El veredicto que se conocerá el martes en el juicio oral y público por el caso de presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz, que tiene en el banquillo de los acusados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, está lacrado, como si fuera un sobre con información altamente confidencial que sólo pasa por las manos de cuatro personas: los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y el secretario letrado del Tribunal Oral Federal número 2, quien asiste a los magistrados en el caso. 

En el tramo final del juicio con mayor impacto político en la historia reciente del país -es el primero contra una vicepresidenta en ejercicio y líder política de los últimos 12 años-, los cuatro hombres mantuvieron una reunión este viernes por la mañana en los tribunales de Comodoro Py 2002 con la misma costumbre que vienen practicando desde hace semanas: sin teléfonos celulares, sin empleados testigos, sin filtraciones. 

La reunión fue para comenzar a pulir los últimos detalles de la sentencia que anunciarán dentro de dos días, de acuerdo a la información que pudo corroborar elDiarioAR. Sentencia que mantienen en un hermetismo absoluto, según admitieron allegados, amistades y colegas de los jueces consultados por este medio. 

El hermetismo es una costumbre de este tribunal, que ha reforzado para un caso que colmó de tensión los ánimos del sexto piso de Comodoro Py, con recusaciones, exposición mediática, episodios de amenazas, seguridad reforzada y una imputada estrella con millones de seguidores que los enfrentó dentro y fuera del tribunal. La vicepresidenta los definió el martes último como un “pelotón de fusilamiento”. 

A esta altura, Vialidad se vive como ese partido de fútbol o pelea de boxeo que significa tanto que ya antes de empezar es necesario que acabe.

En el tramo final, Giménez Uriburu, Basso y Gorini han logrado acercar posiciones hacia una sentencia unánime, sin divisiones en los grandes puntos del caso, de acuerdo a la información recabada por este medio de fuentes directas del juicio.

Los jueces volverán a reunirse este lunes, luego de la penúltima audiencia de palabras finales de los imputados, y nuevamente al día siguiente, tras escuchar -si así lo decide el acusado- al último en la lista en orden alfabético, Juan Carlos Villafañe, uno de los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz, quien tiene audiencia el martes por la mañana. 

Los magistrados pasarán a un cuarto intermedio y anunciarán el veredicto después del mediodía, posiblemente en horas de la tarde del martes, confirmó una fuente judicial con conocimiento directo. El horario posiblemente se informará este lunes durante la audiencia de la mañana. Las audiencias serán virtuales y todos los imputados deben conectarse para escuchar la decisión final de los jueces.

Hagan sus apuestas

El juicio se ha extendido por tres años y medio. Han declarado más de cien testigos y tiene trece imputados. La columna vertebral de la acusación es documental y es lo que ha pesado en la decisión final que tomaron los jueces, explicó a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo de las deliberaciones. 

El principal debate en torno al caso ha sido hasta qué punto la fiscalía podría probar la participación de la entonces presidenta en la maniobra de direccionamiento de fondos y obras para favorecer al entonces socio de su familia, el empresario Lázaro Báez; y si correspondía una imputación por el delitos de asociación ilícita, una figura criticada por juristas y políticos de distintos sectores que ven a este tipo de imputaciones como amplias y tendientes a la persecución política.

Durante meses, periodistas y analistas han especulado, apostado y estimado el posible resultado de este juicio para Fernández de Kirchner. La principal hipótesis que se ha publicado es que el tribunal optaría por una condena parcial, supuestamente absolviendo a la vicepresidenta del cargo de jefa de una asociación ilícita -delito con hasta diez años de prisión- e imponiendo una pena únicamente por el delito de defraudación, que tiene un máximo de seis años. 

Sin embargo, por el momento, sólo son trascendidos que se basan en la versión que estiman muchos jueces y fiscales en los tribunales y que ante las consultas de la prensa responden como proyecciones personales, aunque, en off the record, aclaran: “No tengo información, el tribunal está cerrado. Esto es una opinión personal”. Ni siquiera los más cercanos a algunos de los magistrados del tribunal admiten tener información certera sobre el veredicto.

Algunos incluso estiman una pena de entre 5 y 7 años para Fernández de Kirchner que incluya la condena por asociación ilícita. Este tribunal ha aplicado la figura de la asociación ilícita en distintos casos de narcotráfico, incluso de narcomenudeo, explicó una fuente con conocimiento directo de los fallos, por lo que algunos no descartan que pueda contemplar una sentencia que incluya este delito.

Aun con una condena, por ambos o uno de los delitos imputados, la vicepresidenta no irá presa. Por el cargo que ocupa tiene fueros, que exigen un juicio político y destitución para que tanto el Presidente como su segunda en la línea de sucesión sean encarcelados. Además, luego de la entrada en vigencia parcial de seis artículos del nuevo Código Procesal Penal -concretada por el kirchnerismo en 2021-, se requiere una condena firme para ordenar la prisión efectiva de un condenado, es decir, una vez agotadas todas las instancias judiciales de revisión, lo que incluirá puntualmente a la Corte Suprema. 

Dados los tiempos de la Casación y la Corte, que suelen extenderse por años, Fernández de Kirchner podría incluso competir en las próximas elecciones de 2023, incluso si recibiera una condena de inhabilitación. Además, cumplirá 70 el próximo 19 de febrero, por lo que eventualmente su prisión efectiva, de ser condenada y confirmada, sería domiciliaria.

El tribunal mantiene una vara que no quiere ver descender: ha emitido numerosas sentencias en casos de alto impacto, como la tragedia de Once, la tragedia de Lapa y el encubrimiento del caso AMIA, y sus integrantes se jactan de que esas condenas han sido confirmadas a grandes rasgos por los tribunales encargados de revisarlas, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, y la Corte Suprema. Es un parámetro que les pesa a los jueces: lograr -dijo una fuente con conocimento directo del tribunal- una sentencia que no sea “demagógica” para ningún sector político y que sobreviva a las instancias revisoras. 

En los últimos siete años en los que Diego Luciani ha ejercido como fiscal ante el Tribunal Oral Federal número 2 nunca ha conocido de antemano una sentencia en los numerosos juicios que ha llevado adelante con al menos dos de los jueces que actualmente integran el cuerpo, Gorini y Giménez Uriburu, ya que Basso lo integra únicamente para este juicio. “Tampoco ha preguntado para saberlo ni en este caso ni en otros”, aclararon fuentes allegadas al fiscal que solicitó una pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner por considerarla la jefa de una asociación ilícita para defraudar a la Administración pública orquestando el direccionamiento de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz hacia las empresas de Báez. 

El veredicto

Como parte de la sentencia, el tribunal también deberá decidir sobre decomisos por casi US$1.000 millones. El cálculo se basa en el presunto perjuicio provocado al Estado nacional por parte de los imputados. 

También deberán anunciar si denuncian la posible comisión de otros delitos que surgieron a partir de la investigación y que fueron revelados durante el juicio y según la fiscalía involucra a varios exfuncionarios, entre ellos, el diputado Máximo Kirchner; y empresarios de “Petersen, Thiele & Cruz”, de la familia Eskenazi; Esuco, de la familia Wagner; y Equimac, otra importante empresa de obras viales, por participar de la presunta simulación de licitaciones a favor de Báez.   

Junto al fiscal Sergio Mola, Luciani también pidió penas de entre dos y doce años para los otros doce imputados: doce años para Báez; diez para el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; y el ex director de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, los cuatro como autores del delito de asociación ilícita agravada por haber sido “organizadores” de la maniobra y por administración fraudulenta agravada.

Además, los fiscales solicitaron cuatro años de prisión para el ex subsecretario de Obra Pública, Abel Claudio Fatala, inhabilitación especial perpetua y decomisos.

Pidió penas para los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Osvaldo Daruich (cinco años) y Mauricio Collareda (seis años), inhabilitación especial y decomisos de bienes.

También solicitaron penas para los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe (seis años), Raúl Gilberto Pavesi (cinco años), José Raúl Santibáñez (cuatro años) y Héctor René Jesús Garro. Para el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner-, solicitaron dos años de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de sus deberes. 

No ha sido el juicio más complejo del tribunal ni el más denso, afirmó una fuente con conocimiento directo de la historia del TOF 2, pero sin lugar a dudas, Vialidad será un antes y un después para los jueces y los fiscales del caso que terminará en poco más de 48 horas con el veredicto contra una vicepresidenta en ejercicio.

ED

El alegato de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad comenzó este lunes a las 8 y se desarrollará durante tres jornadas. El abogado de la Vicepresidenta, Carlos Beraldi, arremetió contra el Poder Judicial al considerarlo el “menos democrático” de los tres poderes.

“El Poder Judicial es el menos democrático. Los jueces no se eligen por el pueblo”, indicó, citando un trabajo del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. “Están intentando sustituir la voluntad popular”, profundizó.

Por otra parte, insistió en que la ex Presidenta ya fue investigada, con sentencia a su favor en esta causa. “Empezó a hablarse de este tema en el 2008, fue judicializado en distintas sedes, los jueces consideraron que no existía delito”, señaló Beraldi. “Se formularon y sustanciaron las mismas acusaciones que se venían mencionando desde 2008 y luego desde 2016. Como si el juicio no hubiese existido”, añadió.

Luego, hizo referencia a la denuncia que realizó Javier Iguacel, por entonces funcionario del gobierno de Mauricio Macri, para que investiguen la ejecución de las obras cedidas a Lázaro Báez en Santa Cruz.

Por un lado, destacó que “los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las respectivas obras”. Por el otro, señaló “grande habrá sido la sorpresa de Iguacel cuando la prueba central con la que él pensaba hacer la denuncia le salió en el sentido opuesto” haciendo referencia a que en la investigación también apareció la firma IECSA, del “hermano de la vida” del ex Presidente, Ángelo Calcaterra.

La defensa por parte de los letrados de la titular del Senado se realizarán entre este lunes y martes ante el Tribunal Federal 2, en tanto que el viernes se prevé que Cristina Kirchner exponga de manera remota por la plataforma Zoom.

“Mañana, a partir de las 8 horas, el Dr. (Carlos) Alberto Beraldi comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como 'Vialidad'. Escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?”, publicó la funcionaria este domingo en su cuenta de Twitter.

Las tres audiencias son virtuales y Beraldi liderará la exposición de la defensa técnica, como ya adelantó en una de las últimas audiencias de agosto al tribunal. La vicepresidenta enfrenta un pedido de condena a doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Está acusada de haber sido la supuesta jefa de una asociación ilícita organizada para defraudar a la Administración pública con la adjudicación irregular de 51 obras viales al empresario y socio de su familia Lázaro Báez.

En agosto, la expresidenta había solicitado a través de sus abogados ampliar su declaración indagatoria en agosto, luego del pedido de penas de la fiscalía y para ejercer su derecho a defensa por acusaciones que no habían sido incluidas en el requerimiento de elevación a juicio del caso.

Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu rechazaron el planteo por considerar que en la etapa actual del juicio -los alegatos de las partes- los acusados sólo pueden defenderse a través de sus defensores y cuentan con la siguiente etapa del proceso para dirigirse ante el tribunal antes del veredicto, conocida como “últimas palabras”.

Fernández de Kirchner hablará a los jueces a tres semanas de que Fernando Sabag Montiel intentara asesinarla apuntando y gatillando un arma a centímetros de su cara.

La vicepresidenta salvó su vida porque el proyectil no salió. Las causas de este desenlace fortuito aún no se esclarecieron pero el atacante y al menos tres supuestos cómplices están detenidos. Sabag Montiel y su novia, Brenda Uliarte, están procesados con prisión preventiva como coautores de homicidio calificado en tentativa.

Alegatos

A lo largo de nueve audiencias, los fiscales Luciani y Mola acusaron a Fernández de Kirchner y otros doce acusados de haber participado de “la maniobra más grande de corrupción en la historia del país”.

La fiscalía también solicitó al tribunal que condene al empresario Lázaro Báez a doce años de prisión; al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, a diez años; al ex secretario de Obras Públicas, José López, a una pena de diez años; y al ex director de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, a diez años de prisión como autores del delito de asociación ilícita agravada por haber sido “organizadores” de la maniobra y por administración fraudulenta agravada.

Pidió, además, que se le decomisen bienes y que se los habilite de manera perpetua para ejercer cargos públicos, y penas de entre dos y seis años para el resto de los imputados, que ocupaban cargos de menor responsabilidad política.

Los alegatos de las defensas comenzaron el 5 de septiembre y hasta ahora expusieron los abogados de cinco de los trece acusados, quienes reclamaron absoluciones y cuestionaron las acusaciones de la fiscalía.

Esta semana, las defensas del ex ministro De Vido y del exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala reclamaron absoluciones por inexistencia de delito.

La defensa de De Vido argumentó que un gobierno elegido por el voto popular no puede ser considerado una “asociación ilícita” y recusó a uno de los jueces del tribunal, Giménez Uriburu, por temor de parcialidad, luego que el magistrado usó el reinicio de la audiencia dedicada al alegato tras un breve cuarto intermedio para dar una explicación vinculada a las razones por las que en una de las jornadas de juicio exhibió un mate con el logo del equipo de fútbol amateur “Liverpool”, explicó la agencia Télam.

Este equipo que integraba el juez junto al fiscal Luciani disputó partidos en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Mauricio Macri.

La defensa de Fernández de Kirchner y otros abogados de acusados ya habían recusado a Giménez Uriburu y a Luciani cuando se supo de esta circunstancia pero el planteo fue rechazado y ahora está pendiente de resolución un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación.

Acusación

La maniobra investigada en la causa, según los fiscales, implicó sobreprecios: la cartelización permitió que el Estado debiera pagar a Báez montos muy por encima de los presupuestos oficiales de las obras, ya que “no existía competencia real” entre las constructoras. 

Sólo por este último punto, el perjuicio fue calculado en más de US$539 millones, unos $3.571.577.180,69 “y nos quedamo cortos, señores jueces”, dijo Mola, debido a que la fiscalía considera que es un cálculo acotado, sólo en base a 17 expedientes de las 51 obras investigadas en los que detectaron que las constructoras del empresarios sólo ejecutaron parte del contrato (entre 24% y 78%). 

“Báez prestó sus empresas para que la maniobra sea realizada”, “manejaba sus propios expedientes”, “para Báez se dictaron las resoluciones para disminuir los controles” y que se le permitiera incumplir los plazos y pautas del contrato y de las normas de licitación pública.

“Todas las licitaciones fueron una ficción, fueron un montaje que aparentaban una legalidad”, había asegurado el fiscal Luciani en una de las primeras audiencias del alegato. “Se organizó una estructura de funcionarios que fueron funcionales al direccionamiento hacia Báez”, agregó entonces Luciani, y se celebraron convenios entre la Dirección Nacional de Vialidad y la agencia provincial de Vialidad en Santa Cruz para diluir la responsabilidad de los funcionarios nacionales, incluidos “los jefes de Estado”, en referencia a Néstor y Cristina Kirchner.

Con información de la agencia Télam.

ED

La defensa del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala pidió este viernes la absolución por inexistencia de delito en la denominada Causa Vialidad.

El abogado Lucio Simonetti le explicó presencialmente al tribunal los errores que, según su criterio, cometió la fiscalía al elaborar la acusación y pedir para Fatala la pena de cuatro años de prisión.

Simonetti señaló que su defendido no fue incluido en la acusación inicial que formuló el ex titular de Vialidad Nacional durante el Gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel, sino que fue añadido mucho después de que tramitara la causa a raíz de un dictamen de los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques.

Pero, además, refutó la base de la imputación –formulada por el fiscal Sergio Mola- quien sostuvo que Fatala debió haber pedido informes de contralor sobre las obras que le eran adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez.

“No podía hacerlo, no tenía facultades para ello. Es como si una Sala de la Cámara de Casación le dijera a otra de igual jerarquía lo que tiene que hacer en un fallo. ¿Se imaginan una situación así? No podría pasar, porque no tienen la posibilidad ni la autoridad para hacerlo”, ejemplificó.

Además, Simonetti recordó que ninguno de los testigos que declaró a lo largo de los tres años de juicio incriminó a Fatala y que los fiscales Diego Luciani y Mola le formularon una imputación por no haber adoptado conductas que la propia ley le impedía adoptar.

En el mismo sentido, el defensor subrayó que Fatala fue uno de los varios subsecretarios de obras públicas que desempeñaron esas funciones entre 2003 y 2015 –todo el período investigado- pero es el único que fue investigado.

Simonetti aclaró que ninguno debió haber sido investigado: ni Fatala, ni los otros ex funcionarios.

Menos aún, el abogado se quejó porque a Fatala se le imputan hechos que ocurrieron en 2007, cuando ni siquiera era funcionario del Gobierno.

En ese sentido, también refutó las acusaciones fiscales sobre que era “un hombre de confianza de Néstor Kirchner”.

Simonetti reseñó que llegó a la función pública desde otro espacio político y que no formó parte de la administración provincial en Santa Cruz, que –según los fiscales- fue trasladada a la esfera nacional cuando Kirchner accedió al Gobierno en 2003.

El juicio continuará el lunes próximo, desde las ocho de la mañana, con el inicio del alegato de la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Carlos Alberto Beraldi.

Con información de NA.

IG