El abogado penalista Mariano Cúneo Libarona, designado por Javier Milei como próximo ministro de Justicia, se reunió esta mañana con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la transición hacia la asunción del nuevo Gobierno el próximo 10 de diciembre.

El encuentro fue informado oficialmente por el máximo tribunal que distribuyó una foto en la que se puede ver al próximo ministro con el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti.

Si bien las visitas de Cúneo Libarona a los jueces fueron protocolares y aclararon que no fueron de presentación porque todos ya lo conocían, el futuro funcionario criticó el juicio político que desde hace meses se trabaja en comisión en la Cámara de Diputados, impulsado por los legisladores del Frente de Todos“ y dijo que era ”infame“

“Ha sido para dañarlos públicamente, es infame. Esto tiene que terminar”, expresó Cúneo Libarona. “El juicio a la Corte no tiene andamiaje ni fáctico ni jurídico. Es algo ilegítimo que tiende a presionar y perturbar la honorabilidad de los jueces sin sustento alguno”, agregó en una entrevista con el canal Todo Noticias (TN).

Según el futuro ministro, la Corte es “tan buena y prestigiosa” y precisó que durante el mandato del libertario “va a ser independiente, libre de decisión, sin presión, sin coacciones”.

Asimismo, señaló que el Máximo Tribunal se presentará “sin interferencias de terceros, como manda el Estado de Derecho”. .

“Es algo que esperamos con mucha ansiedad en este país”, remarcó y continuó: “Voy a hacer el mayor esfuerzo después de 42 años que llevo en esto para tratar de contribuir a que tengamos la mejor justicia posible”.

Cúneo Libarona recordó cuando Milei lo contactó para formar parte de su gobierno y dijo que “fueron increíbles las ideas” del ahora presidente electo: “Yo tuve un ofrecimiento formal por parte del futuro presidente. Fue increíble lo que me transmitió, las órdenes que me dio. Y compartí un montón en cuanto a ideología, porque el liberalismo no es solamente económico. Los libertarios tuvieron su aplicación en el Derecho en un montón de normas que evolucionaron en tratados internacionales y convenciones”.

En ese sentido, señaló que el punto de partida del nuevo gobierno “es una cuestión de comunión ideológica y personal” para “buscar una Argentina mejor”.

Antes de ir al Palacio de Justicia, el designado futuro ministro pasó por el edificio de los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

El futuro funcionario saludó jueces, fiscales e incluso secretarios de la Cámara de Casación en sus primeros pasos por el edificio que conoce al dedillo y luego fue a ver al juez Andrés Basso, juez de tribunal oral que fue recientemente electo como presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).

Esta semana, en declaraciones periodísticas, Milei confirmó que Cúneo Libarona será su ministro de Justicia, a partir del 10 de diciembre.

Al ser consultado sobre la conformación de la Corte Suprema, el presidente electo dijo esta semana que su “intención es consultarlo con el ministro (de Justicia), que es Mariano Cúneo Libarona, y la Corte para que sea algo consensuado”.

Con información de agencias.

IG

El diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade se presentó como “querellante” en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a políticos, jueces y otros personajes públicos por parte de un ex policía bonaerense calificado por la justicia como “agente inorgánico” de inteligencia.

El diputado oficialista sostiene que también él fue víctima de tareas de espionaje ilegal, pese a que la oposición lo responsabiliza como autor.

Tailhade se presentó “en la causa iniciada por denuncia de varios magistrados por presuntas acciones de inteligencia ilegal” y afirmó que “no hace falta brindar mayores detalles sobre las razones que fundamentan esta presentación”.

“Tan solo basta acudir a las portadas de los principales medios de nuestro país para advertir que me encuentro señalado por diversos periodistas como miembro o incluso jefe de la organización que se investiga en autos”, advirtió Tailhade.

Desde la oposición le pidieron el desafuero para que sea investigado por presunta obtención de datos privados de Elisa Carrió, Luis Juez y por la filtración de los chats de jueces, funcionarios porteños, fiscales y agentes de inteligencia que viajaron al Lago Escondido en octubre de 2022 invitados por dos directivos del Grupo Clarín.

“No hace falta enfatizar que en el dictamen de esta Fiscalía que ha trascendido a la opinión pública no me encuentro mencionado en ninguna de las 169 páginas que integran ese documento”, contrapuso el diputado oficialista.

“Sin embargo –reconoció-, sí es relevante determinar si en el Anexo I, en el que según el dictamen mencionado se encontrarían detallados los 1196 informes de inteligencia, se encuentra identificada una carpeta con mi nombre”.

De esa manera, Tailhade aludió a un artículo periodístico que sostiene que “Entre los perfiles a los que entró Zanchetta”, -en alusión al ex policía Ariel Zanchetta, detenido por acciones de inteligencia ilegal- “se hallan los de los gobernadores … y del diputado oficialista Rodolfo Tailhade”.

“Solicito del Sr. Fiscal se me informe si en el Anexo I del dictamen ya indicado se encuentra una carpeta con información de inteligencia con mi nombre”, reclamó.

Previamente, Tailhade había señalado que está en marcha “una gran operación” para vincularlo con el expolicía Zanchetta, quien se encuentra detenido en la causa por espionaje ilegal, con el propósito de “desacreditar el juicio político a la Corte”, que sigue en la Cámara de Diputados, y había adelantado que se presentaría como querellante en la investigación que involucra al exintegrante de la Federal.

“Acá existe una gran operación que en el fondo busca desacreditar el juicio político que se realiza en Diputados a la Corte, porque quieren cerrarlo”, afirmó el legislador en declaraciones a Radio Con Vos.

Tailhade, que integra la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja que lleva a cabo el proceso de remoción contra los cuatro integrantes del máximo tribunal, reiteró que su nombre “no figura” en el dictamen acusatorio que el fiscal Gerardo Policita formuló sobre las actividades ilegales supuestamente cometidas por Zanchetta.

Reconoció que se comunicó “en tres oportunidades con Zanchetta y contó que el exefectivo policial le ofreció información que consideró ”poco seria“ y que se le había presentado como un periodista que tenía un medio en la localidad bonaerense de Junín. ”Él me mandaba notas, una vez me llamó una atención una y me metí su portal y me di cuenta de que era algo poco serio, nunca le había respondido y seguí sin responderle“, dijo el diputado. ”Yo a Zanchetta no lo conozco y no tengo ni la menor idea quién es“, remarco en la entrevista radial con Ernesto Tenembaum.

“Se veía que los datos que me pasaba no eran serios y no le di bollilla. No tengo ninguna ilegalidad en mi vida. Los que sí espiaron son los macristas, los que le arruinaron la vida a la gente, son ellos. El verdadero espionaje es el que les hicieron por ejemplo a los familiares del ARA San Juan. No son serias estas cosas que me imputan a mí”, subrayó.

Este martes, el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara baja solicitó una reunión de la Bicameral de inteligencia para tratar “el espionaje a la Corte Suprema” y pidió que se analice el vínculo con la causa de Tailhade, quien a su vez negó conocer al policía detenido y advirtió sobre la puesta en marcha de “una operación armada por (el titular del máximo tribunal) Horacio Rosatti”.

CRM con información de la agencia NA

La investigación judicial que destapó una red de espionaje ilegal generó un escándalo en el Congreso y tensó aún más la disputa política en la previa al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Este martes, en la Cámara de Diputados, el bloque opositor de Juntos por el Cambio intentó hacerse eco del caso del expolicía Ariel Zanchetta y salió al cruce directo con el oficialismo: acusó públicamente al oficialista Rodolfo Tailhade de estar involucrado y le exigió a la Justicia que pida su desafuero parlamentario.

El caso impactó temprano en la reunión de la comisión de Juicio Político que investiga a la Corte Suprema de Justicia y por la tarde tuvo una derivada en una sesión especial que estaba agendada para este miércoles por un tema totalmente distinto: condenar desde el recinto el atentado terrorista de Hamas en Israel. La sesión, que había sido pedida por Milei en acuerdo con el bloque del PRO, se levantó luego de que se acordara firmar una declaración pública. La jugada la impulsó la massista Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara baja, y le permitió al oficialismo bloquear la posibilidad de que el recinto se convierta en una caja de resonancia del escándalo de espionaje a solo doce días de la segunda vuelta.

La primera repercusión en Diputados del escándalo de espionaje tuvo lugar al mediodía, cuando la comisión de jury se reunió apenas dos minutos. Ante la ausencia de los magistrados Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda para hacer sus descargos, el oficialismo con Carolina Gailard al frente cumplió a rajatabla la formalidad y dio abruptamente por finalizada la reunión. En la sala no había ingresado Tailhade, uno de los kirchneristas que más impulsó el juicio político contra los jueces del máximo tribunal. 

Los diputados opositores estallaron en furia y gritos –entre ellos el radical Mario Negri y el lilito Juan Manuel López– cuando se les cerró el micrófono. Denunciaron que el kirchnerismo estaba avalando una “operación de espionaje ilegal a cielo abierto”. Ese desplante derivó en que JxC motorizara una conferencia de prensa por la tarde en el salón de Pasos Perdidos de la Cámara baja. 

“No puede ser que a las instituciones las secuestren los servicios de inteligencia y que hagan del miedo el funcionamiento del Estado”, advirtió Negri ante los medios, y buscó desvincularon el escándalo con la proximidad del balotaje: “Acá no es cuestión de meter esto en la competencia electoral”. 

Formalmente la oposición le va a solicitar a la Justicia que avance sobre Tailhade, ya que su contacto aparece en el teléfono secuestrado de Zanchetta, según la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita. Según supo elDiarioAR, Tailhade se puso a disposición y pidió expresamente que lo citen a declarar. 

JxC también le pidió al presidente de la bicameral de Inteligencia, el kirchnerista Leopoldo Moreau, que convoque a una reunión para abordar de manera “urgente” la causa de Zanchetta. En el texto presentado y firmado por diputados y senadores cambiemitas piden que no participe Tailhade, miembros de la comisión, por estar “mencionado en la causa” de Pollicita. El macrista Cristian Ritondo exigió también que ante la Justicia se presente como querellante la propia bicameral y que Massa “diga si está de acuerdo o no” frente al juicio político a la Corte.

El candidato de Unión por la Patria admitió públicamente que pidió que el avance contra el máximo tribunal se defina post-balojate e incluso se refirió al escándalo de espionaje: “Yo lo había denunciado en 2015 y 2017″, se despegó el tigrense en radio Cadena 3. ”Me lo hicieron a mí, a mi esposa, a mis hijos. Seguí adelante“, acotó.

La sesión que no fue y la derivada Milman

En paralelo al ruido que intentaba generar la oposición, Cecilia Moreau activó una reunión con los jefes de los bloques parlamentarios para desactivar la sesión de este miércoles por el conflicto en Gaza. Aunque era solo por la estricta situación de la guerra entre Israel y Hamas, abrir el recinto podría haber permitido a la oposición amplificar su denuncia contra el kirchnerismo. La declaración conjunta repudió los actos del grupo terrorista a un mes de sus ataques en territorio israelí, pidió el cese del fuego y le solicitó al gobierno nacional que actúe de forma rápida para liberar a los rehenes argentinos. 

Cara a cara se encontraron los diputados Germán Martínez y Paula Penacca (Frente de Todos); Milei y Carolina Píparo (La Libertad Avanza); Cristian Ritondo y Silvia Lospennatto (PRO); el radical Negri; Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro), Mónica Fein (Socialista), López (Coalición Cívica); Dolores Martínez (Evolución Radical); Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) y Carlos Fernández (Frente de la Concordia Misionero). También estuvieron presentes los diputados del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, Romina Del Plá y Nicolás Del Caño, quienes no adhirieron a la declaración conjunta.

Sin hacer ninguna mención al caso de espionaje, Milei se arrojó la autoría de la declaración, luego de que fuera él, junto a otros diputados macristas, los que habían pedido la sesión especial. “En el marco del pedido de sesión que realicé, logré que la mayoría de los Presidentes de bloque acordemos solicitar al Poder Ejecutivo que profundice los esfuerzo para la inmediata aparición de las personas secuestradas y se respete el derecho a la defensa del Estado de Israel”, tuiteó el libertario, con una foto sugestiva firmando la declaración. El oficialismo hizo su propia operación: comunicó que la declaración surgió “por propuesta de la Presidencia de la Cámara de Diputados”. 

El escándalo del espionaje ilegal también opacó una noticia que podría ser un dolor de cabeza para la oposición. Apenas horas antes de la reunión de la comisión de Juicio Político, este mismo martes la comisión de Asuntos Constitucionales dio el visto bueno para allanar el domicilio de Gerardo Milman, diputado del PRO y mano derecha de Patricia Bullrich, involucrado en la investigación por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. 

La mayoría oficialista en la comisión aprobó autorizar un oficio remitido por la jueza María Eugenia Capuchetti para allanar el domicilio del diputado para buscar dos celulares viejos del legislador: los que usaba al momento del ataque a la vice, ocurrido hace ya más de un año, y cuando él habría dicho en un bar cerca del Congreso “cuando la maten yo estoy camino a la costa”.

MC/CRM

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados pidió este martes a la Corte Suprema de Justicia que evalúe sancionar “por falso testimonio” a Silvio Robles, vocero del juez Horario Rosatti. Además, resolvió volver a citar al exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, quien debía concurrir hoy a comparecer ante ese cuerpo y no asistió, a lo que le advirtieron que si no se presenta nuevamente pedirá la intervención de un juez para garantizar su presencia.

En el inicio de la reunión, sin la presencia de los diputados opositores, la diputada nacional Carolina Gaillard del Frente de Todos (FdT) anticipó que D'Alessandro avisó que “no podía asistir por razones personales” y propuso que se adopte “la misma tesitura que tomamos con los otros testigos, citándolo nuevamente para la próxima reunión, bajo apercibimiento de darle conocimiento al juez competente”, ya que se trata de la segunda vez que no concurre.

De esta manera, Gaillard referenció a Aldo Tonón, exdirector de la obra social de los trabajadores judiciales, quien compareció en mayo pasado, luego de que un juez le notificara que debía declarar tras haber sido citado tres veces, ante la negativa a concurrir porque está imputado en tres causas penales relacionadas con presuntas irregularidades en su gestión.

Asimismo, la diputada oficialista anunció que el camarista porteño Juan Ignacio Mahiques también pidió reprogramar su visita “por razones personales”, así como el procurador General porteño, Gabriel María Astarloa, y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte, quienes también pidieron ir otro día.

En ese marco, el oficialismo aprobó enviar una nota dirigida a la Corte, donde se pide evaluar “acciones disciplinarias por falso testimonio” a Robles, al sostener que su conducta “afecta la transparencia del funcionamiento del máximo tribunal” por el hecho de ampararse en el artículo 18 de la Constitución, que establece que no está obligado a declarar ante la existencia de otras causas que se tramitan en la Justicia.

“Robles invocó abusivamente la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional, circunstancia que ha resultado manifiesta ante la ausencia de acreditación de causa judicial que legalmente lo habilite a callar la verdad”, afirmaron miembros de la Comisión en la nota dirigida a los jueces supremos, en la que se pidió que analicen un eventual falso testimonio cometido por el Director General de la Vocalía del presidente Rosatti.

Asimismo, sostuvieron que “la participación, la colaboración y el acceso a información son ejes sobre los cuáles se construye la rendición de cuentas que todo funcionario está obligado a proporcionar a la ciudadanía” y pidieron que la Corte informe, en el plazo de 10 días improrrogables, a la Comisión “si conoce la existencia” de las causas invocadas por Robles.

En tanto, la oposición justificó su ausencia en la Comisión en una carta, donde los legisladores denunciaron la existencia de “nuevas irregularidades vinculadas con la citación de testigos” y acusaron al FdT de “usar como maniobra burda las citaciones sobre la hora, sin respetar los plazos mínimos y razonables”.

Durante la reunión, el diputado Leopoldo Moreau (FdT) mencionó ausencia opositora. “Esta comisión ha tocado un nervio sensible con la citación a Robles. Este funcionario ha tenido un papel relevante como articulador en dos casos, por lo menos, como son las sentencias vinculadas a la coparticipación y al Consejo de la Magistratura y ha sido un eslabón fundamental en el tráfico de influencias”, dijo y acusó al funcionario de “entorpecer” la labor de la Comisión.

Por su parte, Rodolfo Tailhade (FdT) pidió sumar la citación del fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques, “sin dejar sin efecto” la concurrencia de Juan Ignacio Mahiques, al sostener que “la persona que festejó su cumpleaños (en el hotel Four Seasons), al que habrían llegado juntos Robles y D'Alessandro, no sería Ignacio sino Juan Bautista”.

El oficialismo acusa a D'Alessandro de haber intercambiado chats a través de Whatsapp con Robles, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. Estaba convocado para el martes pasado avisó que no podía concurrir en una carta por “motivos personales” y solicitó una reprogramación de la cita, tal como la prevista para hoy.

“Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista, vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión”, había escrito D'Alessandro en su nota dirigida a Gaillard.

Robles, el principal asesor no letrado de Rosatti, quien concurrió el martes pasado a la Comisión, se abstuvo de contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como “reticente a aportar información” y ahora solicite que se lo sancione por esa actitud. El testigo se amparó permanentemente en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8B del Reglamento de la Justicia Nacional, para evitar contestar los requerimientos de los diputados del FdT.

En esa oportunidad, los legisladores oficialistas aprobaron un careo entre Robles y el exadministrador de la Corte Héctor Marchi, quien en su momento afirmó que fue desplazado de su cargo porque se “negó a encubrir” al asesor de Rosatti.

Por otro lado, desde Juntos por el Cambio (JxC) cuestionaron la utilización de los supuestos chats filtrados como elemento para interrogar a los testigos, más allá de la prueba de la huella de voz solicitada por el FdT como elemento para apuntalar la identidad de aquellos que interactuaron en esas conversaciones de Whatsapp.

En el marco de la reunión, y respecto al fallo sobre coparticipación, Gaillard justificó el mal desempeño de los integrantes de la Corte en esa causa y leyó un escrito de la Comisión en el que los legisladores sostienen que se trata de “una resolución arbitraria que contiene vicios jurídicos”, donde se omitió -entre otras cuestiones- la intervención de las provincias y la ausencia de pautas objetivas en la determinación del porcentaje.

El expediente que analiza la Comisión de Juicio Político está basado en el fallo de la Corte Suprema que dispuso, el pasado 21 de diciembre, que el Gobierno Nacional le pague al porteño el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

LC con información de agencia Télam

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citó para este martes al exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y al camarista del Poder Judicial de la Ciudad Juan Mahiques, en el marco de la continuidad del proceso de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema por mal desempeño de sus funciones.

La comisión, que preside la oficialista Carolina Gaillard, se reunirá desde las 11 en el Anexo A de la Cámara baja, en la que será la vigésima reunión desde que, el 26 de enero pasado, se inició el tratamiento de los pedidos de juicio político.

Para el oficialimso, D'Alessandro es sospechado de haber intercambiado chats a través de Whatsapp con Silvio Robles, director general de la vocalía del supremo Horacio Rosatti, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

El desplazado ministro porteño estaba convocado inicialmente para el martes pasado pero, a través de una carta enviada a la comisión, avisó que no podía concurrir por “motivos personales” y solicitó una reprogramación de la cita.

“Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista, vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión”, había señalado D'Alessandro en la nota dirigida a Gaillard.

Por su parte, la convovatoria a Mahiques se debe a que, según otra supuesta conversación de Whatsapp, D'Alessandro y Robles llegaron juntos, como amigos, al festejo del cumpleaños del camarista, el 15 de agosto del año pasado, en el restaurante 'El Secreto', del Hotel Four Seasons,

Robles, el principal asesor no letrado de Rosatti y que concurrió el martes pasado a la comisión, se negó a contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como “reticente a aportar información”.

El testigo se amparó permanentemente en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8B del Reglamento de la Justicia Nacional para evitar contestar los requerimientos de los diputados del FdT.

El artículo 18 establece, entre otras cosas, que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente”.

Además, señala que “es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”.

En tanto, en el artículo 8B del Reglamento de la Justicia Nacional dice que magistrados, funcionarios y empleados deberán “guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales”.

Ante esta situación, y advertidos de supuestas contradicciones, los legisladores del oficialismo aprobaron la realización de un careo entre Robles y el exadministrador de la Corte Héctor Marchi, quien en su momento afirmó que fue desplazado de su cargo porque se “negó a encubrir” al mencionado asesor de Rosatti.

Por su parte, desde Juntos por el Cambio (JxC) cuestionan la utilización de los supuestos chats filtrados como elemento para interrogar a los testigos, más allá de la prueba de la huella de voz solicitada por el FdT como elemento para apuntalar la identidad de quiénes interactuaron en esas conversaciones de Whatsapp.

Con información de agencias.

IG

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados convocó para el próximo martes al exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y al camarista del Poder Judicial de la Ciudad, Ignacio Mahiques, en el marco del proceso de juicio a los cuatro miembros de la Corte Suprema por mal desempeño de sus funciones.

El grupo de trabajo parlamentario presidido por la oficialista Carolina Gaillard, se reunirá desde las 11 en el Anexo A de la Cámara baja, en la que será la vigésima reunión desde que se inició el tratamiento de los pedidos de juicio político, el 26 de enero pasado.

D'Alessandro es señalado por el Frente de Todos (FdT) por haber intercambiado chats de Whatsapp con Silvio Robles -director general de la vocalía del presidente supremo Horacio Rosatti-, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación, el cual benefició a la Ciudad de Buenos Aires.

El exministro estaba convocado inicialmente para el martes pasado, pero a través de una carta dirigida a la Comisión avisó que no podía concurrir por y solicitó una reprogramación de la cita. “Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista, vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión”, señaló en la nota dirigida a Gaillard.

Por su parte, Mahiques fue convocado por el hecho que, según otra supuesta conversación de Whatsapp, durante el festejo de su cumpleaños el 15 de agosto del año pasado en el restaurante 'El Secreto del Hotel Four Seasons', D'Alessandro y Robles habrían arribado juntos.

Ignacio Mahiques, exfiscal federal, asumió en mayo pasado como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el hijo mejor del juez Carlos “Coco” Mahiques de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país; y hermano menor de Juan Bautista Mahiques, fiscal general porteño.

Fue uno de los dos fiscales de la causa Hotesur-Los Sauces junto con Gerardo Pollicita. Ambos trabajaron en los procesamientos y el pedido de elevación a juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El principal asesor no letrado del cortesano Rosatti concurrió el martes pasado a la Comisión, aunque se negó a contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como “reticente a aportar información”. El testigo se amparó en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8B del Reglamento de la Justicia Nacional, para evitar contestar los requerimientos de los diputados oficialistas.

El artículo 18 dice, entre otras cosas, que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos (...)”.

Asimismo, el artículo 8B del Reglamento de la Justicia Nacional dice que magistrados, funcionarios y empleados deberán “guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales”.

Ante esta situación, y advertidos de supuestas contradicciones, los legisladores oficialistas aprobaron la realización de un careo entre Robles y el exadministrador de la Corte Héctor Marchi, quien en su momento afirmó que fue desplazado de su cargo porque se “negó a encubrir” al asesor de Rosatti.

De cara a una nueva convocatoria de Robles, el oficialismo impuso su número en la comisión para enviar un oficio a la Corte, mediante el cual se le pedirá que exima al declarante de las restricciones que le impone el reglamento judicial, invocado en la sesión pasada para no responder la mayoría de las preguntas.

Desde Juntos por el Cambio, mantienen el cuestionamiento a la utilización de los supuestos chats filtrados como elemento para interrogar a los testigos, más allá de la prueba de la huella de voz solicitada por el FdT como elemento para apuntalar la identidad de quienes interactuaron en esos mensajes de Whatsapp.

LC con información de agencia Télam

Silvio Robles, asesor del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, afirmó este martes ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que ha “recibido acusaciones sin fundamentos reales” por parte de algunos legisladores. Declaró en el marco del proceso que se sustancia en el Congreso contra los cuatro integrantes del máximo tribunal.

Lo dijo al declarar en la Comisión de la Cámara baja, a la cual fue citado como testigo por la supuesta connivencia con el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, en relación al fallo sobre la coparticipación federal de impuestos que habría beneficiado a la Ciudad de Buenos Aires.

Antes de someterse a las preguntas de los miembros de la Comisión, Robles leyó un escrito donde aclaró que no respondería las consultas de índole personal: “Han intentado construir una historia sobre la base de fantasías o calumnias”, remarcó.

Acto seguido, diputados del Frente de Todos advirtieron sobre la posibilidad de que, a partir de esa aclaración, el funcionario judicial pudiera ser alcanzado por la figura de “reticencia”, según expresó el oficialista Ramiro Gutiérrez.

Para Robles, el proceso de juicio político impulsado por el oficialismo es “para atacar y presionar a un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. “Algunos ya me han acusado falsamente”, apuntó el invitado, para enumerar a continuación una serie de cuestiones que los diputados le habrían marcado y que aclaró que no fueron veraces.

“Han dicho que tengo un departamento en Nueva York, y es mentira; que estaba prófugo, cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenia citación judicial; que estuve en Miami este año, es mentira; y además, han atacado sistemáticamente a miembros de mi familia”, completó Robles.

Durante las preguntas, consultado sobre si conocía a D'Alessandro, evitó responder y justificó que se amparaba “en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

Ese artículo menciona, entre otros puntos, que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos (...)”.

LC con información de agencia Télam

Silvina Batakis, exsecretaria de Provincias del Ministerio del Interior y actual presidenta del Banco Nación, sostuvo este martes que durante el Gobierno de Mauricio Macri hubo “excesos de recursos a la Ciudad” de Buenos Aires. Declaró también que el aumento de la coparticipación generó “una nueva desigualdad respecto de las provincias”.

Batakis, Secretaria de Provincias entre el 10 de diciembre de 2019 y el 3 de julio de 2022, expuso ante los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sobre el fallo por la coparticipación que benefició al Gobierno porteño.

Al ser consultada por el diputado oficialista Marcelo Casaretto sobre la modificación en el porcentaje de coparticipación de la Capital Federal realizada durante el Gobierno de Cambiemos, explicó que “cuando se hace la modificación del decreto original de 2003 (que establecía un 1,4%) no había ningún fundamento para llevar la coparticipación al primer número de 3,75%”.

“En 2016, cuando se transfiere la policía, el Gobierno de la Ciudad no tenía la posibilidad de hacer la liquidación de todos los costos vinculados con esa transferencia. Entonces, durante todo 2016, las liquidaciones de los gastos que eran necesarios las hacía el Gobierno de la Nación. Es decir, por ejemplo, la liquidación de los sueldos de la policía, que representaban el 91% de las erogaciones”.

La titular del Banco Nación precisó que “están todos los documentos donde el Gobierno de la Ciudad le devolvía esos recursos al Gobierno Nacional. Esa devolución, para compensar, ascienden aproximadamente en 8 mil millones de pesos”.

“Cuando fuimos a buscar los antecedentes de los tres decretos de la gestión de Macri no había ningún antecedente, y de hecho el primer decreto no explica los motivos por el cual se aumenta el porcentaje de 1,4% a 3,75%. Tiene que venir un segundo decreto que lo que hace es corregir una omisión de información”, aseveró la funcionaria. Agregó que “no hay ningún informe técnico, no hay ningún fundamento que explique por qué se pasa del 1,4% al 3,75%”.

“Lo que hizo la gestión de Macri de poner en el índice de coparticipación una transferencia de recursos es generar una nueva desigualdad respecto de las provincias, porque las provincias reciben sus transferencias sin que se especifique para qué gasto son”, enfatizó y resaltó que “el régimen de coparticipación federal no fue creado y no tiene como objetivo cubrir transferencias de una misión o función”.

De acuerdo con la exministra de Economía, “esta transferencia claramente es infundada y hubo exceso de recursos al Gobierno de la Ciudad” y afirmó que “la transferencia del Gobierno Nacional al Gobierno de la Ciudad excedía el presupuesto propio del Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad”.

Batakis sostuvo que “cuando el Gobierno Nacional ejecuta su presupuesto lo ejecuta en las provincias, y al disponer de menos recursos por una de las fuentes fundamentales que tiene el presupuesto de la Nación, claramente se ven afectadas el resto de las jurisdicciones”.

La funcionaria hizo un plano detallado de la audiencia de los jueces supremos por ese fallo, donde participó Silvio Robles, mano derecha del presidente Horacio Rosatti. Si bien estuvo en esa reunión, su presencia no figura en el acta del encuentro realizado en marzo de 2022.

LC con información de agencia Télam

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados pidió, este martes, la citación inmediata del juez Juan Carlos Maqueda por presunto mal desempeño en sus funciones de supervisor de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).

Los 16 legisladores del Frente de Todos, que componen la mayoría del cuerpo, fueron quienes realizaron la solicitud. Según el documento por ellos presentado, Maqueda debería ser citado por las “imputaciones de Mal Desempeño y Posible Comisión de Delitos en el marco de las funciones de fiscalización de la gestión ejercidas, durante el período comprendido entre el 7 de abril del 2008 y el 31 de agosto de 2021, en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”.

Para los representantes del oficialismo, los cargos contra Maqueda ya han sido debida y ampliamente fundados mediante evidencia testimonial y documental recopilada en las sucesivas audiencias. “Maqueda quedó a cargo de la obra social. Una prueba clara de ello es que todos los directores los eligió el doctor Maqueda y nunca hubo concurso; por eso ─y dados los resultados que saltaron a la vista cuando el doctor Maqueda se retiró─ es que el doctor Lorenzetti hizo una disidencia pidiendo que se concursen los cargos de directores y no se vuelva a incurrir en el mismo error”, expuso el contador Marchi ante la comisión, en una de las mencionadas audiencias, según el documento presentado por el Frente de Todos.

Por estos motivos, este martes, la diputada Vanesa Siley leyó ─en la Sala 1 en la que deliberaba la comisión presidida por Carolina Gaillard─ un informe preliminar dirigido a la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau, en el que solicitaban la citación sin fecha definida de Maqueda.

De qué se lo acusa al juez Juan Carlos Maqueda

El documento presentado por los 16 legisladores del Frente de Todos señala las siguientes conductas atribuibles al Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda:

1. Consentir, por omisión en el cumplimiento de funciones, pérdidas y daños a la integridad física y el derecho a la salud de sus afiliados y sus familias, además de prejuicios económicos irreparables para OSPJN.

2. Sostener una conformación antijurídica del Directorio de la Obra Social y mantener vacante la Sub Dirección Médica, Subdirección Administrativa y Auditoría Interna.

3. Gestionar la administración de la OSPJN de manera irregular, arbitraria, no transparente, omisiva de toda planificación y perjudicial a los fines y objetivos de la entidad.

4. No evitar y contribuir al deterioro del servicio de salud de calidad que debe brindar la OSPJN.

5. Desvirtuar el rol institucional y provocar desprestigio y mala reputación para la OSPJN.

6. Violar deberes, prohibiciones e incompatibilidades previstas en la Ley Nacional 25.188 de “Ética en el Ejercicio de la Función Pública”.

ACM con información de agencias

El sacerdote Francisco “Paco” Olveira, integrante de los Curas en Opción por los Pobres, quien cumple hoy con el sexto día de huelga de hambre y ayuno frente al Palacio de Tribunales, ingresó esta mañana en forma pacífica al edificio y dejó una carta para reclamar la “renuncia de todos los integrantes” de la Corte Suprema de Justicia.

“En nuestro carácter de ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina, que nos encontramos realizando una huelga de hambre desde el 24 de marzo, nos sentimos en la obligación moral y ética de dirigirnos a ustedes, la totalidad de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de nuestro derechos constitucional de peticionar ante las autoridades”, comienza el escrito, leído por el padre Paco, en el hall central de Tribunales ubicados en la calle Talcahuano 550.

En su lectura, reclamó que “presenten la renuncia a su cargo en el máximo tribunal de Justicia de la Nación. Creemos que no tienen autoridad moral ni autoridad ética para estar al frente de la justicia de nuestro país”.

Por otra parte, Olveira recibirá esta tarde el apoyo de los diputados del Frente de Todos (FdT) que integran la Comisión de Juicio Político, que lleva adelante ese proceso contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

La medida de protesta del sacerdote es en rechazo a lo que considera una “proscripción” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y para denunciar que la “democracia está totalmente condicionada” por el Poder Judicial.

Desde las 17, diputados del bloque del FdT “compartirán el ayuno bajo las consignas 'basta de mafia judicial' y 'rompamos la proscripción a Cristina'”.

La huelga de hambre de siete días comenzó el viernes 24, por la noche, tras la marcha realizada en el marco del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, y es acompañada por una delegación conformada por integrantes de Curas en la Opción por los Pobres.

Voceros cercanos a Olveira confirmaron que “se está trabajando para hacer un gran acto” mañana en la Plaza Lavalle, momentos en que Olveira finalizará con su protesta.

Ayer, Olveira llamó a “terminar con la proscripción” contra la Vicepresidenta y “que llegue a la patria la justicia deseada”, frente a un centenar de personas que participaron de la misa que realizó en el marco de su quinto día consecutivo de huelga de hambre.

“Este acto para nosotros es un hecho simbólico muy importante. Es un granito de arena que aportamos para que se termine este Poder Judicial tan dañino para los pobres”, afirmó el sacerdote.

CRM con información de la agencia Télam

El oficialismo dio otro paso clave en su intención de enjuiciar a los jueces de la Corte Suprema. Este jueves logró imponer su acotada mayoría en la comisión de Juicio Político de Diputados para que sean citados en las dos próximas reuniones dos jueces federales y una serie de asesores de los cortesanos Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. Los creen piezas fundamentales en la trama que el Frente de Todos intenta exponer en su acusación por mal desempeño por parte de todo el máximo tribunal.

El jueves que viene deberán presentarse obligatoriamente a la comisión los jueces Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla. El primero es quien recientemente archivó una denuncia por los chats filtrados entre Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad (hoy en licencia). El segundo magistrado, también hace muy poco, se declaró incompetente para investigar esa misma filtración de conversaciones por Telegram pero a partir de una denuncia presentada en La Plata por el gobernador Axel Kicillof.

La reunión de este jueves fue la primera de la etapa de investigación del jury a la Corte, vinculada a la producción de la prueba contra los cuatro acusados: Rosatti, presidente del tribunal, Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Carlos Maqueda. En todo momento la oposición cuestionó las medidas de prueba solicitadas por el oficialismo, principalmente vinculadas a buscar desgastar al titular del máximo tribunal.

En ese sentido, se aprobó un pedido del diputado del FdT Rodolfo Tahilade para que se conozcan con quiénes se comunicaron telefónicamente Robles y D’Alessandro en el mismo periodo en que ocurrieron los supuestos chats entre sí, justo en la antesala a que la Corte fallara a favor de la Ciudad por la coparticipación, tal como había anticipado más temprano elDiarioAR.

También se pidió el listado de los llamados de Robles y José Torello, entonces asesor de Mauricio Macri y hoy senador nacional, cuando la Corte benefició a un represor con el “2x1”, otro de las causantes de supuesto mal desempeño de los supremos que denuncia el kirchnerismo.

La comisión hoy también aprobó que para un segunda ronda de testimonios –que podría ser el jueves 2 de marzo– deberán presentarse un nutrido grupo de colaboradores de los dos ministros de la Corte enemistados entre sí. Destaca entre ellos María Bourdin, histórica vocera de Lorenzetti. Y por el lado de Rosatti deberán dar su testimonio seis miembros de su vocalía, aunque por ahora no será el turno del mismísimo Robles. Tampoco de D'Alessandro.

Además el oficialismo hizo lugar a un pedido de la Coalición Cívica de Elisa Carrió para que en esa misma jornada sea convocado Héctor Marchi, de la secretaría general de Administración de la Corte, quien fue mano derecha de Lorenzetti y ratificado en el cargo por la actual presidencia.

“Facón”, cumpleaños y presiones

Además de los jueces federales, la comisión estableció un cronograma que prevé que en la próxima reunión del jueves 23 se cite como testigo a Cristian Abrita, extitular de la secretaria judicial número 5; Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de la Administración; y Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, secretaría judicial número 2 Previsional. También se citará a Alejandro Rodríguez, secretario de Juicios Originarios; Roberto Saggese y Adriana Valinotti, de la vocalía del magistrado Rosatti; Mario Cimadevilla, exmiembro del Consejo de la Magistratura.

La estrategia kirchnerista avanzó imponiendo su mayoría de 16 legisladores sobre los 30 que tiene la comisión, aunque por ahora no dio pistas de cuándo pedirán los testimonios que más expectativa generan: justamente Robles y D’Alessandro. Todos los testigos tienen la obligación de asistir al cuerpo de trabajo de Diputados, aunque pueden negarse a declarar una vez allí presentes. De no concurrir, podrían ser buscados por las fuerzas de seguridad.

“No vamos a traer con un facón a Robles y D’Alessandro, sino que tenemos muchas facultades para hacer cosas sin la necesidad de recurrir a los jueces”, expresó en un momento Tailhade para fijar posición, a lo que agregó: “Ninguna garantía está siendo vulnerada. Pero no vamos a dejar de realizar el proceso. Si Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro no quieren declarar, que vengan y lo digan. Pero que no lo hagan sus defensores ad hoc”.

La reunión duró unas cuatro horas y tuvo, por momento, duros cruces entre ambas facciones políticas y, por otros, instancias de humoradas y risas compartidas, por ejemplo, por el cumpleaños del diputado Eduardo Valdés.

“Queda en evidencia que el propósito no es acreditar el mal desempeño, sino desacreditar a los jueces”, denunció a viva voz el macrista Pablo Tonelli, que aseguró que “la comisión no tiene capacidad para intervenir comunicaciones” sin la mediación de un fallo judicial. En el FdT aclararon que el oficio de prueba es para conocer el listado de las comunicaciones, no el contenido en sí.

Como artífice de la estrategia kirchnerista, Tailhade tuve otro cruce con la oposición cuando pidió que también sea citado a declarar el fiscal Ignacio Mahiques, así como durante el proceso de recolección de pruebas se exija un video de las cámaras del hotel Four Season, donde festejó uno de sus cumpleaños el jefe de los fiscales de la Ciudad, Juan Mahiques, al que habrían arribado juntos Robles y D'Alessandro. “Las amistades de Rosatti me importan mucho”, expresó el legislador.

“Somos custodios de un proceso que tiene que tramitarse con todas las garantías constitucionales. Quieren hacer un proceso penal paralelo porque en sede penal no tuvieron suerte”, le reprochó Juan Manuel López, jefe de la bancada de la Coalición Cívica, que tiene presentado uno de los pedidos de juicio político puntualmente contra Lorenzetti.

De hecho, la legisladora Paula Olivetto denunció presiones del juez supremo ante la denuncia en su contra y anunció que hará una presentación en Comodoro Py en los próximos días. “Tarde o temprano van a tener que dar la cara”, expuso. Incluso recordó una nota publicada por elDiarioAR el domingo pasado sobre las presiones que recibieron diputados oficialistas, incluso del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

De hecho, para las rondas de testigos no serán convocados los mandatarios provinciales ni el presidente Alberto Fernández, pese a que fueron los impulsores originarios del juicio político.

MC

El Frente de Todos (FdT) consiguió este jueves imponer su mayoría y aprobar en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Tras la aprobación del informe por parte del oficialismo, se abre formalmente el proceso de investigación y recolección de pruebas contra el máximo tribunal de justicia, donde se llamará a declarar a testigos e incluso podrían ser citados los jueces de la Corte, aunque no tendrán obligación de asistir.

El Frente de Todos sumó 16 votos sobre 31 de la comisión. En tanto que Juntos por el cambio y el interbloque Federal reunieron 15 diputados que plantearon la inadmisibilidad.

La resolución sostiene que de los 14 proyectos de juicio político en consideración “se acumulan más de 60 hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que -de ser probados- resultarían en gravísimas violaciones institucionales”. 

“El tenor de las denuncias -de ser probadas- serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicano y democrático”, sostiene.

Los diputados de Juntos por el Cambio presentaron un informe de rechazo “in limine” a la iniciativa del oficialismo. En paralelo, los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto plantean la investigación al juez Ricardo Lorenzetti, en base a sus propios pedidos de juicio político.

El interbloque Federal, también se manifestó por la inadmisibilidad con una presentación propia, presentada por el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez.

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade consideró hoy que sería “bochornoso” que los miembros de la Corte Suprema no se presenten en Diputados cuando sean citados a ejercer su defensa en el proceso de juicio político que se les sigue a los jueces del tribunal, y valoró la denuncia que la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, realizó contra el ministro del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti, que “seguramente va a alcanzar” a otros integrantes.

La Comisión de Juicio Político abrió el jueves pasado el debate sobre los 14 pedidos de enjuiciamiento que existen contra los ministros del Tribunal y si se declara la admisibilidad de las denuncias, se comenzará un sumario para recolectar las pruebas, donde se convocará a más de cuarenta testigos y a los cuatro acusados.

“Me parecería bochornoso que ninguno (de los integrantes de la Corte) venga y la mejor evidencia que esta gente tiene todo para ocultar”, afirmó Tailhade al referirse a la citación que hará la comisión de Juicio Político a los acusados, cuyo reglamento interno establece que pueden declarar por escrito o de forma presencial.

En tanto, el diputado aseguró en diálogo con Radio 10 que “todas las denuncias” que investiga la comisión de Juicio Político “son sólidas” y consideró que el objetivo en esa instancia es “trabajar con seriedad” para “eventualmente, demostrarle a la sociedad argentina que hay cuatro jueces de la Corte que cometen mal funcionamiento”.

“Me parece que lo mejor que le podía pasar a este proceso es que la oposición lo legitime como una herramienta constitucional que es, y que la discusión transite por ese lado”, valoró en relación a la presencia de la oposición en el debate que inició el jueves pasado.

De esa manera, vaticinó que el cargo presentado por la exdiputada Elisa Carrió contra el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, por manejos económicos espurios, “seguramente va a alcanzar a otros ministros de la Corte”.

“La acusación de Carrió va a ser el fundamento para que investiguemos los famosos fondos anticíclicos, que no son otra cosa que plazos fijos” que maneja el máximo tribunal, afirmó Tailhade.

Y continuó, al explicar que se desconoce “en qué bancos” están esos fondos, “con qué intereses están trabajando” y “cuál es el monto”, y advirtió que la comisión de Juicio Político “seguramente” va a establecer que de “esa montaña de guita no llega ni un peso a ningún juzgado”.

Además, adelantó que pedirá que se investigue el “negocio gigantesco” entre la Corte Suprema y el Banco Ciudad, ya que, explicó que a partir de un acuerdo, “todos los juzgados están obligados a trabajar en materia de depósitos judiciales” con esa entidad.

CRM con información de la agencia Télam

El presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, consideró hoy que la oposición quiso “montar un circo” el jueves pasado en el debate en comisión del proyecto de enjuiciamiento a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y agregó que su bloque “estaba preparado y tuvo una actitud serena ante las provocaciones”.

“Todos los argumentos de los diputados de la oposición fueron predecibles. Los habían anticipado los diarios Clarín y La Nación. Fueron ellos quienes quisieron montar un circo y estábamos preparados. Por eso nuestro bloque tuvo una actitud serena y nos bancamos las provocaciones”, señaló Martínez en declaraciones para la radio AM 990.

De esta manera, calificó como “positiva” la realización de la primera reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, que comenzó el jueves pasado a analizará el proceso de remoción a los miembros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que es impulsado por el Gobierno nacional y varios gobernadores.

En tanto, fuentes parlamentarias indicaron que el oficialismo de la Cámara de Diputados buscará retomar el debate sobre el juicio político el próximo jueves, a las 11 en una nueva reunión de la comisión que preside la diputada nacional del FdT Carolina Gaillard.

De esta manera, se retomará el proceso que se inició el jueves en el marco de una reunión que tuvo fuertes cruces entre oficialismo y oposición en el que se repasaron los 14 proyectos que solicitan el desplazamiento de los cuatro magistrados por distintas causales.

En este sentido, Martínez recordó que “la independencia de la justicia está en crisis” y que “hay elementos de parcialidad” en las sentencias de la Corte que se analizarán a medida que avance el juicio.

“Va a estar bajo análisis el proceso judicial que da la sentencia, no la sentencia en sí. No sabemos cuanto puede demorar el proceso”, concluyó.

CRM con información de la agencia Télam

Horacio Rodríguez Larreta intentará pasar cerca del mar el mal trago del escándalo que involucra a Marcelo D’Alessandro. Recién aterrizado desde Villa La Angostura, donde estuvo para Año Nuevo y hasta se encontró con Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño encaró ayer una fuerte defensa pública de su ahora ministro en licencia y hoy mismo comienza una mini gira electoral por la Costa.

Larreta reapareció este miércoles en la escuela técnica Otto Krause y dio su primera conferencia sobre el escándalo. Respaldó la decisión de D’Alessandro de extender sus vacaciones por varias semanas y cuestionó al Gobierno por iniciarle un juicio político a la Corte Suprema. 

La narrativa del alcalde porteño buscó cambiar el eje de la discusión para contener el impacto de la polémica. Según supo elDiarioAR, el pedido de licencia nació del funcionario para con su jefe, y no al revés, aunque Larreta meditó todo el fin de semana en el Sur qué medida tomar al respecto. En el arranque de un año electoral, no podía dejar el cabo suelto. 

D’Alessandro alegó cuestiones personales para apartarse temporalmente del cargo, que ahora será absorbido por el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel. Que se mantenga la estructura de su organigrama da la pauta –entienden en la Ciudad– de que “todo sigue igual”.

“Obviamente tiene impacto político, es complicado lo que pasó, pero Marcelo dejó a todo su equipo. Horacio confía plenamente en él”, recogió este medio en Uspallata. 

Que se mantenga la estructura de su organigrama da la pauta –entienden en la Ciudad– de que 'todo sigue igual'

El escándalo le impidió a Larreta incluso tomar la temperatura de los cambios que hizo en su gabinete la semana pasada. La incorporación de Martín Redrado, Silvia Lospenatto y Waldo Wolff no le dieron, a priori, un rédito palpable. Si hasta hubo fuego cruzado por sumar a un ex funcionario kirchnerista y a un “halcón” ex aliado de Patricia Bullrich.

La estrategia de “dar vuelta la página” también tiene un costado político puertas adentro: evitar que crezca la interna, tanto en el PRO como en Juntos por el Cambio. 

Por ahora, hay silencio en la tribu de Bullrich, que está de vacaciones hasta mediados de enero. “Dejémosla así, el año va a ser largo”, comentó con ironía un estrecho colaborador.

En su conferencia Larreta dejó entrever que los diálogos que mantuvo con Macri habrían tenido un apartado sobre el caso D’Alessandro, pero esas conversaciones se mantienen bajo siete llaves. “Compartimos la preocupación por la Corte”, se limitó a explicar públicamente Larreta, llevando el tema al juicio político contra el máximo tribunal.

En la previa la expectativa era que el alcalde y el ex mandatario acuerden un pacto de convivencia electoral para todo el PRO, que también acepte Bullrich –que visitará el club Cumelén cerca del 20 de enero– y más allá de que Macri juegue o no en las elecciones. “Con Mauricio tengo una relación de afecto de hace 20 años. Es natural que nos crucemos si estamos los dos en el mismo lugar, hace mucho vacaciono en Villa La Angostura. Entiendo que cada vez que nos reunimos sea ‘la cumbre’, pero raro sería no reunirse”, apuntó.

En la UCR

Silencio también en el radicalismo, posibles socios de Larreta en la carrera hacia la Casa Rosada. La recorrida por el partido de la Costa podría incluir una foto con el gobernador jujeño y presidente de la UCR, Gerardo Morales, lo que sería una postal de trascendencia. Martín Lousteau, quien le disputará al PRO la interna de JxC en la Capital Federal también juega callado.

El único ruido interno fue el explosivo tuit de Elisa Carrió del martes, que a las pocas horas terminó avalando la decisión de D’Alessandro. Los micromensajes de la dirigente cambiemita tenían mucho para leer entre líneas: “No sostener a funcionarios acosados por las mismas mafias que asesinaron a Nisman, con escuchas falsas e ilegales no habla muy bien del gobernante que no sostiene al funcionario, ni enfrenta a las mafias. Ya se ha hecho la denuncia penal correspondiente”, escribió en un primer mensaje, un tiro por elevación al alcalde porteño. “Acompaño la decisión de @horaciorlarreta. Hay que redoblarle la apuesta a las mafias ilegales. No podemos ser víctimas del espionaje ilegal”, publicó después.

'Lo de Lilita no es un ida y vuelta. Sino más bien un alerta. Ella juega anticipadamente para no caer en la extorsión de las mafias', explicó un dirigente

Un entornista de Carrió intentó traducirla, de alguna manera abriendo el paraguas a posibles nuevas filtraciones, teniendo en cuenta que no solo D’Alessandro denunció que le hackearon el celular, sino también el diputado Diego Santilli. “Lo de Lilita no es un ida y vuelta. Sino más bien un alerta. Ella juega anticipadamente para no caer en la extorsión de las mafias”, explicó el dirigente.

“El kirchnerismo tiene un poder de fuego grande y cuando quieren instalar una mentira lo hacen. Después tenés que dar explicaciones sobre algo que no hiciste”, consideró un vocero porteño, marcando el ánimo interno que hay en Uspallata. 

Ayer Larreta evitó pronunciarse sobre las filtraciones de supuestos chats entre el ahora licenciado ministro y Silvio Robles, vocero de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia: “No me voy a hacer eco de ningún contenido de chats que haya surgido de espionaje ilegal”, respondió, y agregó: “Los chats son frutos de un espionaje ilegal, de haberle pinchado el teléfono de D’Alessandro. Y a partir del hackeo hay manipulación de la información”.

Con ese contexto, este jueves el jefe de gobierno comienza en Las Toninas una recorrida electoral a la vera del mar. Hasta el domingo tiene en agenda recorrer casi 300 kilómetros de costa, con algunas escalas, como Pinamar y Mar del Plata, –dos terruños amarillos, con Martin Yeza y Guillermo Montenegro a la cabeza–. Pero el plato final será el domingo en Miramar, una parada que en el equipo de campaña de Larreta ya están saboreando: es la sede de la Fiesta del Lechón.

MC