El regreso de la temida Gasht-e-Irshad (“policía de la moral” iraní) fue recibido con consternación, pero las activistas que hablaron con el periódico The Guardian afirman que no van a dejar de salir a la calle.

Un portavoz de la policía confirmó la semana pasada que vuelven a patrullar las calles para ocuparse de las mujeres que “ignoran la imposición del hiyab e insisten en desobedecer las normas”. El anuncio se produjo dos meses antes del aniversario de la muerte bajo custodia, en septiembre de 2022, de Mahsa Amini, una joven de 22 años que fue detenida porque supuestamente no llevaba correctamente el pañuelo islámico. Su muerte mientras estaba bajo custodia provocó la mayor oleada de disturbios populares en años en el país.

The Guardian ha hablado con mujeres que participaron en las protestas que se extendieron por todo el país tras la muerte de Amini, y que han confirmado que ya han visto cómo la policía acosa a chicas en la calle por no llevar el hiyab.

“El anuncio de que se ha reinstaurado la 'policía de la moral' me ha dejado indiferente. Los medios de comunicación occidentales insisten en decirnos a los iraníes que Gasht-e-Irshad ha sido abolida, pero no conozco a ningún amigo iraní que se lo haya creído”, asegura una joven de 22 años de la ciudad de Rasht, en el noroeste de Irán.

“[La policía de la moral] nunca se ha ido y se despliega como personal de seguridad en las universidades o como civiles en lugares públicos. Lo que el mundo ve es solo la punta del iceberg de lo que ocurre aquí. Aunque todo parece normal para los que no se preocupan por nosotras las mujeres, si te fijas, están por todas partes”, cuenta la joven. “Yo he llevado el pañuelo toda mi vida, por elección, y mi hermana no. Yo siempre lo he llevado a media cabeza. Mataron a Mahsa por mostrar menos cabello que yo y sé que con este anuncio oficial ahora les han dado vía libre para volverse más violentos”, dice.

“No van a doblegarnos”

En los últimos meses, muchas mujeres y niñas iraníes han publicado en las redes sociales fotografías y vídeos de sí mismas desafiando la ley del velo obligatorio. “Decenas de estudiantes no murieron para que un año después volvamos a estar como antes de septiembre de 2022”, afirma una estudiante universitaria de Teherán. “Tanto si el régimen quiere aceptarlo como si no, volveremos a salir a la calle y no habrá vuelta atrás. Ya estamos preparando grandes protestas para el primer aniversario de la muerte de Mahsa. Habrá más detenciones o cosas peores. Son tácticas de miedo y no van a doblegarnos”, sostiene.

“La policía de la moral me acosó incluso antes de que empezaran las protestas. Las fuerzas de seguridad me dispararon con una pistola de pintura en la cabeza. No les tengo miedo. Si nos asustamos y nos echamos atrás, ¿qué quedará de los sacrificios de los manifestantes que perdieron la vida y sus familias? Estoy dispuesta a seguir luchando”, dice la universitaria.

Entre las víctimas mortales de las protestas posteriores a la muerte de Amini se encuentra Minoo Majidi, una madre de 62 años a la que dispararon 167 perdigones. Según la información disponible, antes de ir a las manifestaciones de Kermanshah, dijo a su familia: “Si no salgo yo a protestar, ¿quién lo hará?”. Su hija, Mahsa Piraei, afirma que su madre siempre había defendido los derechos y libertades de las mujeres.

“Con la intensificación de las represiones, las detenciones y el acoso bajo el pretexto de la ley sobre el hiyab, la República Islámica envía un mensaje al pueblo iraní: 'Vamos a golpear y a matar, y si alguien protesta, también lo mataremos', igual que mataron a mi madre. Este círculo continuará mientras este régimen siga en el poder, ya que sus cimientos se basan en la violencia y el crimen”, explica Piraei.

Acoso y detenciones violentas

Aunque la policía de la moral existe desde la revolución islámica de 1979, la forma actual, la llamada patrulla de orientación, se creó como brazo de la policía en 2005. Desde entonces, ha hecho cumplir las estrictas leyes sobre el hiyab con detenciones violentas.

En 2014, Masih Alinejad, periodista y activista iraní, lanzó My Stealthy Freedom (mi libertad sigilosa), un movimiento de protesta en Internet que insta a las mujeres a compartir fotos de sí mismas sin hiyab. Alinejad sigue recibiendo imágenes y vídeos de mujeres y niñas iraníes desafiantes.

“La batalla por el hiyab se ha convertido en un poderoso grito de guerra contra el régimen de apartheid de género en Irán y en una señal de cambio de régimen”, afirma Alinejad que añade que, tras la muerte de Amini, las manifestaciones se convirtieron rápidamente en llamamientos al derrocamiento del régimen clerical iraní.

“Las mujeres quemaban sus pañuelos, se cortaban el pelo y quemaban furgonetas de la policía de la moral. Estas mujeres se convirtieron en la pesadilla de todo el régimen y es por este motivo que en el primer aniversario de la muerte de la joven, el gobierno intenta retomar las leyes sobre el hiyab para evitar otro levantamiento. Son conscientes de que la próxima oleada de la revolución liderada por mujeres en Irán será mucho más fuerte”, asegura Alinejad.

Las estudiantes universitarias han sufrido acoso, suspensiones y expulsiones por negarse a llevar hiyab. La noticia de que la policía de la moral vuelve a patrullar las calles ha generado más ansiedad.

“Estas noticias me dejan helada y aturdida”, dice una estudiante universitaria de una ciudad del noreste de Irán. “Los acontecimientos del año pasado se están repitiendo, aunque mi vida es la misma. Incluso las cosas sencillas se han convertido en inalcanzables. Con este calor de 38 grados, ¿esperan que salgamos a la calle con chador?”, se pregunta. Según la estudiante, la medida de reinstaurar la policía de la moral sólo pretende provocar que las mujeres salgan a protestar para que las detengan como advertencia a las demás.

Una mujer de Teherán explica que la policía de la moral ha estado anotando las matrículas de los coches de las mujeres vistas sin hiyab. “Nos han hecho fotos a mis amigas y a mí cuando hemos salido sin pañuelo. Me temo que ya han recabado suficientes datos para perseguirnos, una por una”, afirma.

“Hace poco tuve una discusión con uno de ellos a la salida de un juzgado. Los agentes exigen con dureza a las mujeresa que llevemos el hiyab y, cuando nos negamos, nos hacen fotos, vídeos y nos quitan el carné de identidad. Luego nos citan en el juzgado. Sigo saliendo sin hiyab a pesar de la medida del gobierno, porque somos muchas mujeres las que hemos decidido desafiar la ley y luchar”, asegura la mujer.

“Si les mostramos que tenemos miedo, su comportamiento será peor y torturarán a más personas de mi pueblo. Como mujer iraní, creo que no hay otra opción que luchar. La policía de la moral no nos da miedo”, advierte.

Traducción de Emma Reverter.

La Justicia de Irán condenó este lunes al futbolista Amir Nasr Azadani a 26 años de prisión por involucrarse en las protestas antigubernamentales de noviembre pasado por la muerte de la joven Mahsa Amini que estaba bajo custodia por violar el código de vestimenta islámico.

Azadani, que se enfrentaba a una posible ejecución en la horca, fue una de las dos personas condenas por las acciones registradas el 16 de noviembre cuando tres miembros de las fuerzas de seguridad murieron durante un incidente registrado en en la provincia de Isfahán.

El deportista fue imputado por “incurrir en delitos contra el orden público, reunirse y conspirar para vulnerar la seguridad del país”, además de cometer 'moharebé', “un delito contra Dios”, según informaciones de la cadena 'Iran International“ reproducidas por la agencia de noticias DPA.

El futbolista iraní, de 26 años, había sido acusado y enfrentaba una posible sentencia de muerte en la horca por reclamar en favor de los derechos de las mujeres en su país.

En su momento el sindicato internacional de jugadores, FIFPRO, pidió “la eliminación inmediata de su castigo” al igual que se manifestaron en ese sentido distintos organismos ligados a los derechos humanos.

TRES NUEVAS CONDENAS A MUERTE

En el mismo juicio, Saleh Mirhashemi, Majid Kazemi Sheikh Shabani, y Saeed Yaqoubi han sido sentenciados a muerte por “moharebe” o “enemistad contra dios” por el asesinato de los basijis en Isfahan y se suman a las, al menos, 11 personas sentenciadas hasta ahora a la pena máxima.

Los tres han sido además condenados a 10 años de prisión.

Un quinto acusado, Soheil Jahangiri, ha sido condenado a dos años de prisión por su participación en los mismos hechos, y un sexto, Jaber Mirhashemi, ha sido absuelto.

Mizan aclaró que cuatro de los encausados contaron con abogados propios, mientras que los dos restantes lo hicieron con letrados de oficio.

PROTESTAS

Irán vive protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini tras ser detenida por la Policía de la moral por no llevar bien colocado el velo, pero han evolucionado y ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.

El Gobierno iraní ha reprimido fuertemente las movilizaciones, protagonizadas sobre todo por jóvenes y mujeres que piden más libertades al grito de “mujer, vida, libertad”.

Al menos 2.000 personas han sido acusadas por la Justicia iraní de diversos delitos por su participación en las movilizaciones, 14 condenadas a muerte y cuatro han sido ejecutadas.

Las sentencias de hoy llegan después de que el sábado las autoridades iraníes llevasen a cabo las ejecuciones de Mohammad Mehdi Karami y Mohammad Hosseini por el supuesto asesinato de un basiji.

Sus ahorcamientos provocaron de nuevo fuertes críticas internacionales. La Unión Europea (UE) se declaró consternada por las ejecuciones y pidió a Teherán que “anule sin demora” las condenas a muerte ya pronunciadas en el contexto de las manifestaciones.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han denunciado los juicios como “farsas” e “injustos” y una “venganza”.

Casi 500 personas han muerto en las protestas y cerca de 20.000 han sido detenidas, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo.

Con información de agencias.

IG

Las autoridades iraníes ejecutaron este sábado en la horca a dos hombres declarados culpables de haber matado a un paramilitar durante las manifestaciones desatadas a mediados de septiembre pasado por la muerte de la joven Mahsa Amini tras estar bajo custodia de la extinta Policía de la moral.

“Mohammad Mahdi Karami y Seyyed Mohammad Hosseini, los principales autores del crimen que condujo al martirio de Ruhollah Ajamian, fueron ahorcados en la mañana”, precisó Mizan Online, la agencia de información del Poder Judicial iraní.

Las ejecuciones de este sábado ocurrieron pese a una campaña de ONGs que pedía que Teherán perdone a los acusados. A mediados de diciembre pasado, el padre de Mohammad Mahdi, Mashallah Karami, difundió un video en redes sociales en el que imploraba a las autoridades anular la pena de muerte contra su hijo, que describía como un campeón de kárate, miembro del equipo nacional, que había ganado competiciones en Irán.

Mashallah Karami denunció a la prensa iraní que el abogado de la familia no había podido acceder al expediente de su hijo. Según el grupo Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, Karami tenía 22 años y, de acuerdo a ONGs, Hosseini tenía 39 años.

Desde el inicio de la ola de protestas, la Justicia iraní condenó a muerte al menos a 14 personas relacionadas con las manifestaciones, según un recuento de la agencia de noticias AFP, no contrastado con cifras oficiales.

Con los dos ahorcamientos de este sábado, la cifra de ejecuciones fue elevada a cuatro desde el inicio de las protestas, mientras que dos tienen la confirmación de su sentencia por el Tribunal Supremo, seis están a la espera de nuevos juicios y otras dos pueden apelar el fallo.

Karami y Hosseini estaban acusados de haber matado a Ajamian, miembro de la milicia paramilitar Basij, afiliada a los Guardianes de la Revolución, el 3 de noviembre en Karaj, una ciudad al oeste de Teherán.

El tribunal de primera instancia los condenó a muerte el 4 de diciembre y el veredicto fue confirmado el 3 de enero por la Corte Suprema de Irán, precisó Mizan Online.

Activistas del país aseguran que otra decena de personas enfrentan a acusaciones que pueden comportar la pena capital.

Repudio internacional

Las ejecuciones fueron repudiadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, que denunció juicios “basados en confesiones extorsionadas”. “Es impactante que Irán continúe ejecutando a manifestantes pese a la indignación internacional”, tuiteó el organismo.

También la Unión Europea (UE) se mostró “consternada” y pidió “una vez más a las autoridades iraníes que pongan de inmediato fin a la práctica altamente condenable de pronunciar y ejecutar condenas a muerte contra los manifestantes”, precisó en un comunicado Nabila Massrali, vocero del jefe de la diplomacia comunitaria, el español Josep Borrel, informó la agencia de noticias Europa Press.

“Es un castigo definitivo que hace irreversibles posibles errores judiciales”, agregó Massrali, que denunció ajusticiamientos como “otro indicio de la violenta represión de las autoridades iraníes”.

Cómo ocurrió la muerte de Mahsa Amini

Irán vive una ola de violencia desde que Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años, murió el 16 de septiembre pasado en un hospital de Teherán, tres días después de haber sido detenida por la policía de la moral porque presuntamente tenía mal puesto el velo que según el código de vestimenta de la República Islámica debía cubrir su cabello.

Autoridades iraníes dijeron que murió de causas naturales, por una enfermedad preexistente, pero su familia dijo que creía que pudo haber sido golpeada.

La protesta, nacida del rechazo de las restricciones de vestimenta impuestas a las mujeres y de la indignación suscitada por la muerte de la joven, evolucionó en un movimiento dirigido contra la teocracia en el poder desde la revolución islámica de 1979. Los dirigentes iraníes acusan a Estados Unidos, enemigo acérrimo de Irán, de estar detrás de las protestas, que califican de “disturbios”.

Irán ya fue objeto de una serie de sanciones internacionales como reacción a la represión contra las manifestaciones.

Alrededor de 14.000 personas fueron arrestadas desde septiembre pasado, según la ONU, entre quienes se encuentran deportistas, activistas y personalidades del cine y periodistas.

MB con información de agencia de noticias Télam

La ONG Human Rights Watch ha señalado este lunes que la ejecución de dos manifestantes por parte de las autoridades iraníes en relación con las protestas antigubernamentales es “un grave error judicial y una escalada peligrosa”.

“Los juicios de quienes enfrentan cargos de pena capital relacionados con las protestas han sido una parodia total de la justicia”, ha afirmado Tara Sepehri Far, investigadora de Irán de HRW.

“Privar a quienes se enfrentan a cargos de pena capital del acceso a un abogado de su elección es una medida coordinada para acelerar la campaña de juicios falsos de las autoridades iraníes que pretende sembrar el miedo y proyectar poder”, ha explicado Sepehri.

La organización ha denunciado que los cargos contra los manifestantes son delitos “vagamente redactados”, que incluyen cargos de seguridad nacional como enemistad contra dios, corrupción en la tierra o rebelión armada. Además, los procedimientos judiciales en los que no tienen permiso de participación abogados de la elección de los acusados “parecen no cumplir con las normas internacionales”.

“Se informa de que los acusados son torturados para que confiesen, se les priva de acceso a los abogados de su elección y se les apresura a pasar por procedimientos judiciales que eluden las salvaguardias del propio código penal y la ley de procedimiento penal de Irán”, ha agregado la ONG en su misiva.

Además, los tribunales revolucionarios han emitido al menos otras once sentencias de muerte y se espera que juzguen a decenas de personas más, incluidos menores de edad, por cargos que pueden conllevar la pena de muerte, denuncian grupos de Derechos Humanos.

Así, Human Rights Watch ha afirmado que se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias y en todos los países porque es “intrínsecamente cruel e irreversible”.

“Las autoridades iraníes deben detener de inmediato estos juicios y anular las sentencias de muerte”, reza el comunicado de la ONG.

Este lunes los medios iraníes informaron de que las autoridades habían ejecutado en público a Majid Reza Rahnavard, de 23 años, por el presunto asesinato de dos policías.

El acusado ha sido ejecutado 13 días después de que comenzara el juicio, motivo por el cual HRW critica que “no está claro cómo avanzó el proceso de apelación a ese ritmo”.

Además, el jueves los medios anunciaron la primera ejecución de un participante de las protestas en Irán, Mohsen Shekari, de 23 años, investigado por herir a un agente de Policía y bloquear una carretera.

Las autoridades han emitido al menos 1.680 imputaciones en todo el país en relación con las protestas, según comunicados oficiales, mientras que grupos de Derechos Humanos estiman que más de 18.000 personas han sido arrestadas en el marco de las manifestaciones sociales.

Irán es uno de los países que utiliza la pena capital con mayor frecuencia, las cifras de organizaciones de Derechos Humanos estiman que más de 300 los ciudadanos ejecutados entre el 21 de marzo y el 12 de septiembre, recoge HRW.

Europa Press.

IG

El futbolista iraní Amir Nasr-Azadani fue condenado a muerte por apoyar las protestas en favor de los derechos de las mujeres en su país, confirmó la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesiones (FIFPRO), que pidió a las autoridades iraníes que eliminen la pena.

“FIFPRO está conmocionada y asqueada por las informaciones de que el futbolista profesional Amir Nasr-Azadani se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo”, señaló el sindicato en un comunicado.

El exjugador del Rah-Ahan, el Tractor y el Gol-e Rayhan, de 26 años, fue por el régimen iraní de un delito llamado 'moharebeh', es decir, 'enemistad con Dios', según 'IranWire'; este conlleva la ejecución en la horca, una pena que ya sufrieron el joven Mohsen Shekari y el luchador Majid Reza Rahnavard, ahorcado en público en la ciudad santa de Mashad por las mismas acusaciones que Amir Nasr-Azadani, todo tras un juicio sin garantías.

El medio también informa que la familia del futbolista “fue amenazada repetidamente por las fuerzas de seguridad de la República Islámica” si revelaban que su familiar estaba detenido, algo que finalmente trascendió.

Solo uno de los internacionales iraníes que acudieron al Mundial de Qatar reaccionó ante las ejecuciones y las amenazas de ejecución, el arquero Alireza Beiranvand, que pidió en Instagram que las penas fuesen revocadas.

Europa Press.

IG