La titular de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Clara Chevalier, afirmó que los sueldos del sector están entre “los más bajos desde la restauración de la democracia” en la Argentina, y dijo que algunos no superan los $ 500.000 mensuales.

Para la dirigente, los salarios del sector universitario “no llegan a cubrir los gastos básicos como alquiler y alimentos”.

Chevalier dijo que esta situación no solo refleja un deterioro del poder adquisitivo, sino “una ruptura del consenso histórico sobre la importancia de invertir en educación pública como política de Estado”.

Destacó que muchos docentes hoy perciben menos de medio millón de pesos mensuales, una cifra que, en términos reales, no resulta suficiente para garantizar condiciones de vida mínimas.

“Nos encontramos con un Gobierno que viene a romper con el consenso de que un país debe invertir en educación y socava las bases de la idea del Estado-Nación argentino”, subrayó.

La sindicalista expresó que “bajo el argumento de que ‘plata no hay’ el Gobierno recorta las funciones del estado básicas como la educación. Hay docentes universitarios que no están pudiendo cubrir ni el alquiler ni la comida”, agregó.

Chevalier aseguró que “hay un ensañamiento con la Universidad y con la Ciencia, que tiene un componente no económico, sino un enfrentamiento puramente ideológico”.

Con información de agencias.

IG

Mientras el Gobierno ajusta los detalles para enviar al Congreso su proyecto de Ley de Modernización Laboral que busca reformar el mundo del trabajo y alista al Congreso, que ahora le es más favorable, a aprobarla lo antes posible, y en medio del paro de los trabajadores estatales nucleados en ATE, organizaciones sociales y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), lleva adelante este martes “acciones simultáneas y descentralizadas en distintos puntos de la zona metropolitana y del país, con el objetivo de hacer escuchar los reclamos del sector”.

De acuerdo a los organizadores, la jornada se realiza “en un marco de unidad del conjunto de organizaciones sociales, como parte de un plan de lucha para poner un freno a lo que describen como un plan sistemático de miseria planificada” que impulsa el gobierno nacional.

Alejandro “Peluca” Gramajo, Secretario General de la UTEP, señaló en las últimas horas que “no existe reforma laboral en el mundo que haya resuelto la generación de trabajo con derechos por si sola. Cuando el gobierno nos dice que quiere avanzar con una reforma laboral para terminar con la informalidad, nos están vendiendo gato por liebre. Y los argentinos no queremos comer gatos, cómo pasó en el 2001, que terminó con la gente cagada de hambre saqueando los supermercados”.

Para el dirigente social, “lamentablemente no estamos lejos de esa situación, teniendo en cuenta el endeudamiento de las familias para poder comer, no solo con tarjetas y billeteras virtuales, sino con los prestamistas narcos en los barrios populares. Necesitamos un modelo económico nacional con centro en el trabajo y la producción que deje de importar esclavitud de otros países”.

Según Gramajo, “una cosa que tiene que tener en cuenta cualquier legislación laboral que se pretenda terminar con la informalidad es que existe un trabajo hoy en la Argentina que es el de la economía popular, el que se inventan cientos de miles de personas para poder vivir, y que no está reconocido y le faltan derechos. Por eso creemos necesaria la creación de un Estatuto del Trabajador y Trabajadora de la Economía Popular”.

Desde la UTEP denuncian que desde que asumió Milei en diciembre de 2023, “el Gobierno congeló el Salario Social Complementario (SSC) para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular en $78.000 en el marco de la devaluación más grande de la historia argentina”. Además, reclaman que ese Salario Social Complementario está “desacoplado de la actualización automática que regía respecto del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), que ya de por sí es de extrema indigencia ($328.400 según la última actualización unilateral por parte del gobierno). Ahora busca desenganchar la AUH de la fórmula de movilidad previsional de ANSES para evitar su actualización automática en el marco del aumento inflacionario”, sostuvieron.

Según denunciaron las organizaciones, el Gobierno “pretende avanzar con una reforma laboral bajo el argumento de combatir la informalidad, pero lo único que busca es que los trabajadores sigan retrocediendo en derechos y profundizar aún más la exclusión”.

Asimismo, señalaron que la suspensión de la obra pública en más de 5 mil barrios populares “afecta directamente la urbanización y el acceso a derechos básicos. La apertura a las importaciones está destruyendo unidades productivas textiles, obligando a miles de trabajadores a volver a producir en sus casas en condiciones de hacinamiento. La importación de cartón golpea a las familias cartoneras, y algo similar ocurre con la agricultura familiar debido al ingreso de alimentos importados”, remarcaron.

A esto se suma la violencia institucional que, según destacaron, “estigmatiza, persigue, decomisa y detiene constantemente a los trabajadores y trabajadoras del espacio público”. Para los dirigentes de la UTEP, “la desfinanciación de los espacios sociocomunitarios no solo desarticula a las familias en las barriadas, sino que abre el camino al avance del narcotráfico, que se convierte en prestamista de última instancia para la comunidad”.

Frente a este escenario, las organizaciones remarcan la necesidad de contar con “un Estatuto del Trabajador y Trabajadora de la Economía Popular que regule, formalice y amplíe los derechos de quienes integran este sector”.

En la jornada de este martes, exigen “un aumento y la continuidad del Salario Social Complementario que el gobierno amenaza con cortar en abril; la actualización automática de la AUH, que se pretende desacoplar; un bono de fin de año para la Economía Popular y los trabajadores informales; y obras para los barrios populares”.

El programa económico libertario tiene contradicciones: una de las más cuestionadas es la intervención en los precios más importantes de la economía. El dólar, claro. Pero también los salarios. El gobierno del libre mercado, el que insiste con que la inflación es un fenómeno pura y exclusivamente monetario, impone un techo a las paritarias para que los salarios no echen leña al fuego inflacionario. Y efectivamente, desde enero, logra que los acuerdos cierren por debajo de la inflación mensual. 

Sin embargo, el mismo Gobierno también celebra que los salarios le ganen a la inflación. El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió en twitter un gráfico en base a datos oficiales de evolución promedio de salarios del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino, el organismo que administra los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores públicos y privados del país), con la leyenda: “El salario real privado registrado está en su máximo nivel desde agosto de 2018”. Y los libertarios respondieron: “Gracias toto, de a poco van recuperando el país del desastre kuka” (sic), “VLLC!” (sic), “Argentina será próspera”. 

Y en efecto, el último informe de la la Situación y Evolución del Trabajo Registrado que publica la Secretaría de Trabajo muestra que en febrero de 2025, el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores formales del sector privado fue 7% mayor al nivel de noviembre de 2023, mes previo al inicio de la actual gestión de gobierno. 

“¿Están creciendo los salarios aún cuando el Gobierno definió un techo muy estricto a los aumentos negociados en paritarias y no está homologando los acuerdos que superan esa pauta?”, se preguntan los investigadores del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo CETyD, que pertenece a la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín. 

¿Qué festeja el Gobierno?

Spoiler alert: un aumento de intensidad laboral. Según el CETyD, entre fines de 2023 y 2024, el nivel de empleo cayó 2,3% pero crecieron un 5,1% las horas extra trabajadas.  

“Los trabajadores no están cobrando más porque hayan aumentado sustancialmente sus salarios, dado que las paritarias están pisadas. Por el contrario, sus ingresos se incrementaron porque están trabajando horas extra”, se responden desde CETyD. En efecto, si se excluye el crecimiento de las horas adicionales, el salario por hora trabajada creció apenas 2%, muy por debajo del 7% que festeja Caputo.

Esto puede deberse a que, en el actual contexto de inestabilidad, las empresas están optando por aumentar las horas de trabajo, más fáciles de desarmar en caso de parate del consumo, antes que contratar más trabajadores a sus plantillas. 

Este fenómeno no sólo visibiliza un aumento de la intensidad, sino que genera una mayor flexibilización del mercado laboral. Es que el aumento de ingresos basado en el incremento de las horas extra es inestable y corre el riesgo de ser rápidamente revertido si la actividad se estanca o se retrae. “A diferencia de los aumentos negociados en paritarias, las horas extra son el primer componente salarial que se elimina cuando el ciclo económico pierde dinamismo”, resume CETyD.

También se da el fenómeno del pluriempleo. Es decir, los mismos trabajadores aumentan la cantidad de horas trabajadas (en otros empleos) para poder compensar el salario bajo de su principal actividad. Todo eso aporta a la masa salarial que mide el SIPA. 

“Esta diferencia que observamos para fines de 2024, seguramente se haya profundizado a principios de 2025 (período para el cual no hay información disponible aún), considerando la acentuación del desacople entre los salarios efectivamente cobrados y los negociados en paritarias que ocurrió durante esa etapa”, aseguran desde CETyD.

Todo marcha acorde con el plan

“El propio ministro de Economía está diciendo que el salario efectivamente pagado, que incluye horas extras, aumentos fuera de convenios (NdR: como pueden ser cargos jerárquicos), fue con una velocidad mayor a la de la inflación, entonces el ancla no funcionó. ¿Para qué le pusiste el techo a las paritarias? ¿Cuál es la consecuencia? Más desigualdad en el mercado de trabajo”, asegura en diálogo con este diario el abogado laboralista y miembro del CETyD Juan Manuel Ottaviano.

En el marco teórico gubernamental, eso se llama competitividad: “Es decir, todo marcha acorde al plan. Pero el resultado es que tenés intensificación de la mano de obra, pluriempleo, trabajo informal, y gente que sale a buscar horas extras”, concluye Ottaviano.

El “logro” del que se jacta el Gobierno es una foto distorsionada: salarios que suben, sí, pero no por paritarias libres ni por una mejora genuina del poder adquisitivo, sino por más horas trabajadas, más precariedad y más desgaste. La estadística esconde la sobrecarga laboral y el deterioro de las condiciones de vida. Si la recuperación salarial llega de la mano del pluriempleo y la intensificación, el país no se encamina a la prosperidad sino a un modelo que reparte mejor las penurias que los derechos.

NR/JJD

La Policía de Misiones rechazó este jueves la propuesta del 30% de aumento que les ofreció el gobierno provincial de Hugo Passalacqua, por lo que sigue el conflicto con epicentro en el Comando Radioeléctrico. Además, en la noche del jueves, una congregación de trabajadores de la educación y otros sectores se agrupó cerca de la Legislatura, exigiendo incrementos salariales. Esta protesta, como consecuencia de la cual se produjeron incidentes, ocurre en el contexto del séptimo día consecutivo de manifestaciones. Cerca de las 20.30, además, otro grupo de manifestantes se trasladó a la puerta de la casa del gobernador, Hugo Passalacqua, que fue protegida por efectivos de Infantería.

Los efectivos formaron un cordón con escudos y arrojaron gases lacrimógenos. Algunos manifestantes, en su mayoría docentes, atacaron el portal con piedras.

Más temprano, en la Legislatura, trabajadores de la educación y de otros sectores del Estado intentaron forzar la entrada al edificio moviendo las vallas. La protesta se había organizado específicamente para las 18, con el fin de que coincidiera con la sesión de la Legislatura. Por eso, el Gobierno había dispuesto la instalación de un vallado triple, por la mañana, con un refuerzo que incluyó soldaduras y tornillos para evitar que los manifestantes pudieran tirarlas. Pese a eso, algunos manifestantes lograron ingresar al hall del edificio.

De acuerdo con el medio local La Voz de Misiones, se trata de la tercera marcha docente hacia la Cámara de Representantes de la provincia. Junto a ellos marcharon también integrantes del servicio penitenciario, efectivos de la Policía, sanitarios y judiciales.

Ramón Amarilla, uno de los referentes y voceros de la protesta policial, afirmó que los funcionarios misioneros ofrecieron un 30% como “máximo esfuerzo”. La asamblea de policías rechazó rápidamente la oferta e insistió en el 100% de aumento salarial.

“Vamos a respetar lo que dice la asamblea. Nosotros respetuosamente vamos a tener que comunicarle que no aceptamos. El personal policial viene con una esperanza acá, ese monto es irrisorio”, aseguró Amarilla.

Más temprano, el ministro de Gobierno misionero, Marcelo Pérez, había asegurado que la “sublevación” de la Policía provincial es “inadmisible” y advirtió que se serán echados los efectivos que se plieguen a la medida de fuerza.

Según especificó Pérez en declaraciones radiales y consultado por el posible despido de los agentes, resaltó la existencia de una “denuncia penal y esa denuncia determinará las responsabilidades”. En esa línea, sumó: “No pueden utilizar bienes del Estado para protestar. Está fuera de la ley”.

Además, denunció “28 móviles policiales que fueron robados” y están “siendo utilizados para cualquier cosa”. Por ese caso, está abierto un conflicto en la Justicia local, que libró oficios para recuperar los móviles que están en la protesta desde la semana pasada.

En este contexto, Amarilla indicó que “no son delincuentes” e instó a que “si los quieren (a los móviles), que los vayan a buscar”. Según relató el vocero, uno de los comisarios del Comando Radioeléctrico les informó de la medida luego de que el pedido se efectuara, durante la mañana de ayer, por parte del titular de la Fiscalía de Instrucción N°6, René Casals. “Nosotros solo queremos solucionar nuestra cuestión salarial. Ellos dicen que los móviles no están operativos, pero hoy mismo trasladamos a un señor al hospital con uno de esos vehículos. Vengan, les daremos las llaves”, afirmó Amarilla.

JJD, con información de NA

El salario mínimo en la Argentina equivale a US$196, se encuentra en los niveles más bajos de los últimos 20 años y es el peor entre los países de la región.

Así surge de un informe elaborado por la consultora Focus Market, que comparó las remuneraciones básicas en dólares que perciben trabajadores de varios países de Sudamérica.

El ingreso mínimo de la Argentina es solo superado por los registrados a la salida de la Convertibilidad, en 2002.

Según ese trabajo, Uruguay registra el haber más alto, con US$810; luego están Chile, con US$580 y Brasil, con US$574.

A nivel nacional, solo en 13 provincias los trabajadores reciben ingresos mínimos por encima de los US$100 mensuales:

Focus Market detalló también que al evaluar el ingreso diario per cápita, los trabajadores que residen en Ciudad de Buenos Aires y en Tierra del fuego cuentan con US$7,12 y US$6,78, respectivamente, siendo los valores más altos; en el otro extremo, Chaco y La Rioja viven con US$1,97 y US$2,33 al día, promedio.

“La devaluación del peso frente al dólar del 54% en el tipo de cambio oficial mayorista, el rezago de emisión monetaria, la alta incertidumbre, la salida de precios controlados y la corrección de tarifas de servicios públicos, más el ajuste a nuevos valores de los servicios privados, están llevando a una pérdida aún mayor del ingreso de los argentinos en la primera etapa de este Gobierno”, evaluó la consultora.

Según el estudio, “en la primera etapa del nuevo gobierno el salario e ingreso siguió perdiendo fuerte poder adquisitivo. Ya venía muy mal pero estaban contenidos muchos precios relativos de la economía”. 

Y agrega: “La devaluación del peso frente al dólar del 54% en el tipo de cambio oficial mayorista, el rezago de emisión monetaria y alta incertidumbre, la salida de precios controlados en la economía y la corrección de tarifas de servicios públicos más el ajuste a nuevos valores de los servicios privados están llevando a una pérdida aún mayor del ingreso de los Argentinos en la primera etapa de este gobierno”. 

Con información de NA.

IG

Grecia vive este miércoles una de las mayores huelgas de los últimos años, un paro de 24 horas convocado por los sindicatos para exigir aumentos salariales “dignos” que ayuden a paliar la galopante inflación y que llevó a miles de personas a la calle a protestar contra el Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis.

La huelga, convocada por los sindicatos de los sectores privado y público, GSEE y ADEDY, afectó sobre todo a los medios de transporte, las escuelas y la administración pública.

Atenas amaneció sin subtes, colectivos ni trolebuses, y tan solo están operando parcialmente los tranvías y los trenes de cercanías. Además, en el puerto del Pireo, junto a Atenas, no salió ningún barco ni ferri.

También hubo cancelaciones en buena parte de los vuelos nacionales operados desde el aeropuerto de Atenas y modificaciones en los trayectos internacionales, ya que al paro se sumaron los controladores aéreos.

La mayoría de los medios de comunicación dejaron de informar desde las cinco de la mañana hasta la misma hora del jueves, salvo para ofrecer boletines sobre el transcurso de la huelga o de la manifestación que se celebró en Atenas.

Miles de personas de todas las edades y profesiones se concentraron a media mañana en los puntos neurálgicos de Atenas, desde donde marcharon a la plaza de Syntagma, corazón de la capital y sede del Parlamento heleno.

La manifestación sirivió para denunciar las reformas en política laboral emprendidas por Mitsotakis desde que asumió el Gobierno en 2019, entre ellas restricciones en la posibilidad de convocar una huelga.

En su llamamiento, los sindicatos exigen claros aumentos salariales que permitan a los trabajadores “vivir con dignidad”.

Además, reclaman una bajada generalizada del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que es uno de los más altos en Europa, con una tasa general del 24 % (13 % el reducido y 6 % el superreducido).

“Los trabajadores de nuestro país, tanto del sector público como del privado, luchamos contra la inflación que está estrangulando a hogares y ciudadanos... los trabajadores viven en una crisis permanente desde hace 12 años mientras la oligarquía económica aumenta su riqueza y sus ganancias”, reza el comunicado conjunto de las dos fuerzas sindicales.

Al igual que en otros países, Grecia está experimentando desde la primavera un fuerte repunte del Índice de Precios al Consumo (IPC), y en septiembre pasado la inflación superó el 12 %, en un país donde el poder adquisitivo todavía está lastrado por la larga crisis económica.

Según un reciente informe del Instituto Laboral de la Confederación General de Trabajadores Griegos (INE/GSEE), la combinación de subidas de precios y rentas muy bajas ha llevado a una pérdida del poder adquisitivo de los hogares con ingresos bajos hasta en un 40%.

El Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis ha aplicado una serie de medidas paliativas, como ayudas en la factura de la luz o la aplicación de techos flexibles en los precios de productos básicos, así como la subida del salario mínimo, pero los ciudadanos sienten que no alivian el problema.

Las medidas del Gobierno para contrarrestar la crisis no son suficientes, y la idea de poner un techo flexible a los productos básicos en los supermercados ha sido un “engaño”, la gente sigue sufriendo y además el país “está hundido en los escándalos”, dijo a EFE Elpida Myrila, profesora de guardería, durante la manifestación.

El salario mínimo interprofesional ha subido este año en dos ocasiones, y actualmente se encuentra en 713 euros brutos, un monto a todas luces insuficiente cuando el precio del litro de gasolina supera actualmente los dos euros y la factura de la luz se lleva el 6 % de los ingresos disponibles, a pesar de las rebajas estatales.

Los sindicatos han criticado además que hasta ahora no se haya aplicado la tasa prometida por Mitsotakis a las ganancias excesivas que han tenido las empresas energéticas por el aumento de precios, una medida que el Gobierno asegura se aplicará a partir del próximo mes.

A la protesta en Atenas se sumaron todos los partidos de la izquierda (Syriza; Pasok; MeRA25 y KKE) y sus respectivos líderes.

Con información de EFE.

IG