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Roggio, Green, Supercemento, Fontana Nicastro, Iecsa (la empresa que el primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, vendió a Marcelo Mindlin y se rebautizó Sacde), Rottio, Sudamericana, Criba y Conorvial son las diez constructoras que participaron de los contratos más millonarios de obras públicas que se iniciaron bajo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Así como hace dos meses elDiarioAR elaboró un ranking de las principales contratistas del rubro en el primer año de la administración de Alberto Fernández, ahora hizo lo propio con los más de 1.000 proyectos que arrancó el jefe de gobierno porteño en sus cinco años y medio de gestión, la mayoría concentrados en 2016 (288) y 2017 (504), porque después sobrevino el estallido de la crisis económica de la presidencia de su correligionario Mauricio Macri (el número cayó a 137 en 2018 y 95 en 2019) y el 2020 de la pandemia y del recorte de la copartipación federal de impuestos a la capital (sólo arrancó una obra, según un portal oficial de la ciudad). 

A la cabeza en la clasificación de constructoras preferidas por Rodríguez Larreta figuran varias de las más tradicionales del sector, muchas de las cuales también fueron de las más escogidas por el gobierno nacional de Macri, pero además aparecieron en la causa de los cuadernos de las presuntas coimas del kirchnerismo. Benito Roggio e Hijos pertenece al cordobés Aldo Roggio, que renunció a su presidencia después del escándalo de las anotaciones del chofer Oscar Centeno y del caso recientemente elevado a juicio por supuestos sobornos junto a la brasileña Odebrecht para quedarse con una obra de AySA en la era K. Sin embargo, Roggio fue un empresario de confianza de Macri, en cuya administración consiguió numerosos contratos, y a fines de 2020 logró que el intendente porteño le renovara a su compañía Metrovías la concesión del subte en una licitación en la que quedó como único oferente. Su grupo además es uno de los concesionarios de la recolección de residuos de la capital con la firma Cliba.

Desde el 10 de diciembre de 2015 en adelante, la constructora cordobesa logró contratos por US$ 336 millones (se considera el tipo de cambio oficial del 31 de diciembre de cada año en que comenzaron las obras), tanto a título individual como en unión transitoria de empresas (UTE). Entre sus proyectos más importantes figuran el entubamiento del arroyo Vega en UTE con Cartellone y Supercemento y el viaducto del ferrocarril Mitre en alianza con Chediack. 

El segundo puesto del ranking es para la mendocina Green, que preside Carlos Eduardo Arroyo, otro acusado en la causa cuadernos. En 2019 entró en concurso preventivo. Fue el mismo año en que dejó sin terminar dos estaciones del viaducto que efectivamente construyó en el ferrocarril San Martín, una de sus dos principales obras en la ciudad en UTE con Rottio. La otra fue uno de los tres tramos del Paseo del Bajo en alianza con su coterránea Ceosa. En total, Green logró contratos por US$ 284 millones. 

Supercemento, otra de las empresas socias de Odebrecht en el judicializado contrato de AySA, hizo obras por US$ 261 millones para el gobierno de Rodríguez Larreta. Eso incluye la del arroyo Vega y la interrumpida nueva traza de la autopista Illia en UTE con Rovella Carranza y Panedile. Supercemento pertenece a la viuda y al sobrino de su fundador, el inmigrante italiano Julián Astolfoni: Carola von Waldenfels y Lucca Astolfoni, que vive en Italia. Algunos de sus ejecutivos quedaron involucrados en la causa cuadernos. En 1973, Julián Astolfoni había sumado como socio de Supercemento a Antonio “Tonino” Macri, tío de Mauricio y padre de Jorge, el intendente de Vicente López. Pero Tonino vendió sus acciones en 1986. En la década siguiente, Astolfoni cofundó Nordelta junto a Eduardo Costantini. En el gobierno nacional de Macri se ubicó también entre las principales contratistas.

Fontana Nicastro, que preside Pablo Gutiérrez y cuya vicepresidenta es María de los Ángeles Andrenacci, de la familia propietaria, está cuarto en el ranking porteño con obras por US$ 198 millones. Gran parte de esos fondos corresponden a los 167 millones que costó un tramo del Paseo del Bajo que construyó con Iecsa y cuya licitación aún está siendo objeto de una investigación judicial. Dos fiscales pidieron en junio pasado que se reabriese esa causa contra Rodríguez Larreta. Con este jefe de gobierno, Fontana Nicastro también ganó en UTE con Triviño parte de la actual construcción de la cárcel de Marcos Paz, a la que se trasladará la de Devoto. Tanto María de los Ángeles Andrenacci como su padre, Alberto, aportaron para la campaña de Macri 2015. Con el ex presidente como jefe de gobierno porteño, su constructora se había quedado con parte del jugoso negocio de reparar veredas. No obstante, también hacía negocios con el kirchnerismo: fue acusada por el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner de participar de un presunto cartel de la obra pública para financiar gastos políticos de los K. 

El quinto lugar es para otra mendocina, Cartellone, también en concurso preventivo y con sus socios, los hermanos José y Gerardo Cartellone, enfrentados en la Justicia. La empresa figura tanto en la causa cuadernos como en la de Odebrecht. Bajo el gobierno de Rodríguez Larreta y en UTE con Roggio y Supercemento entubó el Vega entre 2016 y 2020 por US$ 177 millones. También se destacó como constructora durante el periodo de Macri en la Casa Rosada.

Pese a que desapareció en 2017, Iecsa aún figura como la sexta contratista de la gestión de Rodríguez Larreta. Aquel año el primo de Macri se la vendió a Mindlin, que le cambió de nombre. Y uno de los principales activos de esa venta fue el polémico contrato que en 2016 había ganado para construir parte del Paseo del Bajo en alianza con Fontana Nicastro. Calcaterra es uno de los empresarios que se acogieron a la ley del arrepentido para reconocer supuestas coimas a funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El séptimo puesto es para Rottio, que también entró en convocatoria de acreedores en 2019 tras dejar sin terminar las dos estaciones del San Martín. Ese fue su único contrato con la ciudad y alcanzó los US$ 163 millones en UTE con Green. Rottio fue fundada en 2008, a pocos meses de iniciado el gobierno de Macri en la ciudad, por dos creadores de cientos de sociedades, Claudia Berdichevsky, monotributista, y Raúl Silvano Báez, que se dio de baja en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Ahora la preside Matías Álvarez Muguerza y uno de sus dueños es Gonzalo Patoqui, ex ejecutivo del grupo Cirigliano acusado de pagar viajes al ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime, todavía preso. 

El octavo lugar es para la Constructora Sudamericana, de Rudi Boggiano, chileno residente en la ciudad. Consiguió siete obras por un total de US$ 161 millones. Las dos principales corresponden al complejo penitenciario de Marcos Paz. Boggiano fue convocado por Rodríguez Larreta en 2016 para integrar el llamado Foro de Desarrollo Urbano que iba a pensar el futuro de la ciudad junto a otros empresarios como Costantini, Eduardo Elsztain, Milagros Brito, Toribio Achával y Federico Weil.

El puesto nueve es para Criba, la constructora de la familia Tarasido que también se ha destacado en obras privadas como Le Parc, la torre de YPF o la Alvear Tower. Con Rodríguez Larreta construyó ocho proyectos por US$ 151 millones. Los mayores fueron dos pabellones del Parque Olímpico para los Juegos de la Juventud 2018 y viviendas para la urbanización de la villa Rodrigo Bueno. Dos miembros de la familia, Alberto y Eduardo Tarasido, aportaron a la primera campaña presidencial de Macri y la constructora como tal fue una de las principales donantes de la Fundación Formar (después rebautizada Compromiso por lo Público y que presidía el ex ministro de Transporte macrista Guillermo Dietrich) entre 2013 y 2015. 

El top ten se completa con la santiagueña Conorvial, de la familia López Casanegra, con 11 obras por US$ 108 millones. Sus principales proyectos fueron las urbanizaciones de las villas Papa Francisco y Fraga. También renovó veredas. Conorvial aparece en la causa de los cuadernos K, pero el vicepresidente de la firma, Ricardo López Casanegra, contribuyó a la campaña Macri 2015.

Del puesto 11ª al 30ª figuran compañías con diversa trayectoria, algunas grandes que aparecen en los cuadernos, unas de fuerte presencia porteña con aportes a la Fundación Formar y otras desconocidas para el gran público pero especialistas en el recambio de veredas: Chediack (de Juan Chediack), Ceosa (de Fernando Porretta), Rovella Carranza (de Mario Rovella), Panedile (de los Dragonetti), Corsán Corviam (de la quebrada española Isolux Corsán), SES (cuyo 50% pertenece a la constructora Caputo, que Nicolás Caputo, amigo de Macri, vendió a TGLT, de Weil), Cunumi (de Raúl Orsini), Niro (de Lucio Niro), Bricons (de Mario Raspagliesi), Dyscon (de Mariano Schor), BRT (la sigla de Benito Roggio Transporte, filial del grupo cordobés), Pecam (de Ricardo Griot), Pose (de Gustavo Etchanchu y David Serna), Dycasa (del grupo español ACS, que encabeza el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez), Miavasa (de Carlos Alberto Mastronardi), Vidogar (de Francisco Gallicchio), C&E (de Gustavo Castillo), Construcciones, Infraestructura y Servicios SA (de Fernando Pernet), Altote (de Eduardo Otero Machado y el uruguayo Oscar Altamirano) y Construmex (de la cementera brasileña InterCement, dueña de Loma Negra e integrante del grupo Camargo Corrêa). 

AR

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