El exjuez federal Walter Bento fue condenado este martes como el jefe de una asociación ilícita que recibía dinero a cambio de favores judiciales por parte de contrabandistas y narcotraficantes. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza quien lo declaró culpable de corrupción en un juicio que incluyó a otros 24 acusados.

Para la justicia de Mendoza, Bento lideraba una organización destinada a “obtener dinero a cambio de decisiones judiciales ilegítimas”. Y también fue responsable de los delitos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de prueba.

Según las tres integrantes del Tribunal, las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira, Bento “fue la principal figura del ilícito” y calificaron los hechos de “paradigma de la corrupción” en el Poder Judicial local.

Bento está detenido desde hace dos años en la prisión de Cacheuta, a 40 kilómetros de la capital mendocina, en medio de la Cordillera. Recién el próximo miércoles se conocerán las penas en una audiencia de cesura.

No hubo fisuras en la decisión del Tribunal. El veredicto fue votado por unanimidad. Los jueces dieron por probada la acusació de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que estimó que Bento habría generado al menos US$ 1,7 millones en sobornos.

En noviembre de 2023, el exmagistrado había sido destituido por el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño” de sus funciones. “Quedó acreditado que realizó maniobras para entorpecer causas, obtuvo inescrupulosamente un crédito hipotecario para vivienda única teniendo otras propiedades, omitió incluir información patrimonial, vendió un inmueble sin declarar que era persona con cargo público, entre otras irregularidades”, argumentó el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en relación a la decisión de removerlo de su cargo, que contó con seis votos a favor.

En el fallo conocido hoy uno de sus hijos, Luciano Bento, logró la absolución por falta de acusación fiscal, mientras que su esposa, Marta Boiza, imputada por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y su hijo mayor, Nahuel, sindicado por lavado de activos, también fueron hallados responsables.

Además, las magistradas desestimaron las nulidades pedidas por las defensas y aceptaron las prescripciones en ilícitos con penas de hasta 2 años.

A lo largo del proceso, los investigadores lograron probar que desde 2007 existía una asociación ilícita que concedía la libertad a detenidos o imputados y reducía medidas coercitivas a cambio de vehículos, coimas en dólares e inmuebles, motivo por el que la impunidad se garantizaba a través de las resoluciones que establecían faltas de mérito, sobreseimientos o modificaciones en las carátulas de las causas.

Los fiscales peticionaron al TOF N°2 la culpabilidad de Bento como autor de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo agravado (11 hechos) en calidad de autor, en concurso ideal con el delito de prevaricato en calidad de autor, todo a su vez en concurso real con el delito de omisión y retardo de justicia en calidad de autor. A su vez, se solicitó que se lo condene por desobediencia, falsedad ideológica y abuso de autoridad. 

Con información de Noticias Argentinas

La Cámara de Casación Penal desestimó una queja de los abogados de la constructora brasileña Odebrecht, en el marco de la investigación por el pago de sobornos en Argentina y corrupción en la obra pública durante las administración kirchneristas. “El Tribunal resuelve: No hacer lugar a la queja interpuesta por los abogados representantes de Constructora Norberto Odebrecht S.A. (Sucursal Argentina)”, sostuvieron los jueces en el fallo.

Según la investigación, la empresa habría pagado 35 millones de dólares para acceder a distintas obras como la ampliación de gasoductos a través de la firma Cammesa. El juez Daniel Rafecas logró comprobar que originalmente se abrió un proceso de licitación que terminó transformando en una negociación privada donde Odebrecht resultó favorecida.

En este marco, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 había decidido actualizar el monto del embargo dispuesto el 8 de mayo de 2018 y llevarlo a $8.528.856.000. Ante esa resolución, los abogados de la empresa interpusieron un recurso de casación, el cual fue rechazado hoy por la Justicia.

“El fallo contra el cual se dedujo al impugnación cuya denegatoria dio lugar a la queja, por su naturaleza y efectos, no revisa la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella en los términos del artículo 457 del Código Penal Procesal de la Nación; ya que no pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena”, explicaron los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos.

Y agregaron: “Por lo demás, no se advierte ni el presente logra acreditar la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente, ni la concurrencia de alguna circunstancia que imponga la habilitación de la competencia de esta Cámara Federal de Casación Penal como tribunal intermedio, conforme las pautas sentadas por el Alto Tribunal en el precedente Di Nunzio”.

El juez Alejandro Slokar, también integrante del tribunal, advirtió que la queja interpuesta se presentó ante un cuerpo que carece de competencia en la causa. “La vía intentada no resulta de recibo, por cuanto los letrados impugnantes se limitaron a manifestar su disconformidad con los argumento denegatorios expuestos, sin lograrlos refutar adecuadamente a través de sus agravios, defecto que obstaculiza la habilitación de esta instancia por falta de fundamentación”, aseguró.

ACM con información de agencias.

La Unión Industrial Argentina (UIA), que preside Daniel Funes de Rioja, recibirá este martes a los secretarios de Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y de Comercio, Matías Tombolini, y al subsecretario de Política Comercial, Germán Cervantes. De Mendiguren lleva las buenas noticias: vaticina que la economía no se contraerá, como vaticina la mayoría de los analistas por la sequía, sino que predice que se expandirá 1,5% porque el consumo y el turismo continúa empujando hacia arriba. Tombolini y Cervantes, en cambio, enfrentarán las quejas por los faltantes de importaciones necesarias para producir, desde insumos hasta maquinarias.

No se espera que nadie a viva voz comente los comentarios del periodista Carlos Pagni sobre supuestos funcionarios de Comercio que piden presuntos pagos en un hotel de Puerto Madero o las funciones de la esposa de Tombolini, María Stroman, como su asesora ad honorem. No es la primera vez que en los últimos años se siembran sospechas sobre cónyuges de funcionarios encargados de los controles de importaciones. Pero en el Gobierno comentan que empresarios les sugieren que hay quienes piden peajes para conseguir aprobaciones. Ya en febrero pasado el ministro de Economía, Sergio Massa, y Tombolini denunciaron a una banda grabada con cámara oculta que reclamaba esos sobornos para liberar autorizaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). En abril, los diputados de la Coalición Cívica Paula Oliveto, Juan Manuel López y Victoria Borrego se presentaron en la Justicia contra el secretario por una publicación en un grupo de Facebook de despachantes de aduana que hablaban de un 13% de coima.

La UIA espera a Tombolini y Cervantes con la reciente encuesta a sus asociados que indica que “más de la mitad de las empresas indicaron un empeoramiento de las restricciones a las importaciones de insumos para la producción”. “Los tiempos de aprobación de las SIRAs empeoraron para el 64% de las empresas, mientras que el 58% indicó una reducción en la proporción de solicitudes aprobadas”, según el informe de la Unión Industrial. No obstante, De Mendiguren consultó a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, sobre suspensiones de personal en empresas para ver si los faltantes provocaban parates y ella le informó que sólo hubo cuatro en los últimos dos meses.

El secretario les advertirá que en el primer cuatrimestre recibió un 48% más de pedidos de importaciones medidas en dólares que en el mismo periodo de 2022 y aprobó un 25% más. “El que recibe la SIRA aprobada se la guarda para especular”, alertan en Comercio. Es tentador importar al dólar oficial con la brecha que hay respecto del paralelo.

En el Gobierno se proponen “estabilizar la inflación sin que caiga el PBI”. Por eso, la última suba de tasa de interés para los plazos fijos y las Letras de Liquidez (Leliq) vino acompañada de una baja del costo del financiamiento para pymes y consumo. En la encuesta de la UIA en abril hay más compañías con caídas de producción, ventas internas, exportaciones y empleos que las que registran subas. Sin embargo, el Instituto de Estadística (Indec) marcó que de enero a marzo la industria creció 2,6%. “Se quejan de las importaciones, pero crecen”, apuntan en el Gobierno. De Mendiguren llevará los números con los que cruzó este lunes al ex ministro de Hacienda de Cambiemos Nicolás Dujovne por Twitter: “Hoy la economía está 7% arriba de cómo la dejaste. La industria está 15% arriba. Hay 305.000 más familias argentinas con empleo formal privado. El desempleo está en el nivel más bajo en 20 años. La inversión está en el mayor nivel en 14 años”.

El secretario de Desarrollo Productivo les recordará a sus ex colegas de la UIA, entidad que él presidió en el pasado, lo que les dijo en 2016 el entonces presidente del Banco Central de Cambiemos, Federico Sturzenegger. “Esa asignación de capital con proyectos con TIR (tasa interna de retorno) negativa lo que logra en realidad es destruir el capital en lugar de multiplicarlo”, habló aquella vez Sturzenegger en contra de los préstamos productivos con tasa de interés inferior a la inflación. Ahora De Mendiguren les ofrece un plan llamado Crédito Argentino (Crear) por $ 1.000 millones para capital de trabajo (gastos operativos), inversiones y exportaciones de grandes empresas, pymes y emprendimientos con una tasa del 48%, muy por debajo del 109% del índice de precios al consumidor (IPC), que se consigue en bancos públicos y privados. “El FMI (Fondo Monetario Internacional) te pide tasa positiva, pero así hacés mierda la actividad”, razonan en los despachos oficiales.

AR

Alejandro Toledo, el expresidente de Perú, se entregó este viernes a la Justicia de Estados Unidos, donde residía desde 2017, para iniciar el proceso de extradición a su país. Está acusado de haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht cuando estaba en el poder.

El exmandatario de 77 años acudió esta mañana a un tribunal de San José, en California, minutos después del plazo que habían estipulado las autoridades para su entrega, luego de que la Justicia rechazara las mociones presentadas por sus abogados para frenar la extradición, según reportaron medios peruanos.

Por las fotos que circulan en redes sociales, Toledo vestía una campera verde y chaleco rojo, jean y zapatillas cuando se presentó ante las autoridades. Ingresó por una entrada no prevista, con lo que logró esquivar a los periodistas que lo esperaban en la entrada del edificio federal Robert Peckham.

Toledo permanecerá “en una cárcel adecuada” hasta que sea entregado a las autoridades peruanas, apuntó el juez Thomas Hixson, quien había ordenado que el exmandatario se entregara en esa localidad californiana, a unos 40 kilómetros de Menlo Park, donde Toledo reside con su esposa Eliane Karp.

El magistrado había solicitado ayer jueves la entrega del pasaporte de Toledo a las autoridades estadounidenses y autorizado que el pasaporte de Karp le sea devuelto una vez “el acusado se haya entregado”.

El expresidente está acusado por la fiscalía peruana de haber recibido sobornos de parte de la empresa brasileña Odebrecht. Sostienen que Toledo habría recibido cerca de 20 millones de dólares a cambio de otorgar a la empresa la concesión de la obra de la ruta Interoceánica, al sur del país andino.

El gigante de la construcción Odebrecht reconoció el pago de coimas en Brasil y en otros países de la región, en el marco del escándalo Lava Jato, por el que decenas de políticos y empresarios de Latinoamérica están encarcelados.

Por este delito, se los fiscales solicitan para Toledo una pena de 20 años y 8 meses de cárcel.

El exjefe de Estado peruano fue detenido en 2019 en California, y pasó ocho meses en prisión preventiva para evitar el riesgo de fuga. Sin embargo, en marzo de 2020 fue beneficiado con el arresto domiciliario. Fuentes judiciales citadas por la agencia AFP señalaron que los trámites de extradición podrían demorar alrededor de una semana.

José Tello, ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú adelantó a la emisora local RPP que en su país Toledo podría ser encarcelado en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, donde también se encuentran recluidos los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo.

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, indicó que el centro de Barbadillo tiene capacidad para recibir a Toledo cuando llegue al país. “Debería ser y es probable que pase a Barbadillo. El penal está preparado, es indudable, y tenemos las condiciones para recibirlo. Está fuera de dudas. Siempre hay capacidad para uno más y tiene las condiciones adecuadas para recibirlo”, señaló a un canal limeño, en declaraciones que recogió La República.

LC con información de agencia Télam

El pasado 21 de noviembre, dos semanas antes de ser detenida, la eurodiputada socialista griega y vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, tomaba la palabra para defender a Qatar en el pleno de Estrasburgo. Eran las ocho de la tarde, y se estaba debatiendo sobre las violaciones de derechos humanos y laborales en nombre del capitalismo futbolístico. Después de aquel debate, los eurodiputados aprobaron una resolución en la que pedían a Qatar que investigue las muertes de trabajadores y acusaba a la FIFA de dañar “gravemente” al fútbol.

Kaili se dirigió al atril y arrancó así su discurso: “El Mundial de Qatar muestra cómo la diplomacia del deporte consigue una transformación histórica de un país con reformas que inspiran en el mundo árabe”. Y prosiguió con contundencia: “Qatar está a la vanguardia de los derechos laborales, también en la mejora de salarios, a pesar de las empresas europeas que no respetan esos derechos”.

Kaili argumentaba que Qatar se había “abierto al mundo, y a pesar de ello, hay colegas [eurodiputados] que les discriminan, los acosan y les acusan de corrupción, de la misma manera que aceptan el gas y los beneficios que consiguen allí. Tenemos valores, pero no tenemos el derecho moral paternalista. Hay una nueva generación de qataríes que nos han ayudado a reducir la tensión con Turquía, nos han ayudado con Afganistán a la hora de salvar a mujeres activistas. Son buenos negociadores de negocios, son buenos vecinos, buenos socios”.

Dos semanas después, el viernes 9 de diciembre, Kaili era detenida en una redada contra la corrupción por el supuesto cobro de sobornos para lavar la imagen de Qatar en Bruselas. La eurodiputada griega se encuentra encerrada al haber sido cazada “en flagrante delito”, según las autoridades belgas. Ahora bien, será clave que las autoridades tengan perfectamente acreditado ese “flagrante delito”, pues es uno de los pocos supuestos en los que se permite la actuación policial a personas con inmunidad parlamentaria, como ocurrió en pandemia con aquel eurodiputado ultraderechista húngaro cazado en una fiesta ilegal con drogas encima, sin pasar por el trámite del suplicatorio.

Según ha comunicado la Fiscalía belga este domingo, Eva Kaili ha recibido una orden de arresto y encarcelamiento como parte de la investigación anticorrupción que se está desarrollando en Bruselas, y en la que la policía se ha incautado de 600.000 euros. Bajo custodia también también ha quedado el ex eurodiputado socialdemócrata italiano Antonio Panzeri, líder de la ONG Fight Impunity, en cuya casa se halló más de medio millón de euros. Los cargos ya han provocado la suspensión de una votación parlamentaria sobre la concesión de visado a los ciudadanos de Qatar para viajar a la UE, prevista para la próxima semana.

La pareja de Kaili, el italiano Francesco Giorgi, ex asistente parlamentario de Panzeri, ha sido acusado y puesto también bajo arresto, al igual que el lobbista Niccolò Figa-Talamanca, secretario general de la ONG No Peace Without Justice.

El padre de Kaili, a quien habían pillado con una maleta llena de dinero en efectivo –medio millón de euros– cuando salía de un hotel de Bruselas, ha sido puesto en libertad condicional. Al igual que Luca Visentini, secretario general de la Confederación Sindical Internacional (ITUC, en sus siglas en inglés).

El eurodiputado italiano Dino Giarrusso –ex M5S– declaró a Financial Times que funcionarios qataríes se habían acercado a él y a muchos otros eurodiputados en Bruselas en numerosas ocasiones desde 2019. “Esperaban mejorar la reputación del país, especialmente en el período previo al Mundial”, dijo Giarrusso.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, decidió despojar a Kaili de competencias derivadas de la vicepresidencia de la Eurocámara tras la detención. Lo hizo el sábado, antes de que el instructor resolviera qué hacer con la eurodiputada griega. “A la luz de las investigaciones judiciales en curso por parte de las autoridades belgas, la presidenta Metsola ha decidido suspender con efecto inmediato todos los poderes, deberes y tareas que fueron delegados a Eva Kaili en su calidad de vicepresidenta del Parlamento Europeo”, comunicaban los portavoces de Metsola que, al ser preguntados por la inmunidad de Kaili y su arresto sin suplicatorio, contestaban: “El Parlamento Europeo ha cooperado y sigue cooperando plenamente con las autoridades belgas”.

Los compañeros de filas de Kaili, el grupo de socialdemócratas en la Eurocámara, emitió un comunicado el mismo viernes en el que afirmaban. “Estamos consternados por las acusaciones de corrupción en las instituciones europeas. El Grupo S&D tiene tolerancia cero con la corrupción. Somos los primeros en apoyar una investigación exhaustiva y una divulgación completa. Cooperaremos plenamente con todas las autoridades investigadoras. En este espíritu, no comentará públicamente sobre procedimientos judiciales en curso. Dada la gravedad de las acusaciones, hasta que las autoridades competentes proporcionen información y aclaraciones relevantes, solicitamos la suspensión del trabajo sobre cualquier archivo y votación plenaria con respecto a los Estados del Golfo, en particular la liberalización de visas y las misiones previstas”.

Registros

El domicilio del eurodiputado socialista belga Marc Tarabella también fue registrado el sábado por la noche como parte de la misma investigación. Un registro que presenció la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, tras adelantar su regreso de Malta. Tarabella es vicepresidente de la delegación para las Relaciones con la Península Arábiga. Durante el registro, la policía se ha incautado de su ordenador y su móvil.

“Podemos confirmar que la presidenta Metsola ha regresado de Malta a Bruselas el sábado por la noche para estar presente en el registro domiciliario de un miembro del Parlamento Europeo, ya que la Constitución belga (artículo 59) exige la presencia del presidente del Parlamento en caso de un registro domiciliario de un diputado elegido en Bélgica”, explican fuentes de la presidencia del Parlamento: “El Parlamento Europeo y la presidenta Metsola se oponen firmemente a la corrupción y cooperan activa y plenamente con las autoridades policiales y judiciales para ayudar en el curso de la justicia”.

El grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo, por su parte, pedirá añadir una declaración al orden del día del pleno que arranca este lunes en Estrasburgo con el título “Sospechas de corrupción de los países del Golfo y la necesidad de ampliar la transparencia y responsabilidad en las instituciones europeas.” Esta petición se votará en la apertura de la sesión, a las 17.00.

“Nuestra institución debe ser rigurosa, transparente y dura con la corrupción”, ha afirmado la copresidenta del grupo de La Izquierda, Manon Aubry. “Necesitamos averiguar urgentemente qué está pasando y quién está implicado para poder actuar y responder ante la ciudadanía a la que representamos”.

“Influir en las decisiones del Parlamento Europeo”

“Un total de seis personas fueron privadas de su libertad anteayer, viernes 9 de diciembre, como parte de una amplia investigación del Ministerio Público Federal y la Policía Federal por presunta organización criminal, corrupción y lavado de dinero”, explicaba este domingo la Fiscalía belga: “Se sospecha que terceros en posiciones políticas y/o estratégicas dentro del Parlamento Europeo recibieron grandes sumas de dinero u ofrecieron obsequios sustanciales para influir en las decisiones del Parlamento”.

La Fiscalía ha informado de que, de la seis arrestadas el viernes, “cuatro personas han sido detenidas por el juez de instrucción de Bruselas que dirige la investigación. Se les imputan los delitos de participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción. Dos personas han sido puestas en libertad por el juez de instrucción. La casa de un segundo parlamentario también fue allanada alrededor de las 20.00”.

A la vista de las detenciones e interrogatorios en relación con las denuncias de corrupción y soborno por parte de Qatar contra la vicepresidenta del Parlamento Europeo Kaili, Terry Reintke, copresidenta del Grupo de los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo, ha afirmado: “Tolerancia cero contra la corrupción y el soborno; esto debe aplicarse también y especialmente al Parlamento Europeo. La mera sospecha de corrupción daña la reputación y la credibilidad del Parlamento Europeo. Los Verdes/ALE pedimos a la vicepresidenta del Parlamento Europeo que renuncie a su cargo con efecto inmediato. Si se confirman las sospechas, también debe dimitir de su mandato como eurodiputada para evitar más daños al Parlamento Europeo y a las instituciones europeas”.

2010: los antecedentes

Todo comenzó en 2010 con una votación secreta en Zurich entre los 22 miembros del comité ejecutivo de la FIFA –eran 24, pero dos de ellos fueron suspendidos semanas antes tras publicarse un vídeo en el que se ofrecían a vender sus votos a cambio de dinero. Un periodista del Sunday Times se hizo pasar por un lobbista a favor de la candidatura de EEUU y ofreció dinero a cambio de su voto–. Qatar se impuso a EEUU, Corea del Sur, Japón y Australia, informa Javier Biosca.

Meses más tarde, el Sunday Times volvió a publicar una investigación en la que señalaban que otros dos miembros del comité habían recibido 1,5 millones de dólares cada uno por votar por Qatar. Otro miembro del comité vendió unas tierras a Qatar por 32 millones de euros, aunque dice que eso no influyó en su voto, según revela el documental ‘Los Entresijos de la FIFA’. 

Tan solo nueve días antes de la votación, Michel Platini, entonces presidente de la UEFA, se reunió con el presidente Nicholas Sarkozy, con el actual emir de Qatar, Tamin bin Hamad al Thani, y su entonces primer ministro, Hamad bin Jassem, en el Elíseo. Sarkozy quería convencer a Platini para votar por Qatar. Platini votó por Qatar, pero asegura que aquella reunión no tuvo nada que ver. Mientras tanto, Joseph Blatter, entonces presidente de la FIFA, declaró al diario Le Monde: “Sin la intervención en el último momento de Sarkozy, Qatar no habría conseguido el Mundial”. Las autoridades interrogaron a Platini en una investigación sobre la polémica votación de Zurich.

En un email filtrado días después de la publicación del Sunday Times, el secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, se refería al qatarí Mohamed Bin Hammam, entonces miembro del comité de la FIFA y figura fundamental en la victoria de la candidatura de Qatar: “Pensaba que se puede comprar la FIFA como compraron el Mundial”, escribió Valcke. 

Bin Hammam, que era presidente de la Confederación Asiática de Fútbol y quería disputar a Blatter la presidencia de la FIFA, fue suspendido de por vida en el mundo del fútbol por intentar sobornar y comprar votos para esta elección. Hammam entregó 40.000 dólares en efectivo a varios miembros de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol. Blatter y Platini también acabaron suspendidos del fútbol durante un periodo de ocho años.

La FIFA inició una investigación en 2012 sobre lo ocurrido en la votación y concluyó que no se habían comprado votos, pero habló de una “conducta potencialmente problemática de algunos individuos parte de la candidatura de Qatar”. Años después, en 2015, siete miembros del comité ejecutivo de la FIFA fueron detenidos en un hotel de Zurich a petición de Estados Unidos, que lanzó acusaciones de corrupción contra decenas de cargos de la FIFA. Tras años de investigación, en abril de 2020 los fiscales estadounidenses afirmaron que representantes de Qatar y Rusia sobornaron a miembros de la FIFA para conseguir el Mundial.

Hoy, 11 de los 22 miembros que participaron en la votación de 2010 han sido suspendidos, multados o imputados por diferentes casos de corrupción. Dos de ellos han sido condenados, pero no por la elección de Qatar.