Es una especie de cronista de Indias. Aquellos hombres que en el siglo XV y XVI relataban la conquista de América por parte de los españoles y dejaron para siempre un testimonio de cómo fue el desembarco en el Nuevo Mundo. Algunos, como Bartolomé de las Casas, han pasado a la historia por ser uno de los primeros defensores de los amerindios, los habitantes nativos de unas tierras que terminaron expoliadas y los miembros de unas civilizaciones que resultaron arrasadas.

Ketanji Brown Jackson (Washington DC, 1970) es una especie de cronista de Indias porque con sus votos particulares está dejando para la posteridad la crónica de la conquista del Tribunal Supremo y de esta América por parte de Donald Trump, y sus consecuencias para los habitantes de este Nuevo Mundo que es Estados Unidos en 2025. En el siglo XV y XVI los españoles usaron unas armas distintas a las que está usando Trump, pero igual que había testigos entonces que dejaron valiosos testimonios, la jueza Brown Jackson, la primera mujer negra en ocupar un puesto en el Tribunal Supremo de EE.UU., está convirtiéndose en testigo de primera mano de la conquista trumpista; si Bartolomé de las Casas escribió en su día una Historia general de las Indias (1552), con los escritos de la jueza Brown Jackson se podrá narrar la historia general del trumpismo.

En un acto este jueves en el colegio de abogados en Indiana, la jueza reconoció que uno de sus objetivos es llamar la atención sobre lo que está sucediendo en EE.UU, y cuando un juez federal le preguntó qué le quitaba el sueño, la jueza Jackson hizo una pausa y luego dijo: “Diría que el estado de nuestra democracia”. Y añadió: “Estoy de verdad muy interesada en que la gente se concentre, invierta tiempo y preste atención a lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestro gobierno”.

Ketanji Brown Jackson, progresista, es jueza del Supremo desde abril de 2022, cuando fue nombrada por Joe Biden. Y en su discurso de toma de posesión explicaba de dónde venía su nombre, rasgo distintivo fundamental de la jueza: “Cuando nací aquí en Washington, mis padres eran maestros de escuela pública y, para expresar orgullo por su herencia y esperanza en el futuro, me pusieron un nombre africano: 'Ketanji Onyika', que, según les dijeron, significa 'hermosa”.

Recurrir a un nombre africano en 1970 en EE.UU. es una declaración de intenciones, un hilo que se teje para conectarse con unas raíces colectivas.

“Mi esperanza es que las pruebas y los triunfos de mi trayectoria como hija, hermana, esposa, madre, litigante y amiga sirvan de testimonio para las jóvenes, las personas de color y las personas que luchan por todo el mundo, especialmente para quienes albergan ambiciones y creen con firmeza en la posibilidad de alcanzarlas”, escribe Ketanji Brown Jackson, en Hermosa: Memorias: “Quiero animar a estas soñadoras audaces a no dejarse desanimar por la adversidad, porque la vida siempre presentará desafíos. Debemos permitir que nos enseñen y fortalezcan, y que nos ayuden a desarrollar confianza en nuestra capacidad para encontrar el camino. Al final, debemos confiar en el camino que elijamos, ancladas en un firme sentido de nuestro potencial, inspiradas por las personas que nos rodean y fortalecidas por nuestra voluntad de perseverar”.

Y eso es lo que está haciendo Ketanji Brown Jackson en su asiento en el Tribunal Supremo de EE.UU ante la súper mayoría conservadora (6 a 3): dejar un testimonio indeleble. Según decía The New York Times, la jueza Ketanji Brown Jackson redactó solo cinco opiniones mayoritarias durante el periodo del Supremo que finalizó a finales de junio, la menor cantidad entre los miembros de la corte. Y de acuerdo con The Washington Post, escribió más opiniones discrepantes este periodo de sesiones –van desde el primer lunes de octubre hasta finales de junio o principios de julio– que cualquier otro juez. En total, redactó 24 opiniones. Jackson también superó con creces a sus colegas en el número de palabras que ha pronunciado durante los argumentos orales: ha pronunciado más de 79.000; Sonia Sotomayor, su colega progresista, queda en un segundo lugar, con 53.000.

Esta semana, el Tribunal Supremo allanó el camino para los despidos masivos en la Administración Trump de funcionarios. Y, en su voto particular negativo, la jueza Brown Jackson escribía: “Este caso trata sobre si dicha medida constituye una reforma estructural que usurpa las prerrogativas del Congreso en materia de formulación de políticas, y es difícil imaginar una decisión significativa sobre esta cuestión una vez que se hayan producido dichos cambios. Sin embargo, por alguna razón, este Tribunal considera oportuno intervenir ahora y dar rienda suelta a la bola de demolición del presidente. En mi opinión, esta decisión no solo es muy desafortunada, sino también arrogante e insensata. [...] Mantendría intacta la protección de la relación histórica entre el Congreso y el presidente, evitando daños irreparables a los demandantes y al público, mientras que el Poder Judicial realiza la labor crucial de evaluar este ejercicio de poder”.

Y critica “el entusiasmo demostrado por este Tribunal Supremo al dar luz verde a las acciones legalmente dudosas de este presidente alegando en una situación de emergencia”.

A raíz de este fallo, Marco Rubio ha empezado ya con los despidos masivos en el Departamento de Estado, que pueden afectar a más del 15% del organismo.

En otro caso reciente, el de las deportaciones a Sudán del Sur de migrantes que son de cualquier otro lugar, la jueza Jackson, junto con Sonia Sotomayor, escribieron: “La orden de hoy no solo justifica (una vez más) el desprecio manifiesto del Gobierno por el Poder Judicial, sino que también deja al Tribunal de Distrito sin ninguna orientación sobre cómo proceder. El fallo de hoy solo aclara una cosa: los demás litigantes deben acatar las normas, pero la Administración Trump tiene al Tribunal Supremo a su disposición”.

Ketanji Brown Jackson también denunció en mayo lo que ella calificó como el “elefante en la habitación”, es decir, los “ataques implacables” contra los jueces propagados por la Administración Trump cada vez que un fallo no le conviene, y un ambiente de acoso que, en última instancia, “corre el riesgo de socavar la Constitución y el estado de derecho”.

“En todo el país, los jueces se enfrentan a un aumento de amenazas no solo de violencia física, sino también de represalias profesionales simplemente por hacer su trabajo”, declaró la jueza Jackson en una conferencia para jueces celebrada en Puerto Rico. “Y los ataques no son aleatorios. Parecen diseñados para intimidar a quienes desempeñamos esta importante función”.

En un caso clave fallado el pasado 27 de junio, el Supremo se alineó con Trump para quitarle a los tribunales inferiores competencias para bloquear la agenda ultra del presidente de EE.UU. Una decisión sin precedentes que respondió Jackson en su opinión disidente: “Un sistema político regulado por la ley significa que todos están sujetos a ella, sin excepción. Y para que esto suceda, los tribunales deben tener la facultad de ordenar a todos (incluido el Ejecutivo) que cumplan la ley, y punto. Concluir lo contrario es respaldar la creación de una zona sin ley, donde el Ejecutivo tiene la prerrogativa de aplicar la ley a su antojo, y donde individuos que de otro modo tendrían derecho a la protección de la ley quedan sujetos a sus caprichos”.

A finales de mayo, se produjo otro fallo polémico sobre la revocación de permisos humanitarios de residencia para medio millón de personas, provenientes de países como Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. “El Tribunal Supremo determinó que la balanza de equidad favorece al Gobierno”, escribía Jackson con Sotomayor, “y, perece que es de interés público que las vidas de medio millón de migrantes se desmoronen a nuestro alrededor antes de que los tribunales resuelvan sus reclamaciones legales”.

La decisión del Supremo abría la puerta para que la administración Trump elimine las protecciones legales temporales para cientos de miles de inmigrantes, lo que eleva a casi un millón el número total de personas que podrían quedar expuestas a la deportación, teniendo en cuenta que hace dos semanas se produjo un fallo parecido que deja en el aire a 350.000 personas de Venezuela.

Ketanji Brown Jackson lleva meses criticando abiertamente las opiniones de sus colegas conservadores en sus escritos en el Supremo, dejando a un lado el lenguaje leguleyo típico de los fallos judiciales para introducir argumentos apasionados para denunciar el trato de favor del más alto tribunal de EEUU con el presidente de EEUU.

Es la jueza que denuncia desde dentro los abusos del Supremo para avalar la agenda ultra de Trump.

El Supremo Tribunal Federal -equivalente a la Corte Suprema- exigió a la Policía Federal de Rutas (PRF) y a las policías militares de los estados brasileños que intervengan en forma urgente para liberar las rutas bloqueadas por los camioneros brasileños, movilizados en apoyo del presidente Jair Messias Bolsonaro. Los manifestantes obstruyen las principales autopistas de ingreso a las capitales del país y han generado dificultades en los accesos a los grandes aeropuertos, con la consiguiente cancelación de numerosos vuelos domésticos e internacionales. 

En simultáneo, el jefe de Estado continúa sin dar señales respecto de su pronunciamiento para reconocer la victoria de su adversario, Luiz Inácio Lula da Silva, ya consagrado como presidente electo. La Secretaría de Comunicación anticipó que no hay horario previsto para ese mensaje, exactamente una día y medio después del cierre de las urnas. Según informaciones procedentes de la casa de Gobierno en Brasilia, Bolsonaro debe mantener durante el día diversas citas con altos mandos militares; esta mañana ya estuvo reunido con comandante de la Aeronáutica, brigadier Carlos de Almeida Baptista; donde abordaron temas de “seguridad pública”.

La movilización de estas bases bolsonaristas, que impacta en 20 estados brasileños, es una réplica a los resultados de las elecciones del domingo, y tiene como principal consigna el “impedir que el comunismo llegue al poder”. La medida adoptada hoy por la Corte apunta, además, contra el director general de la Policía Federal caminera, Silvinei Vasques, un “bolsonarista” confeso. Fija contra el funcionario el pago de una multa de 20.000 dólares por hora, a partir de hoy a medianoche, en caso de incumplimiento del mandato. Prevé, además, su exoneración y su prisión por “desobediencia”. 

La mayoría de la Corte Suprema respaldó, esta mañana, la decisión que había tomado ayer el magistrado Alexandre de Moraes, al autorizar el uso de tropas de las policías militares (provinciales) para “desobstruir de inmediato todas las vías públicas que ilegalmente tengan interrumpido el tránsito”. En su sentencia, Moraes indicó que “hay un nítido delito de abuso del derecho constitucional de reunión. La acción (de los camioneros) acarrea un impacto desproporcionado e intolerable para la sociedad, que depende del funcionamiento pleno de las cadenas de distribución de productos y servicios”.

La resolución adoptada por el STF intenta desmontar un escenario de creciente tensión originado desde el propio jefe de Planalto, que persiste en silenciar su fracaso en los comicios.  Moraes indicó que los “paros ilegales” de los camioneros, con incendios de barricadas, colocan “en riesgo la seguridad pública en todo el territorio nacional” por medio de delitos “contra las instituciones democráticas”.

Las manifestaciones en la autopista Marginal Tieté, una de las vías que conduce hacia el aeropuerto de Guarulhos, a 35 kilómetros de la capital paulista, obligó a las autoridades aeroportuarias a suspender 25 vuelos. Hasta ahora, en todo el país fueron cancelados 40 vuelos por esa causa.  La Policía Federal que controla las rutas nacionales, acaba de informar que se mantienen 220 puntos con piquetes al tránsito, en todo el país. La dirección de ese organismo policial afirma que los agentes actúan desde ayer para desmantelar los bloqueos. “En cuanto surgieron las primeras dificultades, la PF tomó todas las providencias para garantizar el retorno a la normalidad del flujo. Sus agentes fueron a los locales para negociar la liberación de rutas y autopistas” indicó esta fuerza de seguridad.

Pero hasta ahora, la acción de las fuerzas de seguridad tuvo un efecto muy limitado. 

El presidente de la Asociación Brasileña de Supermercados, Joao Galassi, se dirigió al presidente Jair Bolsonaro para pedirle que intervenga en lo que se preanuncia como una rápida escasez de alimentos. “Ya comenzamos a enfrentar” esa situación declaró.

EG/MG