Diputados nacionales de la UCR encabezados por el mendocino Lisandro Nieri presentaron un proyecto de ley que busca establecer un marco legal para la regulación de la eutanasia en la República Argentina.

La iniciativa busca garantizar el derecho de las personas con enfermedades graves o padecimientos crónicos y limitantes a solicitar ayuda médica para poner fin a su vida, bajo estrictos requisitos y controles.

El objetivo es asegurar que esta decisión se ejerza en condiciones de dignidad, respeto y acompañamiento.

El proyecto contempla garantías como la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento, el consentimiento informado, la intervención de comisiones médicas en cada jurisdicción y la cobertura integral por parte del sistema de salud público y privado.

También prevé sanciones para quienes obstaculicen injustificadamente el acceso a la práctica, otorgando seguridad jurídica a los profesionales de la salud.

El proyecto se apoya en principios ya reconocidos por la Ley de Derechos del Paciente (N° 26.529) y la Ley de Muerte Digna (N° 26.742), que consagran la autonomía de la voluntad y el rechazo a tratamientos que prolonguen artificialmente la vida.

Además, incorpora reformas al Código Penal que otorgan seguridad jurídica a los profesionales intervinientes, suprimiendo la responsabilidad penal a los médicos que actúen conforme a los procedimientos establecidos por la ley, al tiempo que se sanciona a quienes obstaculicen injustificadamente el acceso a la práctica.

El proyecto se inspira en experiencias internacionales como las de Uruguay, España y Canadá, que regulan la muerte médicamente asistida dentro de marcos éticos y legales rigurosos.

“La propuesta busca garantizar que cada persona pueda decidir sobre el final de su vida en condiciones de dignidad, sin prolongar sufrimientos innecesarios”, afirmó Lisandro Nieri.

“Queremos dar certeza a los profesionales de la salud y a las familias, estableciendo procedimientos claros, transparentes y supervisados por comisiones médicas”, explicó el diputado radical.

“Regular la eutanasia no significa promover la muerte, sino humanizar el final de la vida y reconocer un reclamo social y profesional de larga data”, destacó el mendocino.

Acompañan el proyecto de Lisandro Nieri los diputados nacionales de la UCR Pamela Verasay, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Fabio Quetglas y Martín Tetaz.

Disciplinamiento de las mujeres, retorno a la cultura del silencio, intimidación a víctimas, testigos, investigadores y peritos. El proyecto de ley para penalizar las falsas denuncias por violencia de género apunta a profundizar obstáculos para el acceso a la Justicia, repone prejuicios que naturalizaron la violencia y preanuncia nuevos ataques contra las mujeres y las diversidades, según analizan las especialistas convocadas por elDiarioAR.

La iniciativa fue presentada por los senadores Carolina Losada, del radicalismo, y Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, y propone sustituir el artículo 245 del Capítulo II del Código Penal, que contempla el delito de la falsa denuncia, por otro que impone prisión de uno a tres años y considera agravante únicamente a las falsas denuncias de violencia de género, que serían castigadas con penas de tres a seis años de prisión sin posibilidad de excarcelación.

“El objetivo es desalentar las denuncias y que el sistema de Justicia desconozca estos hechos”, advierte Ileana Arduino, especialista en derecho penal, seguridad y políticas de género. La abogada agrega que “el proyecto tiene sustento en el estereotipo de las mujeres mentirosas, el de las mujeres que exageran, el de las arpías vengativas; es decir, todos los estereotipos con los que las mujeres lidian cuando denuncian alguna forma de agresión contra ellas o contra quienes ellas cuidan”.

El proyecto tiene sustento en el estereotipo de las mujeres mentirosas, el de las mujeres que exageran, el de las arpías vengativas; es decir, todos los estereotipos con los que las mujeres lidian cuando denuncian alguna forma de agresión contra ellas o contra quienes ellas cuidan

Ileana Arduino — especialista en derecho penal, seguridad y políticas de género

“Lo que falta es disciplinar y aleccionar a las mujeres. Como si ahora nos dijeran: no les vamos a creer y si no lo prueban vamos a pensar que fue mentira. Esto muestra un desprecio hacia las mujeres y un desconocimiento profundo del problema social que está detrás”, destaca a su vez Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

Las falsas denuncias constituyen un argumento central en las acciones contra el feminismo, subraya Arduino: “Son parte del kit de la reacción conservadora antiderechos en el mundo entero. No tienen sustento fáctico o estadístico que demuestren la existencia de un problema significativo. Eso sin considerar la particular inutilidad de las reformas al Código Penal para resolver los conflictos. Puede haber casos, por supuesto, pero la ley tiene instrumentos para resolverlos: la falsa denuncia es delito desde que la Argentina tiene Código Penal”.

Esto muestra un desprecio hacia las mujeres y un desconocimiento profundo del problema social que está detrás

Natalia Gherardi — directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)

El Senado fue escenario el 20 de noviembre de una jornada sobre las falsas denuncias donde el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó un escrito en apoyo del proyecto de ley. La senadora Losada citó una estadística sobre femicidios e invocó “al verdadero feminismo”, que diferenció del “hembrismo” y luego en declaraciones radiales del “hembrismo kirchnerista”.

Según el razonamiento de la legisladora radical por Santa Fe, las falsas denuncias serían aquello que afecta la credibilidad de las mujeres y el proyecto también contempla penas de uno a cuatro años de prisión para el testigo, el perito y el intérprete “que negare o callare la verdad en todo o en parte”.

“Una falsa denuncia no tiene nada que ver con la imposibilidad de probar un hecho –señala Ileana Arduino—. Tampoco, con que un proceso se cierre sin una condena, lo que suele pasar cuando se agota el tiempo para investigar o porque las propias víctimas desertan, agobiadas por el proceso de victimización o por las prácticas del propio sistema de justicia. Lo que hay, en muchos casos, es que la intervención judicial no pone fin al conflicto y no esclarece lo que sucedió”.

Para Gherardi, “el ministro de Justicia asume que la violencia de género no existe pero defiende un proyecto que específicamente habla de la violencia de género. ”¿En qué quedamos?“, se pregunta.

Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio Dupuy, y Andrea Guacci, presentada como referente del “frente de mujeres contra las falsas denuncias”, expusieron en la jornada en el Senado. También participó Fernanda Deluca, esposa del docente santafesino Juan Trigatti, recientemente absuelto en un juicio donde se lo acusó por abusos sexuales contra cinco niñas de una escuela que depende del Arzobispado de Santa Fe. Trigatti fue defendido por el abogado Marcos Barceló, quien dice especializarse en “falsas denuncias de género y sexuales” y sostiene que “la ideología de género ha permeado a todos los poderes judiciales del país”.

Otra barrera en la Justicia

“Una de las mejores cosas que logramos en el último tiempo fue romper silencios –afirma Ileana Arduino—. En lugar de amplificar la conversación, de buscar respuestas para las violencias naturalizadas, se quiere promover una herramienta de amedrentamiento y terror que impida enunciar. Es posible que encuentren operadores del Poder Judicial cómplices, como ocurre cuando ante la denuncia de un hecho el proceso penal se vuelve en contra de las personas que denunciaron”.

Arduino es coautora con Julián Alfie y Celeste Pousa de “El laberinto de la desinformación en el sistema penal y la violencia de género”, publicación disponible en la web del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Inecip. El documento denuncia la falta de información sobre las respuestas del sistema judicial y de los organismos públicos a las denuncias de violencia de género: “No existe un sistema de registro de la información que permita tomar decisiones estratégicas en la gestión de este tipo de conflictos y mucho menos pensar en políticas públicas orientadas para dar mejores respuestas a las víctimas”.

Gherardi sostiene que la “intencionalidad de disciplinamiento” puede concretarse al margen del proyecto: “Para que una mujer denuncie un hecho de violencia tiene que convencerse de que hay alguien para escucharla y tomar en serio su preocupación, su situación específica. Si el mensaje oficial es que las mujeres mienten y que se agravarán las penas, ante la duda o la falta de confianza en el sistema, el efecto disuasorio puede existir ahora sin que cambie ninguna ley”.

“La credibilidad de las mujeres está siempre a prueba –sigue Arduino—, pero cala profundo el discurso de que las condenas son automáticas y de que la Justicia está dada vuelta en perjuicio de los hombres. Ese planteo supone que el feminismo generó un desequilibrio en una sociedad organizada donde las violencias no ocurrían. En realidad lo que hubo fue una visibilización mayor de lo que hasta hace nada estaba asquerosamente tapado en el ámbito familiar, vecinal, de las organizaciones políticas y culturales”.

También, gremiales, como expone una reciente condena contra el Sindicato de la Sanidad, liderado por el cosecretario general de central obrera peronista, la CGT, Héctor Daer, por hechos de abuso sexual denunciados por una empleada.

Según una investigación del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el activismo antifeminista es de práctica en recusaciones de jueces y juezas. El documento “Herramientas para el acceso a la Justicia con igualdad” señala el cuestionamiento creciente a la perspectiva de género en resoluciones judiciales: el activismo en temas de violencia de género, la asistencia a reuniones o participación en paneles sobre la problemática y hasta los recordatorios de víctimas en los juzgados son tachados como “tendencias ideológicas” que afectarían a la defensa en juicio y al debido proceso.

“Lo que están cuestionando es que jueces y juezas cumplan con el mandato de la Constitución y de los tratados internacionales. Juzgar con perspectiva de género quiere decir considerar los hechos, analizar las pruebas, interpretar el Derecho sin estereotipos ni prejuicios contra las mujeres. La perspectiva de género trata de garantizar la imparcialidad judicial, no quiere decir que las mujeres no tengan que presentar pruebas ni que un hombre esté condenado desde el principio”, dice Gherardi.

El eventual avance de este proyecto no solo pone en jaque el acceso a la Justicia sino que también profundiza la deslegitimación de las mujeres como sujetas de derecho. Al atacar la credibilidad de las denuncias, se reabre una brecha de silencio y miedo que ya había costado demasiado cerrar. La verdadera amenaza no es la denuncia falsa sino el silenciamiento sistemático de quienes se atreven a denunciar la violencia enfrentando un sistema que parece no querer escucharlas.

OA/JJD

El Gobierno envió hoy a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de eliminación de las PASO y de reforma del sistema de financiamiento de los partidos políticos.   

También giró a Diputados un proyecto de reforma de la ley electoral donde establece que las fuerzas deberán tener personería en 10 de los 24 distritos para contar con reconocimiento jurídico.  

Para tratar estos proyectos el Gobierno deberá incluirlo en la convocatoria a sesiones extraordinarias o, en su defecto, esperar hasta el 1 de marzo, ya que solo queda una semana para que concluya el período ordinario.  

Este miércoles concluyó el plazo para poder emitir los dictámenes que luego se tratan en el recinto de sesiones.  

Así, para poder tratar la eliminación de las PASO el oficialismo deberá encarar negociaciones con todos los bloques políticos, ya que se requieren 129 votos en diputados y 37 en el Senado para modificar una ley electoral.   

Por ese motivo deberá encarar negociaciones con los bloques parlamentarios, debido a que solo tiene 39 de los 257 legisladores que tiene la Cámara baja y seis de los 72 que integran el Senado.   

El Gobierno argumentó la necesidad de eliminar el régimen de las PASO que “la ciudadanía debe dejar de financiar una elección nacional que no cumple con las finalidades para las que fue establecida y que los Partidos Políticos puedan dirimir sus internas sin interferencia del Estado nacional”.  

Otro punto central de la propuesta del Poder Ejecutivo es que elimina el aporte del Estado a las campañas de financiamiento así como la obligación que los medios de comunicación difundan los sptos de campaña electoral, al fijar que solo deberán sostenerse con aportes aportes privados.  

Subrayó el Gobierno que “estas reformas implicarían un auténtico avance en lo que hace a la calidad de nuestras instituciones democráticas, y su sanción significaría un verdadero alivio para todos los argentinos que han soportado durante años el peso de un aparato político insaciable que siempre se financió a costa de los contribuyentes”.

El diputado provincial del Partido Obrero Guillermo Kane presenta este martes un proyecto en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para que los agentes de seguridad bonaerense involucrados en casos de delitos graves como homicidio, tortura, abuso sexual y desaparición forzada no reciban un patrocinio legal gratuito por parte del Ministerio de Seguridad. 

La iniciativa busca revocar la normativa actual que permite la representación legal del ministerio a dichos agentes, así como también el aporte de diferentes especialistas como peritos forenses, criminalísticas o asistencia psicológica. El proyecto, además, crea una comisión integrada por organismos de derechos humanos independientes, encargada de supervisar el cumplimiento de la ley, así como también de recibir denuncias por incumplimientos de la misma.

El proyecto busca que las direcciones jurídicas de las fuerzas de seguridad presenten informes trimestrales detallando los casos en los que se otorgue o niegue el patrocinio estatal y, en caso de irregularidades, la comisión podría realizar las denuncias penales correspondientes.

Kane, quien ya había presentado un pedido de informe al titular de la cartera de seguridad, Javier Alonso, a partir de las revelaciones de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en torno de la cantidad de ahorcamientos en comisarías bonaerenses, impulsó el proyecto de ley acompañado por la diputada nacional del mismo partido, Vanina Biasi. 

La razón que motivó esta iniciativa, explicó Kane a este medio, es el reciente juicio contra los policías implicados en el caso de Sofía Fernández, una mujer trans que fue hallada muerta en la comisaría número 5 de Pilar en 2022. La versión policial confirma su supuesto suicidio. “Nueve de los diez policías que participaron de alguna manera de su abuso, de su asesinato o del encubrimiento fueron liberados luego de que el Ministerio de Seguridad de la Provincia pusiera abogados, peritos, psicólogos y un montón de otros profesionales a disposición para esto”, señaló el titular de la Comisión de Libertad de Expresión y Violencia Institucional de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. 

La UDI comprobó que un mismo perito forense de la Policía Bonaerense participó en cuatro casos de supuestos suicidios, incluyendo el de Sofía Fernández. En los cuatro casos, el médico y funcionario de la cartera de Seguridad defendió la hipótesis policial del suicidio. Los abogados que representan a las familias de las cuatro víctimas sostienen que hay sobradas pruebas para demostrar lo contrario.

Para el caso de las fuerzas federales este tipo de asistencia técnica y legal está expresamente vetada por la Resolución Nacional 477/2023.

Abogados y peritos forenses le detallaron a la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR que las investigaciones judiciales en torno a los supuestos suicidios en destacamentos bonaerenses “están plagadas de irregularidades”. Asimismo, las investigaciones judiciales en torno a esas muertes sólo se centran en “comprobar la versión policial”. Este medio presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del ministerio de Seguridad bonaerense un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012 y las causas de esos decesos. Sin embargo, no hubo respuesta.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia tampoco quisieron dar una opinión al respecto y sólo se limitaron a ofrecer los informes sobre violencia institucional que confeccionan semestralmente. En ese relevamiento, el organismo registra de forma superficial el número de muertes ocurridas en las comisarías bonaerenses. No detallan las causas ni ofrecen información sobre sus circunstancias. Lo que sí precisa, en cambio, es la cantidad de presuntos delitos cometidos por miembros de la policía dentro de las dependencias policiales y los pocos casos en que llegan a convertirse en imputaciones penales o elevaciones a juicio.

Nota: se corrigió el apellido Martínez por Fernández, en referencia a Sofía Fernández, 29 de agosto de 2024 a las 16:55.

FLD/ED/JJD

Los cuestionamientos a las premisas centrales de la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia estuvieron a la orden del día en los últimos meses. A 40 años del retorno a la democracia, la carrera electoral para la Casa Rosada ─que llegará a su fin en 16 días, cuando se celebre el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei─, estuvo lejos de evidenciar un consenso respecto al régimen constitucional y sus instituciones: en reiteradas oportunidades, el candidato presidencial de La Libertad Avanza y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, buscaron negar el plan sistemático de la última dictadura cívico militar y la cifra de 30.000 desaparecidos.

Para evitar que este tipo de discursos proliferen, legisladores del Frente de Todos (hoy, Unión por la Patria) y organismos de derechos humanos decidieron impulsar una proyecto de ley antinegacionista que, entre otros puntos, propone la reforma del Código Penal para sancionar a quienes difundan este tipo de ideas. En su artículo 15, el documento firmado por la diputada nacional Carolina Gaillard, establece que “será reprimido con pena de inhabilitación especial de 3 meses a 4 años, el/la funcionario/a público/a que, en el ejercicio del empleo, cargo o función, negare, minimizare, justificare o reivindicare públicamente y por cualquier medio, genocidios contra la humanidad reconocidos oficialmente como tales por el Estado Argentino”.

La normativa no sólo refiere al terrorismo de Estado del Proceso de Reorganización Nacional (PRN) ─que trajo aparejado secuestros, homicidios, sustracción de menores, entre otros delitos─, sino también al Holocausto o Shoah, el genocidio armenio, la Masacre de Mapalpí y los crímenes de “Rincón Bomba”. Expresiones favorables a estos actos delictivos serán penadas y, en caso de ser sancionados, los funcionarios deberán realizar al menos un programa educativo en materia de derechos humanos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia, el Racismo y el Negacionismo (INADIN).

La entidad deberá ofrecer capacitación obligatoria en materia de Memoria, Verdad y Justicia, para todos las personas que se desempeñen en la función pública “en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. Además de dictar dichos talleres, el INADIN se encargará, según lo propuesto en el proyecto de ley, de elaborar políticas nacionales para proteger el pluralismo y los derechos humanos y promover la lucha contra la impunidad.

La iniciativa del oficialismo apunta contra la fórmula presidencial de La Libertad Avanza y podría funcionar como advertencia contra Milei y Villarruel para que cesen sus actitudes reivindicativas del régimen autoritario encabezado por Jorge Rafael Videla. De hecho, su partido llevó como candidato a diputado a Ricardo Bussi, hijo del represor Domingo Antonio Bussi. Este dirigente tucumano revitalizó el término “excesos” para minimizar el accionar sistemático de las fuerzas armadas durante el PRN.

Esta misma posición adoptó Milei al referirse a a las desapariciones y crímenes cometidos en el marco del régimen autoritario de entre 1976 y 1983. El economista incluso fue más allá y puso en duda el número de desaparecidos reportado por los organismos de derechos humanos. “No fueron 30.000 desaparecidos, son 8.753. Estamos en contra de una visión tuerta de la historia”, aseguró durante el primer debate presidencial.

En la misma línea, el pasado 4 de septiembre, su candidata a vicepresidenta organizó un acto en homenaje a las "víctimas del terrorismo" en la Legislatura porteña, en la que cuestionó a los organismos de derechos humanos por mantener una “memoria parcial” de la última dictadura cívico militar. “Carlotto ha sido un persona bastante siniestra para nuestro país, porque con ese cariz de abuelita buena la realidad es que ha justificado al terrorismo. Puede sentir dolor por la muerte de su hija, pero tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros”, señaló.

ACM

El Gobierno mandará al Congreso en los próximos días un proyecto de ley de exteriorización de capitales tras oficializar este domingo los alcances del acuerdo firmado por el ministro Sergio Massa con Estados Unidos para el intercambio de información financiera sobre los bienes de ciudadanos argentinos en ese país.

Los sujetos alcanzados van a ser personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículos 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, mientras que los bienes comprendidos incluyen la tenencia de moneda nacional y/ o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y/o en el exterior, lo que incluye créditos.

Un borrador de la iniciativa plantea que el proyecto de ley se denominará de “Exteriorización del Ahorro Argentino para Sostener el Cumplimiento y Cancelación de la Deuda con el FMI”; y contempla fondos y bienes no declarados en el exterior sino también los que están en el país. Tendrá tres momentos de ingreso: 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre, con alícuotas que se va a ir incrementando en la medida en que se entre más tarde. Se estima que podrían ser del 5%, del 10% y del 20%.

 Por otro lado, el proyecto liberará el impuesto a las Ganancias, internos y IVA, pero no de otros tributos relacionados con los bienes. También establece que los monotributistas van a poder blanquear hasta el equivalente a US$ 50.000 en efectivo a la mitad del costo del blanqueo si encuadran en determinadas condiciones.

Los detalles del proyecto de exteriorización de capitales

Alícuotas

• Alícuotas aplicables para la exteriorización de los bienes del país y del exterior, para estos últimos en caso de que exista repatriación:

- o y% (alícuota preferencial baja) desde la entrada en vigencia hasta el 31 de marzo de 2023.

- o dos veces la alícuota anterior desde el 01 de abril de 2023 hasta el 30 de junio de 2023.

- o 4 veces la alícuota inicial desde el 01 de julio de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023.

• Alícuotas aplicables incrementadas para los bienes del exterior cuando no exista repatriación:

-o se duplican las alícuotas de los tramos anteriores.

 • Se entenderá por repatriación de bienes cuando el monto ingresado al país en concepto de tenencia en moneda extranjera y los importes generados por los activos financieros representen como mínimo un porcentaje a determinar por la reglamentación del valor total de los bienes en el exterior que se declaren.

Beneficios

• No se considerarán incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados.

• Se libera a los sujetos comprendidos de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder; por los bienes declarados.

• Los sujetos quedan liberados de los siguientes impuestos que hubieran omitido declarar:

- o Impuesto a las Ganancias. o Impuestos Internos y al Valor Agregado.

-o Impuestos Sobre los Bienes Personales y de la contribución especial de cooperativas.

Régimen Simplificado

• Se establece un régimen simplificado con una alícuota especial del equivalente a la mitad de las alícuotas generales cuando los sujetos personas humanas exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera en efectivo en el país y el monto no supere el 35% anual de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 períodos fiscales y con un tope de hasta usd 50 mil.

• Quedan excluidos únicamente del Régimen Simplificado aquellos contribuyentes que pagaron el Aporte Solidario (alta capacidad contributiva).

Propuesta de Destino de los fondos recaudados

• Un 20% al Fondo específico creado (por el presente proyecto) para la cancelación de deuda con el Fondo Monetario Internacional.

• Un 20% a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas.

• Un 20% al programa integral de becas Progresar.

• Un 40% a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación de exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural.

Acuerdo con Estados Unidos

El comunicado de Economía señaló que el Gobierno argentino negoció con Estados Unidos “un Acuerdo Modelo IGA 1 recíproco”, que “es el más amplio en cuanto a que existen compromisos y obligaciones de ambas partes”.

Al respecto indicaron que “se prevé también coherencia en la aplicación del acuerdo sobre 'Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras' (FATCA, por sus siglas en inglés), con el compromiso de Estados Unidos de alcanzar niveles equivalentes de intercambio de información con Argentina como hace con el resto de los países”.

Las autoridades competentes para dicho acuerdo son, por Estados Unidos, el Secretario del Tesoro; y por Argentina, la AFIP. Además especificaron que el acuerdo entrará en vigor el 1º de enero de 2023. Además, el acuerdo incluye a los 50 Estados norteamericanos, incluidos Delaware y Dakota del Sur.

MB