Tras otras figuras reconocidas del fotoperiodismo español, como Samuel Aranda o Emilio Morenatti, en la presente edición del prestigioso World Press Photo el jurado seleccionó y premió el trabajo de Samuel Nacar y Luis Tato, este último natural de Daimiel (Ciudad Real) y cuyo reconocimiento se debe a su impactante reportaje titulado “Revuelta juvenil en Kenia”, que documenta la oleada de protestas que sacudieron el país africano durante el verano de 2024. Tato, que actualmente sigue documentando la situación desde el terreno, en el país africano, fue distinguido específicamente en la categoría de Reportaje Gráfico para la región de África. 

El trabajo de Tato es una impactante narración visual realizada en África que refleja con crudeza las manifestaciones juveniles que recorrieron Nairobi y otras ciudades kenianas, un movimiento que surgió como respuesta a la difícil situación socioeconómica del país. Las protestas, que alcanzaron su punto álgido en 2024, fueron impulsadas por jóvenes que se organizaron principalmente a través de las redes sociales. El movimiento se desencadenó inicialmente por una propuesta del Tesoro Nacional de Kenia de imponer impuestos adicionales sobre artículos de uso cotidiano, y fue alimentado por la ira ante las dificultades económicas, la corrupción sistémica, la brutalidad policial y la profunda desconfianza en la clase política. 

Aunque comenzó siendo un movimiento pacífico y simbólico, la respuesta del Estado fue descrita por Tato como “muy dura, con represión policial brutal, muertos, heridos y desaparecidos”. De ahí que, para el fotoperiodista, este galardón es una “gran motivación para seguir trabajando y alimentando ese fuego interno que necesitamos para hacer este trabajo”. Tato no ha dejado de reivindicar el papel crucial del fotoperiodismo en la visibilización de conflictos que a menudo quedan fuera de la opinión pública. Además, asegura que su labor no solo busca retratar momentos de crisis, sino también la diversidad de la vida en cualquier parte del mundo, intentando alejarse de estereotipos.

Este premio en 2025 consolida una trayectoria internacional destacada, siendo el tercer reconocimiento que recibe en este certamen. Tato, residente en Kenia, ya fue galardonado en 2018 como Mejor Fotoperiodista Joven del Mundo. Además, en 2020, una de sus fotografías sobre la plaga de langostas que asoló una zona de cultivos en Kenia fue seleccionada candidata a la mejor foto de aquel año. Dicha instantánea fue publicada en The Washington Post, uno de los medios donde frecuentemente se pueden ver sus trabajos.

Luis Tato no fue el único español distinguido en esta edición. El fotoperiodista barcelonés Samuel Nacar también fue premiado, en su caso en la categoría de Reportaje Gráfico de la región Asia Occidental, Central y del Sur. El trabajo de Nacar, “Las sombras ya tienen nombre”, documenta los testimonios de supervivientes de las cárceles del régimen sirio de Bashar al-Asad que sufrieron torturas. Los trabajos de estos dos españoles fueron elegidos entre 59.320 fotografías enviadas por 3.778 fotógrafos de 141 países. El galardón principal, el World Press Photo del Año 2025, recayó en la fotógrafa palestina Samar Abu Elouf por su retrato “Mahmoud Ajjour, nueve años”, que muestra a un niño de Gaza que perdió ambos brazos a causa de un ataque israelí. 

Las temáticas principales de la exposición World Press Photo 2025, que reúne 144 imágenes, se centran en los conflictos bélicos internacionales, como Gaza y Ucrania, la crisis medioambiental, la migración y la polarización política global. La muestra itinerante World Press Photo 2025 se exhibirá en más de 60 lugares del mundo. Precisamente estos días y gracias a la Fundación Photographic Social Vision, pueden verse las mencionadas fotografías en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 

Tato, junto a Nacar, se une a una larga lista de grandes profesionales del fotoperiodismo de nuestro país cuyos trabajos han sido reconocidos por este prestigioso certamen. Además de los mencionados Aranda y Morenatti, los nombres de Joan Costa, Fernando Moleres, Guillem Valle, Gustavo Cuevas, Pep Bonet, Cristina García Rodero, Miguel Ripa, Lorena Ros, José Cendón, Daniel Beltrà, Arturo Rodríguez, Moises Saman, Benito Pajares, Isabel Muñoz, Raúl Belinchón, Carlos Spottorno, Matias Costa, Fernando Marcos, Enric Martí, Tino Soriano, Cipriano Pastrano, Jorge Torres, Ricardo Dávila, Nelson Souto, Manuel Hernández, José Manuel Martos, Fernando Botan, Manuel Pérez o Pablo Giménez también figuraron en la lista de fotoperiodistas premiados para que sus trabajos diesen la vuelta al mundo.

El pasado domingo 11 de agosto, Rebecca Cheptegei cumplió el sueño de representar a su país en los Juegos Olímpicos de París. La atleta ugandesa, con récord nacional, iba con intención de poder optar a medalla, pero acabó desfondada y terminó en posición 44ª. Menos de un mes después, su exnovio, el keniano Dickson Ndiema, se coló en su casa de Endebess, en Kenia, le vació un bidón de cinco litros de gasolina encima y le prendió fuego. Cheptegei llegó al hospital con un 80% de quemaduras en su cuerpo y no ha sobrevivido al ataque.

Dos días antes, su familia había puesto una denuncia por violencia machista contra Ndiema ante la policía keniana. Sus padres habían decidido dar ese paso tras enterarse de que el hombre había perseguido a su hija desde Kenia hasta Uganda y que habían tenido una fuerte discusión por la propiedad del terreno donde habían construido una casa juntos, en una localidad del condado keniano de Trans-Nzoia. La atleta, que procedía de una región fronteriza de Uganda, se alojaba en la vivienda para estar cerca de los numerosos centros de entrenamiento atlético de Kenia.

La denuncia no sirvió de nada. “El Gobierno nos ha fallado porque informamos con suficiente antelación sobre su seguridad. Era evidente que su vida estaba en peligro”, dijo su padre, Joshua Cheptegei, a los medios.

El asesinato de la atleta ugandesa ha vuelto a evidenciar el grave problema de la violencia machista en el atletismo profesional en Kenia. Cheptegei no es la primera atleta asesinada. El homicidio de la joven atleta keniana Agnes Tirop en octubre de 2021 conmocionó al país y creó un movimiento por los derechos de las mujeres atletas. Con 25 años, Tirop acababa de conseguir el récord del mundo en la prueba de 10.000 metros y era la gran esperanza keniana cuando su expareja la asesinó a cuchilladas. Seis meses después, la también keniana Damaris Muthee Mutua fue asesinada por su marido. Tenía 28 años.

Un problema sistémico

Todas ellas pasaron por un sistema de abuso arraigado en el atletismo keniano. El control por parte de los hombres de la vida profesional y personal de las atletas africanas comienza desde la infancia. “A Agnes la manipularon desde que era muy pequeña”, explica a elDiario.es Violeta Cheptoo, atleta y amiga de Tirop. La séptima de diez hermanos de una familia sin recursos en el valle del Rift, Tirop comenzó a despuntar, como muchas atletas, corriendo al colegio. Con 11 años ya apuntaba maneras y unos años después conoció a Ibrahim Rotich, 15 años mayor que ella, con quien empezó a salir y quien se ofreció a ser su entrenador.

“Comienzan diciendo que te van a apoyar, que te conseguirán un agente y viajarás por el mundo. Dices que sí porque quieres huir de la pobreza y la única salida para una chica joven es ganarse la vida corriendo”, explica Cheptoo. Rotich convenció a Tirop para dejar el instituto y mudarse juntos. Cuando ella tenía 20 años ya se habían casado. “El hombre toma el control desde una edad muy temprana de tu vida. No puedes tomar ninguna decisión sin esta persona, todo depende de él”, cuenta la atleta. “Cuando las mujeres ganan dinero… los hombres son los primeros que corren al banco”.

El control de las finanzas suele estar detrás de la mayoría de casos de violencia de género en el atletismo keniano. En el condado de Elgeyo Marakwet, donde entrenan los atletas, hay una tasa de pobreza del 57% y en una sola carrera puedes ganar más que un trabajador medio en todo un año. Con su segundo puesto en la media maratón de Madrid en 2011, Rebecca Cheptegei consiguió 1.100 euros y un atleta suele correr una media de diez o doce carreras al año.

En la élite del atletismo, hacia donde apuntaba la carrera de Agnes Tirop, se puede llegar a cobrar más de un millón de euros al año. “El 90% de las veces es un tema de dinero”, explica Cheptoo. “El asesinato de Agnes fue un shock y ha abierto los ojos a muchas mujeres, sobre todo las jóvenes que ya saben que no deben dejarse aprovechar y ya toman medidas preventivas como poner sus propiedades a nombre de su madre”, añade.

Inacción y retrasos judiciales

Uno de los principales problemas es la falta de acción para prevenir y perseguir la violencia de género. La federación de Atletismo de Kenia no tiene ninguna directriz ni curso para abordarla ni tampoco el órgano rector del atletismo a nivel mundial, World Athletics.

A nivel nacional, el código penal sí castiga con un mínimo de 10 años las violaciones, pero en el caso de los abusos físicos o el asesinato no diferencia los casos de violencia de género. A ello se le suma la falta de eficiencia.

La familia de Cheptegei denunció los abusos pero no evitó que la asesinaran y el exnovio de Tirop sigue en libertad a la espera de juicio tras pasar dos años en prisión preventiva. Casi la mitad de los casos en la justicia keniana tarda más de tres años en resolverse. “Es necesario hacer justicia y debe ser rápida. Algunos casos se alargan hasta ocho años y mucha gente que no tiene recursos se da por vencida. Eso no es justicia y alienta a los violadores”, explica Cheptoo.

La Encuesta Demográfica y de Salud de Kenia de 2023 indicó que más de 11 millones de mujeres, o el 20% de la población, ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja y que cuatro de cada 10 la sufrirá a lo largo de su vida. Aun así, el 42% de las mujeres todavía cree que puede llegar a ser aceptable que su marido les pegue en un contexto donde el fracaso en el matrimonio viene asociado a ser juzgada como mujer. Dar el paso de denunciar es complicado ante la falta de aceptación y protección legal.

A finales de enero de este año miles de personas se manifestaron en Nairobi ante una oleada de violencia machista que llegó hasta los 14 asesinatos en menos de un mes. “En Kenia la violencia de género es una pandemia, la sociedad ha permitido que esto ocurra durante tanto tiempo que se ha convertido en parte de nuestras vidas”, dice Cheptoo.

Ante la falta de protección oficial, tras la muerte de Agnes Tirop, Cheptoo fundó junto a la familia de esta la ONG Tirop’s Angels para honrar su vida y ayudar a víctimas de violencia de género. La organización se focaliza en la educación y prevención en colegios e institutos y dos años después cuentan con un centro con dos psicólogos, en la localidad de Iten, capital del condado de Elgeyo-Marakwet, considerada una meca del atletismo porque es la localidad elegida por las grandes deportistas para entrenar.

Allí forman y dan terapia en cuatro grupos de apoyo según el perfil: mujeres, atletas retiradas, niñas con visos de futuro como atletas profesional y un último para hombres, a quienes la fundadora cree que es vital educar. “Empezamos un programa para enseñarles sobre violencia de género, cómo lidiar con el estrés y los malentendidos en las relaciones”, explica la atleta, que afirma que ve un cambio entre quienes han ido a su centro y quienes no. En su junta cuentan con atletas masculinos como Abel Kipchumba, Amos Kipruto y Lawrence Cherono que se involucran con la causa.

Ahora el siguiente objetivo es poder construir un hogar seguro para las víctimas, a las que de momento llevan a hoteles de manera temporal, y conseguir establecer un teléfono seguro con cobertura de 24 horas. “Nosotros solo somos una sola organización, si todos hicieran lo que hacemos, lograríamos un gran cambio”, dice la fundadora. “No podemos esperar hasta que alguien muera”.

DM

Javier Milei ha hecho campaña con una motosierra en mano para que este domingo lo elijan presidente. Con esa herramienta, en lugar de una tijera, busca demostrar que quiere acortar el gasto público en 14 puntos del PBI. Aunque habla de lo que gasta la “casta política”, en concreto podaría a las provincias, la obra pública, los subsidios a la energía y el transporte público, lo que él llama jubilaciones de privilegio y las empresas estatales, que cerrarían, se privatizarían o se transferirían a manos de los gremios. Si lo concreta, la Argentina pasaría de ocupar el puesto 59° en el ranking mundial de gasto estatal, al 146°, de los niveles similares a Namibia e Israel, país que él admira, a los de Kenia y Perú, según la base de datos 2023 del Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluye 196 países, a los que agregamos a Cuba, que no figura por no pertenecer a ese organismo. El FMI toma en cuenta los presupuestos nacionales y provinciales, no los municipales, que son mucho menores a los primeros.

La clasificación global de las naciones que más gastan está encabezada por tres de Oceanía que curiosamente son del grupo de las únicas diez del planeta que carecen de banco central, como plantea Milei: Nauru (129% del PBI), Tuvalu (112%, que hizo buenos negocios vendiendo su dominio de Internet .tv) y Kiribati (111%). La Argentina tiene 37,2% entre la Nación y las provincias. Apenas por encima están Australia (38,4%), Bulgaria (38,2%), la pobrísima Eritrea (37,9%), Bosnia Herzegovina (37,7%) y Namibia (37,3%) y por debajo, Israel y Bielorrusia (ambos, con 36,8%), Moldavia y Rumania (36,7%, los dos) y Lituania (36,5%).

La mayoría de los países desarrollados gasta más que la Argentina, aunque en forma más eficiente, de ahí los beneficios para su población. Son los casos de Francia (58,4%), Italia (56,8%), Finlandia (54%), Bélgica (53,6%), Austria (52,3%), Alemania (49,7%), Dinamarca (49,1%), España (47,8%), Suecia (46,7%), Islandia (46%), Portugal (45,6%), Reino Unido (45,1%), Países Bajos (44,5%), Japón (44%), Luxemburgo (43,3%), Nueva Zelanda (43,1%), Canadá (41,4%), Noruega (38,5%), Estados Unidos (38,5%) y Australia. O sea, el mundo desarrollado gasta mucho, pero bien. La calidad es lo que le falta a la Argentina.

Sólo Cuba (58%) y Brasil (43,3%) superan a nuestro país en sus egresos públicos en Latinoamérica. México está en 30,2%; Colombia, en 34,2%; Chile, en 26,5%; Perú, en 23%; Venezuela, en 11,9%: Uruguay, en 29,4%; Paraguay, en 24,6% y Bolivia, en 36,3%.

Si se aplicara la motosierra, la Argentina bajaría su gasto al 23,2% del PBI, un nivel que no tiene desde finales de los 90 y principios de los 2000. ¿Qué países tienen un presupuesto de ese monto? Honduras, 24,4%; la pobrísima Malawi, 24,3%; Malasia, 24,2%; Santo Tomé y Príncipe, 23,7% y Kenia, 23,4% quedarían inmediatamente por arriba, mientras que Perú, Belize (22,8%), Aruba y Panamá (22,7%, ambos) y Antigua y Barbuda (22,4%) figurarían apenas por abajo. De estos diez países, sólo los últimos tres mencionados gozan de una renta per cápita mayor que la de la Argentina, pero dos de ellos son paraísos fiscales caribeños. Y únicamente dos países desarrollados, a los que debería aspirar a imitar la Argentina, tienen un gasto similar o menor al que aspira Milei: Irlanda (22,1%) y Singapur (15,4%). El resto son naciones pobres o de ingresos medios menores a los argentinos.

En su proyecto de presupuesto 2024, Massa propone bajar el déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) del 1,9% del PBI que tiene como meta en 2023 al 0,9%. El ahorro de 0,8 puntos se basaría en un hipotético aumento de la recaudación tributaria por una mejor cosecha y una recuperación económica —ambas variables están en duda— y sólo 0,2 en recortes en subsidios energéticod, gastos de funcionamiento y giros a provincias. Es decir, con este plan, que hay que ver si se implementa en caso de ganar, la Argentina se mantendría en el puesto 59° del ranking mundial referido. Massa propone eliminar además exenciones tributarias para ahorrar otros 2 puntos del PBI y llegar a un superávit del 1%.

Algunos economistas alertan que con el incremento del gasto público para reforzar los ingresos de trabajadores y jubilados tras la devaluación de agosto y antes de las elecciones del domingo el déficit de 2023 rondará el 3%. Pero pese a esas subas de las erogaciones, Massa continúo silencioso con el ajuste que viene aplicando. El gasto primario se recortó en septiembre 3,2% interanual, con caídas en jubilaciones (-5,1%, porque los bonos no alcanzan a los haberes medios y altos), asignaciones familiares y universal por hijo (-34,7%), políticas alimentarias (-4,1%), subsidios energéticos (-50,5%, por suba de tarifas a los hogares de altos ingresos y por la reducción de importaciones por el gasoducto Néstor Kirchner), intereses de la deuda (-29,3%) y obras públicas nacionales (-3%), advirtió un reciente informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

A su vez, el referente económico de Bullrich, Carlos Melconian, propone una baja del gasto mayor que la ejecutada por Massa y menor a la motosierra de Milei: 6% del PBI. Para ello, podaría de varios lados: desde el gasto jubilatorio hasta los planes sociales y las subvenciones a la energía y el transporte público. “Lo nuestro es cirugía, es la antítesis de la motosierra, es surcir un 0,1% (del PBI) acá y un 0,2 allá”, explicó Melconian en el último coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). “Lo del yate del Mediterráneo no es gasto publico, es coima. No hay un rubro presupuestario donde dice yate”, provocó la risa del público. “No existe el gasto de la política metido en eso, salvo que quieras cerrar el Congreso.”

Si se aplicara la receta de Bullrich y Melconian, el gasto descendería a 31,2% del PBI y la Argentina caería al puesto 94° en el mundo, es decir, a la mitad de tabla. ¿Qué países erogan a ese nivel? Surinam (31,5%), Albania y la paupérrima Burkina Faso (31,3%), Barbados y Argelia (31,2%), Marruecos (31%), Eswatini (30,9%), México, Sierra Leona (30,2%) y Liberia (29,8%), otras dos de las naciones con más penurias del planeta.

En el mismo coloquio de IDEA, el presidente de Invecq Consultora Económica, Esteban Domecq, expuso sobre gasto público y advirtió: “Gastamos mucho, pero gastamos mal”. Pese a que el público empresario pedía recortes, Domecq, asesor de IDEA, puso más énfasis en mejorar la calidad del gasto público que en podarlo. Y advirtió que las erogaciones de la política que menciona tanto Milei representa una porción ínfima del problema: en la Nación es el 0,9% del PBI; en las provincias, el 1,1% y en los municipios, el 0,8%, si se mide el promedio de 2016 a 2021. Domecq calculó que el gasto público total, incluidos tres puntos que aportan los presupuestos municipales, llega al 40,9%, de los cuales el de administración gubernamental (poderes Ejecutivo y Legislativo) representa el 2,8%.

La Justicia es el 1,2% del PBI; la defensa y la seguridad, el 2,8%; la educación, el 5,8%; la salud, el 6,4%; el agua y el alcantarillado, el 0,5%; la vivienda y el urbanismo, el 1%; la asistencia social, el 1,9%; la previsión social (jubilaciones, asignaciones), el 11%, con lo que es el principal rubro; el trabajo, el 1,4%; otros servicios urbanos, el 1%; el apoyo a la producción primaria, incluido el campo, el 0,4%; la energía y el combustible, que contempla las subvenciones y las obras como el gasoducto Kirchner, el 2%; la promoción de la industria, apenas el 0,2%; el transporte y la comunicación, que abarca subsidios y obras, el 2,2%, y otros servicios económicos, el 0,3%. Los intereses de la deuda, el 3,8%, con lo que es el cuarto ítem de mayor peso, tras la seguridad social, la salud y la educación. Si se compara el periodo analizado con el lapso 1991-1995, cuando gobernaba Carlos Menem, ídolo de Milei, las partidas que más aumentaron desde entonces fueron educación, 1,8 puntos del PBI; salud, en el mismo tamaño; las jubilaciones, pensiones y asignaciones, 2,8 puntos; la asistencia social, en 0,9; la energía, un punto, por las ayudas en las tarifas que repartió el kirchnerismo; el transporte, en 1,2, por el mismo motivo; y los intereses de la deuda, en 1,7 puntos, por lo que contrajeron sobre todo Menem y Mauricio Macri.

Domecq se basó en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que advierte que el gasto “ineficiente” en la Argentina es el más alto de la región, según datos de 2015 y 2016. Llega aquí al 7,2% del PBI, por encima del 6,3% de Bolivia y el 4,8% de Colombia, y en contraste con el 1,8% de Chile, el 2,5% de Perú y el 3,7% de Uruguay. ¿En qué se malgastan esos 7 puntos de la economía? Según el BID, en remuneraciones a empleados (1,4% del PBI), en compras públicas (1,3%) y filtraciones de transferencias (4,5%), es decir, subsidios a quienes no los necesitan o por duplicado a las mismas personas. En programas sociales se pierde indebidamente 1,9 puntos del PBI; en subsidios a la energía, 2,3 puntos, porque se ayudaba hasta hace poco a la clase alta y se sigue subvencionando a la media; y en exenciones tributarias, lo que quiere acotar Massa, un 0,3.

AR/JJD

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó ya el 2 de octubre con 13 votos favorables de sus 15 miembros, y la  abstención de China y Rusia, el despliegue de una misión multinacional de apoyo durante 12 meses, bajo el liderazgo de Kenia  y en colaboración cercana con el gobierno nacional, para la seguridad de Haití. Este país ocupa en el mar Caribe uno de los dos extremos, el occidental, de la isla de Española, cuyo otro extremo ocupa la República Dominicana. Al declarar en 1804 su independencia de Fancia, fue la primera nación americana en proclamar en el siglo XIX su emancipación de las potencias imperiales europeas. Fue, también, la primera república negra del mundo, algo que Occidente, al parecer, nunca le ha perdonado. Hoy Haití se ve sumido en una imparable escalada de  violencia, el más empobrecido de América Latina y el Caribe, y uno de los más pobres del mundo. El lunes 9 de octubre, la Corte Suprema de Kenia prohibió, temporalmente, el despliegue de fuerzas a otros países

Durante los últimos meses, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  António Guterres, habían pedido el envío de personal especial para hacer frente a la creciente crisis de seguridad del país. El reclamo fue enfáticamente reiterado el 22 de septiembre, en el discurso del  primer ministro Henry ante  la Asamblea General de la ONU. Caracterizó la crisis que padece su país como “estructural y muldimensional”  acentuada por el flagelo de la violencia actuada por las pandillas y declaró: “en nombre de las mujeres y niñas violadas cada día, de las miles de familias expulsadas de sus hogares, de los niños y jóvenes de Haití, a quienes se les ha negado el derecho a la educación y a la instrucción, en nombre de todo un pueblo que es víctima de la barbarie de las pandillas, insto a la comunidad internacional a actuar rápidamente”.

A pesar de que anteriores intervenciones en Haití  para mantenimiento de la paz causaron sonadas controversias, Kenia había anunciado a finales de julio que estaba dispuesta a asumir el papel de nación líder y desplegar una fuerza de 1.000 efectivos en el empobrecido país caribeño.

Hasta el momento, EEUU y Brasil, los dos países más grandes del continente americano, rehusaron a que sus fuerzas participen en una intervención. Esa cautela refleja las dudas que causa enviar un número considerable de soldados dos años después del retiro de EEUU de Afganistán y la fatiga de muchos gobiernos del hemisferio ante las crisis casi perpetuas en Haití.

Las conversaciones en torno a la propuesta de Kenia se iniciaron hace dos años y comenzaron a concretarse este 2023, según informó el ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, Alfred Mutua. Otra motivación para Kenia fue inspirar la unidad panafricana y mostrar solidaridad con el pueblo de Haití, donde “las personas esclavizadas organizaron la revolución para liberarse de los franceses”, señaló Mutua en clara referencia al primer movimiento revolucionario en América Latina de 1804,  que culminó con la abolición de la esclavitud en la ex colonia francesa de Saint-Dominge. “No está en duda que vayamos a Haití: sin duda, vamos a ir”, declaró Mutua. “Estamos convencidos”.

El decidido convencimiento expresado por el Ministro entró en pausa. El 9 de octubre, la Corte Suprema de Kenia prohibió, temporalmente, el despliegue de fuerzas de seguridad a otros países por dos semanas, cuando se revisa la denuncia de Ekuru Aukot, un excandidato presidencial, quien presentó una petición el 5 de octubre contra el despliegue de fuerzas kenianas, argumentando que la ley que permite al presidente tomar tal acción viola la Constitución. La petición de Aukot además critica al presidente William Ruto por acceder a encabezar tal misión en momentos en que Kenia tiene sus propios problemas de seguridad derivados de ataques milicianos y episodios de violencia étnica.

Haití, la violencia de este mundo

Haití padece una espiral de violencia y protestas que desde 2018 cubrieron sus calles. Sin embargo, no se previó entonces la magnitud que alcanzaría principalmente después del magnicidio del presidente  Jovenel  Moïse,  asesinado el 7 de julio de 2021, en su residencia privada en el distrito Pelerin 5 de Pétion-Ville, un enclave rico en las colinas de la ciudad donde vive la élite política y empresarial de Haití, uno de los países con mayor desigualdad de la región aún más marcada por su vulnerabilidad a los peligros naturales, principalmente huracanes, inundaciones y terremotos. Más del 96 % de la población está expuesta a este tipo de shocks.

Como otras veces, el gobierno de Haití ha vuelto a pedir la asistencia e intervención extranjera;  un ‘Estado asistido’, expresión que afina el concepto de  ‘Estado fallido’, acuñada por Jake Johnston, investigador del Center for Economic and Policy Research en Washington.  “Un ‘Estado asistido’, es un país [donde] las instituciones actuales han sido conformadas más por actores externos que por los internos. Eso se ha manifestado […]… no en menor medida por el hecho de que desde la dictadura de [Baby Doc] Duvalier (que concluyó en 1986), la asistencia ha pasado por alto al Gobierno, lo que ha tenido un efecto profundamente corrosivo”. A la observación se suma que  las políticas económicas fueron impuestas por bancos multilaterales, como el FMI, que redujo los subsidios a la agricultura. La educación y el sistema de salud han sido entregados a actores privados, como ONG.  El resultado fue “una separación entre el pueblo y un Gobierno que no está gobernando”. Una profunda desconexión entre una clase gobernante que apenas gobierna, extraída de la élite rica, y los apenas gobernados,  en el asolado escenario haitiano, donde  se despliega desde la falta de servicios públicos, la pobreza rampante, la explotación medioambiental y hasta la  criminalidad violenta representada por las pandillas.

El poder de las pandillas

El uso político de las pandillas en Haití se remonta a los años ‘60, cuando el dictador François Duvalier apodado Papa Doc, creó los Tonton Macute, una fuerza civil a manera de ejército privado que sembró el terror entre la población durante décadas. Cuando el depuesto tres veces presidente Jean-Bertrand Aristide, el primero en ser elegido democráticamente en la isla, regresó al gobierno en los años 2001-2004 y también creó su propia banda armada, los chimères, con su base en Cité Soleil. Moïse y su predecesor, Michel Martelly (2011-2016), utilizaron pandillas vendidas al mejor postor para controlar la franja costera en la que se concentra un gran número de votos e históricamente han sucedido las movilizaciones políticas. Cuando Moïse fue asesinado, las pandillas decidieron que ya no era necesario servir de intermediarias a los políticos. “¿Por qué iban a aceptar ser utilizadas si podían gestionar el negocio ellas mismas?”

Progresivamente,  las bandas se fueron apoderando de una zona tras otra de la ciudad capital de Puerto Príncipe.  “Entre el 1 de enero y el 15 de agosto 2023  al menos 2.439 personas murieron y otras 902 resultaron heridas por la violencia de pandillas en Haití”, declaró Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, el 18 de agosto  en una conferencia de prensa en Ginebra. Agregó que, “desde el 24 de abril hasta mediados de agosto, más de 350 personas fueron linchadas por la población local y grupos de autodefensa”,

Los combates provocados por  las bandas, que controlan el 80% del territorio capitalino, son frecuentes y aterrorizan a la población con gran brutalidad y también violencia sexual. La cantidad de secuestros ha aumentado drásticamente. Últimamente, se produjo un movimiento contra las bandas, por parte de personas que quieren tomar la justicia por su mano, formado en gran parte por haitianos de dela capitalina Puerto Príncipe. Sus miembros suelen usar machetes en lugar de armas, y son conocidos por propinar castigos brutales en las calles. Aunque el estallido de la justicia popular hizo que los secuestros y asesinatos cometidos por las bandas disminuyeran temporalmente, su resurgimiento en las últimas semanas ha originado una nueva fase de disturbios. Casi 200.000 personas están desplazadas en todo el país, según la Organización Internacional para las Migraciones; la mayor concentración de estos refugiados internos se encuentra en Puerto Príncipe, donde miles de personas permanecen en albergues

La violencia empeora además la de por sí precaria situación de abastecimiento. Casi la mitad de los once millones de habitantes de Haití sufren de hambre, según las Naciones Unidas. 

Cuestionamientos a la misión internacional liderada por Kenia

La eventual llegada de las fuerzas autorizadas por la ONU y lideradas por Kenia reanima preocupaciones arraigadas en Haití respecto a las intervenciones extranjeras como así también la falta de confianza en las fuerzas de seguridad kenianas, debido   por su historial de abusos de DDHH y corrupción. A la vez, cursan dudas respecto a la eficacia del número de efectivos (1000 agentes de policía kenianos y varios cientos de oficiales o soldados de países caribeños, entre los cuales se encuentran Jamaica, Bahamas y Antigua y Barbuda) de quienes se duda de que posean el conocimiento necesario de los barrios pobres y los cerros para un eficaz control de las pandillas.  A la vez, una desaprobación generalizada respecto a la medida adoptada por el gobierno debido a su decisión de invertir dinero en fuerzas extranjeras en vez de fortalecer a la policía local.

Las reservas ante el número de los efectivos que eventualmente llegarían a Haití,  se comprende en la comparación con el aplicado en 1994, cuando intervino una fuerza liderada por EEUU e integrada por 21.000 soldados, y otra más, enviada por Brasil en los años 2004-2017, que llegó a estar conformada por hasta 13.000 soldados.

Las fuerzas de seguridad  de Kenia bajo la lupa

Desde hace tiempo, las fuerzas de seguridad de Kenia han participado en despliegues militares en el extranjero; han prestado servicios en países como Líbano, Sierra Leona y Sudán del Sur. Kenia tiene 445 miembros de su personal en misiones de paz de Naciones Unidas, según datos de la ONU. Algunos soldados kenianos también participaron en otra misión de paz de la Unión Africana en Somalia y en un nuevo grupo operativo regional que fue desplegado en la volátil región del este de la República Democrática del Congo.

Sin embargo, tanto en el interior del país africano como en el extranjero, las fuerzas de seguridad de Kenia están bajo escrutinio por sus acciones. En Somalia, se ha acusado al ejército de Kenia, aliado clave de Naciones Unidas en la lucha contra el extremismo islámico, de facilitar y aprovechar exportaciones ilícitas de carbón de leña y azúcar. Los agentes de la ley kenianos también han sido condenados por grupos defensores de DDHH que los acusan de utilizar fuerza excesiva, cometer asesinatos extrajudiciales y realizar detenciones arbitrarias. Estas acciones se constataron durante la pandemia, cuando se acusó a su fuerza policiaca de matar a decenas de personas para hacer cumplir los confinamientos. La policía de Kenia también asesinó por lo menos a 30 personas que participaban en manifestaciones contra el gobierno este año, según datos de Amnistía Internacional.

En vista de este historial, tanto activistas como grupos defensores de DDHH en Kenia y otros países han criticado la decisión de enviar a la policía de ese país a Haití. Muchos han expresado sus preocupaciones al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como al gobierno de EEUU y otros más, y los han instado a dejar de apoyar el plan. “La policía keniana va a exportar su brutalidad a Haití”, afirmó Otsieno Namwaya, director para África Oriental de Human Rights Watch.

El ministro Mutua calificó esas preocupaciones como “palabrería” y detalló: “Hay una razón por la que Estados Unidos, Canadá, todas las naciones caribeñas, y muchas naciones del mundo le están pidiendo a Kenia que asuma el liderazgo”, dijo. “Es porque confían en la profesionalidad de la policía keniana”.

“Estados Unidos debería dirigir una misión de mantenimiento de la paz”, afirmó el ex enviado especial del gobierno de Biden a Haití, Daniel Foote. “No necesitan enviar 10.000 soldados. Deben mandar tipos de las Fuerzas Especiales que bajen y descubran cómo abrir las vías y perseguir a las bandas”, concluyó Foote.

Numerosos haitianos se hacen eco de las preocupaciones de los grupos kenianos defensores de DDHH y resaltan las intervenciones recientes como prueba del daño que le causan al país. La confianza en Naciones Unidas se fue a pique en Haití después de que ciertas investigaciones demostraron que la falta de aseo de las fuerzas de paz de ese organismo, enviadas a Haití tras el terremoto de 2010, causó uno de los brotes más mortíferos de cólera en la era moderna, con un saldo de por lo menos 10 mil personas fallecidas.

AGB

La policía de Kenia usó este miércoles gases lacrimógenos en varias partes del país para dispersar las protestas convocadas por la oposición contra una subida de impuestos, en medio de tensiones por la fuerte represión de las manifestaciones anteriores, que dejaron decenas de muertos.

Las principales carreteras de Nairobi amanecieron desiertas este miércoles y muchas tiendas y negocios han permanecido cerrados toda la mañana, por temor de posibles disturbios.

Las autoridades también han ordenado el cierre de los colegios en varias partes del país hasta al menos el próximo lunes.

Pese a la visible tensión en las calles, centenares de kenianos protestaron en Nairobi y otras ciudades del país, como Kisumu (oeste), Mombasa (sur) y Nakuru (centro).

En algunas partes levantaron barricadas y quemaron neumáticos en las carreteras para intentar impedir el paso de la Policía, que ha desautorizado las manifestaciones.

“Si bien el Artículo 37 de la Constitución garantiza el derecho de reunión y manifestación, las protestas recientes, que dejaron destrucción de propiedades, lesiones y pérdidas de vidas, indican claramente que no son más que una amenaza para la seguridad nacional”, señaló en un comunicado este martes el inspector general de la Policía keniana, Japhet Koome.

Está previsto que las protestas, convocadas por el líder de la oposición de Kenia, el ex primer ministro Raila Odinga, se prolonguen hasta el próximo viernes.

En el último año, el opositor lideró numerosas protestas en contra de la subida de los precios de los alimentos básicos y del Gobierno del presidente William Ruto, a quien acusa de haber manipulado los resultados de las elecciones de agosto de 2022.

Así, Odinga -que obtuvo el 48,85 % del sufragio- no reconoce los resultados electorales, pese a que el Tribunal Supremo rechazó su recurso contra el triunfo de Ruto, con el 50,49 % de los votos.

A menudo, las fuerzas de seguridad disparan tanto munición real como gases lacrimógenos para dispersar sus manifestaciones.

La semana pasada al menos 23 personas murieron en las últimas protestas convocadas por el opositor, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Además, las ONG pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) documentaron las muertes de al menos 16 personas en las manifestaciones del pasado mayo, la mayoría por los disparos o los golpes de las fuerzas de seguridad kenianas.

La tensión y el descontento social han ido en aumento en las últimas semanas, después de que el presidente aprobase el pasado 26 de junio una nueva ley que, entre otras medidas, supondría la subida de los impuestos sobre el combustible hasta el 16 %.

EFE.

IG

Unos 26 cuerpos fueron exhumados este domingo en el este de Kenia, lo que elevó a 47 el número de cadáveres descubiertos por la policía en tres días, como parte de una investigación sobre la muerte de seguidores de una secta. Todas estas personas habrían fallecido de hambre después de ayunar con el objetivo de “encontrarse con Jesús”, anunció este domingo el Directorio de Investigaciones Criminales (DCI) de Kenia.

Las tumbas estaban en el bosque de Shakahola de Malindi, que pertenece al condado costero de Kilifi. Entre los muertos identificaron a algunos niños, enterrados junto a los que parecen ser sus padres o familiares.

“A primera vista, se han cometido crímenes a gran escala según la ley de Kenia y el derecho internacional. Si bien el Estado respeta la libertad religiosa, esta horrenda plaga debe llevarnos al castigo más severo posible para el o los perpetradores y a una regulación más estricta”, señaló este domingo el ministro de Interior keniano, Kithure Kindiki, a través de su cuenta de Twitter. Así, Kindiki, que viajará a la zona de los hechos el próximo martes, ordenó que refuercen la presencia policial en la zona.

Todo comenzó durante la semana pasada cuando las autoridades encontraron los restos de cuatro adeptos de la Iglesia Internacional de la Buena Nueva (Good News International Church), dirigida por Makenzie Nthenge, quien habría instado a sus seguidores a ayunar para “conocer a Jesús”. Los investigadores intervinieron en la zona a raíz de una información que apuntaba a una posible fosa común.

Una mujer fue hallada el domingo por las autoridades con los ojos desorbitados y rechazó alimentarse antes de ser trasladada en una ambulancia. Otros 11 fieles de entre 17 y 49 años, siete hombres y cuatro mujeres, fueron hospitalizados la semana pasada tras ser socorridos en el bosque de Shakahola.

Nthenge, jefe de la secta, acudió el 15 de abril a la policía antes de ser detenido. Una fuente policial afirmó que el sospechoso inició una huelga de hambre y que “reza y ayuna” mientras está arrestado.

Según medios locales, seis seguidores de Nthenge también fueron detenidos.

En un informe, la policía indicó que había sido informada de varias personas “muertas de hambre con el pretexto de conocer a Jesús después de que un sospechoso, Makenzie Nthenge, pastor de la Iglesia Internacional de la Buena Nueva, les lavó el cerebro”.

Según medios locales, Nthenge había sido detenido e inculpado el mes pasado, después de que dos niños murieron de hambre mientras eran cuidados por sus padres. Pero pagó una fianza de 100.000 chelines kenianos (unos 740 dólares) y fue liberado.

MB con información de agencias

En Kisii, una ciudad en el suroeste de Kenia, un decadente edificio al borde de la carretera alberga una farmacia. Unas estrechas ventanas rotas permiten que entre la luz justa para iluminar las desnudas estanterías del dispensario. La planta baja está dividida en dos pequeñas salas, una de ellas cubierta con telas para tapar lo que esconde detrás; en la otra, se puede divisar una cama individual por un hueco que han dejado las cortinas.  

Al igual que muchas otras farmacias de la zona, esta tiene una doble función para servir igualmente como clínica. La montó Lilian Kemunto*, una antigua enfermera quirúrgica, cuando se jubiló en 2018. Lo que más hace son reconocimientos médicos, pero también ofreció la mutilación genital femenina (MGF) bajo demanda. 

Kemunto realizó mutilaciones desde los años 90, después de aprender técnicas quirúrgicas básicas de compañeros de trabajo, hombres, en el hospital local donde trabajaba. Los cortes en el hospital los hacía por la noche, pero era arriesgado, cuenta, porque la dirección no lo aprobaba. “Nos decían: 'Hazlo y punto, pero si te descubren, estás sola'”.

Prefería cortar a las niñas en una casa particular, en mitad de la noche, dice que era mucho más fácil: “Para las seis de la mañana, las niñas ya estaban de vuelta en sus propias casas, como si nada hubiera pasado”.

De celebración a actividad privada

En la región de Kisii, la medicalización está normalizada. Dos de cada tres casos de mutilación genital femenina los realizan sanitarios, lo que contrasta con la mayor parte del país, en el que el 70% de las mutilaciones las realizan curanderos tradicionales.

La demanda de estos servicios se dispara durante las vacaciones de diciembre, cuando las comunidades acostumbran a celebrar el rito de iniciación. Sin embargo, el Covid-19 afectó al calendario escolar, lo que hizo los patrones algo menos predecibles. Con la medicalización, esta práctica pasó de ser una actividad comunitaria caracterizada por una celebración pública a ser una actividad privada. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos dicen que esta tendencia hace más difícil monitorizar la situación, y Unicef califica la medicalización como “una de las mayores amenazas” para eliminar la mutilación genital femenina.

“Es muy difícil descubrir quién está haciendo qué”, dice Esnahs Nyaramba, una activista anti-MGF que monitoriza e informa sobre esta práctica. “Mientras siga habiendo un mutilador y una persona a mutilar, hay trato”. 

Nyaramba dice que muchos padres llevan a sus hijas a la mutilación bajo la tapadera de otro servicio médico. Ella usa a personas que están dentro, como enfermeros o guardias de seguridad, para obtener información sobre cuándo sucederán las mutilaciones y colabora con la policía para evitarlas.

Su organización, Onsembe, forma parte del movimiento ciudadano #FrontlineEndingFGM (Frente para Acabar con la MGF), que proporciona información minuto a minuto sobre dónde y cuándo suceden mutilaciones genitales femeninas. Los organizadores dicen que esto facilitó presionar a las autoridades locales para que actúen.

Mutilación “moderna”

Las cifras de MGF en Kenia bajaron de forma significativa en la última década. El país aprobó duras leyes en 2011, impuso altas multas a quienes la practicaran y aumentó la vigilancia para el cumplimiento de la Ley. Pero ahora la medicalización supone un nuevo reto para esta nación del África oriental, que tiene unas tasas de medicalización de un 15%, una de las más altas del continente.

A principios de este mes, el presidente keniano, William Ruto, mostró su respaldo al presidente del Tribunal Supremo del país y máxima figura del sistema judicial, que dijo que la mutilación genital femenina “no debería ser un debate en la Kenia del siglo XXI”, y reiteró el compromiso de su Administración con la erradicación de esta práctica. Alrededor de 475.022 niñas corren el riesgo de ser sometidas a la MGF en Kenia entre los años 2022 y 2030, y el 75% de las niñas son sometidas a la mutilación entre los ocho y los 14 años.

Kemunto hizo menos mutilaciones en los últimos años a causa de las medidas del Gobierno. Desde que se jubiló, solo mutiló a cinco niñas: una en 2021 y cuatro en 2020, frente a “varias” en los años anteriores. “Tenemos miedo”, dice, y añade que una mutilación mal hecha es la forma más fácil de que te descubran.

Kemunto dice que intenta evitar contratiempos y, como mínimo, necesita algo de anestesia, una hoja de bisturí, gasas esterilizadas y una solución antiséptica para proceder. También asegura no emplear un procedimiento invasivo: una incisión pequeña del clítoris que quienes la practican denominan “firma”. 

La práctica de la mutilación genital femenina en Kisii se considera menos dura que en otras zonas, y a los activistas contra la MGF les preocupa que se produzca una creciente aceptación de esta práctica como si fuera más segura, higiénica y superficial. 

Tradicionalmente, en Kisii realizaban la mutilación genital femenina como una forma de controlar la libido de la niña, pero los sanitarios dicen que hubo un cambio. “Algunos padres sienten que es una forma de cumplir con su cultura de una forma moderna”, dice Ruth Mogaka, una enfermera jubilada y orientadora que trabajó durante años en uno de los mayores hospitales de la zona.

8 euros por mutilación

Algunas de las madres que llevaron a sus hijas a la clínica de Kemunto eran de Nairobi, la capital de Kenia, y los sanitarios dicen que todavía se practica entre algunos pequeños sectores de la Kisii urbana y formada.

La cantidad de clínicas sin licencia en Kisii creció de forma significativa en el último par de años debido a unos servicios sanitarios pobres e inadecuados en los hospitales públicos, según trabajadores sanitarios y grupos de defensa de los derechos humanos. Quienes llevan estas clínicas a menudo son enfermeros, técnicos de laboratorio, sanitarios, auxiliares de hospitales o trabajadores sociales especializados en el ámbito de la salud que han trabajado en la ciudad y vuelven a su lugar de origen, donde la gente confía en ellos para realizar la mutilación, aunque no estén cualificados para llevar a cabo incisiones quirúrgicas.

“En las zonas rurales llaman daktari (doctor) a todo el que trabaje en un hospital”, dice Mogaka. 

La “clínica” de Kemunto no es única en la región. “Todo farmacéutico tiene una trastienda”, dice Carol Makori*, una médica jubilada de la zona, en referencia a la trastienda habitual de las farmacias, que se emplea para mutilaciones genitales femeninas y otros servicios médicos ilegales de objetivo muy diverso. “Es una sala de consulta, una sala para realizar revisiones, una cama”, dice. “Es un buen negocio. La gente quiere el servicio y quiere que sea tan discreto como sea posible”.

Dice que ella no realiza cortes, pero uno de sus familiares más cercanos, que cobra 1.000 chelines kenianos (menos de 8 euros) por la mutilación, dice que es “pesa pap” (“dinero rápido” en lenguaje callejero). Los sanitarios y quienes buscan el corte se suelen localizar mutuamente gracias a personas de confianza. Como las autoridades están tomando fuertes medidas contra la práctica, estos círculos de confianza se están volviendo cada vez más cerrados.

Evitar su aceptación

Los datos de 2014 sitúan la prevalencia de la MGF en Kisii en un 84%, la tercera tasa más alta del país. Sin embargo, informes más antiguos a su vez registraron una oposición del 87% a esta práctica en la comunidad de Kisii, la cifra más alta en distintos grupos étnicos. Los agentes de género de la región dicen que cada vez son más palpables las tensiones entre las mujeres que apoyan la práctica y las que no.

Los líderes comunitarios están seguros de que los datos actuales no reflejan la tendencia a la baja de los últimos años. 

Sin embargo, también es común que se niegue tajantemente su práctica. “En nuestra zona no tenemos MGF”, dice un jefe de la localidad de Masongo en Kisii, Wilta Omosa. Pero los informes de grupos de defensa de los derechos humanos afirman que el pasado noviembre se cerró, como mínimo, una clínica por realizar las mutilaciones. Los activistas dicen que se sabe que algunas autoridades locales se han preocupado por mantener la práctica, con una aplicación laxa de la vigilancia y, en los peores casos, alertando a los perpetradores. 

Históricamente, se llevaron a cabo más esfuerzos en acabar con la mutilación genital femenina tradicional, que a menudo incluye el uso de instrumentos sin esterilizar, es sin anestesia y se hacen cortes más graves, dice Jack Onyando, un experto en protección de la infancia de Unicef. Onyando dice que las campañas contra la MGF deben implicar más a las asociaciones y sindicatos de profesionales sanitarios para que la práctica no alcance una aceptación mayor.

“Es violencia”, dice. “La visión de las [distintas] comunidades de que podría ser una forma más segura de mutilación genital femenina es lo que nos preocupa. A los profesionales como nosotros, esto nos está llevando de vuelta al punto de partida”.

* Se han cambiado los nombres para proteger las identidades de estas personas.

Traducción de María Torrens Tillack

CK