El gendarme Héctor Guerrero, acusado de dispararle una granada de gas lacrimógeno en la cabeza al fotógrafo Pablo Grillo el pasado 12 de marzo, se presentó voluntariamente este lunes en la causa como posible “imputado” y designó como sus defensores a Claudio Pedro Nuncija y Martín Luis Sarubbi. Según denunciaron desde el Cels, se trata de una estrrategia para poder acceder a los detalles de la investigación. Pero lo que más llama la atención es que ambos abogados fueron provistos por el propio Ministerio de Seguridad y tienen un largo historial de defensas resonantes: Desde uno de los implicados en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, hasta los tres policías condenados por el homicidio de Lucas González o la representación de miembros de Revolución Federal, la agrupación de ultraderecha cuyos miembros fueron vinculados con el atentado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Además, Sarubbi no solo defiende policías en causas de gatillo fácil, sino que también los asesora. En una imagen de su cuenta de Instagram, se lo ve a él con integrantes de la dirección de Operaciones Espaciales de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria). Allí, el letrado acababa de dar una charla “sobre las causas de justificación en el accionar de las fuerzas de seguridad”.

Mientras el fotoperiodista se recupera lentamente en el Hospital Ramos Mejía, la causa a cargo de la jueza federal María Servini comenzó a moverse.

Desde Revolución Federal hasta Santiago Maldonado

Martín Sarubbi es un abogado penalista que, según su cuenta en la red LinkedIn, trabaja desde el 2021 en la Dirección General de Víctimas de la secretaría de justicia, en la ciudad de Buenos Aires. Entre sus funciones, la dirección diseña “herramientas con el objeto de asistir a las víctimas de delitos, así como a sus familiares, atendiendo a sus necesidades de protección y asesoramiento”. Sin embargo, y aunque el letrado no detalle sus funciones en la justicia porteña, Sarubbi no se hizo mediáticamente conocido por defender –precisamente– a las “victimas”. 

Antes de representar al gendarme que dejó al fotógrafo Pablo Grillo al borde de la muerte, y quien hoy se recupera favorablemente, Sarubbi defendió ─junto a otro abogado─, a tres policías porteños que fueron condenados a cada perpetua en 2023 por el homicidio de Lucas González, de 17 años. Durante el juicio, el penalista protagonizó una escena singular: en la primera jornada de alegatos, mientras Gregorio Dalbón –abogado de la familia de González– esgrimía sus argumentos, Sarubbi se levantó de la sala y se retiro del juzgado. Los tres efectivos imputados quedaron solos en el banquillo. Por esa actitud fue sancionado por el Tribunal Oral Criminal 25.

En 2021, el mismo año que el crimen de González, Sarubbi también defendió a otro policía. Se trató del oficial bonaerense Facundo Amendolara, de 29 años por entonces, quien le disparó al cantante Santiago Moreno Charpentier, “Chano”, ex líder de la banda Tan Biónica. En aquella ocasión, Chano sufrió un brote psicótico e intentó agredir a Amendolara con un cuchillo. Este respondió con un disparo, hiriendo gravemente al cantante. Sarubbi alegó “legitima defensa” y el efectivo fue sobreseído finalmente, aunque la defensa del cantante decidió no apelar el fallo.

En 2023, el abogado volvió al ruedo en su defensa acérrima del “gatillo fácil”, cuando representó a Sergio Daniel Mamonte, un oficial bonaerense acusado de asesinar de un disparo a Alexis Nahuel López, de 20 años. Sarubbi alegó que la victima empuñaba un arma blanca y tenía intenciones de agredir a Mamonte durante una pelea callejera con otros jóvenes en la localidad de Berazategui. El policía fue finalmente declarado “no culpable” por el tribunal. El último día del juicio, el abogado estuvo acompañado por el ex efectivo Luis Chocobar, condenado a prisión en suspenso por matar a un ladrón en el barrio La Boca en un caso que generó gran debate sobre el rol de las fuerzas de seguridad.

Los abogados tienen un largo historial de defensas resonantes: Desde uno de los implicados en la muerte de Santiago Maldonado, hasta los tres policías condenados por el homicidio de Lucas González, el agente que disparó a Chano Carpentier y miembros de Revolución Federal.

El penalista, sin embargo, también participó de otro tipo de causas. La más llamativa es su vínculo con la agrupación de ultraderecha “Revolución Federal”, investigada por la justicia por “incitación a la violencia pública” e investigada por sus vínculos con el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kichner. Sarubbi representó a Sabrina Basile, integrante de Revolución Federal, y procesada en 2022 junto a Jonatan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa. El juez federal, Marcelo Martínez De Giorgi, los consideró responsables de formar una agrupación que busca “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, un delito que tiene una pena de hasta ocho años de prisión. 

Entre las defensas de Sarubbi también figura Ximena de Tezanos Pinto, la vecina del piso de arriba de Cristina Kirchner, quien había sido investigada por sus vínculos con los miembros de Revolución Federal.

Además de Sarubbi, representa al gendarme Guerrero, Claudio Pedro Nuncija. La información que pudo comprobar este medio es que figura como personal de Gendarmería en el escalafón de justicia como “segundo comandante”. Además, según su cuenta de LinkedIn, trabaja en el Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Fue, además, uno de los abogados del gendarme Emmanuel Echazú, implicado junto a otros efectivos en la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

La imputación “voluntaria” 

“Con el ingreso voluntario del gendarme en la causa, sus abogados ya tienen acceso a los movimientos del expediente”, explica Agustina Lloret, abogada del CELS y una de las querellantes en la causa de Grillo en representación de su familia. “Lo que Guerrero centralmente intenta con esto es acceder a la causa como imputado y hacer un seguimiento con su defensa”, agrega la abogada. 

Respecto a la designación de Sarubbi y Nuncija como abogados del único imputado hasta ahora, Lloret no se sorprende por sus antecedentes. “Patricia Bullrich siempre impulsa ese patrocinio gratuito para los imputados de su fuerza. Y es muy común que abogados que estuvieron en otros casos de violencia institucional, participen de otros”, señala la integrante del CELS. 

Entre las medidas de pruebas que la querella ya solicitó no solo se encuentran las que apuntan a Guerrero –como el acceso a su legajo personal–, sino que también se puso el foco en otros protagonistas del operativo, como el jefe del destacamento móvil 6, Héctor Ferreira y del jefe del Comando Región I, Marcelo Porra Melconian, entre otras autoridades y fuerzas involucradas que participaron el 12 de marzo. 

“Esto nos permite saber cuáles fueron las órdenes que se le dieron a los efectivos que concretamente desplegaron conductas ilícitas en la protesta, desde el uso desproporcionado de granadas de gas hasta escopetas largas”, puntualiza Lloret.  

Este sábado, en la plaza de Remedios de Escalada, donde Pablo se crio, se realizará un festival solidario en su honor. 

FLD/MG

El fiscal federal Gerardo Pollicita propuso que se extienda la prohibición de acercamiento de los referentes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal a la expresidenta Cristina Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia y a las “personas de su círculo íntimo”.

La medida, explicó el fiscal, es adicional a la dispuesta la semana pasada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que consiste en “la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros del Congreso de la Nación, del Instituto Patria y del domicilio” de la expresidenta. Fue propuesta “teniendo en consideración el resultado obtenido a raíz de las tareas de vigilancia virtual desplegadas en los perfiles en redes sociales” de los principales referentes de Revolución Federal, Leonardo Sosa, Jonathan Morel y Gastón Guerra.

Hasta ahora, los tres tenían prohibido acercarse a los edificios, pero esa medida dejaba abierta la posibilidad de que sí lo hicieran cuando alguno de los integrantes de la familia Kirchner desarrollaran actividades fuera de esos tres lugares.

El escrito del fiscal advierte sobre la necesidad de “garantizar la eficacia” de la prohibición de acercamiento “y, por ende, la seguridad de los destinatarios de las conductas desplegadas por parte de los nombrados, virtualmente en algunos casos y personalmente en otros”.

“Resultaría pertinente que la prohibición de concurrir a ciertos lugares ya dispuesta se extienda a ´acercarse a determinadas personas´, puntualmente a aquellas que manifestaron un temor originado en la actividad constatada” en las redes sociales por expertos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La prohibición de acercamiento deberá estar acompañada de un “bajo apercibimiento de revocarse la excarcelación oportunamente otorgada” a los dirigentes de Revolución Federal.

MM con información de la agencia NA.

Desde el Congreso, mientras se debate la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, y como invitado de la diputada libertaria Lilia Lemoine, Leonardo Sosa, uno de los fundadores de Revolución Federal junto a Jonathan Morel, pidió cárcel o bala para “los zurdos que se sarpen hoy”. Lo hizo con un video de Gendarmería en la red social X y le habló a Patricia Bullrich: “Proceda, ministra”, escribió. También compartió fotos del debate con arengas para La Libertad Avanza y críticas al kirchnerismo. Definió al diputado de Unión por la Patria Máximo Kirchner como “mamarracho” y a su par Leandro Santoro como “parásito”. Fotografió juntos al legislador libertario José Luis Espert y al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y aseguró que “revivió la Patria”.

Con una camisa beige, anteojos de sol colgados del escote, un morral, celular en la mano y bermudas, Sosa se paseó por los pasillos del Congreso junto a otros jóvenes, entre los que estaban Dalila Monti, quien se presentó a los medios como la novia de Morel, y un sobrino del expresidente Mauricio Macri. Su presencia no pasó inadvertida. Encendió las alarmas y generó tensión durante el debate porque Sosa fue denunciado el 22 de octubre del año pasado por los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, por “actividades delictivas destinadas a dañar” a la expresidenta.

Los letrados también le solicitaron al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que “tome medidas que permitan desbaratar un nuevo ataque o nuevas actividades violentas sobre el kirchnerismo”.

“Quiero hacer un aviso y una denuncia pública, de que se encuentra en la casa Leo Sosa, uno de los fundadores de Revolución Federal que fue parte del intento de asesinato a Cristina Kirchner. Está en esta casa retuiteando y amenazando diputados. Entró con una pulsera color roja, que se está distribuyendo desde algún lugar de esta cámara”, le dijo la diputada de Unión por la Patria, Cecilia Moreau, al presidente de la Cámara baja, Martín Menem. En la misma línea se expresaron los legisladores Itaí Hagman y Florencia Carignano que pidieron que se explique cómo entraron esas personas al recinto. Menem no evitó el asunto y respondió: “Ya se está investigando, cuando tenga la certeza lo voy a informar. Yo velo por la seguridad de todos nosotros y de todos los empleados. Hace un mes que estoy en la casa, (sobre) todo el tema de seguridad recién estamos tomando control de las cuestiones. Son gestiones y gestiones. Vamos a tomar cartas en el asunto y no va a volver a ocurrir una barbaridad como la que usted (a Carignano) está describiendo y como la que plantearon otros diputados. Cuenten conmigo”.

Aunque los legisladores que usaron algunos minutos para hablar de la presencia de Sosa lo vincularon al ataque a Cristina Fernández ocurrido el 1 de septiembre de 2022 y él, en su perfil de la red social X se define como alguien que estuvo “detenido 13 días ilegalmente” y “enjuiciado por la cobarde mayor Cristina Kirchner”, la causa contra los integrantes de Revolución Federal no está vinculada oficialmente a ese atentado. Los miembros de esa organización fueron procesados por amenazas a funcionarios kirchneristas e intimidación pública. Este expediente se mantuvo de forma independiente al del atentado ya que no se encontró una vinculación directa entre los hechos aunque sí había algunas conexiones como que Brenda Uliarte, procesada como coautora de homicidio agravado en tentativa, había participado de al menos una marcha de la organización libertaria.

Sosa fue invitado a Diputados este miércoles por Matías Font, militante libertario en la comuna 7 de CABA, en una lista autorizada por la diputada Lilia Lemoine, a quien por el hecho le levantaron un sumario, aseguró una voz libertaria a elDiarioAR. La fuente señaló que Lemoine “incluso les había dicho que cuando terminara todo podían encontrarse con ella para saludarla”.

En diálogo con elDiarioAR, Lemoine desmintió haber habilitado el ingreso de Sosa al recinto. “Yo no lo invité, alguien lo metió”, dijo y agregó: “Es una operación. Conozco a Matías de los eventos y las redes como a decenas de otros chicos. La verdad, ni idea. Estoy adentro desde las 9 am. Yo no armé la lista. Son del Partido Libertario. Aparentemente. De Nico Emma”.

El grupo con el que Sosa llegó a Diputados era de unas 25 personas. Una de las que ingresó con él le aseguró a elDiarioAR que en la puerta del Congreso “nadie pidió los DNI”. Apenas entraron llegaron a sacarse una foto de todos desplegando la icónica Bandera de Gadsden libertaria, donde se ve una serpiente con la frase “Don't Tread On Me” (en español, no me pises), con fondo amarillo.

Sosa estuvo en la sesión durante las primeras horas hasta que fue identificado por Unión por la Patria y denunciado públicamente adentro del recinto. Entre los libertarios, que se habían dividido en los palcos del recinto, la noticia corrió como polvora: “Chicos tuvimos un problema”. Lo buscaron insistentemente los funcionarios de seguridad. Incluso fueron a preguntarle a Lemoine adentro del recinto.

En la presidencia de Diputados aseguraron a elDiarioAR que Sosa no estaba en una lista de invitados oficial. Aseguraron que se trató de una “lista paralela”, que se está investigando internamente.

Quién es Dalila Monti

Según denunciaron en UxP, Dalila Monti es una joven paranaense cuyo padre era cabo del Ejército hasta que tuvo un accidente y le dieron la baja; ahora es ordenanza en una institución de salud. Se presentó a los medios como la novia de Morel cuando detienen al fundador de Revolución Federal. Integró el ala femenina de Revolución Federal, las “mabeles”.

Cuando detuvieron a Morel, ella habló con los medios y contó que era su novia y vivían juntos “Estoy segura de que eso fue trabajo porque estuve. Yo vi todo. Te puedo asegurar que eso fue trabajo. El 1 de agosto me fui a vivir con Jonathan y a los días él se fue a Neuquén. Vi cuando compraba las herramientas, vi cuando buscaban camiones para llenarlos con las melaninas. El trabajo se hizo. Cierra todo. No van a encontrar nada”, dijo.

Encabezó las convocatorias pidiendo libertad por Morel y Sosa y formó parte con Sosa del “miting” libertario convocado en la previa de la asunción de Milei donde instaban a la quema del BCRA “simbólicamente”.

El peligro de Sosa para el kirchnerismo, según los abogados de Cristina Fernández de Kirchner

La última denuncia contra Sosa, el año pasado, se dio luego de que los letrados reconstruyeran que el domingo de elecciones 22 de octubre Sosa había subido “un mensaje netamente amenazante a sus redes sociales”. En su publicación en la cuenta de X, Sosa había expresado: “Mañana CFK vuelve a Bs. As. Mañana vuelve Revolución Federal”. Para los abogados, ese mensaje significó que Revolución Federal esperaría a la expresidenta “para continuar con sus actos de terrorismo político”.

En ese sentido, agregaron: “Lo que parece suceder es que Sosa, quien formaría parte de La Libertad Avanza, envalentonado por el posible resultado electoral de este partido, se siente seguro para poder atacar impunemente a Cristina Fernández de Kirchner. Recuérdese que Revolución Federal dejó de actuar de manera formal ante un hecho muy concreto: el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner”.

Luego, aquella solicitud fue ampliada con la reiteración del pedido, al que se le agregaron dos nuevas declaraciones de Sosa en sus redes sociales en las que ironizaba si el búnker del candidato presidencial de LLA, Javier Milei, quedaba en “Juncal y Uruguay”, intersección donde se encuentra ubicada la vivienda de la vicepresidenta, donde fue atacada. En otra publicación, Sosa manifestaba: “Dejaremos nuestra sangre en las calles con tal de llevar a Milei a la Casa Rosada”.

Hoy, a tres meses de aquellos eventos, Sosa ingresó a la Cámara de Diputados invitado por el oficialismo.

Los posteos intimidatorios de Leonardo Sosa

MM/JJD

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga las actividades violentas de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, le pidió al tribunal oral que tiene asignado el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner la declaración de Brenda Uliarte, imputada y detenida por ese episodio.

“Solicítese al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número seis que remita una copia digital de la presentación escrita y/o declaración prestada recientemente por Brenda Elizabeth Uliarte en el marco de la causa nro. 2998/2022”, dispuso el magistrado.

La medida surgió después de que trascendiera que Uliarte “habría realizado manifestaciones vinculadas a Revolución Federal”.

Los abogados Yamil Castro Bianchi y Nicolás Rechanik, quienes representan al dirigente social y querellante Juan Grabois, habían pedido esa y otras medidas de prueba como consecuencia de las declaraciones de Uliarte.

Brenda Uliarte, ex pareja de Sabag Montiel (“durante un mes y medio”) y también detenida por el intento de asesinato, se despegó días atrás del ataque.

“Él (Sabag Montiel) siempre me decía que la quería ver muerta, que había cagado el país, pero eso lo dicen muchos argentinos. Yo la verdad no creí que fuera a ser en serio, siempre creí hasta el mismo día del hecho, que me estaba jodiendo, para asustarme y manipularme”, sostiene el documento.

Uliarte afirmó que el 1 de setiembre de 2022 ella intentó que Sabag Montiel desistiera del intento de homicidio pero él persistió y se la sacó de encima llamándola “cobarde”.

“Se hacía el malo con la gente, pero después no hacía nada con ellos, se la terminaba agarrando conmigo, por eso siempre pensé que esto era mentira, que era un chiste de él”, recordó, al tiempo que describió escenas de violencia física que dice haber sufrido por parte de su fugaz pareja.

“Yo no sé por qué Nando hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo. Claramente alguien está detrás”, subrayó.

Sobre el vínculo con Revolución Federal, Uliarte sostuvo que se produjo a través de Sabag Montiel.

El texto de su declaración

“Quiero empezar contando mi relación con Nando (Fernando Sabag Montiel). Mucha gente dice que yo lo re conocía y no es así. Juntos en pareja estábamos hace re poco, de hecho antes de estar con él, en mayo, estuve con Eduardo Prestofelippo (El Presto), y yo estaba re enganchada con él, también estuve con otras personas y ni bola le daba a Nando. 

Si bien lo conozco hace más tiempo, la verdad es que empezamos a salir el último mes y medio, y en ese tiempo me di cuenta que él es una persona con muchos conflictos de personalidad, bipolar, sufrí varios hechos de violencia de género, una vez se zarpó después que discutimos, de hecho si revisan mi celular van a ver que hay fotos mías golpeada. Él tiene un buen discurso, y es muy manipulador. 

Me enteré por mis abogados que escribió varias cosas y las presentó ante el tribunal, pero no sé por qué dice esas cosas, porque no fueron así. Hoy estoy viviendo un infierno por él y sus decisiones, y encima es evidente que los copitos lo defienden, están de su lado, por los mensajes de Carrizo, yo creo que lo defiende por se lado. Yo fui un solo día a la sede de Revolución Federal a vender copitos, que me llevó Fernando. Él era parte de todo eso, no yo. De hecho, si le preguntan a los miembros de Revolución Federal, nadie me conoce, o si me vieron, fue alguna vez vendiendo copitos en algún acto, no porque me interese el acto en sí, sino porque se vendían re bien. 

Respecto a Morel no lo vi nunca personalmente. Estuve muy poco tiempo con Nando y todo lo que sé de ellos y de Revolución Federal es porque me lo contaba él. 

Respecto a los mensajes con Agustina que figuran en la causa fueron sacados de contexto, a ella la conozco hace 9 años, del secundario, de la Juana Manso. Es más, Nando dice que los mensajes fueron manipulados y que era con él con quien hablaba, respecto al contacto que figura como «amor de mi vida» y esto es mentira. Yo tenía agendada a Agustina como «amor de mi vida» porque era una interna entre nosotras, que éramos muy amigas. Y respecto a las charlas sobre política, siempre hablábamos o mencionábamos situaciones del país, o mi desacuerdo con algunas políticas, o cómo me gustaría ver un país mejor y hacíamos chistes con políticos, entre ellos, Cristina, pero nunca tuve intenciones de hacerle daño, y nunca creí que Nando iba a llegar a hacer una cosa así, de hecho todavía no lo creo. 

Él siempre me decía que la quería ver muerta, que había cagado el país, pero eso lo dicen muchos argentinos, yo la verdad no creí que fuera a ser en serio, siempre creí hasta el mismo día del hecho que me estaba jodiendo, para asustarme y manipularme. Lo mismo con el arma, un día trajo un arma y me asusté, y al final era de juguete, solo lo hacía para intimidarme y que yo creyera que él podía hacer cualquier cosa, se hacía el malo con la gente pero después no hacía nada con ellos, se la terminaba agarrando conmigo, por eso siempre pensé que esto era mentira, que era un chiste de él. También es muy soberbio, y siempre hablaba como agrandándose, haciéndome sentir menos. 

Los copitos quieren hacerme quedar a mí como que yo lo mandaba y es totalmente mentira, lo están cubriendo para que no se sepa la verdad de cómo era él y los contactos que él tenía. Yo no puedo asegurar que a él lo financiaron para que mate a alguien, pero sí en dos oportunidades él me contó que sí financiaban a Revolución Federal. Había gente contactada al gobierno anti K, que pagaban paraque vayamos a las marchas, y a los actos, en realidad le pagaban a él y él me llevaba a mí. 

También en una oportunidad yo lo escuché hablando con una chica, de nombre Carolina, y cuando le pregunté quién era, me dijo que era la secretaria de un amigo, y que ella le daba una mano, que no le rompa las bolas con los celos, en el mes y medio que estuvimos juntos me la nombró dos o tres veces. 

Yo no sé por qué Nando hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás. Yo nunca vi a Milman pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina Kirchner. A ver, yo no digo que financiaron el atentado, pero sí financiaban para agitar y hacer quilombo. Y Carrizo sabe todo esto, pero él va a cubrir a Nando, porque no quiere tener quilombo con los de arriba, saben que hay peso pesado. 

A Delfina Wagner la conocí en Crónica TV con la nota de los planes y después fui dos veces más, no la vi por afuera de eso, no éramos amigas, pero ella me mandó un mensaje de apoyo, creo que le caía bien yo, y porque ella vio que Fernando me manipulaba en Crónica TV, me decía qué tenía que decir, y si no lo hacía se enojaba delante de todos y me ninguneaba, ella se dio cuenta, sintió que él quería figurar y me decía lo que tenía que hacer, yo creo que estaba celoso de mí y de la atención que me daban. Yo creo que ella se solidarizó conmigo, por eso después me mandó el mensaje. 

El día que pasó todo, ese día… Ese día Nando estuvo raro, era jueves. Estaba estudiando y estaba haciendo UBA XXI Medicina, el CBC. Cuando me mostró el arma, yo al principio pensé que era una réplica, ese día Fernando me apuntó con el arma y me decía «ahora si quiero te mato», ahí me dio miedo, si bien tuvo situaciones violentas conmigo, nunca me había apuntado, pero traté de tranquilizarme creyendo que no era de verdad, que seguro era una réplica, o no funcionaba y que quería hacerme tener miedo, pero de corazón, nunca pensé ni que era verdad ni que sería capaz de hacer algo así. En ese momento me empezó a amenazar, me dijo «vamos acompañame o te mato», no quería salir solo. En ese momento, yo lo miré y caminé hacia la puerta y salimos, fuimos al Abasto, él pasó a pagar unos tatuajes, y estaba nervioso, y después fuimos para Juncal, llegamos al acto y cuando vi que se acercaba lo agarré del brazo y le dije que no lo haga, que ya está la joda, que el chiste no era gracioso y que me estaba dando mucho miedo, me llamó cobarde. Yo lo quise agarrar del brazo de nuevo, me grita cobarde ya ahí, en ese momento, cuando me di cuenta que realmente lo iba a hacer, que iba derecho a Cristina, me fui a la esquina, estaba paralizada, pregunté si podía ir al baño porque empecé a sentirme mal, temblaba de miedo, y ahí pregunté a una chica cómo ir al Obelisco, y ahí llamé a mi primo Martín Uliarte, y me dice por teléfono lo que había pasado, que lo vio en la tele. Me fui al Obelisco, luego me tomé el 45 hasta Retiro y ahí me tomé el tren San Martin, me fui a la casa de mi ex, Lucas Ocampos. Estaba aterrorizada, con mucho miedo, sin saber qué hacer, y decidí quedarme ahí con él dos días sin contarle nada. Yo solamente llegué y me acosté. 

Es muy difícil para mí estar pasando por esta situación, es la primera vez que estoy presa, es un infierno, nunca tuve un problema y me costó muchísimo poder hacer esta declaración, no confiaba en mi abogado anterior, Kollman, es más me pareció un desastre la defensa que hizo, por eso nunca me animé a hablar. Ahora me siento contenida y psicológicamente más estable. Espero que se sepa la verdad de todo, porque soy inocente de lo que me acusan“. 

La respuesta de los apuntados por Uliarte

En el entorno del diputado del PRO Gerardo Milman creen que “el invento podría haber sido mayor” y que seguramente “Uliarte no se animó a mentir tanto”. Aseguran que se trata de un intento desesperado del kirchnerismo para intentar, nuevamente, vincular a Patricia Bullrich con el hecho. En redes sociales, el diputado Rodolfo Tailhade presentó los dichos de Uliarte como una rotunda confirmación de esos vínculos con el PRO y el empresario Nicolás Caputo. El ex candidato a presidente, el piquetero Juan Grabois, hizo lo mismo. En el entorno de Bullrich prefirieron el silencio: “No hay que darles prensa”.

La asesora de Milman, Carolina Gómez Mónaco, se mostró compungida por una nueva acusación en su contra: “Están obsesionados conmigo”. Negó cualquier tipo de relación con Uliarte o Sabag Montiel y aseguró ser “víctima de otra operación de inteligencia del kirchnerismo”.

Los abogados de Agustina Díaz, la confidente de Uliarte que estuvo presa durante dos meses, tampoco creen en los dichos de la expareja de Sabag Montiel: “Es muy manipuladora, mentirosa, es cierto que Sabag le pegaba pero nunca me contó lo que dijo”.

Los referentes de Revolución Federal aseguraron que nunca conocieron a Sabag Montiel y que la vieron a Uliarte en un acto por una publicación de Facebook.

En el celular de Brenda Uliarte no se encontraron fotografías que acrediten la supuesta violencia de género ejercida por Sabag Montiel contra ella ni contactos con los involucrados.

En tanto, en Comodoro Py son muy cautos con esta última declaración de Uliarte: “Están tratando de embarrar la cancha y ganar tiempo”.

Con información de agencias.

IG

Dos miembros de Revolución Federal y una tercera persona fueron procesados este jueves, sin prisión preventiva, por los daños y los incidentes ocurridos en las proximidades de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 22 de agosto pasado, día en el que el fiscal Diego Luciani pidió que la condenaran a doce años de prisión en la causa Vialidad.

Los procesamientos fueron dictados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y abarca a Jonathan Morel y Leonardo Sosa, así como a Natanael Rinstein Menin, quien habría llegado a morder a un policía en el momento en el que intentaban reducirlo, según surgió de la reconstrucción de los hechos.

Al momento de la aprehensión de Reinstein Menin, “llevaba consigo una botella con combustible y con un trapo dispuesto a modo de tapón”, lo que se conoce popularmente como cocktail molotov, según la resolución.

Morel y Sosa fueron procesados por el delito de daños en grado de tentativa, ya que rompieron un vallado de madera de la vía pública con el aparente afán de utilizarlo contra militantes kirchneristas en el lugar para apoyar a la vicepresidenta, mientras que Reintein Menin fue procesado por tentativa de lesiones, daños e intimidación pública y como autor del delito de resistencia a la autoridad y por haber puesto sus manos sobre un policía.

En el marco del expediente del fiscal Gerardo Pollicita, el juez Martínez de Giorgi ordenó mandar a trabar embargos sobre los bienes de los imputados, hasta cubrir los montos de 350 mil pesos en el caso de Reinstein Menin, 200 mil pesos para Sosa y 150 mil pesos en el caso de Morel.

“Los encausados habrían tomado una valla de madera de color blanco, que formaba un perímetro delimitando una zona de trabajo sobre la acera, y habrían intentado dañarla”, se explicó en la resolución, donde además se refirió a que un policía que intervino en aquella situación aventuró que el objetivo de Sosa y Morel habría sido “obtener fragmentos del vallado para tener a su disposición elementos que pudieran arrojar hacia sus contendientes”.

El proceso judicial se inició “a raíz de los hechos ocurridos con fecha 22 de agosto del año 2022” cuando desde las 21 horas, “diversos grupos de personas comenzaron a aglomerarse en las inmediaciones de la intersección de calles Juncal y Uruguay de esta ciudad, a fin de manifestarse, sosteniendo consignas en favor y en contra de la Vicepresidenta Cristina Kirchner, por tratarse esa zona del lugar donde se emplazaba el domicilio particular de la funcionaria”, relató el juez.

“La situación derivó en el inicio de altercados entre los integrantes de cada una de las facciones, quienes se propinaban insultos, empujones y se arrojaban objetos, motivando a su vez que las fuerzas policiales dispuestas en las cercanías intentaran contener la situación y disuadir los enfrentamientos”, continuó.

“En ese contexto se desarrolló la prevención policial efectuada por parte del Oficial Primero Waldemar González y del Oficial Inspector Martín Morales, ambos de la Unidad Investigativa II de la División Investigaciones Comunales N° 2 de la fuerza policial local, que derivó en la aprehensión de Leonardo Franco Sosa y de Natanael Reinstein Menin”.

Los policías se refirieron que dos de los imputados “intentaban dañar una valla de madera que delimitaba un área de trabajos sobre la calzada - más precisamente se encontraba situada del lado izquierdo de la calle, en sentido del tránsito-”. “Ante esa circunstancia el personal policial procedió a la advertencia de una de las personas -quien durante el transcurso de la investigación se determinó que se trató de Jonathan Ezequiel Morel-, y a la identificación con fines de prevención de la restante, verificándose luego que era Leonardo Franco Sosa”, continuó el magistrado.

“En el mismo momento cuando el oficial González se encontraba alejando de los tumultos a Sosa con motivo de identificarlo, fue tomado alrededor del cuello por Natanael Reinstein Menin -fue descripto vistiendo una campera deportiva color negro y azul junto con un pantalón deportivo gris y portando también una mochila de color negro-, quien se acercó desde su espalda y lo sujetó en la zona del cuello con el brazo, intentando tirarlo hacia atrás”, agregó.

El oficial González “procedió a reducir a Reinstein Menin, lo que a raíz de la resistencia empeñada por este último motivó que por el forcejeo ambos cayeran al suelo. En esa misma ocasión el prevenido habría aprovechado para morder al efectivo policial en su pierna izquierda”, indicó el juez.

En ese marco, los policías detectaron que de la mochila de Reinstein Menin “emanaba olor a combustible” por lo que “se lo aprehendió y se procedió a su requisa”, señala la resolución, para luego dar cuenta de que en la mochila “se hallaron restos de una botella de vidrio -presumiblemente de cerveza- de color verde, trozos de tela -de color azul- y líquido vertido producto de la fragmentación de dicho envase”.

Los procesamientos dictados este jueves se suman a los ya dictados contra Morel, Sosa y otros dos integrantes de Revolución Federal (Sabrina Basile y Gastón Guerra) por incitación a la violencia colectiva.

En el tramo central de esta investigación, la Justicia busca determinar también si la agrupación Revolución Federal fue financiada por Caputo Hermanos, sociedad propiedad de Flavio Luis Nicolás Caputo y Hugo Luis Pascual Caputo, hermanos de Luis “Toto” Caputo, exministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri.

La hipótesis surge de que para las mismas fechas en las que Revolución Federal agitaba consignas violentas en las calles, su líder Morel fue contratado para hacer trabajos de carpintería para obras de Caputo Hermanos en la provincia del Neuquén.

Por otra parte, se está investigando la pista de la “9 milímetros” vinculada con una mujer que permanentemente ofrecía una pistola de ese calibre en los grupos de Revolución Federal: la persona ya fue identificada y su teléfono y pistola secuestrados por la justicia.

En una resolución emitida por separado, Martínez de Giorgi amplió el procesamiento de Morel en relación a los actos violentos que protagonizó desde Revolución Federal: le atribuyó haber proferido amenazas a Victoria Donda Pérez, Víctor Hugo Morales, el medio televisivo C5N, Maia Daer, Claudia Neira y el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi.

LC con información de agencia Télam

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi secuestró un arma 9 milímetros que una integrante de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal ofrecía en chats privados para un eventual ataque contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, días antes del intento de magnicidio.

El arma fue hallada en la casa de una mujer identificada como Lidia Margarita Casciano, a quien el líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, tenía identificada en su teléfono celular como “Dali Revolución”.

En al menos cuatro oportunidades, Casciano sostuvo que tenía un arma de esas características, la puso a disposición para eventuales acciones y seis días antes del ataque contra la vicepresidenta sugirió que sería una “buena idea” atentar contra su vida.

“En el domicilio allanado se encontró un arma que se trataría de la informada en la causa junto con la documentación correspondiente”, consignó el acta del allanamiento.

El juez, además, ordenó el secuestro del teléfono celular de Casciano y dispuso medidas para determinar en qué condiciones la mujer poseía esa arma.

Para ello le pidió a la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM) que “informe con carácter de muy urgente si se encuentran registrados como Legítimos Usuarios de Armas de Fuego” tanto Casciano cuanto otra persona identificada como Daniel Rubén Ortabe.

El allanamiento se realizó en una vivienda situada en la calle Cordero al 400 de la localidad bonaerense de San Fernando.

A “Dali Revolución” se le atribuyen expresiones como “Yo no estoy en el grupo pero contá conmigo”, “la actividad, bala. Tengo unas ganas de usar mi 9 mm”, en el contexto de actividades realizadas por la vicepresidenta en el Instituto Patria y al llegar a su departamento, en el barrio porteño de La Recoleta.

El video de “Dalia Revolución” contra el Gobierno

Con información de agencias.

IG

El líder de la agrupación Revolución Federal, Jonathan Morel, amplió su indagatoria en la causa por “incitación a la violencia” en el marco del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que no quiso agredir a nadie.

El pasado 22 de agosto, Morel fue visto en las inmediaciones de la casa de la Vicepresidenta “rompiendo vallas de señalización por obras en la calzada con el objeto de tener elementos contundentes para arrojar”. En aquel lugar, se encontraban decenas de militantes kirchneristas que se solidarizaban con la Vicepresidenta luego de que el fiscal Diego Luciano pidiera 12 años de prisión en la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz.

Morel se reconoció en el video que registró los hechos y explicó que su accionar fue una reacción a los insultos de los militantes favorables a Cristina Fernández de Kirchner, pero que no quiso agredir a nadie. Aquel día, cuando fue abordado por la policía, el dirigente de Revolución Federal “desistió en su accionar”, pero su compañero Leonardo Sosa terminó forcejeando con un oficial contra quien lanzó golpes de puño.

Tanto Morel como Sosa son dos de los cuatro procesados por incitación a la violencia. Anteriormente, estaban procesados por agruparse para “intentar imponer sus ideas por la fuerza o el temor”, pero la Cámara Federal porteña cambió la calificación penal del delito el pasado febrero.

ACM con información de Télam

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió la indagatoria de Rosana Caputo, hermana del ex presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, por los pagos a la carpintería del líder de Revolución Federal. “Es necesario convocar a Rosana Caputto a prestar declaración indagatoria”, reclamó el juez Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación por el intento de magnicidio de la ex mandataria.

La empresa Caputo Hermanos realizó pagos a Jonathan Morel, referente de la organización de ultraderecha para la supuesta fabricación de muebles para un edificio en Vaca Muerta. Previamente, le habían encargado también unos muebles para un country. Según los abogados de la vicepresidenta, dichos pagos coinciden con actividades violentas de Revolución Federal. “Los muebles pueden haber sido la pantalla para entregarle dinero a Morel y, así, financiar la violencia política”, indicaron.

“La contratación de Jonathan Morel para la realización de la mueblería de Neuquén se dio en los meses en los que Revolución Federal comenzó a actuar públicamente y a practicar e incitar la violencia contra miembros del Frente de Todos”, agregaron. En este contexto, son tres las hipótesis que sostienen la vinculación entre la carpintería, la familia Caputo y el atentado a Cristina Fernández de Kirchner.

La primera es que las transferencias monetarias jamás hayan tenido como finalidad la elaboración de mobiliario, sino financiar a la agrupación de ultraderecha. Una segunda tesis sostiene que es posible que el Grupo Caputo sobrepagara los trabajos con el mismo propósito anterior, mientras que una tercera alternativa es que los encargos efectivamente se hayan concretado, pero que, de todos modos, la contratación de Morel hubiera apuntado a darle sustento al referente en la organización de Revolución Federal.

De acuerdo con los abogados, la cadena de pagos inició cuando la agrupación comenzó a tener visibilidad pública y que, el cese de las transferencias coincide también con el momento en que se desarmó la organización, tras el intento de magnicidio de la ex mandataria. El 25 de mayo, Revolución Federal tuvo su primera aparición púbica y, según el escrito presentado por los magistrados, el día anterior se habían facturado más de $2,4 millones al fideicomiso Espacio Aleño del Grupo Caputo.

ACM con información de NA

El líder de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, Jonathan Morel, se arrepintió ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi por las expresiones agresivas que tuvo contra la ex titular del INADI Victoria Donda, el periodista Víctor Hugo Morales y dos legisladoras del Frente de Todos.

“Lo único que hacía era manifestarme en contra de la clase política argentina siempre y cuando se me presentaba la oportunidad. Mi intención con estos actos, era hacerle saber mi situación social y económica y buscar refugio o ayuda en los actores políticos”, declaró Morel ante el juez.

Martínez de Giorgi convocó a Morel –procesado por intimidación pública, en un fallo confirmado por Cámara- para una ampliación de indagatoria por nuevos hechos detectados tras su primera comparencia.

“Con respecto a lo de Victoria Donda, jamás fue mi intención amenazarla ni atemorizarla”, dijo Morel, quien le había espetado a la ex titular del INADI: “Donda te persigo. Donda vas a tener el mismo destino que tus viejos hija de puta. Le vas a ir a tocar timbre a San Pedro antes Donda, la concha tuya” (sic).

“Destaco que esa expresión fue realizada en una manifestación en la vía pública donde nos estábamos manifestando por el aniversario de la fiesta de Olivos donde Fabiola Yáñez había festejado su cumpleaños en pandemia”, justificó Morel.

“En ningún momento la amenacé de muerte ni le proferí ningún tipo de amenazas. De todas formas, en esta misma ampliación de indagatoria, manifiesto mi arrepentimiento con esos dichos y si pude haber herido a alguien y demás”, se disculpó.

Respecto de Víctor Hugo Morales, a quien le profirió “viejo pelotudo hijo de puta… pero lo cagaría a trompadas hasta desfigurarle la cara que… qué viejo pelotudo”, Morel explicó que esa expresión “fue un momento de indignación ya que se estaba subestimando a la protesta que habíamos realizado contra el Gobierno Nacional”.

“El Sr. Víctor Hugo Morales, intentó desviar el foco de atención, lo cual, a mí me produce cierto rechazo y por esos son mis dichos. Con respecto a la frase lo cagaría a trompadas quiero dejar en claro que yo jamás me acerqué a C5N ni jamás tuve un acto violento para con nadie, de violencia física me refiero”, declaró Morel.

“Entiendo que, quizá, Víctor Hugo Morales se lo pudo tomar a mal, pero no está en mi forma de ser ir a pegarle a nadie ni ningún tipo de violencia física”, añadió.

Sobre las legisladoras porteñas del Frente de Todos Maia Daer y Claudia Neira, a quienes en el acto de asunción de la ex ministra de Economía Silvina Batakis les dijo “chorras, hijas de puta, garcas, los vamos a prender fuego, uno por uno”, Morel respondió: “yo no las conozco”.

“No recuerdo haberlas visto y me fijé quienes eran, una vez que su denuncia se hizo pública. (…) Yo lo único que escucho y que no puedo negar, es que dije las vamos a prender fuego. Dichos de los cuales, por supuesto me arrepiento”, añadió.

“Viéndolos hoy a la lejanía puedo decir que no estoy de acuerdo con lo manifestado por mí mismo en esa oportunidad”, resumió la declaración.

El juez Martínez de Giorgi dispone de un plazo de diez días hábiles, que ya están corriendo, para resolver si amplía el procesamiento contra Morel.

Con información de agencias.

IG

Los abogados de Cristina Kirchner pidieron que “se suspenda el trámite de la elevación a juicio” oral de la causa en la que se investiga el intento de magnicidio ante el surgimiento de nuevas pruebas que otra vez parecen vincular con el hecho a integrantes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal.

“No concebimos cómo el fiscal recibió el 23 de mayo un informe en el que hay un mensaje en el que una persona que es parte de una agrupación dedicada a promover la violencia contra la Vicepresidenta se ofrece para una ´actividad bala´ y no hizo absolutamente nada”, explica el escrito firmado por los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal.

Los abogados querellantes hicieron alusión a un informe producido en la causa en la que el juez Marcelo Martínez de Giorgi investiga a Revolución Federal, en el que apareció una integrante de ese grupo, “Dali Revolución”, manifestando su deseo de usar un arma nueve milímetros.

“La primera alusión de ´Dali Revolución´ a que tenía un arma y quería usarla coincide temporalmente con los meses en los que Jonathan Morel recibió millones de pesos de la familia Caputo para hacer una obra de grandes dimensiones con una carpintería fantasma”, reflexionó el escrito.

La querella conjeturó que “Dali Revolución” podría ser Angélica Dalila Monti, muy cercana al líder de Revolución Federal, Jonathan Morel.

“Tendría una relación sentimental con Jonathan Morel. Además, era la persona con quien estaba Morel al ser detenido en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. En Buenos Aires, Morel y Monti conviven.

Esto es de suma importancia, porque la conexión entre Morel y Monti aparece como especialmente fuerte y está claro que su intercambio de ideas iba más allá de pertenecer a la misma agrupación“, sostuvieron.

En una carta enviada a la Cámara Federal, el pretenso asesino de la vicepresidenta, Fernando Sabag Montiel, desvinculó reiteradamente a Revolución Federal del ataque y aseguró que no tuvo ni tiene relación con sus integrantes.

Sin embargo, la querella de Cristina Kirchner cree haber encontrado un nexo: “Presumimos que (Brenda) Uliarte podría ser ´juanargento´”, un activo usuario en las redes sociales y grupos de chats de Revolución Federal.

Ubeira y Aldazábal consideraron que resta “mucha prueba” por producir y, de hecho, propusieron llevarla a cabo antes de que la causa pase a la etapa de juicio.

Entre esas medidas figura una que “se refiere a Hernán Carrol, otra persona a la que se dejó de investigar sin motivo aparente y que tiene vínculos con Revolución Federal, agrupación en la que la idea de matar a la vicepresidenta estaba presente”.

“Carrol es otro nexo entre Revolución Federal y Uliarte, con quien tuvo intercambios a través de internet y en persona”, afirmó el escrito.

En su carta a los camaristas federales, Sabag Montiel aludió reiteradamente a Carrol, asegurando que es ajeno al intento de magnicidio.

Con información de agencias.

IG

El precandidato presidencial del Frente de Todos Juan Grabois identificó a la presunta militante de Revolución Federal que en al menos cuatro oportunidades mencionó su deseo de utilizar un arma nueve milímetros en el contexto de amenazas a Cristina Kirchner.

Mediante un escrito presentado al juez Marcelo Martínez de Giorgi, el referente social afirmó que “la persona que se identifica bajo el seudónimo ´Dali Revolución´, cuya identificación presunta no pudo ser realizada por la Fiscalía no es otra que Angélica Dalila Monti”.

La identidad, explicó el precandidato presidencial, “se desprende de transferencias bancarias disponibles en el resumen bancario de Jonathan Morel” y, además, “los teléfonos con los que aparece vinculada ´Dali´ o ´Dalila´ (tal como es alternativamente mencionada)”.

“De acuerdo a información de público conocimiento, Angélica Dalila Monti (alias ´Dali Revolución´), oriunda de Paraná, Entre Ríos, se encontraba en Entre Ríos junto a Morel al momento de su detención y se presentó en declaraciones a medios de comunicación como su ´amiga y compañera´”, añadió Grabois.

En efecto, cuando al principio de la investigación por las actividades presuntamente ilegales de Revolución Federal fue ordenada la captura de Morel, éste viajó a Entre Ríos acompañado por una mujer ahora señalada por Grabois.

Desde que por un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Dirección de Apoyo Tecnológico del Ministerio Púbico Fiscal (DATIP) se supo de los chats entre “Dali Revolución” y el líder de Revolución Federal se desconocía la identidad de esa mujer.

El fiscal Gerardo Pollicita contaba con un supuesto nombre, “Lali Cadciano”, que no aparecía en las bases de datos habituales de búsquedas de personas y su historial.

A “Dali Revolución” se le atribuyen expresiones como “Yo no estoy en el grupo pero contá conmigo”, “la actividad, bala. Tengo unas ganas de usar mi 9 mm”, en el contexto de actividades realizadas por la vicepresidenta en el Instituto Patria y al llegar a su departamento, en el barrio porteño de La Recoleta.

Grabois aportó, además, “una comparación fotográfica entre una imagen de Instagram (de la cuenta @ang.dall) y una de vigilancia discreta donde se puede identificar a la joven en cuestión”.

Con información de NA.

IG

El contenido de los dispositivos electrónicos y de la actividad virtual de Jonathan Morel fue analizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que días atrás entregó a la Justicia un informe con fotos, videos y otros documentos sobre las acciones realizadas por el procesado y otros integrantes de la agrupación Revolución Federal (RF) en los meses previos al intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En 37 fojas, la Unidad Operacional Antiterrorista y de Control de Actividades que Atenten Contra los Poderes Públicos y del Orden Constitucional de la PSA desglosó la actividad almacenada en la nube de Google de la cuenta de Morel, y la presentó dicho material ante el juez criminal federal Marcelo Martínez De Giorgi con el uso del software de análisis Celebrity Pathfinder, según fuentes judiciales.

Además de registros fotográficos y fílmicos sobre diversas protestas frente a la Casa Rosada, la Quinta Presidencial de Olivos y el domicilio particular de la expresidenta, el informe incluye diversas búsquedas que Morel realizó en Google y la plataforma Nosis para conseguir datos de varios funcionarios del Frente de Todos (FdT), entre ellos el presidente Alberto Fernández.

Fue hallado también un contrato de enero de este año “de colaboración y cesión de derechos” para la realización de una serie documental sobre el intento de asesinato de la presidenta del Senado con la firma “Producciones del Barrio S.L”.

Qué se halló en el celular de Morel

El estudio que la policía entregó este lunes al juez tuvo en cuenta el calendario, notas, agenda, imágenes, videofilmaciones, registros de llamadas, mensajes de texto, intercambios realizados a través de redes sociales y comunicaciones establecidas vía Whatsapp. Con el trabajo de análisis, se obtuvieron 50.988 elementos extraídos, constituidos en su mayoría por archivos de texto (en varios formatos) y elementos audiovisuales.

También se encontró el formulario de incorporación a Revolución Federal y los pagos recibidos “mediante transferencias tanto del fideicomiso Espacio Añelo, como de Santa Clara al Sur” por trabajos realizados por Morel y los “montos de facturación por parte de su emprendimiento Dogo Carpintería por un total de $6.906.000”.

En su mayoría, la investigación reveló archivos en imagen o video referidos a folletos o diseños virtuales con el propósito de criticar al Gobierno Nacional y realizar convocatorias para realizar protestas callejeras. Se hallaron registros de pegatinas en barrios del Conurbano bonaerense, con expresiones críticas o insultos hacia “el kirchnerismo o C.F.K” (por Cristina Fernández de Kirchner).

Asimismo, fueron halladas fotos que dan muestra del proceso de construcción de una guillotina y luego una captura de pantalla de la red social Twitter, donde se puede visualizar ese artefacto con una leyenda debajo: “¡Quizás haya llegado el momento de que sea el pueblo el que comience a hacer recortes!”.

Morel, Sabrina Basile y Leonardo Sosa aparecen en varias fotos en protestas frente a la Quinta de Olivos, al domicilio particular de Fernández de Kirchner y con antorchas, a modo de convocatoria, a la manifestación del 25 de mayo del 2022, en el Parque Naciones Unidas del barrio porteño de Recoleta.

Una curiosa propuesta forma parte del contenido de Morel: “cerrar el Ministerio de la Mujer”, objetivo para el cual “estarían recaudando información, como así también una cámara oculta y una llamada telefónica al 144 para evaluar la respuesta del personal” de esa cartera, que, según el procesado, “sería inoperante”.

Recuento de la causa por el intento de magnicidio

En febrero pasado, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos sin prisión preventiva de Morel y otros tres miembros de RF, pero cambió la calificación penal del delito, la cual dejó de encuadrarse en “intentar imponer sus ideas por la fuerza o el temor” para considerarse “incitación a la violencia colectiva”.

Es una causa que tiene a Fernández de Kirchner entre los querellantes, e investiga la violencia de los actos y las consignas desplegadas por esa agrupación en la vía pública y a través de redes sociales, donde llegaron a proponer “al kirchnerismo cárcel o bala”.

Los procesados por Martínez De Giorgi son: Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile, a quienes consideró “coautores penalmente responsables del delito de incitación a la violencia colectiva”. Al procesarlos, el juez sostuvo que, a través de su accionar violento, los miembros de RF se constituyeron como “uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio” de la exmandataria.

LC con información de agencia Télam

Fernando Sabag Montiel, acusado de haber intentado matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, escribió otra carta desde la cárcel y denunció que lo “quieren hacer desparecer y echarle la culpa a Mauricio Macri”.

La misiva, tiene fecha del martes 14 de marzo, y se conoce luego de que trascendieran los detalles de su carta anterior y de que un productor televisivo del canal de C5N lo entrevistara a través del teléfono que él dejó de contacto en el escrito judicial para que el fiscal Diego Luciani lo llamara.

La carta, que arranca con la frase “Pronto despacho”, está dirigida a los jueces que condenaron a la Vicepresidenta a seis años de prisión por la causa de la Obra Pública.

“Me dirijo a la Cámara Oral en lo Criminal Federal número 2 a cargo de los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu. Les pido que recusen a María Eugenia Capuchetti”, escribió.

El pedido de recusación lo motorizó la querella de la ex presidenta, que asegura que la magistrada no quiere investigar las vinculaciones políticas del atentado. Sabag Montiel le pidió a los jueces del tribunal oral que “tomen la causa ya que hice el habeas corpus”. El acusado reiteró que la magistrada quiere que le saquen a sus abogados, los defensores oficiales que lo asisten, y a los que él se niega a recibir.

“Están comprados por CFK. Me rompieron el celular en la PSA y me robaron mis instrumentos musicales y mis tres automóviles. Coimearon a Leandro Ulliarte, el padre de Brenda Ulliarte. CFK le dio una casa para tenernos secuestrados”, indicó.

El joven también aseguró que a Gabriel Carrizo, el sindicado como jefe de los “copitos” y preso como partícipe secundario del ataque, le “plantaron un arma” y agregó “como (Diego) Lagomarsino en el caso (Alberto) Nisman”.

Además, aseguró que “arreglaron” con su inquilino y al que le alquilaba para quedarse con sus propiedades. Y repitió: “Lo de Revolución Federal es falso. Están armando una historia falsa para los medios y me tienen secuestrado y no me dejan comunicarme con nadie ni que reciba visitas”.

“Me quieren hacer desaparecer y echarle la culpa a Mauricio Macri. Llamenmé (y vuelve a dejar su número de teléfono). Gracias”, expresó.

El lunes pasado, Sabag Montiel había escrito una carta para el fiscal Luciani, que nunca llegó a sus manos y se incorporó al expediente. La misma era del 3 de marzo, antes de que la Cámara Federal instara al elevar a juicio oral la situación de los tres detenidos en el ataque contra Cristina Kirchner: Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

La jueza Capuchetti le pidió a la fiscalía cumplir con las instrucciones del tribunal, pero el fiscal Carlos Rívolo, que tiene delegada la causa, entendió que aún faltan una serie de medidas para dar por cerrada esta parte de la investigación.

“Sí, (el arma) estaba cargada, tiré el gatillo y el tiro no salió. Tenía cinco balas el arma”, confirmó Sabag Miontiel respecto al ataque fallido contra la Vicepresidenta.

Con información de NA.

IG

La Cámara Federal confirmó parcialmente los procesamientos contra cuatro integrantes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, pero modificó la calificación legal del delito imputado por una de menor relevancia.

Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia ratificaron que “las manifestaciones y conductas llevadas adelante por los encartados reúnen la entidad necesaria para ser provisoriamente consideradas como un estímulo a la violencia contra un grupo de personas”.

La medida alcanza a los imputados Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, quienes estaban procesados en primera instancia por el juez Marcelo Martínez de Giorgi por integrar una organización que tiene “por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, que tiene una escala penal de tres a ocho años de cárcel.

En cambio, los camaristas entendieron que los cuatro son, en principio, responsables por el delito de “incitación a la violencia colectiva”, cuya pena prevista va de los tres hasta los seis años de prisión.

El tercer integrante del tribunal, Mariano Llorens, había votado directamente por el desprocesamiento de los cuatro imputados.

Pese a ratificar parcialmente los procesamientos, el fallo sostiene que “la agrupación denominada Revolución Federal no parecería poseer en principio la entidad para ser considerada una asociación ilícita destinada a combatir ideologías”.

“Esto, sin perjuicio del uso de expresiones extremistas y de indudable contenido violento contra integrantes del Poder Ejecutivo Nacional y simpatizantes de uno u otros partidos políticos, y de ciertas reprobables acciones de índole ofensiva, como la provocación de daños o el proferir insultos y frases amenazantes, que tendrían su debida respuesta penal en cada caso”, resume la resolución.

Con información de NA

La Cámara Federal porteña le encomendó a la jueza María Eugenia Capuchetti ampliar la declaración indagatoria de Nicolás Carrizo, uno de los procesados por el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego que se hallaran en su celular mensajes que podrían demostrar un mayor involucramiento del imputado con el ataque fallido.

El tribunal de apelaciones lo resolvió con los votos a favor de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia ante un planteo de la querella de la propia vicepresidenta, que había sido rechazado en primera instancia por la jueza Capuchetti, en una decisión que fue apelada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal. Mariano Llorens votó en contrario.

En un fallo de 6 páginas, los jueces resolvieron “encomendar a la jueza de grado proceder conforme los lineamientos trazados en los considerandos precedentes”, refiriéndose a la necesidad de exhibirle a Carrizo la nueva prueba incorporada al expediente, lo que podría derivar en que se amplíen también las indagatorias de los principales imputados: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, los coautores del ataque.

“Nos encontramos aquí frente a elementos de prueba novedosos, que fueron incorporados -como tales- con posterioridad a la recepción de la declaración indagatoria de los imputados, pues el informe elaborado por la DATIP (Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal) donde se identifica específicamente a los mensajes en cuestión fue aportado al legajo con fecha 26 de octubre del corriente”, sostuvieron.

“Y si bien es cierto que el ordenamiento procesal vigente no exige que la intimación cursada a los imputados sea ampliada cada vez que se agrega un nuevo elemento de prueba al sumario, las características que exhibe el caso en concreto aconsejan que deba imponerse de dichos elementos a Nicolás Gabriel Carrizo, garantizando así del modo más amplio posible el adecuado ejercicio de su derecho de defensa en juicio”, agregaron los jueces.

“Recordá esta fecha”, “Esta hdp (sic) ya está muerta”, “No sabés qué hicimos con esto”, “Generar miedo”, “Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo”, son solo algunos de los mensajes enviados desde el celular de Carrizo, el jefe del grupo de supuesto vendedores de algodón de azúcar para el que trabajaban los agresores de la vicepresidenta, según surgía de la presentación de la querella a la que accedió Télam.

Hasta el momento, Sabag Montiel y Uliarte están procesados como coautores del homicidio en grado de tentativa, mientras que Carrizo fue considerado partícipe secundario, sin el cual el ataque podría haberse producido de todos modos. Al pedir ampliar las indagatorias, los abogados de la querella reclamaron que se los procesara como integrantes de una asociación ilícita que, además de intentar matar a la exmandataria, buscaban desestabilizar al gobierno.

En relación a ese planteo, los jueces Bruglia y Bertuzzi respondieron: “Con relación a la pretensión del querellante en cuanto a que se modifique el grado de participación originariamente asignado a Carrizo (...) y que se les endilgue la comisión del delito de asociación ilícita, corresponde señalar que tal cuestión se encuentra dentro de la esfera de análisis y decisión de la señora jueza de grado en el momento oportuno y del Ministerio Público Fiscal a quien le fue delegada la instrucción de la causa”.

LC con información de agencia Télam

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó hoy todos los pedidos que le formuló la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en relación con la presunta vinculación de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal con el intento de magnicidio en su contra.

“En lo atinente a los pedidos de detención de Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, cuya libertad ambulatoria ya ha sido decidida por la Cámara del fuero y sin que se advierta la modificación posterior de su comportamiento procesal en un sentido que altere los fundamentos del Superior, no ha lugar”, resolvió esta noche el juez.

No obstante, le sugirió a la querella que representa a la vicepresidenta –encabezada por los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal-, que peticione las detenciones a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien tiene a su cargo la investigación por el intento de asesinato propiamente dicha.

“Sin perjuicio de que la parte querellante formule la petición que estime pertinente en el marco de la causa 2998/2022 en base a los hechos que allí se ventilan”, deslizó Martínez de Giorgi, en relación con el expediente que investiga el atentado.

Sobre el pedido de indagatoria para la decoradora Rossana Caputo, quien contactó a uno de los líderes de Revolución Federal para que proveyera de mobiliario para un edificio que construyó la empresa Caputo Hermanos en la zona de Vaca Muerta, el juez supeditó una decisión en ese sentido al resultado “de las medidas que están en pleno desarrollo sobre el origen y destino de los pagos recibidos por Jonathan Morel”.

Martínez de Giorgi también desestimó el pedido de allanamiento sobre el domicilio de Ximena De Tezanos Pinto, la vecina del piso de arriba del departamento de Cristina Kirchner en el barrio porteño de La Recoleta.

Asimismo, el juez consideró “apropiado requerir, en su lugar, los informes pertinentes a través de las redes sociales en las cuales la nombrada interactuaba para que se remita el abonado de telefonía celular al cual se encontraba asociado”.

“Cumplido ello, se informe la totalidad de la actividad de la nombrada entre la primera publicación de Revolución Federal y la actualidad”, ordenó el juez.

En ese sentido, explicó que “pudiendo resultar de interés y entendiendo que existen motivos suficientes, solicítese a Twitter y a Instagram que se informe las cuentas vinculadas a la nombrada -debiendo indicar el número telefónico asociado- y al abonado” que utilizaba otro de los referentes de Revolución Federal, Gastón Guerra.

El juez requirió que “se remitan las publicaciones y mensajes directos enviados y recibidos desde dichas cuentas desde el mes de abril hasta la actualidad”.

El pedido de Cristina

Con información de NA.

IG

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este miércoles que su defensa pidió nuevas medidas de prueba y la detención de Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, integrantes de Revolución Federal. También volvió a pedirle a la Justicia la unificación de las causas judiciales que los investigan por el atentado que sufrió el pasado primero de septiembre.

“Ante la prueba incorporada el pasado 19 de diciembre a la causa que investiga al grupo autodenominado Revolución Federal, mis abogados acaban de pedir nuevas medidas de prueba y la detención de Morel, Sosa y Guerra”, publicó la Vicepresidenta a través de su cuenta en la red social Twitter.

La exmandataria agregó: “De las conversaciones descubiertas entre estos integrantes de Revolución Federal surge que planeaban juntar dinero para contratar un sicario… El dinero se encontró y el sicario está preso”.

A continuación, Kirchner se preguntó: “¿Qué más necesitarán (los camaristas Leopoldo) Bruglia, (Pablo) Bertuzzi y (Mariano) Llorens para unificar causas y detener a todos los responsables? ¿Que me maten? En ese caso ya todos y todas sabrán que, además de quien empuñe el arma, habrá otros responsables”.

Según precisa el escrito presentado esta jornada, “el pasado 19 de diciembre, fueron cargados al sistema una serie de informes realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Esta prueba, sumada a otra producida tanto en esta causa como en la CFP 2998/2022, obliga a profundizar ciertas líneas de investigación”.

“Al leer los informes realizados por la PSA sobre los teléfonos secuestrados en esta causa, lo que primero surge es la evidente cercanía entre la conducta de los miembros de Revolución Federal y sus allegados con el atentado sufrido por Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre”, sentencia la presentación.

LC con información de agencia Télam

Por tercera vez en el juicio oral y público por el caso Vialidad, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a dirigirse al tribunal como a un adversario político que utiliza su poder de acción para “estigmatizar y disciplinar” a la clase política; acusó a opositores y medios de comunicación de impulsar el avance de las causas en su contra como parte de una alianza que se reitera -aseguró- desde la dictadura militar; y comparó la causa por presunta corrupción en la obra pública vial de Santa Cruz con el atentado contra su vida, equiparando el veredicto que se conocerá el martes 6 de diciembre próximo como una continuación de la bala que quedó alojada en el arma que empuñaba Fernando Sabag Montiel.

Durante su turno para dirigirse al Tribunal Oral número 2, en la etapa de las palabras finales de los imputados antes del veredicto, Fernández de Kirchner abandonó el tono enérgico con el que se había dirigido a los jueces del tribunal en sus otras dos intervenciones durante el juicio, su declaración indagatoria de diciembre de 2019 y su alegato de defensa, en agosto último. 

La expresidenta evitó hacer referencia a las irregularidades que surgen de los expedientes de las licitaciones ganadas por su exsocio comercial, el empresario Lázaro Báez -como en las que las empresas de Báez competían con otras compañías del mismo empresario-; e hizo referencia a su patrimonio como una realidad escindible de los negocios de su esposo fallecido, el expresidente Néstor Kirchner. 

Fernández de Kirchner tiene un pedido de pena de 12 años por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola por los presuntos delitos de asociación ilícita y defraudación a la Administración pública. Este martes, criticó la doble vara de Comodoro Py para imputarla por asociación ilícita cuando se le revocó esa misma imputación a los integrantes de Revolución Federal o a Mauricio Macri por el espionaje a los familiares del Ara San Juan.

Cuando se refirió al delito de defraudación, la vicepresidenta afirmó que el intento de asesinarla el 1° de septiembre último ocurrió en las inmediaciones de su departamento del barrio porteño de Recoleta, la misma casa de la que salió junto a Kirchner hacia la Quinta de Olivos, en mayo de 2003, cuando su esposo asumió la Presidencia, y a la que regresó en diciembre de 2015, tras el término de su segundo mandato como presidenta. 

“Volví al mismo lugar, a la misma casa”, resaltó, “pero la ladrona y la chorra soy yo”, ironizó, y recalcó que tres jueces federales le cerraron tres causas por presunto enriquecimiento ilícito, en las que fue sobreseída durante los años en los que el kirchnerismo pisaba fuerte en el edificio de Comodoro Py 2002, de la mano de los operadores judiciales de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Dijo que esas tres investigaciones se basaron en el análisis de “los mismos bienes que ahora tienen mis hijos”.

En su primera declaración jurada como presidenta, en 2008, Fernández de Kirchner -había sido durante varios períodos senadora nacional, diputada nacional, además de primera dama- declaró el departamento de 160 metros cuadrados en Recoleta, que ingresó a su patrimonio en 1980; y una casa en Río Gallegos de 200 metros cuadrados, incorporada a su patrimonio en 1979. No tenía vehículos a su nombre.

Entonces, declaró también acciones en dos sociedades: Los Sauces (45%) y El Chapel (45%); $25.000 en el banco; e ingresos por $330.500 por la venta de dos inmuebles en Río Gallegos. Más adelante, sería titular de parte de las acciones de Hotesur.

En 2008, cuando el patrimonio de los cónyuges de los funcionarios era información pública, Fernández de Kirchner informó el patrimonio de Néstor Kirchner, que concentraba la fortuna familiar: 26 propiedades inmuebles, las sociedades Hotesur, COMA SA y el resto de Los Sauces y El Chapel; más de US$5,3 millones en un depósito a plazo fijo; y unos $12 millones más, también en plazos fijos. 

Cuando dejó la Presidencia, en diciembre de 2015, Fernández de Kirchner declaró un patrimonio de $72,1 millones, tras heredar el 50% de los bienes de su esposo fallecido. En marzo de 2016, ya fuera del poder, su declaración jurada reflejó un patrimonio de $3,7 millones. Había cedido a sus dos hijos el 95% de los bienes que tenía cuando dejó el poder. 

ED/MG

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó realizar un registro a las instalaciones del Fideicomiso Espacio Añelo, ubicado en Neuquén, en la causa que se sigue por las amenazas realizadas por el grupo Revolución Federal.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó que se realice un registro a las instalaciones del Fideicomiso Espacio Añelo, ubicado en Neuquén y que pertenece al grupo Caputo hermanos, en la causa que se sigue por las amenazas realizadas por el grupo Revolución Federal.

De esta forma, el juez responde a un pedido formulado por el fiscal Gerardo Policita, quien ayer solicitó “órdenes de presentación con allanamiento en subsidio” sobre once inmuebles vinculados a Caputo Hermanos S.A. y a empresas y proveedores invocados por esa firma y por Jonathan Morel, quien está procesado el referente de Revolución Federal junto a otros tres miembros de esa organización.

“Corresponde disponer el registro domiciliario a realizar en el día de la fecha en el edificio cuya construcción tuviera por objeto el fidecomiso Espacio Añelo, ubicado en la intersección de la Ruta Provincial 7 y 17 de la localidad de Añelo de la provincia de Neuquén, a los fines de lograr inspeccionar las unidades que conforman dicha edificación, únicamente con el objeto de determinar a través de aquel procedimiento de inspección, si en aquellas se registra la totalidad del mobiliario descripto en el remito de fecha 16/08/22, aportado por Caputo Hermanos el pasado 19 de octubre”, sostiene la resolución judicial a la que tuvo acceso Télam.

El procedimiento tiene por objetivo esclarecer la naturaleza del vínculo entre Morel y Caputo Hermanos S.A.: se busca aclarar si esa empresa financió las actividades de Revolución Federal o si efectivamente lo contrató para trabajos de carpintería realizados para un edificio construido en Neuquén, como declaró.

Morel, Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra, todos miembros de Revolución Federal, están procesados bajo la acusación de haberse organizado para llevar a cabo “un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, que incluyó la proliferación de consignas violentas en redes sociales y la multiplicación de manifestaciones en las calles con el objetivo de intimidar a dirigentes políticos y militantes principalmente ligados al oficialismo.

“Es necesario el desarrollo de la correspondiente profundización de la investigación al respecto, en pos de reconstruir los sucesos acontecidos en la realidad, determinando si existió una vinculación de la sociedad en sí al financiamiento del accionar ilícito del grupo o si, de contrario, efectivamente la versión de los hechos adoptada por Morel resulta veraz”, sostuvo el fiscal Pollicita al requerir las medidas para investigar el financiamiento de Revolución Federal.

La versión de Morel es que todo el dinero que le ingresó desde Caputo Hermanos sería exclusivamente como contraprestación de los servicios comerciales brindados desde su carpintería en Boulogne, provincia de Buenos Aires, para el fideicomiso Espacio Añelo, y puntualmente en función del amoblamiento del edificio ubicado en la intersección de las rutas provinciales 7 y 17, en Añelo, provincia de Neuquén.

“Lo cierto es que las sumas de dinero aportadas por el fideicomiso Espacio Añelo durante el año 2022 se dieron principalmente entre los meses de mayo y agosto, esto es recordemos, el período en el que no sólo la agrupación Revolución Federal inició su actividad pública como tal, sino también durante el lapso temporal en el que desplegó sus acciones más violentas”, resaltó el fiscal en el escrito de 18 páginas al que tuvo acceso Télam.

DA

A los casos públicamente conocidos como “Los Copitos” y “Revolución Federal” se los puede pensar en dos niveles. Uno estrictamente jurídico. El otro como punto de partida para extraer conclusiones sobre el desempeño del régimen político en el plano de la seguridad y la justicia. Me voy a concentrar en el segundo y solamente en tres dimensiones: el control de las calles por parte del poder administrativo; las formas en que el sistema judicial rinde cuentas frente a los ciudadanos, y el impacto de los vetustos reglamentos judiciales en la eficacia de las investigaciones.

Paso por alto los detalles sobre los hechos en sí mismos. Solo aclaro que cuando menciono a “Los Copitos” hago referencia al intento de asesinato de la Vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Cuando hablo de “Revolución Federal” apunto al grupo cuyas acciones se investigan en la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por hechos vinculados al orden público.

El desarrollo de esos sucesos revela los problemas de las autoridades políticas para controlar las calles. Muchos tenemos grabadas en las retinas las imágenes del 18 de agosto cuando “Revolución Federal” arrojó antorchas encendidas a la Casa Rosada. La policía reaccionó después, con gases lacrimógenos. También recordamos las del sábado 27 de agosto. Ese día, seguidores de Cristina Kirchner coparon la esquina de Uruguay y Juncal. Las fuerzas de seguridad intervinieron cuando las calles estaban inundadas de gente. Arrojaron agua con un camión hidrante, pero los manifestantes no dejaron de cantar y bailar. Las tensiones se agudizaron y el 1 de septiembre vimos por televisión a una persona apretando el gatillo en la cabeza de la Vicepresidente de la Nación.

La secuencia de hechos es elocuente. Las fuerzas de seguridad actuaron como espectadores privilegiados. Intervinieron cuando los hechos se habían convertido en delitos. Es decir, cuando el Estado ya no tenía chances de prevenir sino solo de juzgar y sancionar. Esa forma de acercarse a los conflictos es un patrón común. La policía no previene pero más tarde realiza cargas para recuperar el control. Ese hiato entre el origen de los sucesos y la intervención pública requiere una reflexión.

La policía es soberana en las calles y debe impedir que se cometan delitos. El concepto de orden integra el monopolio legítimo de la fuerza que es patrimonio del Estado.

Es que el ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza, que es inherente al Estado nación en los tres niveles de gobierno, no significa que las alternativas se limiten a la tolerancia absoluta o la represión sin medias tintas. En medio de esos polos, las policías de seguridad (que dependen del poder ejecutivo) tienen el deber de administrar el orden en las calles ¿Qué significa administrar? Significa que en la vía pública la policía es la mano visible del poder del Estado. Deben ejercerlo de acuerdo con las capacidades que les asigna la ley. Tienen el deber de intervenir desde el principio para asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Y, esto es importante, en ningún caso necesitan la autorización de la justicia penal. La policía es soberana en las calles y debe impedir que se cometan delitos. El concepto de orden integra el monopolio legítimo de la fuerza que es patrimonio del Estado.

La segunda dimensión está relacionada con los mismos acontecimientos. La espiral de violencia se agudizó, los hechos se consumaron e intervinieron los magistrados de la justicia federal. La noticia trepó a la cima de la agenda pública. Muchos ciudadanos reclamaban el derecho constitucional a recibir información de parte de las autoridades judiciales. Sin embargo, el sistema judicial permanece en un fango comunicativo. Es razonable que los magistrados que llevan adelante las investigaciones guarden silencio. No obstante, ello no puede extenderse a la institución judicial en su conjunto. En hechos de semejante trascendencia pública, los sitios web del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal se revelan insuficientes. En esos supuestos, es necesaria la palabra institucional para que los ciudadanos reciban información directa de sus servidores públicos como lo exige el artículo 1 de la Constitución Nacional.

Es que el silencio institucional no impide que algunas cuestiones sean parte de la conversación pública. Frente a la ausencia judicial, la conversación se desarrolla envuelta en enunciados atravesados por intereses particulares. Cada actor presenta su versión. El resultado socava las bases de la república democrática, porque dichas perspectivas particularistas pujan por imponer un régimen de verdad parcial. Una verdad que, irónicamente, se atribuye al sistema judicial que no habla. El resultado es cantado. Aumenta el descreimiento en la palabra de los jueces y fiscales por que el sistema judicial permite que intereses particulares hablen en su nombre. En consecuencia, es el propio Estado el que empuja a los ciudadanos a alejarse de la apuesta democrática porque construye barreras comunicativas.

La última dimensión tiene que ver con los reglamentos judiciales. La pregunta cae por peso propio ¿Cuál es la relación con la labor policial en las calles y con el déficit comunicacional de la justicia? Lo explico.

Tanto el caso de “Los Copitos” como el de “Revolución Federal” tienen un alto impacto social. Vivimos tiempos en los que la información circula a mucha velocidad. Esa velocidad retroalimenta la necesidad de respuestas más rápidas. Nuestra administración de justicia tiene problemas con sus temporalidades. Cualquier ciudadano que directa o indirectamente interactuó con la justicia conoce de primera mano la mora judicial. Es cierto que el trabajo de los jueces y fiscales no puede estar subordinado a los ritmos de la circulación de las noticias. Pero tiene que existir un punto medio, capaz de balancear los ritmos de las investigaciones con la necesidad de cumplir con el deber de informar a los ciudadanos.

El 22 de septiembre la jueza Eugenia Capuchetti solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que refuerce los medios materiales del juzgado. La jueza buscaba mayor eficacia en su trabajo. Pero, ¿por qué la jueza tiene que recurrir a la corte? ¿No hay una forma más ágil? La verdad es que no. Los reglamentos son rígidos. Cuando un juzgado esta pasado de trabajo, necesita que la corte (o la procuración general para los fiscales) autoricen la incorporación de más personas. Puede pasar, incluso, que el juzgado vecino esté más aliviado y que por compañerismo algunos quieran colaborar con sus pares. Pero no pueden hacerlo ¿Hace falta una ley para simplificar eso? No.  Hace falta que las cabezas de las instituciones judiciales fomenten, mediante simples reglamentos, la cooperación.

Tengo claro que los desórdenes en las calles, la relación entre las instituciones judiciales y la sociedad junto a los problemas de diseño institucional del aparato judicial, son más complejos. Pero el camino para enfrentarlos no siempre tiene que ver con hipótesis de máxima que busquen cambiar absolutamente todo. Existen algunas formas de mejorar paulatinamente nuestra alicaída vida pública. Las contracciones en una sociedad y la puja de intereses son inevitables porque ejercer las sagradas libertades genera ruidos. Sin embargo, algunos pequeños ajustes ayudarían a vivir mejor.

Por ejemplo, las relaciones en las calles serían diferentes si, como busca la Constitución, estuviesen mediadas por las leyes. Para ello es preciso que las policías intervengan antes que los delitos ocurran. Detener la violencia en las calles exige aplicar las leyes. Para ello, las autoridades políticas de los poderes ejecutivos tienen que exprimir las capacidades legales de sus fuerzas de seguridad.

Algo parecido ocurre con la palabra judicial. Recuperar su credibilidad llevará tiempo. Pero el primer paso es construir puentes con una sociedad ávida de respuestas. Ese puente solo lo pueden construir las palabras que no usa una institución que, irónicamente, trabaja con palabras. Por ello el sistema judicial necesita hablar, necesita hacer docencia para que los ciudadanos conozcan los cimientos de sus resoluciones. El aparato judicial debe además, crear los incentivos institucionales necesarios para fomentar la cooperación interna de sus integrantes. Así, los magistrados podrán hacer su trabajo más rápido y mejor.

FD