Tras la declaración testimonial de Fabiola Yañez, el fiscal federal Ramiro González prepara nuevas medidas de prueba en la causa por supuesta violencia de género que la ex primera dama inició contra el expresidente Alberto Fernández, según informaron fuentes del caso a elDiarioAR. 

El fiscal González se encontraba este miércoles analizando la declaración que Yañez prestó el martes durante cuatro horas desde el consulado argentino en Madrid. La ex primera dama ratificó al menos seis hechos de supuesta violencia física, que habrían comenzado en 2016, además de otros episodios de presunto hostigamiento y violencia psicológica y reproductiva, ocurridos entre 2013 y 2024. 

González procederá en las próximas horas a definir la imputación al expresidente Fernández, la definición concreta de los supuestos hechos a investigar y posibles citaciones a terceros y otras medidas de prueba, informó a este medio una fuente con conocimiento del expediente. 

Hasta el momento, la causa está circunscripta en presunta lesiones leves pero la denunciante solicitó que se investigue a Fernández por “lesiones graves” y “agravadas por el vínculo”, entre otros agravantes. El expresidente negó las acusaciones en un comunicado y entrevistas con El País y El Cohete a la Luna.

Yañez afirmó este martes vía zoom frente a los fiscales González, Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), y la titular de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), Malena Derdoy.

De acuerdo a su testimonio, los hechos de violencia comenzaron entre 2016 y 2017 en el departamento de Puerto Madero, donde actualmente sigue viviendo Fernández. Este punto es central para la denunciantes y su estrategia legal: si el fiscal González toma este punto como inicio de los hechos a investigar, la causa podría seguir tramitando en la Ciudad de Buenos Aires y no en San Isidro, como solicitó la defensa de Fernández en los últimos días. 

La abogada del expresidente, Silvina Carreira, planteó que si los hechos denunciados tuvieron lugar en la Quinta de Olivos, el expediente debe tramitarse ante la Justicia de la provincia de Buenos Aires.

La competencia es un tema central en el futuro de la causa contra el expresidente. Por eso, el fiscal González analizará el pedido de la defensa y dictaminará dónde debe tramitar el expediente. No sólo hay un planteo por incompetencia territorial (Capital Federal versus provincia de Buenos Aires), sino también con respecto a si la causa debe permanecer en el fuero federal o migrar a la Justicia penal ordinaria, donde tramitan las causas por violencia de género.

La declaración

Yañez sostuvo que la violencia física se inició luego de que quedara embarazada en 2016 y Fernández le exigiera hacerse un aborto, de acuerdo a un escrito presentado por la ex primera dama y su ratificación durante la audiencia del martes. Sin embargo, la ex primera dama indicó que la violencia psíquica, que incluía el hostigamiento y el excesivo control sobre su persona, había comenzado durante el inicio de la relación, tres años antes, al inicio de su relación, alrededor de 2013.

También ratificó al menos tres episodios de violencia durante la presidencia de Fernández. Yañez mencionó al médico de Olivos como uno de los testigos de los golpes.

Luego describió que la filtración de las fotos de la fiesta de su cumpleaños en julio de 2020, durante la cuarentena estricta, fue idea del expresidente y no de ella, pero que aún así Fernández la culpaba por la situación política y la derrota electoral de 2021.

Yañez también ratificó que Ayelen Mazzina, exministra de las Mujeres, estaba al tanto de los golpes que le atribuye a Fernández. La exministra negó la acusación en declaraciones públicas.

La abogada Mariana Gallego, que representa a la ex primera dama, sostuvo tras la declaración de su clienta que “sólo queda confiar en la Justicia”, a la vez que abogó por “seguir los pasos procesales”. “Pudo declarar, se sintió muy bien, muy apoyada y acompañada por toda la prensa, la gente, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y la Fiscalía”, sostuvo Gallego desde Madrid, España, adonde viajó para acompañar a Yañez, informó la agencia Noticias Argentinas.

Justo antes de la declaración de Yañez, el juez Julián Ercolini rechazó el pedido de la defensa del exmandatario para estar presente durante la audiencia. La abogada del expresidente presentó ante fiscalía una nota dejando constancia de que a pesar de que la notificaron de la audiencia de hoy no le permitieron participar ni presentar un pliego de preguntas para Yañez, informó una fuente del caso a elDiarioAR.

“La audiencia no es válida”, aseveró Carreira ante los medios que aguardaban en Comodoro Py, y añadió: “Está bien no revictimizar a la víctima. Voy a hacer todos los actos que correspondan”.

La abogada dijo, además, que cuando se lo solicite, “Alberto va a venir a declarar. Hoy no se me permitió dejar mi pliego de preguntas. Una persona tiene derecho a denunciar y la otra a defenderse”, reclamó.

ED

La mayoría oficialista de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó hoy el informe de formulación de cargos por presunto mal desempeño contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, quienes serán citados para que realicen su descargo. Podrán hacerlo de manera presencial ─en una audiencia el 7 de noviembre─ o por escrito en un lapso máximo de diez días hábiles, de modo que que 17 de noviembre la comisión ya se encuentre en condiciones de dictaminar.

“La presidencia les ha remitido borradores de las resoluciones con los cargos y las pruebas para dar traslado a cada uno de los ministros y, asimismo, se les ha compartido un informe que elaboró la presidencia con la colaboración de asesores y diputados respecto de la investigación que se realizó de cada causal con todos los antecedentes para que sean la motivación o sustento para lo que serán los dictámenes de acusación”, explicó Carolina Gaillard, diputada del Frente de Todos y presidenta de la comisión de la Cámara Baja.

Los magistrados fueron investigados por el fallo de 2x1 en el cómputo para al conmutación de al pena de represores de la última dictadura militar, las irregularidades en el funcionamiento de la obra social judicial, el fallo por la coparticipación de recursos federales en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el “asalto” al Consejo de la Magistratura.

Para la jornada de este miércoles, estaban convocados testigos del juicio político contra Ricardo Lorenzetti, impulsado por la Coalición Cívica, pero ninguno de los cuatro citados se presentó en el Congreso. Héctor Marchi, uno de los convocados y cercano al letrado en cuestión, justificó su incomparecencia por vía telefónica y recordó que ya había asistido a la comisión en calidad de testigo en dos oportunidades.

Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, explicó que tampoco pudo concurrir por la agenda de reuniones de su gremio. En tanto, Gustavo Francisco Tita, denunciante de Lorenzetti hace año, y Adrián Walter Miretti, vecino de Rafaela (ciudad de nacimiento del juez) también estuvieron ausentes.

De acuerdo a Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica, todos los testigos fueron “presionados” para que no se presentasen a declarar en contra del magistrado. “El ministro de la Corte viene ejerciendo presiones llamando a distintos actores, es por eso que hoy no tenemos testigos”, advirtió antes de apuntar también contra el oficialismo por “dejar para el final” la causa presentada por Elisa Carrió y Paula Oliveto.

“Estamos con una sensación de amargura por lo que no pudimos hacer. Hemos sufrido hostigamiento mediático cuando los denunciamos porque el poder te golpea y te dice 'acá estoy. Fijate lo que soy y fijate de qué lado estás vos'”, agregó en la misma línea Oliveto.

Por su lado, ante las acusaciones de López contra el Frente de Todos por presunta animosidad hacia algunos jueces del Máximo Tribunal, Gaillard explicó que el proceso “se ha llevado adelante con la mayor objetividad posible” ya que todos los pedidos fueron tratados a lo largo de múltiples audiencias.

ACM con información de agencias.

Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense, Joe Biden, fue imputado este jueves de tres cargos relacionados con la compra y posesión de armas, que es ilegal cuando se trata de una persona con adicciones.

El acta de imputación está firmada por David Weiss, fiscal federal de Delaware, quien a mediados de agosto fue nombrado fiscal especial al frente de esas pesquisas por el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland.

Según el escrito, el 12 de octubre de 2018 o en una fecha cercana, Hunter Biden compró una pistola, una Colt Cobra de calibre 38, y mintió al vendedor al entregarle un certificado que estipulaba que no era consumidor ilícito ni adicto a estimulantes, estupefacientes u otras sustancias controladas. “Sabía que esa declaración era falsa y ficticia”, apunta el texto, que también reprocha que mintiera sobre sus adicciones en la información que debía quedar registrada en la Licencia Federal de Armas de Fuego (FFL, por sus siglas en inglés).

Con un tercer cargo, se acusa también a Hunter Biden de poseer un arma de fuego sabiendo que era ilegal por sus adicciones. Específicamente, en el certificado que tanto para él como otros compradores de armas es obligatorio responder a si se es “usuario ilegal de, o adicto a la marihuana o cualquier depresivo, estimulante, narcótico o cualquier otra sustancia controlada”.

Se advierte también de que “el uso o posesión de marihuana sigue siendo ilegal bajo la ley federal, independientemente de si se ha legalizado o despenalizado con fines médicos o de recreo en el estado” en el que esa persona resida.

Ese registro de transacción deja claro que la información proporcionada se utilizará para determinar si la ley Federal o Estatal prohíbe a esa persona recibir un arma de fuego, o si le veta su venta o disposición. Ciertas violaciones a la Ley de Control de Armas se castigan con hasta 15 años de prisión y/o una multa de hasta US$250.000.

La imputación del gran jurado del distrito de Delaware, firmada por Weiss, no menciona el otro delito por el que también estaba investigado: la declaración irregular de impuestos.

En la vista celebrada el 27 de julio, estaba previsto que Hunter Biden se declarara culpable tras llegar a un acuerdo con los fiscales federales, pero el trato acabó desmoronándose después de que la jueza que debe dictar sentencia, Maryellen Noreika, nominada por el expresidente Donald Trump (2017-2021), expresara dudas sobre el mismo.

En virtud de ese acuerdo, el hijo del presidente, de 53 años, hubiera podido evitar una imputación formal bajo ciertas condiciones, pero tras una vista llena de interrupciones y cambios Hunter Biden decidió no rubricar el pacto y declararse no culpable.

Los republicanos, liderados por Trump, utilizaron la investigación contra Hunter Biden para sembrar dudas sobre sus negocios en el extranjero y para describir a la familia del mandatario como corrupta. Las pesquisas contra Hunter Biden se abrieron en 2018 durante el mandato de Trump y los conservadores se apoyaron en ellas para atacar al presidente demócrata, al que acusan de no haber hecho ningún esfuerzo para llevar esta indagación hasta el final.

Este miércoles, el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, ordenó abrir una investigación de juicio político contra el presidente acusándole precisamente de aprovechar sus vínculos políticos para intervenir en los negocios de su hijo y beneficiarse de ellos, acusaciones refutadas de forma reiterada por la Casa Blanca. 

LC

El fiscal federal Franco Picardi imputó al expresidente Mauricio Macri como supuesto responsable del armado de un “plan sistemático” de espionaje ilegal durante su gobierno que habría tenido entre las víctimas a personas en las que tenía interés personal como su principal opositora, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, y su hermana Florencia Macri.

Lo hizo al requerir elevación a juicio oral y público del caso en el que se investiga el supuesto espionaje ilegal desplegado en 2018 sobre el domicilio de la actual vicepresidenta y el Instituto Patria, por el que están procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, exjefes de Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos.

El fiscal le presentó un dictamen de más de 200 páginas al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el que sostuvo que a su criterio está concluida la investigación sobre la participación de Arribas, Majdalani y otras dos personas de la AFI en los hechos investigados, por lo que postuló su elevación a juicio y a la vez pidió avanzar con la investigación de la posible responsabilidad de Macri, entre otros.

“Las maniobras reveladas en este caso no han sido excepcionales ni aisladas; antes bien, integran un conjunto de muchas otras causas criminales -varias de las cuales se encuentran radicadas ante el Juzgado a su cargo por razones de conexidad- cuyos objetos se ciñen a la investigación de acciones de inteligencia desplegadas” por agentes de la AFI entre 2016 y 2019, sostuvo el fiscal.

“Lo que tienen en común, a priori, es la sospecha de intervención de las máximas autoridades de la Agencia, en el marco de la planificación, coordinación y ejecución de tareas prohibidas por ley 25.520, con puntos de contacto que se refieren a las víctimas u objetivos de dichas acciones de inteligencia ilegal”, señalo Picardi.

A párrafo seguido, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que esos “extremos podrían ser demostrativos del uso ilegal de herramientas de inteligencia como parte de planes sistemáticos orquestados desde el propio aparato estatal”.

“Dichas circunstancias imponen profundizar las investigaciones desarrolladas hasta aquí en la dirección apuntada, mediante el análisis global y apropiado de las múltiples intervenciones judiciales existentes por hechos de las mismas características, reconducibles a la misma gestión de la AFI”, sostuvo el fiscal antes de reclamar que se extrajeran testimonios para evaluar la posible participación de otras personas.

En una presentación aparte, en la que se refirió específicamente a esta pretendida “extracción de testimonios”, el fiscal aseguró que en razón de la multiplicidad de causas abiertas por casos de supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos “se impone indagar sobre el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados Arribas y Majdalani, el entonces Presidente de la Nación ingeniero Mauricio Macri”.

También requirió indagar sobre el rol de las “personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal”.

En ese contexto, señaló casos de supuesto espionaje en los que el expresidente podría tener personal interés como aquellos que tuvieron por víctima a su entonces principal opositora, la senadora Fernández de Kirchner; o los que tuvieron como espiados a su hermana Florencia Macri y su pareja Salvatore Pice o al periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon.

En el caso de Alconada Mon, el propio periodista referenció que las supuestas tareas de espionaje que lo tuvieron por víctima ocurrieron cuando investigaba al hermano de Macri, Gianfranco, por el caso conocido como Panamá Papers, y a su primo Ángel Calcaterra, por la causa del soterramiento del tren Sarmiento.

Por otra parte, al referirse al pedido de elevar a juicio la causa por el espionaje al domicilio de la Vicepresidenta y al edificio del Instituto Patria -sede política del kirchnerismo-, el fiscal sostuvo que ya no quedan pendientes medidas de prueba en relación a Arribas, Majdalani, al jefe de Operaciones Especiales de la Dirección Operacional de Contrainteligencia Alan Ruiz, y al titular de esa dirección, Martín Coste.

Arribas, Majdalani y Ruiz están procesados por supuesto espionaje ilegal y por falsedad ideológica por haber producido documentos con contenido presuntamente falso para intentar dotar de legalidad las maniobras de inteligencia prohibida, mientras que Coste fue acusado solo por la producción de esos documentos.

Las actividades de inteligencia ilegal que se desplegaron en ese caso “se realizaron bajo dos modalidades en particular: por un lado, durante el día, los agentes de la AFI se apersonaban en los domicilios mencionados para realizar las observaciones, vigilancias, registros y almacenamientos y, por otro lado, durante la noche, se estacionaban autos de técnica (vehículos con cámaras no visibles que filman de modo continuado) en las inmediaciones de los domicilios en cuestión”, sostuvo el fiscal.

“Teníamos que ir a instalar un servicio en un domicilio de Recoleta con un vehículo y determinar si había movimiento de personas o cajas o bolsos ingresando o saliendo del mismo”, relató en esa causa un testigo de identidad reservada, según consta en el dictamen al que tuvo acceso Télam.

Esas maniobras intentaron ser justificadas ante la Comisión Bicameral de Inteligencia primero y ante la justicia después como tareas vinculadas a la posibilidad de que la entonces senadora fuera blanco de un ataque en el marco del la cumbre internacional de G20 llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires por aquellos días.

Arribas y Majdalani “crearon una Dirección de Operaciones Especiales inorgánica a la que le asignaron recursos, autos, oficina y nombraron como director allí a Alan Ruiz”, sostuvo el fiscal, y luego aseveró que los exjefes de la AFI tenían una relación “directa y sin intermediarios” con ese funcionario, por lo que “no existían reglas escalafonarias en esta relación dentro de la AFI”.

“Ruiz fungió como nexo entre la decisión de las máximas autoridades de la AFI de realizar tareas de inteligencia ilegal en contra de Cristina Fernández de Kirchner -Arribas y Majdalani- y la concreción de dichas tareas desplegadas por agentes de calle de la AFI de cargos jerárquicos inferiores. ¿Por qué? Porque era una persona de confianza de ambos, por sus vinculaciones previas” ya que “provenía del Ministerio de Seguridad de la Nación, en ese momento a cargo de Patricia Bullrich”, puntualizó el fiscal.

Picardi reseñó además que durante el gobierno de Macri se devolvió a los fondos de la AFI el carácter de reservados, lo que dotó de “opacidad” a ese organismo para, eventualmente, desplegar las maniobras investigadas.

La causa por el supuesto espionaje al Instituto Patria se inició el 20 de febrero del 2020 a partir de la denuncia articulada por la entonces Interventora de la AFI, Cristina Caamaño, la cual fue fundada en el hallazgo de documentos internos y manifestaciones puntuales de diversos agentes, quienes dieron cuenta de presuntos hechos de inteligencia ilegal.

El caso tramitó primero ante la justicia de Lomas de Zamora porque allí estaba radicado el expediente en el que se investigaba si había dirigentes políticos que pudieran ser blanco de ataques de supuestos grupos anarquistas ante la inminencia de la cumbre del G20.

DA con información de Télam