En el inicio de una audiencia clave por la Causa Cuadernos, el empresario Armando Roberto Loson, titular del Grupo Albanesi, fue punta de lanza de la estrategia de varios imnplicados y formalizó una oferta de $181.236.691,18 como “reparación integral” para extinguir la acción penal en su contra y evitar así el juicio oral. A pesar de haber sido uno de los primeros en acogerse a la figura del “imputado colaborador”, Loson se declaró inocente de los hechos que se le imputan y sostuvo que no reconoce “ninguna responsabilidad ni culpabilidad penal”.

La propuesta de Loson se suma a la de otros 40 empresarios que este viernes, en una audiencia vía Zoom ante el Tribunal Oral Federal 7, buscan eludir el juicio que comenzará el 6 de noviembre contra Cristina Kirchner y otros 73 imputados. Según el periodista Hernán Cappiello de La Nación, la estrategia busca “extinguir la acción penal”. 

Esta movida legal, aunque no implica una admisión de culpa, busca cerrar la causa para los empresarios antes del inicio del juicio, ofreciendo una suma total que roza los US$8 millones.

Loson: de arrepentido a declararse inocente

La situación de Armando Loson es una de las más llamativas. Su defensa basó el monto de la oferta en el requerimiento fiscal de elevación a juicio, que estimaba entre $200.000 y $300.000 por cada uno de los diez hechos de cohecho que se le imputan, actualizando esa suma con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Pese a que su confesión como arrepentido fue una de las primeras y más resonantes, y ahora es considerada como prueba por el tribunal, en su presentación para la “reparación integral” Loson cambió radicalmente su postura y se declaró inocente. Esta estrategia busca evitar una condena que le impediría seguir contratando con el Estado, pero al mismo tiempo intenta cerrar la causa penal.

Se suman otros

A Armarndo Loson, ya se le sumaron en el transcurso de la jornada Hugo Alberto Dragonetti (presidente de la constructora Panedile), quien propuso pagar $1.421.195.500 (US$983.526), equivalente a los embargos que pesan sobre él, actualizados por intereses del Banco Nación, de acuerdo a lo que informa Infobae. Además, se comprometió a asistir a cursos de compliance y ética empresarial y declaró que los pagos que hizo en su momento fueron “aportes” al Partido Justicialista, además de verse “obligado” a entregar dinero al financista Ernesto Clarens (de Inverness) para liberar pagos de Vialidad.

Además, Benjamín Gabriel Romero (dueño del holding Emepa, de la firma Ferrovías y ligado a la Hidrovía, y de Cabañas Don Benjamín), ofreció $510.298.166 (equivalentes a US$353.147). Como arrepentido, admitió haber pagado US$600.000 en coimas para renovar la concesión de la Hidrovía y “retornos” de hasta US$500.000 anuales para mantener contratos ferroviarios.

El monto de $510.298.166 que ofreció Romero corresponde a la cifra embargada en su contra ($100.000.000 al confirmar su procesamiento en diciembre de 2018), actualizado por la Tasa Activa del Banco Nación.

Yates y casas

A lo largo de la audiencia virtual que comenzó más de una hora después de lo previsto, pasadas las 10 de este viernes, el Tribunal Oral Federal 7 escuchaba las propuestas, entre ellas la de la defensa del financista arrepentido Ernesto Clarens, quien ofreció un departamento y un yate en Miami valuados en un millón y medio de dólares que ya están embargados en la causa.

Otros empresarios que piden la extinción de la acción penal por reparación ofrecen los embargos que tienen dictados en la causa actualizados, por ejemplo 732 millones de pesos en el caso de Mario Rovella u 826 millones de pesos por parte de Julio Paolini, mientras que también, ratificaron sus ofrecimientos Aldo Roggio, Alberto Taselli y Ángelo Calcaterra, además de los mencionados Loson, Romero y Dragonetti.

Entre los argumentos, los abogados aludieron a los años que podría durar un juicio donde ya se convocó a 622 testigos, con audiencias una vez por semana y múltiples acusaciones.

Al ratificar que sus clientes “se saben inocentes”, pero necesitan resolver el tema para poder seguir adelante con sus empresas y con sus vidas ante la “condena natural” que se les impuso en la causaCuadernos todos ratificaron los ofrecimientos de reparación.

El primero en hablar fue el abogado que tuvo la iniciativa de concretar el planteo al que se fueron sumando otros defensores y se trata del letrado Ricardo Saint Jean, defensor de Roberto Orazi.

El letrado recordó que el sistema judicial argentino tuvo megacausas que “generaron tanta expectativa” y “han terminado todas sin respuesta ni para la sociedad ni para los que fueron imputados” y señaló a “la mafia del oro, la aduana paralela, el contrabando de armas a Croacia y Ecuador”, entre otras.

“Es la perspectiva que vemos en este proceso”, advirtió y ratificó que sus clientes son inocentes, pero “llevan seis años de penas naturales, sancionados por el compliance del sistema financiero, han sufrido publicación de sus nombres”.

Otro abogado, Luciano Pauls, advirtió que el futuro juicio podría durar “entre 10 y 20 años” porque es una causa que “claramente colapsa al tribunal” y cuestionó además el costo.

“¿Cuánto cuesta este juicio por mes? ¿Cuántos jueces, secretarios, prosecretarios? Cuesta 50 mil dólares por mes”, dijo de manera aproximada.

A la audiencia asistía además el procesado ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y los ex funcionarios Claudio Uberti y Juan Manuel Abal Medina.

La audiencia y el debate judicial

La propuesta de los empresarios, que no implica una admisión de culpabilidad, será analizada por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. Sin embargo, enfrenta dos obstáculos importantes:

La audiencia de este viernes será crucial para definir si una parte significativa de la trama empresarial de la Causa Cuadernos se resuelve con un acuerdo económico o si los empresarios deberán sentarse en el banquillo de los acusados junto a Cristina Kirchner y los exfuncionarios.

Quién es quién en la Causa Cuadernos

La lista completa de los 25 arrepentidos admitidos como prueba

El tribunal incorporó los legajos completos de 25 imputados colaboradores, cuyas confesiones ahora forman parte del juicio. La lista incluye a:

Con información de NA.

IG

La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reiteró ante la Corte Suprema de Justicia su reclamo para declarar la nulidad de la causa “Cuadernos”, y pidió sumar al análisis de ese planteo copias de las pericias que determinaron supuestas alteraciones en los escritos del remisero Oscar Centeno.

El escrito fue presentado ante el máximo tribunal, donde ya se tramita un recurso de queja de la defensa de la expresidenta vinculado a la validez de los actos que dieron inicio a la investigación.

Los abogados defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy solicitaron que “para mejor proveer” y antes de resolver “se oficie al juzgado” que lleva esa causa “a efectos de que remita copia de los estudios periciales”, según surge del texto.

La defensa de Fernández de Kirchner aludió a la presencia de un “nuevo hecho”, en relación a estas pericias que detectaron presuntas alteraciones, tachaduras y sobreescrituras en base a copias de los cuadernos manuscritos atribuidos al exchofer del exfuncionario del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.

“Más allá de las medidas que corresponda adoptar respecto a los responsables de estos gravísimos episodios”, los letrados de la vicepresidenta procesada en la causa solicitaron “respetuosamente” a la Corte que le solicite al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi una copia de esas pericias.

Se trata de pericias que el magistrado ordenó en el marco de la causa que investiga la denuncia de un empresario imputado en el caso, Armando Losón, sobre supuestas alteraciones, tachaduras y sobreescrituras a los cuadernos atribuidos a Centeno.

Además, la defensa de la exmandataria pidió medidas al respecto al Tribunal Oral Federal (TOF) nº7, que tiene a cargo la preparación del juicio todavía sin fecha de inicio.

Beraldi y Llernovoy recordaron el resultado de esas pericias publicado en “distintos medios periodísticos”, y en concreto se trata de “dos estudios periciales” (uno realizado por expertos de la Policía Federal Argentina y el otro por especialistas de la Universidad de Buenos Aires) referidos a los presuntos “cuadernos” (fotocopias) que fueron utilizados para dar inicio a estas actuaciones.

“Concretamente, la experticia practicada por la División Scopometría de la Policía Científica de la Policía Federal Argentina determinó que Jorge Bacigalupo (amigo de Centeno) efectuó correcciones y sobre-inscripciones”, detalló el texto. Bacigalupo, imputado en la causa que lleva Martínez De Giorgi, habría modificado “nombres y fechas allí consignados”.

“Por su parte, el estudio elaborado por expertos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires estableció que en la confección de los 'cuadernos' peritados intervinieron distintas personas y que el lenguaje utilizado en muchos de sus pasajes no se corresponde con el propio de Centeno”, agregaron los abogados. Esto “evidencia que tales tramos fueron dictados por terceros”, analizaron.

“A todo ello se le suma una experticia privada realizada a requerimiento del empresario Armando Losón, también incorporada al mismo proceso judicial, la cual con carácter previo había determinado la existencia de aproximadamente 1600 alteraciones de texto en las inscripciones de los 'cuadernos'”, sumaron.

La defensa de la vicepresidenta recordó que en el recurso de queja que tramita ante la Corte “justamente se debate la validez de los actos que dieron origen a este proceso”.

“A todo evento, cabe recordar que según inveterada jurisprudencia de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, los recursos deben ser resueltos a partir de las circunstancias corroboradas al momento de fallar”, mencionaron y remaron que esto “ratifica la procedencia y la pertinencia de la presente solicitud”.

LC con información de agencia Télam

Una pericia oficial que demostraría adulteraciones en la escritura de los cuadernos de Oscar Centeno, chofer del entonces funcionario Roberto Baratta, volvió a poner la causa de los Cuadernos de la presunta corrupción en la obra pública en la agenda judicial. 

Mientras en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, se esperan novedades en la causa Hotesur-Los Sauces, en julio último, un informe elaborado por expertos caligráficos de la Policía Federal Argentina (PFA) confirmó que al menos tres de los ochos cuadernos de Centeno tienen anotaciones y correcciones hechas por su amigo ex policía Jorge Bacigalupo, el hombre que entregó el material que luego terminaría en la Justicia, motorizando uno de los expedientes centrales sobre presunta corrupción durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. 

El peritaje caligráfico no fue realizado en la causa de los cuadernos sino en un expediente paralelo, iniciado por uno de los empresarios acusados de pagar sobornos a los Kirchner: Armando Losón, del Grupo Albanesi. 

La presunta adulteración de los cuadernos, ya tiene al menos repercusiones mediáticas y judiciales, como publicaron Clarín y Página/12 en los últimos días. Si bien las alteraciones registradas por los expertos caligráficos complican penalmente al testigo Bacigalupo, se trataría, hasta el momento, de alteraciones en tres de los ocho cuadernos y que no harían a lo importante de la prueba, según surge del informe oficial al que accedió elDiarioAR. 

Sin embargo, es una carta para las defensas. Uno de los abogados de Losón, Mariano Cuneo Libarona, solicitó al Tribunal Oral Federal número 7, que debe realizar el juicio oral y público por los cuadernos, que ordene una pericia caligráfica oficial sobre los ocho cuadernos de Centeno. El tribunal tiene en su poder seis cuadernos originales y dos en fotocopia. La pericia caligráfica se realizó hasta el momento sólo sobre fotocopias de los cuadernos 4, 7 y 8, correspondientes a los años 2008-2009, 2013 y 2015.

Aún así, los testimonios de los empresarios que declararon como imputados colaboradores o arrepentidos es prueba central en la causa y sigue en pie. Además, fueron validados por el voto de la mayoría en la Sala I de la Cámara Federal de Casación. 

El juicio y causa paralela

El caso de los Cuadernos se da en dos frentes simultáneos: el de los medios y el de los tribunales. La causa central y un segundo capítulo atraviesan el proceso previo al juicio oral y público pero este aún no tiene fecha de inicio. El TOF 7 ya culminó la etapa en la que las partes -fiscalía y defensas- deben presentar pruebas complementarias para ser analizadas en el juicio. Ahora resta que los jueces decidan cuáles de las pruebas propuestas por las partes se realizarán. 

Por los cuadernos, fueron detenidos decenas de empresarios y exfuncionarios a partir de agosto de 2018, cuando el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli estaban a cargo del expediente. Por primera vez, desfilaron en indagatoria, y en algunos casos prisión, los empresarios y CEOs más importantes de la obra pública y el transporte del país.

Mientras tanto, en el expediente iniciado por Losón, la Justicia intenta dilucidar que llevó al expolicía Bacigalupo a corregir y alterar palabras en los cuadernos que su amigo Centeno le había confiado para guardarlos y en el que registró los supuestos pagos ilegales de empresarios al entonces funcionario Baratta entre 2008 y 2015. 

El juez a cargo de investigar la supuesta adulteración de los cuadernos es Marcelo Martínez de Giorgi y sólo se centra en tres cuadernos, aquellos en los que aparece mencionado el empresario Losón, que inició esta causa paralela para defenderse de las acusaciones en su contra en el expediente Cuadernos. 

Martínez de Giorgi dispuso la extracción forense de información de los dispositivos móviles y electrónicos secuestrados en la casa de Bacigalupo en marzo pasado, cuando fue allanado en busca de manuscritos que permitieran comparar su letra con la de las correcciones detectadas en los cuadernos en una pericia anterior, informó la agencia estatal Télam. Las consecuencias para el expolicía podría implicar un procesamiento por adulteración de documento público, aunque en rigor los cuadernos eran privados.

La pericia oficial

Los cuadernos de Centeno son ocho, pero en el tribunal de juicio sólo hay seis originales, que aparecieron cuando el ex chofer los entregó en octubre de 2019, 14 meses después de su arresto y declaración como arrepentido. Al principio de la causa había dicho que los había quemado.

Entre las modificaciones se detectó la letra de Bacigalupo en correcciones realizadas en 2008, en una referencia al “Ingeniero Ferreyra”, por el empresario Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, uno de los privados que irá a juicio y de los pocos que se negó a declarar como arrepentido o imputado colaborador. También en las anotaciones “Armando” -por Losón-, “Alem 855” -por una de las direcciones que habría visitado Baratta para el cobro de dinero ilegal-, “X55”, las últimas tres de 2013.

La defensa de Losón busca que en el análisis de los ocho cuadernos en poder del TOF se pueda determinar más información sobre las reescrituras y aclaraciones presuntamente realizadas por Bacigalupo, especialmente cuándo se hicieron las correcciones y por qué. Los abogados de Losón creen que las modificaciones son previas al ingreso del material a la causa penal y a la entrega al periodista Diego Cabot, de La Nación, quien recibió el material de parte de Bacigalupo.

¿Por qué sólo la defensa de Losón presentó este pedido? Una fuente bien entendida cree que muchos empresarios preferirán firmar un juicio abreviado, evitar la cárcel, antes que discutir su inocencia ante el tribunal.

¿Quién o quiénes eran los destinatarios de los cuadernos? En el entorno de Baratta sostienen que se escribieron en 2016, años después de los hechos redactados y que el objetivo era extorsionar por dinero al exfuncionario, lo que no se concretó. Centeno nunca reconoció la sospecha. La defensa de Baratta, a cargo de Alejandro Rúa, también solicitó al TOF 7 que antes de iniciar el juicio de los Cuadernos ordene pericias caligráficas a los seis cuadernos originales en papel que el tribunal guarda bajo siete llaves. 

Una jueza de Hotesur-Los Sauces y Cuadernos

Mientras la Cámara Federal de Casación todavía debe decidir si la expresidenta y sus hijos Máximo y Florencia afrontar un juicio oral y público por otro caso de presunto lavado de dinero, Hotesur-Los Sauces, Fernández de Kirchner debe juntar los votos en el Senado para que antes de este 9 de agosto se renueve el pliego de la magistrada Ana María Figueroa, presidenta de la Casación y una de los tres jueces que deberán revisar también el caso Cuadernos cuando llegue la hora de definir el destino de este juicio pendiente. 

La jueza Figueroa cumplirá 75 años este miércoles y solicitó a través del trámite habitual la renovación de su pliego ante el Senado. Sin embargo, de no contar con el aval de la mayoría de los senadores, Figueroa se jubilará, informaron cerca de la magistrada a elDiarioAR. 

La magistrada tiene un rol clave en la causa sobre los negocios hoteleros e inmobiliarios de los Kirchner pero también tuvo y tendrá un rol clave en la revisión de la eventual sentencia en el futuro juicio oral y público del caso Cuadernos, expediente en el que ya se pronunció a favor de la defensa de CFK, que cuestionan la validez de las declaraciones de los empresarios arrepentidos.

Fernández de Kirchner no tuvo hasta el momento los votos necesarios en la cámara alta para extender a Figueroa en el cargo. Esta semana, sería la fecha límite.

ED

En el camino hacia el juicio oral y público, los jueces del Tribunal Oral Federal número 7 deberán analizar si ordenan la primera pericia caligráfica oficial sobre los cuadernos escritos por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, en los que registró reuniones entre el ex funcionario kirchnerista y empresarios para el cobro de dinero ilegal entre 2005 y 2015. Así lo solicitaron algunas de las defensas de los imputados durante la etapa de ofrecimiento de prueba que finalizó en las últimas semanas.

Las expectativas, explicaron tres abogados defensores consultados por elDiarioAR, están puestas en que el tribunal ordene una pericia sobre los seis originales en papel para determinar dos puntos centrales: en qué fechas se escribieron los cuadernos; y quién sería el segundo escribiente que realizó modificaciones, una novedad que reveló una pericia realizada en otro expediente por peritos de la Policía Federal Argentina (PFA). Hay otra pista que queda pendiente: qué leyendas, nombres o direcciones se corrigieron con liquid paper y por qué.

Algunas de las defensas, como la de los exfuncionarios Julio De Vido y Roberto Baratta, vienen solicitando la realización de pericias sobre los seis cuadernos en papel que se incorporaron a la causa en 2019, pero hasta el momento el único estudio oficial sobre la prueba documental es el realizado por la Federal.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi instruye un expediente originado por una denuncia del empresario Armando Losón, del Grupo Albanesi, uno de los arrepentidos de los cuadernos, quien sostiene que la mitad de las menciones a su persona en los cuadernos serían falsas. Se basa en alteraciones al texto que detectó un equipo de peritos caligráficos privados contratados por el imputado. Losón presentó una denuncia y Martínez de Giorgi ordenó una pericia oficial a la Federal.

Pero se trata de un estudio parcial: no fue realizada sobre los originales papel sino sobre las fotografías digitales de los mismos; no se hizo sobre todos los cuadernos sino sólo sobre tres; y tampoco forma parte del expediente de los cuadernos que debe ir a juicio, sino de una causa paralela que se encuentra en primera instancia. 

Aún así, los resultados de la pericia caligráfica oficial aportaron elementos a las defensas para poder insistir al tribunal oral con la realización de un estudio más profundo sobre los cuadernos. 

Un diario o de corrido

Los peritos de la Federal analizaron 189 archivos de imágenes JPG enviados en un pendrive a través de instrumental óptico e informático. Determinaron que al menos los cuadernos 4, 7 y 8 fueron escritos por Centeno, a excepción de ciertas correcciones atribuidas por los expertos a “otro escribiente”, no identificado hasta el momento.

Alejandro Rúa, abogado de Baratta, es uno de los abogados que solicitó al tribunal que ordene una pericia caligráfica de los cuadernos originales en papel. “Lo más interesante de los resultados de la pericia caligráfica oficial es que determinó que no fueron escritos como un diario”, dijo a elDiarioAR ante la consulta.

Los peritos que analizaron los cuadernos 4, 7 y 8 determinaron que el primero sí fue escrito como un diario, con registros realizados durante distintos días y momentos. Sin embargo, los cuadernos 7 y 8, según los expertos de la federal, habrían sido escritos de corrido, en un mismo momento. 

“La hipótesis de la defensa es que antes de 2017 podrían haber existido algunos de los primeros cuadernos -como el 4- pero el resto, los más recientes, fueron escritos en 2017”, afirmó Rúa. “Esto lo basamos en el hecho de que entre 2016 y 2017, Baratta recibía constantes mensajes de la ex esposa de Centeno reclamando que interviniera a favor de la mujer durante la separación, por ejemplo, sobre la tenencia de los perros de la pareja. En abril de 2017, Horovitz hace referencia a los cuadernos por primera vez en esos mensajes. Creemos que los cuadernos tenían como fin extorsionar a Baratta”, aseguró el abogado del exfuncionario.

¿Pueden los peritos determinar cuándo se escribieron los cuadernos?

Data de escritura

Los peritos caligráficos pueden determinar una fecha aproximada del año en que se escribió cada uno de los cuadernos siempre y cuando cuenten con los originales en papel. 

Cuando el juez Martínez de Giorgi ordenó la pericia caligráfica a la Federal, los peritos intentaron realizarla sobre los originales de papel, pero el Tribunal Oral Federal número 7 negó el acceso a la prueba documentos, que permanece bajo su custodia. Los peritos oficiales debieron trabajar con las fotografías digitalizadas de los cuadernos originales que se les entregaron en un pendrive. 

En el informe, los expertos aclararon que “en todos los casos”, la norma general es que “el peritaje documentológico caligráfico se efectúa exclusivamente sobre el original” en papel. La exigencia -agregaron los peritos- se basa en tres circunstancias especiales: una de ellas es que la fotografía convencional es la fiel expresión de la verdad; siempre que el fotógrafo actúe de buena fe (es decir, que las capturas de imágenes se hayan realizado con un eficiente equipo y no hayan sido modificadas o alteradas digitalmente). El juez Martínez de Giorgi les comunicó que consideraba “indubitables” las fotos digitales.

Además, los peritos explicaron que “en las fotocopias, duplicados, reproducciones fotográficas, reproducciones fotomecánicas, etc., no se puede efectuar el estudio del papel”, “tipo de elemento escritor y tintas usadas en la confección del documento”; y que “solo es posible efectuar el análisis extrínseco o general de la escritura y los parciales intrínsecos.

Aún así, fue posible desarrollar el estudio, pero el dictamen es “parcial”, aseguraron. Pero no pueden determinar la fecha de escritura sin acceso a los originales en papel. Y resta establecer otra cuestión, más allá de lo técnico: cuál sería el impacto de la data de escritura en un caso en el que decenas de empresarios declararon como arrepentidos y admitieron en sede judicial hechos que fueron mucho más allá de los registros de Centeno. 

Sólo por mencionar algunos casos centrales, Aldo Roggio admitió que su empresa pagó sobornos por valores equivalentes al 5% de los subsidios al transporte que recibió durante parte del kirchnerismo; Carlos Wagner describió los pormenores de la cartelización de las obras públicas viales; Angelo Calcaterra sostuvo -al igual que Losón- que pagó aportes de campaña ilegales para poder seguir contratando con el Estado.

Liquid paper

Los peritos privados que contrató el empresario Losón realizaron una pericia caligráfica y otra lingüística de los ochos cuadernos, en base a las fotografías digitales de los originales. Los resultados no son públicos ni fueron presentados hasta el momento ante la Justicia, y los expertos habrían detectado 116 enmiendas sobre la escritura original de los ocho cuadernos (algunas de las cuales fueron realizadas por el propio Centeno y otras, por “otro escribiente”), según pudo reconstruir elDiarioAR de fuentes directas del caso. 

El abogado de Losón, Carlos Vela, sólo presentó los resultados de la pericia privada sobre los cuadernos 4 , 7 y 8, que contienen las menciones a su cliente. 

Tras analizar esos resultados del estudio privado, el juez Martínez de Giorgi ordenó la pericia oficial en mayo último. Entre los puntos de pericia, el magistrado solicitó que se estudien las anotaciones borradas con líquido corrector blanco (o liquid paper) a través una prueba química cromatográfica para determinar con extracciones y análisis químicos si fueron agregados en la misma época o a lo largo de distintos momentos, es decir, si Centeno u otra persona realizó los tachados con el corrector blanco a medida que escribía el cuaderno o si fueron realizadas posteriormente con el fin de enmendar datos registrados durante la escritura original.

Este tipo de estudio se utilizó en el caso Hotesur. El fiscal de la causa iniciada por Losón, Gerardo Pollicita realizó esa misma prueba para remover el corrector líquido en actas de asamblea de la empresa hotelera de los Kirchner, lo que le permitió descubrir que se intentó borrar con líquido corrector la participación societaria de la expresidente en la empresa: debajo de donde se leía “Máximo Kirchner”, estaba el nombre de Fernández de Kirchner, de acuerdo con el dictamen de elevación a juicio del caso.

Cuando se tienen los originales, las tachaduras y ocultamiento de partes del texto con corrector líquido blanco se pueden tratar con un infrarrojo, luz transmitida y filtros IR para descubrir el texto original censurado por el escribiente, explicaron los peritos de la Federal.

En el cuaderno 7, por ejemplo, los peritos oficiales identificaron 115 “acciones aditivas” y tres “acciones supresivas” con tachados o ocultamiento con corrector líquido blanco. Los expertos analizaron una de ellas realizada una de las direcciones en las que Centeno anotó que Baratta mantenía reuniones con Losón (“Alem 855”).

La anotación es del 25 de julio de 2013, a las 12:20 horas. La dirección de la avenida Alem está escrita sobre el corrector líquido. Los peritos lograron establecer que se tachó con el liquid paper la leyenda “Grierson”, que se referiría a la calle Cecilia Grierson del barrio Puerto Madero, que no estaría vinculada a Losón. La defensa del empresario sostiene que se tachó para agregar la dirección de Alem para perjudicar a su cliente y que el registro no sería fiel.

La eventual pericia caligráfica de los ocho cuadernos puede ser una caja de Pandora, explicó un segundo abogado defensor del caso. Los empresarios no saben a quién perjudicará o beneficiará descubrir qué hay debajo de las correcciones con liquid paper. De hecho, ningún otro empresario acusado en la causa de los cuadernos se sumó a la causa iniciada por Losón. 

ED/MG