La calle Ortiz de Ocampo al 3.200, extremo este de Barrio Parque, fue durante años un reducto familiar para el mundo PRO. En esa zona exclusiva de Buenos Aires funcionó el Ocampo Wellness Club, un gimnasio que tuvo entre sus habitués a Flavia Palmiero, Horacio Rodríguez Larreta, Guillermo Dietrich, el actor Martín Seefeld, la jueza suprema de la Ciudad Inés Weinberg de Roca, Diego Torres y Marcos Gastaldi, entre otros dirigentes del PRO, empresarios y artistas. De todas formas, el dato más destacado del lugar es que allí se conocieron Mauricio Macri y Juliana Awada, en 2009.

De los escaladores, cintas de pilates y bicicletas de spinning que dieron vida al Ocampo Wellnes Club ya no queda nada. El gimnasio se mudó a otro terreno familiar para las gestiones del PRO en la Ciudad, Costa Salguero, en noviembre de 2017. Tampoco existen las “canchitas de Ocampo” que compartían administración y funcionaban enfrente, en menos de una hectárea delimitada por vías de los ferrocarriles San Martín y Mitre.

En Ocampo 3220-3250, donde estaba emplazado el gimnasio, se levanta Working Ocampo, un complejo de oficinas de 34.000 metros cuadrados que desarrollaron las firmas Rukan y Criba, esta última aportante de campaña de Macri en 2019. A la altura del 3195, donde estaban las canchas, avanza el proyecto Line Ocampo, un edificio premium que promete 117 “casas en altura” cuyo valor alcanza entre los US$ 800.000 y US$ 2 millones por unidad y ya se encuentran, en gran medida, vendidas. El proyecto ofrece tres piscinas, microcine y cava de vinos que disfrutarán dueños de departamentos desde tres ambientes hasta “penthouses de 4 dormitorios” y 750 metros cuadrados.

Los camiones entran y salen y las grúas se levantan pese a que se investiga en fuero federal si la subasta pública del terreno de Ocampo 3195 fue realizada a un precio inferior al fijado por el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN), y si un beneficiario fue, entre otros allegados al Gobierno de Cambiemos, Gustavo Gustavo Arribas, extitular de la Agencia Federal de Inteligencia. Durante su paso por la administración pública, el empresario de negocios del fútbol vivió en un departamento de Macri y Awada en avenida Libertador y Cavia, a pocas cuadras de Line Ocampo.

La causa en el fuero federal se originó en una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) tras una auditoría llevada a cabo por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que inspeccionó subastas de terrenos de alto valor inmobiliario ofrecidas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) durante el Gobierno de Macri. El expediente, de por sí complejo porque va en paralelo a otros gemelos que abarcan unos ochenta bienes subastados, desde lotes en Retiro, parcelas ferroviarias hasta campos en Córdoba, se encuentra radicado desde septiembre de 2020 en el juzgado en lo criminal federal 11 (subrogado tras la muerte de Claudio Bonadio) y la fiscalía federal 10, a cargo de Paloma Ochoa.

Lazos de Inteligencia

El terreno de Barrio Parque fue adjudicado el 19 de julio de 2018 al único oferente, Fideicomiso Vías de Ocampo, por la suma de U$S 40,4 millones. Meses antes, la Legislatura de la Ciudad había aprobado la rezonificación de la parcela para que se pudiera construir en altura.

El precio de venta resultó US$ 2,5 millones inferior a los US$ 42,9 millones establecidos por el Tribunal de Tasación como valor de mercado (“venal” en terminología estatal), según la denuncia de la OA, a cargo de Félix Crous.

El estudio de arquitectos Juan Martín Santagada-Adriana Paula Anchezar aparece como la cara visible del fideicomiso, con 27,5% de participación, seguido por Ariel Goldszer (de Ocampo Propiedades), con 22,5%. El nombre de Arribas surgió cuando el entonces señor 5 reconoció ante la OA —todavía bajo la órbita de Laura Alonso— haber invertido $ 40,7 millones (US$ 1,5 millón al momento de ganar la subasta) en el Fideicomiso Vías de Ocampo, según la declaración jurada correspondiente a 2018. Al año siguiente, Arribas ratificó el dato con igual valor expresado en pesos.

En una ampliación de la denuncia, la OA advirtió más líneas que vincularían al fideicomiso con la comunidad de Inteligencia, aunque los indicios son más tenues que en el caso de Arribas. La oficina de Crous dio cuenta de que Adriana Anchezar es hija del almirante (r) Juan Carlos Anchezar, ex subsecretario de la SIDE durante el Gobierno de Carlos Menem. A su vez, participa del fideicomiso, con representación de 10%, Ignacio José María Sáenz Valiente, socio en Midas Hotel Management S.A, un emprendimiento de Agustina Olivero Majdalani, hija de la exsubdirectora de la AFI durante el Gobierno de Macri, Silvia Majdalani, dijo la OA.

El predio de Barrio Parque fue adjudicado el 19 de julio de 2018 al único oferente a un precio US$ 2,5 millones inferior al valor de mercado, ya que el Tribunal de Tasación lo había cotizado en US$ 42,9 millones y se entregó en US$ 40,4 millones.

Otro eventual nexo que la denuncia pide investigar es el de Santagada con Sonia María, Marina y Nicolás Caputo, socios en diferentes emprendimientos de real estate. Los mencionados son hijos de Nicolás Caputo, íntimo amigo y exsocio de Macri, y excónsul honorario de Singapur.

En un primer momento, una firma llamada Fides Investa mostró interés en la subasta ofrecida por la AABE, pero finalmente desistió al reconocer que también formaba parte del Fideicomiso Vías de Ocampo, en lo que la OA interpreta como un intento de simular competencia que luego resultó inconveniente porque habría estirado los plazos.

Subastas bajo sospecha

El mecanismo denunciado en la oferta del predio de Ocampo replica un patrón presente en decenas de terrenos vendidos por la AABE en 2018 y encuentra un subcapítulo en la cesión de 31 escrituras de la Nación a la Ciudad, entre ellas, parcelas ferroviarias en Palermo y Caballito y predios frente al Río de la Plata, firmada por Macri entre el 19 de septiembre y el 9 de diciembre de 2019, un día antes de finalizar su mandato.

No bien asumió Macri en Casa Rosada, la AABE —a cargo de Ramón Lanús, dirigente del PRO en San Isidro y hoy enrolado con Patricia Bullrich— solicitó a todas las dependencias estatales que informaran la existencia de bienes en desuso o innecesarios. Una vez conformado el registro, la agencia de Lanús solicitó al Tribunal de Tasación que estableciera un valor de mercado para proceder a la venta.

El Código Civil y Comercial establece que las subastas del Estado, si no hay interesados, pueden ser ofrecidas desde dos tercios del valor venal (de mercado). Esa vía fue utilizada en casi todas las subastas efectuadas.

“Con Macri, la AABE estableció un estándar inédito de transparencia. Estiró los plazos lo máximo posible para que se presentara la mayor cantidad de oferentes, organizó subastas 100% digitales y, recién cuando no hubo alternativa, bajó el precio dentro de lo permitido por la ley”, dijo a elDiarioAR una fuente vinculada a la oficina de bienes del Estado del Ejecutivo de Cambiemos. En su mirada, los valores adjudicados en 2018 resultaron ser muy superiores a los actuales, lo que ocasionaría un gran pesar a los adjudicatarios.

La objeción de la SIGEN y de la OA es que ese mecanismo encubrió un supuesto fraude para que los terrenos quedaran en manos de aportantes de campaña de Cambiemos y Juntos por el Cambio, allegados a funcionarios o, directamente, como en el caso de Arribas, miembros del Ejecutivo. La presencia de sociedades offshore fue también recurrente, según la presentación de la OA.

Este medio contactó a dos integrantes centrales del fideicomiso que ganó la subasta de Ocampo, pero no obtuvo respuesta.

De acuerdo al dictamen de la SIGEN, sobre diecisiete expedientes auditados, el perjuicio al Estado por la subvaluación en las ventas fue de US$ 74,5 millones. En un análisis de la OA, que incluye más terrenos, el Estado nacional dejó de percibir US$ 183,4 millones.

La Secretaría de Ética Pública y Transparencia (nombre formal de la OA) considera que lo establecido en el Código Civil y Comercial en cuanto a bajar la oferta de un bien del Estado tiene por objetivo facilitar una venta en un caso de un litigio judicial o de fuerza mayor. Malvender un bien no es —sostiene la oficina— una obligación del Estado.

Por lo pronto, a una fuente de Comodoro Py al tanto de la instrucción del expediente le resulta extraño el motivo por el cual el Estado se desprendió de tantos bienes sin razón aparente, entre ellos, hectáreas ubicadas en zonas muy productivas de Córdoba que estaban en manos del Ejército. El valor de adjudicación de algunas de las 12.320 hectáreas del sudeste de la provincia fue de US$ 8.900, pese a que el Tribunal de Tasación las había cotizado en USD 15.070, denunció la OA.

Según el dictamen de la SIGEN, el perjuicio al Estado fue de US$ 74,5 millones, en diecisiete expedientes auditados. En un análisis de la OA, que incluye más terrenos, el Estado nacional dejó de percibir US$ 183,4 millones.

Siete lotes en Catalinas Norte II, zona de alto valor inmobiliario en el barrio de Retiro, son también emblemáticos. Los ganadores fueron Consultatio (de Eduardo Costantini, uno de los principales aportantes a la campaña de Macri), Fideicomiso BAP y TGLT (firma que absorbió la constructora de Nicolás Caputo el mismo año de la subasta).

La OA determinó que la venta de cada lote de Catalinas II fue entre US$ 3 millones y US$ 13 millones por debajo del valor de mercado establecido por el Tribunal de Tasación, y se registró una presunta falsa competencia, ya que TGLT y Fideicomiso BAP estaban unidos por su participación en un tercer fideicomiso. Un cuarto oferente, inmobiliaria OPM, admitió luego ante la AABE que estaba vinculado al vicejefe de Gabinete Mario Quintana.

El presidente del Tribunal de Tasación, Daniel Martín, tomó el resguardo de dejar por escrito que había sido la AABE la que solicitó a ese cuerpo que dictaminara un valor “base de subasta” equivalente a dos tercios del precio de mercado. La agencia elevó el piso en varias subastas —es decir, superior a los dos tercios del valor de mercado—, aunque siempre por debajo de la cotización establecida por el tribunal.

Tránsito lento

La investigación delegada en la Fiscalía 10 todavía no tiene procesados ni citaciones a indagatoria, en parte, debido la dificultad que supone revisar identidades de los compradores y la legalidad del proceso de venta de decenas de inmuebles.

Uno de los motivos por los que el expediente se mueve en cámara lenta es que no tiene querellante, por lo que el impulso de la acción penal —pedido de medidas de prueba, indagatorias y eventuales medidas cautelares para frenar las construcciones— recae sólo en la fiscalía.

Bajo el mandato de Crous, la OA considera que no tiene entidad ni capacidad para constituirse en querellante, y se limita a presentar denuncias ante indicios de corrupción. Alonso, secretaria de Ética con Macri, podría haber actuado durante el proceso de subasta ya que no tenía reparos en ser querellante, pero dejó claro en su momento ante Luis Majul que no actuaría contra el Gobierno de Cambiemos para que no la acusaran de parcialidad.

La AABE, que fue el primer organismo que solicitó una investigación por orden de Alberto Fernández, también entiende que su función específica no es querellar, salvo casos excepcionales, y evalúa que no corre riesgos con el paso del tiempo, “porque, llegado el caso, si construyen un edificio, habrá más bienes para resarcir el daño”, indica una fuente de la entidad. No es la opinión de otros interesados en la causa, que temen que el transcurso de meses y años derive en derechos adquiridos y torne más dificultoso dar con los eventuales responsables de la maniobra.

Alberto Fernández reaccionó en los primeros días de mandato al comprobar que Macri y Larreta habían organizado la transferencia acelerada de 31 escrituras de Nación a Ciudad por un valor de $16.000 millones (US$ 266 millones al valor de diciembre de 2019), lo que contravendría el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno que impide vender o donar activos durante los dos trimestres previos al cambio de mandato. Son causas asociadas a las subastas de Ocampo, Catalinas y los campos de Córdoba, y a otras en predios de Chacarita y Palermo, ya que también habrían implicado una subvaluación de los bienes en detrimento del Estado nacional. La práctica estándar es que el Gobierno de la Ciudad cambia la zonificación de los terrenos fiscales y vende los activos a desarrolladores inmobiliarios.

La fuente de la AABE durante la gestión Cambiemos admite que la transferencia masiva del fin del mandato obedeció a una decisión política ante la presunción de que el Ejecutivo del Frente de Todos no la llevaría a cabo. El argumento del Gobierno de Macri fue que dicha cesión compensaría la obligación asumida por el Estado nacional de pagar US$ 175 millones al Banco de Desarrollo de América Latina (BDAL, ex Corporación Andina de Fomento) por el crédito para la construcción del Paseo del Bajo, entre San Telmo y Retiro, otra obra que mereció una denuncia penal por el presunto beneficio millonario a la constructora de Angelo Calcaterra y que Bonadio y la sala de la Cámara federal compuesta por Mariano Llorens (Liverpool), Leopoldo Bruglia (trasladado al tribunal a dedo) y Pablo Bertuzzi (trasladado a dedo) cerraron abruptamente.

Al día de hoy, el Estado nacional sigue pagando el préstamo con el BDAL y los terrenos en cuestión quedaron en manos del Gobierno de la Ciudad, dijo la fuente de la AABE actual.

Por lo pronto, una cautelar emitida por un juez del fuero Contencioso Administrativo Federal le impide al Ejecutivo de la Ciudad vender los lotes ubicados en el denominado Triángulo de Salguero (no es lo mismo que Costa Salguero), una de las escrituras cedidas antes del traspaso de mando. Como la AABE entiende que la cesión fue ilegal y reclama su reversión, entonces sí solicitó un amparo en los tribunales.

SL