CAUSA VIALIDAD

Los expedientes de las obras de Báez: por qué el fiscal sostiene que hubo una asociación ilícita y defraudación al Estado

Las modificaciones de las obras eran una constante en los contratos de Báez. Eso implicaba, según la fiscalía, más costos millonarios para el Estado, entre otros daños.

elDiarioAR

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Durante las últimas tres semanas, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola describieron los detalles, expusieron documentos públicos y analizaron los expedientes administrativos de 51 obras viales adjudicadas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015. Estas son las características centrales de esas licitaciones y obras viales que se reiteraron tanto en el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) como durante ambas gestiones de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), de acuerdo con los fiscales, como publicó elDiarioAR.

  • No había competencia real entre los oferentes: las diferentes empresas de Báez competían entre sí, lo cual está explícitamente prohibido en la normativa. Por ejemplo, Austral Construcciones competía contra Kank & Costilla o Gotti Hermanos, adquiridas por Báez.
  • Uno de los patrones de las licitaciones es que no se publicitaban, como exige la normativa, en los diarios y medios de difusión habituales, para evitar que otras empresas se presentaran, afirmaron los fiscales. Incluso a veces se evitó anunciar el llamado a licitación en el principal diario de la provincia y sólo se publicó en los medios de la localidad donde se realizaría la obra. 
  • Uno de los puntos de los pliegos de bases y condiciones que colaboraron con el objetivo de evitar una abierta competencia entre las constructoras para obtener las mejores ofertas para el Estado provincial y nacional fue el veto a la participación de empresas que no fueran de Santa Cruz o que tuvieran al menos diez años de experiencia en obras en la provincia.
  • A medida que se capitalizaba con los fondos públicos de los contratos viales, Báez adquirió también otras empresas de la provincia con esos años de experiencia para convertirse rápidamente en un oferente múltiple. Además, utilizó los fondos obtenidos para su beneficio personal y a pesar de no terminar las obras comprometidas en los contratos, cobró adelantos millonarios y adquirió 293 inmuebles en el país y 972 automotores y maquinarias viales que quedaron abandonadas en 2016.
  • Existió una cartelización entre las empresas de Baéz y unas pocas constructoras que se prestaron a simular una competencia que no era real para “dar apariencia de legalidad” al proceso. Luciani contó que en 2016, cuando Fernández de Kirchner ya no estaba a cargo del gobierno nacional, la administración de Cambiemos volvió a licitar un tramo de una obra de la ruta nacional número 3 que el Grupo Báez había dejado abandonado. Como el gobierno macrista no tenía un acuerdo con Báez, cambió esa exigencia de los pliegos: en vez de dos o tres constructoras, se presentaron 13 oferentes a la licitación.
  • Parte constante de la maniobra expuesta por los fiscales demostró, en base a los expedientes administrativos que expusieron, que cuando en las licitaciones se sumaba una tercera empresa para “simular” que las empresas de Báez tenían competencia en la provincia, este tercer oferente siempre quedaba sistemáticamente descalificada porque jamás se ajustaba a las exigencias del pliego: ofertaba por encima de lo permitido (20% del presupuesto oficial), presentaba una garantía que de entrada se sabía que no iba a ser aceptada, entre otros “errores”.
  • Luciani denominó a esta empresa sistemáticamente descalificada como “acompañante de cortesía”. Ese rol lo cumplieron las constructoras Petersen (de la familia Eskenazi), Esuco (de Carlos Wagner). Fueron denunciadas este lunes por la fiscalía durante el petitorio final de la fiscalía.
  • Este modus operandi implicaba, afirmaron los fiscales, que existía un acuerdo entre las empresas de Báez, los funcionarios y la empresa perdedora: ninguna de las empresas descalificadas se quejó, interpuso impugnaciones o denunció irregularidades porque eran parte de la maniobra en los doce años que duró la maniobra denunciada.
  • Los fiscales también demostraron, a través de los expedientes de las licitaciones, algunos de los beneficios que recibieron las empresas de Báez. Se ampliaron sistemáticamente los plazos de las obras adjudicadas al grupo, superando incluso en una década el tiempo establecido en los pliegos y contratos, y sin justificación aparente. Esta extensión de plazos generaba, además, redeterminación de precios de las obras, también, en detrimento del Estado.
  • Los funcionarios también firmaron circulares que cambiaban las condiciones de contratación a favor de las empresas de Báez y en detrimento del Estado una vez que ya estaba adjudicada la obra (aumento de presupuesto en millones de dólares; obras adicionales a la original que deberían haber licitado; ampliación de plazos). A veces, estas modificaciones se realizaban incluso inmediatamente después de la adjudicación de la obra original.
  • Los expedientes evidencian celeridad, apuro en llevar adelante la licitación y adjudicar las obras, sin cumplir con los controles previos y análisis de ofertas (por ejemplo, las comisiones de estudios y preadjudicación de las ofertas de las empresas se conformaban después de la adjudicación de la obra).
  • A pesar del apuro inicial por licitar y adjudicar las obras que terminaban en manos de Báez,  luego la ejecución de la obra se extendía en los plazos sistemáticamente, una vez adjudicada; o se decidía que la obra arrancara meses después, por la veda invernal; o que incluso se suspendiera tras la adjudicación, por ejemplo, para expropiar tierras.
  • Los fiscales aseguraron que reinó la ausencia de control durante la ejecución de obras. Sólo 27 de las 51 obras fueron culminadas, de las cuales 24 sufrieron demoras severas, que superan en casos los diez años, con retrasos injustificados, encubiertos por la Administración, afirmaron Luciani y Mola. Además, otras 24 obras fueron abandonadas, quedaron inconclusas con plazos y presupuestos aplicados en millones, a pesar de que las empresas cobraron los adelantos financieros.
  • Una de las razones por las cuales las obras no pudieron ser culminadas o se extendían los plazos tras la adjudicación fue que las empresas de Báez ganaban las licitaciones sin contar con la capacidad técnica que requerían las obras (cantidad de maquinarias, profesionales, mano de obra). La capacidad técnica es una de las exigencias centrales de los pliegos de bases y condiciones que deben evaluar los funcionarios antes de adjudicar la obra para garantizar que el Estado no deberá desembolsar dinero de más y la obra estará a tiempo para cumplir su función social. “De antemano, se sabía que no iba a cumplir”, explicó Luciani el viernes.

ED/MG

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