La secretaria de Niñez, Familia y Adolescencia, Yanina Nano Lembo, explicó que su gobierno no está aplicando la ley Lucio —que se votó en 2023 y estableció medidas de prevención y detección de la violencia contra niños, niñas y adolescentes— porque la consideró “ideologizada”. La norma fue aprobada por unanimidad, cuando Javier Milei era diputado, y después de la conmoción social por el asesinato del niño Lucio Dupuy a manos de su madre y su pareja. La funcionaria de la gestió libertaria expuso este martes en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados en el contexto de la ley de ingresos y gastos 2025, un presupuesto de ajuste.

La diputada peronista Julia Strada le preguntó por las leyes Lucio y Brisa, que subsidia a los niños cuyas madres fueron asesinadas en casos de violencia de género. Nano Lembo respondió entonces: “En relación a la ley Lucio, teníamos como objetivo desarrollar ocho módulos. Había un módulo que cuando recibimos la gestión estaba desarrollado. Lamentablemente estaba ideologizado. Por eso mismo, estamos en proceso de revisión de este capítulo y continuaremos los capítulos correspondientes. Si vamos a comprometer el dinero del Estado, lo vamos a hacer para desarrollar el contenido correcto, priorizando las infancias”. En el Ministerio de Capital Humano explicaron más tarde el argumento para suspender los cursos contra la violencia contra la niñez: “El primer capítulo del Curso 1 tiene el objetivo revisar el concepto de familia y deconstruir estereotipos patriarcales, siendo que, la situación que dio lugar al desenlace de Lucio fue la negligencia y el empecinamiento de todos los actores de Sistema de Protección que sostuvieron el derecho de la madre por sobre los derechos del niño, no interviniendo a tiempo y sosteniendo un modelo que aboga por una igualdad sesgada e ideológica”.

Nano Lembo intentó justificar el ajuste en el gasto social, más allá de que sí aumentó la Asignación Universal por Hijo (AUH). “Redoblamos nuestro compromiso con la prestación Alimentar. Cuando asumimos, cubría a niños de cero a 14 años, hoy incorporamos a adolescentes de 15, 16 y 17 años, con esta extensión logramos llegar a más de 600.000 adolescentes que no recibían esta prestación. Desde el comienzo del año, incrementamos el Programa Alimentar en un 138% y junto con la AUH estamos cubriendo casi el 100% de la canasta básica alimentaria”, destacó la secretaria.

Sin embargo, los diputados de la oposición advirtieron que, pese a todo, la pobreza subió del 41% a 53% entre 2023 y 2024.. Itai Hagman, de Unión por la Patria, la interrogó por los nuevos intermediarios de la distribución de alimentos, los que reemplazaron a los movimientos sociales, como son los casos de las iglesias evangélicas, Caritas y la Fundacion Conin.

“En vez de afrontar la situación y defender el Presupuesto 2025, Nano Lembo ofreció un relato de políticas inexistentes. Con el presupuesto de Milei, las asignaciones perderán entre un 4% y un 8,3%”, advirtió el diputado socialista Esteban Paulon. “Disfrutamos de la fantasiosa presentación de la secretaria. Más que una defensa del presupuesto 2025, un relato de políticas inexistentes y la negación de la grave situación que atraviesan las infancias”, agregó Paulon.

“Vino al Congreso Nano Lembo a defender el presupuesto de hambre y miseria para las infancias y adolescencias”, la criticó la diputada de izquierda Vanina Biasi. “La funcionaria antiderechos que reemplazó a Joaquín De La Torre después del escándalo de ñoquis de la OIE (Organización de Estados Iberoamericanos) y el robo de la comida a comedores populares. ¿Qué hizo hasta ahora en su gestión? Sigue hambreando a niños y niñas que en la friolera de un millón y medio se van a dormir sin cenar en nuestro país”, la atacó Biasi.

AR/JJD

El Gobierno promulgó en la madrugada de este miércoles la Ley Lucio con el objetivo de prevenir las violencias y abusos en la infancia. 

La normativa, que fue publicada en el Decreto 253/2023 del Boletín Oficial, surgió tras el asesinato de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que falleció tras recibir palizas permanentes de parte de su madre, Magdalena Espósito Valenti (26), y la pareja de esta, Abigail Páez (28) en Santa Rosa, La Pampa. Ambas fueron condenadas a prisión perpetua por el crimen.

La normativa cuenta con la firma del presidente Alberto Fernández, del Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

La Ley Lucio tiene como fin establecer capacitaciones continuas, permanentes y obligatorias en derechos de las niñas, niños y adolescentes para “personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”.

La norma agrega además que “podrán también ser destinatarios del citado plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación de la presente ley”.

Desde el momento de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, hay seis meses para elaborar “los contenidos del Plan Federal de Capacitación”.

El proyecto de ley impulsado tras la muerte de Lucio en noviembre de 2021 había alcanzado la media sanción en la Cámara de Diputados un año después y el pasado 13 de abril logró la aprobación definitiva en el Senado. 

Los principales puntos de la Ley Lucio

Con información de Franco Giummarra, para la agencia NA.

IG

Con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el recinto, el Senado de la Nación aprobó este jueves por unanimidad el proyecto de “Ley Lucio”. El mismo crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Luego de una ola de reclamos para que la cámara alta trate la iniciativa, la cual había recibido media sanción de Diputados el 9 de noviembre pasado, finalmente fue aprobada con 65 votos afirmativos, con Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio Dupuy -el niño brutalmente asesinado quien inspiró el proyecto- ubicado en uno de los palcos del recinto.

Lucio Dupuy de 5 años falleció tras recibir repetidas palizas por parte de su madre y la pareja de la misma en Santa Rosa, La Pampa.

La iniciativa recrea el formato de la Ley Micaela, aunque en este caso vinculado a la la prevención y detección temprana de la violencia contra las infancias y adolescencias. Había estado en el temario de la fallida sesión del 30 de marzo, cuando el oficialismo y la oposición no pudieron ponerse de acuerdo en el orden de tratamiento de los proyectos y se suscitaron álgidas discusiones no resueltas sobre cuestiones reglamentarias.

Noticia en desarrollo

LC con información de agencia NA

Luego de casi cuatro meses, el Senado volverá a funcionar este jueves en el marco de la sesión denominada “preparatoria” en la que se designarán las autoridades de la Cámara Alta y, además, se establecen los días y horarios de las sesiones para este año. Todo indica que la titular del Senado, Cristina Kirchner, no encabezará la doble sesión en la Cámara Alta (se encuentra en la Patagonia), algo poco habitual en una cita tan importante, y en su reemplazo estará la vicepresidenta del cuerpo, Claudia Ledesma Abdala.

Uno de los temas de fondo que tendrá la sesión en el Senado, es la amenza de ruptura con el interbloque oficialista en esa cámara, ya que cuatro legisladores peronistas que responden a las provincias dejaron trascender que quieren armar una bancada propia.

Se trata del jujeño Guillermo Snopek, la puntana María Eugenia Catalfamo, el correntino Carlos Espínola, y el entrerriano Edgardo Kueider, dos de ellos integrantes del bloque Frente Nacional y Popular y los otros dos de Unidad Ciudadana, que juntos conforman el interbloque Frente de Todos. La idea de estos cuatro senadores es sumar a su colega cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti.

No se sabía hasta esta tarde qué hará el interbloque de Juntos por el Cambio, es decir si se presentará a sesionar o se retira del recinto y deja que el Frente de Todos consiga el quórum. El espacio opositor, mediante un comunicado, había planteado que no iban a sesionar hasta que el oficialismo no retire los pedidos de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Según el acuerdo que existiría entre el Fdt y JxC, Claudia Ledesma Abdala (Frente Cívico de Santiago del Estero) seguirá como presidenta provisional; Carolina Losada (UCR) como vicepresidenta; Maurice Closs (Frente Renovador de la Concordia de Misiones) vicepresidente primero y Guadalupe Tagliaferri (PRO) como vice segunda.

En el temario, además, figuran los proyectos de Alcohol Cero al volante y la Ley Lucio, este último inspirado en Lucio Dupuy, el nene de 5 años que murió asesinado a golpes en La Pampa, que busca prevenir la violencia contra niños y adolescentes. En los dos casos, salvo por algunos senadores de Mendoza y de San Juan (provincias vitivinícolas) que se oponen a la prohibición de tomar alcohol antes de manejar, existe el consenso necesario para la aprobación.

El Frente de Todos tendría el quórum porque cuenta con sus 35 legisladores, a los que les suma el acompañamiento de senadores de bloques unipersonales.

Con información de NA

“Lucio me tiene cansada, pero no me va a alejar de la persona que amo con toda mi alma”, le escribió Abigail Páez por WhatsApp a su novia, Magdalena Espósito Valenti. “Es mi mayor miedo ese. Perderte por culpa de Lucio. No me lo voy a perdonar nunca, ni se lo voy a perdonar a él tampoco”, le respondió la mamá del nene el 14 de octubre de 2021, un mes antes del asesinato. 

En los chats de las dos mujeres condenadas por el crimen de Lucio Dupuy, de 5 años, el 21 de noviembre de ese año resalta el malestar que generaba el nene en la relación y el desdén y violencia con los que lo trataban. “Yo te amo muchísimo. Pero tener que estar eligiendo entre Lucio y vos no está bueno, y ya te lo dije. Y vos me seguís poniendo en esa posición. Vos no me dejas hacerme cargo porque vos lo querés criar como tu mamá te crió a vos, a los palazos y no, porque yo no quiero criarlo así”, le reprochó Espósito Valenti en una de las conversaciones. En el extracto del expediente difundido por la justicia pampeana se ven las discusiones permanentes que tenían por la crianza del nene. Según relató una de las amigas de Abigail Páez, la mujer estaba celosa del hijo de su novia y era un tema recurrente. Eso se confirma en las conversaciones.

Por lo que se vislumbra de los extractos difundidos, Páez era la más agresiva con Lucio y le reprochaba a la madre que no le pegaba lo suficiente para retarlo. “Yo quiero que vos lo recagues bien a palo una sola puta vez”, le escribió un día. Y agregó: “Le metes tres sopapos o tres voleo en el culo para que se de cuenta que está haciendo las cosas mal. No tengo que ser yo la que le pegue, la que lo lastime porque encima lo termino lastimando porque yo no le voy a pegar como vos una patada entre comillas porque eso no es pegarle, o asustarlo o retarlo.  Yo me estoy cansando de él y desgraciadamente repercute porque somos 3”.  A veces, la madre intentaba una defensa del nene y en otras, acordaba con su novia: “Yo no lo quiero ni ver, me lo fumo de onda y más cuando hace todas estas cosas o discutir con vos”, le respondió.

Por momentos, la madre intentó poner algún freno a los golpes que su pareja le daba al nene. “Si vos querés que yo me haga cargo de Lucio, como vos decís. Yo no quiero que te metas más, que no le digas ni A, ni que lo cambies ni que lo bañes ni que nada. Y que me respetes criarlo como yo quiera. Y principalmente que no le vuelvas a tocar un pelo nunca más. Porque tiene el culo espantoso y yo no te puedo seguir permitiendo que vos le pegues así”, le mandó en un mensaje. Sin embargo, en otras ocasiones se ponía de acuerdo para disimular los golpes del nene y acordaba con las golpizas. 

Magdalena Espósito Valenti, de 25 años, no había terminado el secundario cuando se puso de novio con Cristian Dupuy. Se fueron a vivir a Luján, provincia de Buenos Aires. Ahí concibieron a Lucio sin planificarlo y regresaron a General Pico, en La Pampa, para tener al bebé. Cuando Lucio cumplió un año, la pareja volvió a Luján y meses después se separaron. Espósito Valenti regresó a su provincia con su hijo. Según los testimonios de allegados, el nene pasaba semanas en la casa de sus abuelos. El padre siguió en Luján y la madre cambiaba de casa permanentemente. Tiempo después aceptó la propuesta de los tíos paternos de hacerse cargo de Lucio.

“Me doy cuenta de que no me siento madre. O sea, yo no siento poder tener esa responsabilidad. Entiendo que la responsabilidad ya está y hago mi mayor esfuerzo para cumplir con todo pero siento que se va de mis manos y que no estoy capacitada para eso. Siento que quizás sería mejor mi influencia desde afuera. O sea no viviendo, yo no quiero dejar de tener contacto con él, ni perder la relación y que se olvide que soy la madre no yo no quiero eso. Yo lo único que no quiero es que no [sic] viva conmigo”, le grabó en uno de los audios a su novia.  Los conflictos por maternar también eran un tema de conversación con sus amigas y en terapia. “Le costaba mucho el tema de la maternidad de Lucio, iba al psicólogo por eso”, relató una compañera de trabajo.

En los chats también se ve la discontinuidad en la cuota alimentaria por parte de Cristian Dupuy. “Ahí hable otra vez con el pajero. Y se pudrió otra vez porque dice que se lo quiere llevar al nene a Pico. Le dije que no y dijo que él ya pidió una mediación jaja como si eso lo pudiera pedir él. Así que puterío en puerta, no sé que mierda vamos a hacer sino [sic] manda la plata pero te voy avisando que si no la manda, ahí si se pudre. Porque voy a hacer todo lo que sea para que no lo vea más”, le escribió Páez. “La plata la tiene que mandar. Y no te preocupes que si no la manda a la plata yo me voy a hacer cargo de juntarla”, le respondió Espósito Valenti. 

CDB

La absolución de la madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, para el delito de abuso sexual agravado causó sorpresa entre el grupo de fiscales, la querella y la familia paterna de Lucio Dupuy. Si bien las dos mujeres fueron condenadas por el homicidio agravado, solo Abigail Paéz fue sentenciada “por abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente”. 

En su fallo, el Tribunal de Audiencias de Juicio de Santa Rosa consideró que no se encontraron pruebas suficientes para culpar a la madre del abuso y por eso utilizó la figura de in dubio pro reo, el beneficio de la duda en favor de la imputada. En su explicación, el juez Aníbal Olié sostuvo que las pruebas de ADN que se realizaron sobre un consolador utilizado para abusar de Lucio no eran suficientes. “Del elemento fálico referido indicó la presencia de ”perfil genético mezclado atribuible al menos a tres individuos (…) de los que no puede descartarse el aporte de material genético de Magdalena Espósito Valenti, Abigail Páez y Lucio Dupuy“, describió. ”¿La prueba reunida implica –necesariamente- que ambas hayan sido autoras de las injurias sexuales, tal como lo afirmaron las partes acusadoras? La respuesta es negativa“. describió.

“El rigor que exige una sentencia de condena, que ello obedezca -también- a la acción de Magdalena Espósito Valenti: es perfectamente factible que su ADN ya estuviera allí, por empleos anteriores del objeto fálico, cuando la restante acusada agredía sexualmente a Lucio Dupuy”, definió el magistrado en la fallo al que adhieren la jueza Alejandra Ongaro y el juez Daniel Sáez Zamora.

En el caso de Abigail Páez no tuvieron dudas: se comprobó que la mujer ejecutó actos de penetración anal con un objeto fálico sobre Lucio Dupuy  en forma reiterada durante por lo menos dos meses antes de su fallecimiento. “Si bien entonces no albergo dudas acerca de la ocurrencia del hecho, el modo, el tiempo y elemento utilizado (o al menos uno de ellos); sí, en cambio, creo que las partes acusadoras sólo han logrado producir prueba respecto de la autoría de una de ellas: Abigail Páez”, sostiene el fallo. 

El tribunal consideró que los dichos de Páez a vecinos y médicos el día de la muerte sobre una violación por parte de otra persona la condenan. “Ello me permite atribuir el delito de abuso sexual a Abigail Páez, en tanto poseía conocimiento de que el niño había sido objeto de abuso sexual, circunstancia que la vincula directamente al hecho, ante la inexistencia de otras pruebas reunidas durante el debate que  razonablemente expliquen tal conocimiento, revelado por su reiterada advertencia a otras personas”, describieron.

Además, indicaron que es posible que la mujer haya abusado del nene mientras la madre no estaba en su casa. 

CDB

El brutal crimen de Lucio Dupuy nos ha conmovido profundamente. Homicidio atroz, con prácticas previas de malos tratos sistemáticos, de una enorme crueldad, agravadas estas conductas delictivas por el vínculo materno y familiar. Sin duda el veredicto emitido por el Poder Judicial, si bien no se conocen los fundamentos, actúa como una cierta reparación simbólica frente a la impunidad de tanta violencia contra un ser indefenso. 

Desde las organizaciones de infancia, desde la militancia por los derechos humanos, por las niñeces y por la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, hemos luchado durante décadas por erradicar las distintas formas de abusos y malos tratos hacia las infancias, hacia el interior de las familias y de las instituciones que albergan a los niños y a las niñas.

La Convención de los derechos del niño, aprobada en 1989, la Ley Nacional 26061 y todas las leyes provinciales han propuesto la construcción de un Sistema de Protección Integral de Derechos de niños, niñas y adolescentes como ámbito de intervención para la prevención, detección y restitución de sus derechos vulnerados.  

Dicho Sistema está integrado por los organismos de infancia de cada localidad, llamados en general Servicios locales y provinciales de protección de derechos.  La legislación y los protocolos existentes obligan a los mismos a generar una permanente articulación con las áreas de educación, salud, desarrollo social, áreas que tienen la responsabilidad de detectar y derivar a estos dispositivos y al ámbito judicial, las situaciones de violencia y otras vulneraciones observadas. También con la sociedad civil, cooperadoras, comedores y clubes de barrio que deben estar comprometidos en la defensa y protección de les chiques. 

El ámbito educativo y el de la salud, las organizaciones barriales, por donde transcurren en forma obligada la enorme mayoría de les niñes, son los espacios privilegiados para detectar las situaciones de maltrato y de violencia. En los dispositivos de infancia el porcentaje mayoritario de las consultas y denuncias tiene su origen en el ámbito educativo seguido por el de salud; las líneas telefónicas gratuitas y las denuncias directas al poder judicial completan el circuito. 

Sin embargo, las muertes de los niños y niñas de los últimos tiempos evidencian la fragilidad de los mecanismos descriptos. Fragilidad determinada por diversas razones: 1 ausencia de un plan de capacitación intensiva de los equipos de salud y de educación; 2. inexistencia de un legajo único para evitar que progenitores perversos y perversas deambulen por distintos consultorios buscando a profesionales y servicios alejados entre sí para evitar sospechas; 3. inexistencia de programas de fortalecimiento de vínculos con equipos de trabajo social que puedan llegar a los domicilios de les niños y niñas, sea a pedido de los equipos de salud, de educación, del poder Judicial. 4. Inexistencia de un programa de jerarquización de los equipos de infancia dotándolos de una carrera profesional acorde con la importancia de su tarea. 

La crueldad y perversión que anidó en las autoras del crimen de Lucio, y en realidad debería decir en todos los autores de crímenes hacia las infancias, son aspectos difícilmente evitables, pero la intervención oportuna de los equipos profesionales de infancia, de salud y de educación, podrían haber hecho la diferencia. 

Frente a tanto dolor hay una utilización política del crimen de Lucio que es preciso denunciar. Se está utilizando este asesinato para cuestionar los avances que en el campo de la igualdad de genero hemos logrado en las ultimas décadas. Personas atravesadas por perversiones sexuales y capaces de cometer estos delitos pueden ser de distintas identidades sexuales y de género. Las mujeres asesinas y las mujeres violentas constituyen el fragmento minoritario de la estadística del horror, encabezada en un 70 a 80% según territorios y tipos de delito, por varones, padres, padrastros, vecinos. 

La cultura patriarcal que asesina a casi 300 mujeres por año y violenta a miles de adolescentes y jóvenes en calles, clubes deportivos, boliches bailables, tiene en los varones la autoría mayoritaria.  

Por eso es preciso repudiar el discurso de los grupos conservadores destinado a ofender y atacar al movimiento de mujeres y de los feminismos, desconociendo la larga lucha por revertir los crímenes contra la integridad sexual que el feminismo ha realizado en todo este tiempo. 

Movimientos de mujeres que reclaman la reforma de un poder judicial que frente a las denuncias de abuso sexual descree de los chicos, de las pericias psicológicas y psiquiátricas contundentes. Movimiento de mujeres y de los feminismos que denuncia a juzgados que, utilizando el falso Síndrome de Alienación Parental, acusa a las madres denunciantes de inventar o inculcar los síntomas de abuso o violencia, en las cabezas de sus niñes.  Es quizás la otra cara oculta en este terrible debate de los malos tratos y violencias en las infancias. 

La ley Lucio con media sanción de Diputados y a lograr la aprobación definitiva próximamente puede generar nuevos canales de detección, de denuncia, para intervenir y evitar las violencias. Para que sea eficaz deberán agregarse los recursos y carreras profesionales para enriquecer las políticas de infancia. Que no sea una ley vacía de asignaciones presupuestarias Que permita alentar la jerarquización de la temática de la infancia en la agenda publica nacional y local. 

Es preciso redoblar el compromiso para movilizar al conjunto de la sociedad promoviendo la participación y el control popular sobre los programas y dispositivos de atención. Colectivamente. 

Así como logramos construir la Marea Verde Violeta del NI UNA MENOS para disminuir los femicidios y las violencias que enlutan el planeta, hoy es preciso fortalecer el movimiento por los derechos de las infancias con la vieja y renovada consigna NI UN NIÑO MENOS, NI UNA NIÑA MENOS. CON VIDA Y CON CUIDADOS LES QUEREMOS.  

Integrante de APDH, directora de Niñez Adolescencia y Genero de la Defensoría del Pueblo CABA

Este mediodía se conocerá el veredicto por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de cinco años asesinado el 26 de noviembre de 2021 en La Pampa, por el que están acusadas su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su novia, Abigail Páez. El Tribunal de Audiencias de Santa Rosa definirá si las mujeres son culpables o no del delito “homicidio triplemente calificado y abuso sexual gravemente ultrajante” con una pena de prisión perpetua.

Durante la mañana se espera la llegada de manifestantes a los alrededores de la Ciudad Judicial de Santa Rosa, ubicada en las avenidas Perón y Uruguay, para reclamar justicia. La movilización está convocada por la familia paterna del nene. “Esperamos manifestarnos pacíficamente mientras esperamos conocer la culpabilidad de esas asesinas”, dijo Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, a elDiarioAr. Ayer se conoció que las dos acusadas no estarán presentes durante la lectura de la sentencia y serán notificadas por sus abogados en el Complejo Penitenciario N°1 de la provincia de San Luis, a donde fueron trasladadas para resguardar su integridad física. Ambas hicieron uso del artículo 309 del Código Procesal de La Pampa que les permite no estar en el momento en el que el tribunal informe el fallo. 

El juicio

El juicio, que se inició en noviembre del año pasado, tuvo 18 audiencias y participaron más de 100 testigos. Espósito Valenti y Páez están acusadas de golpear hasta la muerte al nene que estaba a su cuidado. Además, las pericias indican que ese día también fue abusado sexualmente. Durante el proceso, el Ministerio Público Fiscal presentó numerosas pruebas que indican que el maltrato era crónico. Hay chats entre ellas en las que hablan de los golpes y de la manera de disimularlos, están los dibujos de Lucio, la autopsia, las pericias psicológicas y psiquiátricas, y las cámaras de seguridad que confirman la presencia de las dos en el casa de la capital pampeana el 26 de noviembre del 2021 entre las 17.30 y las 19.40. Si bien Páez lo llevó a una posta sanitaria, los golpes le provocaron lesiones múltiples que lo llevaron a la muerte. 

Tanto la fiscalía como la querella que representa a Cristian Dupuy, el padre de Lucio, pidieron cadena perpetua para las dos. El Ministerio Público Fiscal pidió que se condene a Espósito Valenti por homicidio triplemente calificado“por ser la ascendiente (la madre), por ensañamiento y alevosía”. Para Páez, el mismo delito con la excepción del ascendiente. Además, se las acusa abuso sexual gravemente ultrajante por “acceso carnal vía anal con un objeto”. En el caso de la madre, agravado por ser la progenitora y aprovechar “la convivencia con la víctima menor de 18 años”. Por su parte, el abogado de la familia paterna, Mario Aguerrido, también agregó el agravante “odio de género” porque sostiene que las mujeres tuvieron “una clara aversión a todo el estereotipo masculino”.  Un argumento que la fiscalía no acompañó ni consideró que existieran elementos para probarlo.

Por el lado de la defensa, el representante oficial que patrocina a la madre, Pablo De Biasi, pidió la absolución tanto por el abuso sexual como por el homicidio. Indicó que “en el lugar de los hechos hubo una persona y no dos”. Además, indicó que no hay responsabilidad de Espósito Valenti por omisión y agregó que solo podría imputarse una conducta preterintencional, es decir que no existió dolo o intencionalidad. Por el lado de la pareja, la defensora oficial Silvina Blanco Gómez indicó que Abigail Páez no buscó la muerte del nene. Negó el homicidio agravado y sostuvo que se trató de un homicidio preterintencional. En sus argumentos, dijo que la mujer intentó ayudarlo con reanimación cardiopulmonar y el traslado a una posta sanitaria. 

Desde las 12 del mediodía, el tribunal integrado por la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Aníbal Olié y Daniel Sáez Zamora, solo se expedirá sobre la culpabilidad o inocencia de las acusadas, pero no dará a conocer las penas porque se trata de un juicio de cesura. El artículo 343 del Código Procesal Penal de La Pampa permite que el proceso se divida en dos cuando la pena máxima supere los seis años de prisión. La defensa usó este recurso por lo que la pena se conocerá en una nueva audiencia, en un plazo no mayor a los 15 días a partir de conocerse el fallo.  Sin embargo, la fiscal Verónica Ferrero pidió que se deje sin efecto la audiencia de imposición de pena y directamente se dicte la sentencia. “Pedimos que si el tribunal le da lugar a la calificación jurídica dada por la fiscalía, que lleva la pena de prisión perpetua, se suspenda la segunda audiencia de imposición de pena que estaba prevista”, explicó la fiscal Mónica Rivera. 

La expectativa es que hoy mismo el tribunal se expida sobre la pena como pidió la fiscalía sin esperar a otra jornada. “Pedimos que se deje sin efecto de la segunda audiencia porque el objetivo sería discutir un monto punitivo, en este caso sería perpetua no habría monto que discutir. Si el juzgado decide que son culpables tienen la posibilidad directamente de imponer la pena”, explicó Walter Martos, otro de los fiscales del caso.

En caso de ser sentenciadas, la familia de Lucio pidió que las mujeres cumplan la pena de manera separada. “Están de vacaciones”, se quejó el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy. “Lo venimos gritando, pero siguen juntas. Es lo que ellas querían desde el principio y no pudimos lograr que las separen”, agregó el hombre.

CDB

Los y las fiscales que investigaron el crimen de Lucio Dupuy en La Pampa no encontraron elementos para iniciar una investigación paralela contra la jueza Ana Clara Pérez Ballester, titular del Juzgado de Familia y del Menor N°1 de La Pampa, que homologó el acuerdo por la tenencia entre la madre del nene y los tíos paternos. Ayer, la magistrada fue denunciada por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Tanto el abogado que representa al padre de Lucio como una ONG vinculada al Partido Celeste Provida apuntaron contra la jueza Pérez Ballester, quien en noviembre de 2020 firmó el acuerdo entre Magdalena Espósito Valenti, la madre del nene, y el tío, Maximiliano Dupuy, y su pareja, Leticia Hidalgo, quienes los criaron durante algunos meses.  Ayer, el presidente de la Fundación “Más Vida”, Raúl Magnasco, presentó la denuncia contra la magistrada ante la Unidad de Atención Primaria, que depende del Ministerio Público Fiscal de La Pampa. “Tuvo varias alertas para evitar la muerte a Lucio y no sabemos si por una cuestión ideológica no cumplió con los deberes de una jueza de familia”, afirmó Magnasco, que también es el presidente del Partido Celeste, una ONG que milita en contra del aborto.

Sin embargo, los y las fiscales que investigaron el crimen del nene de cinco años indicaron que no encontraron elementos en la causa para impulsar un proceso contra Pérez Ballester. “No hay ningún elemento que a nosotros nos amerite haber advertido una situación o haber investigado o iniciado una causa ni respecto de la jueza ni respecto de ninguna otra persona”, dijo el fiscal de Delitos que Impliquen Violencia Familiar y de Género de La Pampa, Walter Martos a elDiarioAR. 

“La muerte de Lucio derivó en una investigación, en esta investigación en ningún momento surgió palmariamente de un delito o de una posible denuncia investigable de oficio por parte de la fiscalía que amerita iniciar una causa paralela a una tercera persona que no sean las dos acusadas. Ni durante la investigación ni tampoco durante el juicio. Por este motivo, desconocemos detalles de la intervención o no de la jueza cuestionada y eventualmente si se formula alguna denuncia la tendrá que investigar la fiscalía competente, que no seremos nosotros”, agregó el funcionario judicial ante la consulta de este medio.

Si bien la jueza homologó un acuerdo al que llegaron las partes, se le critica no haber realizado un estudio de impacto socioambiental para determinar el bienestar del nene. Antes de retomar la convivencia con su madre, Lucio vivió en la casa de su tío paterno en General Pico, La Pampa. Algo que las familias acordaron en el plano judicial en junio de 2019 después de la separación de la pareja cuando el padre, Cristián, trabajaba en Luján, provincia de Buenos Aires y la madre, en Santa Rosa. Meses después, en febrero de 2020, la mujer reclamó la tenencia alegando que tenía una nueva pareja y un emprendimiento para sostenerse económicamente. Desde ese momento, comenzaron los problemas por el régimen de visitas. La familia paterna contó que la mujer hacía escándalos y llamaba a la policía cada vez que tenía que ver a su hijo por lo que decidieron llegar a un acuerdo para que la tenencia fuera responsabilidad de la madre. 

Magnasco, el impulsor de la denuncia contra la jueza, es el presidente de la Fundación Más Vida y del Partido Celeste, un militante acérrimo contra el derecho al aborto legal. En sus redes, también se puede ver su adhesión a la figura de Javier Milei y críticas a la ley de Educación Sexual Integral. También impulsó la “Ley del Latido’, como en Texas, que prohíbe el aborto una vez que se detecte un latido del corazón en el feto. Una iniciativa que cuenta con el apoyo del precandidato a gobernador de La Pampa y diputado nacional por el PRO, Martín Maquieyra, quien es el autor de la ”Ley Lucio“. 

CDB/MG

Las acusadas por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de cinco años que murió tras una brutal golpiza y abuso sexual en La Pampa, no estarán presentes en la lectura de la sentencia. La mamá, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, pidieron no asistir a los tribunales de la Ciudad Judicial de Santa Rosa. Así lo confirmaron a elDiarioAr los fiscales que impulsaron la investigación del caso.

Las mujeres usaron el derecho de no escuchar el veredicto que dará mañana al mediodía el  Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, integrado por la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Aníbal Olié y Daniel Sáez Zamora, que definirá si son culpables o inocentes. El fiscal de Delitos que Impliquen Violencia Familiar y de Género de La Pampa, Walter Martos, confirmó que serán notificadas del fallo en el Complejo Penitenciario N°1 de la provincia de San Luis, a donde fueron trasladadas desde La Pampa para resguardar su integridad física. “No van a estar presentes, es un derecho que tienen de asistir o de no asistir y de ser notificadas por su representante legal”, dijo el funcionario en una ronda de prensa en los tribunales de la capital pampeana.

Hasta el momento no se sabía si las mujeres iban a asistir, teniendo en cuenta que la familia de Lucio organizó una manifestación hacia los tribunales por la mañana. “Así lo han requerido y lo han planteado sus abogados defensores. Van a estar representadas a través de ellos y van a ser notificadas en la dependencia en la que se encuentran alojadas”, agregó Martos. Las mujeres están acusadas de “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante”, delitos con una pena de prisión perpetua.

La madre de Lucio está acusada de homicidio triplemente agravado por  el vínculo (por ser la progenitora), por el ensañamiento y por la  alevosía; “en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado”. En el caso de la pareja, la acusación es la misma sin el agravante del vínculo. 

La familia paterna del nene pidió que, si las mujeres son condenadas, sean trasladadas a cárceles diferentes. “Están de vacaciones”, se quejó el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy. “Lo venimos gritando, pero siguen juntas. Es lo que ellas querían desde el principio y no pudimos lograr que las separen”, agregó el hombre.

CDB

El caso de Lucio Dupuy tuvo una gran cobertura mediática por las atrocidades que padeció el nene de cinco años que murió después de una fuerte golpiza en La Pampa y, en gran parte, también porque las acusadas son su mamá y su novia. Este caso de violencia extrema y abuso sexual pone el foco en el maltrato infantil y las estrategias deficientes para detectarlo. Si bien no hay cifras oficiales a nivel nacional, un dato de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema permite tomar dimensión de la magnitud: 3 de cada 10 personas que sufren violencia doméstica son niños, niñas y adolescentes. En el 80% de los casos las personas que ejercen violencia son sus progenitores. 

Según los datos recolectados por la OVD, en el tercer trimestre del año pasado se contabilizaron 2690 presentaciones por violencia doméstica, más de una denuncia por hora. De ese total, el 30% afecta directamente a niños, niñas y adolescentes (NNyA). Los cifras son de la Ciudad de Buenos Aires, pero ante la ausencia de un registro nacional permite ver una muestra del problema. “El caso Lucio muestra lo que hasta ahora no se quería ver que la tortura, los malos tratos, vejaciones y las humillaciones contra los niños y niñas son prácticas cotidianas que ocurren en todas las clases sociales. No son respetados como sujetos de derecho y deseo. Se cree que se puede hacer cualquier cosa con ellos. La violencia es un crimen pero la invisibilización de esta problemática es complicidad”, sostiene la psicóloga Sonia Almada, magister en Violencias contra la mujer y el niño en la UNESCO.  

Aldana Prost es abogada y docente de la Universidad de La Pampa, ejerce en Santa Rosa, la ciudad donde este jueves se conocerá la sentencia por el crimen de Lucio. Sostiene que es clave adoptar un paradigma de protección de derechos. “Creo que muchas situaciones se han naturalizado. Hemos pensado histórica y estructuralmente que una paliza era válida para poner límites. Nada de eso. Es tiempo de que analicemos esto lejos de un paradigma que considere a las NNyA como sujetos a quienes se les reconocen derechos, y si quienes deben cuidarlas y  cuidarlos los vulneran, entonces deben tomarse medidas de protección. Parece una locura tener que aclararlo en 2023 cuando tenemos años de instrumentos internacionales de protección. Un golpe es violencia, un insulto a tu hijo o hija es violencia, zamarrear a tu hija o hijo es violencia. Sea en privado o en público. Y es grave sea quien sea el o la agresora”, le dijo la letrada que trabaja en territorio a elDiarioAR.

No existen datos sobre el sexo de los agresores en caso de niños, pero sí hay cifras sobre el total de las personas denunciadas: 75% son hombres y 25% mujeres.

Por su parte, la directora ejecutiva del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño de Argentina, Nora Schulman, sostiene que si bien los casos de violencia extrema como el de Lucio no son habituales, existe mucho maltrato infantil que no está contemplado. “Hay mucho maltrato, mucha violencia. Durante la pandemia surgieron un montón de casos. Estamos en una situación en la que no podemos paliar la violencia. No hay estadísticas, no sabemos cuántos chicos hay en Argentina en situación de violencia, cuántos abusados. Las cifras se hacen en base a supuestos, en base a los que entran al servicio público. ¿Qué pasa con la población que no va al servicio público? Sabemos que hay muchos casos, pero es una palabra ambigua. Hay fallas grandes”, describió la especialista. 

Frente a este panorama, las herramientas parecen ser escasas. No hay un sistema que permita la detección de estos casos, tampoco un Poder Judicial que se involucre. “En el caso de Lucio se trata de un mal fallo judicial porque si bien dicen que se usó un enfoque de género no es así porque el enfoque de género también es darse cuenta de que hay una mamá que no puede maternar. Esta muerte podría haberse evitado. Muchos profesionales no quieren involucrarse en esto, no denuncian en los hospitales, tampoco los docentes. Si llegan a denunciar, la Justicia falla como le parece. De todos los juicios penales a los abusadores, condenan a pocos. No les creen a los chicos”, agregó  Schulman. 

Por su parte, Prost considera que el Estado tiene que intensificar el control de aquellas situaciones que generen alarma en los organismos que interactúan directa o indirectamente con los NNyA. “Sobre todo, agilizar los procesos tanto judiciales como administrativos. Si bien tengo una postura crítica en relación a muchos aspectos, también debo reconocer que vamos camino a procesos más ágiles y menos burocráticos, al tiempo que la muerte de Lucio abrió muchos debates en torno a la detección temprana de estas situaciones. Sin embargo, como todo cambio y puesta de límites a quienes ejercen el poder (en este caso, en sus hogares sobre sus hijos e hijas), siempre se cuenta con cierto grado de resistencia que poco a poco va cediendo atento el empoderamiento que la Educación Sexual Integral y formas de autocuidado y preservación van generando en NNyA”, detalló.

En abril de 2022, distintas organizaciones presentaron un proyecto de ley para crear un Ministerio de la Infancia que se aboque exclusivamente a la agenda de la niñez con enfoque en la prevención sostenido en el trabajo territorial. “El deber del Estado es proteger a la infancia y puede realizar grandes e importantes acciones para prevenir el maltrato en la infancia. Es solo una decisión ética y política. Desde campañas de prevención y promoción de derechos, monitoreos desde los efectores hasta capacitación. No solo para los tres poderes sino para familias, profesionales y organismos que trabajan con infancias y adolescencias”, explicó Almada, que también es la presidenta de Aralma, la asociación civil que trabaja contra las violencias y que es una de las impulsoras del proyecto.

¿Qué falló en el caso Lucio?

Shulman sostiene que hay responsabilidades en los distintos organismos que trataron con el nene por no alertar, pero también en la Justicia por darle la tenencia a la madre. “No todas las mujeres pueden maternar. No se tomaron el trabajo de ver por qué el chiquito no estaba con los abuelos. No es que siempre hay que darle la tenencia a la mujer, es una cuestión de darse cuenta cuál es el interés superior de un niño. ¿Con quién va a estar mejor? Mandar una trabajadora social que investigue. Era una muerte evitable”, explica. 

“Y no tiene nada que ver con que las mujeres eran lesbianas. Lo grave es que no hay personal capacitado, la Justicia tarda mucho para dictar sentencia y cuando lo hace, lo hace mal. Esto no es una cuestión de feminismo, hay que poner en primer lugar el interés superior del niño, con quién va a vivir mejor. ¿Qué tiene que ver si la madre era lesbiana? Lo que hay que evaluar es la situación de violencia y el interés del niño. La jueza se equivocó al no evaluar que estas dos mujeres no estaban en condiciones de maternar y de criar un niño. No tiene nada que ver con la condición sexual”, agrega Shulman. 

En ese sentido también se expresa Almada: “La crueldad contra los niños y niñas no tiene género. Así como hace poco tiempo las mujeres y diversidades pudimos alzar la voz contra todo tipo de violencia, todavía esa posibilidad no ha llegado a la infancia porque no tienen representación política y justamente son el grupo más vulnerable”. 

Y agregó: “El caso Lucio no es la excepción y y probablemente se haya mediatizado justamente porque las asesinas son mujeres y muchos grupos que combaten el feminismo han aprovechado esta circunstancia para lograr sus objetivos que no es no más ni menos que desprestigiar un movimiento que lucha y trabaja por la igualdad”.

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Más de 137 mil personas pidieron que “se condene a todos los responsables” del crimen de Lucio Dupuy, el nene de cinco años que murió después de una golpiza en La Pampa, y por el que están acusadas su mamá y la novia. En una petición online, miles de personas pidieron que se juzgue también a los agentes que atendieron al nene en los meses previos y no advirtieron la situación. La semana pasada, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto para incluir la “Ley Lucio” en las sesiones extraordinarias. Se trata de un proyecto que crea un Plan Federal de capacitación para el personal del Estado sobre derechos de niñas, niños y adolescentes. “Tenemos que capacitarlos para esa detección temprana, pero tener en cuenta que luego no puede haber ninguna excusa para no denunciar”, explicó el diputado Matías Maqueyra, autor del proyecto.

El petitorio llamado “Justicia por Lucio” publicado en la página Change.org alcanzó 137 mil firmas en las últimas horas y le pide al Ministerio Público Fiscal de La Pampa que investigue la cadena de responsabilidades que finalizaron en el asesinato del niño. “Que se juzgue a los policías por mal desempeño, a los jueces que no le quisieron dar la tenencia a su padre, y a los médicos que lo revisaron y vieron a todo lo que era sometido el pequeño y no hicieron nada”, escribió Graciela Mosquera, la mujer que inició la campaña. Este tipo de acciones no tienen impacto directo, pero buscan generar presión social. El caso dejó en evidencia, una cadena de omisiones en los organismos públicos a los que asistió el nene que, según las pruebas presentadas en el juicio, padecía maltrato y abuso sexual crónico. Fue atendido al menos en cinco oportunidades en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa. Sin embargo, ningún profesional médico o autoridades del jardín de infantes advirtieron sobre la situación.

Semanas después de conocerse el crimen, el padre y el abuelo de Lucio impulsaron una ley que apunta a la detección de casos de maltrato infantil en los organismos públicos. Se trata de la “Ley Lucio”, que establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para quienes trabajen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “Ellos me dijeron que teníamos que hacer algo para que esto no pase nunca más. ‘Nadie nos va a devolver a Lucio pero hay que hacer una ley, cambiar el sistema para que ningún otro chico pase por este calvario’, me pidieron.”, afirmó a elDiarioAR el diputado nacional del PRO por La Pampa, Martín Maquieyra, autor del proyecto. 

La norma fue votada por unanimidad en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado y será tratada en el Senado en sesiones extraordinarias después de que el presidente Alberto Fernández firmó un decreto a pedido de la presidenta de la cámara baja, Cecilia Moreau. “Hay que capacitar a todo el personal de salud y educación en las alertas tempranas que permiten inferir que pueden ser víctimas de abuso: un cambio en el comportamiento, en la forma de actuar, en los dibujos que un niño hace. Salvo los profesionales de Psicología, nadie está preparado para poder inferir eso. Podemos salvar una vida”, agregó Maquieyra, que es precandidato a gobernador de La Pampa. 

Todo indica que en el Senado lo convertirá en ley. Una vez sancionada, el Poder Ejecutivo nacional y el Judicial elaborarán un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia. Además, también deberán diagramar campañas de concientización semestrales y se deberá implementar de manera obligatoria Línea 102 en todo el territorio argentino para la promoción de derechos de las infancias y la atención gratuita.

Otro de los puntos importantes es la reserva de identidad para aquellas personas que detecten el maltrato y lo denuncien. “Muchas veces son los docentes las víctimas de estas denuncias porque luego va el padre o la madre y los golpea por denunciar que el chico venía golpeado. Queremos respaldar más a los que están frente al aula y tener en cuenta que luego no puede haber ninguna excusa para no denunciar”, agregó el legislador pampeano. En junio del año pasado, una maestra del jardín al que asistía Lucio fue agredida por la madre de un nene después de denunciar que estaba golpeado. La docente de la Escuela N° 27 del barrio Butaló, en Santa Rosa, activó el protocolo de violencia cuando vio a un alumno de 4 años con golpes y raspones vinculados a quemaduras. Al enterarse, la madre del nene le pegó y la docente tuvo que ser asistida por los padres y madres de otros alumnos.

En el Senado, el proyecto tiene dictamen favorable de un plenario de comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano. En el terreno judicial, el próximo jueves 2 de febrero, el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa dará a conocer el veredicto condenatorio o no para la madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez que están acusadas de “homicidio triplemente calificado” y “abuso sexual gravemente ultrajante por acceso carnal vía anal con un objeto”. En el plano social, ese mismo jueves habrá una marcha en la puerta de los tribunales, mientras que en la redes personalidades pidieron justicia, entre ellas, Nacha Guevara, Soledad Silveyra y Dalma Maradona.

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El próximo jueves se conocerá la sentencia por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de cinco años asesinado el 26 de noviembre de 2021 en La Pampa, y por el que están acusadas su mamá y la novia. Después de 18 audiencias en las que participaron más de 100 testigos, la fiscalía y la querella las acusaron de “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante”, delitos con una pena de prisión perpetua. Durante el proceso se presentaron pruebas que indican que el nene sufrió maltrato y abuso sexual crónico. Así lo confirmaron las pericias a los teléfonos, dibujos de Lucio y los relatos de vecinos y allegados. 

El 2 de febrero, el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa decidirá si el veredicto es condenatorio o absolutorio. Al mediodía, la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Aníbal Olié y Daniel Sáez Zamora resolverán si las mujeres son culpables o inocentes, pero no fijarán una pena porque la defensa pidió la división del debate, por lo que se conocerá recién en un lapso de 15 días. Paralelamente, la familia de Lucio convocó a una movilización a los tribunales para la mañana de ese día. “Esperamos a la gente que quiera venir a manifestarse pacíficamente mientras esperamos conocer la culpabilidad de esas asesinas”, dijo Ramón Dupuy, abuelo del nene. 

La fiscalía pidió que Magdalena Espósito Valenti, la madre del pequeño, y su pareja Abigail Páez, sean sentenciadas por abuso sexual gravemente ultrajante por “acceso carnal vía anal con un objeto”. En el caso de la madre, agravado por ser la progenitora y aprovechar “la convivencia con la víctima menor de 18 años”. Además de homicidio triplemente calificado “por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”. Por su parte, el abogado de la familia paterna también agregó el agravante “odio de género” porque sostiene que las mujeres tuvieron “una clara aversión a todo el estereotipo masculino”. Un argumento que la fiscalía no acompañó ni consideró que existieran elementos para probarlo. 

Los chats entre Espósito Valenti y Paéz indican que el maltrato fue previo y crónico. También los dibujos del nene y los relatos de vecinos. Los golpes que recibió el 26 de noviembre del 2021 entre las 17.30 y las 19.40 le provocaron lesiones múltiples que lo llevaron a la muerte, pero todo indica que se enmarca en un contexto general de violencia y abuso sexual. “Hubo un maltrato infantil grave prolongado en el tiempo. No fue solo físico, también psicológico y sexual”, afirmó el fiscal de Delitos que Impliquen Violencia Familiar y de Género de La Pampa, Walter Martos. En declaraciones a elDiarioAR, indicó que quedó ampliamente probado y que las pericias informáticas fueron muy contundentes para probar la violencia infantil. De la información recuperada de los celulares de las mujeres, hay evidencias del maltrato físico y psicológico y de las estrategias que utilizaban para taparlo. En esos intercambios hablaban de los golpes que recibía Lucio y planificaban la manera de evitar que se conozca la situación en la escuela y ante el resto de las personas.

Martos, que integra el equipo del Ministerio Público Fiscal  junto a Verónica Ferrero y María Mónica Rivero , indicó que las pruebas muestran que el maltrato, por lo menos, llevaba un año y medio, desde que el nene quedó a cargo de su madre cuando tenía poco más de tres años. “Se hizo una historicidad de la vida de Lucio desde que nació. La mamá estuvo con él al principio y después no. Posteriormente estuvo de nuevo y lo que se pudo probar es que en el momento en que Lucio retomó el vínculo se produjeron estos maltratos. Eso no quiere decir que antes no hayan ocurrido pero no tenemos evidencia de eso”, indicó Martos. 

Antes de retomar la convivencia con su madre, Lucio vivió en la casa de su tío paterno, Maximiliano Dupuy, en General Pico, La Pampa. Algo que las familias acordaron en el plano judicial en junio de 2019 después de la separación de la pareja cuando el padre, Cristián, trabajaba en Luján, provincia de Buenos Aires y la madre, en Santa Rosa. Meses después, en febrero de 2020, la mujer reclamó la tenencia alegando que tenía una nueva pareja y un emprendimiento para sostenerse económicamente. Desde ese momento, comenzó un tironeo en cuanto al régimen de visitas y la tenencia que finalizó con un acuerdo a favor de Espósito Valente que homologó la jueza Ana Clara Pérez Ballester y fue  revisado por la asesora de menores Eliza Catán. 

Días atrás, el abogado de la familia de Lucio, José Mario Aguerrido, pidió el juicio político para la magistrada y criticó a los 30 diputados y diputadas provinciales por no iniciarlo. “Lo normal es empezar un régimen de revinculación, verlo cada determinado tiempo. Ahora, entregarlo de una, eso no es lo normal en los procedimientos de familia. Los tíos de Lucio lo entregaron porque estaban asustados. Esta mujer (por Espósito Valenti) los amenazó con denunciarlos por abuso, un abuso que no existió. Ellos terminan rindiéndose, no es que lo entregan de manera voluntaria. Y lo más grave es que el padre de Lucio no intervino en ese expediente”, indicó en declaraciones a la Agencia Télam.

Por el lado de la defensa, el representante oficial que patrocina a la madre, Pablo De Biasi, pidió la absolución tanto por el abuso sexual como por el homicidio. Indicó que “en el lugar de los hechos hubo una persona y no dos” y sostuvo que “la única testigo fue Abigail”,  la pareja de la mujer. Además, indicó que no hay responsabilidad de Espósito Valenti por omisión y agregó que solo podría imputarse una conducta preterintencional, es decir que no existió dolo o intencionalidad. 

La defensa también indicó que la parte acusatoria hizo recortes de los hechos y que no se hizo mención a la responsabilidad del padre.  “Se me critica a mí, pero no al progenitor, porque ‘padre’ le queda grande. A él se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos. Sin embargo, en todo momento se desentendió de la criatura. Y tampoco es verdad que Lucio no tenía contactos familiares. Tenía contactos con el progenitor, sus abuelos, mi familia y la de Abigail. Si ellos no quedaron conformes con esos contactos será porque no se esmeraron en tenerlos más”, dijo Espósito Valenti cuando habló durante los alegatos.

Por el lado de la pareja, la defensora oficial Silvina Blanco Gómez indicó que Abigail Páez no buscó la muerte del nene. Negó el homicidio agravado y sostuvo que se trató de un homicidio preterintencional. En sus argumentos, describió siete conductas de la mujer para evitar la muerte de Lucio, entre ellas, la reanimación cardiopulmonar y el traslado a una posta sanitaria. Agregó que ninguna de las tres agravantes para el homicidio quedaron probadas y pidió la absolución para el abuso sexual por el beneficio de la duda. 

“Sé que Lucio me perdonó. Ojalá yo me pueda perdonar”, afirmó Páez ante el tribunal. “No sé realmente lo que pasó, tengo muchas lagunas en la cabeza, y si no conté detalles es porque estoy muy traumada. Todo lo que puedan decir de mí es horrible, por eso le pido perdón a las personas se hayan sentido tocadas por el tema y por toda esta situación, y que lo lloran y lo extrañan como me pasa a mi y a su mamá. Y también quiero pedirles disculpas a mi familia y a mi mamá porque le fallé, porque ella no me enseñó estas cosas”, agregó la mujer.

Después de un receso ( las audiencias finalizaron a fines de diciembre), el tribunal decidirá la semana próxima si las mujeres son culpables o inocentes, pero no dará a conocer las penas porque se trata de un juicio de cesura. El artículo 343 del Código Procesal Penal de La Pampa permite que el proceso se divida en dos cuando la pena máxima supere los seis años de prisión.  La defensa usó este recurso por lo que la pena se conocerá en una nueva audiencia, en un plazo no mayor a los 15 días a partir de conocerse el fallo. Sin embargo, la fiscal Verónica Ferrero pidió que se deje sin efecto la audiencia de imposición de pena y directamente se dicte la sentencia. “Como en este caso la particularidad es que si las personas son declaradas culpables y la pena es de perpetua, es prácticamente sobreabundante hacer una segunda etapa de debate si no hay monto de pena para discutir. Los jueces no tienen una escala penal para decidir sobre qué pena le imponen”, explicó Martos.

Mientras tanto, la familia de Lucio convocó a una movilización a los tribunales para el jueves a las 9 de la mañana. “Estamos abocados a que condenen a estas asesinas”, le dijo el abuelo de Lucio, Mario Dupuy,  a este diario.  “Estamos viviendo con ansias, son interminables los días para que llegue el 2 de febrero y saber la culpabilidad de estas asesinas. Las pruebas fueron contundentes para culparlas del grave hecho que cometieron con Luisito. La estrategia que armaron no les va a dar la absolución”, afirmó el hombre.

El abogado de la familia anticipó que denunciará al Ministerio de Salud de la provincia y a los médicos que atendieron al nene en situaciones previas por no alertar sobre las agresiones que presentaba. El niño había sido atendido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa. Sin embargo, ningún profesional médico o autoridades del jardín de infantes advirtieron sobre la situación. Es por eso que Aguerrido anticipó que denunciará a las autoridades en los tribunales locales y que también recurrirá al exterior para determinar la responsabilidad del Estado. Prevé hacer presentaciones ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Ley Lucio se debatirá en sesiones extraordinarias

A principios de esta semana, el Gobierno nacional confirmó que se incluirá el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes, conocida como Ley Lucio, en las sesiones legislativas extraordinarias. El proyecto que ya tiene media sanción en Diputados deberá ser tratado ahora en el Senado, después de un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, que la semana pasada habló con Ramón Dupuy por teléfono. 

La norma busca la prevención y detección temprana contra la violencia de los niños, niñas y adolescentes y establece un plan de capacitación para funcionarios públicos. “El presidente me llamó para decirme que se comprometía personalmente, es la ley más importante que deberíamos tener porque va a servir para cuidar a los chicos, para que no sigan matando como lo mataron a Lucio. En nuestro caso, el Estado falló en todo”, dijo el abuelo.

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El Gobierno Nacional oficializó este jueves la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias al incluir el “Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes”, según publicó el Boletín Oficial.

El Decreto 45/2023 está firmado por el presidente Alberto Fernández y Juan Manzur, jefe de Gabinete. “Inclúyese en el temario a tratar por el Congreso durante el actual período de Sesiones Extraordinarias, la consideración del Proyecto de Ley tendiente a crear el ”Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes“, precisa el texto.

El proyecto, conocido como “Ley Lucio”, fue incluído para que sea aprobado por el Senado. El mismo establece un plan de capacitación de funcionarios públicos para actuar en situaciones de violencia contra menores, como sucedió con el niño asesinado Lucio Dupuy.

El Presidente había anticipado en las últimas horas que tenía previsto “ampliar” el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias para incorporar ese proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y le resta ser convertido en ley por el Senado de la Nación.

Consultado sobre si tenía previsto contemplar ese proyecto en el temario de sesiones extraordinarias, Fernández había señalado que buscaría “ampliar el tema” porque “ya se trató” en Diputados y “salió de comisión del Senado”. “Sí, días, atrás lo hablé con el abuelo de Lucio”, respondió el mandatario ayer miércoles en el Palacio San Martín, después de haber mantenido reuniones con Miguel Díaz-Canel, Xiomara Castro y con el asesor especial de Estados Unidos, Christopher Dodd.

Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara baja, le había pedido al Presidente en una nota que incorporara la “Ley Lucio” en el temario de sesiones extraordinarias. El proyecto, sancionado por 228 votos en la sesión del 9 de noviembre, establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El Poder Ejecutivo Nacional, en coordinación con el Poder Judicial, elaborará un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia. Algunos de los principios de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Además, busca promover los espacios y metodologías necesarias para garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos en todos los procesos administrativos y judiciales. La autoridad de aplicación de la ley será la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf).

La convocatoria del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias del Congreso ingresó formalmente el 16 de enero último para el período comprendido entre el 23 de este mes y el 28 de febrero próximo, y contempla un paquete de 27 iniciativa entre las que se encuentra el proyecto de pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema.

Lucio Dupuy fue asesinado en noviembre de 2021 en La Pampa, y por ese crimen están siendo juzgadas su madre, Magdalena Espósito, y su pareja, Abigail Páez; el veredicto se conocerá el próximo 2 de febrero.

LC con información de agencia Télam