Dos de las cuatro centrales hidroeléctricas de la cuenca patagónica del Comahue que está reprivatizando el gobierno de Javier Milei fueron concesionadas por 30 años, todas vía licitación, al grupo energético Edison, que integran los hermanos Juan y Patricio Neuss -amigos del asesor presidencial Santiago Caputo-, el fondo Inverlat -dueño de Havanna y propiedad de Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y su yerno Federico Salvai, exjefe de gabinete bonaerense de María Eugenia Vidal-, Rubén Cherñajovsky y Luis Galli -el dueño y el CEO del grupo Newsan, de electrónica fueguina pero también licenciataria de las marcas de higiene de Procter & Gamble-. Con varios funcionarios que llegaron al Gobierno por su recomendación y con intereses en diversos negocios con el Estado, los Neuss avanzan así en sus negocios, que van desde la distribuidora eléctrica rionegrina Edersa y la firma de energías renovables Harz hasta campos e inmuebles.

Después de la privatización de la metalúrgica Impsa y de la Ruta del Mercosur, las hidroeléctricas constituyen la tercera venta organizada por la administración libertaria. Eran centrales que ya habían sido concesionadas al sector privado en los 90, cuyos contratos habían vencido en el anterior gobierno y que habían retornado al Estado. Las opciones eran que se las quedara la Nación, que las pasara a las provincias o que se privatizaran de vuelta, como en la gestión de Carlos Menem. Se optó por esto último.

El Estado recaudará US$706 millones por las represas. Son dólares clave para un Banco Central en apuros. Los resultados de la licitación se conocieron el viernes pasado, cuando se adjudicaron cinco de las generadoras y quedó pendiente la sexta, que se definió este miércoles en un repechaje entre los dos mejores oferentes en términos de propuesta de compra. En total hubo ocho contendientes.

Así fue que Edison se quedó con la hidroeléctrica Cerros Colorados. Derrotó en una especie de balotaje en la última oferta a BML, de Manuel Santos Uribelarrea, inversor sojero y energético. En la primera presentación, BML había superado a Edison por US$41,7 millones frente a 38 millones, pero como la diferencia era menor al 10% este último grupo pudo retrucar y puso US$21 millones más que la oferta inicial de su rival. Ya el viernes los Neuss y compañía se había adjudicado Alicurá, tras superar a la norteamericana AES, con una oferta de US$162 millones.

Central Puerto, la empresa de Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escasany -accionista del Grupo Financiero Galicia- presentó la propuesta más alta por Piedra del Águila, unos US$245 millones. BML, de Uribelarrea, ganó El Chocón frente a la competencia de la italiana ENEL, dueña de Edesur, al ofertar US$235,7 millones.

Al igual que está sucediendo en otros negocios de la Argentina libertaria, los empresarios locales ganan terreno frente a las multinacionales. Durante las tres décadas anteriores, AES tuvo Alicurá; ENEL, El Chocón; Central Puerto ya contaba con Piedra del Águila, mientras que Cerros Colorados estaba en manos de Aconcagua Energía, una empresa fundada por Diego Trabucco y Javier Basso hasta que entró en crisis este año y quedó en manos de Pablo Iuliano. La licitación fue organizada por el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, dependientes del ministro de Economía, Luis Caputo, tío del asesor presidencial.

AR/CRM

En una audiencia ante el Senado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, puso a Paraguay en el centro de una estrategia energética global. Dijo que, ante la creciente demanda de electricidad que impondrán los centros de datos para mantener operando a la inteligencia artificial, será clave asociarse con países que tengan excedentes. Según Rubio, nuestro país dispone de una porción significativa de energía hidroeléctrica que ya no exporta tras el vencimiento de un acuerdo con Brasil —en referencia al Anexo C del Tratado de Itaipú, que está pendiente de revisión—.

«Por lo tanto, alguien inteligente irá a Paraguay y abrirá una instalación de inteligencia artificial», afirmó el secretario de Estado.

Aunque la expresión inteligencia artificial parece evocar un universo abstracto, su funcionamiento depende de una infraestructura profundamente material: tierra, agua y mucha energía. Es esta misma dependencia la que conecta la visión de Rubio con Paraguay. Un estudio de la Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que los centros de datos duplicarán su demanda eléctrica global hacia 2030, alcanzando 945 teravatios hora (TWh), un poco más que el consumo eléctrico de Japón. El crecimiento, dice, estará impulsado por la expansión de la IA.

La experiencia de Paraguay con la criptominería refleja ese mismo contraste entre lo intangible y lo material. Lo que llaman minar implica que miles de computadoras funcionen sin pausa para resolver operaciones matemáticas y obtener criptomonedas. La búsqueda de “oro digital” exige un consumo constante y desmesurado de electricidad; y de eso el país todavía dispone, gracias a sus excedentes hidroeléctricos.

Esos remanentes no son menores. Paraguay cede la energía que no utiliza a Argentina y Brasil, sus socios en las hidroeléctricas binacionales Yacyretá e Itaipú, respectivamente. Les vende esa electricidad a precios preferenciales, por debajo del valor de mercado, lo que ha generado históricos cuestionamientos. Aun así, el aporte de esa venta es importante: después de la soja y la carne, la energía es la tercera exportación paraguaya.

Entre las binacionales, la central de Itaipú sobre el río Paraná destaca como una de las mayores productoras de energía renovable del mundo, cubriendo 9 % del consumo eléctrico brasileño y 86 % del paraguayo. Su magnitud también la convierte en un recurso estratégico para los criptomineros. Solo este año, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) proyecta que el sector demandará unos 950 megavatios, lo que redituará a la empresa estatal entre 200 y 250 millones de dólares. Para hacernos una idea, esa cantidad de energía sería suficiente para abastecer a unos dos millones de habitantes: un tercio de la población paraguaya.

Al consumo eléctrico intensivo y la baja generación de empleo, se suman conflictos en las comunidades. Encontramos que el ruido incesante de una criptominera estadounidense aturde a un barrio de Ayolas, mientras las autoridades locales miran hacia otro lado; tal como ocurrió con vecinos de Villarrica, cuya historia publicamos en nuestra edición de junio. Este reportaje forma parte de la investigación La mano invisible de las big tech, liderada por Agência Pública de Brasil y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que reunió a diecisiete medios de quince países, con el apoyo de la organización Reporteros sin Fronteras.

En medio del interés creciente por una energía que escasea a nivel global, la criptominería parece anticipar el escenario que nos depara con el boom de los centros de datos de gran escala en la región.

La disputa por los excedentes

Las criptomineras plantean que el Gobierno les venda el remanente hidroeléctrico de Itaipú. «Le estamos vendiendo a Brasil a un precio residual de unos doce dólares más IVA, y acá nosotros pagamos en promedio cincuenta dólares por megavatio hora. No tiene ningún sentido que eso siga», le dice a El Surti Bruno Vacotti, directivo de la Cámara Paraguaya de Fintech, el gremio que aglutina a la mayoría de las empresas de criptominería.

El Gobierno de Santiago Peña coincide en que hay que vender los excedentes a las criptomineras y crear condiciones favorables para que lleguen centros de datos, con la promesa de que esto servirá para desarrollar industrias que generen puestos de trabajo. El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, ha expresado a medios que la criptominería es una «manera inteligente de monetizar en el corto plazo» el remanente hidroeléctrico; al igual que el presidente de la ANDE, Félix Sosa, quien ha afirmado este año que «tal vez no es la actividad que queríamos en Paraguay, pero sí es una buena oportunidad para nosotros».

Sin embargo, este plan no convence a todos.

«Necesitamos que la energía sea utilizada para el desarrollo y eso se logra a través de la generación de empleo», nos dice Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP). Históricamente, la cesión a los países socios en las hidroeléctricas ha obedecido, sobre todo, a la escasa industrialización local.

Brasil, principal socio comercial de Paraguay, no ha quedado fuera del tablero. El «acuerdo vencido» del que habló Rubio, que es el Anexo C del Tratado de Itaipú, todavía debe ser revisado. Este documento, que feneció en 2023, define las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la binacional. Las negociaciones están suspendidas desde el 1 de abril, tras conocerse que el Gobierno de Jair Bolsonaro había espiado a Paraguay, algo que continuó durante la administración de Lula da Silva.

La exviceministra de Minas y Energía del Gobierno de Fernando Lugo, Mercedes Canese, aclara que la revisión del Anexo C no implica que se dejará de ceder energía a Brasil. Y ve con preocupación el interés estadounidense.

«Nosotros ya sufrimos el extractivismo de nuestra energía eléctrica cediendo a precios miserables a Brasil y Argentina. Ahora también tenemos la criptominería y otros servicios digitales, que no generan empleo. El interés de Estados Unidos es un capítulo más en esa lógica extractiva que conocemos. No va a cambiar la realidad de Paraguay», dice.

Aunque el funcionario de Trump desinformó sobre el superávit eléctrico, el Gobierno aprovechó para atribuir la mención al intenso lobby de Peña, que busca atraer inversiones de alguna big tech. Hablan de convertir a Paraguay en el hub tecnológico de América Latina, una “Silicon Valley” regional —misma construcción que usa Nayib Bukele en El Salvador—, a fuerza de energía barata, población joven, bajos impuestos y macroeconomía estable.

«La declaración que hizo el secretario de Estado posiciona al país como un punto estratégico para implementar este tipo de inversiones», dijo a El Surti el ministro de Tecnologías, Gustavo Villate.

Pero la experiencia con las criptomineras levanta dudas sobre qué beneficios traerían los grandes centros de datos al país. 

Las promesas de una bonanza de millones de dólares

El balance energético del Viceministerio de Minas y Energías del año pasado es lapidario: dice que la criptominería «no tiene un aporte directo en la creación del PIB» de Paraguay. Señala que, solo en los últimos siete meses de 2023, esta actividad consumió 479,1 GWh —un cálculo que no incluye a las criptomineras ilegales—.

En 2022, la ANDE creó un grupo de consumo intensivo especial para las criptomineras y centros de datos con una tarifa en dólares. Estos usuarios pagan entre USD 44,34 y 59,76 el megavatio hora más IVA tras el reajuste del año pasado, un aumento que fue cuestionado por los empresarios. Hasta marzo, un total de 33 clientes tenían contratos con la estatal para 46 establecimientos de este tipo, según respondió la entidad a un pedido de información de El Surti.

El uso de los excedentes de energía para centros de datos permitiría financiar parte de las obras eléctricas necesarias y generar empleo calificado, concluye un estudio del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). En un escenario optimista, los investigadores estimaron que la venta a estas instalaciones generaría 1 087 156 000 dólares para la ANDE, de 2024 a 2027, además del IVA para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Como es optimista, prevé que el MEF siga percibiendo los ingresos por cesión de energía.

El doctor en Energía Victorio Oxilia Dávalos, profesor en la Facultad Politécnica de la UNA, considera viable esta propuesta, siempre que el beneficio para el país sea recíproco, algo que hoy no ocurre con la criptominería. «Necesitamos una política sobre la instalación de data centers, que apoye la generación de empleos calificados en el país y el abastecimiento de energía eléctrica a futuro. En este momento no tenemos la abundancia de energía que teníamos hace unos cinco años», dice.

Los centros de datos —bien sean los llamados de hiperescala, que se usan para procesar IA, o bien sea para cualquier otro uso que no sea criptominería— todavía tienen el beneficio de la duda en cuanto a lo que podrían aportar al país; pero aquí la disputa, además de energética, es de terminología.

En general, son instalaciones físicas que almacenan, gestionan y procesan grandes volúmenes de datos, además de alojar los servidores e infraestructuras de la red. El doctor Luis Benítez, secretario de la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial, explica que tanto los centros de criptominería como de IA necesitan electricidad, conectividad y refrigeración. La principal diferencia está en los computadores que usan. Por ejemplo, los ASIC solo sirven para minar bitcoin, mientras que las máquinas de IA están diseñadas específicamente para esta función.

En su estudio sobre centros de datos, los mismos investigadores del GISE usaron una tarifa referencial de USD 44 por megavatio hora, que está basada en lo que pagan las criptomineras. Pero no todos están de acuerdo en equiparar a estas con los centros de datos.

«Esa historia de confundir las cosas, no. Una cosa son los data centers y otra la criptominería», responde el presidente del gremio industrial (UIP) cuando le consultamos sobre el uso de excedentes para «centros de datos o criptominería». Insiste en que esta última no genera empleo ni valor agregado.

Los criptomineros retrucan. Vacotti reconoce que no generan empleo, pero dice que sus proveedores de transformadores, cables y otros insumos provienen de empresas paraguayas que sí crean puestos de trabajo. Dice, además, que la criptominería proporciona ingresos para que crezca la infraestructura eléctrica del país. Según la ANDE, el sector pagó el año pasado unos 150 millones de dólares y este año calculan que llegarían a 250 millones.

«Si bien la industria electrointensiva no es intensiva en mano de obra, ¿cuánta mano de obra genera venderle la energía a Brasil? Es cero», dice Vacotti, quien también es jefe de Relaciones Públicas de Penguin Group y uno de los fundadores de la Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales (Capamad).

Para grupos críticos a la criptominería, como Itaipú Causa Nacional, esta no compensa su alto consumo eléctrico con fuentes de trabajo. El año pasado, la organización presentó al Senado un informe que revela que solo veintidós criptomineras, de las casi cincuenta que en ese momento tenían contratos con la ANDE, registraron a 383 trabajadores en el Instituto de Previsión Social (IPS).

En ese aspecto, la industria de los centros de datos no es tan diferente. Esta alianza periodística encontró que, a pesar de las promesas de miles de empleos directos e indirectos, una vez que se construyen las instalaciones, se crean solo decenas de puestos de trabajo porque se requiere muy poco personal para operarlas. Por ejemplo, un estudio para el gobierno alemán mostró que un centro de datos genera, en promedio, tres empleos por megavatio utilizado; mientras que una empresa química grande en ese país usa 200 megavatios y crea 50 000 empleos directos.

El contraste entre el altísimo consumo de energía y los escasos beneficios laborales es otra arista a considerar para el establecimiento de estas compañías.

En Paraguay, por ahora los contratos de las criptomineras con la ANDE vencen el 31 de diciembre de 2027. Pero para Vacotti esto sería un despropósito. Sugiere que, aquellas que quieran extender sus contratos, puedan hacerlo con la condición de construir, por ejemplo, plantas fotovoltaicas (centrales que generan electricidad a partir de la luz solar) para la empresa estatal. Y que esta les descuente un monto de su factura de luz hasta cubrir parte de la inversión.

La extensión de los contratos tiene eco favorable en el Gobierno. Durante el Paraguay Blockchain Summit 2025 realizado en agosto, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, dijo que la propuesta se evaluará. «No queremos que se vaya esta industria de Paraguay», aseguró en el evento de los criptomineros. Ahí también estuvo el director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, quien habló, entre otras cosas, de establecer un régimen tributario especial para criptoactivos.

Hoy las criptomineras aprovechan la inversión pública instalando sus granjas cerca de las subestaciones e incluso, en algunos casos, comienzan a construirlas antes de que estas empiecen a operar.

Por ejemplo, cuando en mayo se inauguró la subestación de 500 kV en la ciudad de Valenzuela, departamento de Cordillera, ya se estaban construyendo a pocos metros dos criptogranjas grandes. Una es de la empresa W3X S. A., y la otra de Cademot S. A., cuyo representante legal es Xinrou Zhu. Zhu también es representante de Muiden S. A., ubicada cerca de la estación del parque industrial de Hernandarias, Alto Paraná. Esta criptominera tiene garantizados 132 000 kilovatios de potencia, la mayor contratación de la ANDE. Junto a esta granja está la planta de Penguin Group, una compañía de origen suizo que tiene como copresidente a Alexander Heldt, exfuncionario de Google.

El investigador Guillermo Achucarro, doctorando en Ciencias y Tecnologías Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, explica que las electrointensivas, como las criptomineras, se instalan cerca de las subestaciones para minimizar la pérdida de energía al acortar la línea de transmisión. En segundo lugar, esto evita las caídas de tensión que se producen a medida que aumentan las distancias. Por último, reduce costos de infraestructura.

Los límites del paraíso de la energía barata

En Paraguay, los cortes de luz son frecuentes, especialmente en verano, y la situación podría agravarse cuando la demanda supere la capacidad de producción eléctrica. Solo el año pasado, el consumo aumentó 18 %, triplicando la previsión de crecimiento anual que se hacía una década atrás. Al respecto, un estudio de la Unión Industrial Paraguaya advierte que el país podría enfrentar una «crisis energética» entre 2030 y 2035, que incluso podría desencadenarse desde 2029, si no se diversifica la matriz energética —la electricidad hoy depende de las hidroeléctricas—. Esto, dice el gremio, derivaría en un estancamiento económico.

«Lo que está acelerando el fin de nuestros excedentes hidroeléctricos es la criptominería, tanto legal como ilegal. En el 2029 ya no vamos a tener excedentes», dice la exviceministra Canese. Existe un subregistro del consumo real de esta actividad, teniendo en cuenta que hay criptomineras ilegales, que son las que no pagan la tarifa en dólares a la ANDE.

El año pasado, las criptogranjas clandestinas causaron pérdidas para la empresa estatal de 2,34 millones de dólares al mes, debido a que no abonaban la tarifa especial definida para la actividad. En julio de 2024, la ANDE consiguió que los congresistas elevaran la pena por el robo de energía de tres a diez años de prisión. Al respecto, el asesor jurídico de la entidad, Nelson Medina, dijo a esta alianza periodística que, desde la vigencia de la Ley 7300, la sustracción perpetrada por criptomineras ilegales «se redujo drásticamente». Datos de la estatal muestran que, durante los cinco primeros meses de 2024 (antes de la ley), hubo dieciocho casos; mientras que en el mismo periodo de 2025 se registraron solo siete. Hasta junio de este año, había cinco imputados y un condenado.

La crisis climática puede agravar las cosas. Paraguay depende de la electricidad de las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, ambas en el río Paraná, que redujeron su producción a causa de la sequía en 2024; además de Acaray, una central más pequeña. De acuerdo con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la sequía y las olas de calor son los eventos que más afectan al sector de energía: por un lado, en la generación, y, por el otro, en el aumento del consumo que sobrecarga la red eléctrica.

Si bien el Gobierno asegura que el país está listo para recibir a grandes centros de datos de IA, además de más criptomineras, hay quienes tienen sus reservas. El experto en Energía, Oxilia Dávalos, recuerda que los planes de generación, distribución y transmisión de energía están atrasados; acciones que son urgentes ante el riesgo de crisis energética.

Canese coincide. Las obras de generación son las que llevan más tiempo y hasta ahora no hay nada. Teme que la ANDE opte por centrales termoeléctricas a gas —como sugiere la UIP en un estudio—, que son las que se pueden construir en el corto plazo. Añade que, además del impacto ambiental, le va a costar más caro al consumidor, lo que se conoce como «sobrecosto térmico».

En su plan de generación 2024–2043, la ANDE prevé estas centrales térmicas que usan combustibles fósiles (gasoil, gas) «a pesar de que producen emisiones de gases de efecto invernadero». La empresa estatal dice que utilizarán esto «en el contexto de la transición energética» como un complemento de otras fuentes de energía, entre ellas la solar. El plan contempla la instalación de paneles fotovoltaicos, además de pequeñas hidroeléctricas.

Por otro lado, la empresa estatal no descarta comprar electricidad del sector privado (así como hoy compra de Yacyretá e Itaipú) para cubrir la demanda, lo que podría amortiguar el déficit. Sobre el punto, Oxilia Dávalos también advierte que eso implicará electricidad más cara.

«Puede que el sector privado consiga financiamiento más rápido para centrales de generación. Pero esa electricidad se la va a vender a la ANDE a precios que le permitan recuperar el capital invertido. Son empresas, no tienen un fin social ni de caridad», dice.

Mientras, el Gobierno, fogoneado por las declaraciones de Rubio, insiste en que Paraguay tiene la capacidad para recibir a los centros de datos de hiperescala. Pero, por ahora, lo único concreto con una big tech es una capacitación para emprendedores que lidera Meta con apoyo oficial.

El ministro Villate pide mirar cómo se está moviendo la geopolítica respecto a la IA. «Haciendo un paralelismo con las mesas del petróleo para el establecimiento de precios, que Paraguay pueda estar sentado en una mesa estratégica a nivel global, va a marcar un hito», insiste.

El ministerio que encabeza planea construir un “Distrito digital”, que reunirá gobierno, sector privado y academia, como parte de la estrategia del hub tecnológico. Ahí también se alojará la sede de la universidad de Taiwán, principal productor de semiconductores, un insumo clave en el desarrollo de la IA. Paraguay es el único país sudamericano que reconoce a Taiwán, aunque hoy China es el origen número uno (36 %) de sus importaciones.

No se trata solo de energía abundante y barata. Luis Benítez, de la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial, dice que hay otros factores que limitan la instalación de infraestructura para IA en el país, como la conectividad, el personal especializado y el clima extremadamente caluroso, lo que obliga a soluciones de enfriamiento avanzadas que, a su vez, pueden implicar un consumo aún mayor de electricidad.

El vocero de los criptomineros, Bruno Vacotti, coincide en parte. Dice que al menos se tendría que triplicar el ancho de banda para que un centro de datos pueda procesar IA en el país. También hace falta un marco jurídico para este desarrollo. Además, explica que hoy la ANDE puede interrumpir el suministro a las criptomineras si necesita cubrir la demanda del sistema eléctrico.

«La energía en un data center de inteligencia artificial no puede ser interrumpida. La IA es mucho más hambrienta con respecto al uso energético», dice.

La presión de los grandes centros de datos también se da sobre otros recursos vitales, como el agua. En Chile, un tribunal ordenó a Google parar la construcción de un data center el año pasado, tras protestas de los pobladores. Denunciaron que la tecnológica usaría agua para enfriar sus servidores, lo que agravaría la sequía que atravesaban. La compañía tenía previsto usar 7,6 millones de litros de agua potable al día para su instalación. El mismo patrón se repite en otros países de la región. Esta alianza periodística halló que otras grandes tecnológicas, como Microsoft y TikTok, compiten por este recurso con comunidades de México y Brasil en zonas que padecen estrés hídrico y donde, incluso, se raciona el agua.

En Paraguay, por ahora, el problema es otro.

El ruido de un negocio intangible

Desde hace tres años, el comerciante Gastón Saint convive con el ruido de una criptominera en el barrio Cristo Rey de Ayolas, una ciudad a orillas del río Paraná, en la que se asienta parte de la hidroeléctrica que el país comparte con Argentina: Yacyretá.

La granja de bitcoin es de Delta Mining Paraguay S. A., subsidiaria de la estadounidense Delta Mining LLC que también opera en Brasil. Se define como una empresa de minería de bitcoin y colocaciones de centros de datos, que «utiliza exclusivamente energía verde». En 2024, pagó a la ANDE cerca de 2 300 000 dólares y su contrato es por 5500 kilovatios.

Saint, que trabaja en la venta de artículos de pesca, vive con su familia a unos seiscientos metros de la criptominera. Aunque en junio hace frío por el otoño, en su casa ponen el aire acondicionado en modo ventilador para amortiguar el zumbido. Solo así consiguen dormir.

«Es un sonido que se escucha adentro, no se puede ni hablar en la casa. Es como la turbina de un avión las veinticuatro horas del día».

El ruido, dice Saint, proviene de los ventiladores que usan en la criptogranja para que las máquinas no se sobrecalienten. Lo mismo ocurrió en Villarrica, donde el zumbido de una criptominera afectó a los pobladores, que durante casi seis meses tuvieron dificultades para dormir; una situación facilitada por la complicidad de autoridades locales, según una investigación de El Surti.

El 29 de agosto de 2024, Saint denunció el hecho en una nota dirigida al intendente Carlos Duarte. Pero más allá de un ida y vuelta de notificaciones, nada pasó. A través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, esta alianza periodística buscó hablar con Duarte, pero este no respondió y sus funcionarios tampoco.

El representante de Delta Mining en Paraguay es Anderson Castorino Montanaro. El empresario nos dijo que resolvieron el problema del ruido «inmediatamente» después de la denuncia.

«Lo que hace ruido es el ventilador de acuerdo con la posición. Entonces, se hizo una plataforma que cubrió el viento y la expansión del ruido. Hubo una queja de un vecino nomás e igual hicimos todo eso. Porque ahí estamos en zona industrial, está todo bajo los decibeles permitidos», dice. A pesar de lo que asegura que hizo la empresa, el ruido seguía hasta agosto de este año, si bien Saint refiere que la intensidad varía y que se escucha más cuando hace calor.

Ante la negativa de las autoridades municipales de responder sobre el caso, no es posible corroborar el dato de la zona industrial. Y Saint se cansó de reclamarles. Lo que más siente es que ya ni siquiera puede salir a tomar mate antes de ir a trabajar. La omnipresencia del ruido obliga al encierro y a dejar de compartir. Resignado, nos dice:

«Y sí, ya nos acostumbramos».

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

AR

Google, subsidiaria de la tecnológica Alphabet, invirtió más de US$3.000 millones en el mayor acuerdo hidroeléctrico de Estados Unidos con la compañía Brookfield Asset Management. Según un comunicado, Google modernizó dos plantas hidroeléctricas en Pensilvania, propiedad de esa empresa, como parte de unos acuerdos iniciales de compra de energía a 20 años, que le proporcionaron hasta 3.000 megavatios de esta energía renovable.

La creciente demanda energética de la inteligencia artificial y los centros de datos puso presión sobre las grandes tecnológicas para garantizar un suministro confiable, estable y sustentable. Empresas como Google, Microsoft y Amazon están acelerando sus inversiones en energías renovables para acompañar el auge del cómputo intensivo, clave para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial y servicios en la nube, que consumen una cantidad de electricidad cada vez mayor.

Brookfield Asset Management es una de las gestoras de activos más grandes del mundo y tiene una presencia destacada en el sector energético, especialmente en energías limpias. La compañía controla más de 25.000 megavatios de capacidad renovable instalada a nivel global y fue uno de los socios estratégicos de empresas tecnológicas interesadas en reducir su huella de carbono mediante acuerdos de compra de energía (PPA, por sus siglas enelDiario inglés) a largo plazo.

Brookfield y Google se centraron inicialmente en los mercados eléctricos del Atlántico medio (PMJ) y del continente medio (MISO) de Estados Unidos, en estados como Wisconsin, Michigan o Indiana, con flexibilidad para expandirse a otras regiones del país.

La jefa de Energía para Centros de Datos de Google, Amanda Peterson Corio, dijo en la nota que la colaboración “aseguró un suministro de energía limpia en la región PMJ” y consideró que contribuirá a una red eléctrica “más sólida” para el país.

La PJM es la red eléctrica más grande del país y abarca trece estados del Atlántico Medio y partes del Medio Oeste y el Sur, que incluye a Nueva Jersey o Maryland, así como el mercado de centros de datos más grande del mundo, localizado en el norte de Virginia.

El objetivo de este acuerdo fue satisfacer la creciente demanda de energía de los centros de datos y la inteligencia artificial en la región, según el comunicado.

“Será necesario suministrar energía a escala y de diversas fuentes para satisfacer las crecientes demandas de electricidad derivadas de la digitalización y la inteligencia artificial”, aseguró el presidente de Brookfield Asset Management, Connor Teskey, en el comunicado.

JJD, con información de EFE.

En estos días el co-gobierno Milei-PRO emitió un nuevo decretazo por el que ordena la privatización de las represas hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Construidas por y de propiedad del Estado, desde hace décadas las administran empresas concesionarias. No hay excusa de que den pérdidas ni de que sean ineficientes. Las privatizan porque quieren privatizarlas. ¿Qué significa? Desde ya, que entregan a privados algo que era estatal. Pero además la transferencia obviamente no será por el monto que costó la inversión y que ya pagamos todos. Ni por el valor de la tierra que ocupan. Probablemente tampoco pagarán por el uso del agua que cada día llega a las represas, o lo harán por un valor irrisorio. Los nuevos dueños tampoco asumirán riesgos: comprarán algo que ya funciona bien y que tiene un cliente cautivo, que somos nosotros. Otro ejemplo más del mito del “riesgo empresario”. ¿Qué perdemos, además de todo ese capital nuestro que directa o indirectamente pasará a manos de empresarios? La capacidad de administrar un recurso estratégico como la energía. ¿Que eso no conlleva riesgos? Recuerden la fracasada privatización de YPF: para ganar más a corto plazo, sus nuevos dueños decidieron dejar de invertir en exploración. El resultado fue una crisis energética que nos costó una fortuna y veinte años revertir. Y vaya a saber cuánto más tendremos que pagar en juicios por ese paso en falso. 

En estos días el Gobierno también anunció que avanzará en el plan de convertir los clubes de futbol en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Nuestros clubes nacieron hace más de cien años como entidades sin fines de lucro, propiedad de sus socios, que fueron los que los levantaron y sostuvieron por más de un siglo. El Gobierno quiere cambiar de cuajo todo eso: que sean propiedad de empresarios y se transformen en empresas con lógica mercantil. Los clubes ya anunciaron que no quieren. La AFA también manifestó que no desea el cambio. No importa: el Gobierno la va a obligar y ya la intimó a que modifique sus reglas para hacer lugar a las SAD. 

¿No estábamos en el Gobierno de “la libertad”? ¿No era que el Estado no se iba a meter con lo que hiciera el sector privado? ¿Por qué obliga a la AFA y a los clubes a hacer algo que no desean? El fútbol argentino no es estatal. No le cuesta dinero al Estado. No es “con la tuya contribuyente”. El Gobierno dice que no importa, que lo hacen para mejorar su eficiencia. Ayudan a los clubes en algo en lo que no pidieron ni quieren ser ayudados. Daniel Scioli dijo que las SAD ayudarán al fútbol a “ser más competitivo y explotar la marca fútbol argentino en el mundo”. Mientras tanto, ya inició reuniones con un empresario estadounidense que está merodeando para quedarse con algún club apenas se impongan las SAD. Macri coincide y celebra: es “un paso adelante para tener un espectáculo de más calidad, con mejores planteles y mejores estadios”.

Todo esto es un lindo ejemplo del discurso hueco que nos inunda día y noche. ¿Necesita más “eficiencia” el fútbol argentino? ¿En serio? La Selección argentina lidera el ranking mundial y es la que más títulos obtuvo en la historia. Hay siete clubs argentinos entre los 100 mejores del mundo. Y eso, a pesar de que la Argentina no para de exportar sus mejores jugadores. Y hablando de jugadores, con Messi y Maradona, el país ostenta los dos primeros puestos en el ranking de mejores jugadores de todos los tiempos. ¿Cuánta más “eficiencia” quieren? Queda claro que es apenas una excusa. Y no muy buena. Todos estos logros impresionantes del fútbol argentino vinieron de la mano de entidades sin fines de lucro, que fundaron sus socios desde abajo. ¿Por qué meter mano en algo que funciona tan extraordinariamente bien? No hay otra respuesta posible: por eso mismo. Quieren quedarse con algo que funciona muy bien.

Los empresarios que así lo deseen podrían fundar tantos equipos como les dé la gana. Podrían erigir sus propios estadios con los estándares de confort máximos. Podrían crear su propia liga. Nada se los impide. Pero no. No quieren ganar dinero creando algo: quieren quedarse con algo que ya existe. Quieren lo que nosotros ya hicimos. Quieren las instalaciones, los nombres de los clubes, más de cien años de leyendas, más de cien años de inversión del dinero de los socios. Todo eso en lo que no tuvieron nada que ver, lo quieren. El Estado, parece, les ayudará metiéndose donde no le corresponde.

¿Qué perderíamos con la privatización de los clubes? Orientarlos hacia una finalidad de lucro obviamente significa que dejarán de hacer la cantidad de actividades que realizan hoy en beneficio de sus socios y de sus barrios. Chau biblioteca pública, chau esas parrillas que usan los socios, chau prestar las instalaciones para fines sociales. Y, sobre todo, chau deportes menos rentables. ¿Esa niña quiere seguir entrenando hándbol? Lo lamento, nena, el hándbol no da plata. Vos no sos una inversión con futuro.

En estos días también se viralizó un video tristísimo. Azuzado por su padre, Federico, un niño de apenas diez años, cuenta que ya fundó su primera empresa y que se dedica al negocio “de fondos de inversión”. A medida que el video avanza, nos enteramos de que la “empresa” es convencer a tres o cuatro amigos de su edad para que le den sus ahorros. Su padre los invertirá vaya a saber dónde para que esos ahorros crezcan y Federico se ganará con eso una comisión. “Federico ya a sus diez años entiende que tiene que crear su propio negocio, donde gana dinero a partir de lo que otros hacen”, explica exultante a cámara el imbécil que le tocó por padre.

Les tengo una mala noticia: este merodeo voraz de los empresarios sobre todo lo que todavía escapa a la lógica mercantil no va sino a empeorar. La presión va a ser cada vez más intensa. El capitalismo llegó al límite de su expansión hacia afuera. Ya ocupó todo el mundo y todo lo domina. Ahora solo le queda acumular presionando cada vez más “hacia adentro”, explotando más los recursos naturales, apropiándose de lo poco que queda sin comercializar, monetizando cada vez más el espacio urbano y nuestro tiempo libre, jibarizando sectores del Estado a ver si les sacan un peso, forzándonos a trabajar cada vez con mayor intensidad (desde más jóvenes y hasta más viejos) y a utilizar recursos financieros que no necesitamos, colonizando nuestra imaginación. Los especialistas lo llaman “acumulación por desposesión”: el capital obtiene sus ganancias expropiando, más que creando valor. 

La presión sobre Federico ejemplifica la presión creciente del capital sobre nuestras vidas. Necesita poner a un niño a hacer dinero ya a los diez años. Necesita captar esos ahorros de sus amiguitos. Necesita que ese padre les meta presión a todos para que dejen de hacer cosas de niños y se pongan a su servicio. Necesita y fabrica este embrutecimiento en el que estamos sumergidos.

EA/JJD

El capítulo judicial en torno a las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic acumuló un nuevo fallo. La empresa Electroingeniería (rebautizada Eling Energía SA) tuvo un revés en su intento por frenar una demanda ambiental contra las obras y permitir el avance de la construcción de la megaobra en la provincia de Santa Cruz, de acuerdo con el fallo al que accedió elDiarioAR.

La jueza Macarena Marra Giménez rechazó el pedido de la empresa Electroingeniería para litigar contra el Estado y el Ejecutivo en la Justicia federal de Río Gallegos, según un escrito de la magistrada del 6 de octubre último. 

El conflicto en los tribunales nació en 2016 tras una demanda de un grupo de organizaciones no gubernamentales por la carencia de un informe que evaluara el impacto ambiental de la represas en el río Santa Cruz y los más de mil glaciares de la zona patagónica, entre ellos el Perito Moreno. 

Las organizaciones Banco de Bosques, Aves Argentinas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre habían planteado que las obras no debían avanzar hasta que las autoridades y las empresas cumplieran con dos exigencias de la ley: la realización de audiencias públicas para escuchar a expertos y posibles damnificados por las obras -como comunidades originarias de la zona- y la realización del estudio de impacto ambiental. 

En diciembre de 2016, la Corte Suprema intervino ante un recurso extraordinario de las ONGs, frenó momentáneamente las obras y ordenó una serie de medidas para obligar a las empresas a cargo de la construcción a adecuarse a la ley. La demanda tramita en los tribunales del fuero federal contencioso administrativo de la ciudad de Buenos Aires. 

Además de Electroingeniería, entonces al mando del empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra, el proyecto está a cargo de la china Gezhouba Group Company Limited (CGGC) e Hidrocuyo SA.

Electroingeniería demandó a su vez al Estado nacional y al Ejecutivo ante un juzgado federal de Río Gallegos en diciembre último, como informó elDiarioAR el domingo. La compañía objetó en su demanda un informe oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). El organismo oficial planteó que al evaluar el impacto ambiental de las represas se omitió información sobre el riesgo sísmico que podría provocar su construcción (debido a la presión que suman los embalses sobre el terreno) y sugirió a la Justicia que ordene un estudio para evaluar la peligrosidad de las obras, de acuerdo con los documentos consultados por este medio.

Electroingeniería considera que la situación genera “incertidumbre jurídica”, y que ese estudio demoraría todavía más las obras (entre tres y cinco años más) y que eso pondría en peligro nuevamente el financiamiento de los bancos chinos a la construcción de las represas (se espera un crédito de US$4.714 millones). El crédito original cayó por el vencimiento de los plazos en la ejecución de las obras, explicó ante la Justicia.

Al presentar su demanda en Santa Cruz y no en Buenos Aires, la compañía sostuvo que la Justicia de Río Gallegos es la más adecuada para analizar el conflicto medioambiental por las represas. El 3 de diciembre último, ocho días después de asumir en el juzgado de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez recibió la demanda de Electroingeniería, que consideró que “es el magistrado con base en el lugar -donde se van a construir las represas- quien, indudablemente, está en mejores condiciones de hacer mérito de las exigencias y necesidades de la región” y que la Justicia de Buenos Aires es de “aplicación sólo respecto de controversias que versen sobre la ‘interpretación o aplicación del contrato’”.

El juez federal Vázquez falló a favor de Electroingeniería y notificó al Estado Nacional el 20 de diciembre último, 17 días después de la presentación de la empresa, según el fallo consultado por elDiarioAR. El magistrado había sido designado en el juzgado cuatro semanas antes.

Sin embargo, los abogados que representan al Estado en el juicio medioambiental se opusieron a que la demanda tramite en Santa Cruz. También se opuso el fiscal porteño Miguel Angel Gilligan, que interviene en la demanda original.

La jueza Marra Giménez falló entonces contra el planteo de la compañía “a fin de preservar la unidad” de la problemática de fondo y para “evitar el escándalo jurídico que representaría el dictado de sentencias contradictorias” entre la Justicia de Río Gallegos y la de Buenos Aires.

“Como lo indica la fiscalía, la empresa actora Electroingeniería SA persigue poner fin a la incertidumbre generada en torno a si la construcción de las represas Presidente Dr. Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic sin previa Evaluación de Impacto Ambiental constituye una violación al artículo 41 de la Constitución Nacional, a los principios precautorio, de prevención, congruencia, sustentabilidad y equidad intergeneracional contenidos en la Ley 25.675 (Ley General del Ambiente)”, dijo la jueza en su fallo.

Mientras la Justicia de Santa Cruz puso el acelerador ante la demanda de la empresa, en los tribunales porteños, el expediente marcha a otro ritmo. Después de seis años, las ONGs reiteraron recientemente su pedido para que los jueces porteños frenen las obras “hasta que se publique el nuevo Estudio de Impacto Ambiental, la nueva Evaluación de Impacto Ambiental y se convoque a una nueva audiencia pública para debatir los riesgos socio-ambientales del rediseño y la reubicación las estructuras de hormigón para el desvío del río”, de acuerdo al escrito en el expediente.

ED

La idea de construir las represas para aprovechar al río Santa Cruz -que atraviesa la provincia del mismo nombre desde la Cordillera de los Andes hasta el Mar Argentino- como fuente de energía data de la década de 1970, según relata el sitio oficial del consorcio empresario a cargo de la obra. A casi una década de la licitación, los embalses no superan el 37% de ejecución y acumulan cuestionamientos técnicos por el posible impacto ambiental sobre glaciares y especies en peligro.

En constante crisis de provisión energética, Argentina busca que este proyecto genere alrededor del 4% de la energía eléctrica que consume el país, según publicó la agencia oficial china Xinhuanet, o para dos millones de hogares, de acuerdo con el consorcio empresario.

La obra se adjudicó en 2013, durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y fue adjudicada a la china Gezhouba Group Company Limited (CGGC) junto con Hidrocuyo SA y Electroingeniería, la compañía que fue manejada por el empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra hastas al menos 2020 y que cambió recientemente su nombre a Eling Energía SA. 

A principios de 2016, las obras fueron frenadas por el gobierno de Mauricio Macri, que buscaba modificar el proyecto. “El 22 de diciembre (de 2015), el presidente Macri se reunió con la señora Kris Tompkins -conservacionista y empresaria estadounidense, viuda de Douglas Tompkins- y ante su planteo ambiental sobre las represas, se expidió en el sentido de que ‘iba a intentar pararlas’ porque ‘había otros proyectos más eficientes’”, sostuvo Electroingeniería ante la Justicia citando una nota de Clarín.

El conflicto en los tribunales por la falta de evaluación del impacto ambiental nació en 2016. En diciembre de ese año, la Corte Suprema frenó las obras ante un pedido de las ONGs  Banco de Bosques, Aves Argentinas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre. 

Las organizaciones habían planteado que las obras no debían avanzar hasta que las autoridades y las empresas cumplieran con dos exigencias de la ley: la realización de audiencias públicas para escuchar a expertos y posibles damnificados -como comunidades originarias de la zona- por las obras y la realización de un estudio de impacto ambiental. 

El máximo tribunal ordenó entonces la realización de la audiencia pública. 

Informes postergados

En 2018 las obras se reactivaron, por orden del gobierno de Macri y con la venia de la Corte. 

En octubre de 2021, el máximo tribunal volvió a intervenir y ordenó que tres organismos oficiales analizaran el impacto ambiental de las obras. Les dio 30 días para responder, pero se demoraron durante meses. Los resultados, hasta el momento, son altamente críticos a las obras.

La Administración de Parques Nacionales presentó un informe en el que aseguró que las represas generarán barreras físicas e iluminación nocturna permanente que incidirá directamente en la migración de aves y peces, y que amenazan a especies centrales en la vida del río Santa Cruz, como el Macá Tobiano (que ya están en peligro de extinción), la trucha Arcoiris, el visón americano y el cauquén colorado.

Un segundo organismo oficial, el Instituto Naciona de Prevención Sísmica (Inpres), presentó su informe de dos páginas recién en mayo de 2022: planteó que nunca se hicieron los estudios necesarios sobre el suelo del terreno y sugirió la realización del estudio de peligrosidad sísmica -que busca determinar si las represas provocarían sismos en Santa Cruz-, que debe realizarse entre tres y cinco años antes del relleno del embalse.

El tercer organismo que debe cumplir con la orden de la Corte es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, ya que las represas, al sumar presión sobre el terreno, podrían provocar sismos que incidirían directamente en el deshielo de los más de mil glaciares de la zona, incluido el Perito Moreno, según las ONGs. El organismo planteó ante el máximo tribunal que el informe de impacto ambiental presentado por las compañías a cargo de la obra “no describe la totalidad de los glaciares que aportan hidrológicamente a la cuenca del río Santa Cruz”; y “no incluye importantes antecedentes de estudios disponibles al momento de su ejecución”.

Electroingeniería demandó al Estado Nacional y al Ejecutivo para evitar que se realicen esos estudios, como reveló elDiarioAR este domingo. En su demanda, planteó que la megaobra “proveerá grandes cantidades de energía limpia y promoverá el desarrollo de una región de nuestro país que está entre las más deshabitadas y menos desarrolladas”. La cuestión sobre si las represas hidroeléctricas pueden considerarse “energía limpia” es otro capítulo de la disputa con las organizaciones ambientalistas, que rechazan ese concepto, debido en parte al alto impacto de este tipo de obras en el entorno.

Además, Electroingeniería afirmó que actualmente, el proyecto “ha estado precedido de años de estudios de todo tipo, desde los técnicos a los económicos, y fue aprobado por instituciones de todo nivel, provinciales y nacionales, ejecutivas y legislativas”, según el escrito al que accedió este medio.

El 13 y el 15 de octubre de 2021, ocurrieron dos eventos sísmicos de magnitud 5.5 en la escala de Richter en la zona de las represas. “Luego de la aparición de inestabilidad en las márgenes del Río Santa Cruz a la altura de (la represa) Néstor Kirchner, los estudios, trabajos y proyectos realizados y aprobados por las instancias técnicas y acordados por las partes ha permitido superarla y la obra continúa”, sostiene la empresa.

Banco de Bosques ha impugnado los estudios que desvincularon los eventos sísmicos de la obra debido a que se realizaron con meses de retraso.

Nota: este artículo se corrigió el 12 de octubre para aclarar que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales sí presentó su informe tras el pedido de la Corte Suprema. Se agregaron parte de sus conclusiones.

ED