Hace cinco años, las grandes tecnológicas presumían de ser las empresas más verdes del planeta. Hoy, cada una de ellas contamina tanto como un país pequeño. Entre una realidad y otra hay solo un evento que lo cambió todo: la carrera de la inteligencia artificial.

Esta tecnología no es solo un conjunto de programas capaces de analizar conjuntos masivos de datos y generar contenido a partir de ellos. Cada respuesta de ChatGPT es, en realidad, el último paso de una industria pesada y electrointensiva que multiplicó su capacidad de cómputo, desbordando el consumo que requerían el resto de servicios digitales o la navegación por Internet tradicional.

En el centro de esta reindustrialización digital están los centros de datos de nueva generación, llamados “hiperescalares”. Se trata de enormes naves industriales llenas de pasillos en los que el único ruido que se escucha es el de la potente refrigeración. A los lados hay armarios de metal colocados en serie, de un par de metros de alto y unos 60 centímetros de ancho. Dentro, visibles a través de las puertas de cristal, están los servidores que contienen los chips de última generación que hacen posible la inteligencia artificial.

Los nuevos hiperescala son mucho más grandes, mucho más potentes y tienen una actividad mucho mayor que los centros de datos del Internet tradicional. Mientras que incluso los mayores de la anterior generación solían tener entre 5.000 y 10.000 servidores, las nuevas bases de desarrollo de IA como “Colossus”, que Elon Musk está construyendo en Memphis, alcanzan ya los 70.000 en un solo complejo. Los chips que incorporan, diseñados por Nvidia, consumen, como mínimo, cuatro veces más que los necesarios para otros servicios digitales. En tareas especialmente densas el consumo puede llegar a ser hasta 10 veces mayor.

Además, estos chips nunca descansan. Los centros de datos tradicionales alternaban momentos de alta y baja actividad, respondiendo a la demanda de los usuarios. Los nuevos hiperescalares están permanentemente a pleno rendimiento, en un bucle sin fin de entrenamiento de nuevos modelos de IA. La frenética competición entre corporaciones y entre EEUU y China, unida a la escasez de chips de Nvidia, sumió a la industria en una fiebre del cómputo: desperdiciar un solo minuto de vida útil de estos chips se considera un error estratégico fatal.

Quinto consumidor mundial de energía

En occidente, solo un puñado de empresas se pueden permitir construir centros de datos a hiperescala. Son Google, Microsoft, Amazon o Meta, las mismas que a comienzos de la década se comprometieron a ser “neutras en carbono” para 2030. Es un objetivo incompatible con este tipo de prácticas de la carrera de la IA y la electricidad que suponen. En sus últimos informes de sostenibilidad publicados, todas reconocen que su consumo energético ha aumentado alrededor de un 25% en un solo año.

Arrancar una de sus factorías de inteligencia artificial implica poner a máximo rendimiento una industria pesada. Una sola de ellas puede competir en consumo eléctrico anual con una ciudad de 100.000 habitantes o con 400.000 coches eléctricos, según un informe del Parlamento Europeo. Solo los centros de datos de una de estas multinacionales ya consumen tanto como un país pequeño.

Conscientes del problema, las compañías pasaron los últimos años mejorando al máximo la eficiencia de los centros de datos. Quieren reducir, por ejemplo, el porcentaje de energía que se dedica a la refrigeración. En la última década, lograron que este baje del 60% del total de la infraestructura a cifras cercanas al 20%. Su objetivo es que toda la electricidad se aproveche en la computación, que es lo que llena sus balances trimestrales. El problema es que mientras la refrigeración mejoraba, el consumo de esos chips se disparó, anulando cualquier ahorro de eficiencia estructural.

La Agencia Internacional de la Energía avisa que la expansión de la IA y los nuevos centros de datos que entrarán en operación en los próximos años harán que esta tendencia solo aumente en el futuro. Su cálculo es que, para 2030, estas infraestructuras serán el quinto consumidor de energía a nivel global, solo por detrás de China, EEUU, India y Japón.

La ingeniería para disimular emisiones de carbono

Ante esta realidad, estas cuatro compañías han optado por llevar al extremo sus prácticas de camuflaje de carbono. Las cuatro hiperescalers han recurrido a trucos contables que les permiten borrar de sus cifras de impacto medioambiental oficial buena parte de la contaminación que producen realmente sus centros de datos.

Son mecanismos como los certificados de carbono, que les permiten “deducirse” parte de sus emisiones a través de contratos de compra de energía renovable a compañías eléctricas. Sin embargo, estos certificados muy rara vez cambian la realidad del sistema eléctrico: no suponen la puesta en marcha de nuevas plantas de energía limpia, sino que simplemente afirman que un porcentaje de la producción que vuelquen a la red está destinada a un centro de datos en concreto.

Es una práctica que llevan a cabo compañías de todos los sectores, pero que las grandes tecnológicas han multiplicado en los últimos años debido a la presión sobre su consumo que está provocando la IA. “Si bien seguimos comprometidos con nuestros objetivos climáticos, ha quedado claro que lograrlos es ahora más complejo y desafiante en todos los niveles”, reconoce Google en su informe de sostenibilidad.

“Estamos en un punto de inflexión extraordinario, no solo para nuestra empresa específicamente, sino para la industria tecnológica en general, impulsado por el rápido crecimiento de la IA. Este panorama en evolución introduce incertidumbres significativas que pueden afectar nuestra trayectoria futura y la precisión de nuestras previsiones”, abunda, refiriéndose a sus emisiones de carbono.

Es una trampa contable. La realidad técnica es que ellos van a estar operando también durante la noche y van a absorber mucha cantidad de nuclear de gas dentro del sistema eléctrico

Javier Andaluz — Ecologistas en Acción

“Lo que hacen estas grandes empresas es lo que llaman el Power Purchase Agreement, que es básicamente que te vas a una gran eléctrica y le dices: mira, para que yo pueda vender que mi energía es verde, quiero comprarte una serie de créditos que representan una parte de tu producción eléctrica”, explica Javier Andaluz, responsable de cambio climático de Ecologistas en Acción.

“Es una trampa contable”, prosigue el ecologista: “La realidad técnica no es esa. Ellos van a estar operando, por ejemplo, también durante la noche, que es cuando menor energía renovable se produce. En ese momento van a absorber mucha cantidad tanto de nuclear como de gas dentro del sistema eléctrico. Sin embargo, en contabilidad, en apariencia, va a parecer que esto no existe y que ellas consumen energía renovable”.

El Protocolo de Información sobre Gases de Efecto Invernadero permite a las empresas llevar a cabo esta práctica y difuminar la contaminación de los centros de datos. Este fue redactado en 2001 por el World Resources Institute y el World Business Council for Sustainable Development, una organización de CEOs de grandes corporaciones. Aunque el texto establece dos métodos de cálculo de emisiones (uno con certificados, y otro sin ellos) no regula cómo deben declararlos. En la práctica, esto supone que las empresas solo destaquen la cifra más favorable.

Así, Meta afirma en su último informe de sostenibilidad que sus centros de datos emitieron 1.358 toneladas de CO2 a la atmósfera en 2024. Microsoft dice que las suyas fueron de 300.000 toneladas; Google sube hasta los tres millones de toneladas; mientras que Amazon afirma que fueron de 2,8 millones.

Pero sus propios informes documentan que la realidad es muy diferente. Como parte del compromiso de reducir sus emisiones que llevaron a cabo a principios de la década, tanto Meta, como Google y Microsoft siguen incluyendo en una nota aparte la cifra real. Es decir, las emisiones de sus centros de datos en función del sistema eléctrico al que están conectados. Ese cálculo, que obvia mecanismos como los créditos de carbono, revela que hasta el 85% de la contaminación que produce la inteligencia artificial está siendo disimulada de los informes.

Amazon es la compañía que más centros de datos gestiona alrededor del mundo. Muchos de ellos son más antiguos y contaminantes que los de nueva generación, ya que siguen empleando una gran parte de su energía en refrigeración. También es la única de las cuatro hiperescaladoras que se niega a revelar el cálculo de emisiones real. “La dirección de Amazon sabe que si la opinión pública comprendiera plenamente la verdad, la indignación sería enorme”, explica a elDiario.es Eliza Pan, portavoz de Empleados de Amazon por la Justicia Climática.

Los datos de la contaminación efectiva que generan los centros de datos de Amazon que se incluyen en este reportaje están elaborados a partir de un contrainforme elaborado por este grupo de trabajadores de la multinacional. Organizados para protestar por la opacidad medioambiental de la empresa, calcularon que las emisiones reales de Amazon son, al menos, de 12 millones de toneladas de CO2 al año.

Se trata de un cálculo conservador, ya que “la situación ha empeorado en los últimos dos años debido a la construcción masiva de centros de datos de Amazon, que funcionan principalmente con energía contaminante”, continúa Pan. “Amazon dedica mucho tiempo y recursos a engañar al público y a sus propios empleados sobre la magnitud de su huella de combustibles fósiles”.

Sin respuesta

elDiario.es se puso en contacto hace varias semanas con estas cuatro compañías para hacerles llegar una serie de preguntas sobre esa discrepancia entre las emisiones efectivas que suponen sus centros de datos y la cifra maquillada con certificados de carbono. Todas se han negado a contestar a las cuestiones planteadas con la declaración de un portavoz oficial, que incidían en si consideran que los certificados de carbono cambian efectivamente el mix energético de las redes en las que operan o qué impacto tiene la demanda de sus centros de datos en el retraso del cierre de plantas de carbón.

Google y Meta han enviado una serie de puntos con información “de contexto”, textos genéricos extraídos de su información pública. En ellos, recuerdan que sus informes están alineados con el Protocolo de Información de Gases de Efecto Invernadero y que se esfuerzan por mejorar la eficiencia de sus infraestructuras de cómputo. Google dice que aspira a equiparar “cada kilovatio-hora de electricidad” que consuma con energía limpia “producida en la misma red eléctrica y durante la misma hora”. Meta afirma que sin un mecanismo como los certificados de carbono, las inversiones voluntarias de las empresas en energía renovable no se llevarían a cabo.

Microsoft, por su parte, también ha esquivado las preguntas y ha enviado una declaración extraída directamente de su último informe de sostenibilidad. “Ha quedado claro que nuestro camino hacia la negatividad de carbono es una maratón, no un sprint”, afirma, apuntando que las emisiones reales de sus centros de datos “han aumentado porque nuestro consumo de electricidad ha crecido más rápido que la descarbonización de las redes en las que operamos”.

“Seguimos comprometidos con el desarrollo y el apoyo de soluciones innovadoras para reducir las emisiones de los centros de datos clave y los insumos operativos, incluidos los materiales de construcción, los chips y los combustibles, centrándonos en soluciones a largo plazo en lugar de soluciones provisionales a corto plazo”, añaden.

Amazon ha rechazado el ofrecimiento para incluir su posición en esta información, negándose también a responder sobre el contrainforme de emisiones elaborado por sus propios empleados.

Qué supone realmente la demanda de los centros de datos hiperescalares para el sistema eléctrico

Las preguntas que elDiario.es envió a las cuatro multinacionales tenían que ver con el impacto real que la demanda de sus centros de datos hiperescalares está produciendo en los sistemas eléctricos en los que se instalan. Algunas de las cuestiones tenían que ver con Virginia, el estado de EEUU donde se está viviendo la mayor explosión de estas infraestructuras, y que anticipa un efecto que podría ocurrir en el resto de puntos del planeta por donde se están expandiendo.

En España, Microsoft ha anunciado la construcción de un complejo de centros hiperescalares en Aragón, al igual que Amazon. Meta ha optado por establecerse en Talavera de la Reina. La disponibilidad de energía renovable es uno de los principales motivos por los que España se ha convertido en un mercado atractivo para estas inversiones. Pese a la envergadura de estas nuevas infraestructuras, su peso es extremadamente reducido si se compara con la situación que atraviesa Virginia.

Centros de datos en EE. UU.

1

25

50

100

150

WA

Chicago

165

ME

MT

ND

Columbus

121

MN

VT

NH

WI

OR

ID

NY

SD

MA

MI

Des Moines

76

CT

WY

RI

Santa Clara

75

IA

PA

NJ

Dc

NE

DE

NV

Ashburn 150

UT

IL

MD

OH

WV

IN

Sterling 110

CO

KS

Manassas 89

MO

KY

Phoenix

152

NC

TN

AR

AZ

OK

VIRGINIA

643

NM

SC

CALIFORNIA

319

AL

MS

GA

Atlanta

145

LA

AK

FL

Dallas

193

HI

TEXAS

395

Incluye centros operativos y en construcción, a 20/10/2025. fuente: Pew research center

Centros de datos en EE. UU.

1

25

50

100

150

Chicago

165

Columbus

121

Des Moines

76

Sta. Clara

75

Ashburn 150

Phoenix

152

Sterling 110

Manassas 89

Atlanta

145

Dallas

193

CALIFORNIA

319

TEXAS

395

VIRGINIA

643

Incluye centros operativos y en construcción, a 20/10/2025.

fuente: Pew research center

Este estado, especialmente su zona norte, se convirtió en un punto clave para los centros de datos por su conexión a la mayor concentración de redes de fibra óptica (incluidos los cables submarinos que cruzan el Atlántico hasta Europa) y proximidad a Washington. El problema es que en la industria digital todo tiende a agruparse, en lo que se conoce como la fuerza de gravedad del dato: mientras las oficinas de las tecnológicas se concentraban en Silicon Valley, sus factorías lo hacían en Virginia.

Hoy hay zonas del estado donde no hay espacio para un solo centro de datos más. La demanda y los precios de la energía se han disparado a causa del auge de la IA. El resultado es que Dominion Energy, la principal distribuidora eléctrica de la zona, haya retrasado el cierre de todas sus plantas de carbón hasta 2045. La compañía alude directamente a que la demanda de los centros de datos se cuadruplicará para 2038. En total, hasta 15 plantas de carbón de EEUU cuyo cierre estaba planeado en 2025 continuarán operando debido a la IA.

El gran ejemplo es la planta de carbón de Clover. Puesta en marcha en 1995, Dominion la declaró “no rentable” en 2020. El impacto de los centros de datos la mantendrá activa dos décadas más.

Más allá del carbón, el mix energético de Virginia se compone en un 60% de gas y un 30% nuclear. El impacto estructural de los centros de datos en esta región supondrá la emisión de miles de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera durante las próximas décadas.

Es una situación que se reproduce a nivel global. Según el informe de la Agencia Internacional de la Energía, las emisiones asociadas a los centros de datos pasarán de 180 millones de toneladas de CO2 al año en 2024 a 300 millones en 2035. Esto es debido a que las renovables solo podrán asumir un 50% del aumento de demanda, mientras que será el gas el que soporte gran parte del peso restante.

La Agencia también avanza que la nuclear podría ganar importancia si las investigaciones en reactores pequeños modulares tienen éxito. Se trata de una variante de central nuclear a pequeña escala y producible en serie en el que las tecnológicas están invirtiendo fuertes sumas para intentar acoplarlas a los centros de datos. Expertos críticos con la idea avisan de que es un intento de dar una segunda vida a este tipo de generación de energía con pocos visos de prosperar.

Por el momento, en EEUU se ha aprobado ya la reactivación de una central nuclear que había cesado sus operaciones para abastecer centros de datos. Hay otras dos reaperturas solicitadas, una promovida por Google y otra por Microsoft, que están a la espera de la aprobación de las autoridades. La segunda es Three Mile Island, la misma central que sufrió el accidente nuclear más grave de la historia de EEUU.

España no es una excepción

Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción, avisa que en España se pueden producir procesos similares pese al gran peso que las renovables tienen en el mix energético. “El gran problema de los centros de datos es que necesitan energía las 24 horas, los siete días de la semana. Ese enorme consumo implica que el sistema eléctrico vaya a necesitar más energía, lo que inevitablemente va a obligar a ir conectando centrales de gas, en nuestro caso”.

En 2025, las renovables sumaron el 54% de la producción de energía. Sin embargo, el gas siguió representando el 22% y la nuclear el 19%, mientras que otros combustibles fósiles supusieron el 3%. Aunque las fuentes sucias ya representan una minoría del mix, siguen siendo el “colchón de seguridad” del sistema. Especialmente ante infraestructuras como los centros de datos de nueva generación, que suponen una demanda constante.

Las tecnológicas aseguran que la inteligencia artificial ayudará a combatir el cambio climático, facilitando descubrimientos científicos y mejoras en la eficiencia de procesos. Su primer impacto, no obstante, está suponiendo un freno para la descarbonización de los sistemas eléctricos en los que se instalan sus centros de datos.

La Asociación Gremial de Computación (AGC) ha presentado una denuncia formal este martes contra los unicornios Globant –legalmente se llama Sistemas Globales S.A.–, Despegar y otras 19 empresas del sector ante la autoridad de aplicación de la ley de promoción de la economía del conocimiento, es decir, desde el ministro de Economía, Luis Caputo, hastael subsecretario del área específica, Sergio Pordelanne.

El gremio acusa a la empresa dirigido por Martín Migoya, a Despegar y a las otras firmas de incumplir una de las obligaciones esenciales y materiales para acceder y mantener los grandes beneficios fiscales que otorga esa ley: el mantenimiento y/o incremento de la nómina de personal. La AGC denuncia que sólo Globant echó a 453 y Despegar, a 14. La empresa es considerada un uniconio porque vale más de US$1.000 millones –US$2.500 millones, tras derrumbarse 74% desde febrero–.

Pero el sindicato calcula que el número total de empresas que despidieron pese a la promoción millonaria es aún mayor y puede llegar a un centenar. Los despidos, más de 3.000. Entre las compañías denunciadas en esta primera instancia también figuran Hexacta (432 despidos), Biside (111), Atos (105), Arbusta (72), ARL (45), Health Management Solutions (36), IAFH Global (28), Everis (27), Epidata (13), Pragma (13), QServices (ocho), Axoft (seis) y Snoop (cinco). En total suman 1.368 desvinculaciones entre las 21 compañías. QServices pertenece al presidente de la Cámara de la Industria del Software (CESSI), Pablo Fiuza, y Snoop, a su antecesor en el cargo, Sergio Candelo.

“Globant es un caso testigo en un universo de numerosas empresas que se encuentran en la mira sindical por la misma maniobra: recibir miles de millones de pesos del Estado para subsidiar salarios a través del bono de crédito fiscal, que cubre hasta el 70% de las contribuciones patronales, y, al mismo tiempo, realizar despidos”, apuntó el gremio. “Una empresa no puede usar fondos públicos para su colchón financiero mientras deja a cientos de informáticos sin trabajo”, se quejó el secretario general de la AGC, Ezequiel Tosco. “Los subsidios fueron otorgados bajo la promesa de crear y sostener empleo de calidad, no para financiar crisis corporativas y despidos. Esto es un fraude primero a los trabajadores, a la ciudadanía y un abuso al Estado”, completó.

La AGC aclara que su denuncia no se basa en rumores sino en la tendencia a la baja de la nómina de personal afectado a las actividades promovidas por la ley. El gremio presentó como prueba documental un informe (ver abajo) que revela la constante reducción de empleados de Globant durante la primera mitad del año, incumpliendo el plazo de 60 días para cubrir las bajas.

Según los datos obtenidos por la Agencia de Acceso a la Información Pública, la plantilla de personal promovido de Globant se redujo en 453 puestos de trabajo entre enero y julio de 2025. Esta reducción objetiva viola, según el gremio, lo estipulado en el artículo 4° apartado III de la Ley 27.506, que exige “mantener y/o incrementar su nómina de personal respecto de la declarada al momento de la presentación de su solicitud de inscripción”.

El incumplimiento de este requisito esencial no es una falta administrativa menor sino una causal para la revocación de la inscripción y el decaimiento de pleno derecho de los beneficios, según el sindicato. La sanción más temida por las grandes corporaciones es el “clawback” (restitución). Si la autoridad de aplicación comprueba que la reducción de plantilla excedió el margen de excepción de 60 días, Globant se vería obligada a:

El monto total, acumulado durante los años de vigencia del régimen, representa una “deuda fiscal monumental” que impactaría directamente en el balance de la multinacional, advierte AGC. Ya la empresa viene barranca abajo en su cotización por resultados operativos decepcionantes para los inversores, menores utilidades, caída de las expectativas, retrasos y cancelaciones de proyectos de clientes, entorno económico mundial frágil, menor demanda de tecnología y el impacto de la revolución de la inteligencia artificial en el negocio de la programación.

El sindicato subraya que la distorsión en la asignación de fondos públicos sin causa legal podría, incluso, constituir un delito de naturaleza federal. El Régimen de Economía del Conocimiento se promulgó con el objetivo explícito de promover actividades basadas en la innovación y, fundamentalmente, “fomentar el empleo de calidad” y el desarrollo de pymes.

En virtud de lo expuesto, la AGC exige a la Subsecretaría de Economía del Conocimiento que inicie las acciones de verificación y control pertinentes, en particular:

“La presentación gremial, además de buscar la sanción fiscal, tiene como objetivo restablecer la transparencia en la asignación de fondos públicos y recordar a las grandes empresas que el beneficio viene de la mano de una responsabilidad social ineludible”, sentencia la AGC. elDiarioAR consultó a Globant, Despegar y la CESSI, pero no obtuvo por ahora respuesta.

AR/MG

Este septiembre se confirmó un movimiento que ha ilusionado a muchos analistas de la economía digital europea. ASML invirtió 1.300 millones en Mistral y se convirtió en su máxima accionista. Son dos de las compañías más relevantes en el panorama tecnológico del viejo continente y, pese a ello, también son grandes desconocidas para el gran público.

ASML, con sede en Países Bajos, fabrica las máquinas que permiten producir los chips más avanzados del mundo, esenciales para la inteligencia artificial. Mistral, nacida en Francia en 2023, se transformó en la gran esperanza europea frente a OpenAI o Anthropic gracias a sus modelos de IA de código abierto.

La alianza entre ambas despertó optimismo porque no responde a una necesidad inmediata de negocio, sino a un movimiento estratégico: apostar por reducir la dependencia tecnológica de Europa frente a Estados Unidos.

Un entusiasmo que palidece al mirar los movimientos en la otra orilla del Atlántico. Durante el último año, Google pagó 32.000 millones de dóláres por la firma de ciberseguridad Wiz, Meta invirtió otros 14.300 millones en la empresa de inteligencia artificial Scale AI y Amazon desembolsó 4.000 millones para entrar en Anthropic. Frente a esos gigantes, la operación de ASML parece casi simbólica.

La diferencia de las siete magníficas

El movimiento de ASML, pese a ser esperanzador en cuanto a la posibilidad de formar un tejido tecnoindustrial europeo, también evidencia que Europa sigue jugando en las ligas regionales en este sector. El grupo de gigantes tecnológicos de EEUU, también conocidas como las siete magníficas (Nvidia, Apple, Google, Amazon, Microsoft, Tesla y Meta) está cada vez más lejos.

El contraste es aún más claro en términos de escala. Los ingresos de Apple en 2024 superaron el PIB de Portugal o Grecia. Amazon ingresó más que toda la economía de Suecia. Sumadas, las siete grandes tecnológicas estadounidenses tendrían un peso económico superior al de cualquier país europeo salvo Alemania, Francia e Italia.

Estas compañías son el aspecto diferencial de la economía estadounidense. “La principal razón por la que la productividad de la UE se desvió de la de EEUU a mediados de la década de 1990 fue el fracaso de Europa a la hora de aprovechar la primera revolución digital impulsada por Internet, tanto en términos de generación de nuevas empresas tecnológicas como de difusión de la tecnología digital en la economía”, recogía el informe Draghi, presentado en septiembre de 2024.

“De hecho, si excluimos el sector tecnológico, el crecimiento de la productividad de la UE en los últimos veinte años habría sido prácticamente similar al de EEUU”, continuaba el texto, que esta semana ha cumplido su primer aniversario con un balance desalentador. Europa no es capaz de llevar a cabo las inversiones que necesita en terrenos como la inteligencia artificial o la computación en la nube. Campos en los que las siete magníficas y sus multimillonarias apuestas han sido determinantes para que EEUU lidere esa carrera.

Con ese diagnóstico sobre la mesa, la pregunta es inevitable: ¿por qué Europa no logra crear gigantes tecnológicos propios? elDiario.es ha hablado con cuatro especialistas de este ecosistema para buscar respuestas.

Andres Pedreño, catedrático de Economía: “Europa es un mercado de dimensiones extraordinarias, pero fragmentado”

Andrés Pedreño es catedrático de Economía Aplicada y doctor honoris causa por la Nottingham Trent University de Reino Unido. Ha escrito medio centenar de libros, buena parte de ellos centrados en la economía digital. En entrevista con este medio, el profesor apunta que el gran obstáculo es el ecosistema empresarial europeo, unido a la sobrerregulación por parte de las instituciones.

“Falla la cultura empresarial. El entorno institucional, la regulación, las relaciones empresariales, las propias políticas que aplica cada estado y la Unión Europea, no priorizan que se genere un tejido empresarial digital potente”, explica. “Europa es un mercado de dimensiones extraordinarias, pero fragmentado. Cada país tiene sus normas y para una startup es muy complicado adaptarse a cada uno de ellos. Por eso muchas, cuando crecen y se convierten en unicornios, dan el salto directamente a EEUU para aprovechar ese mercado unificado. Ahí se pierde un tejido empresarial muy valioso”.

En los últimos 20 años EEUU ha generado seis gigantes tecnológicos que pueden rivalizar con el PIB de España. En Europa no ha surgido ninguno

“No falta talento, sino un ecosistema que genere una cultura de la oportunidad”, continúa el profesor. Esto se aprecia desde los primeros pasos de las empresas emergentes. “Hay una aversión al riesgo que hace que muchas veces se contrate con las empresas conocidas, que son las grandes tecnológicas estadounidenses o compañías nacionales muy establecidas, antes de darle la oportunidad a startups aunque su producto sea mejor. Si te equivocas con Microsoft, no pasa nada. Pero si te equivocas con una empresa desconocida...”

Una situación que también se extiende a las administraciones, que considera que sobrecargan de burocracia innecesaria el sistema de compra pública y licitaciones. “Está pensado para favorecer a las grandes consultoras, que se pueden permitir un equipo de 100 personas para prepararlo todo. Perjudica enormemente a las startups”, lamenta Pedreño, que da una de las claves en las que también incide el informe Draghi: “En los últimos 20 años EEUU ha generado seis gigantes tecnológicos que pueden rivalizar con el PIB de España. En Europa no ha surgido ninguno”.

Carme Artigas, ex secretaria de Estado de Digitalización e IA: “El gran cuello de botella es el acceso al capital”

Carme Artigas fue secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial entre 2020 y 2023. Antes de incorporarse al Gobierno, creó una startup de análisis de datos que vendió a Telefónica, donde se quedó formando parte de la dirección. Tras su etapa en el Ejecutivo, ha sido copresidenta del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial de Naciones Unidas y dado clase en Harvard. Según su opinión, el principal problema de Europa para generar gigantes tecnológicos es el acceso a la inversión.

“Europa no tiene ni un problema de talento, ni un problema de startups, ni un problema de innovación. Europa produce el mismo número de startups por año que Estados Unidos. El gran problema es que esas startups necesitan la financiación para poder crecer y escalar de manera rápida y en Europa no la encuentran”, expone Artigas en conversación con elDiario.es: “Creamos las empresas y cuando ya las hemos financiado desde el ámbito público y quedan las cuatro buenas, si necesitan 100 millones, no lo encuentran en Europa. Es entonces cuando vienen los fondos americanos y se las llevan allí”.

La clave para defender el mercado único europeo es regularlo

Para la ex secretaria de Estado, “el gran cuello de botella es el acceso al capital”. Es un problema estructural, recalca. “Los bancos europeos no invierten en fondos europeos, sino en fondos americanos porque les dan mayor rentabilidad. Pero son estos fondos los que compran las startups europeas. Cada año, 300.000 millones de ahorro europeo se va a EEUU por nuestros bancos”.

De cara al futuro, Artigas afirma rotundamente que “la regulación no es el problema”. “Normas como la ley de IA crean un mercado único seguro, con reglas de juego que dan confianza y seguridad jurídica. La clave para defender el mercado único europeo es regularlo”, destaca. En su opinión Europa debe “consolidar un mercado único de capitales”, invertir en infraestructuras clave como las “gigafactorías” de IA y hacer valer su poder como un bloque de 400 millones de consumidores.

Roeland Delrue, cofundador de la startup Aikido: “Los gobiernos contratan empresas extranjeras solo porque el precio es un poco mejor”

Aikido Security es una startup belga fundada en 2023. Desarrolla una plataforma de ciberseguridad para desarrolladores y pymes. Tras levantar más de 20 millones de euros en financiación, ya cuenta con miles de clientes en Europa y EEUU. Roeland Delrue, uno de sus fundadores, detalla los problemas con los que se encuentran estas empresas a la hora de crecer en Europa y por qué resulta más difícil aflorar gigantes tecnológicos.

“Cuando llega la revolución tecnológica de los chips, ocurre en EEUU. Cuando llega Internet, ocurre en EEUU. Cuando todo se vuelve móvil, empieza por EEUU. Y ahora que estamos en la siguiente fase, la IA también está en EEUU. Todas estas grandes empresas tenían ese ecosistema en marcha para aprovecharlo”, desglosa el desarrollador. “Eso también beneficia que haya mucho más apetito por el riesgo, que es mucho mayor allí que el que encuentras en el europeo medio”.

Ahora mismo podríamos tener que constituirnos en Francia, en Alemania, en España, y tener cinco empresas solo para cubrir Europa. Es un enorme caos administrativo

Como Pedreño, Delrue destaca la excesiva burocracia que conlleva hacer negocios en Europa. “Ahora mismo podríamos tener que constituirnos en Francia, en Alemania, en España, y tener cinco empresas solo para cubrir Europa. La administración, los impuestos... es un enorme caos administrativo”, lamenta. Por ello, pide que se desarrolle una especie de “constitución de empresa europea” que permita saltarse esas cargas.

Delrue también destaca otro tipo de regulaciones que facilitan la vida a los emprendedores tecnológicos estadounidenses en las que Europa sigue a la zaga. Apunta, por ejemplo, a las stock options, una bonificación que se puede ofrecer a los empleados para la compra de acciones de la compañía a un precio prefijado y ventajoso. Si la empresa crece y sus acciones suben, los trabajadores pueden venderlas más caras y obtener un beneficio extra, lo que les da un incentivo directo para contribuir al éxito del negocio. “Aquí son un gran dolor de cabeza. En Estados Unidos es superfácil y rápido, pero aquí tengo que pagar 50.000 euros a un abogado para crear el marco legal y luego ir al notario”.

Por último, pide a las administraciones públicas que sean “más chovinistas”. “Los gobiernos contratan empresas extranjeras solo porque el precio es un poco mejor”, afea: “En el esquema de la IA y la nube, también hay un componente muy grande de seguridad, de soberanía. No deberíamos ser ingenuos y pensar 'oh, estamos con Estados Unidos, así que todo irá bien'. Creo que deberíamos invertir en más soberanía en general”.

Cecilia Bonefeld-Dahl, directora general de DigitalEurope, la patronal tecnológica europea: “La batalla no está perdida, pero debemos tomar el volante”

DigitalEurope es la patronal que agrupa a las principales empresas tecnológicas de Europa y representa sus intereses ante instituciones y gobiernos del continente. Su objetivo es impulsar la transformación digital y la competitividad europea en sectores clave de la tecnología. Cecilia Bonefeld-Dahl es su directora general y, aunque reconoce que hay obstáculos que han alejado a Europa de EEUU y China, también hay motivos para la esperanza.

“41 CEOs europeos han firmado la Declaración de IA y Tecnología, respaldada por la presidenta Von der Leyen en Estrasburgo. Esto demuestra la fortaleza de Europa: talento de clase mundial, empresas punteras y liderazgo en algunas tecnologías”, recuerda Bonefeld-Dahl. Esta Declaración, firmada la pasada semana en Bruselas, es un compromiso para invertir en la soberanía tecnológica de Europa, así como apostar por las tecnologías limpias, desde el acero hasta las baterías.

Europa destaca en áreas como conectividad y energía eólica, y compite con los líderes en fabricación aditiva y tecnologías espaciales

“Europa destaca en áreas como conectividad y energía eólica, y compite con los líderes en fabricación aditiva y tecnologías espaciales”, dice la responsable de la patronal europea. “Sin embargo, Europa se enfrenta a una marcada brecha de inversión respecto a EEUU y China, debido a un mercado único que aún no se ha completado, la ausencia de una Unión de Mercados de Capitales, financiación fragmentada y regulaciones crecientes”, reconoce, en línea con Artigas.

“Con más inversión y menos barreras, podemos impulsar la próxima ola de tecnologías críticas: desde IA avanzada hasta computación cuántica y biotecnología. La batalla no está perdida, pero debemos pasar del rol de observadores a tomar el volante”, concluye.

“¿Qué debemos hacer nosotros, desde el Congreso de la República, sobre la inteligencia artificial?”, pregunta Diego Caicedo, un joven congresista , en un video publicado en su perfil de Instagram. A su lado está Pablo Nieto, otro colombiano, quien le responde: “Generar marcos promotores de inteligencia artificial” y “escuchar a todas las partes interesadas”.

No fue un intercambio casual; ni por donde ocurrió, ni por quienes hablaban, ni por lo que decían.

Ambos son parte de una amplia red de influencia con la que las grandes empresas tecnológicas como Google, Amazon, Meta, Microsoft, entre otras, inciden en las políticas públicas de América Latina. Otras fichas en este juego silencioso de alto poder incluyen a congresistas que defienden sus argumentos, lobistas que impulsan sus narrativas, expertos y ex funcionarios que revisten de interés público los intereses de estas empresas.

Cuando las tecnológicas no quieren exponer a sus propios lobistas, recurren a terceros, como bufetes de abogados o asociaciones sectoriales. Esos grupos se reúnen con frecuencia con actores públicos, organizan congresos internacionales, producen estudios para ‘iluminar’ a los ministerios y envían sus ideas sobre proyectos de ley argumentando amor al progreso de los países.

Su trabajo, como explicó a esta alianza periodística Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, es conseguir “capacidad y acceso a tomadores de decisión, y a cualquier mecanismo que permita influenciar las decisiones”.

Nada de eso es ilegal, ni tampoco original. Se parecen a las operaciones de otras multinacionales, como las mineras, tabacaleras o farmacéuticas.

No obstante, hay una diferencia abismal entre la multinacional de siempre y estas enormes empresas tecnológicas. A diferencia de aquellas, que influyen en un sector, éstas últimas intermedian casi cualquier actividad humana: desde hablar con la familia hasta organizar la agenda, llegar a una dirección, hacer reuniones virtuales y leer noticias. Evadirlas requiere un esfuerzo. Su influencia sobre nuestras vidas solo va a crecer, teniendo en cuenta el ritmo al que la inteligencia artificial va colándose en todo lo que hacemos.

Estamos hablando de Alphabet, la dueña de Google, YouTube y de decenas de útiles aplicaciones de mapas, estudio y hasta para el periodismo de investigación. Según su propia definición, Alphabet tiene la misión de “organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil para todos”. Google ya es un verbo en todos los idiomas, sinónimo de buscar información; y aunque hay otros motores de búsqueda, ninguno está tan metido en la vida diaria de los latinoamericanos.

Estamos hablando también de Meta, propietaria de Whatsapp, Facebook e Instagram, cuyo objetivo es “construir el futuro de las relaciones humanas y la tecnología que las hace posibles”. En español decimos ‘whatsappear’ por mandar un mensaje, y millones de personas exponen su vida y milagros en Facebook e Instagram todos los días. La plataforma los conoce al dedillo y les entrega a los publicistas, sean de jabón o de campañas políticas, información hasta sobre sus estados de ánimo para que estos les vendan productos a su medida. Dicen sus reportes que en un día de diciembre de 2024, en promedio 3.350 millones de personas estaban usando alguna de las aplicaciones de la “familia” Meta. Esto es casi media humanidad.

Semejante influencia en la política, los derechos humanos, el bienestar social, la salud pública, la salud mental de los jóvenes, la economía y el hecho de que son prácticamente indispensables para funcionar en la vida de hoy, llevaría a pensar que es crucial para los países regularlas para dar al Estado a los consumidores herramientas para evitar abusos de estas empresas.

Pero como lo comprobó esta investigación periodística, La Mano Invisible de las Big Tech, liderada por el medio brasileño Agencia Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), junto con otros 17 organizaciones de 15 países, regular a las grandes tecnológicas no ha sido tarea fácil. Tienen bolsillos infinitos para librar todas las batallas. Sus algoritmos se esconden detrás del secreto industrial y se requiere conocimientos sofisticados para regularlos, sin caer en la censura. Y resisten a toda costa que normas locales les arruinen su modelo de negocio global.

Una base de datos elaborada en forma colectiva a partir de información pública disponible en línea, con pedidos de acceso a la información, entrevistas con decenas de fuentes en gobiernos, congresos y empresas tecnológicas, con expertos y académicos, pudo documentar 2939 acciones de influencia concretas en diez países y la Unión Europea, la mayoría de estas desde 2019 hasta junio de 2025. Estas involucraron a 1406 representantes directos o indirectos de las tecnológicas que interactuaron en defensa de las posturas de la industria digital con 2506 servidores públicos, desde congresistas, reguladores, ministros hasta directores de escuelas y hospitales públicos. (Ver tablero con gráficos interactivos y metodología).

Además, esta investigación encontró que es tal la necesidad de morigerar los impactos no deseados de estas Big Tech, que tan solo en la Unión Europea y otros 11 países, gobiernos, trabajadores o personas han presentado desde 2019 al menos 800 proyectos de ley para mejorar la moderación de espacios donde niños y adolescentes se encuentran; bloquear cuentas que diseminan el odio impunemente; hacer cumplir  normas nacionales electorales o de protección de datos; responsabilizar a las plataformas por contenidos dañinos; castigar usos dañinos de la Inteligencia Artificial; entre otras causas.

Así mismo, esta alianza periodística encontró 314 casos judiciales en apenas cuatro países, registrados desde 2022, ligados con conflictos con las tecnológicas. Estos litigios se originan desde la denuncia de un ciudadano del común por el mal uso de un video o una imagen, hasta reclamos por no regular contenidos nocivos o no cumplir las normas de privacidad. Las tecnológicas también han demandado a los gobiernos oponiéndose a sanciones o normas que limitan sus operaciones.

En respuesta a detallados cuestionarios enviados por esta alianza periodística sobre sus acciones de lobby en los países en los que investigamos, las Big Tech prefirieron emitir declaraciones generales en los que reconocen sus interacciones con representantes políticos y tomadores de decisiones públicas en temas que competen a sus negocios o sus productos, y afirman que estas interacciones cumplen los marcos éticos y regulatorios de los países donde ocurren. En este documento pueden leer las respuestas enviadas por cada una de las empresas.

En este capítulo de La Mano Invisible de las Big Tech, sacamos a la luz en detalle cómo sucedieron varias operaciones de lobby en América Latina de algunas de las tecnológicas que más inciden en la vida diaria de las personas. ¿En qué terrenos se movieron sus batallas? ¿Quiénes forman sus escuadrones de lobistas y agentes de influencia en algunos países?

Una foto significativa

El encuentro en donde el congresista colombiano Caicedo entrevistó a su compatriota Nieto, citado arriba, se llamó el Digiecon 2025, tuvo lugar en abril de este año en Ciudad de México y reunió al menos a 15 legisladores de América Latina con ejecutivos de TikTok, Meta, Google, Rappi y Mercado Libre, entre otras, para debatir sobre “economía digital” y “desarrollo social y económico”.

Fue organizado por la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) que agrupa a las tecnológicas, organización que invitó a Caicedo, según este le dijo a Cuestión Pública, medio colombiano miembro de esta alianza.

Algunos de los congresistas que estuvieron en Digiecon 2025 fueron los diputados brasileños Any Ortiz, y sus colegas Rodrigo Valadares y David Soares; cuatro legisladores argentinos (Juan Manuel López, Dahiana Fernández Molero, Karina Banfi y Santiago Santurio), otros cuatro congresistas colombianos además de Caicedo (Ciro Rodríguez Pinzón, Carlos Guevara, Irma Luz Herrera y Daniel Restrepo Carmona), tres legisladores chilenos (Leonardo Soto Ferrada, Francisco Chahuán y Paula Labra), y otros de Guatemala (Manuel De Jesús Archila Cordón), Costa Rica (Kattia Cambronero Aguiluz) y Perú (José Ernesto Cueto), según pudo reconstruir esta alianza periodística a partir de fotos del certamen y otros registros de redes sociales. También asistieron más funcionarios públicos de estos y otros países latinoamericanos.

Encontramos que algunos de estos invitados protagonizan hoy la discusión sobre temas digitales en los órganos legislativos de sus países, proponiendo —y, a veces, frenando— proyectos de ley; o moviendo los intereses de las tecnológicas en los cuerpos legislativos. Por eso la foto del evento resulta una metáfora potente de cómo los tentáculos de las tecnológicas se extienden por el continente.

El representante a la Cámara Caicedo, por ejemplo, en septiembre de 2024 impulsó una comisión transitoria para estudiar los proyectos de ley en curso relacionados con Inteligencia Artificial, justo cuando otra comisión se disponía a hacer exactamente lo mismo. Aunque la movida buscaba, según se dijo en Congreso, unificar varias iniciativas regulatorias, no logró ese cometido. El senador colombiano Alirio Uribe, quien ha impulsado varios de estos proyectos, dijo a Cuestión Pública y al CLIP que la comisión de IA “se hizo para obstruir todos los proyectos”. Explicó que “lo que hicieron ellos fue tomar todos los proyectos, revisarlos, y luego nos presentaron unos artículos inanes”. Solo una regulación de IA, que agrava el delito de estafa cuando se usan herramientas de inteligencia artificial para cometerlo, ha sido aprobada por el legislativo colombiano desde entonces.

Caicedo no contestó a las preguntas enviadas por esta alianza periodística sobre su rol en el trámite de los proyectos de ley de inteligencia artificial, ni sobre el video que publicó con Nieto.

Nieto, gerente de políticas públicas de ALAI para la región Andina, tiene una presencia permanente en el Congreso de Colombia. Aparece en consultas públicas y escribe conceptos jurídicos sobre proyectos de ley, pero también organiza eventos abiertos o cerrados con los legisladores y ha cultivado relaciones cercanas con Caicedo y con otros congresistas colombianos, según pudo constatar esta alianza periodística en eventos públicos y contenidos de redes sociales. Entre octubre de 2023 (cuando comenzó a trabajar en ALAI) y diciembre de 2024, Nieto acumuló 22 visitas a congresistas, según se consigna en una petición de información hecha por Cuestión Pública.

En Ecuador, Nieto también ha hecho incidencia a favor de las tecnológicas en el proceso de reglamentación posterior a la Ley de Protección de Datos, de 2022. Un primer reglamento, que se aprobó en 2023, fue construido con participación de los gremios de la industria, pero con una intervención casi nula de otros sectores, según encontró el medio Primicias, parte de esta alianza periodística. En 2024, Nieto se reunió con Fabrizio Peralta Díaz, superintendente de Protección de Datos Personales de Ecuador, para discutir regulaciones sobre aspectos puntuales de la ley, según consta en registros públicos; y en abril de 2025, Peralta Díaz viajó a México a Digiecon, donde de nuevo se encontró con Nieto y con Raúl Echeberría, director ejecutivo de ALAI.

Sobre su relación con ALAI, Peralta Díaz afirmó a Primicias que no ha recibido presiones de ese ni de ningún otro actor. “Con Pablo (Nieto) nunca yo he recibido ninguna petición particular o especial, más allá de la posibilidad de ser escuchados”, dijo. En una comunicación, ALAI dijo que “las comunicaciones con oficiales de gobiernos y parlamentarios son realizadas a través de los canales formales de comunicación habituales para cada país”.

La huella de ALAI

ALAI nació en 2015 en Montevideo, Uruguay, como una alianza entre cinco empresas tecnológicas: las latinoamericanas Despegar.com, de viajes, y Mercado Libre, de ventas online; y las estadounidenses Yahoo, Facebook y Google. Su primer director ejecutivo, Gonzalo Navarro, dijo en una entrevista de la época que la Asociación buscaba “contribuir a engrandecer el ecosistema de Internet, tendiendo puentes entre los distintos actores que lo componen y desarrollando políticas públicas dentro de nuestra competencia”.

Hoy, entre las 14 empresas tecnológicas que hacen parte de su directorio están Amazon, AirBnb y TikTok , igual que la latinoamericana de reparto domiciliario, Rappi. Como consta en sus estados financieros de 2023, radicados ante el gobierno uruguayo, cada una de estas empresas paga por su membresía anual una suma que puede ir hasta los 50.000 dólares, y algunas además aportan montos adicionales para proyectos específicos. Ese año ALAI reportó ingresos por más de un millón de dólares, en su totalidad provenientes de contribución de empresas tecnológicas; y gastos de administración por 711 mil dólares.

ALAI defiende con ahínco los intereses comerciales de sus empresas socias ante congresos, cortes y entidades regulatorias de la región. La Asociación, por ejemplo, se puso en contra de regulaciones del turismo en Colombia que buscaban limitar los alquileres de corto plazo que promociona AirBnb. En México impulsó un “marco regulatorio equilibrado” en el debate sobre los derechos laborales de los trabajadores de empresas como Rappi: una forma elegante de oponerse a que las plataformas tengan la obligación de darles un contrato laboral a quienes trabajan con ellas.

ALAI dice que “no representa los intereses de empresas específicas ni hace actividades de lobby para empresas específicas, sino que, al igual que cualquier otra cámara empresarial sectorial, representa los intereses del sector en general”.

En Brasil también ha criticado propuestas similares, y sus posiciones han encontrado oídos atentos en algunos de los congresistas que asistieron al mencionado Digiecon 2025. Any Ortiz, la diputada federal brasileña, anunció en su Instagram que estaba allí hablando de un proyecto de ley de regulación del mercado digital del que es relatora. “Ese ecosistema puede impulsar a empresas pequeñas, medianas y grandes, generando más innovación, competitividad y oportunidades”, dijo en su publicación.

Un mes después, el 7 de mayo de este año, Ortiz pidió una audiencia pública para debatir el estudio que había publicado la Asociación Latinoamericana de Internet en septiembre de 2024, relacionado con ese proyecto de ley. El estudio concluye que el proyecto de regulación propuesto es perjudicial para la economía brasileña y podría traer un costo adicional a los usuarios por más de R$2.000 millones (equivalente a $365 millones del dólares).

Trece días después, Sérgio Garcia Alves, gerente de ALAI en Brasil, dijo —sentado al lado de Ortiz— que la iniciativa podría causar “costos en cadena”, pues contempla un impuesto del 2 por ciento a los ingresos operacionales de las plataformas, y que la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea (DMA, por su sigla en inglés), de donde toma inspiración el proyecto brasileño, es “un modelo regulatorio experimental, cuyos beneficios aún no son evidentes”.

A su turno, Ortiz dijo que tenía dudas sobre la conveniencia del proyecto: no solo afirmó que algunas de las reglas del DMA no aplican en Brasil, por lo que “sería necesario desarrollarlas mejor”, sino también que la medida “podría impactar el costo al consumidor que usa los servicios digitales”. Las mismas cuestiones planteadas por ALAI.

En respuesta a esta alianza periodística, Ortiz afirmó que las posturas que expresó en la audiencia “no provienen de una entidad específica, sino de un amplio proceso de reflexión y análisis”, y que invitó a representantes del gobierno a participar en el evento, pero que “decidieron no asistir”.

La congresista afirmó que ha buscado “escuchar a todos los actores” en la regulación del mercado de las empresas tecnológicas y que ha “participado regularmente en eventos nacionales e internacionales organizados por diversas entidades”. También afirmó que la solicitud de la audiencia que analizó el estudio de ALAI “no tuvo relación” con su participación en Digiecon, ya que se presentó inicialmente en 2024. La congresista no respondió a la pregunta de quién financió su viaje a Digiecon, pero afirmó que no generó ningún costo para la Cámara de Diputados. Lea la respuesta completa aquí.

ALAI también estuvo presente en las discusiones brasileñas sobre el proyecto de ley conocido como de las Fake News (2630 de 2020), que buscaba regular las plataformas digitales y fue enterrado por el lobby de las plataformas, como revela otra historia de esta investigación periodística. Entre marzo y mayo de 2023, cuando el proyecto estaba a punto de ser votado en la Cámara de Diputados, la asociación publicó tres comunicados (1, 2, 3) oponiéndose a que fuera aprobado. Argumentó, por ejemplo, que el texto promovía un riesgo de control estatal de la información, una afirmación que según según Artur Romeu, director de la oficina de América Latina de Reporteros Sin Fronteras, no tiene sustento.

“La regulación no es censura”, dijo a Agência Pública. “El Proyecto de Ley 2630 ha sido ampliamente debatido durante años y se basa en modelos democráticos”.

El 28 de marzo de este año, Garcia Alves, el gerente de ALAI en Brasil, firmó un texto en el que defendía la permanencia del artículo 19 del Marco Civil de Internet, que establece que las plataformas digitales solo pueden ser responsabilizadas por contenidos de terceros si éstas no los eliminan luego de que un juez lo haya ordenado. Mientras el Tribunal decidía, ALAI también hizo un almuerzo dirigido a autoridades brasileñas en el marco de un foro organizado por Gilmar Mendes, uno de los ministros (magistrados) del STF que votaron en el proceso.

Sin embargo, la asociación no logró su objetivo, porque en junio el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió que las empresas eran responsables por los contenidos que generaran daños aún cuando no hubiera órdenes judiciales. Google, Meta, Tiktok y X estuvieron involucradas en este proceso legal.

En Colombia, ALAI fue parte de una coalición de organizaciones que logró que el Congreso modificara una norma que buscaba regular contenidos digitales que puedan ser nocivos para la salud mental de los menores de edad (ver historia de Colombia en esta investigación). Aunque la sociedad civil también criticó la iniciativa por considerar que le daba poderes excesivos al regulador, los argumentos que resonaron en la Plenaria del Senado fueron los del lobby de las tecnológicas, que dijeron que la norma podría amenazar la libertad de expresión en Colombia y “derivar en la eliminación arbitraria de información, limitando la diversidad de opiniones y voces en espacios digitales”.

La ALAI también está detrás de otra iniciativa de influencia en la región: la Alianza por una Internet Abierta (AIA). Esta alianza se opone a la aplicación de la llamada “tasa de red”, es decir, la propuesta que las big tech contribuyan a la operación de la infraestructura de telecomunicaciones. La alianza comenzó en Brasil en 2023 y su primer director ejecutivo fue el exdiputado federal brasileño Alessandro Molon (PSB – RJ). En 2025, con ALAI y varias de sus empresas socias como miembros fundadores, la iniciativa se expandió al resto de Latinoamérica. Su directora para el resto de la región es la exdirectora de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación de Uruguay, Mercedes Aramendía, un caso que refleja bien el mecanismo de ‘revolving door’, o puerta giratoria, por el cual las empresas buscan influencia en el poder público al contratar exfuncionarios gubernamentales.

Preguntada por esta alianza periodística sobre la elección de exfuncionarios públicos para ocupar cargos directivos y sobre el motivo de su expansión por América Latina, la AIA no respondió. La entidad afirmó que representa a “más de 14 mil empresas en Brasil” y que “sigue de cerca las discusiones sobre la tarifa de red y defiende la neutralidad de la red como un principio esencial para el internet brasileño”. ALAI no respondió a preguntas sobre su relación con la AIA.

Lobby desde Washington en Brasil

Además de la actuación de ALAI, las big tech también han invertido en actividades de influencia regional a través de otras asociaciones internacionales, como el Information Technology Industry Council (ITI) y el Center for Information Policy Leadership (CIPL), ambos basados en Washington, y la Access Partnership, de Londres. Las organizaciones han actuado, en los últimos años, con foco en las discusiones sobre regulaciones de empresas de tecnología, IA y la tasa de red.

El ITI tiene entre sus miembros a Amazon, Apple, Google, Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle, Lenovo y NVIDIA. Según su sitio web, el grupo busca que “todos los gobiernos del mundo desarrollen políticas, normas y reglamentos que promuevan la innovación y el crecimiento de la industria tecnológica”. Fue fundado en 1916 y ha cambiado sus miembros con la evolución de las tecnologías.

Entre 2023 y 2024, representantes del ITI realizaron al menos 11 reuniones con miembros del Ejecutivo brasileño, según estableció La Mano Invisible de las Big Tech, con datos de la Agenda Transparente. Visitaron agencias reguladoras, así como ministerios y la Casa Civil de la Presidencia de la República. En varias de estas reuniones, el ITI llevó consigo representantes de empresas, como Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Mastercard, HP, IBM e Intel.

Según una persona funcionaria brasileña visitada por el grupo, que habló bajo reserva, el ITI es “muy activo” en el país desde 2016. Al ser preguntada sobre cómo ocurren los diálogos con los representantes sectoriales, afirmó: “Las empresas y asociaciones suelen llegar, a veces preparan una presentación o no, se presentan y luego pasan a un tema más específico para ‘mostrar el absurdo que está ocurriendo’ en determinada cuestión. Tocan todas las puertas para buscar el oído más receptivo”.

Agência Pública solicitó vía Ley de Acceso a la Información las actas, notas o grabaciones de las 11 reuniones entre el ITI y las autoridades brasileñas. La Casa Civil dijo que la reunión sirvió para que el ITI presentara “puntos de atención” respecto al proyecto de ley 2.338/2023, el cual propone regular la IA. El Ministerio de Comunicaciones informó que se discutió la implementación de infraestructura de comunicaciones y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) reportó que la discusión trató sobre requisitos de seguridad cibernética y buenas prácticas regulatorias.

En la mayoría de las reuniones realizadas con autoridades en Brasil estuvo presente el lobista brasileño Husani Durans de Jesus, quien fue funcionario de la Cancillería de ese país y ahora es director para las Américas del ITI, desde su sede en Washington. Según los registros de visitas en el Congreso de Brasil, y sus propias publicaciones en redes sociales, Durans de Jesus viajó a Brasil al menos tres veces en los últimos años: en marzo de 2023, marzo de 2024 y septiembre de 2024, a veces acompañado por otros miembros del grupo.

Además, el grupo promovió el seminario “Regulación del Uso de las Redes de Telecomunicaciones”, en Brasilia, en asociación con la Editora Globo, para debatir acerca de la cobranza de la tasa de red. La asociación también firmó cuatro artículos de “contenido de marca” en el sitio web de noticias financieras Valor Econômico, según se indica en los textos mismos.

En septiembre, cuando el proyecto de IA se debatía con intensidad en el Senado, Husani viajó a Brasil acompañado de Courtney Lang, otra vicepresidenta sénior de ITI, quien lidera el trabajo global de regulación de IA en esa organización. Ambos se reunieron con funcionarios del equipo del senador Eduardo Gomes (PL-TO), autor del proyecto de ley. “La reunión fue fantástica”, afirmó Durans en una publicación en redes sociales.

Una semana antes de llegar al país, Lang hizo recomendaciones muy específicas por videollamada, en una audiencia pública sobre el proyecto de ley que buscaba regular esta tecnología. Una de ellas fue eliminar dos artículos que enumeran los derechos de los usuarios de estas tecnologías, pues “asumen que habrá riesgos significativos para los derechos humanos a lo largo del ciclo de vida de la inteligencia artificial, lo que, a mi modo de ver, no siempre ocurre”.

ITI también organizó recepciones a congresistas brasileños en Washington, como pasó en marzo de 2024, según se describe en publicaciones en LinkedIn y en al menos tres informes de viaje elaborados por los legisladores. Entre los presentes se encontraba el senador Marcos Pontes, quien era el vicepresidente de una comisión temporal del Senado que analizó el proyecto de ley sobre IA. En esa comisión, Pontes presionó para que la ley se ajustara más a los intereses de las grandes tecnológicas. Fue el mismo senador que, meses antes, había invitado a Lang a una audiencia pública sobre esa misma ley.

En una declaración enviada a esta alianza, ITI dice que interactúa con servidores públicos en todo el mundo “en representación del sector tecnológico, con la misión de promover políticas públicas y estándares de la industria que beneficien la competencia y la innovación”. Sus interacciones con actores políticos en Brasil, dice, buscan “permitirles a más ciudadanos, negocios y comunidades beneficiarse de una mayor conectividad e inclusión”.

Pontes no respondió a preguntas enviadas por Agência Pública sobre si consideraba que había algún conflicto de interés con respecto a su rol en el comité.

En ese mismo viaje a Estados Unidos, los legisladores brasileños también visitaron el Centro para el Liderazgo en Políticas de Información (CIPL, por sus siglas en inglés). Según afirma su sitio web, se trata de un think tank que ofrece a sus socios “oportunidades para trabajar en importantes cuestiones relacionadas con la privacidad y las políticas de información con expertos clave en privacidad y partes interesadas de organismos reguladores, gobiernos y el mundo académico”. Estos socios son empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, entre las que se incluyen Amazon, Google, Microsoft, Tools for Humanity (Worldcoin), Telefónica y Mercado Libre. CIPL fue fundado en 2001 por algunas empresas y un bufete de abogados, Hunton Andrews Kurth LLP (antes Hunton & Williams).

El viaje tuvo como objetivo “orientar la toma de decisiones y la elaboración de legislaciones relacionadas con la IA en Brasil”, de acuerdo con el briefing del evento, al que accedió Agência Pública. El viaje fue organizado por el Movimiento Brasil Competitivo, una organización que busca generar cercanía entre el sector público y el privado.

En su informe de gestión de 2024, el CIPL celebra que los legisladores brasileños adoptaran, en su proyecto de ley, varias recomendaciones de un informe que publicó sobre regulación global de IA.

CIPL no respondió a un cuestionario enviado por esta alianza periodística.

Otras empresas de lobby internacional también están trabajando para influir en la legislación de Brasil, uno de los mayores mercados de las principales plataformas tecnológicas. Paula Corte Real, una lobista brasileña de la firma británica llamada Access Partnership —que se autoproclama “la consultora tecnológica más destacada del mundo”, ha visitado la Cámara de Diputados en al menos cinco ocasiones en 2025, según consta en un pedido de información hecho por Agencia Pública. En el último año, Corte Real ha visitado a los diputados Reginaldo Lopes (PT-MG), Helio Lopes (PL-RJ) y Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), quien es el presidente del Frente Parlamentario Mixto de la Economía y Ciudadanía Digitales (Frente Digital).

En las cortes y en Congreso

En otras ocasiones, el lobby de estas asociaciones se entrelaza con los pleitos jurídicos que las tecnológicas llevan contra los reguladores estatales. En Brasil, el bufete Bialer Falsetti Associados (BFA), que defiende a Meta en casos de protección de datos contra la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD), tiene a la abogada Ana Paula Bialer como una de sus socias. Varios representantes del BFA participaron de seis reuniones entre ITI y las autoridades brasileñas, tres de ellas en la oficina de ANPD.

La abogada no divulga en sus redes sociales su relación con el ITI, pero en agendas públicas de autoridades brasileñas y en registros obtenidos por Agência Pública a través de peticiones de acceso a la información es señalada como consultora de la asociación.

Bialer también es una lobista activa en el Congreso Nacional. Visitó la Cámara de Diputados al menos 12 veces entre 2023 y 2025, incluso en fechas de votación de proyectos importantes. En tres de esas ocasiones, declaró como destino la oficina de la diputada Luísa Canziani, primera presidenta del Frente Digital y actualmente presidenta de la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Cámara de Diputados, quien enfrenta preguntas por un posible conflicto de interés relacionado con Google, según otro reportaje de esta investigación. En 2021, la abogada y la diputada firmaron juntas un artículo en el que defendía una regulación de inteligencia artificial más favorable al sector privado, como reveló Núcleo Jornalismo, parte de esta alianza periodística.

Sobre su rol dual como abogada y lobista de empresas tecnológicas, Bialer dijo que “es una profesional con reconocida experiencia en temas de tecnología, privacidad y protección de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial, y participa regularmente como ponente en audiencias públicas, seminarios y mesas de debate sobre los temas mencionados”.

Bialer también afirmó que el bufete BFA asesora al ITI en Brasil “desde hace muchos años” y presta “servicios de consultoría jurídica y regulatoria, así como apoyo técnico en las interlocuciones del ITI con los responsables de formular políticas públicas en el país”, pero no ofreció más detalles y dijo que las actividades están “sujetas a la obligación de confidencialidad profesional”.

El despacho no respondió si ya representaba a Meta cuando se reunió con la ANPD en nombre del ITI, ni si ve algún tipo de conflicto de interés en el hecho de que sus abogados participen en reuniones como consultores de la asociación internacional y, al mismo tiempo, defiendan a Meta en otros procesos.

Otro caso en el que el ‘lobby’ en el Congreso se entrelazó con el litigio judicial es el de Lorenzo Villegas Carrasquilla, un abogado colombiano que actúa desde 2020 como apoderado de Google en un pleito contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En 2024, Villegas intervino en una audiencia pública sobre un proyecto de ley que tocaba el punto central para la tecnológica; y lo hizo repitiendo los mismos argumentos que esgrimió la empresa en las cortes colombianas.

En resoluciones oficiales entre 2019 y 2022, la SIC les exigió a Google, Meta y TikTok que cumplieran la regulación colombiana de protección de datos de menores de edad, pues consideró que no lo estaban haciendo a cabalidad. Pero las empresas demandaron al regulador ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, argumentando que el fallo violaba sus derechos porque el procesamiento de esos datos no ocurre en Colombia, por lo que —aseguran— la ley del país no aplica para ellos.

El principio de que las empresas cumplan las leyes de los países donde están sus usuarios, sin importar en qué otro territorio tengan su sede central, se llama extraterritorialidad. “Esto es decirles a las empresas, ‘así usted no esté ubicado en nuestro territorio, si usted recoge datos de nuestros ciudadanos, usted tiene que cumplir nuestra legislación’”, explicó a esta alianza Heidy Balanta, abogada experta en datos personales.

Juristas colombianos consultados para esta investigación expresaron opiniones diversas sobre si el regulador colombiano puede aplicar este principio; pero en todo caso, dos proyectos de ley habrían resuelto el problema de no haber sido archivados: el 156 de 2023 y el 152 de 2024. Ambos proponían que el tratamiento de datos recogidos en Colombia por un actor responsable o por su encargado con domicilio en territorio colombiano cumplan la ley nacional de protección, sin importar si estos datos son procesados en Colombia o en el exterior.

En la audiencia pública, el abogado Villegas dijo que el proyecto de ley podría afectar la libertad de expresión de los periodistas —un argumento que compartieron varios representantes de la sociedad civil— y la libertad de empresa, pero luego expresó otra preocupación: el proyecto es “un desincentivo al tratamiento de datos particularmente en el mundo digital, desde el exterior hacia Colombia”. Además, añadió que la iniciativa “va en contravía de la Constitución Política, que establece que las leyes colombianas se aplican en el territorio colombiano, para las personas que se encuentran en el territorio colombiano”. Villegas no mencionó en el Congreso su rol en el equipo jurídico de la tecnológica californiana.

Preguntado sobre por qué no lo hizo, Villegas no ofreció respuesta. Dijo a esta alianza que fue invitado a participar de esa audiencia pública en su calidad de abogado experto en derecho de tecnología, y que aceptó porque considera “fundamental aportar elementos técnicos y jurídicos que contribuyan a enriquecer la discusión legislativa”.

ALAI, y otros aliados de las tecnológicas, han seguido esa misma línea. Un comentario al proyecto de ley de 2023 firmado por Nieto, el lobista de ALAI, dice que “en un mundo globalizado, en el que es posible ofrecer servicios a cualquier parte del mundo, pretender que todos aquellos [servicios] que se ofrecen en Colombia deban cumplir con estas disposiciones es un desincentivo para que efectivamente estén disponibles en Colombia una diversidad de servicios digitales”. Y María Fernanda Quiñones, directora de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, dijo en la audiencia pública citada arriba que “una norma con aplicación extraterritorial compromete o desincentiva la competitividad del país”.

A las tecnológicas les preocupa que regulaciones como esta les generen problemas para administrar y distribuir sus productos internacionalmente. “La extraterritorialidad no les gusta a las big tech porque les hace exigibles muchas leyes, y al tener presencia en tantos países, les representa una carga de cumplimiento alta”, explicó a esta alianza periodística Viviana López, abogada de la línea de Transparencia y Derechos Digitales en Dejusticia, un centro de estudios sociales que promueve el Estado de Derecho en el Sur Global. “Sin embargo, se puede decir que la solución sería fácil: aplicar el estándar de protección más alto en todos los países”. La Unión Europea es la que hoy tiene el estándar más alto de protección de datos para sus ciudadanos, y obliga a las tecnológicas a cumplirlo.

Para Balanta, la abogada especialista en privacidad, la consecuencia de que países como Colombia no puedan aplicar sus leyes de protección de datos es que las big tech terminan tratando a sus usuarios colombianos “como ciudadanos de segunda clase”. Según ella, las empresas diseñan sus productos para proteger solo a quienes viven en los países que tienen reglas estrictas de privacidad, mientras que en los demás “los ciudadanos, en muchas ocasiones, se quedan sin herramientas porque el diseño de la plataforma no les facilita ejercer sus derechos”.

En Colombia, los proyectos de ley que podrían resolver esto naufragan en el Congreso; y en las cortes, la decisión sobre si la SIC se extralimitó o no al exigirles a las empresas cumplir con la ley colombiana podría demorarse varios años más. “Ese litigio es eterno”, dijo López.

En Brasil, la negativa de las plataformas sociales a cumplir con las leyes nacionales fue uno de los argumentos usados por la administración Trump en julio pasado para imponer aranceles del 50 por ciento a los productos brasileños exportados a Estados Unidos. En su carta sobre estos aranceles, el gobierno Trump mencionó decisiones en las que la Suprema Corte le había pedido a plataformas, como X y Facebook, suspender cuentas de personas investigadas, quienes las utilizaron para incitar a un golpe de Estado, amenazar jueces y distribuir desinformación. El Representante de Comercio de EE. UU. también inició una investigación “debido a los continuos ataques de Brasil en contra de las actividades comerciales digitales de las empresas estadounidenses”. La decisión de Trump fue aplaudida por el gremio Industria de Computación y Comunicaciones (CCIA en su sigla en inglés), financiada por empresas como Google, Meta y Amazon, según reveló Agência Pública.

Puerta giratorias

Las Big Tech también han recurrido a otra estrategia para acercarse a las autoridades: la contratación de personas que ocupaban cargos públicos, lo que se conoce como puerta giratoria. Esta alianza periodística identificó al menos 88 casos que encajan en ese perfil, en Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Chile.

En Brasil, el caso más notorio involucra al expresidente Michel Temer, quien fue contratado por Google a mediados de junio de 2023 para reforzar la presión de la empresa al Congreso Nacional y hacer la “mediación” con los parlamentarios, como él mismo confirmó al diario Folha de S. Paulo. En ese momento, el proyecto legislativo 2630/2020, conocido como “la ley de las fake news”, seguía en discusión entre los congresistas y había expectativa de que fuera votado, lo que no ocurrió. (Ver historia completa).

En total, Núcleo Jornalismo, que forma parte de esta alianza periodística, identificó al menos 51 casos de lobistas de empresas tecnológicas que anteriormente pasaron por organismos públicos en Brasil —68% de la lista total de lobistas identificada— , como revela esta investigación. Por ejemplo, Sérgio Garcia Alves, de ALAI, trabajó en Anatel, en la Casa Civil y en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación antes de convertirse en gerente de políticas públicas en la asociación.

En Chile, la abogada Aisén Etcheverry fue reprendida por la Contraloría de su país por haber sido parte, en 2019, de un comité que tomó una decisión a favor de Amazon Web Services, la empresa en la que había trabajado meses antes. A pesar de eso, su carrera siguió en ascenso: fue Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación entre marzo de 2023 y julio de 2025; y en paralelo, fue la ministra vocera de Gobierno entre diciembre de 2024 y julio de 2025. Su caso muestra cómo la cercanía de algunos funcionarios con las tecnológicas les ha sido útil a estas multinacionales para hacer negocios.

La decisión que motivó el fallo en su contra “fue el resultado de un proceso abierto, donde se recibieron distintas propuestas”, dijo Etcheverry a esta alianza periodística. (Ver historia completa).

De vigilar a aplaudir en Colombia

El 30 de mayo de 2024, Worldcoin se lanzó en Colombia. Es un servicio que escanea los iris de las personas que accedan a él a cambio de dinero, y dice que con ese procedimiento puede “verificar la humanidad” de sus usuarios, es decir, darles una credencial con la que algunos servicios digitales van a poder saber que se trata de seres humanos y no de ‘bots’. Tools for Humanity (TfH), la empresa matriz de Worldcoin, fue fundada por Sam Altman, quien también fundó Open AI y es uno de los ejecutivos más influyentes de esa industria. TfH está prohibida en Brasil.

Al día siguiente, la SIC publicó un escueto comunicado de prensa en su página web. Decía ese anuncio: “Invitamos a los ciudadanos a informarse diligentemente sobre las eventuales consecuencias de otorgar acceso a su iris a esta compañía, pues la empresa referida no ha demostrado… que esta práctica no implica la recolección de datos personales sensibles”. La entidad reguladora también anunció una investigación contra TfH para verificar si ésta cumplía con las leyes de protección de datos. (La investigación continúa en proceso en septiembre de 2025).

Entre febrero y diciembre de 2024, el abogado Grenfieth Sierra era el superintendente delegado de datos personales de la SIC. Su oficina estaba a cargo de esa investigación, Pero el 2 de abril de 2025, ya afuera de la SIC y como profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario,Sierra dijo: “Mantener privacidad estricta no es un buen negocio. Se necesita romper lógicas de privacidad, porque esas lógicas de privacidad es lo que se denomina monetización”.

Estaba en un evento académico abierto en esa universidad. También insistió en que los ciudadanos son quienes deberían decidir qué tanto de su privacidad deciden entregarles a las empresas.

Antes de Sierra, habló Lorena Buzón, directora de asuntos públicos de TfH. Primero le agradeció al profesor Sierra “por llevar a cabo estas discusiones”, y luego afirmó que su producto es en realidad una “tecnología de mejora de la privacidad”.

En una publicación en su Linkedin, Buzón dice que Sierra organizó la conferencia. No hubo menciones a los anuncios del pasado: ni el Sierra anfitrión, ni nadie más, habló de la investigación que su oficina había abierto contra Worldcoin. Tampoco se discutió el hecho de que Worldcoin hubiera tenido líos con los reguladores de varios países justamente por las preocupaciones sobre la forma como maneja los datos personales de sus usuarios.

Sierra respondió a esta alianza que la investigación de la SIC estaba a cargo de la directora de investigaciones de datos personales, y no de él. A pesar de que esa directora era su subalterna directa, asegura que nunca asumió “competencia para investigar a TfH”. Además dijo que el evento fue organizado por la Universidad y que su rol fue cumplir “tareas de coordinación”, y que ni él ni la institución recibieron alguna contraprestación por el encuentro.

Los que no cuentan

Para los usuarios de esta región son imprescindibles la mensajería de WhatsApp, las redes sociales de TikTok y Meta, YouTube, la búsqueda de Google, o las nubes de Google Cloud o de Amazon. Las usan para conversar, informarse, archivar sus fotos y documentos y expresar sus visiones del mundo. Por ello, cuando algo sale mal y —por ejemplo— una niña cae en manos de un pervertido sexual que la enganchó en un grupo de una red social, la gente querría saber a dónde quejarse, a dónde advertir de esa cuenta peligrosa.

Muchos usuarios no saben cómo hacer para que una plataforma los escuche, ni cómo poner una queja, o cuándo tienen derecho a hacerlo. Ni siquiera es fácil para organizaciones reconocidas de la sociedad civil, como la colombiana Red Papaz, que ha intentado en varias ocasiones sentarse a hablar con las Big Tech de cómo evitar daños a los menores. “Es como hablarle a una pared que te dice, de antemano, que no va a hacer absolutamente nada”, contó al CLIP y a Cuestión Pública Alejandro Castañeda, jefe del Centro de Internet Seguro de esa ONG.

Tampoco los mecanismos de protección de las plataformas son tan efectivos. En Colombia, un estudio de la Comisión Reguladora de Comunicaciones, publicado en 2025, concluyó que solo el 48 por ciento de los padres o madres de menores de edad usan las herramientas de protección diseñadas para filtrar contenidos audiovisuales en plataformas como YouTube; y solo el 34 por ciento las utilizan en redes sociales. En México, un reporte de 2022 del Instituto Federal de Telecomunicaciones encontró que apenas el 26,2 por ciento de los usuarios de internet domiciliario utilizan alguna herramienta de control parental. Y en Estados Unidos, plataformas como Discord y Snapchat le dijeron al Congreso en 2024 que menos del 1% de los padres de niños y niñas usan esas herramientas.

Incluso cuando se conocen estos mecanismos, no hay garantía de que funcionen. Iniciativas como Circuito, de la organización Linterna Verde, han documentado estas injusticias. Por ejemplo, un caricaturista colombiano falsamente señalado de diseminar contenido de odio y perdió por 10 años su cuenta de TikTok. Otro caso es el de un popular creador de contenido mexicano que fue suspendido de YouTube por un video en el que hablaba de formas legales de emigrar a Canadá. Algunas veces los usuarios con contactos, o con cuentas muy populares, logran revertir esos fallos, pero muchos no lo consiguen.

Muchos países ni siquiera tienen oficinas locales de Meta, Google o TikTok. Hay matices y excepciones, pero lo usual es que los asuntos de Ecuador y Perú se traten desde las oficinas en Colombia; los de Uruguay, Chile y Paraguay, desde Argentina; y los de Centroamérica, desde México. X, la antigua Twitter, cerró todas sus oficinas en América Latina y atiende sólo desde sus cuarteles estadounidenses. Por el tamaño de su mercado, y la manera como las autoridades han intentado ponerles límites a las Big Tech, Brasil es la excepción.

De otra parte, a la hora de reportar sus estados financieros a las autoridades, varias de estas plataformas ni siquiera separan los ingresos, gastos y pagos de impuestos relacionados con América Latina, sino que van agrupados con las de otras regiones del mundo.

Como dice Castañeda, de Red Papaz, nuestro uso de plataformas digitales es “inequitativo con el consumo que están teniendo otros usuarios en otros países”. Y esa inequidad también se ve en la regulación que las autoridades han logrado erigir allá, y las tecnológicas han podido frenar aquí.

En Europa, en cambio, la Ley General de Protección de Datos les permitió a ciudadanos de 11 países europeos demandar a Meta para que su información no sea usada para alimentar modelos de inteligencia artificial de esa compañía. La empresa tuvo que parar de hacerlo y decidió no lanzar algunos productos de IA en ese continente.

En contraste, la mayor parte de los usuarios latinoamericanos de Meta no pueden impedir que la empresa use sus datos para alimentar sus modelos de IA, como denunció la organización Access Now. “En la mayor parte los países de la región no existen leyes de protección de datos personales y en otros donde sí hay, se encuentran desactualizadas”, explicó la entidad.

De nuevo, una excepción es Brasil, donde la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) prohibió en junio pasado que Meta utilizara datos de usuarios del país para entrenar la IA. Después de cumplir con las medidas impuestas por la ANPD — que incluyen no utilizar información de niños y permitir que los usuarios nieguen el acceso a sus datos — la empresa retomó la práctica, con algunas restricciones. En diciembre, la autoridad también le impidió a X utilizar cuentas de niños, niñas y adolescentes para alimentar su IA.

Esto, a pesar de que una mayoría apoya que se regule a estos gigantes. Un estudio realizado por Ipsos encontró que “el 55% de las personas en Argentina, Brasil, Colombia y México apoyan la regulación de la IA, y la proporción aumenta al 65% entre quienes declaran tener un buen conocimiento de la herramienta”.

La falta de reglas sobre uso de datos les conviene a las Big Tech. Como dice Alphabet, la casa matriz de Google, en su informe anual de 2024 a la Security and Exchange Commission, “cumplir con esas leyes y regulaciones puede ser oneroso para nosotros, y, de forma individual o conjunta, aumentar nuestros costos operativos, reducir la utilidad de nuestros productos y servicios, limitar nuestra capacidad para llevar a cabo determinadas prácticas comerciales u ofrecer determinados productos y servicios”.

Así las cosas, gobiernos y reguladores, con marcos legales débiles, pocos recursos y —muchas veces— una comprensión limitada de tecnologías complejas, deben hacer frente a estas compañías. El resultado son empresas fuertes, regulaciones débiles y usuarios desprotegidos. Es, como dice Andrés Hernández, de Transparencia por Colombia, “una cancha completamente desbalanceada”.

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

AR

* Representantes de Worldcoin señalaron a esta alianza periodística que su nombre es World, no Worldcoin. En todo caso, la alianza ha podido confirmar que es un hecho notorio en la industria y ante consumidores que lanzaron su producto como Worldcoin y así se conoce.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina, hoy rebautizada como Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), intentó cobrar más impuestos a las grandes tecnológicas durante el gobierno de Alberto Fernández, pero en la mayoría de los casos no lo consiguió. El organismo apuntó por sus beneficios impositivos, con éxito dispar, contra Mercado Libre, Meta (Facebook), Uber y Netflix.

Las compañías tecnológicas son grandes jugadores en la economía global actual; sus ganancias son potenciadas con estrategias de elusión fiscal que, en muchos casos, son impulsadas por un lobby ante distintas instancias de poder y alimentadas por la cercanía entre empresarios y políticos, según pudo documentar la investigación transnacional La mano invisible de las Big Tech, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y Agencia Publica, con la participación de elDiarioAR en Argentina.

Mercado Libre, empresa emblemática de los “unicornios” argentinos que comenzó como una start-up en 1999, goza de exenciones impositivas del Estado desde 2007. La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York desde ese mismo año y se convirtió en una de las más potentes tecnológicas de América Latina, con ingresos netos que superaron los 20.000 millones de dólares en 2024, según sus estados financieros.

La empresa todavía recibe ayuda pública, que despertó acusaciones de lobby supuestamente realizado por su fundador, Marcos Galperín. Mercado Libre recibió US$ 298 millones de dólares como beneficios por exenciones impositivas y descuentos en los aportes patronales desde 2022 hasta junio pasado, según consta en la información presentada por la compañía ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.

En agosto de 2022, la AFIP —que se encarga de recaudar los impuestos en el país— presentó una denuncia administrativa interna contra Mercado Libre por presunta evasión de impuestos y de contribuciones patronales entre 2017 y 2019, al considerar que la compañía había obtenido los beneficios impositivos del Régimen de Promoción del Software sin cumplir con los requisitos para hacerlo, según confirmaron tres altas fuentes oficiales involucradas con el caso tanto en el Ministerio de Economía como en la agencia tributaria. Las fuentes mantuvieron la reserva de su identidad porque tanto la denuncia como otra información involucrada en esta investigación está protegida por el secreto fiscal. Aquel régimen del software fue reemplazado en 2019 por otro llamado Ley de Economía del Conocimiento, cuando la empresa fue acusada de hacer lobby para que se aprobara esa nueva normativa.

Para conseguir las exenciones impositivas de ese régimen (que estuvo vigente hasta 2019), las compañías debían demostrar que su actividad principal era la industria del software, lo que incluía la creación, el diseño, la producción y la implementación de sistemas informáticos. La denuncia argumentó que la mayor parte de la facturación de Mercado Libre provenía de las comisiones por las ventas de comercio electrónico, pero no de la generación de software que, además, la empresa destina a su propia actividad comercial. Finalmente, la autoridad de aplicación del régimen, la Secretaría de Economía del Conocimiento del gobierno de Alberto Fernández, dictaminó que la empresa estaba bien encuadrada dentro del beneficio porque consideraban que cumplían los requisitos.

¿Cómo impactaron los beneficios impositivos en los números de Mercado Libre? En 2019, el año que estuvo bajo investigación de AFIP, la compañía recibió descuentos del impuesto a las ganancias y de contribuciones patronales por US$19,9 millones, según consta en el balance que la compañía presentó ante la SEC de Estados Unidos.

La AFIP estaba encabezada en ese momento por Carlos Castagnetto, hombre de confianza de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras que la Dirección General Impositiva (DGI) era dirigida por la exsenadora santacruceña Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner, el hijo de la entonces vicepresidenta. La denuncia contra Mercado Libre, llevaba la firma del entonces subdirector general de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales, Alejandro Otero, según pudo reconstruir esta investigación a través de distintas fuentes del organismo.

La denuncia administrativa fue elevada a la autoridad de aplicación del régimen, que era la Secretaría de Economía del Conocimiento, encabezada por Ariel Sujarchuk, quien reportaba al entonces ministro de Economía, Sergio Massa. Sujarchuk consultó al área técnica y finalmente la directora nacional de Desarrollo de la Economía del Conocimiento, Mariana Ferreira, que sigue en el cargo, firmó un dictamen rechazando la denuncia contra Mercado Libre con el argumento de que cumplía los requisitos para estar dentro del régimen, según funcionarios a cargo del asunto. Tres altos funcionarios involucrados en el caso confirmaron la información a este equipo.

Una de esas fuentes recordó que la compañía de Galperin, el hombre más rico de la Argentina, ya estaba inscripta en ese régimen desde 2007, autorizada entonces por el gobierno de Néstor Kirchner. Este equipo intentó contactar con los responsables de la AFIP en ese momento, así como con Sujarchuk y Ferreira, para conocer más detalles sobre esa resolución, pero los involucrados no respondieron la consulta. Se consultó a las autoridades de entonces y actuales de la Secretaría de Economía del Conocimiento, pero se ampararon en el secreto fiscal que resguarda la información tributaria de cualquier contribuyente, incluido Mercado Libre, para evitar comentarios.

No fue la primera vez que los técnicos de la agencia tributaria cuestionaron los beneficios fiscales que recibía Mercado Libre. Aunque con distinto color político, la AFIP también había intentado que la compañía pagara más impuestos durante el gobierno de Mauricio Macri, pero tampoco lo logró.

En septiembre de 2017, el entonces subdirector general de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de AFIP, Juan Carlos Santos, había denunciado a la compañía con una premisa muy parecida a la que se intentó impulsar en 2022: que la mayoría de sus empleados no se dedicaban al desarrollo de software, sino al comercio electrónico.

La denuncia fue elevada al ministro de Producción de Macri, Francisco Cabrera. Dos meses más tarde, en diciembre de 2017, la demanda fue rechazada con el mismo argumento, según se pudo reconstruir con el testimonio off the record de dos de los altos funcionarios involucrados en la denuncia de 2022.

Mercado Libre estaba bien encuadrada en las ventajas impositivas y patronales que otorga el régimen, consideró el entonces ministro Cabrera. Alegó que la empresa se dedicaba a desarrollar software para quienes vendían por su plataforma y que cobraba comisiones por esas actividades, que a su vez representaban el 97% de sus ingresos. La denuncia de 2017 involucraba impuestos y contribuciones que la compañía había dejado de pagar por 500 millones de pesos argentinos, equivalentes entonces a US$28,5 millones, por los balances de años anteriores, según consta en la demanda de la AFIP.

Ante la consulta de este equipo, el exministro Cabrera explicó la decisión tomada al considerar que existía un decreto reglamentario de esa ley que explicitaba que daba por válidos los desarrollos de software para el propio uso de la compañía si el beneficiario final era un usuario externo, “como es el caso de los vendedores y compradores de Mercado Libre”. Y agregó: “No es solo una opinión técnica local; es la forma en la que están hechos estos regímenes de promoción en muchos lugares del mundo”.

Tres meses después del caso, en marzo de 2018, el entonces jefe de la AFIP, Alberto Abad, renunció a su cargo. La disputa por Mercado Libre fue una de las varias peleas internas que mantuvo durante el gobierno de Macri. Fue reemplazado por Leandro Cuccioli, que permaneció allí hasta 2019. Años después, en 2024, Cuccioli fue nombrado vicepresidente de Mercado Libre. La afinidad ideológica de Galperin con el macrismo es públicamente conocida, ya que durante su gestión el fundador de Mercado Libre volvió a vivir en Argentina tras 14 años instalado en Uruguay.

CLIP y elDiarioAR enviaron un cuestionario a Mercado Libre para preguntar por estas denuncias de AFIP y por la relación de Galperín con el gobierno de Macri, pero desde la compañía no respondieron las preguntas.

Los beneficios para Mercado Libre

El Régimen de Promoción del Software fue una iniciativa impulsada en 2004 por Néstor Kirchner para potenciar una industria conformada mayormente por pequeñas y medianas empresas argentinas con potencial de crecimiento. Aunque Mercado Libre ya destacaba en ese universo, todavía estaba lejos de convertirse en una de las empresas más valiosas de América Latina, como ocurriría años después.

El régimen tenía fecha de vencimiento a finales de 2019, y por eso el gobierno de Mauricio Macri promovió un marco normativo incluso más amplio llamado Economía del Conocimiento, que abarca también a la producción audiovisual, la biotecnología, los servicios geológicos, la nanotecnología y la industria aeroespacial, entre otras actividades. Para las empresas, el objetivo era mantener o, incluso, aumentar los beneficios impositivos que ya les otorgaba el Estado a través del régimen todavía vigente.

Macri presentó el proyecto de ley el 12 de marzo de aquel año, tras una reunión con este amplio sector. Allí estuvo junto a Galperín, entre otros empresarios. “Hoy presentamos el proyecto de ley para la Economía del Conocimiento. Es importante porque este sector es uno de los más dinámicos en el país: en 2018 generó US$ 5.300 millones en exportaciones y es nuestro tercer complejo exportador”, escribió el entonces presidente en su cuenta de Twitter.

Macri publicó este posteo junto a un video con el CEO de Mercado Libre: “Contento de estar enviando al Congreso este proyecto de Ley de Economía del Conocimiento, que va a ayudar muchísimo a generar empleo, a mantener a Argentina competitiva en una industria donde todos los países de la región están haciendo todo lo posible por atraer y retener el talento que nosotros tenemos. Esperamos que sea aprobado en el Congreso”, dijo Galperín ante la cámara.

A diferencia de la ley de software, el nuevo proyecto mencionaba explícitamente al comercio electrónico, principal actividad de Mercado Libre. Es decir, la compañía eludía de esta manera el cuestionamiento que le había hecho la AFIP (y que ya había rechazado el gobierno de Macri) por una interpretación sobre la creación de software. Altas fuentes del organismo tributario consultadas por esta alianza consideran que, de este modo, quedó zanjada la discusión de que Mercado Libre efectivamente estuviera encuadrada dentro del nuevo régimen de promoción impositiva.

La nueva ley también otorgaba beneficios: si el antiguo régimen reducía a las empresas beneficiarias el impuesto a las ganancias a una tasa efectiva del 12% y les recortaba el 70% de las contribuciones patronales, con la nueva norma pagarían 15% sobre sus ganancias y mantendrían la rebaja de aportes a la Seguridad Social del régimen anterior.

Poco más de un mes después de presentado el proyecto, el 24 de abril de 2019 fue aprobado por la Cámara de Diputados, con 182 votos a favor y sólo dos en contra. Se logró un inusual consenso entre la coalición gobernante, Cambiemos, y la oposición peronista. Únicamente votaron en contra los dos diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), una alianza de partidos trotskistas.

Nicolás del Caño, diputado del FIT, cuestionó durante el debate parlamentario que con la nueva ley se beneficiaba “la apropiación privada de las grandes empresas del conocimiento” y mencionó a “Galperin, un empresario amigo de Macri, que cuando el presidente presentó este proyecto se lo veía muy feliz haciendo lobby para que este Congreso sancione esta norma”.

El día de la aprobación, el CEO de Mercado Libre celebró por Twitter el “rotundo apoyo de todas las bancadas”. Una persona le recordó en un intercambio por esa red social que la izquierda había votado en contra, entonces el empresario le respondió: “Mientras tanto, el comunismo en China se enfoca en hacer crecer su industria del conocimiento, a la cual ven como una de las principales áreas de innovación y creación de riqueza y empleo. #izquierdadecabotaje #sintonizanenblancoynegro”.

Días después de la media sanción de la ley, el dirigente social peronista Juan Grabois acusó a Mercado Libre por supuestos “contrabando, evasión, especulación financiera, abuso al consumidor y competencia desleal”, al tiempo que objetó que incluyera a esta empresa entre los beneficiarios de las leyes del software y de la economía del conocimiento.

Como ocurrió en la Cámara de Diputados, en el Senado también hubo acuerdo entre los bloques mayoritarios para aprobar por unanimidad (49 votos a favor, cero en contra) la Ley de Economía del Conocimiento. El senador peronista Mario Pais, cercano al kirchnerismo, había sido crítico de la nueva ley durante el debate parlamentario por los beneficios para Mercado Libre y hasta adelantó que votaría en contra, pero finalmente apoyó la iniciativa.

“Tal vez no quiero que este esfuerzo fiscal vaya a grandes empresas como Mercado Libre o los laboratorios concentrados internacionales. Es que lamentablemente, con dolor en el alma, quería fundar mi voto negativo a este proyecto por las falencias de orden económico y constitucional que estoy señalando”, había argumentado el senador peronista.

El oficialista Esteban Bullrich, cercano a Macri, le contestó: “En lugar de pensar que es una pena que estas empresas crezcan, hay que pensar que ese crecimiento genera empleo. No sintamos vergüenza de que las grandes empresas se conviertan en más grandes”. El senador Federico Pinedo, cercano a Macri, también defendió a Mercado Libre.

Pais volvió a cargar contra la compañía: “Pero ya es grande Mercado Libre. Cuando fue chica, bienvenida sea la promoción y el esfuerzo fiscal de todos los argentinos para promoverlas. Una vez que son grandes, cuando son multinacionales, como Bayer, Gador, Roche, Pfitzer, Glaxo, que pueden incorporar innovación tecnológica, no sé si podríamos precisarlo”.

Macri promulgó el 10 de junio de 2019 la Ley de Economía del Conocimiento (se publicó en el Boletín Oficial) y, ese mismo día, inauguró junto a Galperin un centro de desarrollo de Mercado Libre en Buenos Aires. “Hace muy poquito hemos logrado algo que también es muy bueno: dialogando, acordando con los emprendedores, el gobierno, senadores, diputados, hemos logrado casi por unanimidad una nueva ley para fomentar, para impulsar aún más la economía del conocimiento”, celebró el entonces presidente.

La simpatía pública entre Macri y Galperin quedó plasmada en el apoyo electoral del empresario, que pedía públicamente el voto para el entonces presidente durante la campaña. “Porque quiero que mis hij@s vivan en una República Democrática, con una justicia independiente, con libertad de prensa y de opiniones, con libertades individuales y mirando hacia el futuro”, escribió el empresario más rico del país en su cuenta de X junto a una foto del presidente con la inscripción “Yo lo voto”.

De hecho, Galperin se anotó como fiscal de PRO, el partido político creado por Macri, para garantizar sus votos en la provincia de Buenos Aires el día de la elección. Además, su hermano, Nicolás Galperin, hizo tres donaciones a título personal a la campaña electoral de Macri, que buscaba su reelección, por un total de $357.644 (equivalentes a 8000 dólares) el último día de julio de 2019, según consta en los registros de la Cámara Nacional Electoral.

Una nueva ley

Pese a su aprobación casi unánime, la Ley de Economía del Conocimiento, que iba a comenzar a regir en 2020, comenzó a ser cada vez más cuestionada por el peronismo. Días después de que Alberto Fernández fuera electo presidente, en enero de 2020, el nuevo gobierno suspendió la aplicación del nuevo régimen y propuso una reforma que reducía los beneficios de las grandes empresas, como Mercado Libre.

Con la derrota de Macri consumada, Galperín fue recibido por Alberto Fernández pero después de ese encuentro, en febrero de 2020, comunicó que se volvía a radicar en Uruguay, una decisión que mantiene hasta la actualidad. El hombre más rico de Argentina, cuya fortuna es cercana a los US$ 10.000 millones (según el ránking de la revista Forbes), fue alcanzado por el aumento dispuesto por Fernández para el impuesto sobre los bienes personales.

En junio de 2020, en plena cuarentena, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Economía del Conocimiento con el apoyo unánime del peronismo gobernante y de la oposición rebautizada como Juntos por el Cambio (JxC): 247 votos a favor y 2 en contra, del partido izquierdista FIT. “Desde Cambiemos dijeron que no aceptaban discutir ningún tema que no estuviese vinculado con la pandemia, pero ahora, llamativamente, estamos discutiendo el restablecimiento de la Ley macrista de Economía del Conocimiento que pidió nada más y nada menos que Marcos Galperin”, se refirió el diputado Del Caño al régimen aprobado en 2019, suspendido en 2020, y que iba a reformarse con la nueva norma.

Los lobbies sobre la reforma fueron motivos de debate. La peronista Lucía Corpacci pidió a los diputados de la oposición “que reflexionen y no antepongan intereses personales ni hagan lobby solamente para los grandes”. Jorge Vara, diputado de Juntos por el Cambio, le contestó: “Creo que la relación costo-beneficio no es un problema de lobby. Nos acusaron de lobistas. Yo no sé dónde están los lobbies”.

En octubre de 2020, el Senado convirtió en ley el proyecto por 41 votos a cero, pero introdujo cambios en la ley. Una de las modificaciones se implementó sobre los porcentajes que se cobran del impuesto a las ganancias, que cambiarían según el tamaño de las empresas. Así como la primera Ley de Economía del Conocimiento de 2019 rebajaba el impuesto a las ganancias al 15% (la alícuota para el resto de los sectores era 30% en aquel entonces), en la nueva norma de 2020 los beneficios fiscales pasaron a depender del tamaño de la empresa: la tasa efectiva de las pequeñas firmas se redujo al 12%, la de las medianas subió al 18% y la de las grandes, al 24%.

Además, la nueva ley impuso un límite a la cantidad de empleados sobre los que podían desgravar las contribuciones patronales. Por último, se creó un Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento para apoyar a las pymes, financiado con el 4% de las ganancias de las grandes compañías, el 2% de las medianas y el 1% de las pequeñas.

Pese a la rebaja de beneficios a las grandes empresas en la segunda Ley de Economía del Conocimiento, gracias al boom del comercio electrónico por la pandemia, Mercado Libre logró en 2020 elevar su actividad y también la cantidad de millones de dólares desgravados de impuestos y contribuciones patronales, según los balances presentados ante la SEC de Estados Unidos. Pasó de obtener beneficios fiscales por US$19,9 millones en 2019 a US$23,3 millones al año siguiente.

La mira en las multinacionales

Mercado Libre no fue la única compañía tecnológica que quedó bajo la lupa por sus impuestos en Argentina. Las big tech se caracterizan a nivel global por elegir países de baja tributación para afincarse legalmente y, desde allí, prestar servicios en otros países y pagar allí la menor cantidad de impuestos posibles. En algunos casos, las autoridades argentinas fracasaron y en otros tuvieron éxito. Las compañías radicadas en países que firmaron convenios con Argentina para evitar la doble imposición tributaria salieron ganando, pero en caso contrario esas multinacionales quedaron expuestas ante los reclamos de AFIP.

Las big tech han comenzado a abonar desde 2024 un impuesto mínimo global del 15% en 55 países (sólo Brasil lo aplica en Latinoamérica) por un acuerdo dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El presidente Javier Milei, que se autodefine como libertario, no lo implementó. En sintonía, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no sólo rechazó el pago de este tributo, sino que amenazó en un memorando con sancionar a los países que lo apliquen. La mayoría de las big tech son de capital estadounidense.

La AFIP dirigida por Cuccioli hizo consultas internas en 2018 para saber si debía cobrarle el Impuesto a las Ganancias a la filial de Facebook por los servicios publicitarios de esta empresa que eran contratados por clientes argentinos para captar público local. Pero el departamento legal del organismo rechazó esa posibilidad. “No se verifica la existencia de una actividad desarrollada por la empresa extranjera en el territorio de la Nación”, expresó la consulta vinculante 54/2018 de la AFIP, que es pública. La resolución no menciona a Facebook sino con la sigla “XX” para resguardar el secreto fiscal, pero dos altos funcionarios del organismo confirmaron a elDiarioAR que se trató de la fililal argentina de la compañía estadounidense creada por Mark Zuckerberg.

Pero tres años más tarde, la AFIP revirtió la resolución. Un agente de retención (se desconoce su identidad) preguntó al organismo “si los servicios de publicidad destinados al mercado argentino que se contratan desde el país a Facebook Ireland Limited resultan comprendidos” por el tributo a la renta.

“En tal sentido, cuando los sujetos del país procedan a realizar el correspondiente pago a la empresa del exterior por los servicios prestados, corresponderá que retengan e ingresen a la AFIP el tributo que recaiga sobre tales beneficios”, agregó en la misma resolución el organismo, en ese momento dirigido por Mercedes Marcó del Pont, una dirigente cercana a Alberto Fernández. La opinión fue respaldada por el Ministerio de Economía, que entonces encabezaba Martín Guzmán.

Al año siguiente, Facebook Argentina tributó por impuesto a las ganancias $1.554 millones de pesos (US$8,7 millones al tipo de cambio oficial), es decir, el 5,4% de sus ventas, según consta en su balance. Pero en 2023, devaluación del peso mediante, pagó de $5.638 millones (US$6,9 millones) por impuesto a las ganancias, el 13,8% de sus ventas. Un aumento de más del doble que el año anterior, a pesar de que el valor en dólares es más bajo por la devaluación del peso argentino durante esos dos años. El aumento en los impuestos fue “significativo”, según los contadores consultados para esta investigación.

En su memoria, Facebook Argentina informa que su único cliente es Meta Platforms Ireland Limited, y que vende servicios, consultoría, asesoramiento y asistencia requeridos por la subsidiaria irlandesa “en relación con las actividades de soporte de marketing y ventas para el desarrollo, la expansión y el mantenimiento de las comunidades de usuarios, anunciantes y desarrolladores en Argentina”. La ley del Impuesto a las Ganancias establece que los no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina.

Hubo otros casos. El Ministerio de Economía dictaminó sobre un caso de una plataforma online de reservas de hoteles y departamentos turísticos, según altas fuentes de AFIP. La cartera entendió que, más allá de que el impuesto a las ganancias no alude expresamente a los servicios digitales, no cabe duda de que las comisiones que cobra esta empresa del exterior por su prestación se encuentran alcanzadas por el tributo. Pero como esta compañía tiene residencia fiscal en Países Bajos, nación con la que Argentina tiene un convenio para evitar la doble imposición tributaria, y carece de un establecimiento permanente acá, el organismo resolvió que sólo debe abonar gravámenes en el país europeo.

Los funcionarios de la AFIP consultados aseguraron que lo mismo ocurrió con Netflix. El Ministerio de Economía -bajo la conducción de Guzmán- dictaminó que, aunque la actividad de la empresa de streaming se encontraría alcanzada por la presunción de ganancias de fuente local, como está radicada en Países Bajos y no tiene una sede argentina en la que se generen esos beneficios, entonces le toca tributar en el país europeo. Este equipo contactó a Netflix, pero desde la compañía no hicieron comentarios.

Uber también fijó su residencia fiscal en Países Bajos, pero el gobierno de Macri consideró que tenía establecimiento permanente en la Argentina, al entender que los choferes locales eran sus empleados.

Ante una consulta de la AFIP, que entonces dirigía Cuccioli, el Ministerio de Economía dictaminó en 2019 que Uber tenía presencia local. La agencia tributaria demandó a Uber el pago de impuestos y contribuciones patronales por 358,7 millones de pesos, equivalentes a US$7,7 millones. Altas fuentes de AFIP explicaron que en la Argentina hay dos sociedades similares llamadas Uber Argentina Sociedad Responsabilidad Limitada (SRL) y Uber International BV en Argentina, pero ninguna de las dos se hace cargo de pagar la deuda con el argumento de que carecen de establecimiento permanente y son entidades independientes de aquella que factura en Países Bajos.

Un vocero de Uber detalló ante la consulta de este equipo que el expediente “sigue en instancia administrativa” dentro de la AFIP, aún sin resolución.

Milei, el amigo de las Big Tech

Desde que asumió como presidente, Milei intentó acercarse a las Big Tech, una simpatía que fue también retribuida por estas compañías. Su relación con Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y su política ultraliberal constituyen una esperanza de buenos negocios para estas multinacionales en Argentina. Una de las primeras giras de Milei como presidente, en junio de 2024, fue justamente una visita a Silicon Valley, California, la sede de muchas de estas Big Tech. Allí logró reunirse con los CEOs de varias empresas como Tim Cooke (Apple), Mark Zuckerberg (Meta) y Sundar Pichai (Google).

El interés fue recíproco desde el primer día en que asumió. Google fue la empresa más interesada en la Argentina dentro de este sector: ejecutivos locales, regionales y globales de la empresa ingresaron varias veces a los despachos oficiales desde la asunción del economista para hacer su presentación formal, pero también para conversar sobre posibles inversiones en el país. Fueron 14 reuniones oficiales entre empleados de Google y distintos funcionarios del gobierno argentino durante 2024, el primer año de Milei como presidente, según consta en el Registro Único de Audiencias.

Cuando todavía no se habían cumplido tres meses de haber llegado a la Casa Rosada, Cancillería y Google firmaron un acuerdo de cooperación “para el fortalecimiento tecnológico internacional”, según informaron en un comunicado. Pero más allá del anuncio, tanto el gobierno argentino como Google no volvieron a hacer públicas acciones conjuntas. Las relaciones entre las partes continuaron, con más reuniones.

Karan Bhatia, abogado estadounidense, ex representante comercial del gobierno de George W. Bush, se desempeña como vicepresidente de Asuntos de Gobierno de Google a nivel global. Bhatia estuvo en la Casa Rosada el 20 de mayo de 2024 para mantener reuniones de alto nivel, con la entonces canciller Diana Mondino y el entonces ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los dirigentes de mayor confianza de Milei. Durante esta última reunión se habló sobre “sobre el proceso de modernización” de Argentina y “también se conversó sobre proyectos de Google Argentina vinculados a la Inteligencia Artificial, TICs y herramientas para fortalecer procesos de aprendizaje”, indica el registro público.

Tras esas reuniones, Milei anunció durante su viaje a Silicon Valley que pondría en marcha una reforma para hacer más eficiente al Estado a través de la inteligencia artificial que desarrollaría Google. “Tuvimos una charla con la gente de Google, ellos tienen de hecho un módulo para hacer reforma del Estado, pero con inteligencia artificial, así es que vamos a estar avanzando en eso”, dijo el presidente argentino en una conversación con periodistas en la Casa Rosada. Un proyecto que algunos medios de comunicación compararon en ese momento con el acuerdo entre esta compañía y El Salvador, con el aval de su presidente Nayib Bukele.

Eleonora Rabinovich, líder de Asuntos de Gobierno para América Latina de Google, mantuvo reuniones en junio, julio y agosto con el vicejefe de gabinete argentino, José Rolandi para tratar este asunto, según consta en el registro. Sin embargo, casi un año después de esos encuentros, no hubo novedades sobre el supuesto acuerdo para digitalizar el Estado propuesto por la compañía. “No se firmó nada por ahora”, dijo un alto directivo de Google Argentina ante la consulta para esta investigación.

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

AR

Las grandes tecnológicas mundiales, conocidas como las siete magníficas -Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta y Tesla- perdieron más 5.300 millones de dólares de capitalización desde los máximos alcanzados en los últimos meses.

Y ello en un contexto en el que los mercados se hunden a nivel global por la guerra comercial y el miedo a que estas políticas provoquen una recesión económica mundial y mientras algunas de estas compañías destacaron su gran afinidad con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Según los datos de mercado recogidos por EFE, a cierre del pasado viernes, la capitalización bursátil de estas compañías se redujo de forma drástica, y ninguna de ellas logra mantener los 3.000 millones de dólares de valor en bolsa que llegaron a registrar meses atrás, como en el caso de Apple, Microsoft o Nvidia.

En concreto, la capitalización de Apple pasó de los 3.890 millones de dólares a los 2,83 actuales.

Asimismo, Nvidia redujo su capitalización bursátil de los 3.710 millones de dólares, hasta los 2.300 millones, mientras que en el caso de Microsoft descendió hasta los 2.680 millones de dólares (frente a los máximos de 3.380 millones).

Otras tecnológicas como Tesla lo redujeron hasta los 1.540 millones de dólares; o Meta, hasta 1.870 millones.

Después de que el pasado miércoles, Trump anunciara aranceles globales del 10 %, y unas tasas superiores para otras regiones y países como China y la Unión Europea, Wall Street se hundió, con pérdidas que en las dos últimas sesiones rozaron un 10 % en el caso del Dow Jones, y del 12 %, en el tecnológico Nasdaq.

En el caso de las tecnológicas, las caídas también superaron los dos dígitos en la mayoría de los casos.

Durante los últimos años, estas empresas registraron fuertes ganancias, y con ello, sostuvieron a los índices estadounidenses.

No obstante, los expertos explican que sus valoraciones fueron demasiado altas, y ahora, en un contexto de debacle en el mercado, corrigen “con violencia”.

“Y todavía no hay señales de suelo claras”, dicen los expertos de eToro.

En el caso de algunas compañías como Apple, las últimas caídas responden a su fuerte dependencia de la producción en Asia, dice XTB, que añade que EEUU se enfrenta a una desaceleración económica y a una pérdida de confianza entre los inversores, ya que como consecuencia de los aranceles, los indicadores macroeconómicos podrían deteriorarse aún más, mientras que la inflación podría aumentar más de lo esperado, “desafiando las previsiones de la Reserva Federal de EEUU (Fed)”.

De esta manera, las siete magníficas, que registraron las semanas posteriores a la victoria de Trump, fuertes ganancias, beneficiadas por la buena relación de sus presidentes con el mandatario estadounidense, ven ahora reducir de forma drástica su precio en el mercado.

En el caso de Tesla, sus acciones han caído más del 16 % en las dos últimas sesiones, y en el año, se deja casi un 41 %.

Su director ejecutivo, Elon Musk, persona de confianza de Trump, ha emprendido un fuerte plan de recortes de la Administración, con despidos masivos de empleados federales.

Nvidia también pierde más del 36 % en año; Apple, Amazon y Alphabet (matriz de Google), casi un 28 %; Meta, un 21 % y Microsoft, más del 19 %.

EFE.

IG

Amazon suma otra controversia más en su política de poner fin al teletrabajo. Andy Jassy, el responsable de la multinacional tecnológica tras el paso atrás de Jeff Bezos, decidió adoptar la postura más restrictiva del sector y exigir a todos sus empleados que trabajen la jornada completa desde la oficina a partir de este 2 enero. Un anuncio que desató renuncias y quejas por toda la compañía, que ahora reconoce que ni siquiera dispone de espacio suficiente para que los empleados cumplan la orden de su jefe.

Amazon tiene unos 5.000 empleados de oficina en España. “En cuanto a España y Europa, solo se ven afectados unos pocos edificios”, expresó a elDiario.es un portavoz de la compañía, que tiene su sede central en Madrid, en un edificio de oficinas en el área de Méndez Álvaro con capacidad para unos 1.000 trabajadores. También dispone de siete plantas de la Torre Foster (en el complejo de Las Cuatro Torres) con un espacio similar, así como otras dos oficinas más pequeñas en Barcelona, una dedicada al apoyo a pymes que usan su plataforma de venta y otra centrada en el desarrollo de tecnología.

La situación, no obstante, afecta a sus oficinas de todo el mundo. En EEUU la falta de espacio se da en sus centros de Nueva York, Atlanta, Houston o Nashville, según informaron medios locales. En estos casos la compañía se vio obligada a posponer su política de regreso a la presencialidad, un aplazamiento que en algunos casos llegará hasta mayo de 2025.

Trabajadores de Amazon denuncian en privado a elDiario.es que el objetivo de la medida es hacer un “recorte de plantilla encubierto” sin llevar a cabo despidos directos, después de haber cesado a 28.000 empleados en 2023. Amazon, como el resto de tecnológicas, llevó a cabo contrataciones masivas en 2020 y 2021 ante el auge del negocio digital durante la pandemia, pero se vio obligada a recalcular sus necesidades tras la estabilización del sector y la llegada de la inteligencia artificial.

Muchos de los empleados que ahora son obligados a volver a la oficina fueron contratados valorando la política de teletrabajo de Amazon. Esta permitía la jornada laboral completamente en remoto hasta febrero de 2023, cuando la redujo a dos días a la semana. “Antes de la pandemia no se daba por hecho que la gente pudiera trabajar de forma remota dos días a la semana, y eso volverá a ser así en el futuro”, destacó Andy Jassy en septiembre, cuando anunció el fin del teletrabajo, dando tres meses y medio a sus empleados para adaptarse a la nueva situación.

Reducción de responsables de equipo

En el mismo comunicado, Jassy avanzó que Amazon aprovechará el fin del teletrabajo para aumentar el número de empleados asignado a cada jefe de equipo en un 15% durante el primer trimestre de 2025. “Tener menos gerentes eliminará capas y aplanará las organizaciones más de lo que son hoy”, avanzaba en su comunicado el CEO de Amazon, que no aclaró en cuántos despidos se traducirá esta nueva política.

El objetivo de estas medidas es hacer que el trabajo sea “más fluido”, indica Jassy. “Cuando echamos la vista atrás a los últimos cinco años, seguimos creyendo que las ventajas de estar juntos en la oficina son significativas”, señaló en septiembre: “Hemos observado que es más fácil para nuestros compañeros de equipo aprender, modelar, practicar y fortalecer nuestra cultura; colaborar, aportar ideas e inventar es más sencillo y eficaz; enseñar y aprender unos de otros es más fluido; y los equipos tienden a estar mejor conectados entre sí”.

“Los últimos 15 meses en los que hemos vuelto a la oficina al menos tres días a la semana han reforzado nuestra convicción sobre los beneficios”, concluía el responsable de la multinacional. A partir de ahora, adelantaba, el teletrabajo solo será una opción en circunstancias excepcionales, como hijos enfermos, “emergencias en casa” o la necesidad de terminar un proyecto “en un entorno más aislado”.

Malestar en la plantilla

Unas explicaciones que no han convencido al grueso de trabajadores de oficina de la multinacional, que suman unos 350.000 en todo el mundo. La plataforma Blind, diseñada para que empleados del sector tecnológico, especialmente grandes corporaciones como Amazon, Google o Microsoft, puedan compartir información, experiencias y opiniones de manera anónima sobre sus lugares de trabajo, realizó una encuesta entre 2.585 empleados corporativos verificados de Amazon que reveló que el 91% de ellos estaba en contra de eliminar el trabajo en remoto.

Además, casi tres de cada cuatro trabajadores de la multinacional (73%) revelaron que ya estaban buscando nuevos empleos que les dieran la oportunidad de teletrabajar, un estándar habitual en la industria tecnológica. El 32% afirmó que conocía a alguien que había renunciado como consecuencia de los cambios pocas semanas después del anuncio.

“La política general de vuelta a la oficina es una locura, en particular para aquellos de nosotros que fuimos contratados de forma remota y LEJOS de una oficina. Tengo hijos y familiares aquí, así que no estamos dispuestos a mudarnos”, escribió en Blind un profesional verificado de Amazon. “Incluso si no lo hiciera, hay un riesgo demasiado grande de que me despidan en 6 meses de todos modos, así que ¿por qué arriesgarme a mudarme?”.

Los próximos balances de resultados aclararán qué porcentaje de los empleados han decidido dimitir y no acatar la nueva política de trabajo presencial obligatorio. Una práctica que solo Tesla y el resto de empresas de Elon Musk han impuesto desde el fin de la pandemia, ya que corporaciones como Google, Microsoft o Meta han adoptado enfoques híbridos como el que hasta ahora planteaba Amazon.

En 2020 el Departamento de Justicia de EEUU y los fiscales generales de 12 estados del país presentaron dos históricas demandas antimonopolio contra Google. Acusaron a la empresa de crear “una red ilegal de acuerdos privados” con fabricantes de teléfonos celulares y proveedores de Internet, a los que paga decenas de miles de millones de dólares al año para posicionar su buscador como opción predefinida o exclusiva en los productos de esas empresas.

Este martes comenzó en Washington el juicio que analizará si esos pactos secretos, unidos a la priorización de sus propias herramientas en Chrome y Android (el navegador más usado y el segundo sistema operativo para teléfonos celulares más popular, ambos propiedad de Google), sirvieron a la multinacional para construir un monopolio digital, como acusan las autoridades estadounidenses.

Google alega que la importancia de esos contratos se exageró y que su buscador es el preferido por los fabricantes y proveedores porque es el que los usuarios quieren utilizar. El juicio se desarrollará a lo largo de 10 semanas y podría suponer el fin de Google como gran ecosistema de múltiples servicios.

Separar Google

Se trata del mayor caso antimonopolio de las últimas dos décadas y el primero que afecta de lleno a la actual articulación de Internet. El último juicio de esta envergadura fue también contra un gigante digital, Microsoft, que a finales del pasado siglo fue acusado de monopolio por pactar con los fabricantes de ordenadores personales para que Windows llegara preinstalado en los equipos.

El tribunal que juzgo los hechos consideró culpable a Microsoft y decretó su separación en dos empresas independientes. Una gestionaría el sistema operativo Windows y la otra el resto del software de Microsoft. Sin embargo, la multinacional consiguió frenar ese extremo en su apelación y sustituirlo por una serie de compensaciones para su competencia.

La mayor amenaza para Google es enfrentarse a un fallo similar. Cuando se presentó la demanda, las autoridades antimonopolio estadounidenses no descartaron la posibilidad de desmembrar la multinacional, advirtiendo de que su comportamiento impide que otra empresa pueda llegar a hacerle una competencia directa y perjudica la innovación.

A pesar del crecimiento de YouTube y el gran abanico de herramientas que ha desarrollado en los últimos años, el buscador sigue siendo la piedra angular de Google y de su matriz, Alphabet. Según sus últimas cuentas, supone más de la mitad de los 278.000 millones de dólares de ingresos anuales de Alphabet y de sus 76.000 millones de beneficios netos. Su enajenación del resto de la compañía partiría en dos al mayor gigante de la era de Internet.

La amenaza de ser obligadas a vender parte de sus negocios toma fuerza en el control de las grandes tecnológicas en las últimas fechas. La UE aprobó recientemente una normativa especial para diversos servicios propiedad de Alphabet, Meta, TikTok, Apple, Microsoft y Amazon al considerarlos clave en el acceso a Internet de los ciudadanos. En caso de que se la salten de manera reincidente, la ley incluye la posibilidad de separar cada multinacional en varias empresas. Ocho de las 22 aplicaciones afectadas por las nuevas medidas forman parte del abanico de herramientas de Google.

La relación entre Google y Apple, protagonista inesperada

“Si la gente usa Google es porque le resulta útil” será el baluarte de la multinacional durante el proceso. Así lo ha expresado el presidente de Asuntos Internacionales de Google, Kent Walker: “Nuestro objetivo en este juicio es demostrar que los acuerdos de distribución de nuestro buscador reflejan la libre elección por parte de los proveedores de navegadores como de los fabricantes de dispositivos, basadas en la calidad de nuestros servicios y en las preferencias de los consumidores”.

“Pagamos a los fabricantes de dispositivos y operadores por la promoción adicional de servicios como Chrome y nuestro buscador”, reconoce, pero asegura que “es algo parecido a cuando un supermercado le cobra a una marca de cereales por situar sus productos primeros al comienzo de un pasillo o a la altura de los ojos en las góndolas”.

En un amplio comunicado, Walker asegura que esos pagos no son una interferencia en la libre competencia. “Nuestro éxito se sustenta en la calidad de nuestros productos, no en las cifras de nuestros contratos”, declara, recordando las palabras de Tim Cook, CEO de Apple, reconociendo que el buscador de Google es “el mejor”.

Cook hizo esas declaraciones en 2018, cuando salió a la luz que su compañía le cobraba entonces a Google 9.000 millones de dólares al año por ser el buscador predefinido en Safari o en las búsquedas de Siri. La relación entre ambas empresas, consideradas hasta ahora competencia acérrima (Steve Jobs llegó a amenazar a Google con “la guerra termonuclear” tras su entrada en el mercado de los teléfonos celulares con Android), será analizada al detalle en el juicio antimonopolio. Varios altos ejecutivos de Apple han sido llamados a declarar.

En este sentido, el Departamento de Justicia presentó como prueba una serie de mensajes entre las cúpulas de Apple y Google en el que tratan los detalles de este acuerdo, que se remonta a 2005. “Nuestra visión es que trabajamos como si fuéramos una sola empresa”, afirma un empleado de Apple en uno de ellos.

La competencia en el mundo digital

En su comunicado, el presidente de Asuntos Internacionales de Google recurre a argumentos habituales en los gigantes tecnológicos cuando se cuestiona su peso en sus mercados. De esta forma, Walker recuerda que el abanico de las búsquedas de información se abrió, ya que los usuarios ampliaron el uso de TikTok, Instagram o incluso Amazon (cuando se trata de búsquedas de productos) con este fin.

Se trata de una defensa similar a la que hace Mark Zuckerberg cuando alega que Meta tiene mucha competencia, ya que Facebook e Instagram compiten por la atención de los usuarios no solo con otras redes sociales sino con todas las propuestas de ocio, como Netflix o Twitch. Bajo este prisma, los gigantes digitales rivalizan con cualquier empresa digital. Sin embargo, si en el caso de Google se tienen en cuenta solo los motores de búsqueda, herramientas como Statcounter muestran que esta acapara el 92% del mercado, dejando a Bing (el buscador de Microsoft) en el 3% y a Yahoo en el 1%.

En esta línea, el alto ejecutivo de Google también manifiesta que el proceso supone “poner palos en las ruedas del progreso en un momento de innovación sin precedentes”. “Cada año invertimos miles de millones de dólares en I+D e introducimos miles de mejoras de calidad en nuestro buscador, para asegurarnos que ofrecemos resultados de máxima utilidad”, agrega: “No estamos de acuerdo con los que quieren cambiar la legislación antimonopolio pensando en el bienestar de los competidores antes que en los consumidores. Para nosotros, las personas son lo primero”.

Apple ya vale más de tres billones de dólares en bolsa, 2,75 billones de euros al cambio. No es una cifra fácil de imaginar, ni siquiera para hallar una comparación. Es más que todas las empresas del Ibex 35 juntas o unas 30 veces lo que vale Inditex. El Reino Unido, el sexto PIB mundial, tendría que acumular el valor de absolutamente todos los bienes y servicios producidos en su territorio durante el 2022 para poder comprar Apple. A Francia no le llegaría con ahorrar un solo año y España tendría que acumular sus ganancias de tres ejercicios.

La compañía fundada por Steve Jobs acaba de batir el récord de Wall Street al superar los tres billones de cotización. Poco ha importado a los inversores que el último producto que ha presentado sean unas gafas de realidad virtual extremadamente caras, enfocadas a un campo de futuro incierto como el metaverso y que ni quiera la propia Apple cuenta demasiadas, ya que va a producir tan solo unas 100.000 en el 2024. El precio de sus acciones este 2023 dibuja la mayor pendiente ascendente de su historia.

“Apple es extremadamente atractiva porque no tiene deuda y amasa mucho efectivo. Esto hace que no esté expuesta a las subidas de tipos de interés y si aparte le añades que es una generadora de caja brutal, el resultado es una compañía que presenta resultados muy buenos, con crecimientos importantes en China y en otros países emergentes y con clientes que parecen insensibles a los precios de sus productos”, expone en conversación con este medio Javier Pino, de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

Sin embargo, Apple es solo el caso más extremo de una tendencia que está afectando a otro puñado de compañías conocidas en la jerga bursátil como “las siete magníficas”. Todas son grandes tecnológicas y todas acumulan enormes subidas de cotización este 2023. Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Tesla y Nvidia completan el grupo.

“Las siete magníficas” se caracterizan por ser compañías que “pese a ser grandes monstruos, tienen capacidad para adaptarse y para buscar las oportunidades”, apunta Javier Molina, analista senior de mercados de eToro. Dominan amplios mercados, tienen cientos de miles de empleados y aunque mantienen su imagen puntera, establecieron sus negocios hace décadas (la más joven es Facebook, hoy renombrada a Meta, fundada en 2004). Con todo, cuentan con cintura para moverse muy rápido en cuanto aparece un nuevo nicho de mercado. Prueba de ello es lo que Google y Microsoft han hecho con la inteligencia artificial o la entrada de Apple en el negocio financiero con micropréstamos, señala el analista.

Desde que comenzó el año el valor en el mercado de estas empresas marca su propia pauta. El capital no busca tecnología en general, busca su tecnología. Tampoco busca grandes empresas. Las busca a ellas. “Si miramos la primera mitad de 2023, las siete magníficas han generado una rentabilidad del 60% de media, mientras que las otras 493 acciones del S&P (las 500 empresas más grandes de EEUU) solo han generado un 5%”, dice Molina.

La norma es que las empresas con las acciones más caras sean también las que más rentabilidades presentan. Este año, sin embargo, esta tendencia se ha disparado. Mientras que la media del período 1995-2023 es que los diez títulos más valiosos generen rentabilidades del 32%, este año “las siete magníficas” están en el 60%.

¿Por qué está pasado esto? Pino, de AFI, señala que las siete comparten los puntos fuertes que han hecho que Apple sobrepase los 3 billones de dólares. Gran balance de caja, capacidad de innovación, buenos dividendos. Pero también señala un punto psicológico: “Se nota cierto FOMO (siglas en inglés de fear of missing out, es decir miedo a perderse algo, o a quedarse fuera), creo que es el comportamiento que mejor describe al mercado ahora mismo”.

“Son empresas que han presentado resultados muy buenos y es verdad que la inteligencia artificial ha sido un catalizador muy relevante para sus cotizaciones, pero también hay factores negativos en el horizonte. Tenemos que ver cómo afectan las medidas arancelarias en la venta de chips y tecnología a China, que a la vez ha impuesto sus propias contramedidas”, advierte.

“Parece que en este momento están pesando mucho más los aspectos positivos, pero también hay que tener en cuenta los negativos. No me extrañaría que viésemos un freno después de una subida tan importante”, añade el analista.

No son valores refugio, pero tampoco fáciles de hundir

Este 2023 ha mostrado lo difícil que es derribar a una de las siete magníficas. El mejor ejemplo de ello es Facebook (Meta), que ha logrado recuperarse del momento más difícil en sus 18 años de historia. Lo que parecía un descenso imparable desde el anuncio del metaverso, con una caída del 75% de su valor (más de 600.000 millones de dólares), se ha convertido en una recuperación histórica. Meta acumula una subida del 130% en 2023 y se ha vuelto a colocar en la carrera por formar parte del “club del billón”. Mark Zuckerberg ni siquiera ha tenido que dejar caer el metaverso para ello.

El otro ejemplo de esta tendencia es Tesla. Caída del 65% en 2022 con enormes dudas de los inversores por las distracciones de Elon Musk con Twitter, SpaceX y el resto de sus empresas, además de por los constantes retrasos en la tecnología que debía convertir sus coches en autónomos. son factores que no han cambiado demasiado este 2023, pero sus buenos datos de ventas, el anuncio de nuevas plantas de baterías y la rebaja de precio de varios modelos han provocado que en los últimos seis meses su cotización se haya disparado otro 130%, consumando el rebote.

El hecho de que estas compañías sufrieran caídas tan importantes en 2022 muestra que “estos valores no son un valor refugio”, resume Molina, de eToro: “Cuando los inversores se apartan del riesgo, también lo hacen de los valores más tecnológicos”.

La ola es tan fuerte que ya hay candidatos tecnológicos a ser el octavo magnífico. El consejero delegado de Yahoo, Jim Lanzone, explicó en una entrevista en Financial Times que se están planteando que la firma tecnológica vuelva a cotizar el bolsa. Lanzone, que antes fue consejero delegado de Tinder, expone los argumentos para volver a los mercados: “Yahoo está preparada financieramente, tiene un buen balance y somos rentables”.

El truco es que cuando el dinero vuelve, ellas son las más beneficiadas. “Estamos viendo cómo cada vez sale más dinero de gestión activa para ir a gestión pasiva y esta última significa colocarse en aquellos valores que lideran por peso o ponderación los índices”, sigue Molina. “Por tanto, siempre que vuelve a entrar dinero en el mercado, reciben ese inflow. Eso hace que otros valores tecnológicos que también tienen buenos fundamentales se queden más rezagados: no entra dinero, no son tan líquidos y no los analizan muchas de las casas de análisis”.

A mediados de la década de los 2000, las startups de Silicon Valley se hicieron famosas por su propuesta de oficinas menos formales. La posibilidad de trabajar sentado en un puf, las salas de reuniones vidriadas, la presencia de videoconsolas y la relajación de los códigos de vestimenta contribuyeron a construir su imagen de compañías “disruptoras” que rompían códigos. Cuando la pandemia impuso el teletrabajo a nivel mundial, las tecnológicas estadounidenses lo vieron como el siguiente gran paso. Muchas anunciaron que el trabajo remoto había llegado para quedarse y dieron alas a sus empleados para que se mudaran a cualquier lugar del mundo. Tres años después, las formas cambiaron.

El giro más radical lo dio Facebook. Mark Zuckerberg, la principal cara de esa primera etapa de “disrupción” (inmortalizada en la portada de la revista Time como persona del año 2010), fue también uno de los grandes defensores del teletrabajo desde 2020. “He descubierto que trabajar a distancia me ha dado más espacio para pensar a largo plazo y me ha ayudado a pasar más tiempo con mi familia, lo que me ha hecho más feliz y productivo en el trabajo”, escribió el empresario en una carta a sus empleados en la que les instaba a hacer lo mimo: “Seremos la empresa de nuestra escala que apostará más firmemente por el teletrabajo”. Era junio de 2021 y Zuckerberg estaba convencido de que su futuro pasaba por trabajar seis meses al año desde su residencia de Hawaii.

En marzo de 2022, la cúpula de la compañía presumía de haber llevado su política de teletrabajo “al extremo”. En San Francisco no quedaba nadie: Zuckerberg en Hawaii; Naomi Gleit (jefa de producto) en Nueva York; Alex Schultz (jefe de marketing) en Reino Unido; Guy Rosen (jefe de ciberseguridad) en Israel; Adam Mosseri (jefe de Instagram) entre Hawái y Los Ángeles. Solo el español Javier Oliván (jefe de operaciones) seguía pasando parte de su tiempo en Silicon Valley, aunque ampliando sus estancias en Europa.

La política de teletrabajo era también una estrategia de producto. La multinacional, que fue renombrada a Meta como parte de su apuesta por el metaverso en otoño de 2021, veía una veta en la virtualización del trabajo. Zuckerberg no solo considera el metaverso como un lugar de ocio sino como la nueva evolución de las oficinas. Si las personas de una misma empresa iban a poder trabajar juntas independientemente de su ubicación, Meta sería la primera en ofrecer “la oficina infinita” con salas de reuniones virtuales, realidad aumentada y otras herramientas para permitirlo.

Los ingenieros en las primeras etapas de su carrera tienen un mejor rendimiento medio cuando trabajan en persona con sus compañeros de equipo al menos tres días a la semana

Mark Zuckerberg — CEO de Meta

Pero no hay nada que una crisis económica seria no pueda cambiar. Tres trimestres consecutivos con caídas de beneficios bastaron para que Zuckerberg pasara de defensor acérrimo del teletrabajo a declararle la guerra total. El CEO de Meta fijó el 2023 como “el año de la eficiencia”, lo que incluyó el despido de 22.000 personas y la redefinición del teletrabajo. “El trabajo en persona ayuda a construir mejores relaciones y a hacer más cosas”, explicó en un memorando en el que adelantaba que los datos internos de la multinacional muestran que los ingenieros que conocieron y trabajaron personalmente con sus equipos antes de pasar al teletrabajo son más productivos que aquellos que no pudieron hacerlo por haber comenzado directamente en remoto.

La diferencia en el rendimiento se aprecia también en aquellos ingenieros con menos experiencia. “Los ingenieros en las primeras etapas de su carrera tienen un mejor rendimiento medio cuando trabajan en persona con sus compañeros de equipo al menos tres días a la semana”, exponía Zuckerberg. “Esto requiere más estudio”, reconocía, “pero mientras tanto, los animo a todos a encontrar más oportunidades de trabajar con vuestros colegas en persona”.

“Uno de los peores errores”

Durante mucho tiempo la defensa del teletrabajo fue un sinónimo de modernidad y confianza en la tecnología para los empresarios. Hoy, eso cambió y otro ejemplo es Sam Altman, CEO de OpenAI, la empresa de moda tras desarrollar ChatGPT. Altman llega a calificar la política de teletrabajo total que muchas tecnológicas adoptaron tras la pandemia como “uno de los peores errores de la industria en mucho tiempo”.

“Creo que uno de los peores errores de la industria tecnológica en mucho tiempo fue pensar que todo el mundo podía trabajar a distancia para siempre y que las nuevas empresas no necesitaban estar juntas. Que no iba a haber pérdida de creatividad. Yo diría que el experimento sobre eso ha terminado, ya que la tecnología aún no es lo suficientemente buena como para que la gente pueda ser totalmente remota para siempre, en particular en las startups”, ha aseverado Altman esta semana.

El experimento del teletrabajo total ha terminado

Sam Altman — CEO de OpenAI

El CEO de OpenAI siempre defendió la necesidad del trabajo en persona para los trabajos creativos o las primeras etapas de las empresas. “Cuanto más incierto y temprano es el producto, más tiempo en persona necesita el equipo para pulirlo juntos”, añadía. “Las empresas tecnológicas que se apresuraron a ser totalmente remotas de forma permanente cometieron un gran error, y las grietas están empezando a aparecer”, enfatizaba en Twitter en enero.

Elon Musk, el otro gurú de todas las salsas tecnológicas con su presencia en redes sociales, movilidad eléctrica y naves espaciales, también se caracteriza por su tolerancia cero con el teletrabajo. El multimillonario lo eliminó de raíz de todas sus empresas en 2022. “Todo el mundo en Tesla está obligado a pasar un mínimo de 40 horas en la oficina a la semana”, escribió en un correo electrónico a los trabajadores de la compañía para anunciar el fin del teletrabajo: “Si no apareces, asumiremos que renunciaste”.

Modelos híbridos

En general, las tecnológicas optan ahora por modelos híbridos. En Google los empleados van tres días a la semana, al igual que en Amazon. Esta última fue otra de las que cambiaron su política tras dos años de pruebas. Andy Jassy, su CEO, dio a los mandos intermedios la capacidad de otorgar teletrabajo total a los empleados a su cargo. Un año después pidió que fueran un mínimo de tres días a la semana a la oficina. “Estar cara a cara con los demás, mirarlos a los ojos y estar completamente inmersos en lo que sea que estén discutiendo une a la gente”, dijo.

Según los últimos datos oficiales, en España hay unos 1,8 millones de personas asalariadas trabajando en remoto (“ocasionalmente” o “más de la mitad de los días de la semana”), lo que supone el 10,5% de los empleados por cuenta ajena. El dato se ha reducido tras el gran auge de esta forma de trabajo debido a la pandemia, pero se mantiene muy por encima de los números de 2019, cuando el dato era de un escaso 4%.

Meta Platforms, firma matriz propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, anunció este martes el despido de cerca de 10.000 empleados, que se suma al recorte de 11.000 que realizó en noviembre último.

Los despidos buscan reducir los gastos y mejorar la eficiencia –según informó la empresa tecnológica- e incluirán el cierre de 5.000 puestos vacantes congelando así las nuevas contrataciones por el momento.

El director ejecutivo de Meta y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, enfatizó la necesidad de priorizar determinados proyectos cancelando aquellos de “baja prioridad” tras subrayar durante la publicación del último balance que 2023 será “el año de la eficiencia”.

Parte del proceso de reestructuración interna se concentra en eliminar algunos puestos de gerencia intermedia y, en otros casos, solicitar que regresen a un rol de contribución en lugar de dirigir a otros empleados, según detalló la agencia de noticias Bloomberg.

Meta registró una ralentización de sus ganancias en publicidad de la mano del retorno a las actividades pre pandemia y la menor dinámica en la economía mundial: en 2022 la empresa publicó su primera caída anual en ingresos de un 42%.

Zuckerberg en los últimos años viró el foco de Meta a la tecnología de realidad virtual y el llamado “metaverso”, aunque diversos analistas subrayaron su escepticismo sobre si esta tecnología representará verdaderamente el próximo “boom”.

Al igual que otras empresas tecnológicas que anunciaron despidos recientemente como Amazon, la planta de Meta se expandió dramáticamente durante la pandemia de la mano del alza de las ventas pensando que estas se sostendrían en el tiempo.

El total de empleados se expandió en un 30% en 2020 y, luego, un 23% en 2021, llegando a totalizar más de 87.000 empleados a noviembre pasado, antes de iniciarse los despidos.

Se espera que los despidos se completen a fines de abril en los sectores tecnológicos de Meta y para fines de mayo en los roles empresariales, aunque en algunos casos se podrían extender hasta fin de año.

El recorte también abarca las filiales internacionales de Meta, aunque no se precisaron detalles sobre cuándo comenzarán.

Además de los recortes, Zuckerberg sugirió un retorno a la presencialidad -al menos parcial- para todos los roles, marcando un giro, pues Meta fue una de las primeras empresas tecnológicas en ofrecer a sus empleados la posibilidad de trabajar desde sus casas.

“Los ingenieros, al inicio de sus carreras en la empresa, tuvieron una mejor actuación promedio cuando trabajaron en persona con sus colegas al menos tres días a la semana”, expresó el empresario.

Asimismo reconoció que, tras años de crecimiento para la empresa, 2022 marcó una vuelta de tuerca con una “economía mundial que cambió y mayores presiones competitivas” que provocaron una “considerable ralentización” en su expansión.

“A este punto, creo que tenemos que prepararnos para la posibilidad que esta nueva realidad económica va a continuar por muchos años. Las mayores tasas de interés llevan a una economía a con crecimiento más delgado, la inestabilidad geopolítica lleva a mas volatilidad, y la mayor regulación lleva a un menor crecimiento y mayores costos para la innovación”, apuntó Zuckerberg.

Con los nuevos recortes, Meta calcula sus gastos totales para el año en un rango de entre US$ 89.000 y US$ 95.000 millones, en lugar de la anterior perspectiva de entre US$ 94.000 y US$ 100.000 millones, indicó la agencia de noticias DPA.

Los despidos fueron recibidos con brazos abiertos por el mercado.

Las acciones de Meta en el índice Nasdaq registraban un alza este mediodía de más del 5%.

Meta es sólo una de las tantas firmas tecnológicas que anunciaron despidos en los últimos meses.

Sólo en enero pasado, Google y Microsoft recortaron sus plantas en 12.000 y 10.000 empleados, respectivamente.

Con información de Télam.

IG

Twitter sufrió otra caída el último lunes que tumbó varias funciones clave de la plataforma, como los enlaces a páginas de terceros y la publicación de vídeos y fotos. Twitter no se entiende sin la posibilidad de compartir artículos o subir contenido audiovisual, pese a lo cual la reacción general fueron las burlas. Más vale reír que llorar, dado que las caídas son ya habituales en la red social.

Tras los despidos masivos de Elon Musk y, aunque no se produjo el fallo masivo que muchos esperaban, los pequeños errores que se convierten en problemas enormes por la falta de manos son ahora la norma. A pesar de estos problemas, el empresario participó este martes en una conferencia organizada por el banco de inversión Morgan Stanley donde destacó la buena marcha de la red social, tanto por el incremento de los ingresos publicitarios como por la reducción de costos.

Según explicaron los trabajadores de Twitter al medio especializado Platformer, la caída de este lunes fue consecuencia del error de un ingeniero, la única persona a cargo de uno de los mayores cambios internos que lanzó Musk para aumentar la rentabilidad de la compañía. El fallo afectó también al resto de trabajadores: Twitter crujió tanto por dentro como por fuera y sus compañeros no podían ayudar. El ingeniero tardó una hora en corregir el error, durante la cual todos los usuarios pudieron saber un poco más de los planes de Musk.

Un “mal cambio de configuración” del ingeniero “básicamente rompió la API de Twitter”, cuentan los empleados. Simplificando mucho, la API es el lenguaje que dos servicios digitales usan para comunicarse entre sí. Musk quiere que toda app de terceros que quiera comunicarse con Twitter pase por caja, para lo que ordenó la creación de una nueva API. El proceso falló el lunes y en el mensaje de error, la red social indicaba a los usuarios que debían pagar la nueva API. Pero la nueva API no está lista, por lo que el mensaje de error conducía a otro mensaje de error que indicaba que había que pagar la API.

“Era algo curiosísimo pero sin sentido. Resulta que decidieron que la API deje de ser gratuita y la bloquearon para que las empresas que la usaban dejen de hacerlo, pero todavía no habilitaron ningún método para pagar”, resume David Álvarez, consultor especializado en redes sociales.

La carcajada fue general. “Supongo que esto significa que Twitter está tan desesperado por conseguir dinero que empezó a cobrar a Twitter por el acceso a la API de Twitter, pero Twitter no puede pagarlo”, tuiteaba Arvind Narayanan, profesor de Ciencias de la Computación de la Universidad de Princeton: “Me alegro de que Twitter haya conseguido conservar la funcionalidad suficiente para que podamos disfrutar juntos de esta comedia de errores”.

El de este lunes fue un error insólito, pero solo el último de una lista de problemas impropios de una plataforma del tamaño de Twitter. El 1 de marzo la red social pasó unas horas sin poder actualizar el timeline de los usuarios, la funcionalidad básica de toda su experiencia. Era la segunda vez que el timeline tenía problemas, puesto que 10 días antes también había fallado. Tres días antes, lo que dejó de funcionar fue la herramienta de publicación, con un mensaje de error que indicaba que se habían “sobrepasado el límite de tuits”, dejando más pistas de lo que Musk planea para el futuro. Twitter ha tenido en total seis fallos graves en lo que va de 2023.

“Llevan dos o tres meses negros. No hay ninguna plataforma que tenga tantas caídas continuadas como tiene Twitter ahora mismo”, destaca Álvarez. ¿Le puede pasar factura? “La inmensa mayoría de usuarios de Twitter son pasivos, es decir, entran a consumir y nunca publican contenido, se limitan a retuitear. Si nos ponemos en la piel de esos usuarios, creo que todo esto les importa muy poco. Mientras la plataforma en sí funcione y entrar a Twitter tenga un sentido, es muy difícil que la audiencia se traslade a otra para encontrar lo que ya tiene en Twitter”, confía.

“A día de hoy me preocuparía más la supervivencia de Twitter como empresa que porque se quede sin usuarios”, opina el experto.

Bajo el mínimo de trabajadores

Musk dijo muchas cosas desde que anunció su intención de comprar Twitter hace un año. Una de las que está cumpliendo es la hoja de ruta empresarial. El multimillonario opina que para convertir la red social en una compañía que dé beneficios (perdió dinero en siete sus últimos 10 ejercicios como empresa cotizada) iba a ser necesario sacarla de bolsa y reestructurarla por completo. Esa reforma incluía dejar la empresa en el mínimo de trabajadores con los que pueda ser funcional. En eso es en lo que sigue Musk.

Los despidos masivos de noviembre fueron solo el principio. El magnate siguió limando la plantilla hasta bajarla por debajo de los 2.000 empleados. Antes de la compra, eran más de 7.500. Una de las afectadas por las últimas rondas de despidos fue Esther Crawford, ex jefa de Producto de Twitter que se hizo mundialmente conocida por abrazar sin reparos la cultura laboral tóxica que Musk quiere para la empresa, con prácticas como la de dormir en la oficina. Su foto durmiendo en una colchoneta en una sala de reuniones tiene página propia en las crónicas de la era Musk, aunque no le sirvió para mantener su puesto de trabajo.

Meses después de que los despidos comenzaran, el caos de puertas adentro en Twitter sigue siendo general. Los episodios que lo demuestran se repiten casi diariamente. Este martes el protagonista fue Halli Thorleifsson, un islandés que tras 9 días sin poder acceder a los sistemas internos de la empresa y sin que el departamento de recursos humanos le confirmara su despido, optó por preguntar directamente a Musk vía Twitter. Lo que pasó a continuación se hizo extremadamente viral.

En una suerte de entrevista laboral pública, Musk le preguntó a Thorleifsson qué hacía en Twitter. Cuando éste se lo resumió, Musk le pidió fotos para creérselo, después se rió de él y luego se dedicó a humillarlo. “La realidad es que este tipo (que es rico) no hizo ningún trabajo real, alegó como excusa que tenía una discapacidad que le impedía escribir a máquina, pero al mismo tiempo estaba tuiteando. No puedo decir que le tenga mucho respeto”, publicó. “¿Fue despedido? ¡No, no te pueden despedir si no estabas trabajando!”, insistió.

Los comentarios de Musk motivaron un hilo de Thorleifsson en el que explica su situación personal. El islandés sufre una distrofia muscular que primero le dejó en una silla de ruedas, después comprometió la fuerza de sus brazos y en los últimos tiempos le dificulta escribir con un teclado. Llegó a Twitter después de que la red social comprara su empresa en 2020, con un rol directivo que no le comprometía a pasar muchas horas al teclado.

Además de su faceta de emprendedor y empresario, es un conocido filántropo en su país natal. Fue elegido “Persona del Año” en 2022 por el RÚV, la radiotelevisión pública islandesa, por su proyecto para mejorar la accesibilidad del espacio público para las personas usuarias de sillas de ruedas. La lluvia de críticas tras el encontronazo con Thorleifsson obligó a Musk a llamarlo personalmente y disculparse en público tras la publicación de esta información. “Es mejor hablar con la gente que comunicarse vía tuit”, argumentó el dueño de Twitter.

Sin freno a la desinformación y el odio

El caos interno e informático de Twitter tiene ramificaciones en la toxicidad de la plataforma, aunque sea más difícil de comprobar en el corto plazo. La drástica reducción de los trabajadores afectó especialmente a los equipos que se concentraban en desarrollar proyectos en que la red social fuera una plataforma sana y libre de odio o bulos.

Según los primeros análisis, la reducción de esos equipos ya generó que las 500 cuentas conocidas por ser “super reproductoras de desinformación” multipliquen sus interacciones un 44% desde noviembre. El estudio fue elaborado por Science Feedback, una organización de factchecking centrada en datos e investigación que forma parte de la International Fact-Checking Network. La española Newtral participó en la investigación.

Los ex miembros de estos equipos corroboran la situación. “Cuando lo mirás desde fuera, la fachada parece estar bien, pero desde dentro se ve que nada funciona. Todas las cañerías están rotas, todos los grifos, todo”, declaró una antigua empleada de Twitter en un programa especial de la BBC sobre el aumento de la toxicidad de la plataforma con bulos, trols descontrolados y acosadores que nadie vigila. “Para alguien que está dentro, es como un edificio en el que todas las piezas están ardiendo”, revela la misma extrabajadora.

Twitter siempre estuvo entre las redes sociales más agresivas para el usuario, pero la falta de recursos por parte de sus trabajadores está empeorando la situación. Especialistas españoles destacan como en los últimos tiempos aumentó el impacto de supuestas cuentas parodia que se usan para difundir bulos y contenido extremo.

Por el momento, la situación no le pasó factura a Musk ni a Twitter. No sufrió ninguna caída masiva del servicio y los poderes políticos aún se mantienen a la espera. Solo Bruselas tiene a la plataforma en su punto de mira, pero por el momento se limitó a llamarle la atención por disminuir los recursos que dedica a vigilar y mitigar la desinformación.

“Ese día recibimos un mail a las 8 de la mañana, enviado por uno de los CEOs, en el que avisaba que iban a recortar el 10% de la planta. Asumía que se habían equivocado contratando mucha gente en los últimos años”, cuenta Julián, que en enero fue desvinculado de las oficinas locales de la empresa estadounidense Salesforce. “Al ratito llegó el mail de mi despido y las instrucciones para devolver la PC”. 

Si el cierre de 2022 ya fue difícil para el sector tecnológico, que se desprendió de más de 130.000 trabajadores y trabajadoras en todo el mundo en el segundo semestre, el inicio de 2023 no hizo más que profundizar la crisis. En lo que va de enero y febrero, más de 100.000 personas fueron despedidas de 334 firmas tecnológicas; 84.400 solo en enero, según los datos del portal especializado Layoffs.fyi. 

Para Gustavo Guaragna, coordinador del Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos de la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) , “durante la pandemia hubo una aceleración de la transformación digital que aumentó el consumo electrónico y generó una expectativa de crecimiento que, una vez que se empezó a normalizar la situación, no se cumplió”. “Muchas empresas quedaron infladas en valor y empezaron a ajustar”, resume.

Un estudio sobre comercio electrónico realizado por la consultora Kantar para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) muestra que en el primer semestre de 2019 se registraron 41,9 millones de órdenes de compra, un 21% más que en igual período de 2018. El primer semestre del año siguiente, el primero de pandemia, el crecimiento interanual fue de 30% y el primero de 2021, todavía mayor: de 47%. Sin embargo, en 2022 esa espuma comenzó a bajar y las órdenes de compra redujeron su ritmo de crecimiento al 14% interanual.  

Otro motivo detrás de la crisis es “el fin del dinero gratis”. Con el aumento de la inflación hubo una suba sostenida de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que motivó que gran parte del capital de inversión colocado en acciones de compañías o en start ups se vuelque a activos más seguros. “El mercado de inversiones para start ups está en un período recesivo y sabemos que va a continuar así durante un tiempo”, admitió el CEO y fundador de la empresa de criptomonedas Lemon Cash, Marcelo Cavazzoli, que se desprendió de parte de su plantilla. 

Si bien puede entenderse como una situación general de “las tecnológicas”, hay matices al interior del ecosistema. Para Guaragna, de la Cessi, se suma como factor que en los últimos años algunas empresas generaron una expectativa muy grande sobre su producto y no cumplieron, sobre todo las que tienen que ver con el mundo cripto. “Esto arrastró también a fintechs y a lo que está alrededor del metaverso”, apunta. Algunos analistas lo definen como el “momento Lehman Brothers” de las criptomonedas, con la caída de grandes actores como Luna Terra, FTX y BlockFi.

En lo que podría interpretarse como una tendencia opuesta a la global, algunas de las grandes tecnológicas de origen argentino están contratando personal. Globant tiene 210 posiciones abiertas, con localización en distintos países (Argentina, Colombia, México, India) o sin requisitos respecto del lugar desde el que se trabaja (“anywhere”) y Mercado Libre, 380 puestos vacantes. Incluso la red social china Tiktok, propiedad de ByteDance, anunció sus planes de desembarcar con oficinas propias en la Argentina este año. 

Julián, despedido de Salesforce, dice que si bien algunas firmas tienen más espalda para surfear la ola o se favorecen especialmente más de concentrar su fuerza laboral en la Argentina, donde es más barata, no hay que “cantar victoria”. Guaragna también estima que la tendencia de los despidos va a continuar en 2023. 

En el ajuste de las empresas puede haber un trasfondo de “relocalización”: desprenderse de la fuerza laboral mejor paga y trasladar las contrataciones a latitudes más convenientes en términos de costos. En ese sentido, algunos analistas señalan que esta crisis puede ser también una oportunidad para la Argentina, pero es necesario dejar pasar cierto tiempo para comprobar que ese proceso está en marcha. 

¿Qué  pasará con los empleados despedidos? Para Guaragna, el sector sigue gozando de pleno empleo y no son raros los casos en los que un trabajador despedido consigue un nuevo trabajo el mismo día que recibe el telegrama. De todos modos, la situación no es la misma para todos los profesionales del sector. Por ejemplo, son mucho más demandados los puestos relacionados con la ciberseguridad e inteligencia artificial que los programadores de Javacript o los diseñadores gráficos. Tal vez no todos puedan seguir gozando de los privilegios asociados a posiciones difíciles de llenar y conservar, que empujaban a las empresas a tentarlos con salarios por encima de la media, flexibilidad y beneficios como las vacaciones ampliadas o incluso “trabajar en pantuflas” dentro de la oficina. 

Durante la pandemia hubo una aceleración de la transformación digital que generó una expectativa de crecimiento que no se cumplió

Gustavo Guaragna, Cessi

“La reincorporación no está fácil. Este contexto de empresas recortando el 10% de su planta hace que la oferta baje mucho y que los que vienen a negrear a la Argentina lo hagan con más fuerza. Te bicicletean mucho con las entrevistas, te ofrecen poca plata. Es algo a lo que no estábamos acostumbrados en el sector”, dice Julián, que antes de su despido trabajaba la automatización de pruebas dentro del equipo de ingeniería de producto.

Según Guaragna hay también, en la comunicación de los despidos, una estrategia consciente por parte de las empresas. En un contexto en el que las tecnológicas experimentan una caída de valor, el anuncio de despidos es una señal que se la da al mercado; la de que sus directivos se están ocupando de mantener la rentabilidad de la empresa y preservar el valor de los accionistas. 

En la Argentina las empresas del sector que ejecutaron despidos son Salesforce, Tienda Nube, Wabi, Kavak, Etermax, Digital House, Ualá, Lemon Cash, Bitso, Workana, Buenbit, VTex, Fluke, Ebanx y Mudafy, según la Asociación Gremial de Computación (AGC). Esta entidad, que representa a los trabajadores informáticos argentinos, presentó en el Ministerio de Trabajo 15 pedidos de audiencia “a las distintas empresas que han despedido de forma arbitraria, masiva, y sin previo aviso a sus trabajadores para que den las debidas justificaciones” y se declaró en “estado de alerta”. 

DT

El final del 2022 fue negro para el empleo tecnológico. Comenzó una oleada de despidos que dejó el marcador en más de 150.000 puestos de trabajo destruidos. El problema es que el 2023 ha empezado mucho peor: enero ha batido todos los récords de recortes de plantilla, con otros 88.000 despidos en un solo mes. Casi un cuarto de millón de personas han perdido su empleo en unos pocos meses y la pregunta ahora es cómo y en cuánto tiempo se producirá la reincorporación total de una suma tan gran de personas al mercado de trabajo.

Las fuentes consultadas explican que hay un respuesta corta y otra larga. La corta es que sus perspectivas son mucho mejores que las de la mayoría de trabajadores. “No pensamos que estos profesionales vayan a tener muchas dificultades para encontrar un nuevo empleo. Obviamente, dependerá del tipo de función a cubrir y la casuística de las empresas que sí están demandando ese talento digital y de las propias expectativas laborales de estas personas, pero hay trabajo, es un sector deficitario en talento”, dice Mónica Pérez, directora de Estudios de Infojobs.

La versión larga es también un poco menos optimista. “Aunque se afirma constantemente que son profesionales muy buscados, la realidad es que esa demanda de empleo no es homogénea. Por ejemplo, son mucho más demandados los puestos relacionados con la Ciberseguridad y la IA, que programadores de Javacript o diseñadores gráficos”, desglosa José Varela, responsable de Digitalización de UGT. “En contra de los que nos quiso convencer en los últimos meses, estamos viendo cómo las grandes tecnológicas se están deshaciendo de una gran parte de sus equipos relacionados con la Realidad Virtual y el Metaverso, lo que también ocasionará un excedente inmediato de empleo en esta especialidad”, añade.

Según los datos del portal especializado Layoffs.fyi, que viene recogiendo los datos de despidos en el sector tecnológico desde la pandemia, la destrucción del empleo entre 2022 y las primeras semanas de 2023 alcanza los 246.650 empleos. Todos los gigantes digitales excepto Apple han recortado al menos 10.000 empleos (Amazon, 18.000, casi todos en puestos técnicos; Google, 12.000; Meta, 11.000; y Microsoft, 10.000), una política de reducción de costes a la que han arrastrado a la práctica totalidad de empresas de sus respectivas áreas de negocio.

Salida a empresas no tecnológicas y reducción de ventajas laborales

Los despidos masivos en las tecnológicas van a suponer una gran oportunidad para que empresas no especializadas accedan a profesionales de alta cualificación y especialización, explican varias fuentes consultadas. La digitalización hace que prácticamente cualquier tipo de empresa pueda necesitar trabajadores de este perfil y la crisis de empleo en los gigantes tecnológicos facilitará que el mercado laboral haya personas con un alto grado de especialización y experiencia hasta ahora copados casi por completo por esas grandes multinacionales.

“La abrumadora mayoría de las empresas de nuestro mercado de trabajo son pequeñas y medianas empresas y hasta ahora les resultaba difícil contratar un perfil de estas características. Quizás se abra así una nueva oportunidad”, destaca Varela. Por contra, esa salida a otros sectores puede suponer también que los trabajadores pierdan las buenas condiciones laborales de las que disfrutaban en sus anteriores empleos. “Muy probablemente tengan que reducir sus condiciones”, reconoce.

“Las leyes de oferta y demanda serán las que marquen la pauta. Sino se produce una demanda de este empleo por parte startups y pymes, la tendencia será a reducir salarios, a dar menos beneficios sociales y a minar la flexibilidad (por ejemplo, ofreciendo menos teletrabajo)”, añade el responsable de UGT.

“Sí es probable que buena parte de estos profesionales tengan que ver reducidas algunas de sus condiciones”, coinciden desde Infojobs: “Es conocida la espiral salarial al alza que ha provocado en los últimos años la ”lucha“ por el talento tecnológico y, por otro lado, los paquetes retributivos del sector suelen incluir muchos beneficios extra que no son tan habituales en otras industrias”.

Se ha despedido mucho pero se contrató más

Los despidos en los gigantes tecnológicos rondan el 5% o el 6% de Microsoft o Google, pasando por el 13% de Meta hasta llegar al 50% de empresas más pequeñas como Twitter, donde además hay que tener en cuenta el fenómeno Elon Musk. No obstante, durante la pandemia las tecnológicas habían ampliado sus plantillas mucho más de lo que ahora decrecen. De 2021 a 2022 Microsoft por ejemplo había aumentado un 22% su número de empleados, Amazon un 62% y Meta un 30%.

La justificación que han dado todas ellas para llevar a cabo estos despidos es que no se ha consolidado el crecimiento que esperaban. “Los despidos parecen ser más una corrección de los planes de negocio (provocados por una serie de excesos en las contrataciones ante perspectivas que no contemplaban el actual escenario de incertidumbre y ralentización) que una situación general de aquellas empresas e instituciones que están apostando actualmente por la transformación digital. Y así lo han justificado los líderes de estas grandes empresas”, afirma Pérez, de Infojobs.

El panorama que ha dejado 2022 ha sido muy diferente a lo esperado

Infojobs

“Durante los últimos años, estas compañías no pararon de crecer y la pandemia provocó un giro radical en los hábitos de consumo y compra digital, multiplicando la actividad del sector en un tiempo récord, sobre todo en lo relacionado con el ocio, el entretenimiento y el comercio electrónico. Sin embargo, el panorama que ha dejado 2022 ha sido muy diferente a lo esperado: la guerra de Ucrania ha desatado la crisis energética y ha agravado la escasez de suministros con la consiguiente inflación… El escenario de incertidumbre sí ha frenado la economía y el desarrollo previsto”, añade.

Pese a los despidos, en la inmensa mayoría de los casos las plantillas siguen siendo mayores de lo que eran a principios de 2021. A eso se suma que algunas a la vez que informaban de los recortes notificaban que seguirán contratando en algunos puestos clave, como en los relacionados con la inteligencia artificial.

La perspectiva de futuro sigue siendo buena en España

“En el mercado laboral sigue habiendo una gran demanda de trabajadores tech. De hecho, hay informes que apuntan a que solo en España hay más de 120.000 vacantes tecnológicas y de nuevas profesiones por cubrir”, señalan desde la patronal de empresas tecnológicas Adigital. “Pese a los reajustes que han tenido lugar de forma puntual, debido al actual contexto de coyuntura económica, la tendencia general en las empresas tecnológicas va a seguir siendo la contratación”, explica una portavoz.

España tiene importantes fortalezas para seguir progresando en este 2023 como un territorio generador y de atracción de empleo

Patronal tecnológica Adigital

“España tiene importantes fortalezas para seguir progresando en este 2023 como un territorio generador y de atracción de empleo”, continúan desde la asociación, a la que pertenecen más de 500 empresas. “Entre otros, gracias a su calidad de vida y atractivo inversor, que unido a un marco regulatorio, como la recientemente aprobada Ley de Startups, la nueva normativa de formación profesional o el plan nacional de competencias digitales, hacen que España tenga el potencial para consolidarse como hub de talento digital”, desglosan.

La compañía tecnológica Dell, dedicada principalmente a la fabricación de computadoras y sus accesorios, despedirá a 6.500 empleados, equivalente al 5 % de su plantilla, según la agencia Bloomberg, que cita fuentes de la empresa.

Los despidos se producen en medio de un declive en la venta de computadoras personales -55 % del negocio de la empresa- y de unas condiciones de mercado que “siguen deteriorándose ante un futuro incierto”, según una nota interna de su de su jefe de operaciones .

Con la reducción, Dell mantendrá todavía una plantilla de 126.300 trabajadores, la más baja en los últimos siete años.

Tras un ascenso durante la pandemia de covid, la venta de computadoras personales sufrió un importante caída en la pospandemia en todas las compañías fabricantes, que en el caso de Dell se cifraron en un 37 % en el último trimestre de 2022.

No es la única compañía de computación que ha recurrido a recortes de personal, pues en 2022 ya lo hicieron HP -que despidió a 6.000 empleados en noviembre-, Cysco o IBM, con recortes de 4.000 empleados cada una.

EFE.

IG

Juan, 28 años, firmó la hipoteca de su nuevo piso en Badia del Vallès (Barcelona) el lunes. Dos días después estaba en un piquete frente a una planta logística de Amazon en Martorelles, a pocos kilómetros de su futuro domicilio, para protestar contra un traslado forzoso que les pretende imponer el gigante del comercio electrónico. 

“¿Cómo me voy a ir a Zaragoza o a Figueres a trabajar si acabo de comprarme un piso?”, se lamentaba este empleado, cuyo nombre ha sido modificado a petición suya. “Nos faltan el respeto”, afirmaba Miguel Ángel Montero, 48 años, uno de los pocos que accedieron a que se publicara su nombre completo. “Están abusando de nosotros”, añadía otro empleado.

Amazon ha decidido cerrar su centro logístico de Martorelles, en el que trabajan unos 800 empleados sin contar los servicios subcontratados de seguridad o limpieza. La empresa ha ofrecido a sus trabajadores trasladarse a dos nuevas plantas que abrirá en Zaragoza (a 313 kilómetros de ahí) o Figueres (Girona, a 125 kilómetros) con unas compensaciones “inaceptables”, según fuentes del comité de empresa.

Los trabajadores aseguran que en esos nuevos centros se verían sujetos a convenios provinciales que implican salarios mucho menores. De los aproximadamente 1.500 euros en 12 pagas que gana un empleado raso, pasaría a ganar 1.050 euros a pesar de tener que trasladarse a otra ciudad. 

“De traslado nada, esto es un cierre encubierto”, lamentaba Melisa, 40 años, ataviada con un peto naranja en la puerta de este centro logístico que la compañía pretende cerrar el próximo 22 de abril. Esta madre de dos hijos explicaba que ni siquiera se planteaba abandonar su vida e irse tan lejos a trabajar. “Tampoco nadie me asegura que en unos años no me volverán a hacer lo mismo y me dejarán en la calle”.

Amazon ha ofrecido recolocar en la planta que tiene en El Prat de Llobregat (Barcelona) a poco más de un centenar de trabajadores. A su vez, propone un pago único a los empleados que se trasladen a Zaragoza o Figueres. La cantidad, según los sindicatos, está muy lejos de poder cubrir los costes que implicaría la relocalización. Empezaron ofreciendo unos 3.000 euros (1.500 para los traslados a Figueres) y ahora la cantidad está alrededor de los 5.000 euros en función de la categoría del empleado, sea cual sea el nuevo destino.

La empresa de comercio electrónico no ha querido confirmar ni desmentir a elDiario.es ninguna de las cantidades ofrecidas a los empleados, tampoco la supuesta rebaja salarial que implicaría moverse de planta. “Respetamos el derecho de las personas trabajadoras a hacer huelga o protestar”, señalan desde la compañía. “Continuamos con las conversaciones con los representantes para encontrar la mejor solución posible para todos los empleados y empleadas durante el proceso de traslado”.

El gigante tecnológico fundado por Jeff Bezos (uno de los hombres más ricos del mundo) empezó a despedir a miles de empleados el pasado noviembre en un gran ajuste de personal que previsiblemente se cobrará unos 18.000 empleos en todo el mundo.

“Las cantidades son insuficientes y están por debajo de la legalidad”, asegura Esther Rodríguez, presidenta del comité de empresa de la planta de Martorelles. Rodríguez añade que la prioridad en la negociación es la recolocación en otros centros de la provincia de Barcelona y afirma que la empresa no ha hecho todavía ninguna oferta de indemnización para quien no quiera desplazarse a otra ciudad. 

“Es David contra Goliat”

Los empleados han empezado este miércoles una huelga de 17 días que, admiten, será una lucha de “David contra Goliat” para lograr unas “condiciones dignas” en su indemnización por el cierre de la planta. Los huelguistas se han citado a las 6.30h de la mañana en la puerta de la planta de Martorelles y se han repartido por las tres puertas para impedir la actividad de la empresa. Posteriormente han iniciado una marcha lenta por la B-20 hasta el mayor centro logístico que tiene Amazon en Catalunya, situado en El Prat del Llobregat (Barcelona).

En El Prat ha habido largas colas de camiones, aunque los piquetes no han logrado paralizar por completo la operativa de la compañía. En Martorelles, en cambio, la planta estaba totalmente vacía y no había actividad. Los piquetes solo han dejado acceder a unos pocos camiones y se calentaban con estufas de gas cedidas por el Ayuntamiento.

Las historias que contaban los empleados en Martorelles eran las de trabajadores humildes que lo dieron todo durante la pandemia y ahora se sentían abandonados. Trabajadores que no cobran un plus de peligrosidad por trabajar entre maquinaria pesada y operan sometidos a un control tecnológico que documenta todos y cada uno de sus movimientos y evalúa su capacidad productiva. “Cuando empezamos hace cinco años los jefes nos iban diciendo que esto era una familia”, ironizaba una empleada.

“Estas navidades nos dijeron que habíamos batido el récord de producción”, señalaba Antonia, otra empleada que estaba frente a la planta el miércoles. “Al cabo de una semana nos enteramos de que iban a cerrar”. Algunos incluso explicaban que se enteraron del cierre de la planta antes de que se lo comunicara Amazon, porque se filtró un mensaje que el alcalde de Martorelles escribió en un grupo de WhatsApp. 

Todos los empleados consultados rechazaban que el volumen de trabajo hubiese descendido tras la pandemia. Al contrario. Según su versión, el motivo del traslado es porque la empresa quiere reducir costes de personal al poder contratar a trabajadores a un menor precio en otras ciudades. 

“Lo peor de todo es la despersonalización que supone trabajar para esta empresa”, señalaba Montero, el empleado de 48 años. “Si quien toma estas decisiones conociera nuestras vidas, igual se lo pensaría dos veces antes de dejarnos tirados de esta manera”.

La compañía mediática estadounidense BuzzFeed anunció que comenzará a utilizar herramientas de Inteligencia Articifial (IA) como OpenAI y ChatGPT para generar contenidos “asistidos por IA y facilitados por la tecnología”. La cotización bursátil de la empresa de medios -que tiene una división de noticias y es propietaria del HuffPost además de ofrecer característicos contenidos lúdicos como ‘quizzes’, contenidos de comida en su división ‘Tasty’ y videos de YouTube- subió un 280%.

Esta noticia le sigue al despido del 12% de los trabajadores de BuzzFeed a principios de diciembre de 2022, en el medio de una oleada de despidos en el sector tecnológico de EEUU que también incluyó a gigantes como Meta, Google, y Twitter. La empresa había salido a la bolsa en diciembre de 2021, aunque sin particular éxito, habiendo perdido cerca del 40% de su valor para junio del 2022. El comunicado aclara que la compañía planea “continuar nuestra generación de valor para nuestros colaboradores…y administrar nuestros costos” para maximizar su eficiencia. 

Transicionar de un modelo de curación algorítmica de contenidos a uno de creación algorítmica representa, según Jonah Peretti -CEO de la empresa- “el futuro de los medios digitales”. En su comunicado de anuncio, sugiere que junto con los “creadores”, a quienes describe como “talentos de alrededor del mundo que van a trabajar para sí mismos y multiples compañías”, estas serán las dos tendencias que inaugurarán “una nueva era de creatividad en la que personas creativas como nosotros juegan un rol clave al proveer las ideas, la actualidad cultural, inspiraciones, propiedad intelectual, y los formatos que luego tomarán forma mediante las tecnologías más novedosas”.

 Peretti y BuzzFeed aclararon que ChatGPT, el generador de texto que ha ocupado titulares en meses recientes, no será utilizado en la sección de noticias del medio. El vicepresidente de comunicaciones de la compañía, Matt Mitthenthal, le confirmó a The Verge que sí se utilizaría OpenAI, aunque sin mayores precisiones.

MF

El final del 2022 e inicio de 2023 está siendo negro para los trabajadores del sector tecnológico. IBM y el gigante alemán SAP se han sumado a la lista de multinacionales que recortan sus plantillas. Han coincido tanto en el momento del anuncio como en el número de empleados que han despedido: 3.900 por parte de IBM y 3.000 en el caso de SAP.

Al contrario del resto de empresas del sector que han justificado sus despidos por la caída del negocio digital tras la pandemia, IBM ha alegado que las últimas ventas o escisiones de partes de su negocio han hecho prescindibles equipos enteros de sus trabajadores. La multinacional separó su negocio de infraestructuras digitales en noviembre de 2021 para crear Kyndryl, un gigante que nación con 90.000 empleados y 19.000 millones de dólares de facturación anual. Ya en 2022 vendió su negocio de inteligencia artificial y datos médicos, Watson Health, en el que había hecho una enorme inversión desde 2015 a 2020.

IBM ha anunciado los despidos durante la presentación de sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2022. Sus ingresos superaron los 16.700 millones de dólares, un 6% más que en el período anterior. Los 3.900 despidos equivalen al 1,5% de su plantilla global y las indemnizaciones le costarán 300 millones de dólares.

SAP también ha reservado una cifra similar para los gastos de sus despidos, en los que espera emplear entre 250 y 300 millones, según ha comunicado. Con la medida espera ahorrar entre 300 y 350 millones al año a partir de 2024, “lo que ayudará a impulsar las inversiones en sectores de crecimiento estratégico”, ha dicho su consejero delegado.

Los 3.000 puestos de trabajo que suprimirá equivalen al 2,5% de su fuerza laboral, que cuenta con unos 120.000 empleados en todo el mundo. SAP, especializada en el software de organización empresarial y la segunda mayor tecnológica de Europa por valor de mercado después de ASML (semiconductores) ha encuadrado la medida como un plan de choque ante la gran caída de beneficios que ha sufrido en 2022. Según sus cuentas, presentadas este jueves, la compañía ganó 2.290 millones de euros, un 56% menos.

Hasta ahora el mayor recorte de plantilla entre las tecnológicas lo ha afrontado Amazon, que ha despedido a 18.000 trabajadores. A continuación se han colocado el resto de multinacionales del sector: Google con 12.000, Microsoft con 11.800 y Meta (matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp) con 11.000. De las cinco grandes tecnológicas, la única que no ha anunciado despidos por el momento es Apple. En total el sector ha destruido casi 200.000 empleos en los últimos meses tras cerrar 2022 con 150.000 despidos.

DA

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, comunicó que la empresa despedirá a más de 18.000 trabajadores, aumentando la cifra que la compañía habría estado valorando, según informaciones publicadas a finales del año pasado.  Es el mayor recorte llevado a cabo por una de las grandes tecnológicas. Con un millón y medio de empleados, Amazon es la segunda empresa estadounidense con una mayor plantilla, solo por detrás de Walmart.

“Normalmente, esperamos para comunicar estos resultados una vez hemos podido hablar con las personas directamente afectadas. Sin embargo, como uno de nuestros compañeros de equipo filtró esta información al exterior, decidimos que era mejor compartir esta noticia antes para que puedan conocer los detalles directamente de mi boca”, explicó Jassy.

Para muchas empresas tecnológicas, la pandemia fue una época dorada gracias al cambio de hábitos de consumo. La vuelta a la normalidad, errores de estrategia, excesos de contrataciones y el frenazo de la economía han dejado una resaca de decenas de miles de despidos en el sector pese a la fortaleza del mercado laboral estadounidense, en el que la tasa de paro se encuentra cerca de los mínimos de los últimos 50 años.

“Tenemos la intención de comunicarnos con los empleados afectados (o, en su caso en Europa, con los órganos de representación de los trabajadores) a partir del 18 de enero”, agregó en un comunicado.

No obstante, Jassy remarcó que la compañía ha resistido dificultades economías inciertas en el pasado. “Estos cambios nos ayudarán a perseguir nuestras oportunidades a largo plazo con una estructura de costes más sólida”, afirmó.

“También soy optimista y creo que seremos ingeniosos, creativos y ágiles en este tiempo en el que no estamos contratando de forma expansiva y eliminando algunas funciones”, ha expresado, antes de destacar que “las empresas que duran mucho pasan por distintas fases”.

El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon estaba valorando en noviembre recortes de empleo entre sus plantillas de trabajadores corporativos y tecnológicos de hasta 10.000 empleados, según el diario 'The New York Times', citando fuentes conocedoras de los planes de la empresa.

La empresa cerró los nueve primeros meses de 2022 con unas pérdidas de 3.000 millones de dólares (2.900 millones de euros), frente al beneficio de 19.041 millones (18.408 millones de euros) del periodo que fue de enero a septiembre de 2021. De su lado, la facturación fue de 172.370 millones (166.642 millones de euros), un 1,2 por ciento más.

DA