La organización internacional Human Rights Watch (HRW) emitió este jueves un informe crítico sobre el primer año de gestión del presidente Javier Milei. Según el documento, durante este periodo se promovieron regulaciones “excesivas” contra las protestas sociales, se implementaron políticas exteriores que socavaron los derechos de mujeres y minorías, y se comprometió la independencia de la Corte Suprema al nominar al controvertido juez Ariel Lijo.

A pesar de estabilizar la economía, HRW advierte sobre un deterioro social en el país. “El plan de austeridad del presidente Milei redujo drásticamente el gasto público, lo que tuvo consecuencias en la financiación de varios programas sociales”, afirma la organización en su comunicado. “Un estudio mostró que, durante los primeros cuatro meses del 2024, los programas destinados a víctimas de violencia de género sufrieron recortes de entre el 70 % y el 100 %. Los recortes también afectaron a programas de atención médica a enfermos de cáncer y de integración de personas con discapacidad. El presidente Milei también vetó leyes aprobadas por el Congreso para aumentar jubilaciones y la financiación de universidades públicas”, agrega.

El reporte, presentado desde su sede en Nueva York, analiza la situación de los derechos humanos a nivel global en 2024. En el capítulo dedicado a Argentina, se señala que las políticas de Milei incluyeron “recortes a la financiación de programas sociales, obstáculos para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y una retórica gubernamental hostil hacia periodistas y personas LGBT+”.

HRW también cuestionó el protocolo antipiquetes implementado por el gobierno, calificándolo como una medida que criminaliza el derecho a la protesta pacífica: “En diciembre de 2023, el Ministerio de Seguridad publicó un protocolo que, en la práctica, criminaliza cualquier impedimento al tránsito derivado de una manifestación. También otorga a la policía amplios poderes para dispersar protestas”.

En este contexto, el informe se suma a las denuncias recientes de la sección argentina de Amnistía Internacional, que también advirtió sobre “el uso excesivo e ilegítimo de la fuerza” en protestas sociales. Estas críticas fueron desestimadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien declaró: “Que salgan con un informe así es porque están del lado de los delincuentes”.

Críticas a la nominación de Lijo

Una de las mayores preocupaciones expresadas en el informe es la nominación de Ariel Lijo para ocupar un puesto en la Corte Suprema. “Numerosas organizaciones de derechos humanos, ciudadanos, asociaciones empresariales y académicos expresaron su preocupación por el historial de Lijo como juez federal. A octubre, Lijo tenía cinco investigaciones disciplinarias pendientes en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de investigar y destituir a jueces federales. Según un estudio, se ha enfrentado a otros 29 procedimientos disciplinarios que fueron archivados, incluidos 16 in limine, es decir, sin ningún análisis. Algunos procedimientos se basaron en acusaciones de que Lijo atrasó o manipuló investigaciones por casos de corrupción”, señala el texto de la organización.

Según el reporte, esta decisión pone en riesgo la independencia del máximo tribunal y refuerza los temores de un deterioro institucional bajo la administración de Milei.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva necesita “implementar inmediatamente” un plan contra “la destrucción desenfrenada” de la Amazonía brasileña, tras cuatro años en los que Jair Bolsonaro debilitó “severamente” la fiscalización ambiental, afirmó este jueves Human Rights Watch (HRW) en su informe anual.

La organización de derechos humanos pidió al presidente brasileño restablecer la capacidad operativa de las agencias de protección medioambiental, proteger los derechos de los pueblos originarios y reanudar la demarcación de nuevos territorios indígenas.

“Los defensores de la selva amazónica continuaron sufriendo amenazas y ataques”, denunció HRW al citar el asesinato de “más de 60 personas” por conflictos de tierras y recursos naturales en la región entre enero de 2020 y julio de 2022, según asociaciones locales.

Asimismo, la Amazonía brasileña perdió 10.267 kilómetros cuadrados de vegetación en 2022, un nivel récord que coincidió con el último año de Bolsonaro en el poder y que supone un incremento de casi el 25 % con respecto a 2021, según datos oficiales preliminares.

“En áreas deforestadas, los grupos criminales a menudo prenden fuego a la vegetación restante después de extraer madera valiosa, con objeto de preparar la tierra para el pastoreo o la especulación de tierras”, advirtió HRW.

El número de incendios en la Amazonía brasileña en los 9 primeros meses de 2022 superó el registrado en todo 2021.

“El Gobierno de Bolsonaro debilitó severamente la fiscalización ambiental, fomentando en la práctica redes criminales que impulsan la deforestación y que han utilizado amenazas y violencia contra los defensores de los bosques”, apuntó la organización.

También criticó que la Administración del líder ultraderechista (2019-2022) adoptó “políticas que facilitaron la invasión de tierras indígenas y apartó a funcionarios con experiencia” de cargos importantes en los órganos estatales de protección de los pueblos originarios.

Por otro lado, HRW alertó que, hasta octubre pasado, el Parlamento brasileño “analizaba proyectos de ley que flexibilizan” la concesión de licencias medioambientales, permiten la minería en las reservas indígenas“ y ”ofrecen una amnistía“ a los invasores de tierras.

Por todo ello, considera que el Gobierno de Lula, que asumió el poder el pasado 1 de enero, necesita “fortalecer el programa de protección de los defensores de derechos humanos y ambientalistas”, y trabajar de forma conjunta con los Gobiernos locales y la Fiscalía para responsabilizar a los involucrados en los casos de violencia e intimidación.

EFE.

IG

La ONG Human Rights Watch ha señalado este lunes que la ejecución de dos manifestantes por parte de las autoridades iraníes en relación con las protestas antigubernamentales es “un grave error judicial y una escalada peligrosa”.

“Los juicios de quienes enfrentan cargos de pena capital relacionados con las protestas han sido una parodia total de la justicia”, ha afirmado Tara Sepehri Far, investigadora de Irán de HRW.

“Privar a quienes se enfrentan a cargos de pena capital del acceso a un abogado de su elección es una medida coordinada para acelerar la campaña de juicios falsos de las autoridades iraníes que pretende sembrar el miedo y proyectar poder”, ha explicado Sepehri.

La organización ha denunciado que los cargos contra los manifestantes son delitos “vagamente redactados”, que incluyen cargos de seguridad nacional como enemistad contra dios, corrupción en la tierra o rebelión armada. Además, los procedimientos judiciales en los que no tienen permiso de participación abogados de la elección de los acusados “parecen no cumplir con las normas internacionales”.

“Se informa de que los acusados son torturados para que confiesen, se les priva de acceso a los abogados de su elección y se les apresura a pasar por procedimientos judiciales que eluden las salvaguardias del propio código penal y la ley de procedimiento penal de Irán”, ha agregado la ONG en su misiva.

Además, los tribunales revolucionarios han emitido al menos otras once sentencias de muerte y se espera que juzguen a decenas de personas más, incluidos menores de edad, por cargos que pueden conllevar la pena de muerte, denuncian grupos de Derechos Humanos.

Así, Human Rights Watch ha afirmado que se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias y en todos los países porque es “intrínsecamente cruel e irreversible”.

“Las autoridades iraníes deben detener de inmediato estos juicios y anular las sentencias de muerte”, reza el comunicado de la ONG.

Este lunes los medios iraníes informaron de que las autoridades habían ejecutado en público a Majid Reza Rahnavard, de 23 años, por el presunto asesinato de dos policías.

El acusado ha sido ejecutado 13 días después de que comenzara el juicio, motivo por el cual HRW critica que “no está claro cómo avanzó el proceso de apelación a ese ritmo”.

Además, el jueves los medios anunciaron la primera ejecución de un participante de las protestas en Irán, Mohsen Shekari, de 23 años, investigado por herir a un agente de Policía y bloquear una carretera.

Las autoridades han emitido al menos 1.680 imputaciones en todo el país en relación con las protestas, según comunicados oficiales, mientras que grupos de Derechos Humanos estiman que más de 18.000 personas han sido arrestadas en el marco de las manifestaciones sociales.

Irán es uno de los países que utiliza la pena capital con mayor frecuencia, las cifras de organizaciones de Derechos Humanos estiman que más de 300 los ciudadanos ejecutados entre el 21 de marzo y el 12 de septiembre, recoge HRW.

Europa Press.

IG