A veinticinco años de su desembarco, Romero aspira a retener el negocio de la Hidrovía pero en el Gobierno lo ven de salida

El llamado a licitación por la Hidrovía Paraná-Paraguay desafía la continuidad de su operador histórico

Al final de una carrera prolongada, en la que convivió con todos los gobiernos, el empresario Gabriel Romero se prepara para una de sus pruebas más difíciles. Después de un cuarto de siglo en el que retuvo, prórroga tras prórroga, un negocio que factura US$200 millones por año, la licitación de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay que anunció la semana pasada el ministro Mario Meoni parece abrir paso a un cambio de rumbo. Hoy, el futuro de Romero es incierto. Desde 1995, el Grupo Empresa Metalúrgica Patricias Argentinas (Emepa S.A.) -de su propiedad-, se encarga del balizamiento en el canal troncal de 820 kilómetros que funciona como puerta de ingreso principal para el comercio exterior argentino y comunica el Río de la Plata con el norte del país. Del dragado se ocupa su socio histórico, la gigante belga Jan de Nul, acostumbrada a competir en todos lados y considerada una de las dos dragadoras más grandes del mundo.

Se define el futuro de la Hidrovía, un negocio que factura U$S 200 millones por año y concentra el 60% del comercio exterior

Se define el futuro de la Hidrovía, un negocio que factura U$S 200 millones por año y concentra el 60% del comercio exterior

El fin de la concesión, el próximo 30 de abril, le ofreció al gobierno de Alberto Fernández una oportunidad para cerrar una etapa y hacer un nuevo llamado a licitación nacional e internacional. Tal como informó la semana pasada elDiarioAR, los tiempos para adjudicar el contrato a otra empresa son acotados. En poco más de ochenta días, el gobierno debería hacer el llamado, recibir las ofertas de las empresas en tiempo récord, evaluar las propuestas y designar un nuevo encargado del dragado y el balizamiento en el canal fluvial. Por eso, desde la oposición, afirman que Fernández y Meoni no tendrán otra opción que conceder una nueva prórroga -de al menos un año- para el consorcio de Jan de Nul y Emepa. 

Son pocas y conocidas las empresas que, en todo el mundo, pueden competir por un contrato de este tipo. Otra compañía belga, Dredging International; las holandesas Boskalis, Van Oord y Ballast Needam Dredging, y la china Shangai Dredging Company. Romero, sin embargo, no se da por vencido. Según pudo saber este diario de fuentes del mercado que conocen la disputa que se viene, el empresario argentino ya dejó trascender que piensa volver a pelear por el botín que tantas satisfacciones le dio. Astuto y reservado -habitué de los pasillos del poder-, el dueño de Emepa se inició en el negocio de la chatarra y construyó con los años un imperio que hoy tiene ocho unidades de negocios.

Él asegura que está acostumbrado a competir. No sólo lo hizo en el terreno doméstico sino que ganó en capitales de países latinoamericanos, como en Perú, donde está a cargo del Metro de Lima. Todavía es temprano para saberlo y la clave de la licitación estará en las condiciones que figuren en el pliego que presente el ministerio de Transporte. Ahí se debería especificar la inversión inicial, la duración del contrato -se estima que serán por lo menos 10 años- y el porcentaje de la Tasa Interna de Retorno, que permite estimar el proceso de amortización. Si la tasa de rentabilidad le parece conveniente, Romero irá en busca de retener la concesión.

“El siempre quiere participar y quiere ganar”, le dijo a elDiarioAR un ex funcionario que lo conoce bien. Sin embargo, hay por lo menos dos elementos que no dependen de Emepa y están relacionados. El primero es la relación del holding de capitales locales con los belgas de Jan de Nul y la decisión que tomen, de común acuerdo o no, para presentarse a la nueva licitación. Nadie se anima a confirmar que los socios históricos que se conocen de memoria vayan a refrendar su alianza. Veinticinco años juntos pueden ser el principal argumento tanto para confirmar el acuerdo como para cerrar una etapa. 

El segundo elemento es todavía más importante, o parece serlo: el criterio del Gobierno nacional con respecto al dueño del holding, que mantiene un perfil bajo de lo más cuidado. Hace poco más de dos años, Romero tocó un cable de alta tensión. Fue cuando se presentó como arrepentido ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli para declarar que había pagado US$600 mil en dos veces por el decreto 113/2010 de Cristina Fernández de Kirchner que le extendió la concesión del contrato por 10 años. Con esa declaración en el marco de la causa Cuadernos, Romero se plegó al grupo de empresarios que se autoincriminaron para obtener la reducción de su pena. Identificado con el pago de coimas, Emepa experimentó un quiebre: Romero decidió alejarse de los directorios de todas sus empresas y se apartó del día a día de sus negocios. 

Entonces senadora, la actual vicepresidenta le respondió con un discurso en el recinto. Repasó la historia de las concesiones de la Hidrovía y recordó que el DNU había sido refrendado tanto en audiencia pública como por la Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas del Poder Ejecutivo. Esa decisión, que Romero tomó forzado y lo dejó a las puertas del juicio oral, es hoy el principal argumento que tiene el Gobierno para dejarlo afuera de la etapa que viene. 

Por eso, más allá de su voluntad de participar, el dueño de Emepa parece llegar al fin de la concesión sin aliados en la cúpula del peronismo gubernamental. Ni el Presidente ni su vice tienen motivos especiales para darle una nueva oportunidad en un tema donde el cristinismo ganó la iniciativa. Quienes conocen el negocio de la Hidrovía en el peronismo afirman que Romero fue poco más que un intermediario con los belgas y que no tiene chances de repetir. 

DG

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