Vecinos autoconvocados de Sucre denunciaron ante la Justicia que el intendente de Luján, Leonardo Boto, incumple una medida cautelar que lo insta a cerrar el basural a cielo abierto, trasladar los residuos sólidos al CEAMSE y a tratar los residuos peligrosos y patogénicos que permanecen hasta el día de hoy.

En un comunicado, indicaron que el intendente incumple desde hace cinco meses el fallo de la Justicia Federal, el cual luego fue ratificado por la Cámara Federal de San Martín.

“Pedimos a la Justicia que el municipio actúe ya, y efectúe la disposición de los residuos sólidos urbanos de Luján en el Complejo Ambiental de CEAMSE”, exige el comunicado y agregaa: “El basural está descontrolado, nadie controla el ingreso de los camiones que acceden al predio, la contaminación de residuos peligrosos comprobada en un allanamiento que hizo la Justicia se sigue amplificando, los vecinos se enferman, los recuperadores aspiran el humo de la quema, el intendente está incumpliendo sus deberes de funcionario público”.

Para los autoconvocados, “es sospechosa la falta de interés del intendente por el cuidado de la salud de los vecinos, la protección del ambiente en Luján y el saneamiento del basural. No existe otra cosa que un negociado político con la basura. El intendente está faltando a los deberes de funcionario público ya que no está velando por nuestros derechos a la vida, la salud y el ambiente”.

Los vecinos también contaron que en el allanamiento judicial realizado en junio pasado se encontraron varias bolsas conteniendo restos patológicos, gasas y algodones con sangre, vías de suero, guantes, apósito, jeringas y pañales de adultos, residuos orgánicos originados en quirófanos, residuos provenientes de cultivos de laboratorio, así como también restos de animales producto de la investigación médica y agentes quimioterápicos.

LC con información de agencia NA

Una nueva decisión judicial volvió a frenar las obras para reconvertir en un centro de reciclado el mayor basural a cielo abierto del país. Se trata de “La Quema”, un espacio de 13 hectáreas en las afueras de Luján que tiene 50 años de antigüedad y en el que se tiran 100 toneladas diarias de residuos.

Esta vez fue el juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien hizo lugar a una cautelar presentada por dos organizaciones civiles que acompañan el reclamo del empresario Carlos Aníbal Reyes Terrabusi y su esposa, Viviana Karina Novelle, dueños de La Picaza Polo Club, un haras que está en Open Door, cerca del basural.

En concreto, lo que ordenó el juez fue frenar las obras en la vieja estación ferroviaria de Sucre, donde se estaba construyendo el centro de reciclaje. Además, ordenó todos los residuos deben desecharse en un sitio “un sitio alternativo, ambiental y legalmente apto para su recepción y tratamiento”, según consignó el portal de noticias de Luján, Ladran Sancho.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya invirtió más de 10 millones de dólares para la creación del centro de reciclado que reemplazará a La Quema, que es supervisado por el Municipio de Luján y el Ministerio de Ambiente de la Nación y que lleva adelante EVASA, la empresa adjudicataria de la obra.

Las obras avanzaban con rapidez, pero en los últimos días los trabajos volvieron a ser amenazados por la continuidad de un litigio que iniciaron Reyes Terrabussi y Novelle cuando a fines del año pasado lograron que el juez federal Luis Armella dictara una medida cautelar que ordenaba la paralización de la obra. Finalmente, el magistrado se declaró incompetente y la causa pasó a Mercedes.

Este vertedero a cielo abierto es considerado el más grande de todo el país. Funciona hace más de 50 años, y en sus más de 13 hectáreas se depositan 100 toneladas diarias de basura cuyo único tratamiento viene del trabajo de decenas de trabajadores informales.

Para justificar su decisión, el juez de Mercedes argumentó que las obras debían paralizarse “ante la necesidad de prevenir e impedir la producción de un daño ambiental de incidencia colectiva, o que se continúe o se agrave la degradación del ambiente”.

En su presentación, Reyes Terrabusi y Novelle consiguieron el apoyo del abogado Emiliano Ezcurra Estrada, exvicepresidente de la Administración de Parques Nacionales durante la administración de Mauricio Macri y exmiembro de Greenpeace.

LC

La Cámara Federal de La Plata ratificó una medida cautelar contra la ejecución de una obra de ampliación de un basurero a cielo abierto en la localidad bonaerense de Luján, pero advirtió que el expediente judicial deberá tramitar ante un juzgado de esa jurisdicción y no ante la Justicia Federal de Quilmes.

La Sala de Feria de la Cámara se pronunció así en el marco de una acción de amparo impulsada por la Asociación Civil Nuevo Ambiente y Banco de Bosques, “actuando en representación de los intereses colectivos ambientales, junto con un grupo de más de 40 vecinos, residentes o titulares de actividades en el partido de Luján”.

El reclamo apunta a “hacer cesar las acciones y omisiones de la empresa E.V.A. S.A., el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, el Municipio de Luján y la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que amenazan con mantener y agravar la contaminación derivada del Basural a Cielo Abierto de Luján”.

Ese agravamiento, según la denuncia, se produciría “a través de la ejecución del Proyecto de ´Contratación del Diseño, Construcción, Operación del Centro Ambiental Luján y Saneamiento´ adjudicado a EVASA, que detenta –a su juicio- gravísimas irregularidades que determinan su inviabilidad ambiental”.

Además, añade la demanda, “amenaza con extender la contaminación más allá del sitio de emplazamiento”.

Los camaristas César Álvarez y Karina Yabor ratificaron la medida cautelar que frenó la ejecución del proyecto dictada por el juez federal de Quilmes Luis Armella, pero advirtieron que “el lugar donde se encuentra instalado el basural objeto de saneamiento como así́ también el predio en el que se emplazarían las nuevas obras (Predio Sucre) se encuentra en el ámbito territorial del Partido de Luján”.

“Esto es, fuera de la órbita territorial de competencia de este Juzgado Federal de Quilmes”, añadieron, al advertir que el amparo deberá tramitar en un juzgado federal de la localidad bonaerense de Mercedes.

“Los demandantes se presentan como vecinos afincados en Luján o propietarios de inmuebles de la zona. Por otro, la obra cuya realización cuestionan se encuentra ubicada en dicha localidad.

Finalmente, los denunciados perjuicios al medio ambiente tendrían origen y los efectos inmediatos allí“, explica el fallo.

“Este cuadro permite sostener fuera de toda duda que es el juez más cercano a ese lugar el que está en mejores condiciones de entender en el conflicto planteado”, resumieron los camaristas.

Con información de NA.

IG

Un juez de Quilmes ordenó frenar las obras de reconversión del basural de Luján, el más grande a cielo abierto de los 5000 que hay en todo el país. Hace dos meses se iniciaron los trabajos para el cierre definitivo del basural y la construcción de una planta de separación y tratamiento de residuos y un centro de disposición final. Se trata de un espacio de 13 hectáreas en las afueras de Luján que tiene 50 años de antigüedad y en el que se tiran 100 toneladas diarias de residuos. Fuentes del juzgado sostienen que la competencia fue apelada por lo que el fallo aún no está vigente.

El fallo del juez federal Luis Armella dispone la suspensión de las obras hasta que se realice un estudio de impacto ambiental y le da lugar a una cautelar presentada por dos organizaciones civiles que acompañan el reclamo del empresario Carlos Aníbal Reyes Terrabusi y su esposa, Viviana Karina Novelle, dueños de La Picaza Polo Club, un haras que está en Open Door, cerca del basural. Esta tarde, la Federación de Cartoneros junto a vecinos y vecinas de Luján se movilizaron hacia el juzgado para rechazar la medida judicial. Además, desde el Ministerio de Ambiente de Nación indicaron que se todos los estudios fueron presentados y que pedirán la revocatoria de la cautelar.

El fallo firmado el 6 de diciembre se conoció ayer y prohíbe realizar “cualquier modificación en la situación del predio, el inicio de   obras, trabajos preparatorios comprendidos en el proyecto detallado por los actores o cualquier alteración material”. Además, indica que se debe realizar un  Estudio de Impacto Ambiental a cargo de la Universidad de Buenos Aires. Desde el Ministerio de Ambiente indicaron que los estudios están hechos y calificaron la decisión como “una aberración” e indicaron que el juez Armella “no tiene ninguna vinculación geográfica, ni con la temática”. 

Fuentes del juzgado federal le indicaron a elDiarioAR que el fallo no está ejecutable porque fue apelado por la parte actora, que objetó la competencia. Si bien el predio está en Luján, los demandantes se presentaron en Quilmes, donde tiene domicilio EVA S.A. Previamente, Terrabusi había presentado una medida cautelar para evitar el emplazamiento de la planta de transferencia, pero fue rechazada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1. Armella rechazó la competencia pero hizo lugar a la cautelar y dictó la suspensión de las obras. En su escrito, el juez ordenó remitirlo al juzgado de Mercedes. Para eso se basó en el artículo 196 del Código Civil y Comercial, en el artículo 32 de la Ley 25.675 ( que indica que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie) y el artículo 2 de la Ley 26.854 ( que habilita a un juez que no es competente a intervenir en cuestiones de derecho de naturaleza ambiental). 

El viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, criticó la medida y aclaró que se hicieron todos los estudios. “Todo está presentado. En caso contrario, jamás se hubiese obtenido la declaración de impacto ambiental que se exige para iniciar una obra ni el BID hubiera dado su conformidad. El juez dio una cautelar sin chequear que todo lo que exige ha sido realizado”, le dijo el funcionario a este diario. Federovisky indicó que hoy se presentaron los estudios donde se muestra que “la obra está perfectamente en orden y que el proceso licitatorio fue avalado por el BID por su pertinencia ambiental y social” y dijo que pedirán la revocatoria de la cautelar para que continúen las obras. 

El proyecto

El proyecto de reconversión se da en el marco del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, tiene financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y lleva una inversión de 10.731.820 dólares. La medida en la que están involucrados los gobiernos municipal, provincial y nacional prevé recuperar el 40% de la basura que se vierte en ese lugar, un porcentaje que actualmente está en el 7%. La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) también rechazó la medida y se movilizó hasta los tribunales de Quilmes junto a organizaciones sociales y vecinos de Luján.  “Repudiamos el fallo que intentó frenar las obras de un gran proyecto que busca mejorar la vida de los y las trabajadoras, vecinos y vecinas de la ciudad de Luján”, expresaron en un comunicado. Además, informaron que un secretario del juzgado los recibió y les dijo que la obra continuará.  

En el comunicado, la FACCyR criticó fuertemente al juez y a los denunciantes. “Detrás de la cautelar sancionada por este juez corrupto, está la familia Novelle de Terrabusi aliada a una ONG liderada por Emiliano Ezcurra Estrada, exfuncionario macrista que encontró un Juez acorde al trabajo sucio por hacer”, sostuvieron y recordaron que “Armella tuvo a su cargo la causa por el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, de la cual fue removido acusado de corrupción y manejos irregulares”. La cautelar fue presentada por la Asociación Civil “Nuevo Ambiente”, representada por el presidente Maximiliano   Gabriel   Heredia y por la Fundación Banco   de Bosques“, representada por Emiliano Ezcurra Estrada. Se trata de una medida colectiva contra la empresa constructora EVA S.A, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, la Municipalidad de Luján y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Sin embargo, esta tarde, el apoderado de la Fundación Banco de Bosques informó al juzgado que desiste de la acción de amparo.

CDB

En el 2022 murieron cinco personas en basurales de todo el país. Eran trabajadores informales que fallecieron aplastados por camiones o máquinas en las provincias de Entre Ríos, Salta y Buenos Aires. Ante el aumento de la pobreza, en los últimos meses creció la cantidad de gente que revuelve en la basura para vender el material reciclable o para consumo propio. Adultos y también niños, familias enteras se acercan. El caso de Sebastián Barreto, el nene de 8 años que murió atropellado por un camión en Paraná, es el extremo más doloroso de una situación que se repite.

Según un registro del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), en lo que va de este año se contabilizaron cinco muertes, algunas por aplastamiento. Se trata de Sebastián Barreto, Facundo Velas, Roque Zaragoza, Alejandro Durán y otra persona que no pudo ser identificada. Ninguno supera los 40 años. Todos hacían changas en el basural o en las zonas linderas. “En las crisis sociales se agranda el número de gente que va a trabajar a la basura”, explicó desde La Matanza, Matías Capoblanco de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores. “Los carreros, botelleros y chatarreros aumentaron porque cierran el trabajo formal y a la gente no le queda  otra más que sumarse a la economía popular. Lo más fácil es llegar al reciclado porque vendes tu fuerza de laburo yendo a un lugar donde te compran el material, te alquilan el carro, el bolsón y vos salis a laburar”, describió en diálogo con el DiarioAR.

La mayoría son hombres jóvenes, pero también hay mujeres con hijos. “Al basural va tu hijo, tu hija, tu tío, son bloques de gente. El día a día es muy difícil y llevar a la familia te aliviana el laburo. Son trabajadores que se crearon a través de la crisis social después de cuatro años de un mal gobierno, más una pandemia y, ahora, con otro gobierno que no tiene buenas políticas para este sector”, agregó Capoblanco. Según los datos del INDEC del primer semestre de 2022, el 36,5% de las personas en Argentina son pobres. Además, el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA publicado la semana pasada, indica que en el país hay 17 millones de personas pobres (43,1%), mientras que 8,5 millones están bajo la línea de indigencia. 

En febrero de este año, Alejandro Durán murió aplastado por un camión compactador mientras trabajaba en el basural de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Tenía 37 años. Un mes después, en marzo, otra persona de la que no se sabe su nombre falleció de la misma manera en el basural San Javier de la ciudad de Salta. En agosto, pasó lo mismo con Roque ‘Chichilo’ Zaragoza en “El Campo del Abasto”, Concordia, Entre Ríos. Trabajaba sobre la basura, entre el humo y el polvillo cuando lo embistió un camión volcador, tenía 22. En octubre, también en el basural salteño murió Facundo Velas aplastado por una máquina con la que se entierra residuos. Tenía 21. En noviembre, Sebastián Barreto se colgó de un camión que llegaba a “El Vertedero”, en Paraná, pero cayó y murió aplastado. Era domingo al anochecer y juntaba comida con su familia, tenía 8 años. 

Al basural va tu hijo, tu hija, tu tío, son bloques de gente. El día a día es muy difícil y llevar a la familia te aliviana el laburo"

Matías Capoblanco — Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores

Es una cifra que supera ampliamente la de 2021, cuando se contabilizó una muerte. Según el  registro del MTE, en 2019 fallecieron otras dos personas y en el 2018, una. Si bien no hay cifras exactas sobre las personas que trabajan con la basura, desde Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores estiman que hay alrededor de 200.000 en todo el país y que solo el 10% está organizado. “Nos damos cuenta que hay una crisis porque hay cada vez más compañeros que se unen a la economía popular”, indicaron. 

En Luján, dónde está el basural a cielo abierto más grande del país, la cantidad de gente que cirujea aumentó en los últimos meses. “Hay un número que oscila entre 100 y 180 personas, aumenta y baja según la economía. Siempre fue así, con las crisis se agudiza y hay gente de noche y de día. Personas que han trabajado toda la vida y hay otras que,  según las circunstancias de la economía, vienen. O porque se quedan sin trabajo o para completar porque no les alcanza.  Hay albañiles que después vuelven a su trabajo”, sostuvo Sergio Almada, vecino del basural y referente de la lucha para reconvertir el lugar. Según los registros de la municipalidad de la ciudad, durante la pandemia se duplicó la cantidad de gente y se alcanzó un pico de 163 personas que llegaron ante la falta de trabajo.

Las estimaciones oficiales indican que en el país se generan 50 mil toneladas diarias de residuos y gran parte se traslada a los basurales a cielo abierto, que son 5000 en todo el país. Son lugares donde predomina la informalidad y las condiciones de seguridad laborales son irrisorias. Personas expuestas al sol, a la lluvia, sin agua, baños ni elementos de protección. 

Desde la Federación de Cartoneros piden la sanción de la “Ley de Gestión Integral de Envases, Responsabilidad Extendida del Productor, e Inclusión de Trabajadoras y Trabajadores Recicladores”  impulsada por el Poder Ejecutivo. Se trata de una normativa que sostiene que el productor que ingresa el envase en el circuito de consumo tiene una responsabilidad social extendida por lo que debe pagar una tasa ambiental o presentar un sistema de tratamiento propio. Con la recaudación se crea un fideicomiso para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases y promover la inclusión de las y los recicladores. 

Desde el Ministerio de Ambiente impulsan la normativa que está ahora en la Cámara de Diputados. Además, indicaron que trabajan en la reconversión de  basurales a cielo abierto y la construcción de ocho centros ambientales en Formosa, Concordia, Villa María, Mendoza, Quilmes, Moreno, Chascomús y Luján. El viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, habló con elDiarioAR y sostuvo que además del impacto ambiental, trabajan en la inclusión de los trabajadores de la basura. “Todos contienen una dimensión social muy profunda que determina una mejora cualitativa tremenda respecto de la calidad bajísima de la cual trabajan hoy los recuperadores. Establece la dignificación del trabajo y la contratación, van a ser contratados directamente a través de una cooperativa. Pero también la infraestructura está pensada para dignificar el trabajo: una planta que está en el 100% de actividad bajo techo y diversas construcciones adicionales, entre ellas las guarderías para los hijos”, afirmó.

“Somos invisibles”, se quejó Capoblanco. “La gente que trabaja adentro de un basural es inexistente para todos porque cuando una persona tira la basura, ya se olvida. No tiene identificado a donde fue su basura, cuanto tiempo va a contaminar. Somos invisibles”, cerró.

CDB/ MG

“Chicha” tenía 8 años, su nombre era Víctor Sebastián Barreto, y como tantos otros nenes y nenas que viven en el Barrio San Martín de Paraná, esperaba la hora en que llegan los camiones para descargar la basura en “El Volcadero”, como se conoce popularmente a esta zona de la ciudad. El domingo pasado cerca de las 8 de la noche, Chicha salió detrás de uno de los camiones recolectores de basura que estaba ingresando, se colgó de un costado, perdió estabilidad, cayó y fue arrollado por el vehículo.

Lo que para “Chicha” era como un juego, no es otra cosa que una forma más de supervivencia de familias enteras que recogen allí cosas que pueden servir para reciclar, para vender, o para alimentarse.  

¿Quién tiene la culpa? Nadie y todos. La pobreza es un problema estructural. El barrio San Martín hace décadas que es una de las zonas más vulnerables en donde se concentra la pobreza, en los márgenes de la ciudad. Situado a unos seis kilómetros de la plaza principal, “El Volcadero” es el corazón del barrio y es el área donde se depositan unas 300 toneladas de basura que a diario sirve de fuente de ingresos para aproximadamente unas 300 familias del lugar, muchas de ellas integradas al programa de recicladores, que juntan metal, vidrio, plástico, cartón y cobre para vender en centros de acopio, y buscan así una salida laboral.

Un reflejo 

“El caso de Chicha, no es solamente él. Es el reflejo de muchos gurises” dice consternada Anabella Albornoz, referente de la organización Suma de Voluntades, que conoce la realidad del Barrio San Martín, uno de los lugares donde la ONG brinda acompañamiento. “Lamentablemente él pagó con su vida; es una tragedia para su familia, para el chofer del camión, pero no es la única vez, los chicos están en peligro porque suelen jugar o estar cerca de los camiones”, agrega.

“Hoy Chicha está en todos los programas, todos el mundo quiere hablar del tema, pero ¿y el resto del tiempo? ¿Y los tantos otros que se han perdido en el camino por la droga que está haciendo estragos?” se pregunta Anabella para reseñar el problema estructural que hace décadas se cierne sobre estos barrios y que se ha cobrado la vida de otros chicos, y donde no es ajena la problemática de las adicciones, la pobreza y  la vulnerabilidad. “La salida es la integración, ese es el camino”.

Según la última Encuesta Permanente de Hogares, el área Gran Paraná, tiene un 27 por ciento de hogares bajo línea de pobreza,  un 35,3 por ciento de personas en esta situación y un 7.3 bajo línea de indigencia.

El barrio San Martín, está a 6 km del centro de la ciudad. En el lugar se encuentra la Planta de Residuos Urbanos. Allí viven unas 300 familias, muchas de las cuales vive de la gestión de los residuos. 

Las respuestas sociales que desde organizaciones sociales como Suma de Voluntades -que trabaja en el barrio con la intención que las vecinas y vecinos puedan salir de la situación de vulnerabilidad con sus propios esfuerzos- vienen realizando desde hace años no alcanza a dar una respuesta integral al problema, como tampoco son suficientes las limitadas intervenciones del Estado a través de programas asistenciales.

“Estamos muy consternados. La situación es compleja en el barrio y sentimos que no llegamos a tiempo, que hay cosas que no pudimos cambiar” dice Albornoz. “Estamos muy limitados por falta de las herramientas necesarias, el voluntariado tiene un límite. No queremos hablar desde la bronca, ni desde la indignación, ni buscar culpables, simplemente queremos que este sea un momento de reflexión y un llamamiento porque el objetivo es claro, todos queremos cuidar a la niñez, pero tenemos que ver la manera de poder construir juntos un presente y un futuro mejor para los gurises”.

Anabella habla de la responsabilidad que tiene toda la comunidad y fundamentalmente el Estado, porque “es el único capaz de traccionar para trabajar coordinadamente en una política pública”. Y aclara que “el primer paso es no juzgar, sobre todo en momentos de tanto dolor para la familia, porque no estamos en los zapatos del otro. No vivimos y no transitamos el dolor del otro. A veces crecer en un barrio carente de los servicios básicos y con un montón de otras problemáticas, no es fácil, porque se empieza todos los días de nuevo”. Para Albornoz, para poder destrabar esta complejidad es necesario el acompañamiento, sobre todo del Estado. “Mientras más presencia haya, más se le gana a la adversidad” apunta y señala que no es lo mismo tener equipamiento urbano a que no lo haya, que se cuente con una cancha a que los chicos no tengan espacio para jugar.

Otro punto, dice Albornoz, es atender un viejo reclamo de los vecinos: la falta de cierres de contención para delimitar áreas donde maniobran vehículos y máquinarias que ponen en mayor riesgo a las personas que viven o trabajan ahí.

De ninguna manera, un chico de 8 años, un día domingo, en la oscuridad tiene que estar en ningún lugar solo”.

Adán Bahl — Intendente de Paraná

Por su parte el intendente de Paraná, Adán Bahl, se refirió recién el martes al ser consultado periodísticamente, sobre lo sucedido el domingo anterior. “Vamos a seguir trabajando en seguridad, pero quiero que quede muy claro que como Municipio nunca vamos a sustituir las responsabilidades de los padres en cuidar a los chicos. De ninguna manera, un chico de 8 años, un día domingo, en la oscuridad tiene que estar en ningún lugar solo”. 

El intendente reprochó que no cause indignación social el cobro del Plan Potenciar  por parte de quienes no son los reales destinatarios. “También están los vivos que se aprovecharon de esta herramienta. Como sociedad, ¿no decimos nada de esos 250 mil vivos que se aprovecharon de una herramienta para los más pobres? En este caso lo mismo, venimos trabajando, esto fue un accidente que le arruinó la vida a la familia de Víctor Sebastián pero también le arruina la vida a nuestro chofer que estaba trabajando, llevando la basura a un lugar que está programado para hacerlo de esta manera”.

Respecto al reclamo por parte de los vecinos de establecer un muro de contención, Bahl insistió en la responsabilidad parental y manifestó no saber si “cerrarlo o amurallarlo de una manera física puede llegar a resolver y sustituir la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, los padres con nuestros hijos”.

SM/MG