que el juez Marcelo Martínez de Giorgi investiga a Revolución Federal, en el que apareció una integrante de ese grupo, "Dali Revolución", manifestando su deseo de usar un arma nueve milímetros.

Los abogados de Cristina Kirchner pidieron que “se suspenda el trámite de la elevación a juicio” oral de la causa en la que se investiga el intento de magnicidio ante el surgimiento de nuevas pruebas que otra vez parecen vincular con el hecho a integrantes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal.

“No concebimos cómo el fiscal recibió el 23 de mayo un informe en el que hay un mensaje en el que una persona que es parte de una agrupación dedicada a promover la violencia contra la Vicepresidenta se ofrece para una ´actividad bala´ y no hizo absolutamente nada”, explica el escrito firmado por los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal.

Los abogados querellantes hicieron alusión a un informe producido en la causa en la que el juez Marcelo Martínez de Giorgi investiga a Revolución Federal, en el que apareció una integrante de ese grupo, “Dali Revolución”, manifestando su deseo de usar un arma nueve milímetros.

“La primera alusión de ´Dali Revolución´ a que tenía un arma y quería usarla coincide temporalmente con los meses en los que Jonathan Morel recibió millones de pesos de la familia Caputo para hacer una obra de grandes dimensiones con una carpintería fantasma”, reflexionó el escrito.

La querella conjeturó que “Dali Revolución” podría ser Angélica Dalila Monti, muy cercana al líder de Revolución Federal, Jonathan Morel.

“Tendría una relación sentimental con Jonathan Morel. Además, era la persona con quien estaba Morel al ser detenido en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. En Buenos Aires, Morel y Monti conviven.

Esto es de suma importancia, porque la conexión entre Morel y Monti aparece como especialmente fuerte y está claro que su intercambio de ideas iba más allá de pertenecer a la misma agrupación“, sostuvieron.

En una carta enviada a la Cámara Federal, el pretenso asesino de la vicepresidenta, Fernando Sabag Montiel, desvinculó reiteradamente a Revolución Federal del ataque y aseguró que no tuvo ni tiene relación con sus integrantes.

Sin embargo, la querella de Cristina Kirchner cree haber encontrado un nexo: “Presumimos que (Brenda) Uliarte podría ser ´juanargento´”, un activo usuario en las redes sociales y grupos de chats de Revolución Federal.

Ubeira y Aldazábal consideraron que resta “mucha prueba” por producir y, de hecho, propusieron llevarla a cabo antes de que la causa pase a la etapa de juicio.

Entre esas medidas figura una que “se refiere a Hernán Carrol, otra persona a la que se dejó de investigar sin motivo aparente y que tiene vínculos con Revolución Federal, agrupación en la que la idea de matar a la vicepresidenta estaba presente”.

“Carrol es otro nexo entre Revolución Federal y Uliarte, con quien tuvo intercambios a través de internet y en persona”, afirmó el escrito.

En su carta a los camaristas federales, Sabag Montiel aludió reiteradamente a Carrol, asegurando que es ajeno al intento de magnicidio.

Con información de agencias.

IG

]]> <![CDATA[Piden elevar a juicio una causa contra Sabag Montiel por distribución de imágenes de explotación sexual infantil]]> Piden elevar a juicio una causa contra Sabag Montiel por distribución de imágenes de explotación sexual infantil

La titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos pidió elevar a juicio una causa contra Fernando Sabag Montiel por haber distribuido y tenido en su poder con fines de distribución imágenes y videos con contenido de explotación sexual infantil de menores de 13 años de edad. La investigación surgió luego del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner.

Daniela Dupuy, la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad (UFEDyCI), solicitó este miércoles el requerimiento de juicio a Fernando André Sabag Montiel, por haber distribuido y tenido en su poder con fines de distribución imágenes y videos con contenido de explotación sexual infantil de menores de 13 años de edad.

Según confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal de la Capital, el imputado será juzgado por infracción al artículo 128 del Código Penal de la Nación, el cual contempla esos delitos. La causa inició el 13 de septiembre de 2022, tras recabarse los testimonios y las pruebas en la investigación por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Durante la investigación, se pudo determinar que la tarjeta de memoria encontrada en el interior del teléfono celular del imputado, secuestrado luego de su detención, contenía registros fotográficos y fílmicos en los que se pudo observar a menores de edad en situaciones sexuales explícitas, exhibiendo sus partes genitales con fines sexuales.

Ante tal hallazgo, la fiscal Dupuy dispuso que personal especializado en el manejo de evidencia digital de la UFEDyCI se constituya en la sede del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, para realizar una copia forense de resguardo en el marco de esa investigación.

Al mismo tiempo, la fiscal compulsó la base de datos SIP.AR (Sistema de Identificación de Pedofilia) para corroborar la existencia de reportes del National Center for Missing and Exploited Childrens (NCMEC) relacionados con el investigado. De esa medida, surgieron tres reportes vinculados al abono telefónico de Sabag Montiel.

A su vez, se desplegaron distintas medidas probatorias para determinar la titularidad del imputado. Por un lado, se solicitó a la empresa telefónica que informe los datos de la titularidad del usuario investigado, obteniendo como información que dicha línea se encuentra radicada a nombre de Sabag Montiel; y por el otro, se investigaron las conexiones de tres perfiles de Instagram relacionados con el imputado, las cuales corroboraron la hipótesis fiscal.

Por esos motivos, en octubre de 2022 se imputó a Sabag Montiel por la tenencia con fines de distribución de 119 archivos de imagen y video y la distribución de 3 videos, todos de niños y niñas menores de 13 años.

Por último, después del ofrecimiento de las pruebas recabadas durante la investigación y la solicitud de declaración testimonial de diversos testigos involucrados, la fiscal Dupuy solicitó la elevación a juicio oral y público de la causa.

LC con información de agencia NA

]]> <![CDATA[Atentado a CFK: la PSA entregó a la Justicia información del celular y las computadores de Jonathan Morel]]> Atentado a CFK: la PSA entregó a la Justicia información del celular y las computadores de Jonathan Morel

La Unidad Operacional Antiterrorista de la Policía de Seguridad Aeroportuaria analizó y entregó el contenido de los dispositivos y la actividad virtual de Jonathan Morel, sobre las acciones realizadas por el procesado y otros integrantes de la agrupación Revolución Federal en los meses previos al intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner.

El contenido de los dispositivos electrónicos y de la actividad virtual de Jonathan Morel fue analizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que días atrás entregó a la Justicia un informe con fotos, videos y otros documentos sobre las acciones realizadas por el procesado y otros integrantes de la agrupación Revolución Federal (RF) en los meses previos al intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En 37 fojas, la Unidad Operacional Antiterrorista y de Control de Actividades que Atenten Contra los Poderes Públicos y del Orden Constitucional de la PSA desglosó la actividad almacenada en la nube de Google de la cuenta de Morel, y la presentó dicho material ante el juez criminal federal Marcelo Martínez De Giorgi con el uso del software de análisis Celebrity Pathfinder, según fuentes judiciales.

Además de registros fotográficos y fílmicos sobre diversas protestas frente a la Casa Rosada, la Quinta Presidencial de Olivos y el domicilio particular de la expresidenta, el informe incluye diversas búsquedas que Morel realizó en Google y la plataforma Nosis para conseguir datos de varios funcionarios del Frente de Todos (FdT), entre ellos el presidente Alberto Fernández.

Fue hallado también un contrato de enero de este año “de colaboración y cesión de derechos” para la realización de una serie documental sobre el intento de asesinato de la presidenta del Senado con la firma “Producciones del Barrio S.L”.

Qué se halló en el celular de Morel

El estudio que la policía entregó este lunes al juez tuvo en cuenta el calendario, notas, agenda, imágenes, videofilmaciones, registros de llamadas, mensajes de texto, intercambios realizados a través de redes sociales y comunicaciones establecidas vía Whatsapp. Con el trabajo de análisis, se obtuvieron 50.988 elementos extraídos, constituidos en su mayoría por archivos de texto (en varios formatos) y elementos audiovisuales.

También se encontró el formulario de incorporación a Revolución Federal y los pagos recibidos “mediante transferencias tanto del fideicomiso Espacio Añelo, como de Santa Clara al Sur” por trabajos realizados por Morel y los “montos de facturación por parte de su emprendimiento Dogo Carpintería por un total de $6.906.000”.

En su mayoría, la investigación reveló archivos en imagen o video referidos a folletos o diseños virtuales con el propósito de criticar al Gobierno Nacional y realizar convocatorias para realizar protestas callejeras. Se hallaron registros de pegatinas en barrios del Conurbano bonaerense, con expresiones críticas o insultos hacia “el kirchnerismo o C.F.K” (por Cristina Fernández de Kirchner).

Asimismo, fueron halladas fotos que dan muestra del proceso de construcción de una guillotina y luego una captura de pantalla de la red social Twitter, donde se puede visualizar ese artefacto con una leyenda debajo: “¡Quizás haya llegado el momento de que sea el pueblo el que comience a hacer recortes!”.

Morel, Sabrina Basile y Leonardo Sosa aparecen en varias fotos en protestas frente a la Quinta de Olivos, al domicilio particular de Fernández de Kirchner y con antorchas, a modo de convocatoria, a la manifestación del 25 de mayo del 2022, en el Parque Naciones Unidas del barrio porteño de Recoleta.

Una curiosa propuesta forma parte del contenido de Morel: “cerrar el Ministerio de la Mujer”, objetivo para el cual “estarían recaudando información, como así también una cámara oculta y una llamada telefónica al 144 para evaluar la respuesta del personal” de esa cartera, que, según el procesado, “sería inoperante”.

Recuento de la causa por el intento de magnicidio

En febrero pasado, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos sin prisión preventiva de Morel y otros tres miembros de RF, pero cambió la calificación penal del delito, la cual dejó de encuadrarse en “intentar imponer sus ideas por la fuerza o el temor” para considerarse “incitación a la violencia colectiva”.

Es una causa que tiene a Fernández de Kirchner entre los querellantes, e investiga la violencia de los actos y las consignas desplegadas por esa agrupación en la vía pública y a través de redes sociales, donde llegaron a proponer “al kirchnerismo cárcel o bala”.

Los procesados por Martínez De Giorgi son: Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile, a quienes consideró “coautores penalmente responsables del delito de incitación a la violencia colectiva”. Al procesarlos, el juez sostuvo que, a través de su accionar violento, los miembros de RF se constituyeron como “uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio” de la exmandataria.

LC con información de agencia Télam

]]> <![CDATA[Atentado a CFK: Sabag Montiel dijo desde la cárcel que quieren "hacerlo desaparecer y echarle la culpa a Macri"]]> Atentado a CFK: Sabag Montiel dijo desde la cárcel que quieren "hacerlo desaparecer y echarle la culpa a Macri"

El principal acusado de atentar contra la vida de la Vicepresidenta el 1 de septiembre de 2022 escribió una carta desde la prisión de Ezeiza. "Lo de Revolución Federal es falso. Están armando una historia para los medios y me tienen secuestrado. Me quieren hacer desaparecer y echarle la culpa a Mauricio Macri", expresó. Además, pidió "que recusen a (la jueza) María Eugenia Capuchetti".

Fernando Sabag Montiel, acusado de haber intentado matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, escribió otra carta desde la cárcel y denunció que lo “quieren hacer desparecer y echarle la culpa a Mauricio Macri”.

La misiva, tiene fecha del martes 14 de marzo, y se conoce luego de que trascendieran los detalles de su carta anterior y de que un productor televisivo del canal de C5N lo entrevistara a través del teléfono que él dejó de contacto en el escrito judicial para que el fiscal Diego Luciani lo llamara.

La carta, que arranca con la frase “Pronto despacho”, está dirigida a los jueces que condenaron a la Vicepresidenta a seis años de prisión por la causa de la Obra Pública.

“Me dirijo a la Cámara Oral en lo Criminal Federal número 2 a cargo de los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu. Les pido que recusen a María Eugenia Capuchetti”, escribió.

El pedido de recusación lo motorizó la querella de la ex presidenta, que asegura que la magistrada no quiere investigar las vinculaciones políticas del atentado. Sabag Montiel le pidió a los jueces del tribunal oral que “tomen la causa ya que hice el habeas corpus”. El acusado reiteró que la magistrada quiere que le saquen a sus abogados, los defensores oficiales que lo asisten, y a los que él se niega a recibir.

“Están comprados por CFK. Me rompieron el celular en la PSA y me robaron mis instrumentos musicales y mis tres automóviles. Coimearon a Leandro Ulliarte, el padre de Brenda Ulliarte. CFK le dio una casa para tenernos secuestrados”, indicó.

El joven también aseguró que a Gabriel Carrizo, el sindicado como jefe de los “copitos” y preso como partícipe secundario del ataque, le “plantaron un arma” y agregó “como (Diego) Lagomarsino en el caso (Alberto) Nisman”.

Además, aseguró que “arreglaron” con su inquilino y al que le alquilaba para quedarse con sus propiedades. Y repitió: “Lo de Revolución Federal es falso. Están armando una historia falsa para los medios y me tienen secuestrado y no me dejan comunicarme con nadie ni que reciba visitas”.

“Me quieren hacer desaparecer y echarle la culpa a Mauricio Macri. Llamenmé (y vuelve a dejar su número de teléfono). Gracias”, expresó.

El lunes pasado, Sabag Montiel había escrito una carta para el fiscal Luciani, que nunca llegó a sus manos y se incorporó al expediente. La misma era del 3 de marzo, antes de que la Cámara Federal instara al elevar a juicio oral la situación de los tres detenidos en el ataque contra Cristina Kirchner: Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

La jueza Capuchetti le pidió a la fiscalía cumplir con las instrucciones del tribunal, pero el fiscal Carlos Rívolo, que tiene delegada la causa, entendió que aún faltan una serie de medidas para dar por cerrada esta parte de la investigación.

“Sí, (el arma) estaba cargada, tiré el gatillo y el tiro no salió. Tenía cinco balas el arma”, confirmó Sabag Miontiel respecto al ataque fallido contra la Vicepresidenta.

Con información de NA.

IG

]]> <![CDATA[La Corte ordenó no responder a Fernández, pero lo acusa de “violar la Constitución”]]> La Corte ordenó no responder a Fernández, pero lo acusa de “violar la Constitución”

Es por haberse referido a las causas que involucran a Cristina. Los jueces del máximo tribunal volverán a reunirse el próximo martes en un nuevo acuerdo para firmar sentencias y tomar decisiones. Ese mismo día, vuelve a congregarse la comisión de Juicio Político en Diputados para interrogar nuevos testigos en la investigación contra los ministros del tribunal.

Sin realizar declaraciones, los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti (presidente) y Carlos Rosenkrantz (vicepresidente del tribunal) dejaron el Congreso de la Nación este miércoles por la tarde, tras el discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, principal acto institucional del año. Se dirigieron directamente hacia el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema, en el barrio porteño de Tribunales. Acababan de escuchar a Fernández acusarlos en tono enérgico, con el dedo índice y miradas de desaprobación en cadena nacional, frente al pleno del Congreso, el Gabinete y gobernadores invitados. 

Rosatti y Rosenkrantz llegaron a sus despachos, lejos de los silbidos y gritos de diputados y senadores oficialistas, que se entremezclaban con los abucheos e insultos de los opositores al Presidente. Mientras Rosatti se mostró notablemente incómodo y molesto, Rosenkrantz esbozó miradas de desaprobación dirigidas al recinto, aunque se mostró inmutable en la mayor parte de los pasajes que le dedicó Fernández a la Corte. A unos dos metros de distancia, ninguno de los dos dirigió la mirada al Presidente durante casi dos horas.

Tras el acto, “la orden fue no responder a las críticas, no subirse a la discusión política y comunicar hacia adentro del tribunal que el martes próximo se llevará adelante la reunión de acuerdo, que mantienen semanalmente, y que los expediente continúan tramitando”, afirmó una fuente de la Corte a elDiarioAR. Es decir, oídos sordos.

Le pido a la Justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados.

Alberto Fernández, sobre la investigación por el atentado a CFK.

El martes 7 de marzo también tendrá lugar una nueva reunión de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que continuará escuchando a los testigos citados en el marco de la investigación que el oficialismo lleva adelante contra los cuatro jueces de la Corte por presunto mal desempeño. 

El proceso no tiene posibilidad de avanzar en el contexto actual más allá de la comisión: el Frente de Todos (FdT) no tiene los dos tercios de los votos que requiere en Diputados para formalizar la acusación contra los ministros cortesanos ni en el Senado para destituirlos. Pero apuesta a un efecto desgaste sobre los jueces.

El martes próximo, a partir de las 13, están citados los fiscales federales Carlos Stornelli y Laura Roteta (ambos podrían declarar por escrito); el exsenador, exfuncionario y ex consejero de la Magistratura Mario Cimadevilla (UCR); y Sergio Miguel Napoli (secretario letrado de la Corte). En la comisión parlamentaria tenían en la lista de posibles testigos del martes a Maria Burdin, vocera y principal asesora en comunicaciones de Lorenzetti, enfrentada desde hace años con el vocero y mano derecha de Rosatti, Silvio Robles. Sin embargo, no está en la lista de testigos finalmente notificados por la Cámara de Diputados, confirmó a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo.

Los ministros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, en el Congreso, para escuchar el discurso de Alberto Fernández.
Los ministros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, en el Congreso, para escuchar el discurso de Alberto Fernández.

Las causas de CFK

“Ellos fueron al Congreso sabiendo a lo que se exponían y permanecieron en sus asientos, en silencio, en representación de sus colegas de la Corte y de todo el poder Judicial”, respondió a este medio una segunda fuente del máximo tribunal tras la finalización del acto. 

No acudir este miércoles al Congreso no fue una opción para los jueces de la Corte (Rosatti, Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti), aseguran en el Palacio de Justicia, pero lo cierto es que pocos conocen los pormenores de la reunión del martes último en la que los cuatro ministros del tribunal acordaron que sólo asistirían Rosatti y Rosenkrantz en representación de todo el Poder Judicial, ya que son las dos autoridades formales de la Corte (presidente y vice). 

Como cada una de las decisiones que se toman en el tribunal en los últimos meses, se decidió con un máximo hermetismo. En los despachos linderos, el personal de la Corte especulaba con si darían el faltazo a la Asamblea Legislativa, o si los jueces irían y se levantarían ante las más que esperadas críticas de Fernández al tribunal. 

Con la V, el presidente Alberto Fernández durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso ante la Asamblea Legislativa. Las causas vinculadas a Fernández de Kirchner fueron eje de las críticas al poder Judicial.
Con la V, el presidente Alberto Fernández durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso ante la Asamblea Legislativa. Las causas vinculadas a Fernández de Kirchner fueron eje de las críticas al poder Judicial.

“Asistir a la Asamblea Legislativa es mandato constitucional de la Corte y los jueces decidieron priorizar el Estado de Derecho”, agregó uno de los hombres de la Corte consultados tras el acto, y recalcó: “Son el tribunal que vela por las garantías constitucionales y la Constitución dice que la cabeza del poder judicial debe asistir a la Asamblea Legislativa”.

Las críticas a la Corte fueron los pasajes más duros del discurso de Fernández. Acusó al máximo tribunal de “tomar por asalto” el Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y sanciona a los jueces federales de todo el país y a los jueces nacionales, y que funciona en el marco de la permanente disputa de poder entre el oficialismo, la oposición y los jueces por el nombramiento de sus respectivos candidatos a los juzgados más poderosos.  

El Presidente también acusó a los jueces de la Corte de “quitar dinero a los que más necesitan y destinar esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, en referencia al fallo de diciembre a favor de que la Ciudad de Buenos Aires reciba más fondos de la Nación para financiar la policía porteña.

Los tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando a la Justicia.

Alberto Fernández, sobre la condena a Cristina en Vialidad.

Fernández también habló de vínculos de jueces con empresarios y medios de comunicación. Hizo hincapié, además, en la supuesta intromisión de la Corte en atribuciones de los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, al ordenar en sus fallos cómo el Gobierno debe distribuir fondos públicos. Y reclamó a la Justicia por dos causas penales en trámite: la investigación por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la condena contra la expresidenta por el caso Vialidad, que le valió una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que aún no están firmes.

En el pase de facturas entre el Gobierno y la Corte por quién incumple la Constitución, una fuente del máximo tribunal dijo a elDiarioAR: “El artículo 109 de la Constitución Nacional establece que ‘en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas’, y sin embargo, lo hizo en tres oportunidades”.

Una de las referencias fue por el expediente abierto aún en la Corte por el reparto de fondos nacionales a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires iniciado por una demanda de la Ciudad contra Nación por la coparticipación. La Corte dictó una medida cautelar pero el fallo de fondo está pendiente.

María Burdin, principal asesora en comunicación e imagen del juez Lorenzetti, durante un acto oficial del Centro de Información Judicial (CIJ).
María Burdin, principal asesora en comunicación e imagen del juez Lorenzetti, durante un acto oficial del Centro de Información Judicial (CIJ).

En cuanto a la investigación por el atentado a la vicepresidenta, Fernández dijo: “Vuelvo a exigir hoy a la Justicia que profundice la investigación de aquel hecho, que juzgue y condene a quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio”. Luego agregó: “Le pido a la Justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados”. 

Sobre las condenas en el juicio de Vialidad, el Presidente se dirigió, sin nombrar al tribunal, a la Cámara Federal de Casación, máxima instancia penal del país que revisa las sentencias de los tribunales orales federales, entre otras cuestiones.

“Los tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando a la Justicia”, dijo Fernández sobre la condena de primera instancia, que aún debe ser revisada por tres jueces de la Sala I de la Casación.

ED

Nota: esta nota fue actualizada el 2 de marzo a las 08:49 AM con la lista de testigos finalmente notificados por la comisión parlamentaria para declarar el 7 de marzo próximo, en la que no está notificada María Burdin, funcionaria de la Corte y vocera del juez Lorenzetti.

]]> <![CDATA[La audiencia por la recusación de la jueza Capuchetti será presencial para “garantizar la publicidad”]]> La audiencia por la recusación de la jueza Capuchetti será presencial para “garantizar la publicidad”

La decisión fue adoptada por el camarista Leopoldo Bruglia al responder a un planteo que formularon los abogados de la vicepresidenta Cristina Kirchner para que la audiencia se transmitiera en vivo por alguna plataforma audiovisual en internet. La instancia se desarrollará este jueves a las 12 en Comodoro Py 2002.

La audiencia en la que la Cámara Federal tratará un planteo de recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti formulado por los abogados de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner se realizará de manera “presencial” para “garantizar su publicidad”.

Así lo resolvió hoy el juez Leopoldo Bruglia, al responder a un planteo que formularon los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal para que la audiencia se transmitiera en vivo por alguna plataforma audiovisual en internet.

“En atención a lo solicitado y para garantizar la publicidad de la audiencia, hágase saber que el informe oral se llevará a cabo de manera presencial el día 2 del corriente mes a las 12, en la sede de este Tribunal”, dispuso el camarista Bruglia.

La resolución no menciona específicamente si medios de comunicación podrán transmitir en vivo esa instancia.

Los abogados de la vicepresidenta le habían pedido a la Cámara Federal porteña que permitiera la transmisión por medios audiovisuales, al considerar que “la publicidad de una audiencia oral como esta se funda en su trascendencia e interés públicos”.

La vicepresidenta recusó en al menos tres oportunidades y por diferentes razones a la jueza Capuchetti y tras sendos rechazos, la Cámara convocó a una audiencia de revisión de esa decisión.

“No sólo se trata de un caso al que esta Cámara ya se ha referido como de gravedad institucional sino, además, de una circunstancia en la que se discuten temas básicos para nuestra sociedad, como lo son separación e independencia de poderes y la conducta que deben respetar los funcionarios públicos”, sostiene el escrito.

La Sala en la que se celebrará la audiencia tiene una capacidad limitada y la resolución no menciona la posibilidad de que alguna plataforma virtual oficial del Poder Judicial se haga cargo de la transmisión.

Lo usual en estos casos es que cada medio interesado en transmitir las circunstancias de la audiencia se acredite y solicite una autorización previamente al comienzo del acto.

Los abogados de Cristina Kirchner destacaron que “la publicidad de todas las audiencias -pero más aún de las que revisten tal trascendencia para la ciudadanía-, de acuerdo con la Corte Suprema, conduce a una mejora de la calidad institucional que el Poder Judicial ofrece y profundiza el Estado constitucional de derecho”.

Originariamente, la audiencia estaba prevista para la modalidad remota, mediante el programa informático Zoom.

Con información de agencia NA

]]> <![CDATA[Atentado a CFK: el líder de "la banda de los copitos" amplía su declaración]]> Atentado a CFK: el líder de "la banda de los copitos" amplía su declaración

A fines del año pasado la Cámara Federal le ordenó a Capuchetti que vuelva a convocar a Gabriel Carrizo a indagatoria, para informarle sobre el hallazgo de nuevos chats de WhatsApp en su teléfono. El imputado argumenta que se trataron de "bromas" a amigos y conocidos.

Gabriel Carrizo, el jefe del grupo de vendedores de algodón de azúcar conocido como “los copitos” y detenido por el intento de homicidio contra Cristina Kirchner, declara este martes en Comodoro Py en una ampliación de la indagatoria ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.

“Va a declarar, quiere aclarar toda la situación”, anunció su abogado, Gastón Marano, sobre la audiencia de este martes.

A fines del año pasado la Cámara Federal le ordenó a Capuchetti que vuelva a convocar a Carrizo a indagatoria, para informarle sobre el hallazgo de nuevos chats de WhatsApp en su teléfono.

Esos chats parecen incriminatorios sobre la presunta participación de Carrizo en el intento de magnicidio, pero el imputado argumenta que se trataron de “bromas” a amigos y conocidos, con quienes se vanagloriaba de conductas en las que no participó.

“Nos encontramos aquí frente a elementos de prueba novedosos, que fueron incorporados -como tales- con posterioridad a la recepción de la declaración indagatoria de los imputados”, dijo la Cámara al ordenar la ampliación de la declaración.

La indagatoria se pospuso en dos oportunidades a la espera de que la jueza y el fiscal regresaran de sus vacaciones de enero, durante la feria judicial.

Según la defensa de Carrizo, el imputado “va a explicar a quién le mandó esos mensajes y por qué lo hizo” y, además, sugerirá nuevos elementos de investigación a la jueza Capuchetti, quien delegó la pesquisa en el fiscal.

Con información de NA.

IG

]]> <![CDATA["Inhabilidad moral": el FDT presentó un proyecto para excluir a Gerardo Milman de Diputados]]> "Inhabilidad moral": el FDT presentó un proyecto para excluir a Gerardo Milman de Diputados

Por la supuesta vinculación del diputado opositor con el ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández, diputadas nacionales del Frente de Todos presentaron este jueves un proyecto de ley donde solicitan excluirlo de la cámara por "inhabilidad moral". Milman está involucrado en la investigación mientras mantiene su cargo en el organismo.

Diputadas del Frente de Todos (FdT) presentaron este jueves un proyecto de ley donde solicitan excluir del cuerpo a Gerardo Milman del PRO por “inhabilidad moral”, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional, a partir de su supuesta vinculación con el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El proyecto sostiene que los hechos que se investigan contra Milman en la justicia “sin duda tiñen de inmoralidad a quien debería representar los intereses de la Nación Argentina” y considera que “su presencia en este cuerpo lo degrada y lo devalúa”. Lleva la firma de las diputadas nacionales Carolina Moisés, Hilda Clelia Aguirre, Mara Brawer, Mónica Macha y Carolina Yutrovic.

El martes pasado en un acto que encabezó en Avellaneda, la Vicepresidenta había asegurado que “hay una patente de impunidad para todo aquel que no sea peronista” y apuntó contra Milman, quien quedó involucrado en la investigación de su intento de magnicidio pero continúa ejerciendo el cargo en la Cámara baja.

“¡Qué pasa cuando nos enteramos por medios de comunicación que el señor (Gerardo Millman), siendo integrante de la comisión de Seguridad, tenía vinculaciones y contratos con empresas de seguridad?” se preguntó la expresidenta, quien añadió: “Hay una patente de corso e impunidad para todo aquel que no sea peronista. Y para todo aquel que lo sea se le inventan cosas”.

En esa línea, el presidente del bloque del FdT en Diputados, Germán Martínez, había asegurado en declaraciones a Radio 10 que en el cuerpo se avanza en una investigación: “Estamos siguiendo cada uno de los elementos nuevos que aparecen alrededor de la conducta de Milman para que eso pueda sustanciar un expediente en Diputados que cuente con el análisis necesario”.

Milman se encuentra bajo la lupa en la causa que se sigue por el intento de asesinato contra la Vicepresidenta, luego de que un testigo asegurara haberlo escuchado decir “cuando la maten voy a estar camino a la costa”, dos días antes del atentado en el bar Casa Blanca, ubicado a metros del Congreso.

En el proyecto, las diputadas hacen referencia además a una serie de “inconductas”, como una serie de asesoramientos de Milman en temas de seguridad del diputado, mencionando que el 1 septiembre de 2022 le facturó por “servicios de coordinación organizativa” al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, entidad que preside Patricia Bullrich y él mismo integra.

Se describe también el “uso de un vehículo cuya titularidad posee un contratista del Estado” y consideran que esa situación “entra en conflicto de intereses con su rol como miembro de la Comisión de Seguridad de esta Honorable Cámara, tal como se desprende del art. 15 de la Ley N° 25.188 de Ética Pública referido al deber de abstenerse de intervenir respecto de cuestiones particularmente relacionadas con su interés particular”.

Por último, las diputadas destacan “los sospechosos contratos de alquiler del diputado Milman, por resultar inexplicables en relación a sus ingresos como diputado nacional”, entre los que figuran una casa de fin de semana en un club exclusivo de Exaltación de la Cruz por el cual pagó USD 37.000 por nueve meses y expensas por $120.000 y una casa en Pinamar por USD 12.000 por mes.

LC con información de agencia Télam

]]> <![CDATA[La Cámara Federal porteña ordenó ampliar la indagatoria a Nicolás Carrizo por el ataque a CFK]]> La Cámara Federal porteña ordenó ampliar la indagatoria a Nicolás Carrizo por el ataque a CFK

La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires le pidió a la jueza Capuchetti, quien investiga el intento de homicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández, ampliar la declaración indagatoria de Nicolás Carrizo. Esto fue luego que se hallaran mensajes de texto en el celular del procesado que podrían demostrar un mayor involucramiento en el fallido ataque.

La Cámara Federal porteña le encomendó a la jueza María Eugenia Capuchetti ampliar la declaración indagatoria de Nicolás Carrizo, uno de los procesados por el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego que se hallaran en su celular mensajes que podrían demostrar un mayor involucramiento del imputado con el ataque fallido.

El tribunal de apelaciones lo resolvió con los votos a favor de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia ante un planteo de la querella de la propia vicepresidenta, que había sido rechazado en primera instancia por la jueza Capuchetti, en una decisión que fue apelada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal. Mariano Llorens votó en contrario.

En un fallo de 6 páginas, los jueces resolvieron “encomendar a la jueza de grado proceder conforme los lineamientos trazados en los considerandos precedentes”, refiriéndose a la necesidad de exhibirle a Carrizo la nueva prueba incorporada al expediente, lo que podría derivar en que se amplíen también las indagatorias de los principales imputados: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, los coautores del ataque.

“Nos encontramos aquí frente a elementos de prueba novedosos, que fueron incorporados -como tales- con posterioridad a la recepción de la declaración indagatoria de los imputados, pues el informe elaborado por la DATIP (Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal) donde se identifica específicamente a los mensajes en cuestión fue aportado al legajo con fecha 26 de octubre del corriente”, sostuvieron.

“Y si bien es cierto que el ordenamiento procesal vigente no exige que la intimación cursada a los imputados sea ampliada cada vez que se agrega un nuevo elemento de prueba al sumario, las características que exhibe el caso en concreto aconsejan que deba imponerse de dichos elementos a Nicolás Gabriel Carrizo, garantizando así del modo más amplio posible el adecuado ejercicio de su derecho de defensa en juicio”, agregaron los jueces.

“Recordá esta fecha”, “Esta hdp (sic) ya está muerta”, “No sabés qué hicimos con esto”, “Generar miedo”, “Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo”, son solo algunos de los mensajes enviados desde el celular de Carrizo, el jefe del grupo de supuesto vendedores de algodón de azúcar para el que trabajaban los agresores de la vicepresidenta, según surgía de la presentación de la querella a la que accedió Télam.

Hasta el momento, Sabag Montiel y Uliarte están procesados como coautores del homicidio en grado de tentativa, mientras que Carrizo fue considerado partícipe secundario, sin el cual el ataque podría haberse producido de todos modos. Al pedir ampliar las indagatorias, los abogados de la querella reclamaron que se los procesara como integrantes de una asociación ilícita que, además de intentar matar a la exmandataria, buscaban desestabilizar al gobierno.

En relación a ese planteo, los jueces Bruglia y Bertuzzi respondieron: “Con relación a la pretensión del querellante en cuanto a que se modifique el grado de participación originariamente asignado a Carrizo (...) y que se les endilgue la comisión del delito de asociación ilícita, corresponde señalar que tal cuestión se encuentra dentro de la esfera de análisis y decisión de la señora jueza de grado en el momento oportuno y del Ministerio Público Fiscal a quien le fue delegada la instrucción de la causa”.

LC con información de agencia Télam

]]>