El 90,4 % de los peruanos desaprueba la gestión del Congreso y el 81,6 % la de la presidenta Dina Boluarte, indicadores que crecen desde enero de 2023, según recoge una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) divulgada este lunes.

El sondeo, encargado por el diario La República al IEP, mostró que solo el 10,8 % de los encuestados aprueba a Boluarte en julio, un dato que varía del 19,3 % de enero de 2023 y que ha ido bajando cada mes desde entonces.

La desaprobación del 81,6 % de la presidenta es mayor en los niveles socioeconómicos más bajos (86 %), en el centro (89 %) y sur (87 %) del país, en el ámbito rural (87 %) y entre aquellos que se identifican como de izquierda (93 %).

Y por el otro lado, el 90,4 % de los encuestados rechazan al Congreso frente al 6,2 % que aprueban su labor y el 3,4 % no sabe o no responde.

La institución tiene una alta desaprobación en todos los segmentos, pero el IEP observa un mayor respaldo entre quienes se identifican como de derecha (11 %) y quienes aprueban la gestión de Boluarte (30 %).

En cuanto a la solución a la crisis que vive el país, un 80 % opina que tendría que haber elecciones generales antes de 2026, mientras que el 15 % cree que se debería quedar Boluarte hasta 2026 (año en el que finalizaría su mandato).

El pedido del adelanto de elecciones es del 73 % en Lima, en otras zonas del país este supera el 80 %, y es más alto entre las mujeres, en los niveles socioeconómicos bajos, entre quienes tienen de 25 a 39 años y personas que se consideran de izquierda y de centro.

Acerca de las protestas antigubernamentales convocadas para julio, el 58 % se siente identificado, frente al 33 % que no lo hace.

Jóvenes de centro e izquierda de nivel socioeconómico bajo y que viven en la parte central del país son los que más apoyan las manifestaciones.

Finalmente, el sondeo preguntó a los encuestados si creen que Perú es una democracia, a lo que el 51 % respondió que sí, lo que representa seis puntos menos que en febrero, cuando el 57 % de los ciudadanos respondió positivamente.

Mientras que en febrero y marzo de 2019 esta cifra llegó al 66 %.

Los peruanos que más opinan que el país no es una democracia se encuentran en el sur y se identifican de centro o izquierda.

La encuesta se realizó del 15 al 19 de julio a 1.206 entrevistados distribuidos en 24 departamentos, 151 provincias y 448 distritos, y sus resultados tienen un error máximo estimado de más o menos 2,8 puntos a nivel nacional.

Con información de EFE.

IG

Al menos seis personas fueron detenidas y once resultaron heridas durante las protestas que se dieron en Lima y otras ciudades peruanas en reclamo por la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de las elecciones.

“Durante las manifestaciones públicas en el centro de Lima, se reportan: 11 atenciones (médicas), de los cuales cuatro fueron hechas en el mismo lugar por las brigadas de salud y tres fueron evacuados al Hospital Nacional Dos de Mayo y ya fueron dados de alta. Asimismo, otras cuatro personas fueron evacuadas al Hospital Nacional Arzobispo Loayza donde continúan siendo atendidas para descartar fractura de cúbito y radio, traumatismos, entre otros”, indicó el Ministerio de Salud. La Defensoría del Pueblo, por su parte, reportó ocho heridos, entre ellos, dos policías.

La protesta principal tuvo lugar en Lima, donde dos periodistas que cubrían la movilización resultaron heridos: uno por el impacto de una piedra en la cabeza y otro por un perdigón de la Policía. En este marco, el ministro del Interior, Vicente Romero, destacó que los efectivos no utilizan perdigones y destacó la alta moral del cuerpo policial. “Obviamente siempre se presentan algunos deslices, pero que son producto de la propia interacción del desarrollo mismo de estos movimientos que se hacen en la calle”, sostuvo.

Pese a las declaraciones del funcionario, los medios registraron imágenes en las que los efectivos disparan directamente al cuerpo de los manifestantes con material antidisturbios. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los incidentes estallaron luego de que quienes protestaban agredieran a las fuerzas de seguridad con piedras y palos, por lo que fueron reprimidos con gases lacrimógenos.

De acuerdo con Boluarte, pese a estos enfrentamientos, quienes se movilizaron lo hicieron en general sin recurrir a la violencia. “Reconocemos a los ciudadanos que en su mayoría se manifestaron pacíficamente, eso es bueno. Entre la paz y el diálogo sincero podemos llegar a buenos consensos que resuelvan los problemas del país y no de intereses políticos”, aseguró la presidenta.

La propuesta dialoguista de la mandataria se enfrenta a altísimos niveles de desaprobación: su gobierno y el Poder Legislativo exhiben una imagen negativa del 80% y 90% respectivamente. “Pedimos adelante de elecciones, ni Boluarte ni el Congreso deben seguir, su permanencia agrava la crisis. Es lamentable que el Ejecutivo y Legislativo actúen como si no hubiera pasado nada y piensen quedarse hasta el 2026”, dijo al diario La República Lucio Castro, secretario general del SUTEP, el mayor sindicato de maestros de Perú.

Con información de agencias.

Dina Boluarte, presidenta del Perú, afirmó este jueves que la posibilidad de adelantar las elecciones generales previstas para 2026 es un “tema cerrado”, por lo que seguirá “trabajando de manera responsable” hasta concluir su mandato en julio de ese año.

“Ese tema del adelanto de elecciones está cerrado, seguiremos trabajando de manera responsable, en respeto al estado de derecho, la democracia y la Constitución, hasta julio de 2026”, dijo la mandataria esta tarde en conferencia de prensa, según recogió la agencia de noticias Andina y el diario La República.

El adelanto de los comicios es reclamado por amplios sectores desde que Boluarte sucedió en diciembre del 2022 a Pedro Castillo, destituido por el Congreso tras haber anunciado la instalación de un gobierno de excepción.

Sin embargo, esa posibilidad fue rechazada en numerosas votaciones en el Parlamento entre diciembre y febrero de este año, donde se debatieron diversas iniciativas, ya que el período quinquenal de Gobierno -que es simultáneo para el Ejecutivo y el Legislativo- es un mandato constitucional.

La salida de Castillo y su reemplazo por la hasta entonces vicepresidenta desató una ola de protestas callejeras donde murieron al menos 66 personas, según datos de la Defensoría del Pueblo.

LC con información de agencia Télam

En medio de nuevos cruces irregulares en su zona limítrofe, Perú mantendrá por 60 días el estado de emergencia y la militarización de sus fronteras. Es con el objetivo de reforzar los controles ante la llegada de migrantes, en su mayoría provenientes de Chile, según un decreto oficial publicado este jueves.

El gobierno de Dina Boluarte precisó que plazo de la medida incluirá la restricción de derechos como el de libertad de tránsito y de reunión en los cruces limítrofes con Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia. “Para el restablecimiento del orden interno”, justifica la norma publicada en la gaceta oficial peruana.

Según la mandataria peruana, el estado de emergencia está encaminado a combatir la inseguridad. Apoyándose en informes de prensa, sostuvo ayer miércoles que “quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros”.

“Por eso tenemos que hablar casi al unísono de migraciones con inseguridad ciudadana”, expresó Boluarte. Las Fuerzas Armadas apoyarán las tareas de la policía en el control interno, de acuerdo a la disposición.

Pese a la militarización, decenas de migrantes, muchos con niños, intentaron ingresar hoy al país andino por el Complejo Fronterizo Santa Rosa, en la localidad de peruana de Tacna, y se enfrentaron con la policía, informaron medios locales. Los migrantes, entre ellos haitianos y venezolanos, buscan salir de Chile por el endurecimiento de los controles migratorios.

Perú les impide el paso por la falta de un pasaporte sellado y una visa vigente. En los últimos días, varios migrantes entrevistados por la agencia de noticias AFP aseguran que solo pretenden cruzar territorio peruano, como un paso a sus países de origen.

Al sur del paso limítrofe, Carolina Tohá, ministra del Interior chilena, dijo que las críticas al presidente Gabriel Boric que hizo el alcalde de Tacna “no contribuyen a hacer frente a la crisis de la frontera”, y destacó que su país “vive todos los días el tema de la migración” con “responsabilidad”.

Tohá le respondió de esa manera al Pascual Güisa, quien acusó al mandatario chileno de “trasladar los problemas a la frontera”. La ministra dijo a la prensa que “la Cancillería de Chile ha estado en contacto con Perú desde el primer momento” de la crisis en la frontera. “El rol que nos corresponde a las autoridades es manejarlo de la mejor manera y la más adecuada”, agregó Tohá.

Durante esta mañana, en declaraciones a CNN Chile, el alcalde Güisa criticó en duros términos al mandatario chileno por la crisis que se vive en la frontera de ambos países: “No debemos permitir que un innombrable e irresponsable traslade los problemas a la frontera”. “Los problemas no podemos trasladarlos a otro país”, manifestó y agregó que “lo más responsable es poner un vuelo humanitario si ellos quieren irse, como están manifestando”.

LC con información de agencia Télam

Dina Boluarte, la presidenta de Perú, fue interrogada este martes por la fiscalía que investiga la represión en las protestas que siguieron a la destitución de su antecesor, el encarcelado exmandatario Pedro Castillo, las cuales dejaron al menos 48 civiles muertos en tres meses.

Mientras tanto, la comisión parlamentaria que había prometido emitir un dictamen hoy para que el pleno del Congreso pudiera volver a considerar un eventual adelanto de las elecciones generales previstas para 2026, suspendió la sesión sin poder llegar a una conclusión.

La mandataria de 60 años compareció ante la jefa del ministerio público, Patricia Benavides, por casi una hora y media y “brindó declaraciones respecto a las investigaciones”, informó sin dar más detalles la Presidencia peruana a través de Twitter.

Más temprano, la fiscalía precisó que la presidenta fue citada en el marco del “caso de las muertes de ciudadanos ocurridas durante las movilizaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023”.

Boluarte llegó al interrogatorio fuertemente escoltada, sonriente y con un traje celeste, según las imágenes que la fiscalía compartió en redes sociales. La cita se cumplió sin manifestaciones a favor o en contra en las afueras del edificio del Ministerio Fiscal en el centro de Lima.

Boluarte tiene “toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto”, dijo recientemente su abogada Kelly Montenegro al diario El Comercio. No obstante, en caso de una acusación firme, no podrá ser sometida a juicio hasta que culmine su mandato, según fija la Constitución.

El 10 de enero de 2023, la fiscalía abrió una investigación contra la mandataria por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

Desde que estalló la crisis el 7 de diciembre pasado, murieron al menos 60 personas según la Defensoría del Pueblo: 48 civiles fallecieron por acciones de las Fuerzas Armadas; un policía fue incinerado por manifestantes y otras 11 personas perdieron la vida por consecuencias colaterales a la protesta. A este registro se agregaron ayer seis soldados, que murieron ahogados en Puno, en el sur del país andino, por haber cruzado un río en medio de una protesta.

Medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales denunciaron que varias de las víctimas fatales fueron ejecutadas por efectivos de las fuerzas de seguridad peruanas, sobre todo en los departamentos de Puno y Ayacucho, escenarios de los hechos más violentos de las protestas.

El actual jefe de gabinete, Alberto Otárola; el exministro del Interior, Víctor Rojas; el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el exjefe de Gabinete, Pedro Angulo, también están implicados en el proceso judicial. Asimismo, el Congreso citó para este jueves al ministro del Interior, Vicente Romero, para interpelarlo.

Boluarte cumple hoy tres meses en el poder, luego de sustituir en su calidad de vicepresidenta a Castillo, quien fue detenido tras intentar disolver el Congreso. El maestro rural de 53 años y líder gremial, cumple prisión preventiva en el penal Barbadillo, una cárcel para exmandatarios, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de la capital.

Su caída, tras 17 meses, en el poder desató violentas protestas en las que los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones a 2023. Boluarte es la sexta persona en ocupar la presidencia en cinco años y la primera mujer en gobernar Perú, un país que vive en una permanente crisis política salpicada de denuncias de corrupción.

El Congreso peruano vuelve a postergar el adelanto de elecciones

Paralelamente, el parlamento peruano aplazó una vez más la posibilidad de disponer un adelanto de las elecciones generales, el cual es el principal reclamo de los manifestantes y de la mayoría de la opinión pública del país andino.

La Comisión de Constitución, la cual había prometido emitir este martes un dictamen para que pudiera ser debatido y votado por el pleno del Congreso, suspendió la sesión sin haber llegado a una conclusión y sin fijar una fecha para reanudarla.

“Yo espero que en la siguiente sesión podamos seguir tratando este tema, poder tener el espacio para conversar, para llegar a acuerdos y tener este texto sustitutorio sobre el adelanto de las elecciones”, dijo a la prensa Hernando Guerra, el presidente de la comisión, según la agencia de noticias Andina.

El viernes, pleno del parlamento rechazó mayoritariamente, un pedido de reconsideración que había dejado suspendido a mediados del mes pasado el debate de una iniciativa para anticipar los comicios.

La legislación peruana establece que la modificación de la fecha de elecciones implica una reforma constitucional, y por lo tanto debe ser aprobada por el Congreso, con una mayoría de dos tercios durante dos períodos legislativos anuales consecutivos o con mayoría simple pero ratificada en un referendo.

Sin embargo, en los últimos meses el Congreso rechazó más de media docena de proyectos que pretendían adelantar los comicios los cuales, de no mediar reforma, están previstos para el primer semestre de 2026.

LC con información de agencia Télam

El Gobierno de Estados Unidos expresó este martes su deseo de que la presidenta peruana, Dina Boluarte, cierre un acuerdo con el Congreso de su país para adelantar las elecciones y poner fin a la crisis desatada por el fallido autogolpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo.

“Esperamos que la presidenta Boluarte y el Congreso puedan llegar a un acuerdo para avanzar las elecciones y que los peruanos puedan confiar en la democracia”, expresó el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, durante una charla en la Universidad George Washington de la capital estadounidense.

Nichols, quien fuera embajador de Estados Unidos en Perú entre 2014 y 2017, opinó que los sucesivos cambios de Gobierno de los últimos años en el país andino demuestran “la fragilidad de la democracia” peruana y que la intentona de Castillo fue “claramente inconstitucional”.

Por ello, afirmó que el Gobierno de Joe Biden observa “atentamente” los acontecimientos en Perú y apoya “los esfuerzos para impulsar el orden democrático” en el país.

A comienzos de febrero, el Congreso peruano fracasó en cuatro intentos para adelantar las elecciones generales, lo que, salvo una sorpresa, entierra la posibilidad de que haya comicios este año.

TENSIÓN CON VENEZUELA, NICARAGUA Y CUBA

En un repaso por la política estadounidense en la región, el subsecretario dijo que celebra la reanudación de las conversaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, pero advirtió que las sanciones al país caribeño permanecerán intactas mientras no haya “pasos concretos hacia una solución democrática”

También aplaudió la “liberación” de 222 presos políticos nicaragüenses que fueron recientemente expulsados de su país y enviados a Estados Unidos, pero exigió al Gobierno de Daniel Ortega que “frene los abusos” contra la oposición, incluida la retirada de la nacionalidad nicaragüenses de centenares de opositores.

Sobre Cuba, aseguró que Estados Unidos está enfocado en dar vías de acceso a la financiación para los emprendedores cubanos mientras la isla atraviesa su “peor crisis económica en décadas”, al tiempo que exige a La Habana la “liberación incondicional de todos los presos políticos”.

“La posibilidad de mejorar nuestras relaciones con estos países, ya sea con Cuba, Venezuela o Nicaragua, depende en gran parte de la voluntad de esos países de hacer cambios positivos que respeten los derechos fundamentales”, afirmó Nichols.

LA IMPORTANTE RELACIÓN CON MÉXICO

El diplomático definió la relación con México como una de “las más importantes y dinámicas”, y destacó el “profundo compromiso” del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el tráfico de drogas a territorio estadounidense.

“Hay suficiente fentanilo en Estados Unidos para matar a cada hombre, mujer y niño de nuestro país”, advirtió Nichols ante los estudiantes.

Sobre el Gobierno de Gustavo Petro en Colombia dijo que Estados Unidos trabajará con él para combatir la crisis climática y para “lograr la paz en ese país”.

Asimismo, celebró “el compromiso con la democracia” del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y condenó el asalto en enero a la sede de los tres poderes del Estado brasileño por parte de seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro.

Nichols también recordó que este año se conmemora el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Chile, así como los 50 años del golpe de Estado en el que murió el presidente Salvador Allende, en el que estuvo involucrado Washington.

El subsecretario expresó su apoyo para que Estados Unidos publique pronto todos los documentos relacionados con “ese período terrible de la historia”, pero opinó que la situación ahora es diferente y que el rol de Estados Unidos en la región es “increíblemente positivo”.

EFE.

IG

Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, habla desde Lima con elDiario.es mientras el Congreso sigue tratando el adelanto de elecciones para 2023. Este miércoles, los diputados rechazaron un proyecto de ley que planteaba celebrar comicios generales este año, pero horas más tarde el primer ministro, Alberto Otárola, anunció que se ha presentado en el Congreso una nueva iniciativa legislativa que propone el adelanto electoral a 2023. Otárola cree que todavía hay espacio para el diálogo y confía en que el Legislativo “esté a la altura de la circunstancia”. Para la abogada en derechos humanos, una convocatoria anticipada a las urnas podría descomprimir la delicada situación política que vive Perú.

De cualquier modo, la llave para avanzar con unas nuevas elecciones no depende solo del poder Legislativo. “Si Boluarte renuncia, el Parlamento está obligado a convocar inmediatamente a elecciones. Pero la presidenta se resiste a renunciar. Ella tiene la fórmula para conseguir que las elecciones sean este año”, explica Dador. Esto no es lo que piensa la presidenta de Perú, quien aseguró el domingo que la responsabilidad de aprobar el adelanto de elecciones para este año “depende única y exclusivamente del Congreso”.

Al mismo tiempo, las protestas continúan en varias regiones del país. También la respuesta represiva por parte del Estado. “En los últimos 20 años, en medio de todo tipo de conflicto, la cifra de personas fallecidas no supera las 167 personas. Ahora, en menos de 60 días, son 57. Es una desproporcionalidad absoluta. Nunca hemos tenido una reacción del Estado de este tipo”, dice Dador. La Coordinadora ha registrado 58 fallecidos en los últimos dos meses. Del total, 47 han muerto por responsabilidad directa del Estado, 7 de ellos son menores de edad, un policía ha fallecido en manos de los manifestantes y 10 personas en el contexto del bloqueo de carreteras.

Hace una semana, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que usted dirige presentó un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Perú de los últimos 50 días. ¿A qué conclusiones llegaron?

Hemos constatado que el Gobierno ha operado al margen de la ley en la respuesta represiva del Estado. No cumplen ni con los estándares nacionales ni internacionales. No ha habido proporcionalidad alguna. Por ejemplo, una sola intervención del Ejército para el control de una manifestación en Ayacucho dejó 10 personas muertas. Es un despropósito total. En Juliaca, alrededor de 22 personas murieron, no por el Ejército sino por el accionar de la Policía. En las necropsias se ha identificado el uso de proyectiles, de armas de guerra, incluso de fusiles.

En las necropsias se ha identificado el uso de proyectiles, de armas de guerra, incluso de fusiles

Estamos hablando del uso desproporcionado de la fuerza, del uso de armamento prohibido para el control de manifestaciones, que en este caso además comportan masacres. No solo por la cantidad de personas muertas sino también por las ejecuciones extrajudiciales, que no cumplen con los parámetros acordados por la ley.

¿Ha habido un incremento de la dureza en la respuesta del Estado?

Desde el inicio, el Gobierno actuó de esta forma. El Estado entró a matar desde el inicio. No solo a manifestantes, lo cual tampoco se justifica, porque aun siendo un mal elemento, un violento o un vándalo, tampoco te tienen que ajusticiar, sino también a menores de edad, donde la obligación de protección del Estado es doble.

Existen más de 200 personas detenidas por manifestarse. ¿Las detenciones son legales?

Hay un conjunto de detenciones que no solo son arbitrarias, sino que también han sido masivas. Es como si la Policía saliera y tirara una red y atrapara todo lo que caiga en ella. Estamos hablando de detenciones de 200 personas en un solo acto, a veces 50, otras 60 al mismo tiempo. Es una respuesta desproporcionada. Además, en esos grupos de detenciones masivas, también se identificó que se estaban deteniendo a adultos mayores, vendedores ambulantes, mujeres con niños, personas con discapacidad mental. En general, también hay restricciones al trabajo de las abogadas y los abogados para la defensa de los detenidos.

En medio de las protestas un grupo de policías entró el 21 de enero por la fuerza en la Universidad Mayor de San Marcos. ¿Cómo analiza el procedimiento?

Eso ha sido un allanamiento a la universidad, algo que no veíamos desde los años 90 con la dictadura de Alberto Fujimori. La Policía derribó la puerta, lo cual fue un absurdo, metieron una tanqueta para tumbar la puerta y luego entran por la puerta de costado que estaba abierta.

El allanamiento a la universidad fue de una violencia extrema e innecesaria

Y allí detuvieron a 193 personas, entre estudiantes y manifestantes que venían de las regiones que habían sido albergados allí. Pero no solo los detienen, sino que además los ponen contra el piso, los tiran al suelo, son golpeados e ingresaron a las viviendas universitarias. Fue de una violencia extrema e innecesaria.

¿Hay algún antecedente en el país de lo que está pasando?

La situación es excepcional para Perú. No habíamos tenido una represión de esta naturaleza desde la recuperación democrática en el año 2000. Incluso en los últimos 20 años, en medio de todo tipo de conflictos, la cifra de personas fallecidas no supera las 167 personas. Ahora, en menos de 60 días, son 57. Es una desproporcionalidad absoluta. Nunca hemos tenido una reacción de este tipo.

¿Por qué cree que que la respuesta de Baluarte ha sido tan dura?

Pienso que el modo en que ella llega al poder por medio de una sucesión constitucional legitima, eso no se cuestiona, pero lo hizo sin respaldo de una bancada en el Congreso ni partidos, sino que estaba sola, es por eso que el modo de sostenerse en el poder ha sido la presencia militar y policial en alianza con los partidos, que están en el Parlamento y cuyos miembros son almirantes de la Marina en retiro, con discursos muy violentos y antidemocráticos.

La Fiscalía General de Perú ha abierto una investigación en contra de Boluarte y tres ministros por genocidio. ¿Puede la presidenta llegar a ser condenada por esta causa?

Nosotros siempre hemos dicho que las conductas realizadas por la presidenta y sus ministros no corresponden a genocidio. En ese caso se requieren un conjunto de elementos que hacen mucho más difícil de probar el cargo. Nosotros hablamos de ejecuciones extrajudiciales. El hecho de que la Fiscalía haya acogido la causa como genocidio, nos hace pensar dos cosas. Por un lado, que la causa se puede reconducir hacia los delitos que realmente puedan quedar probados. Pero puede responder que no corresponde al tipo penal y que se archiva.

Estamos seguros que Boluarte va a terminar en la cárcel

Nosotros, desde los organismos de derechos humanos, tenemos clarísimo que no solo existe responsabilidad política de la presidenta y sus ministros, sino que hay también responsabilidades penales, por la cadena de mando de cómo se tomaron las decisiones. Nos vamos a demorar algunos años, como suele pasar en la Justicia, pero estamos seguros de que Boluarte va a terminar en la cárcel.

¿Qué piensa sobre el hecho de que la primera presidenta mujer de la historia de Perú pueda quedar detenida?

Provengo del movimiento feminista, por eso digo que el cuerpo de mujer no es la que va a garantizar o representar los intereses de las mujeres. Las mujeres peruanas aprendimos en la dictadura de Fujimori, donde nos daban algunas prebendas, que lo que no es bueno para la democracia no puede ser bueno para las mujeres. No, de ninguna manera.

Boluarte es un accidente en la historia del movimiento de las mujeres en el Perú

Por lo tanto, no la reconocemos como parte del movimiento de mujeres, nunca tuvo una agenda que defienda los intereses o los derechos de las mujeres, ni de las feministas. Es un accidente en la historia del movimiento de las mujeres en el Perú.

¿El expresidente Castillo tiene responsabilidad en los actos de violencia?

No creo que tenga responsabilidad directa. Incluso solo una pequeña parte de la agenda que marcan las protestas pide la liberación del presidente Castillo o la restitución en el poder. En este momento hay tres temas comunes a las distintas movilizaciones: la renuncia de la señora Baluarte, la convocatoria de elecciones generales y, una tercera, que empieza a entrar con más fuerza, que es la necesidad de un proceso constituyente. Luego hacia abajo hay matices.

El Congreso debate en este momento un eventual adelanto de elecciones. ¿Pueden ser las nuevas elecciones una solución al problema en lo inmediato?

Sí, es parte de la respuesta que ayudaría a descomprimir la situación. Cuanto más próxima sea la fecha, será mejor. Ahora, si el Congreso no lo hace, quién tiene que renunciar es Baluarte. Si ella renuncia, el Parlamento está obligado a convocar inmediatamente a elecciones. Pero la presidenta se resiste a renunciar. Ella tiene la fórmula para conseguir que las elecciones sean este año.

La presidenta se resiste a renunciar. Ella tiene la fórmula para conseguir que las elecciones sean este año

El otro tema que también está en discusión es si deben o no convocar a un proceso constituyente en este momento. Para mí, sería muy bueno que se apruebe una consulta, para así preguntar a la ciudadanía en el momento de las elecciones si quiere o no ir a un proceso constituyente.

¿Por qué cree que ha sido el Perú rural el que lidera las protestas y no Lima, como ha pasado en otras ocasiones, por ejemplo, con la renuncia de Manuel Merino en 2020?

Es innegable que la llegada del presidente Pedro Castillo al poder ha marcado un antes y un después en la política peruana. Castillo es un hombre del campo, un maestro rural, un sindicalista, hijo de padres analfabetos, con una historia de pobreza, quien lo ve dice: 'Si él puede, yo también puedo'. Es un reconocimiento por identidad. Nadie niega que la gestión del gobierno de Castillo haya sido desastrosa, pero todos fuimos testigos de que se lo trató de burro, de bestia. Creo que eso terminó por ayudar a un movimiento que estaba en ebullición a tomar impulso.

La ONU recomendó a Perú “limitar el uso excesivo de la fuerza” de policías y militares. ¿Cómo analizar la respuesta internacional?

Ha sido muy importante el acompañamiento porque a raíz de lo que se comunica afuera, entre la prensa internacional y los movimientos, es que rebota e impacta dentro del país. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han recomendado al Estado peruano limitar el uso de la fuerza. Sin embargo, el Gobierno está lejos de implementar esas recomendaciones. Por lo tanto, además de las violaciones a los derechos humanos hay un nivel de torpeza política impresionante por parte del Gobierno.

El Congreso unicameral de Perú volvió a desairar hoy los reclamos de miles de ciudadanos en las calles, al rechazar la posibilidad de adelantar a este año las elecciones generales, una idea de algunas fuerzas que buscaba atender un reclamo de la mayoría de la opinión pública como vía para solucionar la crisis política que atraviesa el país, aunque el cuerpo seguirá mañana discutiendo el tema.

El proyecto, que necesitaba para ser aprobado al menos 87 votos, solo consiguió 54 a favor, 68 en contra y dos abstenciones.

Tras un debate de alrededor de cinco horas y decenas de discursos, la iniciativa del fujimorista Hernando Guerra, titular de la Comisión de Constitución, quedó lejos de los votos que necesitaba, aun cuando parte de la jornada de ayer y las horas previas a esta sesión se había buscado el consenso de las otras bancadas.

“Necesitamos la paz cuanto antes, el país se desangra”, afirmó Guerra en busca de torcer algunas voluntades en el recinto.

Su iniciativa era compleja: proponía elecciones generales complementarias para diciembre de este año, fin del mandato de la presidenta Dina Boluarte el 30 de abril del 2024 y que el mandatario electo complete el período 2021-26.

Los congresistas en funciones, en tanto, terminarían su representación el 29 de abril del 2024 y los nuevos asumirían también para completar el mandato hasta julio de 2026.

La votación mostró el desorden habitual de un cuerpo en extremo fragmentado: el fujimorista Fuerza Popular votó a favor, igual que Somos Perú; Acción Popular también respaldó, pero el partido sacó un comunicado en el que se desentendió de sus legisladores; Alianza para el Progreso aceptó a medias, porque pretendía que los legisladores también terminan su mandato el próximo diciembre.

La propuesta pretendía ser una alternativa ante el trabado panorama que enfrenta el legislativo, que no logra dar respuesta a los reclamos de casi dos meses de protestas en las calles, bloqueos de rutas, ataques a instituciones públicas y toma de aeropuertos.

El cuerpo rechazó luego, por 52 votos a favor, 58 en contra y dos abstenciones, una cuestión de orden presentada por los congresistas Alejandro Cavero y Adriana Tudela (Avanza País) para que las elecciones complementarias se realicen en abril de 2024, o sea, manteniendo la fecha ya votada pero con mandatos recortados para los electos.

Esta idea buscaba, además, una consulta para que la ciudadanía opine sobre si los sentenciados por terrorismo, secuestro, homicidio clasificado y otros varios delitos podían aspirar a cargos públicos.

Finalmente, una propuesta de Perú Libre, volcada en un dictamen de minoría e impulsada por Jaime Quito, propuso el adelanto de elecciones para este año pero acompañadas de un referendo sobre la necesidad de una Asamblea Constituyente.

Tras algún altercado con el presidente del Congreso, José Williams, de la hasta diciembre bancada oficialista de PL, el jefe del cuerpo dispuso que la sesión siga mañana.

La iniciativa, entonces, se discutirá mañana a las 10 (las 12 de Argentina), aunque difícilmente prospere, porque las bancadas de derecha rechazan abrir la chance de una reforma constitucional.

“Con una mirada electoral no le vamos a dar una propuesta de cambio al país. Tenemos que ir por lo sustancial; el problema en Perú es estructural. Necesitamos grandes cambios y eso lo podemos hacer con un nuevo pacto social. Eso se hace con una asamblea constituyente para una nueva Constitución. Queremos que el Parlamento apruebe la consulta para una asamblea constituyente”, señaló el vocero de PL, Flavio Cruz.

PL y los demás bloques de izquierda -algunas escisiones de PL mismo- votaron en contra de todos los proyectos de adelantar elecciones porque pretenden que se consulte al pueblo sobre la eventualidad de modificar la carta magna.

En diciembre, a poco de la destitución de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte en su lugar, el Congreso había aprobado anticipar los comicios para abril de 2024, pero la persistencia de las protestas forzó a la mandataria a reclamar otro adelanto.

El Congreso había suspendido anoche por tercera vez, desde el viernes, la sesión para debatir y votar el anticipo, dividido por el interés de las bancadas de izquierdas en condicionar su voto a cambio de un referendo para formar una Asamblea Constituyente.

La decisión del Parlamento de hoy genera expectativa en qué pasos dará el Gobierno, después de que Boluarte reclamara la noche del domingo un adelanto de comicios, y amenazara con impulsar una reforma constitucional.

En su discurso, la jefa del palacio de Pizarro dijo que llamaría a votar el 15 de octubre, con segunda vuelta en diciembre y que los legisladores podrían hacer modificaciones constitucionales necesarias hasta el 28 de febrero.

Además, propondría que el próximo Legislativo elegido delegue facultades a la Comisión de Constitución para que haga una reforma total” de la Constitución de 1993, y que esos cambios sean ratificados vía referendo.

En paralelo a la crisis política, las protestas continuaban el miércoles en varias zonas del país, incluido el centro de Lima; en la región andina del sur del país, con bloqueos de rutas y movilizaciones en Puno, en la región sureste.

La Sutran, el ente supervisor de los servicios de transporte terrestre nacional, registraba 81 puntos con tránsito vehicular interrumpido en seis regiones.

Hubo movilizaciones hoy en Arequipa, Puno, Junín, Huancayo y Cajamarca. En la capital, la Policía detuvo una camioneta que transportaba escudos caseros, según el sitio del diario La República, y detuvo a dos personas.

DA

Perú atraviesa días de extrema tensión política que comenzaron con la destitución del expresidente de izquierda Pedro Castillo y la asunción como presidenta de Dina Boluarte, que hasta ese momento era vicepresidenta del mandatario destituido. La crisis se tradujo en protestas en las calles y debido a la represión que ordenó el gobierno ya han muerto alrededor de 50 personas. En el medio, el cura argentino Luis Bejar, que cumplía funciones en Juliaca, en donde fueron asesinados 19 manifestantes, pidió por redes sociales la renuncia de la presidenta, lo que provocó que referentes de partidos de derecha y medios afines lo trataran de terrorista y pusieran en riesgo su vida. La intervención de la Embajada y de la Cancillería argentina, más gestiones que llegaron desde el mismo Vaticano, la garantizaron a Bejar una salida de ese país en cuestión de días, ante la posibilidad cierta de que alguien atentara contra él. 

“Me advirtieron que sectores de las fuerzas armadas andaban detrás mío y que debían sacarme del país. Pese a lo que está sucediendo, el pueblo peruano no se rendirá y superará este momento, voy a volver en marzo porque ese es mi lugar en el mundo”, afirmó a elDiarioAR el sacerdote tucumano Luis Bejar, de 58 años, más tranquilo, desde Santa Rosa de la Pampa, en donde vive una de sus hermanas. El cura nacido y criado en Tafí Viejo, confiesa que no recuerda con precisión cronológica todo lo que vivió desde el pasado 7 de enero, antes de dar misa, cuando por la red social Tik Tok hizo un posteo en donde afirmaba: “voy a pedir por estos 29 hermanos y hermanas que lamentablemente fueron asesinados (la cifra que se conocía hasta entonces). Y voy a rezar también por la pacificación del país, mediante la renuncia de Dina Boluarte. Voy a pedir que ella renuncie, que haya adelantamiento de elecciones y una nueva Constitución. Y después cambiará el Congreso, esperemos que para bien”.

¿Por qué eligió Tik Tok y la razón del mensaje?

Tengo desde hace años una cuenta en Facebook pero me dijeron que esta nueva red tiene mayor alcance, sobre todo, en los jóvenes. Así que en enero me hice un usuario y el tercer posteo fue para dar este mensaje, ante el silencio de la iglesia oficial de Perú que por las muertes sólo hizo un comunicado llamando a la paz. Un comunicado que no decía absolutamente nada porque no fueron muertes, se trató de asesinatos, de crímenes en las calles por las protestas, no se trataron de muertes por causas naturales o una enfermedad. Incluso, mataron a un jovencito de 15 años. Eso es intolerable, frente a un pueblo que está siendo reprimido con el aval de los partidos liberales y de extrema derecha, que también se opusieron a todo lo que proponía el expresidente Castillo.

La carta del Obispo

En ese mismo mensaje por esta red, el cura tuvo palabras en contra del congresista Jorge Montoya, exjefe de las Fuerzas Armadas y miembro del partido ultraconservador Renovación Popular, que unos días antes había denunciado penalmente a Evo Morales, expresidente de Bolivia, por supuestamente atentar contra la integridad de Perú y  apoyar las manifestaciones populares. “Debería lavarse la boca antes de nombrar a Evo, un referente nacional, latinoamericano y mundial, no sé cómo llegó al Congreso, cállate”, sostuvo el sacerdote. 

El video se viralizó y dos días más tarde las autoridades de la iglesia católica peruana respondieron. El Obispado de Puno le ordenó a Bejar que renuncie a sus funciones en Pucará -la región que estaba a su cargo de su misión sacerdotal, que incluye a Juliaca- y se tome un año sabático para estudio. El Tik Tok también fue compartido por medios vinculados a sectores del poder empresarial, por lo que el cura se convirtió en blanco de duras críticas y acusaciones. La carta del Obispado, con la firma del obispo Jorge Carrión Pavlich, incluso fue leída como un indirecto aval a quienes lo acusaban de terrorista. “Su imprudencia está causando un grave daño a la Iglesia y crece un sentimiento en contra suya por ser extranjero, que lo identifican ellos como terrorista”, dijo. En la misiva del obispo se omitió señalar, por ejemplo, que Bejar ejerce desde hace 26 años su misión religiosa en Juliaca y tampoco se identificaba al “ellos”, es decir, a sus acusadores.

La situación escaló cuando el congresista Montoya elevó un pedido al Nuncio Apostólico de Perú para la destitución y traslado del cura tucumano, a quien acusaba de comunista y de hacer política desde el púlpito. La tensión se tornó casi insostenible para Bejar, por lo que el día 11 obedeció y presentó su dimisión, aunque antes habló por teléfono con el obispo, a quien le aclaró que no se arrepentía de sus mensajes: “no había ninguna razón para quedarse callado frente a los asesinatos, lo diría 50 veces más. Asesinaron en tres horas, si no me equivoco, a 17 personas”.  Para entonces, el propio Evo Morales en su cuenta de Twitter ya había compartido sus palabras, lo que visibilizó aún más la situación, con la frase: “Gracias hermano Luis Humberto Bejar, Sacerdote del pueblo”. 

Un amante de las montañas

Este sacerdote nació y se crió en Tafí Viejo, ciudad que está pegada a San Miguel de Tucumán, hacia el noroeste. Forma parte de una familia numerosa, cuyos apellidos son muy conocidos en su pueblo por estar relacionados a la política y la participación en entidades sociales: los Bejar y los Assaf. Es uno de nueve hermanos. Sus padres tuvieron tres pares de mellizos: un par de varones, un par de mujeres y los mellizos Luis y Sandra. Jugó básquet desde su adolescencia en el club Juventud Unida, en donde integró el equipo de primera división y se destacó por su fortaleza física. Era un obsesivo de los entrenamientos. En el medio, descubrió el montañismo, por estar Tafí Viejo al pie de la Sierra de San Javier, cuya altura llega hasta los 1900 msnm.

En los años 80 integró dos grupos de andinismo, con los que alcanzó cumbres tucumanas superiores a los 4000 msnm, hasta que en 1987 encaró el desafío más importante: llegar a los 6.355 msnm del Nevado de Cachi, en Salta. No pudo ser. Mil metros antes sus pulmones sintieron la falta de oxígeno y no pudo dar ni un paso más, a lo que se sumaron las malas condiciones del tiempo que hicieron que el equipo decidiera descender de inmediato. “En medio de la preocupación de mis amigos, estando aturdido, les decía que Dios nos iba a sacar de esa situación, que nos iban a rescatar. Y fue así, nos rescataron, aunque a mí me llevó casi un mes de recuperación, con varios días de suero y medicamentos”, rememora sobre esos días el sacerdote.

Unos días antes de ese frustrado ascenso, a poco de egresar del colegio secundario, su madre le recordaría que apenas regresara a Tucumán debía rendir una materia de su primer año en la carrera de Abogacía, en la Universidad Nacional de Tucumán. Poco convencido porque ya la había desaprobado una vez, recuerda el padre Luis a elDiarioAR que le respondió: “cuando baje voy a ver qué haré con mi vida”. En pleno proceso de recuperación se encontró con la respuesta para su vida. Decidió ingresar al Seminario Mayor, en Tucumán. Continuó con sus estudios en la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, en Buenos Aires, en donde también cursó Teología en la Universidad Católica (UCA). Los curas operarios, orden que nació en España, se caracterizan por ejercer su tarea de formación de sacerdotes y trabajar por las vocaciones. Se ordenó como sacerdote el 21 de diciembre de 1996, en Tucumán, en la Parroquia Monserrat, que tiene un colegio primario y secundario, en donde estaban presentes religiosos de la orden de los operarios. 

A los dos meses, la orden recibe la invitación desde Puno, Perú, para que dos curas ejerzan su misión en ese obispado. Eligen a un cura con experiencia y a él, que acepta de inmediato.

Un camino que le permitió integrarse con rapidez a la comunidad del lugar fue el deporte. Desde el frustrado ascenso al Nevado de Cachi le quedó como hábito la práctica de básquet. Apenas puso un pie en Juliaca buscó una cancha y la encontró en un barrio cercano a la parroquia.

Otra actividad que lo comprometió fue fundar y presidir la asociación civil Nuevo Amanecer, a través de la que se construyeron tres casas estudiantiles para adolescentes y jóvenes, se administra una escuela heredada de un sacerdote que murió en 2015, y se sostiene centro de reforestación que ya lleva más de 5000 árboles plantados en zonas recuperadas.

Horas de máxima tensión y de decisiones

Tras el ultimátum del obispo de Puno, Bejar cambió de domicilio en Juliaca y desactivó la ubicación de sus dispositivos digitales. Solo un puñado de cercanos conocían a donde estaba. Mientras tanto, con Juliaca sitiada por las Fuerzas Armadas, se puso en contacto con los Curas por la Opción por los Pobres argentinos. “El padre Pepe Di Paola estuvo muy atento y también el embajador argentino Enrique Luis Vaca Narvaja, que actuó vía por mediación de la Cancillería. Hablé con ambos y referentes de otras oganizaciones de Derechos Humanos, que me hicieron sentir acompañado”, recuerda Bejar a elDiarioAR sobre esas horas.

Todos le recomendaron bajar el perfil hasta lograr su salida de Perú pero el padre Luis no pudo con su naturaleza. Enterado que en Juliaca se iba a realizar un funeral con los féretros de los 19 asesinados por balas de fuego, decidió salir de su refugio y asistir. “Caminé hasta llegar a la plaza, en donde hubo 100.000 personas. Me acerqué a los féretros, a los familiares de los muertos y grande fue mi sorpresa cuando me reconocieron y recibí tantas muestras de afecto como jamás en mi vida. Muy sentidas, en medio de tanto dolor y de reclamo. Fue muy fuerte e inolvidable. Dos sacerdotes dieron una misa y me sumé a ellos, me temblaban las piernas”, recuerda. “Cuando todo terminó, regresé al lugar en donde me encontraba, ya con la noticia de que tenía pasaje en avión para retornar a Argentina, aunque antes debía viajar a Arequipa cuatro horas en vehículo para, desde allí y en vuelo de cabotaje, llegar a Lima, en donde me esperaban amigos y el boleto a Buenos Aires”.

Bejar salió de Juliaca durante la madrugada, en plena oscuridad, en un vehículo particular junto a dos personas. El viaje de cuatro horas se extendió a nueve, por los retenes en las rutas y las protestas. Recién en el tercero de los intentos pudo llegar al aeropuerto arequipeño. El primero no prosperó por la fuerte vigilancia de las Fuerzas Armadas, el segundo por las protestas en las calles y la represión, hasta que en el último pudo sortear esos impedimentos luego de caminar dos horas. Así llegó a Lima, en donde estuvo tres días -casi escondido- para retornar a Agentina. “Tengo a muchas personas para agradecer, entre ellas, por ejemplo, a los tucumanos José Vitar y a Noguera, a Vaca Narvaja y al equipo del canciller Santiago Cafiero y a muchos conocidos y anónimos que estuvieron en contacto permanente. También al Vaticano porque sé, por fuentes cercanas, que el Papa Francisco sabía de mi situación y se ocupó”, señaló a Bejar.

Para dialogar con elDiarioAR, el padre Luis contó que hizo una pausa en la lectura del libro “Tucumantes. Relatos para vencer el silencio”, de la periodista Sibila Camps, el resultado de una investigación con los que la autora compone una obra de la no ficción sobre la violencia que sufrió Tucumán durante la última dictadura cívico militar.

Consciente que despertó contra él la ira de la derecha peruana, se propuso volver a Juliaca. “Es mi lugar en el mundo, ya encontraré algún modo de volver en marzo o cuanto antes”, promete.         

DC/MG

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió hoy al Congreso adelantar las elecciones a diciembre de este año, ante la crisis que vive el país, donde se registran protestas desde hace semanas que dejaron ya al menos 48 muertos y que empiezan a afectar el abastecimiento en las provincias del sur.

Tras señalar que en principio “desde el Ejecutivo habíamos planteado para que estas elecciones se adelanten a abril de 2024 (...). Sin embargo, las protestas continúan, hay más bloqueos y violencia”, Boluarte dijo a la prensa local que tras conversarlo con el ministro de Justicia y el jefe de Gabinete, Alberto Otárola, la propuesta es que los comicios se celebren en diciembre de 2023.

“Que se adelanten las elecciones a la fecha y hora que el Congreso diga. Inmediatamente, desde el Ejecutivo, estaremos convocando a esas elecciones. Nadie tienen ningún interés en aferrarse al poder (…) Estaremos acá hasta que el Congreso (defina). Pónganse de acuerdo: tal día las elecciones y, en ese instante, estaremos convocando a elecciones generales”, resaltó Boluarte, que asumió el cargo el 7 de diciembre después de la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo, del que era vice, según la emisora RPP.

El partido Fuerza Popular, de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, había pedido ayer al Congreso adelantar las elecciones generales para este año, pero el jefe de Gabinete lo rechazó con el argumento de que no serían transparentes

Sin embargo, Boluarte dijo hoy que no objetaba la propuesta del partido de derecha, pero señaló que la insistencia de las bancadas de izquierda para que junto al recorte de mandato se haga un referéndum constituyente “es una justificación más para poder radicalizar y seguir ensangrentado el país”.

El Congreso reanudará este viernes la sesión para evaluar el adelanto de elecciones propuesto por el Ejecutivo para abril de 2024, que en diciembre ya había sido aprobado en una primera votación. En esa instancia, se prevé que Fuerza Popular presente un nuevo texto sustitutivo para que los comicios se lleven a cabo en diciembre de este año.

Perú vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó a Castillo, horas después de que el entonces presidente anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales, tras varios intentos de los bloques opositores de removerlo de su cargo.

Durante las protestas murieron al menos 48 personas en enfrentamientos, entre ellos un policía, y otras 10 fallecieron por accidentes de tránsito y hechos vinculados a bloqueos, según datos de la Defensoría del Pueblo.

La huelga indefinida y el prolongado bloqueo de vías para exigir la renuncia de la Presidenta, nuevas elecciones y un referendo para crear una asamblea constituyente están ocasionando escasez de alimentos y de combustibles en las regiones del sur.

DA

El Congreso de Perú declaró este jueves persona no grata al expresidente de Bolivia Evo Morales, y rechazó sus expresiones sobre la crisis política peruana y reclamó que se le impida el ingreso al país andino.

El pleno del Congreso aprobó, con 74 votos a favor, declarar persona no grata al expresidente boliviano y manifestó su rechazo a las expresiones públicas que tuvo el exmandatario sobre la actual situación política peruana, segñun informó el diario limeño La República.

La moción, sustentada por la congresista María del Carmen Alva, pide también dar cuenta al Ministerio del Interior peruano y que a través de Migraciones se impida el ingreso al país del exmandatario de Bolivia.

“Declare persona no grata al señor Evo Morales Ayma en el territorio nacional, por sus constantes incitaciones en la política nacional, las mismas que buscan desequilibrar el orden interno del país, en especial la zona del sur del Perú”, señaló la iniciativa.

El pasado 9 de enero, el gobierno de Dina Boluarte dispuso que Evo Morales no ingrese al país. El Ministerio del Interior informó que la Superintendencia Nacional de Migraciones emitió el impedimento de ingreso al país contra el expresidente de Bolivia en los puestos de control migratorio.

Además, la medida del Poder Ejecutivo incluye a 8 ciudadanos de nacionalidad boliviana quienes ingresaron a territorio peruano para efectuar actividades proselitistas ante las protestas que se registran en el interior del país hace semanas.

“El 6 de enero, la Superintendencia Nacional de Migraciones, en estricto cumplimiento de sus facultades y del artículo 48 de la Ley de Migraciones, dispuso el registro del impedimento del ingreso al país, a través de todos los puestos de control migratorio, de nueve ciudadanos de nacionalidad boliviana, entre quienes se incluye al señor Juan Evo Morales Ayma”, dice el comunicado del Mininter.

Morales mantuvo una activa presencia en Perú, sobre todo en regiones sureñas del país durante el breve mandato de Pedro Castillo, depuesto y encarcelado, con el objetivo de incentivar la integración de regiones como Puno al proyecto Runasur, la plataforma internacional de movimientos sociales e indígenas que impulsa.

El exgobernante estuvo muy activo en las redes sociales con sus opiniones sobre la crisis en Perú y mensajes de apoyo a Castillo desde su destitución por el Congreso tras intentar dar un autogolpe de Estado, el 7 de diciembre pasado.

No es el primer cruce entre dirigentes de ambas naciones. El martes de esta semana, la Cancillería peruana informó que entregó una nota al embajador de Bolivia en Perú, Carlos Aparicio, por unas declaraciones del presidente de dicho país, Luis Arce, en las que se refirió a “temas de política interna”.

“No aceptamos la insinuación sobre una supuesta injerencia en asuntos internos de la República del Perú”, indicaron desde el país altiplánico ante la protesta del Estado peruano por las declaraciones de Arce.

El domingo pasado, el mandatario boliviano había dicho el último domingo en su cuenta de Twitter que “tenemos al pueblo peruano en una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un Gobierno que los represente”.

LC con información de agencia Télam

El llamado a tregua nacional hecho ayer por la presidenta del Perú, Dina Boluarte, no tuvo efectos y, por el contrario, antecedió a nuevos choques, a más militarización y a la salida de otra ministra, Sandra Belaunde, quien hoy renunció a Producción.

“La exigencia de los dirigentes es que la presidenta renuncie y la presidenta no quiere renunciar”, le dijo a Télam el politólogo Roger Santa Cruz, en referencia a por qué no se le ve futuro a la tregua que, sin especificaciones, planteó la mandataria en conferencia de prensa.

Santa Cruz destacó que Boluarte no intentó ningún mea culpa. Al contrario, insistió en que las protestas son financiadas por la minería ilegal y el narcotráfico y que algunos muertos han sido asesinados con armas bolivianas, versión sobre lo que hasta ahora no se ha dado ninguna prueba.

Apenas terminó la presidenta su planteamiento, en varias ciudades se reactivaban las movilizaciones que empezaron el 7 de diciembre y que, en el caso de Lima, la ciudad más reticente a sumarse, completan ya una semana sin descanso.

Todo empezó con la destitución por el Congreso del presidente Pedro Castillo, quien previamente intentó disolver el Parlamento y decretar un Estado de excepción sin apoyo popular ni militar, que abortó con una reacción que puso al frente a la vicepresidenta Boluarte, proveniente de la izquierda como su antecesor.

Boluarte anunció que pretendía quedarse hasta 2026, desoyendo el clamor de elecciones generales inmediatas para Ejecutivo y Legislativo, y se alineó con la derecha. Lo que le generó un rápido distanciamiento con sus bases.

Cuando corrigió y habló de elecciones anticipadas, ya había muertos y el divorcio se tornó prácticamente irreversible.

Según cifras oficiales, el estallido social ecuatoriano de 2019 causó seis fallecidos; el de Chile, ese mismo año, 34; el de Colombia en 2021 produjo 29 muertos. El Perú, en seis semanas del gobierno, cuenta 55 fallecidos sin que se asuma responsabilidad política, dice un texto firmado por varios de los más reputados científicos sociales peruanos.

Somos muy conscientes de que existen grupos violentos y antidemocráticos interesados en que la confrontación escale y así socavar la democracia. Grupos que han cometidos actos bárbaros (…). Sin embargo, el Estado está en la obligación de distinguir los hechos criminales de la protesta legítima, añade el documento.

Si la presidenta solo está en capacidad de ofrecer al país confrontación y violencia, debería renunciar, sentencia el texto, firmado por expertos de diversas tendencias.

Según el diario limeño La República, Boluarte ha estado dos veces a punto de renunciar, pero se lo ha impedido su primer ministro, Alberto Otárola, percibido como el hombre fuerte del régimen.

De acuerdo con esas versiones no confirmadas, Otálora le ha dicho a la jefa de Estado que, si renuncia, ambos tendrán que enfrentar a los tribunales por excesos de violencia. A cambio, le ha ofrecido respaldo de la Justicia, la Fiscalía, de la derecha política y de los poderes mediático y económico.

Por ahora, la Fiscalía avanza en indagaciones preliminares contra Boluarte y su jefe de gabinete, mientras que un grupo de abogados los denunció ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad”.

El ingreso violento en Lima de la Policía, la Universidad estatal San Marcos, la mayor del país y la más antigua de América, también generó gran malestar: fueron detenidos 193 supuestos extremistas, sin los procedimientos que se aplican aún en estado de emergencia y con denunciado exceso de fuerza.

Al final, 191 fueron liberados sin condiciones en unas horas por no haber ningún elemento en su contra, uno quedó bajo comparecencia para aclarar casos y solo uno quedó detenido por una vieja requisitoria sin relación con el tema.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Unión Europea y varios estados vecinos han expresado preocupación por lo que ocurre.

Boluarte, abogada de 60 años que como Castillo proviene de una familia andina, pobre y quechua hablante, insiste en que el Congreso avance pronto en la fecha exacta para las elecciones, en principio planteadas para abril de 2024, aunque la oposición quiere que sean en 2023.

La presidenta lucha por sobrevivir en el poder. Si renuncia, su lugar sería tomado por el jefe del Congreso, José Williams, pero este tiene más anticuerpos, por lo que la salida planteada por expertos es que el Parlamento busque una figura más digerible para encausar el proceso electoral.

DA

Gabriel Boric, el presidente de Chile, pidió este martes en su intervención en la Cumbre de la CELAC por la liberación de los “opositores que aún se encuentran detenidos de forma indigna” en Nicaragua, y aseguró que Perú necesita un “cambio de rumbo” ante la violencia “inaceptable” que está viviendo en este último mes.

“No podemos ser indiferentes cuando hoy en día en nuestra hermana nación de Perú hay personas que salen a marchar y a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas”, dijo el mandatario ante el plenario del bloque.

Boric, quien está de estreno en el cónclave de la CELAC tras asumir la presidencia del país vecino hace un año, recalcó “la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo” en Perú. “El saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia -tras el fallido autogolpe de estado del expresidente Pedro Castillo- es inaceptable”, agregó.

El presidente chileno, que desde que llegó al poder ha criticado duramente los regímenes autoritarios de la región, por lo que muchos analistas le consideran un referente de la nueva izquierda latinoamericana, también se refirió a la crisis en Venezuela y pidió por la vuelta del país caribeño “a los foros multinacionales”.

“La política de la exclusión no ofrece resultados auténticos ni durables. Así lo demuestra la historia de nuestra América Latina y el Caribe con el ignominioso bloqueo de Estados Unidos a Cuba y más recientemente a Venezuela”, apuntó. Nicolás Maduro era la gran incógnita de los últimos días, y la incertidumbre sobre su participación se mantuvo casi hasta el final.

Ayer lunes por la tarde, el Gobierno venezolano informó de un presunto “plan de agresión” de la “derecha neofascista” contra la delegación que iba a encabezar Maduro, la cual al final encontraría su reemplazo en el canciller Yván Gil Pinto.

Boric, sin embargo, pidió elecciones “libres, justas y transparentes” en Venezuela para el 2024, expresando el deseo de su administración de “colaborar en el dialogo entre los distintos sectores del país para encontrar una salida” a la crisis.

“Fuera de la democracia no hay libertad ni dignididad posible (...) La dictadura (de Chile) nos enseño de forma brusca a sangre y fuego los efectos de relativizar la democracia y los derechos humanos”, añadió el exlíder estudiantil, quien pidió por la condena a los atropellos a los derechos humanos “independientemente del signo político de quien gobierne”.

“La democracia se debe respetar especialmente en elecciones libres cuando gana aquel con quien no estoy de acuerdo, y los derechos humanos son avances civilizatorios que deben ser respetados”, concluyó.

La VII Cumbre de la Celac reúne este martes en el hotel Sheraton del centro de Buenos Aires a representantes de los 33 países de América Latina y el Caribe. Además de Boric, asisten Luiz Inácio “Lula” da Silva (Brasil), Luis Alberto Arce (Bolivia), Luis Lacalle Pou (Uruguay), Gustavo Petro (Colombia), Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Xiomara Castro (Honduras), entre otros.

LC con información de agencia EFE

Vicente Romero, ministro del Interior de Perú, afirmó que el operativo policial que ingresó el sábado por la fuerza en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en Lima estaba justificado, a pesar de que hay acusaciones que afirman que no cumplió con los procedimientos legales.

“He pedido un informe pormenorizado de la intervención, pero sí ha estado justificada de acuerdo a ley”, indicó ayer domingo en una entrevista donde matizó que, de haber algún incumplimiento, se establecerán los responsables, según informó la agencia Europa Press.

Romero explicó que el operativo tuvo lugar en el marco del estado de emergencia, razón por la cual no era necesaria la presencia de fiscales para la intervención: “Había flagrancia y estado de emergencia, cuando hay flagrancia interviene inmediatamente la Policía Nacional, cuando hay flagrancia no hay necesidad de la presencia de la Fiscalía”.

El sábado pasado, cerca de 400 policías ingresaron con tanquetas y apoyo de fuerzas especiales en la universidad ubicada en la capital del país, sin cumplir con los requisitos legales para esa intervención, según denunciaron los manifestantes.

Para entrar, las fuerzas de seguridad rompieron la enorme reja con un vehículo antimotines y detuvieron a decenas de manifestantes y estudiantes que dormían desde hace varios días en el lugar. El fiscal superior peruano Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, confirmó que hubo 205 detenidos, según recogió RPP.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó a “asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y garantías del debido proceso” y recalcó que llevar a los detenidos “ante autoridades judiciales y la supervisión fiscal es esencial para la protección de los derechos de todas las personas”.

Mediante un comunicado institucional, la UNMSM indicó que solicitaron la intervención policial por una denuncia de agresión contra la seguridad privada. “El sábado 21 de enero, la Policía Nacional de Perú, en evidente uso de la fuerza, ingresó al campus universitario, sin presencia de la Defensoría del Pueblo ni del representante del Ministerio Público. Por lo tanto, denunciamos el abuso de autoridad hacia nuestros estudiantes intervenidos”, se lee en la misiva.

Abogados de la región de Puno que llegaron al lugar denunciaron que no se permitió la presencia de los defensores. El ministro, quien señaló que la intervención fue motivada para “dar seguridad”, destacó que durante la operación “no hubo ni un solo herido” por parte de los agentes de seguridad.

Según la universidad, la Policía actuó “de oficio” porque los manifestantes no cumplieron la supuesta promesa de retirarse el jueves. Durante la intervención, la Policía detuvo a 193 personas, de las cuales 192 fueron liberadas ayer domingo, informó la Fiscalía de la Nación en un comunicado. Una persona quedó detenida debido a que tenía una requisitoria previa.

Recuento de la “Toma de Lima”

Miles de personas llegadas del interior marcharon en Lima el jueves y el viernes, en protestas que en algunos casos derivaron en enfrentamientos cerca del Congreso, cuando la Policía les impidió avanzar con gases lacrimógenos y chorros de agua.

Para Romero, el trabajo de la Policía durante estos días de manifestaciones antigubernamentales en Perú ha sido “excepcional”, al tiempo que opinó que la marcha multitudinaria de la semana pasada -conocida como “Toma de Lima”- fue un fracaso.

La represión policial dejó hasta el momento 46 muertos -45 manifestantes y un policía- desde que las protestas estallaron en diciembre, tras la destitución y detención del entonces presidente Pedro Castillo, a quien sucedió Dina Boluarte en su condición de vicepresidenta. Además, otras 13 personas murieron por distintas causas relacionadas con las protestas, como accidentes producto de los bloqueos en las rutas.

Desde entonces y hasta el pasado viernes, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a un total de 378 personas acusadas de causar disturbios, informó el ministro del Interior. A última hora del viernes, se estimó que habían al menos 3.700 manifestantes distribuidos en distintos puntos de la capital, participando en la “Toma de Lima”.

Luego de la masiva manifestación del jueves en Lima, Boluarte descartó que vaya a presentar su renuncia e hizo un llamado al diálogo para devolver la calma al país. En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024, pero las manifestaciones persisten y el reclamo es por la salida inmediata de Boluarte y los congresistas.

LC con información de agencia Télam

A Lourdes Huanca se le encienden y enrojecen los ojos cuando le pregunto si está siendo amenazada. Lo está. Lleva meses siendo hostilizada por atreverse a levantar la voz. Está aquí para recoger solidaridad internacional para su pueblo. Los compañeros que le acompañan en Madrid no la dejan ni un segundo sola. Pero rápidamente sale de su congoja para señalar a los responsables de lo que está ocurriendo en el Perú. Nadie como ella para contárnoslo. Presidenta de la Federación de mujeres campesinas, artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), no solo puede explicar las imágenes de violencia policial que han estremecido al mundo: con más de 60 muertos y cientos de heridos por los que nadie en el Estado responde, ya no se puede hablar de democracia sino de dictadura cívico-militar, la de Dina Boluarte y el Congreso, que mostró su ánimo golpista desde el día en que un indígena llegó al poder.

Con bajísima aprobación según la calle y las encuestas, Congreso y presidenta deberían irse pero, como todo poder autoritario, se aferran usando la represión y la muerte. Lo que no se ve en la televisión ni en la prensa –menos en la peruana, que es el oligopolio de unos de los grupos económicos más poderosos del Perú, El Comercio–, es todo lo que nos ha traído hasta aquí.

Huanca lo dice muy claro: “2023 es el año de revisar las concesiones mineras, petroleras y de agroexportación. Además, han encontrado litio en Puno. El poder lo sabe. ¿Creen que vamos a decir ven aquí, sácalo todo? ¿Cuánto le estarán pagando a Dina para que le dé la espalda a su pueblo? Se vienen largas e intensas jornadas de lucha. Y a ella le toca la cárcel. Que pague por nuestros hijos muertos”.

¿Por qué han salido a la calle? 

El sur está enardecido. Duele la traición de Dina Boluarte. Para los campesinos, vale más la palabra que un papel. Boluarte decía que ella estaría con el pueblo para defender la democracia. Esa fue su palabra y mira ahora. La democracia de Boluarte es la democracia de las élites de la derecha y el fujimorismo. Nos ha soltado el ejército. Ha declarado el estado de emergencia en nuestras tierras. Ha empezado la masacre en su propia tierra que es Andahuaylas. Mira el nivel de traición. Allí nueve fueron asesinados, entre ellos varios jóvenes, algunos menores de edad. Ayacucho se ha solidarizado y de golpe les matan a diez más. Otros tres en Arequipa. Otros tres en Amazonas. En enero ya matan a 18 compañeros sin piedad. Han matado hasta al médico que estaba auxiliando heridos. Han irrumpido diciendo ¿qué cosa, salvando la vida de estos terroristas, de estos delincuentes? En Puno fue tan terrible, a las enfermeras les arrancaban las medicinas de las manos. Hasta ahí eran 47 muertos. Durante este último lapso ya tenemos 60 muertos. ¿Cómo no nos va a doler, cómo no vamos a estar enfurecidos? 

Para que se enteren los que los llaman terroristas. ¿Quiénes son ustedes, Lourdes?

Somos seres humanos, somos personas que aportamos al desarrollo de nuestro país. El sector campesino indígena, hombres y mujeres, somos quienes damos el pan para llevar a la mesa de la gente. Somos los que sembramos y cosechamos. Porque la gente de Lima y otras ciudades no se alimentan de oro, plata o cobre. Y somos también quienes venimos luchando desde el día 7 de diciembre, los campesinos, las campesinas, los indígenas. No vamos a retroceder. No vengo a hablar en nombre de Lourdes Huanca. Vengo a nombre de nuestra federación, a nombre de la Asamblea nacional de los pueblos. Nuestro acuerdo es no retroceder.

Vídeo: Fernando Vílchez.

¿Qué es exactamente lo que pide ese Perú movilizado?

Creen que los campesinos deseamos siempre semillas y tierra, pero hoy la agenda política de lucha unificada, de campo y ciudad, obrera y campesina, es: destitución de Dina Boluarte, cárcel para ella, que pague la sangre derramada, libertad de Pedro Castillo, cierre del Congreso e instalación de la Asamblea Constituyente Plurinacional paritaria. Dejen de subestimarnos políticamente.

Por ahora la respuesta del Gobierno ha sido de ninguna escucha y muy cruenta.

La señora Dina Boluarte dice “la paz, la paz”, “los invito a dialogar”. O sea me mata a mis hijos, a mi esposo, mi padre, mi tío, y después de matar ¿voy a decir vengan a dialogar? ¿En qué cabeza cabe eso? Tenemos congresistas que dicen sin pudor métanles bala a esos terroristas, a esos delincuentes. No somos delincuentes ni terroristas. Los periodistas independientes regionales han ido a los pueblos y han investigado que ni un solo muerto tenía antecedentes penales o de terrorismo. Ninguno. La señora Dina Boluarte dice “las balas que los han matado no son del Perú, son de Bolivia”. Pero los forenses ya la han desmentido. Son balas de la policía peruana que recibió órdenes de matar de la misma presidenta. ¿Qué es lo que espera Boluarte para renunciar? Se indignó por los muertos de otros dictadores, ¿dónde está su indignación por los 60 muertos? Está claro que detrás hay un plan fujimorista: los ministros son fujimoristas. Las ministras son parte de la élite que ha dado este golpe de Estado contra los pueblos. Este es un golpe de Estado contra los pueblos indígenas. Las estrategias y narrativas que estamos viendo son fujimontesinistas. 

¿Qué le diría a Boluarte?

Que Dios le perdone y la pachamama. Pero nosotras no la vamos a perdonar. Y no podemos retroceder por nuestros hijos, por nuestros nietos. Si hoy nos están matando, imagínese si lo dejamos ahí nomás. ¿Qué va a ser del futuro? Yo igual me muero en diez o veinte años. ¿Y estos jóvenes que quedan van a seguir siendo tratados así? Sabemos que el Gobierno ha salido después de las protestas a decir que los policías son unos héroes. Hasta organizaron una marcha por la paz en la que obligaron a cada policía a llevar a cinco familiares para abultar. Nosotros decimos paz pero con justicia. Y justicia sería que la presidenta fuera presa porque si no dónde quedó la cultura de los derechos humanos en nuestro país. ¿Cuánto dinero le estará cayendo por darle la espalda a su país? Y encima usando el feminismo, diciendo que no la dejan gobernar por mujer, cuando lo que queremos es que se vaya por fascista.

Como mujer y líder campesina, ¿cómo sienten lo que ha ocurrido en el último año y medio desde las elecciones?

Este proceso para los pueblos indígenas originarios no inicia ni el día 7 de diciembre que meten preso a Pedro Castillo, ni cuando empiezan las protestas, sino desde que fue proclamado como presidente. Ya desde ahí querían desconocer los votos de las regiones. Decían que los campesinos no sabemos votar y que habían votado por nosotros, algo rotundamente falso. Yo vengo de una federación. Y nosotras acordamos en asamblea votar por Castillo en la segunda vuelta.

¿Por qué votaron por él, qué representaba Pedro Castillo?

Porque era la alternativa. No íbamos a votar por Keiko Fujimori, que representa la continuidad del proyecto autoritario y corrupto de su padre. Lo analizamos: Castillo no es de Lima, como nosotros, es de Cajamarca, hijo de campesinos, un profesor rural de primaria. ¿Cómo no sentirnos representados? Una vez proclamado, los fujimoristas pidieron auditoría voto por voto, y ni de esa manera pudieron probar que hubo fraude. Ya esa vez las compañeras y compañeros nos movilizamos hacia la capital como ahora para proteger nuestros votos. Hemos dormido en la puerta del Jurado Nacional de Elecciones. El golpismo verdadero empezó desde el primer día de Castillo.

¿Qué pasó después entre el Congreso y el Ejecutivo? 

Se supone que cuando eres elegido presidente empiezas a trabajar. Como otros presidentes han empezado a gobernar en el Perú, Toledo, Humala, a los que no les han exigido resultados ni bien llegaron. En cambio a Castillo, desde que entró a palacio empezó contra él el maltrato verbal, la violencia psicológica, capacitista, racista, clasista. Le llamaban burro, incapaz, provinciano, ignorante. Cada palabra que se le decía al presidente, nosotros, hombres y mujeres del campo, lo sentíamos como si nos estuvieran insultado y ofendiendo a nosotros. Nos estaban diciendo que no podíamos gobernar y que no sabíamos dialogar. No querían dialogar porque tenían muy claro su objetivo de cargarse al presidente. Como ahora Dina Boluarte nos acusa de no saber dialogar para evitar su caída. 

¿Diría que desde entonces ustedes estuvieron organizándose en defensa de su elección política?

Sí, ya no solo desde mi federación, sino también con las rondas campesinas, el Frente Agrario, la Asamblea de los Pueblos y otras organizaciones autónomas, estuvimos siguiendo el proceso que se estaba dando en el Congreso y que perseguía la vacancia del presidente. Hubo cuatro intentos de vacancia y pedidos de destitución en un año. Elegía sus ministros y se los tumbaban. Jamás un presidente fue tan fiscalizado, buscándole cinco pies al gato, mientras la prensa se encargaba de amplificar estas informaciones dudosas para crear la sensación de que ellos tenían razón: de que hubiera sido preferible que gobernara una Fujimori que un indígena. 

Y finalmente lograron que creciera la oposición hacia Castillo en cada vez más sectores, pero las organizaciones indígenas se mantuvieron a su lado. ¿Por qué? 

Fue la primera vez que un presidente abrió las puertas de Palacio de Gobierno a los pueblos originarios, como nadie había hecho antes. Pero no como le abres la puerta a una cantante indígena o a un grupo de bailarines para quedar como alguien que ama la marca Perú, sino que las abrió para que las organizaciones podamos tener reuniones con los ministros y con él. Ese gesto es lo que a nosotros nos convenció de que tenía voluntad de trabajar y recoger nuestras propuestas. Los compañeros y compañeras nos hemos sentido legitimados por él. Recogió propuestas como la nueva reforma agraria, la ley universitaria, el referéndum por la nueva constitución. Y hubo 54 propuestas de ley para el poder legislativo. No fueron aprobadas. Perú Libre decía que el presidente se estaba reuniendo con caviares. A nosotras imagínese que nos llamen caviares. No he probado el caviar en mi vida. O sea nosotras estábamos hablando con él sobre cómo los hijos de nuestros compañeros en Cerro de Pasco estaban llenos de plomo en todo el cuerpo. Estábamos hablando con él de cómo las empresas mineras y petroleras estaban contaminando el medio ambiente, dejando estéril la pachamama o negando el cambio climático. ¿Caviares? Para los poderes económicos sin embargo sí éramos un peligro. Por eso esos nos llaman otra cosa, terroristas. Estaban muy nerviosos de vernos ahí en Palacio de gobierno.

¿Por qué?

Por una razón muy concreta: este año se iban a revisar las concesiones mineras, petroleras y leyes sobre agroexportación que se han concedido prepotentemente por 50 años con grandes sumas de dinero de por medio para solo algunos, proyectos que se hacen al lado de nuestras casas pobres sin que mejoren en nada nuestras condiciones de vida. Claro que a las grandes empresas de la derecha no les ha gustado eso. No les ha gustado que en cada región que visitaba Castillo dijera que iba a revisar las concesiones y hablara de que las deudas de millones que pensaba cobrarles a las multinacionales iban a ser recaudación para construir mejores escuelas para los niños campesinos. Y lo decía con el lenguaje del pueblo. No eran palabras técnicas. Eso era importante. Por eso le llamaron ignorante. No por su forma de hablar en realidad sino porque amenazaba sus intereses. Y a nosotros durante este año y medio no han parado de hostigarnos.

¿Por qué da ese mensaje a la nación en que anuncia un autogolpe que se queda solo en intento y que no tiene el apoyo de nadie?

Para nosotras sigue siendo inexplicable. Hemos analizado lo ocurrido y creemos que pasó algo muy oscuro, quizá amenazaron a sus hijos. Creemos que desde el 7 de diciembre él está secuestrado y preso. En cada región que visitaba Castillo recibía el mismo mensaje de la población: cierra el congreso, no te deja trabajar. Ese ha sido el reclamo de la población. ¿Y ahora cuál es ese reclamo? El mismo. Ya no lo dice Castillo nomás, lo dice todo el mundo, hasta el centro. Ese congreso no puede seguir y Castillo lo sabía. Es el Congreso que ha puesto a su marioneta Dina Boluarte para que nos calle la boca y nos mate. No somos estúpidas. Somos mujeres campesinas conscientes. Supimos que antes del mensaje se reunieron los ministros e iba a leer otra cosa. Pero el día 7 no dejaron entrar al jefe de gabinete que llevaba el discurso y se lo daba en mano al presidente. 

¿Qué pasó ahí? ¿Por qué leyó ese documento que no estaba acordado? 

Ya lo dirá el presidente. Nosotras tenemos la hipótesis de que fue amenazado. Más allá de lo leído, eso nunca fue documento, ni decreto firmado. Eso no existe. No hubo un documento que dijera al Ejército que vaya y tome el Congreso. Legalmente Castillo no debería estar preso, está secuestrado injustamente. Pueden continuar sus juicios desde fuera, por qué seguir encerrado. El mismo 7 salimos a la calle a pedir su libertad. Y nos han tirado ya desde ahí bombas lacrimógenas.

Había sospechas de corrupción sobre su Gobierno y su entorno, ¿usted sigue pensando que no eran casos ciertos? ¿Y las promesas incumplidas?

Cuando nos hemos reunido siempre le hemos preguntado, le hemos pedido que sea sincero, nos juraba por sus padres que no había cogido un sol. Pero yo les he dicho que me muestren una prueba y hasta ahora no lo hacen. De lo que estamos seguras es de que teníamos un presidente del pueblo al que no dejaban gobernar y que se pasó el año que estuvo ahí preparándose solo para defenderse. ¿En que momento iba a cumplir lo prometido? Yo no soy castillista ni de Perú Libre. Soy de mi federación de mujeres. Lo que hemos estado cuidando es la gobernabilidad de nuestro país y el voto campesino, sobre todo el de las mujeres.

¿Qué esperan las mujeres campesinas del Perú de esta visita tuya, Lourdes, a Europa?

Tengo que agradecer la solidaridad de cada peruana y peruano, y de quienes nos han recibido en Bruselas, París, Madrid, Ginebra, Barcelona. Me quieren enlodar diciendo que estoy aquí de turista con la plata de Castillo. Así como han dicho que quienes protestamos estamos pagados por alguien. Para la derecha solo existe en su cabeza el signo del dólar, del euro. Pero no existen las palabras solidaridad, sororidad, comunidad. La gente latina, peruana, lo sentimos muy adentro, por nuestras ancestras. Y cuando no te dan lo que te sobra, te dan lo que es y corresponde. Nos hemos reunido con bancadas de izquierda en todos estos países. Esperamos que envíen cartas de solidaridad pidiendo la renuncia de Boluarte. Es lo mínimo que se espera de países democráticos como España y de gobiernos progresistas. No se puede reconocer a una asesina.

Llegar a Lima tampoco ha sido fácil, ¿cómo se lucha contra contra tanta desigualdad?

Se han equivocado con el pueblo indígena campesino. Aguantamos hasta que se desbordó. 

En Lima hoy hay miles de miles de campesinos movilizados a pesar de que nos amenazaron, a pesar de que nos dijeron “a estos terroristas lo esperamos aquí de pie”. Los han detenido en Pisco, en Andahuaylas, en Cusco, en Pucusana, entrando a Lima. Nos tienen miedo, no hemos ido a matar a nadie como Dina Boluarte, solo hemos llegado hasta ahí para decirle “señora váyase a su casa”. Por ahora. Hasta que la ajusticien. ¿Dónde está la democracia? Es una hecha a medida de las elites. Por eso urge también la formación de una Comisión transitoria para que pueda haber consulta popular para cambiar de una vez por todas la constitución de Fujimori. Las leyes hay que cambiarlas o hay que hacer que funcionen. Hay una ley contra la discriminación y no dejan de llamarnos “indios terroristas”. 

No puede seguir esta mesa directiva del Congreso porque si se va Boluarte entra otra fujimorista. Y no cambia nada. Y hay mucho por hacer por los postergados: Soberanía alimentaria, derechos de pueblos indígenas, desigualdad en los más de dos años que por el Covid nuestros hijos no han estudiado porque no tenían internet. Si no hubiéramos tenido conocimientos ancestrales de salud nos hubiéramos muerto todos de Covid. 

¿Tú has sido amenazada?

Hay cacería de dirigentes. A veces uno quiere olvidar pero sí he sido amenazada, tengo que agarrar fuerzas para no caer, me acosan, hostigan a mi familia. Tengo miedo por mis compañeros. Han detenido a los dirigentes del Frente de defensa de Ayacucho y directo los han llevado a la dirección antiterrorista. Van a intentar juzgar como terroristas a todos los que nos oponemos a este gobierno y hemos salido a luchar. Por eso pedimos ayuda al mundo. Necesitamos su apoyo.

¿Qué significa democracia para las mujeres campesinas en el Perú?

Como las mamitas dicen: ¿esto es democracia? ¿Que nos estén matando se llama democracia? Democracia es tener libertad para luchar. ¿Para qué nos obligan a votar para después botar a nuestro presidente? ¿Qué nos están diciendo? Pues que si queremos ser autoridades nuestro futuro será la cárcel o la muerte. Pero somos fuertes como el páramo, nos podrán quemar, incendiar pero volveremos a florecer en primavera, brotaremos otra vez como las flores, lo verde y lo hermoso; somos las flores silvestres, eso somos, somos semillas autóctonas de padres y abuelos fuertes. A Petro no lo van a dejar, a Lula le toman el congreso, en Bolivia la derecha se recompone. A Francia ya la quieren matar. Nos matarán a mil o a dos mil pero tenemos que prepararnos para ocupar cada vez más esos lugares de decisión por nuestro bien. No creemos en las fronteras, creemos en la unidad de todos los pueblos originarios de América Latina. No hay fronteras para el dolor. El dolor de nuestros territorios es un solo dolor.

La tensión entre los manifestantes que reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la Policía volvió a escalar en Perú esta tarde con la toma e incendio de las instalaciones de una mina en Cusco, el reporte de otro incendio en un centro binacional en la frontera con Bolivia y también en Lima, donde cerca de 2000 manifestantes gritan consignas contra el Gobierno a escasos metros de una nutrida formación policial, en lo que puede ser el preludio de nuevos enfrentamientos como los que se vienen sucediendo desde hace más de 40 días, con un saldo acumulado de 44 muertos y cientos de heridos.

En Cusco un grupo de manifestantes ingresó hoy al campamento de la mina Antapaccay para exigir que paralicen por completo sus actividades en solidaridad con la población que acata un paro en reclamo de la renuncia de Boluarte y el llamado anticipado a elecciones presidenciales y legislativas.

Según reportó el sitio RPP el personal de la mina intentó establecer un diálogo, pero todo terminó en una confrontación en la que partes de las instalaciones terminaron incendiadas.

Desde adentro de la mina Antapaccay los manifestantes repelían esta tarde a piedrazos a los efectivos de la Policía Nacional que intentaba ingresar para controlar la situación.

En tanto, otro grupo de manifestantes intentó tomar hoy el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, en Cusco, pero la Policía consiguió despejar la zona y la aeroestación volvió a operar con normalidad:

Otro incendio se registró a primera hora de la tarde de hoy cuando un grupo de manifestantes ingresó en el Centro Binacional de Atención en Frontera de Desaguadero, esta institución se encuentra entre las comunidades de Carancas y Lupaca, en la frontera entre Perú y Bolivia, reportó el diario boliviano Los Tiempos.

En Lima, en tanto, las marchas y manifestaciones se hacen notar en varios puntos de la ciudad, aparte del grupo que se concentra frente a la Policía en proximidades de la Plaza San Martín, en el centro histórico de la capital peruana y en varias zonas se registraron disturbios aislados durante la jornada.

Más temprano, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, uno de los organizadores de las protestas, anticipó que las manifestaciones contra la presidenta Boluarte, que reúnen en Lima a miles de personas venidas de las zonas andinas e incluyen bloqueos de vías en varias partes del país, van a continuar.

“La lucha va a continuar en todas las regiones hasta lograr la renuncia de Boluarte y los otros puntos de la agenda, como las elecciones este mismo año y el referendo para la (Asamblea) Constituyente”, declaró López.

“Las personas que llegaron a Lima y que permanecen en la ciudad piensan movilizarse hoy (viernes) nuevamente, aunque aún no está claro cómo”, había declarado el dirigente gremial, según reportó la agencia de noticias AFP. 

“La jornada del jueves fue un éxito. Los trabajadores paralizaron sus actividades. En Lima la marcha era pacífica, pero la policía comenzó los ataques con gases lacrimógenos, perdigones e incluso balas”, denunció el líder sindical.

Hasta anoche, la Defensoría del Pueblo registraba 44 muertes -43 de manifestantes y un policía- desde el inicio de las movilizaciones a principios de diciembre, con la destitución en encarcelamiento del entonces presidente Pedro Castillo, a quien sucedió Boluarte en su condición de vicepresidenta.

Otras 13 personas murieron por distintas causas relacionadas con las protestas, como accidentes producto de los bloqueos en las rutas.

Perú vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre pasado, cuando el Congreso destituyó a Pedro Castillo, horas después de que anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales, tras varios intentos de los bloques opositores de removerlo de su cargo con mociones de censura.

Por su parte, Boluarte descartó que vaya a presentar su renuncia e hizo un llamado al diálogo para devolver la calma al país tras la multitudinaria manifestación que se desarrolla en varias regiones, incluida la capital, Lima.

“La situación está controlada, porque sabemos que estos señores no van a cesar en su proceso de quebrar el estado de derecho. El Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca”, aseguró anoche en un mensaje televisado en el que se la vio rodeada por algunos de sus ministros.

Sin embargo, hoy las protestas de habitantes de zonas rurales de los Andes en Lima reportaron 38 heridos entre policías y civiles, informó el Ministerio de Interior.

“Este Gobierno no nos representa, es ilegítimo para el pueblo aimara, por lo tanto, hemos venido aquí para hacer sentir nuestra voz de protesta”, manifestó Ricardo Mamani de 47 años.

“Hemos viajado por 42 horas desde la región de Puno, estamos exigiendo de una buena vez que esta señora dé un paso al costado para que el pueblo esté en paz”, agregó el poblador aimara.

En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024, pero las manifestaciones persisten y el reclamo es por la salida inmediata de Boluarte y los miembros del Congreso.

“Invitamos la intervención de los derechos humanos, no sentimos la presencia del derecho internacional. No hay nadie quien nos defienda”, denunció Mamaní, que vestía de negro en señal de luto por las víctimas de la región Puno.

La crisis también refleja la inmensa brecha que existe entre la capital y las provincias pobres que respaldan al presidente Castillo, de origen indígena, y que veían en su elección una forma de revancha contra el poder de Lima.

En tanto, el enviado especial del Alto Comisionado de la ONU en Perú, Christian Salazar Volkmann, informó hoy que había pedido información al Gobierno de Boluarte sobre las acciones realizadas “para evitar que estas muertes y heridos se repitan”, tras reunirse con el primer ministro, Alberto Otárola.

Actualmente, casi un tercio del país, que tiene 25 regiones -entre las que se encuentran Callao, Lima y Cusco-, está bajo estado de emergencia hasta mediados de febrero, lo que autoriza a militares a intervenir junto a la policía.

DA