La investigación por el fallido lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA —promocionada por Javier Milei y bajo sospecha de estafa desde febrero de 2025— tuvo en las últimas horas un giro decisivo cuando el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi apartó a todos los querellantes, a pedido del principal imputado, el lobista y trader Mauricio Novelli.

La medida redefine quiénes pueden impulsar el expediente y deja la causa sin la presión de los damnificados que venían motorizando las medidas de prueba. La investigación continúa bajo la órbita del fiscal Eduardo Taiano.

La resolución del magistrado se apoyó en un argumento central: los querellantes no lograron demostrar un perjuicio directo, requisito legal para intervenir como acusadores privados. Según el juez, tampoco pudieron acreditar de manera fehaciente la titularidad de las billeteras virtuales con las que dicen haber comprado el token, un punto clave en un ecosistema donde las wallets no custodiadas —como Phantom o Solana— no vinculan identidades reales y operan solo con claves públicas y privadas.

El fallo sostiene que los documentos aportados —links, capturas de pantalla, alegaciones sobre claves privadas— son indicios, pero no pruebas determinantes. En consecuencia, los cinco querellantes (Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo) quedaron fuera del expediente.

Martínez de Giorgi remarcó en su resolución que “la legitimación para intervenir como parte querellante exige la acreditación de una afectación concreta, directa y suficientemente individualizada, derivada del suceso investigado, extremo que no se encuentra debidamente demostrado en el estado actual del proceso”.

Asimsimo, el juez sostuvo que “aún cuando determinados inversores pudieran haber experimentado pérdidas económicas por la compra de $LIBRA, ello no permite concluir, por sí solo, que ellas constituyan el perjuicio directo exigido por la ley”, de acuerdo a la información del diario Clarín.

Y completó: “La información que hasta el momento han aportado y las características técnicas de los medios empleados no permiten tener por acreditada la titularidad de las billeteras virtuales que utilizaran para la compra de la criptomoneda en cuestión y el origen de los fondos utilizados para ello”.

El pedido de Novelli

La decisión responde a un planteo de Novelli, quien argumentó que los denunciantes no eran víctimas de una estafa y que la caída del valor de $LIBRA fue producto de la volatilidad inherente a una memecoin, no de una maniobra fraudulenta. Para su defensa, el proyecto existió, las empresas eran reales y la operatoria fue pública y trazable en blockchain.

El fallo llega en un contexto que alimenta suspicacias: Martínez de Giorgi espera que el presidente Milei firme la designación de su esposa, Ana Juan, como jueza federal. En Comodoro Py, la decisión fue leída como un movimiento que favorece al Gobierno, que desde hace meses busca desactivar el caso.

La defensa de Novelli aseveró en su presentación judicial que los querellantes no consiguieron demostrar que resultaron ser víctimas de un engaño y que no se cumplen los requisitos necesarios para considerar que se trató de una estafa.

Además, en el mismo, el empresario dijo que la compra de $LIBRA fue de manera voluntaria, el ingreso al mercado volátil, del cual tenían conocimiento de los riesgos. Y sumó que los demandantes ya tenían experiencia en las operaciones con criptomonedas y plataformas especializadas.

“Todo lo que dijo el presidente en relación con el tema era absolutamente cierto”, dijo, y argumentó que “no se ha identificado ninguna afirmación objetivamente falsa atribuible a los imputados. Lo que aparece en el sumario es sólo un fenómeno especulativo propio de un mercado no regulado; un activo digital de extrema volatilidad; un proyecto tecnológicamente posible; y un cúmulo de decisiones patrimoniales adoptadas libremente por quienes decidieron operar dentro de ese entorno”, sostuvo Novelli.

En este sentido, añadió que “los inversores no actuaron bajo una falsa representación de la realidad, sino que decidieron voluntariamente ingresar a un mercado de altísimo riesgo con la expectativa de ganancias rápidas”.

A su vez, la defensa del lobista explicó que el token existió y que fue emitido de manera pública funcionando de manera real mediante la tecnología blockchain, sosteniendo que el tuit publicado por el presidente Milei no fue una oferta de inversión, sino un mensaje político a fin de promocionar iniciativas de índole privado.

En consecuencia, la defensa de Novelli dijo que la caída del precio de LIBRA fue por la dinámica habitual propia de un mercado especulativo e impugnó que se haya tratado de un caso de “rugpull”, ya que, “lo que caracteriza al rugpull no es la volatilidad. Es la decisión previa de captar valor mediante engaño, para luego abandonar el emprendimiento y desaparecer con el producido de la maniobra. Nada de eso surge acreditado en el presente caso. Todo lo contrario”, cerró Novelli.

Qué implica para la causa

Con las querellas afuera, el expediente queda exclusivamente en manos del fiscal Eduardo Taiano, cuya actuación fue cuestionada desde diferentes sectores por su lentitud. Los querellantes eran quienes impulsaban medidas de prueba, pedidos de indagatoria y apelaciones. Sin ellos, la causa pierde su motor más activo.

La resolución no define si hubo o no estafa: se limita a la legitimación de las partes. Pero abre la puerta a futuros planteos de nulidad por parte de los imputados, que ya cuentan con nuevos argumentos para cuestionar el proceso.

La disputa de fondo: ¿estafa o riesgo asumido?

Mientras la defensa de Novelli insiste en que los inversores asumieron un riesgo propio del mercado cripto, los querellantes sostienen que la instrucción reunió elementos que refuerzan la hipótesis de una maniobra defraudatoria vinculada a personas del máximo poder estatal:

La causa $LIBRA continúa, pero con un solo impulsor: la fiscalía. El fallo de Martínez de Giorgi no cierra el expediente, pero sí redefine quién puede moverlo. En un proceso donde la presión de los damnificados había sido decisiva, la investigación entra ahora en una fase más estrecha, más lenta y más dependiente de un fiscal que hasta aquí no mostró demasiado interés en avanzar.

El líder de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, Jonathan Morel, se arrepintió ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi por las expresiones agresivas que tuvo contra la ex titular del INADI Victoria Donda, el periodista Víctor Hugo Morales y dos legisladoras del Frente de Todos.

“Lo único que hacía era manifestarme en contra de la clase política argentina siempre y cuando se me presentaba la oportunidad. Mi intención con estos actos, era hacerle saber mi situación social y económica y buscar refugio o ayuda en los actores políticos”, declaró Morel ante el juez.

Martínez de Giorgi convocó a Morel –procesado por intimidación pública, en un fallo confirmado por Cámara- para una ampliación de indagatoria por nuevos hechos detectados tras su primera comparencia.

“Con respecto a lo de Victoria Donda, jamás fue mi intención amenazarla ni atemorizarla”, dijo Morel, quien le había espetado a la ex titular del INADI: “Donda te persigo. Donda vas a tener el mismo destino que tus viejos hija de puta. Le vas a ir a tocar timbre a San Pedro antes Donda, la concha tuya” (sic).

“Destaco que esa expresión fue realizada en una manifestación en la vía pública donde nos estábamos manifestando por el aniversario de la fiesta de Olivos donde Fabiola Yáñez había festejado su cumpleaños en pandemia”, justificó Morel.

“En ningún momento la amenacé de muerte ni le proferí ningún tipo de amenazas. De todas formas, en esta misma ampliación de indagatoria, manifiesto mi arrepentimiento con esos dichos y si pude haber herido a alguien y demás”, se disculpó.

Respecto de Víctor Hugo Morales, a quien le profirió “viejo pelotudo hijo de puta… pero lo cagaría a trompadas hasta desfigurarle la cara que… qué viejo pelotudo”, Morel explicó que esa expresión “fue un momento de indignación ya que se estaba subestimando a la protesta que habíamos realizado contra el Gobierno Nacional”.

“El Sr. Víctor Hugo Morales, intentó desviar el foco de atención, lo cual, a mí me produce cierto rechazo y por esos son mis dichos. Con respecto a la frase lo cagaría a trompadas quiero dejar en claro que yo jamás me acerqué a C5N ni jamás tuve un acto violento para con nadie, de violencia física me refiero”, declaró Morel.

“Entiendo que, quizá, Víctor Hugo Morales se lo pudo tomar a mal, pero no está en mi forma de ser ir a pegarle a nadie ni ningún tipo de violencia física”, añadió.

Sobre las legisladoras porteñas del Frente de Todos Maia Daer y Claudia Neira, a quienes en el acto de asunción de la ex ministra de Economía Silvina Batakis les dijo “chorras, hijas de puta, garcas, los vamos a prender fuego, uno por uno”, Morel respondió: “yo no las conozco”.

“No recuerdo haberlas visto y me fijé quienes eran, una vez que su denuncia se hizo pública. (…) Yo lo único que escucho y que no puedo negar, es que dije las vamos a prender fuego. Dichos de los cuales, por supuesto me arrepiento”, añadió.

“Viéndolos hoy a la lejanía puedo decir que no estoy de acuerdo con lo manifestado por mí mismo en esa oportunidad”, resumió la declaración.

El juez Martínez de Giorgi dispone de un plazo de diez días hábiles, que ya están corriendo, para resolver si amplía el procesamiento contra Morel.

Con información de agencias.

IG

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó hoy todos los pedidos que le formuló la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en relación con la presunta vinculación de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal con el intento de magnicidio en su contra.

“En lo atinente a los pedidos de detención de Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, cuya libertad ambulatoria ya ha sido decidida por la Cámara del fuero y sin que se advierta la modificación posterior de su comportamiento procesal en un sentido que altere los fundamentos del Superior, no ha lugar”, resolvió esta noche el juez.

No obstante, le sugirió a la querella que representa a la vicepresidenta –encabezada por los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal-, que peticione las detenciones a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien tiene a su cargo la investigación por el intento de asesinato propiamente dicha.

“Sin perjuicio de que la parte querellante formule la petición que estime pertinente en el marco de la causa 2998/2022 en base a los hechos que allí se ventilan”, deslizó Martínez de Giorgi, en relación con el expediente que investiga el atentado.

Sobre el pedido de indagatoria para la decoradora Rossana Caputo, quien contactó a uno de los líderes de Revolución Federal para que proveyera de mobiliario para un edificio que construyó la empresa Caputo Hermanos en la zona de Vaca Muerta, el juez supeditó una decisión en ese sentido al resultado “de las medidas que están en pleno desarrollo sobre el origen y destino de los pagos recibidos por Jonathan Morel”.

Martínez de Giorgi también desestimó el pedido de allanamiento sobre el domicilio de Ximena De Tezanos Pinto, la vecina del piso de arriba del departamento de Cristina Kirchner en el barrio porteño de La Recoleta.

Asimismo, el juez consideró “apropiado requerir, en su lugar, los informes pertinentes a través de las redes sociales en las cuales la nombrada interactuaba para que se remita el abonado de telefonía celular al cual se encontraba asociado”.

“Cumplido ello, se informe la totalidad de la actividad de la nombrada entre la primera publicación de Revolución Federal y la actualidad”, ordenó el juez.

En ese sentido, explicó que “pudiendo resultar de interés y entendiendo que existen motivos suficientes, solicítese a Twitter y a Instagram que se informe las cuentas vinculadas a la nombrada -debiendo indicar el número telefónico asociado- y al abonado” que utilizaba otro de los referentes de Revolución Federal, Gastón Guerra.

El juez requirió que “se remitan las publicaciones y mensajes directos enviados y recibidos desde dichas cuentas desde el mes de abril hasta la actualidad”.

El pedido de Cristina

Con información de NA.

IG

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó hoy ser querellante en la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio conocido como Revolución Federal, confirmaron fuentes judiciales y del entorno de la titular del Senado.

Se trata de una causa que se tramita en el juzgado que conduce Marcelo Martínez de Giorgi y que se encuentra delegada en el fiscal Gerardo Pollicita. Ese expediente cuenta con información aportada por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, sobre manifestaciones realizadas en Twitter por dos miembros del grupo Revolución Federal que incluyeron amenazas de muerte contra la vicepresidenta, su hijo Máximo Kirchner y el jefe de Estado Alberto Fernández, como también incitaciones a cometer delitos.

La presentación para que la vicepresidenta sea tenida por querellante fue realizada esta tarde por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, los mismos que representan a la exmandataria en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio ejecutado por el ahora detenido Fernando André Sabag Montiel el 1° de septiembre pasado.

Los abogados que representan a la expresidenta quieren tomar contacto con el expediente para poder conocer las pruebas, toda vez que no descartan que pueda surgir algún tipo de vinculación entre esa causa y aquella en la que se investiga el atentado fallido, radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, según pudo reconstruir esta agencia.

En su momento, el juez Martínez de Giorgi había resuelto que la causa radicada en su juzgado pasara al de su colega Capuchetti pero la jueza lo rechazó porque consideraba que, de momento, no había elementos concretos que permitieran establecer una conexidad entre los dos expedientes.

A la hora de dirimir la divergencia entre los dos jueces, el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, le dio la razón a Capuchetti y determinó que los casos siguieran tramitando por separado.

En la causa en la que se investiga el accionar de Revolución Federal está la información que en su momento aportó la AFI a la justicia federal y que incluye audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo Revolución Federal a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título “hay que pudrirla?”.

La conversación aportada al expediente cuenta con la participación de dos integrantes de esa organización, Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli, de 26 años.

En uno de los audios desgrabados que forman parte de aquella presentación se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la Vicepresidenta para hacerla “pasar a la historia”, en referencia a la intención de cometer un magnicidio, algo que efectivamente se intentaría menos de una semana más tarde.

“Hoy, por ejemplo, veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje…”, decía allí uno de los miembros de Revolución Federal.

En ese expediente se detectaron una serie de pagos millonarios a Morel, referente de Revolución Federal, y a dos socias suyas por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma “Caputo Hermanos”, según trascendió la semana pasada de fuentes de la investigación.

Los pagos de la firma, que estaría vinculada a familiares del exministro de Finanzas del Gobierno de Juntos por el Cambio, Luis Caputo, alcanzarían los 7 millones de pesos y habrían sido realizados a Morel y a dos mujeres vinculadas a su carpintería, detallaron las fuentes.

DA