El gobierno de Javier Milei se excusó durante 2024 en la prórroga presupuestaria para justificar algunos recortes, entre ellos el efectuado contra las universidades públicas. Sostenían que los recursos asignados a la educación superior debían discutirse en el marco del presupuesto 2025. Ese debate se está dando en estos días en la Cámara de Diputados. Varios funcionarios asistieron esta semana a defender lo indefendible: la consolidación del ajuste perpetrado este año en materia de educación. El jueves fue el turno del secretario del área, Carlos Torrendell, dependiente del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que asistió acompañado del Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. 

¿Qué implica en materia educativa el presupuesto 2025? En primer lugar, consolida el desfinanciamiento producido en 2024, ya que prevé una inversión en educación 43,3% menor en términos reales que en 2023. Asimismo, como muchas de las partidas, las educativas quedarán a discreción del Ejecutivo: la regla fiscal implica que si las previsiones presupuestarias fallan, o se recauda menos de lo estimado, o si los compromisos de deuda se incrementan, el presupuesto de educación quedará sujeto a un recorte mayor.

Además, se suspende la obligación del Estado consagrada en la Ley 26.206 de invertir el 6% del PBI en educación entre Nación y Provincias, así como la obligación estipulada por la Ley 26.058 de invertir el 0,2% de los ingresos del Sector Público Nacional en educación técnica. En este área, al ajuste previsto en 2024 (59%) lo profundizan (-68,4%) respecto a 2023. 

En partidas específicas, el ajuste se repite. Los programas Conectar Igualdad, Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente) desaparecen (-100%) así como la actividad “Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral”. En el caso de la ESI, implica una violación de la Ley 26.150, que desde 2006 consagró la educación sexual integral como un derecho de pibes y pibas que ha demostrado ser fundamental para prevenir y detectar abusos en la infancia por ejemplo. Pero no es de extrañar en el contexto actual: en 2024 su ejecución es de solamente 2% y se convocó a organizaciones ultracatólicas para su promoción.

En lo que respecta al Fonid, tampoco es de extrañar su eliminación ya que desde principios de año que el Gobierno decidió interrumpirlo, reduciendo nominalmente el salario de todos los docentes del país. En el caso del Conectar Igualdad, Torrendell sostuvo que se mantiene, pero se reduce más de 40% la cantidad de computadoras que estiman entregar. También señaló que ya no va a ser ARSAT el proveedor de las escuelas, sino que abrió la posibilidad a que se tercerice y mencionó explícitamente a Starlink, la empresa de Elon Musk, al igual que había hecho Milei en su discurso de presentación del DNU 70/2023 que continúa vigente.

La situación no es mejor para quienes cobran la beca Progresar, destinada a los pibes y pibas que quieran terminar la secundaria, o la universidad, o formarse para un oficio. En el presupuesto 2025 no se plasma un recorte en cantidades de becas pero en monto se estima un desplome adicional de 21% vs 2024, consolidando un derrumbe de 66% respecto a 2023. Además, si dividimos el monto de 2025 ($431.154 millones) en 1,52 millones de becarios que estiman alcanzar, el monto por mes ($23.638) es muy inferior al monto actual de la beca ($35.000). Algo no cierra.

Sobre el principal programa de la Secretaría, vinculado al financiamiento a las Universidades Nacionales (66,6% del total del presupuesto), se prevé en 2025 mantener el nivel de desfinanciamiento actual: -33,8% respecto a 2023 en términos reales.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, intentó ocultar lo evidente: sostuvo que “no hubo recorte de salarios, lo que hubo es una actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria”. Terminó confirmando lo que venimos sosteniendo: el ajuste recae sobre los salarios docentes, y en 2025 no mejorará, ya que la partida destinada específicamente para ese fin caerá 38,8%. Continuará así con la situación de 2024: mientras que los salarios crecieron 102% desde noviembre, la inflación fue de 161% -estimando en octubre 3,3% del REM-BCRA-, consolidando una pérdida enorme del poder adquisitivo de 22,6%.

CB/JJD

En Matilda, famosa película de los años ‘90, la señorita Miel descubre en esa pequeña niña una inteligencia extraordinaria, fuera de lo común: ante ese descubrimiento, le pide a la directora de la institución, Tronchatoro, que la pasen a un grado más avanzado, a lo cual esta última se niega. ¿Qué sucede en la Argentina del 2022 cuando aparece, en una sala o grado, un niño que se destaca por sobre los demás, con o sin un psicodiagnóstico que confirma su superdotación previamente hecho? 

Organizaciones abocadas a las Altas Capacidades Intelectuales denuncian un vacío legal y una falta de tratamiento hacia los niños con esta condición, que representan, según estimaciones, un 2% del total de chicos escolarizados. La situación, sin embargo, no es homogénea a lo largo del territorio argentino, aseguran desde MENSA y Abrazo Arcoiris, dos de estas organizaciones. Mientras que en Jujuy tienen un Servicio de Acompañamiento Escolar especial para chicos con altas capacidades, en la Ciudad de Buenos Aires las escuelas responden de manera específica de acuerdo a caso, lo que vuelve al tratamiento muy discrecional. En la provincia de Buenos Aires, los pedidos de adelantamiento o de adecuamiento curricular son directamente denegados por las escuelas. 

En el artículo 93 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 se establece que las autoridades educativas jurisdiccionales deben organizar o facilitar el diseño de programas para la identificación, evaluación temprana, seguimiento y orientación de los alumnos y alumnas con capacidades especiales, como así también ampliar el proceso de escolarización de estos estudiantes. Ese es, para la gran mayoría de las provincias, el único marco normativo respecto a la situación de los chicos con altas capacidades. 

“La única normativa respecto a las altas capacidades es un artículo dentro de una ley. Para los chicos con capacidades reducidas, tenés 18 leyes distintas que contemplan la discapacidad, lo que está perfecto. Este extremo, el de las capacidades por encima de la media, se encuentra olvidado y abandonado”, asegura Cinthia Fernandez de MENSA, asociación internacional que nuclea a personas con Altas Capacidades, en diálogo con eldiarioAR. “El Gobierno nunca tomó una política, solo repartió unos cuadernillos donde se explica la necesidad de atender a las altas capacidades, como un instrumento más de lo que es la inserción escolar. Políticas especiales para este colectivo nunca se plantearon ni se llevaron a cabo”. 

Silvina Gvirtz, secretaria nacional de Educación, sostiene que “cuando los especialistas estudian la inteligencia de un chico hacen una evaluación integral: quizas un chico con altas capacidades intelectuales tiene una capacidad de socialización acorde a su edad real. Se debe ponderar que el chico tenga una linda trayectoria, que pueda disfrutar la escuela; no siempre lo ideal es el adelantamiento”.

Benjamín, el chico al que quiere obligar a repetir

El caso de Benjamin Equiza, quien cumplió semanas atrás ocho años, sentó un precedente a nivel nacional: con un diagnostico de altas capacidades, Benjamin “saltó” de sala de cuatro a primer grado y luego rindió segundo grado libre en 2020. Cuando quiso empezar tercer grado, la Direccion General de Educacion Privada (DIEGEP) pretendió obligarlo a repetir, lo cual dio comienzo a una serie de enfrentamientos legales entre la familia de Benjamin y el ministerio de Educación bonaerense.

“En la Provincia de Buenos Aires hay un vacío legal muy pronunciado”, asegura Virginia Monte, de la asociación Abrazo Arcoiris. “Como no hay ninguna normativa provincial en la cual se establezca el tratamiento que se debe seguir frente a los chicos con altas capacidades, las escuelas dan por sobreentendido que no pueden ser adelantados de grado, o aseguran que no pueden ejecutar las adecuaciones curriculares correspondientes”. 

De esta manera se genera un conflicto entre las familias, que quieren que sus hijos reciban la educación necesaria de acuerdo a su edad mental, y las escuelas, que se niegan a adelantar a los chicos, guiados por la falta de legislación al respecto y por lo tanto, el “mandato” de seguir a la edad cronológica. Monte asegura que, de acuerdo al registro de Abrazo Arcoiris, hay unas 200 familias de la Provincia de Buenos Aires que se encuentran actualmente en conflicto con las instituciones a las que asisten sus hijos. La decisión de qué chico es adelantado y qué niño no, se vuelve así discrecional, y depende de la llegada que tengan las familias al ministerio de Educación bonaerense. 

Como respuesta a esta situación, se presentó dos semanas atrás en la legislatura bonaerense la Ley Benjamin, que busca establecer un marco regulatorio para la detección y abordaje integral de los chicos con altas capacidades intelectuales (ACI) desde el jardín hasta la secundaria. “En la Provincia, hay aproximadamente 5 millones de alumnos, entre el sistema público y privado. Si el 2% tiene altas capacidades, estamos hablando de 100.000 chicos y chicas que, ante la falta de una legislación y consiguientemente del tratamiento educativo adecuado, sufren frustraciones, estrés, problemas emocionales”, asegura Claudio Frangul, diputado bonaerense de Juntos, promotor del proyecto de ley. 

“Hoy, a pesar de que Argentina tiene el artículo 93, según el cual cada jurisdicción debería implementar un plan y atender a esta minoría, eso no se realiza en la Provincia. Hay una desatención en toda la línea jerárquica del Gobierno provincial, que desconoce la realidad a la cual están sometidos estos chicos. La ley que se está presentando en la legislatura permitiría que los profesionales cuenten con formación para atender a este colectivo y que haya más psicodiagnósticos”, sostiene Soledad Heit, mamá de Benjamin, en diálogo con eldiarioAR. 

“Los chicos de altas capacidades hoy, al menos en la Provincia, se encuentran a la deriva, a la deriva y a la voluntad de determinadas personas”, agrega Soledad. 

Un negocio para “superdotados”

En la Ciudad de Buenos Aires, tampoco hay una legislación específica que atienda las necesidades de este colectivo. “Sin embargo, en la Ciudad tienen una metodología para responder a la demanda de atención específica. En el momento en el cual la escuela recibe el caso, realizan los adelantos de grado correspondientes y las adecuaciones o enriquecimientos curriculares”, sostiene Monte. 

Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, aseguraron a eldiarioAR que están trabajando para la actualización de la normativa vigente para encuadrar estos casos. “Una vez que se adecúe la norma, las familias que lo consideren oportuno podrán presentar los certificados del equipo interdisciplinario correspondiente y se les permitirá a estos estudiantes adelantar hasta un grado”, señalaron. 

A pesar de esto, fuentes del Gobierno de la Ciudad aseguraron a eldiarioAR que hay un “negocio” alrededor de los chicos con altas capacidades intelectuales. “Hay grupos de personas que se encargan de hacerle creer a determinadas familias que su hijo/a es superdotado. Cobran una fortuna para entrenarlo”, sostienen. Así, la situación en Ciudad estaría lejos de ser armónica. 

La única provincia que generó legislación específica para tratar las necesidades de este colectivo fue Jujuy, la única provincia que tiene, dentro del Ministerio de Educación, una Secretaria de Altas Capacidades, que cuenta con un Servicio de Acompañamiento Escolar. “Esto crea una ventanilla para el seguimiento correspondiente de los chicos con altas capacidades”, sostiene Frangul.

AS/MG