En la Cámara de Diputados hubo prioridades y cuestiones “secundarias” para la mayoría de los legisladores que este miércoles se reúnen para votar o rechazar la ley ómnibus de Javier Milei. El resultado de lo que es prioridad y de lo que no para los diputados es que las leyes ambientales están en riesgo y, con ellas, todo lo que protegen y garantizan. Así surge de las conversaciones y consultas realizadas por elDiarioAR en los últimos días.

Entre otras normativas que protegen el ambiente, la Ley de Bosques, la Ley de Glaciares, la Ley de Quema y la ley de manejo del fuego están en peligro de perder sus artículos centrales, en caso de que se apruebe el proyecto de ley Bases tal como figura en el dictamen de mayoría.

El futuro de la ley ómnibus es incierto: todo indica que la mayoría de los bloques, tanto oficialistas como aliados y opositores, darán quórum y habrá una sesión maratónica para tratar artículo por artículo o capítulo por capítulo del proyecto de Milei.

Los bloques UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF), que suman 57 bancas consideradas parte de la oposición “dialoguista”, anunciaron este martes que bajarán al recinto y votarán a favor, pero sólo en general. Para la votación en particular, habrá libertad de acción, ya que los diputados de ambos bloques tienen posturas divididas. Al menos hasta ahora, una de las razones que los divide es qué prioridad dar al capítulo ambiental. 

“En la votación artículo por artículo es cuando los diputados tienen la oportunidad de fijar postura sobre los artículos ambientales de la ley ómnibus. Va a ser el momento en que los diputados demuestren sus convicciones. Estamos a tiempo de frenar esto y son los diputados, como representantes de la voluntad popular, los que tienen la oportunidad de hacerlo”, afirmó Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre, una de las ONGs que expuso ante los diputados en el plenario de comisiones. La organización se reunió con casi todos los bloques menos el de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, que rechazaron el diálogo.

Otras prioridades

Las negociaciones encabezadas por diputados de los bloques aliados con el Gobierno para modificar puntos de la ley se centró en los aspectos económicos, fiscales y financieros, pero no incluyó entre las prioridades el capítulo ambiental. “Somos pocos los que tenemos compromiso con el medio ambiente y los derechos humanos relacionados con la protección al ambiente”, se lamentó un diputado de la oposición en diálogo con elDiarioAR.

El nivel de desconocimiento sobre el capítulo ambiental que mañana votarán los diputados es otro punto de conflicto. Mientras unos pocos intentaron instalarlo en la agenda de negociaciones con el Ejecutivo, otros ni siquiera saben cuáles son las modificaciones a las leyes ambientales que votarán este miércoles. Así lo admitieron en el bloque de la UCR ante la consulta de este medio.

“Dentro de cada bloque (de los aliados que mantienen diálogo con el Gobierno) hay sólo dos o tres diputados que empujan para que el capítulo ambiental no sea votado en el recinto”, explicó un diputado. “Es muy triste”, agregó. “Estamos tratando de que entiendan pero somos pocos”, afirmó el legislador.

Para los diputados comprometidos con la legislación ambiental las modificaciones que plantea la ley ómnibus son inconstitucionales, violan principios básicos de la Carta Magna y del sistema democrático, como el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones de las autoridades. 

Pesca, sí

El capítulo sobre la pesca, que tiene alcance ambiental, sí estuvo entre las prioridades de los gobernadores de las provincias afectadas por la propuesta del Gobierno. El destino fue completamente distinto porque había un interés económico que afectaba a una región en particular, las provincias con actividad pesquera y puertos. El caso demostró que cuando quieren, los diputados pueden. O mejor dicho, cuando los gobernadores quieren, los diputados pueden. “No se dimensiona que el daño ambiental no tiene marcha atrás”, aseguró un diputado.

“Todos los diputados con los que pudimos hablar entendían que no existe urgencia para tratar el capítulo ambiental en sesiones extraordinarias, con apuro, sin brindar un debate como corresponde en las comisiones correspondientes”, afirmó Jaramillo.

“Los diputados también dijeron entender que la ley ómnibus implica la modificación sustancial de leyes de protección al ambiente que se lograron con años de lucha, de participación y esfuerzo ciudadano”, agregó el director de Fundación Vida Silvestre.

Jaramillo explicó que, de hecho, la comprensión existe porque el único dictamen que mantiene las modificaciones a las leyes ambientales es el de mayoría, que presentó el oficialismo, y entre las disidencias de quienes los apoyaron se encuentran menciones a los temas ambientales. “Entonces no se entiende cómo el oficialismo insiste con llevar al recinto un proyecto de ley que mantiene el capítulo ambiental. Seguimos conversando con los diputados sobre esto. El pedido es diputado por diputado, confiamos en quienes han expresado su compromiso con la naturaleza y las personas”, aseguró Jaramillo.

ED/JJD

El Gobierno de Javier Milei envió el viernes último un documento con las propuestas a modificaciones en el proyecto de Ley Ómnibus que incluyen cinco posibles adaptaciones a los cambios que los libertarios buscan imponer en las leyes ambientales, como la Ley de Bosques, la Ley de Quema y la de Glaciares. Para los diputados de la oposición, no está claro aún cómo quedarían esos cambios plasmados en el texto definitivo de la megaley y esperan mayores definiciones por parte del Ejecutivo. También sostienen que los cambios están muy lejos de las objeciones en materia ambiental que realizaron los diputados a los funcionarios del Gobierno durante el plenario de esta semana, de acuerdo a la información reunida por elDiarioAR.

Las negociaciones encabezadas por diputados de los distintos bloques con el Gobierno para modificar puntos de la ley se centró en los aspectos económicos, fiscales y financieros, pero no incluyó entre las prioridades el capítulo ambiental.

La Fundación Vida Silvestre fue una de las que intentó dialogar con todos los sectores de la Cámara de Diputados y logró reunirse con integrantes de casi todos los bloques e interbloques, menos con quienes no quisieron recibirlos: La Libertad Avanza -nunca respondió el pedido enviado por escrito- y el PRO. Sólo la diputada Marilú Quiroz (PRO) los escuchó, según una publicación en Instagram de la organización ambientalista. La entidad envió este viernes por la tarde una nueva carta a los presidentes de los bloques en la que les solicita no votar la Ley Ómnibus incluso son las nuevas modificaciones, debido a que están muy lejos de lo esperado. Esta nueva propuesta “sigue manteniendo modificaciones inaceptables en las leyes de bosques, quema y pesca y, en el caso de la ley de glaciares, incluso, propone nuevos cambios. Estas propuestas desguazan el funcionamiento estructural de las normas, por lo que, de ser sancionadas harán retroceder al país en materia de protección ambiental”, afirmó.

Todo queda sometido a las leyes del mercado y en el capítulo de Ambiente esa concepción es brutal.

Margarita Stolbizer — Diputada Gen e Interbloque Hacemos Coalición Federal.

“Creemos y seguimos pidiendo que el capítulo ambiental sea excluido de la Ley Ómnibus”, dijo el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, que integra el interbloque Hacemos Coalición Federal. “No se explica la urgencia ni han sido fundamentados sus beneficios para la economía y para morigerar la situación de crisis”, explicó Ferraro sobre las modificaciones que el Gobierno quiere imponer en materia ambiental. “También vemos que algunas propuestas son regresivas y rompen con principios de la ley general de ambiente”, agregó el diputado.

“La concepción política ideológica que tiene este proyecto, que está expresado incluso en los fundamentos del mensaje de envío, es una cuestión muy dirigida a una liberación del mercado, de un capitalismo a ultranza, prácticamente deshumanizado. Todo queda sometido a las leyes del mercado y en el capítulo de Ambiente esa concepción es brutal”, aseguró Margarita Stolbizer a elDiarioAR.

La diputada del GEN e integrante del mismo interbloque. “Tiene que ver con la desprotección, la autorización, habilitar negocios en zonas o en ámbitos que tenían la protección ambiental y ahora no lo tienen. Y por otro lado, con el desfinanciamiento de aquellos ámbitos, fondos o recursos que estaban destinados a la protección ambiental”, afirmó Stolbizer, 

Sobre el documento que circuló este viernes con propuestas de cambios del Gobierno, Ferraro afirmó: “No podemos sacar conclusiones del punteo que circuló ayer en el que no quedan claras las modificaciones que estaría proponiendo el Ejecutivo sobre el capítulo ambiental”. “A priori, parecería que han cedido en algunos aspectos pero seguimos esperando el texto final para evaluar los alcances y tomar posición, más allá de que creemos que este capítulo no debería bajar al recinto. En todo caso, habría que debatir lo que haya que debatir en sesiones ordinarias”, dijo Ferraro.

“Lo que correspondería es que el Poder Ejecutivo presente estas propuestas en el período ordinario y se discutan en las comisiones competentes. Al capítulo ambiental solo se le dedicaron unas pocas líneas en los fundamentos de la Ley Ómnibus”, argumentó el diputado de la CC. “La normativa ambiental vigente exige una amplia participación en la toma de decisiones ambientales, por lo que un debate exprés resulta inadmisible. Seguiremos trabajando para que esta sea la postura que prime”, agregó Ferraro.

Incluso con leyes que protegen los bosques y glaciares, el avance sobre el ambiente ha sido un hecho. Las normativas han permitido frenar, ralentizar, exponer y sancionar dicho avance. Por ejemplo, el último informe de Greenpeace sobre desmontes determinó que durante 2023 la deforestación en el norte del país fue de más de 125.000 hectáreas -superior a la del año anterior, con 118.805 hectáreas- y advirtió sobre la ilegalidad de todos los desmontes realizados en Chaco, suspendidos por la Justicia provincial, y de más del 80% de los ejecutados en Santiago del Estero. Un escenario sin estas leyes sería catastrófico y un triunfo de quienes las han violado o intentado violar desde su vigencia, coinciden las organizaciones.

Creemos y seguimos pidiendo que el capítulo ambiental sea excluido de la Ley Ómnibus.

Maximiliano Ferraro — Diputado de la Coalición Cívica (CC) e Interbloque Hacemos Coalición Federal.

Ley de Bosques

La modificación que plantea el proyecto original deja a más del 80% de los bosques nativos de la Argentina desprotegidos y a merced de los negocios y desmontes a gran escala. “Implica el más grave retroceso que podría imaginarse en materia de protección de bosques nativos”, determinaron un centenar de organizaciones en una carta abierta a los diputados.

La Ley 26.331 clasifica a los bosques en tres categorías: roja (conservación estricta), amarilla (uso sostenible) y verde (posible cambio de uso del suelo previo EIA y audiencia pública), conforme un proceso participativo de ordenamiento territorial liderado por las provincias, con control de la Nación, explicó la FARN en un escrito. 

Tras las negociaciones con la oposición, el Ejecutivo envió este viernes a Diputados una serie de propuestas que modificarían el proyecto original. El Gobierno habría accedido a eliminar la modificación del artículo 26 de la ley, el que establecer que para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de la participación ciudadana y el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes.

También habría propuesto agregar un artículo para garantizar los fondos para nutrir el Fondo Nacional de Conservación y Enriquecimiento de Bosques Nativos para 2024.

Ley de Glaciares

El Gobierno quiere modificar la ley 26.639, que garantiza la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. El objetivo explícito del Ejecutivo es habilitar la actividad económica en la zona periglacial, un reclamo histórico de las mineras, que buscan extender sus explotaciones a estas áreas de las montañas. 

“Para facilitar la intervención sobre estos ambientes protegidos, el texto propuesto recorta la definición amplia de glaciar presente en la ley vigente y la restringe a una protección limitada de determinados glaciares: aquellos que se encuentran incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares (que es incompleto por excluir a los glaciares menores a 1 hectárea), y que además posean una ‘función hídrica efectiva y relevante’”, explicó FARN en un escrito.

En la propuesta de este viernes, el Ejecutivo sólo habría accedido a modificar el artículo 6 para “dar más claridad a la reforma”. “Nos preocupa, por ejemplo, que habría una modificación al artículo 6° de la Ley de Glaciares que actualmente prohíbe la actividad minera en los glaciares y el ambiente periglacial. Seguiremos aguardando el texto final para evaluar los alcances y tomar posición”, dijo el diputado Ferraro a elDiarioAR.

Ley de Control de Fuego

Ley 26.562 controla las actividades de quema. Las modificaciones propuestas por el Ejecutivo agregan a la definición del “aprovechamiento productivo” de la tierra a toda actividad que tenga “una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno”. 

“Esto permitiría el avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa, plantaciones, cultivos que no se comercialicen”, entre otros usos, explicó Fundación Vida Silvestre. 

El Gobierno habría accedido a eliminar el artículo 497 que modifica esta parte de la ley, de acuerdo al documento que circuló este viernes.

“El 90% de los incendios que ocurren en el país son consecuencia de actividades humanas y las modificaciones que propone hacer la Ley Ómnibus empeorarán esta problemática”, explicó FARN.

El proyecto original mantiene la prohibición de actividad de quema sin autorización pero establece un plazo de 30 días hábiles para que la autoridad competente responda a la solicitud. En caso de falta de respuesta, se considerará que la quema ha sido autorizada.

En las propuestas del viernes, el Ejecutivo también habría accedido a ampliar ese plazo a 90 días, tras las reiteradas objeciones de distintos sectores de la oposición. 

Ley de pesca

Ley 24.922 garantiza el Régimen Federal de Pesca y las modificaciones propuestas facilitarían una profundización del extractivismo en el mar, sin usos que sigan pautas de conservación ni la consideración de los impactos sobre la biodiversidad marina, explicó Fundación Vida Silvestre en un comunicado.

“El proyecto de ley propende a flexibilizar el proceso para otorgar permisos de pesca con cambios a las condiciones y prioridades hoy dispuestas y concentrando ese otorgamiento en la autoridad de aplicación, sin involucramiento del Consejo Federal Pesquero (CFP)”, explicaron las organizaciones en la carta enviada a los diputados. 

La Ley Ómnibus deroga la obligatoriedad de desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos, lo que puede afectar la transparencia y trazabilidad de la pesca. “Existe en el mundo una política que desalienta la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” y estas modificaciones que pretende el Ejecutivo “provocará una pésima calificación en materia de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, con la imposibilidad de ingreso a esos mercados”, agregaron. 

Ante las quejas de los gobernadores de las provincias que se verían afectadas, el Gobierno aceptaría dar marcha atrás con al menos algunos cambios de esta ley.

Sin renovables y mercados de carbono

La Ley Ómnibus no plantea cómo llevar adelante la transición energética hacia una matriz  más limpia, a través de energías renovables, ni establece el camino para que la Argentina cumpla con los compromisos internacionales de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a 2030 y carbono neutralidad a 2050, que el país se comprometió a cumplir en el marco del Acuerdo de París. 

Lejos de eso, el proyecto de ley establece mercados de derechos de emisión de GEI. “Es un enfoque netamente mercantilizador de la naturaleza y que no hace referencia a la necesidad y urgencia de reducir las emisiones de GEI desde las fuentes, teniendo en cuenta que el sector energético y de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AGSOUT) son los principales responsables de las emisiones según el Inventario Nacional de GEI”, explicó FARN en un artículo. 

Los mercados de carbono que habilita la nueva ley son “un sistema de comercio a través del cual los gobiernos, empresas o individuos pueden comprar y vender permisos de emisión o créditos de carbono para compensar sus emisiones de una manera costo efectiva”.

“Los mecanismos de mercado de carbono deben estar enmarcados en una estrategia que tenga en cuenta los compromisos internacionales, particularmente el de carbono neutralidad a 2050, pero también que garantice salvaguardas socioambientales y tenga en cuenta a actores fundamentales de la ciudadanía”, afirmó FARN.

El proyecto de ley privilegia al sector hidrocarburífero con medidas como la extensión de las concesiones a 35 años para yacimientos no convencionales y a 30 años en el caso de la explotación de la plataforma continental y el mar territorial, explicó FARN en un documento. Además, la organización afirmó que “la forma de otorgamiento de permisos es flexibilizada y se fija que las regalías constituyen la única suma que pueden recibir las jurisdicciones titulares de dominio de hidrocarburos”.

ED/MG

Las consecuencias de la destrucción de la naturaleza son cada vez más graves y frecuentes. Pandemias, sequías, incendios, inundaciones y otros eventos extremos vulneran la salud y la economía. Políticos hablan de la crisis climática y ambiental como si enfrentarlas fuera prioridad de sus gobiernos. Mientras tanto, sus decisiones van silenciosamente a contramano de sus discursos.

Los bosques nativos y los humedales están entre los ecosistemas que mayores beneficios brindan a la sociedad, por su gran contribución a regular el clima, evitar déficits o excesos hídricos, purificar el agua, entre otros. A pesar de esto, los bosques nativos del norte argentino y los humedales del litoral siguen siendo destruidos por los desmontes y las quemas para ampliar los cultivos y el ganado, y la especulación inmobiliaria. 

Las leyes nacionales de protección del ambiente son fundamentales para frenar y revertir esta situación. Los humedales todavía no tienen una ley nacional que los proteja porque nuestros representantes siguen demorando el tratamiento y la sanción de los proyectos de ley, mientras el Delta arde en llamas. Los bosques nativos tienen desde 2007 una ley nacional que los protege (Ley 26.331), cuya sanción fue una respuesta de la sociedad civil frente a tasas de deforestación récord en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco.

La ley 26.331 obliga a las provincias a hacer un “ordenamiento” de sus bosques nativos, definiendo en un mapa qué bosques tienen alto valor de conservación y deben ser conservados (zonas rojas), qué bosques tienen mediano valor de conservación y sólo pueden ser usados sin desmontar (zonas amarillas), y qué zonas tienen bajo valor de conservación y pueden ser desmontadas (zonas verdes). 

Ayer, con un ordenamiento de bosques vencido desde hace ocho años, el gobernador Capitanich ingresó a la legislatura chaqueña un decreto ad referéndum que viola flagrantemente la ley 26.331 en cinco aspectos. Primero, el decreto presentado ayer reduce el valor de conservación (zonas amarillas pasan a ser verdes) de más de 300.000 hectáreas de bosques nativos, lo cual habilita que se desmonte una superficie de bosques equivalente a la superficie del AMBA. 

Segundo, el decreto sigue permitiendo que se desmonte hasta un 20% de las propiedades en zonas amarillas, violando la ley nacional. Tercero, la ley 26.331 establece que los desmontes en zonas amarillas y rojas tienen que ser sancionados económicamente y los bosques restaurados por los propietarios. En Chaco, no sólo no hubo sanciones ni restauración, sino que el gobierno borró esos bosques del decreto de ordenamiento y así blanqueó los desmontes ilegales. 

Cuarto, el mapa incluido en el decreto fue elaborado por una mesa técnica constituida principalmente por representantes de los sectores agrícolas, ganaderos y “forestales” (carboneros, tanineros), o sea, los sectores interesados en continuar con la deforestación. Quinto, el mapa elaborado por dicha mesa “técnica” fue sometido a consultas públicas express, y las pocas opiniones de los pobladores de los bosques no fueron tenidas en cuenta. 

La Ley 26.331 fue una importante conquista y es una gran oportunidad para que nuestros bosques sigan brindándonos beneficios. La ciudadanía está reclamando que los humedales tengan su ley que los proteja. Así como las leyes, una ciudadanía bien informada y organizada es fundamental para que nuestros representantes las cumplan y las hagan cumplir.