La Cámara Federal porteña habilitó este jueves el secuestro del celular del diputado nacional Gerardo Milman de Juntos por el Cambio (JxC), una medida solicitada por la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y por la fiscalía, en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio de la titular del Senado el 1 de septiembre pasado.

Por mayoría, el tribunal de apelaciones decidió revocar la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti, y habilitar la medida, aunque ahora para hacerse efectiva requiere autorización de la Cámara de Diputados por la Ley de fueros, indicaron fuentes judiciales.

La expectativa de que pueda encontrarse información útil para la causa en el teléfono de Milman es muy baja. Se debe, entre otras cosas, por el tiempo transcurrido desde el hecho, reconocieron los abogados querellantes cuando se realizó la audiencia para reclamar que se realizara de todas formas.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes votaron a favor de autorizar la medida, demarcaron que “la extracción de información del teléfono en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal -abarcado desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023-”, según surge del fallo.

La búsqueda de información en el celular del diputado deberá “enmarcarse estrictamente al análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la presente causa, debiendo preservarse toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”, enfatizaron los camaristas.

Para ello, -explicitaron Bruglia y Bertuzzi- “se deberá asegurar que, ni bien se produzcan los primeros resultados de las diligencias, esa información sea recibida únicamente por el juzgado, a los efectos que la magistrada esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo - imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”.

La “pista Casablanca”

La denominada “pista Casablanca” o “pista Milman” se inauguró el 23 de septiembre pasado cuando un asesor del Frente de Todos en la Cámara baja, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.

“Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, fue la frase que Abello le atribuyó a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, cuando el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que el legislador haya pronunciado dicha frase.

La reunión en el bar Casablanca frente al Congreso Nacional, que en principio fue desconocida por las asesoras de Milman es sus respectivas declaraciones testimoniales, fue probada por imágenes de cámaras de seguridad y luego reconocida por ellas mismas.

A mediados de mayo, otra mención en el expediente puso a Milman bajo la lupa: su exsecretaria Ivana Bohdziewicz dijo que el legislador le había facilitado un “perito” para que borrara información de su celular y que la maniobra se habría realizado en su presencia, en una oficina que atribuyó a la exministra de Seguridad, titular en uso de licencia del PRO y candidata a presidenta, Patricia Bullrich.

Bohdziewicz es una de las dos mujeres que acompañaba a Milman en el bar Casablanca el día en el que Abello dijo haberlo escuchado referirse al atentado contra la vicepresidenta antes de que ocurriera.

“El secuestro del aparato celular del diputado Milman, encuentra debida motivación en los fundamentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal que tornan admisible dicha medida en consonancia con la hipótesis delictiva investigada en autos. Sin perjuicio del resultado que han arrojado las diligencias llevadas a cabo hasta el momento, resulta dirimente a los efectos de agotar esta vía investigativa, descartar toda mínima situación de incertidumbre al respecto”, sostuvieron Bruglia y Bertuzzi.

“Ya hemos dicho (en resoluciones anteriores) que la trascendencia institucional que reviste el atentado a la Vicepresidenta de la Nación impone como deber jurisdiccional extinguir cualquier duda con relación a cada uno de los indicios incorporados al expediente, resultando ello el camino adecuado para dar respuesta a la víctima, la sociedad en general y al propio diputado, quien reviste el derecho a que se desestime de manera certera la versión sobre sus presuntos dichos y toda posible injerencia en los hechos”, remarcaron los jueces.

Sin embargo, Mariano Llorens, el tercero de los jueces que integran la Sala I de la Cámara Federal porteña, opinó que no había material probatorio suficiente que habilitara a avanzar con una medida como la que pedían los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira y el fiscal Carlos Rívolo.

“No hay prueba alguna que me permita -siquiera con el grado de provisoriedad propio de la etapa- dar credibilidad al testimonio de Jorge Abello, no encuentro un indicio claro, preciso y concordante con el resto de la prueba que habilite una injerencia mayor en la privacidad de personas que no se encuentran formalmente imputadas en estas actuaciones, como lo es el diputado Gerardo Milman”, sostuvo el camarista.

“No pierdo de vista la gravedad del delito investigado, y sus consecuencias institucionales, como muchas veces hemos destacado desde esta Sala. Pero ello, no puede -por si solo- justificar una invasión a la privacidad que carece de apoyo probatorio y solo encuentra respaldo en una hipótesis que carece de sustento formal”, argumentó Llorens.

LC con información de agencia Télam

Los tribunales federales de Comodoro Py 2002 regresarán de la feria de invierno a la actividad este lunes y una de las causas clave con temas pendientes a resolver es la investigación por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una de las resoluciones pendientes está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, que dejó antes del receso judicial de julio una decisión difícil que además marcará un precedente clave: secuestrar o no secuestrar el teléfono del diputado Gerardo Milman, vicepresidente del bloque PRO, exjefe de campaña de la precandidata presidencial Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y señalado por un testigo que aseguró ante la jueza María Eugenia Capucehtti haber escuchado a Milman decir: “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”.

La decisión, cualquiera sea, pero especialmente la eventual orden de secuestrar el teléfono de Milman, tendrá impacto directo en el clima electoral. Bullrich, de quien el diputado supo ser mano derecha, disputa la interna de JxC con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. 

Milman fue corrido de la escena política a finales de 2022 y ya no dirige la campaña de la precandidata, pero fue su mano derecha hasta que el caso de atentado a Fernández de Kirchner abrió un frente inesperado para la oposición: si bien la Justicia descree del testigo que acusó a Milman de tener supuesto conocimiento previo o presunta participación en el atentado a la expresidenta, el caso derivó en un escándalo de supuestos contratos truchos en el despacho del diputado en la cámara baja, adjudicado a mujeres atractivas con pocos antecedentes parlamentarios, en la mayoría de los 30 casos bajo la lupa.

El fallo que se espera

El debate en torno al celular de Milman llegó a la Cámara Federal luego de que el fiscal Carlos Rívolo y los abogados de la querella apelaran la negativa de la jueza. 

Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal, son quienes deben tomar la decisión sobre el secuestro del teléfono de Milman. Todo indica que será después de las PASO, es decir, después del 13 de agosto, cuando baje un poco la temperatura electoral por la proximidad de las urnas.

El juez Bertuzzi pidió licencia hasta el 9 de agosto y en el tribunal descartan que den los tiempos para fallar antes del viernes 11. Por lo tanto, la decisión esperada por Fernández de Kirchner quedará para más adelante. 

Además, los jueces buscan llegar a un fallo unánime, sin disidencias, lo cuál no será fácil. Ya hay al menos dos votos definidos de tres, confiaron fuentes directas del tribunal a elDiarioAR.

El secuestro del teléfono había sido pedido por el fiscal Carlos Rívolo, pero fue rechazado por la jueza Capuchetti, para quien no hay indicios suficientes para ordenar una medida que invada el derecho de intimidad del diputado, quien, además, tiene fueros parlamentarios. Es posible que si la Cámara termina ordenando el secuestro del dispositivo, la jueza Capuchetti tenga que tramitar el desafuero de Milman ante la Cámara de Diputados, primero ante la comisión de Asuntos Constitucionales y luego también ante el pleno. No está claro porque no hay antecedente similar pero lo comparan con el allanamiento al departamento propiedad de Amado Boudou por el caso Ciccone, cuando tenía fueros como vicepresidente. 

Los camaristas ya realizaron una audiencia en junio último entre los abogados de la querella, que representan a CFK, y el abogado de Milman, Manuel Barros. Ahora resta que tomen una decisión.

El abogado de Milman sostuvo en la audiencia previa a la feria que en el expediente no hay “elementos objetivos” de una presunta participación o conocimiento de Milman sobre el intento de homicidio y que no habría fundamentos para que se autorice el secuestro y peritaje del teléfono celular de su cliente.

Entre esa “falta de elementos objetivos”, Barros afirmó que del entrecruzamiento de los teléfonos de Milman, sus asesoras y Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Alejandro Carrizo no surgieron contactos ni cruces de llamadas; y comparó las riesgos del posible secuestro del dispositivo para su peritaje con la filtración de fotos del fiscal Alberto Nisman con mujeres jóvenes en la playa y fiestas que salieron de la pericia oficial en la investigación por la muerte del fiscal.

La querella, en cambio, sostuvo en la audiencia que la jueza Capuchetti cometió “mala praxis” al no profundizar la pista Milman. “Milman no me da ni frío ni calor”, dijo Juan Majuel Ubeira, uno de los abogados de la querella, ante los jueces Llorens, Bertuzzi y Bruglia. “No sé si Milman tiene alguna participación respecto de este acto, pero hay cosas no tienen ningún tipo de explicación”, aseguró el abogado.

El abogado Marcos Aldazabal, también de la querella, expuso ante los jueces sobre los indicios que ameritarían el secuestro y análisis del teléfono de Milman.

Argumentos de la querella

El principal argumento de los abogados de CFK es el testimonio de Jorge Alberto Abello, ex diputado provincial en Santa Fe, empleado del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja y colaborador del diputado nacional Marcos Cleri (Frente de Todos, Santa Fe). 

Abello se presentó el 23 de septiembre de 2022 ante la jueza Capuchetti y declaró que el 30 de agosto, dos días antes del atentado, se encontraba en el bar Casablanca junto a su cuñado, cuando escuchó que en una mesa cercana Milman decía a dos mujeres jóvenes: “Cuando la maten yo estoy camino a la Costa”. Milman lo denunció por falso testimonio. El diputado siempre negó haber pronunciado esa frase.

Esas dos mujeres terminaron siendo identificadas por cámaras de seguridad como dos colaboradoras de Milman que debieron declarar como testigos. Primero negaron la reunión en Casablanca. Luego de verse en las capturas de las cámaras de seguridad, aportaron información confusa y contradictoria. Ambas negaron siempre que Milman hubiera pronunciado la frase que le adjudica Abello. Las mujeres terminaron entregando sus teléfonos a la Justicia porque la Sala I de la Cámara Federal porteña accedió al pedido de la querella de validar el análisis del contenido de los dispositivos de ambas mujeres debido a la “gravedad institucional” del hecho investigado.

La pericia oficial no halló nada relacionado al atentado. El teléfono de Carolina Gómez Mónaco, asesora parlamentaria, había sido borrado. En el de Ivana Bohdziewicz, secretaria administrativa, no se hallaron elementos relevantes. Bohdziewicz declaró por iniciativa propia y por tercera vez en mayo último, luego de Milman no renovara su contrato. Afirmó ante el fiscal Carlos Rívolo que Milman las citó a ambas colaboradoras a finales de 2022 para que “un perito informático de Patricia Bullrich” borrara sus teléfonos antes de que deban ser entregados a la Justicia, como reveló Página/12. Aún así, aclaró que no sabía nada sobre el atentado a CFK antes del hecho.

Antes de que Sabag Montiel -quien ya fue enviado a juicio oral y público junto a sus supuestos cómplices, Uliarte y Carrizo- intentara dar muerte a Fernández de Kirchner, Milman presentó una serie de proyectos de ley y pedidos de informes relacionados con la vicepresidenta, el juicio oral y público por el caso Vialidad -que estaba en su momento más álgido cuando intentaron matarla- y sobre la custodia de Fernández de Kirchner. Alegó en uno de esos pedidos de informe que podría ocurrir un “autoatentado”. Es otro de los argumentos de la querella.

ED

La Cámara Federal porteña confirmó este viernes a la jueza María Eugenia Capuchetti al frente de la investigación por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner cometido el 1° de septiembre pasado. De esta manera, el tribunal rechazó la recusación que había sido planteada por la querella de la vicepresidenta para apartar a la magistrada, de acuerdo con la resolución firmada por el juez Leopoldo Bruglia.

“Por el momento no se desprende en el marco de estas actuaciones, acto alguno por parte de la magistrada interviniente que pueda inferir un objetivo y concreto dato de parcialidad”, concluyó el camarista Leopoldo Bruglia al rechazar el planteo.

La vicepresidenta había recusado a la magistrada para que fuera apartada del expediente pero el juez Bruglia rechazó el pedido de la querellante. Consideró que la queja de la querella de Cristina Kirchner es por el desacuerdo en cómo lleva adelante la causa lo que no se puede canalizar por una recusación, sino apelando aquellas medidas sugeridas que no fueron aceptadas por la jueza.

Además, en otro fallo, la Sala I del tribunal de apelaciones integrada por Bruglia junto a Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens hizo lugar aunque parcialmente a un pedido de la querella para profundizar la denominada pista Casablanca, una de las líneas de investigación sobre el atentado a Fernández de Kirchner, que nació el 23 de septiembre último y había terminado -hasta este viernes- con la querella recusando a la jueza Capuchetti para apartarla del caso por presunta “parcialidad” e “irregularidades” en la instrucción del caso.

Los abogados de Cristina Kirchner habían reclamado el secuestro de los teléfonos celulares de las testigos Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, asesoras de Millman: la Cámara le ordena a la jueza realizar esa medida aunque previamente llevar a cabo otras “menos lesivas” como tomar nuevas testimoniales y volver a analizar la necesidad de acceder al contenido de los celulares de ambas asesoras de Milman, con los recaudos de que sólo se expongan ante la jueza y se limiten a los mensajes del 30 de agosto, día de la reunión, según el fallo al que accedió elDiarioAR.

De esta manera, la sala sí aceptó ante la querella el del secuestro de los teléfonos, cosa que Capuchetti le había negado como medida de prueba en la hipótesis de vincular al diputado Gerardo Milman, de Juntos por el Cambio, quien se supone que en un bar frente al Congreso de la Nación, dos días antes del atentado, le dijo a dos colaboradoras: “Cuando la maten voy a estar camino a la Costa”.

Ambas mujeres fueron citadas a finales de octubre luego de que el viernes 23 de septiembre, Jorge Alberto Abello, ex diputado por la provincia de Santa Fe y actualmente asesor del diputado oficialista Marcos Cleri (también santafesino), se presentó a las 17.20 horas en el juzgado de Capuchetti, dijo tener información de relevancia para la causa y solicitó declarar como testigo. 

Los camaristas le indicaron a la jueza que cite a declarar como testigo al diputado Mario Leito, “quien, según los dichos de Abello y su cuñado Rende, se habría encontrado en una mesa aledaña tanto a la propia como a la de Gerardo Milman, con el objeto de consultarle si escuchó la frase en cuestión, o si puede aportar algún dato de relevancia para el caso”.

Bruglia también calificó en el fallo de “impropias” las palabras dichas por el abogado José Ubeira el pasado martes en la audiencia en que pedía remover a la jueza: “Lo relevante es que el próximo año va ha hacer campaña política, su hijo también y tiene una hija que no sale de la casa. Es bueno que el fuero federal tome debida nota que si exponemos a esta mujer y a su familia, y el día de mañana hay un atentado, alguien se va a tener que hacer responsable y a la cabeza la ponemos a la doctora Capuchetti”.

“Estos improcedentes dichos, registrados en la grabación, más allá del valor o gravedad que se les quiera o pueda asignar, al ser vertidos en el ámbito de una audiencia, observables en este caso, entiendo deben ser tenidos en cuenta como antecedente de su actuación”, resumió el juez.

Asimismo, Bruglia se refirió a que el hecho que la jueza haya delegado recientemente la causa en el fiscal no altera nada la decisión. Lo cierto es que esa medida resuelta por la jueza fue el camino que tomó para tratar de descomprimir el constante cuestionamiento de Cristina Kirchner a su actuación. Hasta el momento, la causa cuenta con tres personas detenidas y si bien hay medidas de prueba en curso, el fiscal Carlos Rívolo ya está en condiciones de requerir la elevación a juicio de la causa. 

LC con información de agencias