“Yo pienso que hasta que Sidders no esté detrás de las rejas no voy a poder sanar porque también tengo miedo por otros niños y niñas”. Lo dijo Daniela Silva, una víctima de abuso sexual del cura y docente Raúl Anatolly Sidders, en diciembre de 2020. Murió en septiembre de 2024, a los 32 años, a la espera del juicio contra su victimario sin saber que días antes del comienzo del proceso, el fallo Ilarraz de la Corte Suprema de Justicia de la Nación marcaría un peligroso precedente: anulación y prescripción. Ahora Sidders está en libertad.

Daniela denunció a Sidders en agosto de 2020, en plena pandemia, por hechos ocurridos entre 2004 y 2008. Su relato no fue el único, surgió en medio de una ola de denuncias de exalumnos del colegio San Vicente de Paul de La Plata que llevaron al capellán primero a prisión común, luego a domiciliaria. El de 10 de julio debía comenzar su juzgamiento, pero a menos de una semana el Tribunal en lo Criminal Nº 5 de La Plata determinó la “extinción de la acción penal por la causal de prescripción”, “sobreseer al imputado Anatoly Raúl Sidders” y otorgar su “inmediata libertad”, tras apoyarse en el fallo de la Corte Suprema que dejó libre al condenado Juan José Ilarraz, el exsacerdote condenado a 25 años de prisión por abusar sexualmente a siete menores en un seminario en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

Daniela murió por una enfermedad intestinal. Ella atribuía su origen al daño psicológico que le habían generado los abusos. “Llegó a incitarme a prácticas sexuales. Llegó a decirme que yo tuviese relaciones sexuales con un alumno y que mientras nosotros lo hacíamos, como yo no sabía, él nos iba a indicar todo cómo teníamos qué hacer. Él me enseñó lo que era la masturbación, lo que era una felación. Es difícil, yo esto lo tapé durante años. Traté de taparlo con años de silencio, y el silencio me provocó muchísimo muchísimo malestar en mí. A los 12 años tuve mi primer intento de suicidio y también a los 12 años, antes del intento de suicido caí internada por desmayos emocionales provocados por esto que me pasaba con Sidders”, describía Daniela en su testimonio, que fue revelado por Prensa Obrera junto a otras múltiples denuncias similares.

“El silencio me comió por dentro, literalmente. Me llevó a tener problemas en los intestinos por no hablar y hoy por hoy estoy operada de los intestinos y postrada en una cama porque todavía no sané ni por dentro ni por fuera”, compartía mientras los recuerdos le inundaban la mente. “Él me decía que no diga nada, que era lo que Dios quería para mí, que yo tenía que saber complacer un hombre porque el mandato de Dios era que la mujer tenía que saber complacer un hombre y que no se podía negar, y que preservativos no había que usar porque el fin de las relaciones sexuales era la procreación. Eso teniendo yo 10 años. Podría haber sido madre tranquilamente si le hacía caso a él”.

A Daniela la desvelaba el peligro que rondaba sobre nuevas víctimas porque ella no fue la única. “Por ejemplo un día dio una clase, dibujó un camino hacia las puertas del cielo y en el medio un abismo. Decía que los homosexuales se iban a caer en ese abismo. También nos llamaba yeguas, zorras, putas. Así nos decía, palabras textuales. Nos decía que nosotras las mujeres para lo único que servíamos era para comer, cagar y coger. Yo toda mi vida pensé que estaba sola y que nadie me iba a creer. Hoy sé que la gente me cree, que no estoy sola”, contaba.

El caso Iarraz: prescripción, sobreseimiento y un peligroso antecedente

El 1 de julio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y dispuso el sobreseimiento por prescripción de la acción penal contra Justo José Ilarraz, exsacerdote acusado de haber cometido abusos sexuales contra seminaristas menores de edad en la ciudad de Paraná entre 1988 y 1992. El fallo del Máximo Tribunal estableció un precedente de peso sobre los límites de la imprescriptibilidad en causas de delitos sexuales cometidos en el pasado por miembros de la Iglesia Católica.

La decisión judicial marcó que el principio de legalidad penal no puede “flexibilizarse” aún cuando se trata de hechos aberrantes. En esa línea, subrayó que los tratados internacionales que garantizan la tutela judicial efectiva y los derechos de la niñez deben respetar la arquitectura constitucional argentina, sin derogar sus principios fundamentales.

El caso se remonta a 2012, cuando exalumnos del Seminario Arquidiocesano de Paraná denunciaron a Ilarraz por abusos cometidos cuando tenían entre 12 y 15 años. El acusado ya había sido sancionado canónicamente a través de un procedimiento eclesiástico que le prohibió permanecer en la arquidiócesis y tener contacto con los seminaristas. No obstante, tras abandonar la vida religiosa en 1998, fue reincorporado en 2000 y trasladado a una parroquia en Monteros, Tucumán, hasta su expulsión definitiva en 2012.

El tribunal entrerriano había rechazado la prescripción planteada por la defensa, al considerar que la gravedad de los hechos y la responsabilidad estatal de garantizar los derechos del niño justificaban su imprescriptibilidad. Ilarraz fue condenado a 25 años de prisión por corrupción de menores agravada y abuso deshonesto. Pero para la Corte Suprema, esa postura entra en colisión con el principio de legalidad consagrado en los artículos 18, 27 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Destacó que la imprescriptibilidad de los delitos debe estar prevista por ley y que la analogía con crímenes de lesa humanidad es inadmisible, dado que estos se caracterizan por una naturaleza y contexto radicalmente distintos.

“El reciente fallo Ilarraz de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una clara intencionalidad política que es garantizar la impunidad de los curas abusadores, en particular, y en general de todos los abusadores”, dijo a elDiarioAR la abogada de la familia de Daniela Silva, Pía Garralda.

“El tema de la prescripción ha generado mucho debate porque la particularidad que tienen este tipo de delitos es que, generalmente, no son denunciados al momento de los hechos. Sobre todo si las víctimas son menores de edad, porque identificar un ultraje sexual para niñes que todavía no tienen la madurez suficiente lleva tiempo. Por eso se considera que la prescripción tiene que ser distinta”, explicó. Y detalló: “Esto es así hasta el año 2011, cuando se sanciona la ley Piazza que establece un plazo de prescripción distinto, que es a partir de los 18 años de la víctima. Posteriormente, en el año 2015, se sanciona una nueva ley que establece que los delitos de abuso sexual empiezan a prescribir a partir de que se realiza la denuncia y/o ratifica la denuncia si las víctimas eran menores de edad y los denunciantes fueron las personas a cargo. El problema es con los casos previos al 2011 donde la Corte ha hecho esta interpretación priorizando una cuestión de paso del tiempo sin considerar que estos delitos particulares tienen que tener una atención especial respecto a los plazos en que la víctima puede empezar a denunciar, especificamente en los casos en que los abusadores son integrantes de un credo porque hay toda una institución detrás”.

Al respecto, Carlos Lombardi, abogado, profesor de Derecho Constitucional, especialista en Derecho Canónico y asesor de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, agregó a este diario: “Mientras los delincuentes, los acusados, los procesados como abusadores sexuales, en este caso del clero, puedan contar con esa herramienta procesal van a hacer uso del mismo. Es más, una vez que se decretan los sobreseimientos o las figuras penales de no sanción, justamente por aplicación de la prescripción, ellos mismos y sus abogados, y estoy diciendo la Iglesia, el cura de turno acusado de abusador sexual y sus defensas, enarbolan la bandera de la inocencia”.

“Es algo relativo, porque son inocentes no porque no cometieron los hechos, sino por una estricta razón legal que es justamente que el Estado no puede perseguir por el paso del tiempo este tipo de delitos”, subrayó.

Para Lombardi es importante tener como primera consideración que en este tipo de casos “hay una fuerte contradicción entre lo que es el valor Justicia y el principio de lgalidad”. Explicó: “El fallo que sobreseé al cura Sidders es legal, sí. ¿Esa sentencia es justa? No. Porque a pesar del paso del tiempo las víctimas y las personas afectadas siguen soportando y sufriendo los daños ocasionados por los delincuentes sexuales mientras que al delincuente sexual el paso del tiempo no le afecta en lo más mínimo”.

Los fallos Ilarraz y Sidders sientan precedentes claves para numerosos casos similares que también discuten la vigencia de la acción penal por abusos sexuales contra menores cometidos antes de la vigencia de las reformas legislativas de 2011 y 2015.

“Chiruzas”, “yeguas” y “matar bebitos”: los polémicos mensajes de Sidders en TV

Raúl Anatolly Sidders tiene 65 años, se desempeñó 32 como cura. También fue dcoente en el colegio platense y conductor de televisión en un programa local que se llamaba “Ave María Purísima”. En esa emisión, apareciá con sotana negra, boina rural y hacía extensos monólogos con críticas a mujeres y diversidades. A su alrededor había una ronda de niños y niñas. Varias veces, incluso, aparecía una niña sosteniéndole el mate o una canasta con algún panificado. Durante un programa, Sidders apuntaba contra las minorías, diversidades, la democracia y los feminismos con duros insultos, lo que le valió una denuncia del Inadi.

“Unas 40 o 50 loquitas, son esas que estudian periodismo ahí en la Universidad Nacional de La Plata, que nosotros les pagamos el estudio para que ellas no estudien, y estaban en la puerta de la Catedral porque era el Día de la Lucha contra la Violencia de Género. Entonces, estas minas aprovechaban para ir a putear y amenazar que iban a quemar la Catedral contra la violencia... No hay peor violencia que aquella de las que pretenden matar a los bebitos que están por nacer, porque estas minas, unas chiruzas, como decía mi abuela, ¿no? cuando hablan de salud reproductiva, en el fondo, lo que están diciendo es que el bebito que está por nacer es una enfermedad, entonces como el bebito debe ser una enfermedad para las yeguas estas hay que sacárselo de encima...Amenazaban a la policía, pero bueno, nosotros somos católicos, creemos en un solo Dios verdadero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo”, decía.

Este tipo de editoriales le valieron una denuncia ante el entonces Inadi por parte de Marta Úngaro, hermana de Horacio Úngaro, desaparecido en la Noche de los Lápices; Adelina Alaye, Madre de Plaza de Mayo; y Julián Axat, defensor penal juvenil, por discriminación y manipulación televisiva.

Esto derivó en que el Arzobispado platense levantara del aire el programa y se borraron de Youtube prácticamente todos los registros que daban cuenta de los discursos misóginos y discriminatorios, entre otros.

MM/MG

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó la condena a 25 años de prisión del ex sacerdote Juan José Ilarraz, acusado de abusar sexualmente de al menos siete menores entre 1988 y 1992, en el seminario de Paraná, genera una profunda preocupación jurídica, social y ética. Más allá de su fundamento técnico, la sentencia interpela a toda la sociedad: ¿puede haber justicia cuando se desoye el sufrimiento de las víctimas y se ampara al victimario en la frialdad de la norma?

Cuerpos marcados por la violencia

El fallo de la Corte Suprema que sobresee al ex cura condenado por abusos sexuales, aplica estrictamente la norma penal más benigna vigente al momento de los hechos, declarando prescripta la acción penal. Pero en este caso, el sentido común y jurídico indica que no se trata de delitos comunes, sino de violaciones graves a los derechos humanos cometidas contra menores bajo custodia institucional, en el marco de relaciones asimétricas de poder, manipulación espiritual y silencio impuesto.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la prescripción debería interpretarse restrictivamente cuando existen obstáculos estructurales, como el temor reverencial, el sometimiento eclesial o la culpa inducida, que impidieron que las víctimas pudieran denunciar en su debido momento. Lo que el fallo omite es la pregunta esencial: ¿cómo pedirle a un niño que hable cuando su abusador se presenta como guía espiritual y figura de autoridad absoluta?

El rol de la Iglesia

A lo largo de la causa judicial, el rol de las autoridades de la Iglesia Católica en Entre Ríos quedó marcado por una postura de encubrimiento y silencio institucional. Durante años, la jerarquía eclesiástica evitó actuar con contundencia frente a las denuncias internas contra Ilarraz, optando por su traslado a otras diócesis antes que someterlo a investigación o sanción. Incluso cuando los primeros testimonios comenzaron a circular dentro del ámbito religioso, no se realizaron las denuncias correspondientes ante la justicia civil. Esta conducta no solo protegió al abusador, sino que prolongó el sufrimiento de las víctimas y obstaculizó el acceso a la verdad. Recién en 2018, tras una extensa lucha impulsada por exseminaristas y sectores de la sociedad civil, el ex sacerdote fue condenado, y recién en 2023 el Vaticano lo expulsó del estado clerical. Sin embargo, la falta de autocrítica pública y de mecanismos reales de reparación por parte de la Iglesia entrerriana continúa siendo una deuda pendiente.

La trampa de la neutralidad

El fallo judicial, al aplicar una lógica neutral y formalista, reproduce esquemas que históricamente han silenciado a las víctimas y vuelven a violentarlas. No interroga el contexto en el que ocurrieron los abusos, ni se hace cargo del encubrimiento institucional por parte de la Iglesia, que durante años protegió al sacerdote y negó los hechos.

Como lo señala el psicoterapeuta Enrique Stola, referente en temas de violencia sexual: “Este tipo de decisiones legitiman la narrativa del agresor y consolidan la impunidad. La justicia no puede ser un simple cálculo de plazos, sino que debe mirar la desigualdad estructural y el daño subjetivo que estas violencias provocan”.

Testimonios que no prescriben

En los testimonios recogidos durante el juicio —y en entrevistas posteriores— las víctimas relataron abusos reiterados en sus camas, durante la noche, dentro de una institución que debía cuidarlos. Algunos manifestaron que “no podían dormir porque sabían que Ilarraz podía meterse en sus camas en cualquier momento”. La condena, dictada en 2018, había representado un hito reparador para quienes cargaron con el trauma de esa situación durante décadas.

En perspectiva de derechos humanos este fallo es un retroceso. No sólo para las víctimas, sino para toda la sociedad. Desconoce leyes que intentan adecuar el derecho a los tiempos reales de las víctimas, como la Ley de Respeto a sus Tiempos y las revictimiza al decirles, una vez más, que la justicia no está hecha para ellas.

Una oportunidad perdida para el cambio

El fallo no sólo clausura una causa penal. Clausura también una oportunidad de construir justicia transformadora. No interpela al poder eclesiástico que facilitó los abusos, no promueve ninguna medida preventiva, ni reparatoria, ni siquiera simbólica. Peor aún: envía el mensaje de que, si el delito sexual no se denuncia pronto, el paso del tiempo garantiza la impunidad.

Lejos de ser un caso aislado, esta decisión sienta un precedente peligroso para otros juicios por abusos en contextos institucionales, muchos de los cuales aún esperan una respuesta judicial.

La justicia no es sólo la aplicación de la ley. Es también el reconocimiento del daño, la escucha activa a quienes han sido históricamente silenciados, y el compromiso de no repetir.

En este sentido, la exsenadora Sigrid Kunath, autora de la Ley 27.206 que establece que la prescripción de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes se suspende hasta que la víctima pueda denunciar, cuestionó con firmeza el fallo que sobreseyó Ilarraz. “Es un retroceso enorme que desconoce el espíritu de una norma que nació para poner en el centro a las víctimas y sus tiempos reales para poder hablar. No podemos exigir celeridad a quienes fueron silenciados por el miedo, la culpa o el abuso de poder”, sostuvo Kunath.

Para la legisladora, la decisión de la Corte no sólo contradice avances normativos en perspectiva de derechos humanos, sino que también “envía un mensaje desalentador a quienes aún no han podido denunciar”.

Para Stola “cuando un tribunal dice ‘esto prescribió’, lo que escucha la víctima es ‘tu dolor no importa’. Pero lo cierto es que el cuerpo no prescribe, el trauma no prescribe, la injusticia tampoco”.

En una sociedad que aún lucha por visibilizar las violencias sexuales y erradicar el abuso de poder, este fallo no es solo un error jurídico. Es una herida colectiva que nos interpela como país y como democracia.

SM/MG

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y dispuso el sobreseimiento por prescripción de la acción penal contra Justo José Ilarraz, exsacerdote acusado de haber cometido abusos sexuales contra seminaristas menores de edad en la ciudad de Paraná entre 1988 y 1992. El fallo del Máximo Tribunal establece un precedente de peso sobre los límites de la imprescriptibilidad en causas de delitos sexuales cometidos en el pasado por miembros de la Iglesia Católica.

La decisión judicial, dada a conocer por el sitio especializado Palabras del Derecho, marcó que el principio de legalidad penal no puede “flexibilizarse” aún cuando se trata de hechos aberrantes. En esa línea, subrayó que los tratados internacionales que garantizan la tutela judicial efectiva y los derechos de la niñez deben respetar la arquitectura constitucional argentina, sin derogar sus principios fundamentales.

El caso se remonta a 2012, cuando exalumnos del Seminario Arquidiocesano de Paraná denunciaron a Ilarraz por abusos cometidos cuando tenían entre 12 y 15 años. El acusado ya había sido sancionado canónicamente a través de un procedimiento eclesiástico que le prohibió permanecer en la arquidiócesis y tener contacto con los seminaristas. No obstante, tras abandonar la vida religiosa en 1998, fue reincorporado en 2000 y trasladado a una parroquia en Monteros, Tucumán, hasta su expulsión definitiva en 2012.

El tribunal entrerriano había rechazado la prescripción planteada por la defensa, al considerar que la gravedad de los hechos y la responsabilidad estatal de garantizar los derechos del niño justificaban su imprescriptibilidad. Ilarraz fue condenado a 25 años de prisión por corrupción de menores agravada y abuso deshonesto.

Pero para la Corte Suprema, esa postura entra en colisión con el principio de legalidad consagrado en los artículos 18, 27 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Destacó que la imprescriptibilidad de los delitos debe estar prevista por ley y que la analogía con crímenes de lesa humanidad es inadmisible, dado que estos se caracterizan por una naturaleza y contexto radicalmente distintos.

El fallo subrayó que el artículo 62 del Código Penal establece un plazo máximo de 12 años para la prescripción de estos delitos. Dado que la denuncia penal fue radicada en 2012, mucho después de ese límite, y que no hubo elementos que interrumpieran el cómputo, la acción penal contra Ilarraz se consideró prescripta desde 2005.

La Corte también cuestionó que el tribunal provincial haya desestimado normas de prescripción sin declararlas inconstitucionales. Recordó que el interés superior del niño, invocado en la Convención sobre los Derechos del Niño, no habilita a ignorar el ordenamiento jurídico vigente. Afirmó que la garantía del debido proceso legal, incluida en el derecho a la tutela judicial efectiva, se vería vulnerada si se relativiza el principio de legalidad.

Finalmente, el Máximo Tribunal destacó que, aunque el legislador dispuso que estos delitos sean imprescriptibles mediante las leyes 26.705 y 27.206, esas disposiciones no pueden aplicarse retroactivamente por ser más gravosas para el imputado. Esta limitación reafirma el principio de irretroactividad de la ley penal, también consagrado constitucionalmente.

El fallo no solo afecta a Ilarraz, sino que sienta un precedente clave para numerosos casos similares que también discuten la vigencia de la acción penal por abusos sexuales contra menores cometidos antes de la vigencia de las reformas legislativas de 2011 y 2015.

JJD, con información del portal especializado Palabras del Derecho.

Una de cada dos monjas sufrieron abusos de poder en América Latina. Dos de cada diez reconocen además que los ataques fueron sexuales. Y aunque el dato sorprende por lo elevado del porcentaje, más aún es el hecho de que se trata de cifras oficiales.

Fueron 1.417 hermanas de 23 países de América Latina y el Caribe las que aceptaron responder las preguntas de una encuesta que buscó mostrar lo que ocurre puertas adentro de conventos y monasterios. En una organización donde las mujeres no tienen más cabida que la de asistencia de los varones, quienes participaron lo hicieron de forma anónima.

Desdibujado tras los escándalos de pederastia, el maltrato contra las monjas es un tabú dentro de la Iglesia que sigue presente: el 55,2% de las religiosas de la región sufrieron abusos de poder dentro de la vida religiosa, desde la congregación a cualquier ambiente que esté vinculado con la Iglesia. La encuesta fue realizada por la Comisión de Atención y Protección a la Niñez, Adolescencia y Adultos Vulnerables de la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas (CLAR).

¿Quiénes son los que comenten el abuso? En primer lugar, otras mujeres. El 51,9 por ciento de las encuestadas señaló a su superiora como la agresora"

¿Quiénes son los que comenten el abuso? En primer lugar, otras mujeres. El 51,9 por ciento de las encuestadas señaló a su superiora como la agresora. Las siguen los sacerdotes mencionados en 34,2 por ciento de los casos, y luego los formadores con 23,1por ciento. En último lugar aparecen los obispos con obispos en el 10 por ciento de los casos.

Las monjas que participaron de Argentina son 129. Es el tercer país con mayor adhesión a la encuesta detrás de México con 429, y Brasil 170,.

Los resultados forman parte del libro “Vulnerabilidad, abusos y tratos en la vida religiosa de las mujeres”, presentado el pasado 4 de octubre en Bogotá. Allí, la hermana Liliana Franco, presidenta de la CLAR, reconoció que este libro implica aceptar que existen “modalidades relacionales alejadas de la voluntad de Dios que generan abuso de poder, abuso de conciencia y abuso sexual”.

Lo interesante del libro es que no teme meterse con un tema tabú, el del acoso sexual: el 19,8 por ciento dijo haber sido víctima. Los agresores son en su mayoría sacerdotes. El 14,3 por ciento de las monjas dijo que el cura fue el acosador. En tanto el 9,7 por ciento indicó a un laico y el  8 por ciento a otros religiosos.

También indaga sobre el acoso espiritual y aunque el 61 por ciento aseguró que no existe tal cosa, el 30 por ciento dijo no sólo que existe sino que además los sufrió.

Quizás empujado por las nuevas denuncias que aparecen en todo el mundo y los tiempos del #Me Too, el Papa Francisco también admitió que los abusos a las monjas “no es algo que todos hagan, pero hay sacerdotes y obispos que lo hicieron, y aún lo hacen”. Fue a comienzos de 2020, cuando regresaba de un viaje por Emiratos Árabes Unidos. “¿Tenemos que hacer aún más? Sí. ¿Tenemos la voluntad? Sí. Pero es un camino que viene recorriéndose desde hace tiempo”, agregó.

Las Carmelitas que denunciaron al obispo de Salta

En Argentina, tres monjas de clausura, del Monasterio San Bernardo de las Carmelitas Descalzas de Salta, denunciaron al obispo Mario Antonio Cargnello por violencia física, psicológica y económica. La denuncia -que también incluye al religioso Lucio Ajalla y Martín De Elizalde, obispo emérito- fue presentada a fines de abril. La causa fue tomada como propia por organizaciones feministas que salieron en defensa de las monjas y les compartiera uno de sus lemas: “Hermana, sí te creo”.

“En otro momento era impensable hacer tal vez estas denuncias pero el hostigamiento sufrido hace que esas personas vean afectada su vida diaria”, había dicho entonces a elDiarioAR la abogada de las monjas, Claudia Zerda Lamas.

Torturas en un convento

El 5 de julio de 2019, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, en Entre Ríos, condenó por unanimidad, a tres años de prisión efectiva a la religiosa Luisa Esther Toledo por el delito de privación ilegítima de la libertad doblemente calificada por el uso de violencia y amenazas y por su duración superior a un mes en dos casos.

Durante diez años, la monja había estado a cargo del Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá. Hasta que el 25 de agosto de 2016 un grupo de ex carmelitas presentó la denuncia en la justicia.

“No pude seguir soportando casos de abusos y que las jerarquías de la Iglesia no hagan nada. A mí me liberó alejarme de la Iglesia”, dijo a TN una de las denunciantes, Silvia Albarenque, cuando se conoció la sentencia.

Las ex carmelitas habían relatado en la justicia las torturas a las que eran sometidas, desde hacer la señal de la cruz con la lengua sobre el piso hasta recibir latigazos, pasar días encerradas en sus celdas o tener que usar cilicios. “Pero el peor castigo era la tortura psicológica”, afirmó Albarenque.

Seis monjas denunciadas por abuso en Argentina

En la investigación publicada ayer, elDiarioAR da cuenta que en Argentina son seis las religiosas involucradas en casos de abuso sexual. Representan el 4,6 por ciento de los 128 denunciados.

 “Una mujer pederasta en un lugar de poder causa el mismo estrago que un varón”, dijo a este medio la psicoanalista especializada en abuso sexual infantil Sonia Almada.

De esas seis monjas denunciadas, ninguna recibió hasta el momento una condena judicial y sólo cuatro están atravesando procesos judiciales. Son Kumiko Kosaca (46) y Asunción Martínez (53), por los abusos cometidos en el Instituto Próvolo de Mendoza, y María Tellez Fajardo y Silvia Challú por las denuncias de ataques sexuales en el hogar de las Hermanas Trinitarias de Boulogne, en el norte del conurbano bonaerense.

En esta breve lista están también Viviana Fleitas -denunciada por Sandra Migliore , una ex monja, en el libro Raza de Víboras-, y María Alicia Pacheco, cuya causa cayó porque la denunciante no quiso seguir adelante con el proceso.

Los abusos en los seminarios de varones

Los abusos dentro de los seminarios de sacerdotes es otro de los capítulos de abuso sexual en la Iglesia católica. De 128 denunciados, 13 fueron por ataques cometidos contra seminaristas. Representan el 10,6% de los sacerdotes y religiosos denunciados y sólo cuatro recibieron una condena judicial en tanto otros tres fueron expulsados del sacerdocio.

En esa lista aparece Gustavo Oscar Zanchetta, obispo emérito de Orán, Salta entre 2013 y 2017, condenado el pasado 4 de marzo por el “delito de abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido en perjuicio de dos ex seminaristas”. Recibió una condena de 4 años y seis meses porque los denunciantes, dos ex seminaristas, eran mayores de edad.

Zanchetta fue acusado ante la justicia en febrero de 2019. Pero el obispo ya no estaba en Salta. Residía en el Vaticano, en el hotel Santa Marta, el mismo donde se aloja el Papa Francisco. Había sido designado por el propio Jorge Bergoglio como asesor del Apsa, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica.

No fue aquella la primera acusación. En 2016, cinco sacerdotes hicieron una denuncia canónica acusando al obispo de autoritarismo, manejos poco claro de las cuentas de la diócesis y también abusos sexuales Seminario Juan XXIII de la ciudad de Orán. Zanchetta fue transferido al Vaticano. A pesar de la condena, sigue siendo sacerdote.

Lo mismo ocurre con Justo José Ilarraz. En un fallo unánime, el 22 de mayo de 2018, fue condenado a 25 años de prisión por los abusos denunciados por siete adolescentes en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, entre 1984 y 1993, en Paraná, Entre Ríos. Es una de las condenas más altas que recibió un sacerdote argentino, luego de las impuestas a 45 y 42 años a Horacio Corbacho y Nicola Corradi por los abusos en el Próvolo de Mendoza. Las víctimas de Ilarraz tenían entre 10 y 14 años. Su abusador sigue siendo sacerdote.

MG

En los últimos 20 años, desde que las denuncias contra el sacerdote Julio César Grassi fueron difundidas en televisión, 128 miembros de la Iglesia católica argentina estuvieron involucrados en casos de abuso sexual, desde el arzobispo Edgardo Gabriel Storni o el obispo Gustavo Óscar Zanchetta, hasta monaguillos y monjas. Es apenas una muestra.

En Argentina no existen datos oficiales. Lo que aquí aparece son los nombres que elDiarioAR logró recolectar en base a fuentes propias, datos aportados por las asociaciones sobrevivientes del abuso eclesiástico y la información que surge en los medios de comunicación.

Junto al nombre, se menciona quienes tuvieron una condena y quienes recibieron la expulsión del estado clerical, máxima pena que puede recibir un sacerdote dentro de la Iglesia católica.

MAA/MG