El veredicto que se conocerá el martes en el juicio oral y público por el caso de presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz, que tiene en el banquillo de los acusados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, está lacrado, como si fuera un sobre con información altamente confidencial que sólo pasa por las manos de cuatro personas: los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y el secretario letrado del Tribunal Oral Federal número 2, quien asiste a los magistrados en el caso. 

En el tramo final del juicio con mayor impacto político en la historia reciente del país -es el primero contra una vicepresidenta en ejercicio y líder política de los últimos 12 años-, los cuatro hombres mantuvieron una reunión este viernes por la mañana en los tribunales de Comodoro Py 2002 con la misma costumbre que vienen practicando desde hace semanas: sin teléfonos celulares, sin empleados testigos, sin filtraciones. 

La reunión fue para comenzar a pulir los últimos detalles de la sentencia que anunciarán dentro de dos días, de acuerdo a la información que pudo corroborar elDiarioAR. Sentencia que mantienen en un hermetismo absoluto, según admitieron allegados, amistades y colegas de los jueces consultados por este medio. 

El hermetismo es una costumbre de este tribunal, que ha reforzado para un caso que colmó de tensión los ánimos del sexto piso de Comodoro Py, con recusaciones, exposición mediática, episodios de amenazas, seguridad reforzada y una imputada estrella con millones de seguidores que los enfrentó dentro y fuera del tribunal. La vicepresidenta los definió el martes último como un “pelotón de fusilamiento”. 

A esta altura, Vialidad se vive como ese partido de fútbol o pelea de boxeo que significa tanto que ya antes de empezar es necesario que acabe.

En el tramo final, Giménez Uriburu, Basso y Gorini han logrado acercar posiciones hacia una sentencia unánime, sin divisiones en los grandes puntos del caso, de acuerdo a la información recabada por este medio de fuentes directas del juicio.

Los jueces volverán a reunirse este lunes, luego de la penúltima audiencia de palabras finales de los imputados, y nuevamente al día siguiente, tras escuchar -si así lo decide el acusado- al último en la lista en orden alfabético, Juan Carlos Villafañe, uno de los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz, quien tiene audiencia el martes por la mañana. 

Los magistrados pasarán a un cuarto intermedio y anunciarán el veredicto después del mediodía, posiblemente en horas de la tarde del martes, confirmó una fuente judicial con conocimiento directo. El horario posiblemente se informará este lunes durante la audiencia de la mañana. Las audiencias serán virtuales y todos los imputados deben conectarse para escuchar la decisión final de los jueces.

Hagan sus apuestas

El juicio se ha extendido por tres años y medio. Han declarado más de cien testigos y tiene trece imputados. La columna vertebral de la acusación es documental y es lo que ha pesado en la decisión final que tomaron los jueces, explicó a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo de las deliberaciones. 

El principal debate en torno al caso ha sido hasta qué punto la fiscalía podría probar la participación de la entonces presidenta en la maniobra de direccionamiento de fondos y obras para favorecer al entonces socio de su familia, el empresario Lázaro Báez; y si correspondía una imputación por el delitos de asociación ilícita, una figura criticada por juristas y políticos de distintos sectores que ven a este tipo de imputaciones como amplias y tendientes a la persecución política.

Durante meses, periodistas y analistas han especulado, apostado y estimado el posible resultado de este juicio para Fernández de Kirchner. La principal hipótesis que se ha publicado es que el tribunal optaría por una condena parcial, supuestamente absolviendo a la vicepresidenta del cargo de jefa de una asociación ilícita -delito con hasta diez años de prisión- e imponiendo una pena únicamente por el delito de defraudación, que tiene un máximo de seis años. 

Sin embargo, por el momento, sólo son trascendidos que se basan en la versión que estiman muchos jueces y fiscales en los tribunales y que ante las consultas de la prensa responden como proyecciones personales, aunque, en off the record, aclaran: “No tengo información, el tribunal está cerrado. Esto es una opinión personal”. Ni siquiera los más cercanos a algunos de los magistrados del tribunal admiten tener información certera sobre el veredicto.

Algunos incluso estiman una pena de entre 5 y 7 años para Fernández de Kirchner que incluya la condena por asociación ilícita. Este tribunal ha aplicado la figura de la asociación ilícita en distintos casos de narcotráfico, incluso de narcomenudeo, explicó una fuente con conocimiento directo de los fallos, por lo que algunos no descartan que pueda contemplar una sentencia que incluya este delito.

Aun con una condena, por ambos o uno de los delitos imputados, la vicepresidenta no irá presa. Por el cargo que ocupa tiene fueros, que exigen un juicio político y destitución para que tanto el Presidente como su segunda en la línea de sucesión sean encarcelados. Además, luego de la entrada en vigencia parcial de seis artículos del nuevo Código Procesal Penal -concretada por el kirchnerismo en 2021-, se requiere una condena firme para ordenar la prisión efectiva de un condenado, es decir, una vez agotadas todas las instancias judiciales de revisión, lo que incluirá puntualmente a la Corte Suprema. 

Dados los tiempos de la Casación y la Corte, que suelen extenderse por años, Fernández de Kirchner podría incluso competir en las próximas elecciones de 2023, incluso si recibiera una condena de inhabilitación. Además, cumplirá 70 el próximo 19 de febrero, por lo que eventualmente su prisión efectiva, de ser condenada y confirmada, sería domiciliaria.

El tribunal mantiene una vara que no quiere ver descender: ha emitido numerosas sentencias en casos de alto impacto, como la tragedia de Once, la tragedia de Lapa y el encubrimiento del caso AMIA, y sus integrantes se jactan de que esas condenas han sido confirmadas a grandes rasgos por los tribunales encargados de revisarlas, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, y la Corte Suprema. Es un parámetro que les pesa a los jueces: lograr -dijo una fuente con conocimento directo del tribunal- una sentencia que no sea “demagógica” para ningún sector político y que sobreviva a las instancias revisoras. 

En los últimos siete años en los que Diego Luciani ha ejercido como fiscal ante el Tribunal Oral Federal número 2 nunca ha conocido de antemano una sentencia en los numerosos juicios que ha llevado adelante con al menos dos de los jueces que actualmente integran el cuerpo, Gorini y Giménez Uriburu, ya que Basso lo integra únicamente para este juicio. “Tampoco ha preguntado para saberlo ni en este caso ni en otros”, aclararon fuentes allegadas al fiscal que solicitó una pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner por considerarla la jefa de una asociación ilícita para defraudar a la Administración pública orquestando el direccionamiento de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz hacia las empresas de Báez. 

El veredicto

Como parte de la sentencia, el tribunal también deberá decidir sobre decomisos por casi US$1.000 millones. El cálculo se basa en el presunto perjuicio provocado al Estado nacional por parte de los imputados. 

También deberán anunciar si denuncian la posible comisión de otros delitos que surgieron a partir de la investigación y que fueron revelados durante el juicio y según la fiscalía involucra a varios exfuncionarios, entre ellos, el diputado Máximo Kirchner; y empresarios de “Petersen, Thiele & Cruz”, de la familia Eskenazi; Esuco, de la familia Wagner; y Equimac, otra importante empresa de obras viales, por participar de la presunta simulación de licitaciones a favor de Báez.   

Junto al fiscal Sergio Mola, Luciani también pidió penas de entre dos y doce años para los otros doce imputados: doce años para Báez; diez para el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; y el ex director de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, los cuatro como autores del delito de asociación ilícita agravada por haber sido “organizadores” de la maniobra y por administración fraudulenta agravada.

Además, los fiscales solicitaron cuatro años de prisión para el ex subsecretario de Obra Pública, Abel Claudio Fatala, inhabilitación especial perpetua y decomisos.

Pidió penas para los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Osvaldo Daruich (cinco años) y Mauricio Collareda (seis años), inhabilitación especial y decomisos de bienes.

También solicitaron penas para los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe (seis años), Raúl Gilberto Pavesi (cinco años), José Raúl Santibáñez (cuatro años) y Héctor René Jesús Garro. Para el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner-, solicitaron dos años de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de sus deberes. 

No ha sido el juicio más complejo del tribunal ni el más denso, afirmó una fuente con conocimiento directo de la historia del TOF 2, pero sin lugar a dudas, Vialidad será un antes y un después para los jueces y los fiscales del caso que terminará en poco más de 48 horas con el veredicto contra una vicepresidenta en ejercicio.

ED

La defensa del exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti afirmó este martes que el exfuncionario llegó a juicio en la denominada causa Vialidad “en un contexto de lawfare” y que “todos los imputados e imputadas probaron su inocencia”, en la primera jornada de su alegato final.

“El lawfare es el contexto en que mi asistido llega a juicio. Una guerra jurídica que ocurre y es un fenómeno social”, sostuvo Federico Paruolo, abogado de Periotti en un alegato ante el Tribunal Oral Federal 2, que incluyó duras críticas a jueces, a la Corte Suprema y al Gobierno del expresidente Mauricio Macri.

Periotti tiene un pedido de 10 años de prisión por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, y su defensor aseguró que durante el debate oral en el que se juzga a 13 acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, “todos los imputados e imputadas probaron su inocencia”.

Para el letrado, los representantes del Ministerio Público tuvieron entonces “que modificar la base fáctica” para acusar “por circunstancias que no fueron impuestas en la elevación a juicio”, y advirtió que en el caso hubo “una persecución política”.

Paruolo anticipó que pedirá la absolución a Periotti al término de su alegato que se extenderá por tres audiencias porque hay “certeza de la inocencia”.

Sobre el “lawfare”, un concepto que los fiscales descartaron en su alegato, la defensa de Periotti argumentó que “ocurre y es un fenómeno social, no es una cuestión de un Tribunal en contra de un imputado, sino que encontramos distintos sectores de poder reproduciendo situaciones ficticias respecto a delitos y causas judiciales”.

El defensor advirtió que “la expectativa en este juicio es la condena” por parte de “quienes ejercen los cargos más altos del Poder Judicial que tienen la expectativa de que ustedes condenen”, dijo a los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

En el marco de sus cuestionamientos, evaluó que “es muy complejo, difícil, ver las noticias” cuando se informa que “aparentemente hace unos días el ex Presidente (por Mauricio Macri) se habría reunido con jueces de este fuero, con ex miembros de la Agencia Federal de Inteligencia, en el campo de Joe Lewis a hablar de no se qué”.

“Ustedes lo ven, lo saben, las presiones que reciben por ahí no lo son directamente pero leer todos los días un título que exige una condena en los medios de comunicación, ejerce una presión. Deben ver la forma en que la pueden sortear porque sino los va a llevar a una sentencia injusta”, dijo ante los jueces, en el alegato que pidió sea presencial en el edificio de Comodoro Py.

Paruolo evaluó que “este es un juicio contra un modelo de país, contra un modelo político que discute la redistribución del ingreso, que propone un modelo más equitativo, de políticas públicas destinadas a generar inclusión social”. Y en ese marco aludió a “operadores” de la Justicia como uno de los factores de presión.

“Hace pocos días se escuchó decir al Presidente de la Corte Suprema (Horacio Rosatti) que ninguna ley de reforma de la Justicia va a poder avanzar si no es aceptada por el Poder Judicial. ¿Entonces para qué tenemos el Congreso? ¿El Poder Ejecutivo?”, se preguntó el abogado.

También recordó que el ex presidente Macri nombró por decreto a dos ministros del máximo tribunal y que además dos jueces de un Tribunal Oral fueron trasladados sin concurso a la Cámara Federal porteña, en alusión a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

“Estamos en un momento de quiebre institucional en el país”, opinó además y remarcó que “no puede ser que Macri haya dicho que los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen. ¿De qué manera puede no influir? Si como dije antes puso a dos jueces de la Corte por decreto”, concluyó.

Y al respecto, agregó: “Macri también hizo declaraciones sobre Milagro Sala. No conoce las causas, no conoce las pruebas, ejercía la más alta magistratura del país y se permitía este tipo de comentarios”. Al respecto, Paruolo advirtió que lo ocurrido “está quebrantando la Constitución, el Estado de derecho”.

El defensor del extitular de Vialidad Nacional en el kirchnerismo, recordó que durante la última dictadura cívico miliar funcionó en la Justicia una Cámara apodada “El Camarón”.

“Era la Cámara del terror, jueces de un tribunal de menores trasladados para perseguir opositores subversivos por altos mandos de las fuerzas militares”, recordó.

Y mencionó que “la expectativa de lo que iban a hacer era perseguir opositores y casualmente vinculados a esta misma ideología política de estos que se persiguen actualmente, peronistas”.

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz “no tiene segunda instancia, la tendrá en lo formal, pero no en lo real. La Cámara está conformada por jueces nombrados de manera ilegítima, la Corte Suprema, el último eslabón, con jueces nombrados por decreto que nos salen al decir que no permiten una Ley”.

Todos “tienen estrechos vínculos con el Gobierno anterior” y recordó que hay un ex funcionario, “uno de ellos prófugo desde hace más de 600 días”, en alusión a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

En relación a las denuncias contra el kirchnerismo, entendió que en el marco del “lawfare”, se van “retroalimentando entre sí, llegando al absurdo de que denunciantes declararon que su denuncia se originó en lo que vieron en un programa de TV”.

“Durante la instrucción se toma como prueba las publicaciones periodísticas” y esto “termina siendo circular”, entendió al respecto y consideró que todo ocurrió en el marco de una “persecución política opositora” y un “discurso de persecución”.

Sobre la situación del extitular de Vialidad Nacional en el período que se investiga, el abogado sostuvo que “pudo dar cuenta de cada una de las acusaciones y durante el debate eso se probó”

Paruolo pidió alegar de manera presencial ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu por lo cual se encontraba junto a Periotti en la sala de audiencias del edificio de Comodoro Py 2002.

El Tribunal se constituyó en esa sede mientras que el resto de las partes seguía la audiencia de manera virtual, a través de la plataforma Zoom.

En el debate son juzgados 13 acusados, entre ellos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con un pedido de 12 años de prisión por parte de la fiscalía y cuya defensa ya alegó y reclamó la absolución.

En la causa se investiga el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas nacionales en Santa Cruz a favor de empresas del también acusado Lázaro Báez, dueño de “Austral Construcciones”, además de presuntos sobreprecios e incumplimientos en los trabajos pese a su pago.

El alegato de la defensa de Periotti se extenderá por tres audiencias.

Con información de Télam.

IG