En el primer trimestre de 2025, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema (OVD) recibió 712 denuncias por las que resultaron afectados 958 niñas, niños y adolescentes (NNyA) por situaciones de violencia doméstica. Esto equivale a un promedio de 11 afectados por día, de acuerdo al informe que publica la dependencia del máximo tribunal de Justicia.

La edad promedio de los y las afectados/as fue de 9 años, un 51% eran de sexo femenino y 49% masculino. En el 80% de los casos relevados, las personas denunciadas fueron los progenitores de los NNyA afectados. En el 67%, los padres; en el 33%, las madres.

Los datos los dio a conocer la OVD, en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil, fecha instaurada por UNICEF con el objetivo de visibilizar la temática y comprometer a la sociedad en la erradicación de este tipo violencia.

Los equipos interdisciplinarios de la OVD detectaron maltrato psicológico o emocional en el 93% de las situaciones; maltrato físico, en el 38%, y abuso sexual en el 11% de las denuncias.

La mayoría de los episodios de violencia denunciados (54%) tuvieron una frecuencia diaria o semanal, y el riesgo fue evaluado como altísimo y alto en el 35% de los casos. El equipo médico de la OVD constató lesiones en 25 niños, niñas y adolescentes.

Entre los y las afectados/as hubo 23 adolescentes de entre 15 y 17 años que concurrieron por sí a denunciar las situaciones de violencia que los afectaban.

Qué es la Oficina de Violencia Doméstica y qué se puede denunciar

La Oficina de Violencia Doméstica es una dependencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que funciona las 24 horas, todos los días del año, en Lavalle 1250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Profesionales de la abogacía, la psicología, el trabajo social y la medicina, integran equipos interdisciplinarios que reciben las denuncias por situaciones de violencia doméstica en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del relato de las personas afectadas y/o terceras personas, labran un acta, evalúan el nivel de riesgo y confeccionan un informe médico si es necesario constatar lesiones.

Una vez finalizada la entrevista y realizada la derivación correspondiente (judicial y no judicial), desde la OVD se realiza un seguimiento de la actividad judicial desplegada a partir de la recepción de la denuncia.

Preguntas y respuestas

¿Qué es violencia doméstica?

Se trata de hechos de violencia ejercidos por una persona contra otra u otras cuando el vínculo entre esas personas es una relación familiar o afectiva, actual o pasada.

¿Qué tipos o formas de violencia se pueden denunciar?

¿Qué es la trata de personas con fines de explotación sexual y/o explotación de la prostitución?

Son hechos de explotación sexual o de explotación de la situación de la prostitución ejercidos por una o más personas sobre otra u otras.

Se entiende por explotación sexual cuando se promueve, facilita o se comercializa la prostitución ajena o cualquier otra forma de servicios sexuales ajenos. Comienza con la captación o reclutamiento, el traslado de la persona, el recibimiento y acogimiento y posterior explotación, que pueden ser llevados a cabo por una misma persona o por distintas, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países. Puede existir o no vínculo entre la o las personas y la/s víctima/s.

El consentimiento dado por la/s víctima/s de la explotación sexual no impide hacer la denuncia y no exime de responsabilidad.

¿Qué situaciones se pueden denunciar?

Ante cualquier hecho que indique que una persona es explotada sexualmente por otra se puede hacer la denuncia sin ningún tipo de requisito. Las primeras horas son fundamentales para la investigación judicial.

¿Quién puede hacer la denuncia de violencia doméstica?

En los casos de violencia doméstica, la propia víctima o cualquier otra persona que haya tenido conocimiento del hecho de violencia y quiera informar a alguna autoridad judicial, o cualquier otra persona que conozca la situación de violencia y quiera denunciar.

¿Quién puede hacer la denuncia de trata con fines de explotación sexual y/o de la prostitución?

La propia víctima o algún familiar o persona allegada a ella.

¿Qué es la violencia física?

La violencia física es la que se emplea contra el cuerpo de otra persona produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo, y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. La violencia puede producirse mediante empujones, puñetazos, patadas, golpes con objetos, quemaduras, tirones de cabello, zamarreos, pellizcos o intentos de estrangulamiento o maniobras asfícticas.

¿Qué es la violencia ambiental?

La violencia ambiental consiste en sustraer, dañar o arrojar objetos, bienes y/o documentación de la víctima, impactando en su emocionalidad. Las agresiones hacia animales domésticos también pueden considerarse dentro de esta categoría.

¿Qué es la violencia psicológica?

La violencia psicológica es la que causa

Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia y sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización y cualquier otro medio que cause perjuicio a la salud psicológica y a la autodeterminación.

¿Qué es la violencia sexual?

La violencia sexual es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso carnal, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.

¿Qué es la violencia económica y patrimonial?

La violencia económica y patrimonial es la que se dirige a ocasionar un daño en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:

Otros ejemplos: manejo, retaceo y control unilateral del dinero o ingresos, apropiación de bienes u objetos de valor económico o de trabajo de la mujer, perturbación en la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, control abusivo de finanzas, recompensas o castigos monetarios, impedir trabajar, obligar a pedir dinero, solicitar justificación de los gastos, acotar un presupuesto límite, negativa o reticencia a cumplir con las obligaciones alimentarias.

¿Qué es la violencia simbólica?

La violencia simbólica es la que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduce la dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

Se violenta a la otra persona al intentar imponer un rol, un modelo mental simplificado y rígido sobre sí misma.

¿Puede hacer la denuncia por situaciones de violencia doméstica un tercero (vecina/o, médica/o, maestra/o, cuidadora/or)?

Cualquier persona que tenga conocimiento de una situación de violencia, por cuestiones de vecindad, trabajo u otras puede hacer la denuncia.

Asimismo, puede hacer reserva de sus datos identificatorios.

¿Existe la obligación de denunciar?

Aquellas personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, ya sea en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomen conocimiento de hechos de violencia contra una mujer o contra niñas, niños y adolescentes tienen la obligación de denunciar.

¿Puede hacer una denuncia una persona menor de 18 años?

Sí.

¿Puedo denunciar hechos de violencia ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires?

Sí.

¿Puedo hacer la denuncia si el hecho de violencia ocurrió en otro lugar del país?

Sí. Los hechos de violencia doméstica ocurridos fuera de la Ciudad de Buenos Aires pueden ser denunciados en la OVD si las personas afectadas viven, trabajan, estudian o realizan una actividad en la ciudad.

De lo contrario, te podés contactar aquí para que la Oficina te brinde la información necesaria para realizar la denuncia en otro lugar del país.

¿Puedo hacer la denuncia si el hecho de trata ocurrió en otro lugar del país?

Sí. En situaciones de trata de personas, no importa en qué lugar del país suceda, en la OVD se toma la denuncia.

¿Qué hago frente a una situación de violencia urgente?

Llamá al 911 o al 137. La llamada es gratuita. De esta manera, un móvil policial o una brigada del Programa Las víctimas contra las violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos puede llegar al domicilio, evaluar la situación y, eventualmente, trasladar a la víctima a la sede de la OVD o a una comisaría.

¿Qué pasa si observo o escucho situaciones de violencia que están afectando a otra persona?

Podés llamar al 911 o al 137. Los datos de quien está haciendo la llamada pueden permanecer en reserva.

Será necesario brindar la mayor cantidad de datos acerca del domicilio en el que estaría ocurriendo un hecho de violencia.

¿Qué hago si la víctima es una persona adulta mayor?

Podés presentarte a hacer la denuncia en la sede de la oficina o comunicarte con la línea 108 del GCBA para denunciar situaciones que afectan a personas adultas mayores.

También te podés contactar al 0800-222-4567 o mediante correo a proteger@buenosaires.gob.ar

Si tomo conocimiento de un posible maltrato hacia un niño/a, ¿puedo denunciar?

Sí. En la oficina se reciben denuncias por situaciones de violencia y/o a maltrato hacia niñas y niños. También podés contactarte a la Línea 102 o a prensacdnnya@buenosaires.gob.ar o a la Asesoría General Tutelar del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 0800-122-7376; 11-7037-7037 (Whatsapp); 11-3637-3727 (Whatsapp), correo electrónico agt@mptutelar.gob.ar.

¿Puedo hacer la denuncia sin documento de identidad?

Sí, no hace falta que tengas tu DNI. Si lo tenés y podés, traelo.

¿Es necesario que existan testigos de las situaciones de violencia para hacer una denuncia?

No. No es necesario. Eventualmente, durante el desarrollo del proceso judicial, se investigarán los hechos en sede penal.

¿Tengo que llevar grabaciones o filmaciones o mensajes de los episodios de violencia?

No es necesario aportarlos al momento de hacer la denuncia.

Si los tenés, conservalos para presentar en sede judicial.

Si están en tu poder cuando te encontrás en la sede de la oficina, se hará la consulta judicial y se seguirán las indicaciones para resguardar la documentación necesaria para el desarrollo del proceso judicial.

¿Puedo mantener mi identidad reservada si no quiero que se sepa quién hizo la denuncia?

Sí, podés mantener en reserva tu identidad hasta tanto la autoridad judicial disponga lo contrario.

¿Puedo denunciar hechos de abuso sexual que ocurrieron hace muchos años?

Sí, podés hacerlo. Según el tiempo que haya transcurrido, quizá no pueda iniciarse un proceso penal, pero sí uno civil para solicitar medidas de protección y, eventualmente, una acción por daños y perjuicios.

¿Puedo pedir asesoramiento en la OVD para que me aconsejen sobre cómo llevar adelante mi caso?

No. En la OVD se te informa acerca de todos los cursos de acción que se pueden seguir, pero no se brinda asesoramiento legal. Esa es una tarea de abogados y abogadas.

¿Qué instituciones brindan asesoramiento y patrocinio jurídico?

 ¿El patrocinio jurídico en casos de violencia contra la mujer tiene costo?

No. Es obligación de los servicios que brindan patrocinio jurídico en materia de violencia contra la mujer no exigir ningún tipo de pago.

El servicio es gratuito independientemente de la condición económica de la mujer.

No es necesario alegar ni acreditar situación de pobreza.

¿Puedo presentarme directamente a la Justicia Civil?

Sí. Si contás con un/a abogado/a, podés presentar un escrito que describa la situación de violencia que estás atravesando y presentarlo directamente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil o al correo cncivil.demanda@pjn.gov.ar.

¿Puedo presentarme directamente a la Justicia Penal?

Sí. Frente a hechos, por ejemplo, de abuso sexual, amenazas coactivas, privación ilegítima de la libertad, lesiones graves y gravísimas, abuso de armas, instigación al suicidio, homicidios, hurto, robo, podés hacer la denuncia al correo cncrimcorr.sorteos@pjn.gov.ar.

Frente a un hecho, por ejemplo de amenazas u hostigamiento, podés llamar al 0800-333-47225 o enviar un correo a denuncias@fiscalias.gob.ar del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires; a través de tu celular (bajando la app DENUNCIAS MPF), en la web www.mpfciudad.gob.ar o en cualquier Comisaría de la Policía de la Ciudad.

También podés acercarte a las Unidades de Orientación y Denuncias del Ministerio Publico Fiscal.

Para conocer las sedes consultá en www.mpfciudad.gob.ar.

Además podés contar con los ATAJOS, que son centros de recepción de denuncias de la Procuración General de la Nación.

¿Dónde puedo denunciar violencia de género cuando no hay vínculo familiar y/o afectivo?

Podés presentarte ante la sede del Centro Judicial de la Mujer del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en Av. Don Pedro de Mendoza 2689. Se recomienda contactarse primero por correo a cjm@jusbaires.gob.ar. Para recibir asesoramiento previo, podés llamar al 0800-999-MUJER (68537).

También podés comunicarte con la Línea 144. O contactarte con la UFEM -Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres- por correo a ufem@mpf.gov.ar - Teléfono: (+54 11) 6089-9074 / 6089-9000 interno 9074.

Si cuento con medidas de protección y la persona denunciada no las cumple, ¿qué puedo hacer?

Si contás con una abogada/o podés presentar un escrito que describa la situación ante la autoridad judicial que corresponda. También, podés hacer la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires mediante correo a denuncias@fiscalias.gob.ar, a través de tu celular (bajando la app DENUNCIAS MPF) y en la web www.mpfciudad.gob.ar.

¿Qué puedo hacer si realicé la denuncia ante la OVD y no conozco la decisión judicial?

Podés presentarte en la sede de la Oficina o contactarse mediante el formulario de contacto. También, podés contactarte por correo con el juzgado interviniente consultando la Guía Judicial.

Más información en www.ovd.gov.ar

Con información de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema (OVD).

IG

El 25 de abril de cada año se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. El principal objetivo de la jornada consiste en visibilizar y generar consciencia acerca de todas las manifestaciones de violencia que padecen los niños y las niñas, y cómo las mismas afectan en su crecimiento.

El Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil no nació como una iniciativa de una organización específica, sino como una propuesta de la sociedad en general. Esta jornada se celebra el 25 de abril de cada año y persigue siempre el mismo objetivo: problematizar acerca de todo lo que implica el maltrato infantil a nivel mundial, lo cual incluye pensar en todos los tipos de violencia que puede padecer un niño, las consecuencias que eso genera para su presente y futuro, y aquellas acciones que se pueden realizar para proteger a las víctimas.

Según indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe publicado en septiembre de 2022, el maltrato infantil engendra “problemas de salud física y mental que duran de por vida”. De hecho, según dicha entidad “sus consecuencias sociales y laborales pueden, a la larga, ralentizar el desarrollo económico y social de un país”.

Además, remarca que, “con frecuencia, el maltrato infantil queda oculto” y “solo una parte de los niños que son víctimas recibe en algún momento el apoyo de profesionales de la salud”.

Maltrato Infantil: algunas cifras para comprender la problemática a nivel mundial

El informe mencionado de la OMS aporta datos concretos que permiten tomar conciencia la magnitud del problema a nivel mundial. Asevera, por ejemplo, que “casi tres de cada cuatro niños de entre dos y cuatro años (unos 300 millones) sufren con regularidad castigos corporales o violencia psicológica” por parte de sus padres o personas a su cargo.

Respecto de los abusos sexuales, el documento informa que una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres fueron víctimas de esto cuando tenían entre 0 y 17 años. También, que hay “120 millones de niñas y mujeres jóvenes de menos de 20 años” que sufrieron “alguna forma de relación sexual forzada”.

¿Qué es el maltrato infantil?

El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención hacia menores, que incluye todos los tipos de maltrato: físico, psicológico, sexual, negligencia, explotación o cualquier otro que afecten su salud, desarrollo, dignidad o los pongan en peligro.

Cuando Yonatan Álvarez fue convocado a participar de un taller sobre prácticas de crianza no sabía que iba terminar pensando que era un pésimo padre. Tampoco sabía que iba a tener que decirle a su hija mayor, de diez años: “¿Viste que yo te digo boluda o a veces me enojo y te digo pelotuda? Bueno, papi tiene un problema. Ahora sé que eso está mal”. 

El mismo taller hizo que Iara Debenedetti aprendiera a contar hasta diez antes de llegar a gritarle a su hijo. Pero ni Iara, ni Yonatan, ni ninguna de las 402 familias que participaron de la primera investigación específica sobre prácticas de crianza del país, pensaron que podían aprender tantas cosas. Es que 7 de cada 10 personas encuestadas consideran que nadie tiene derecho a decirles cómo criar a sus hijas o hijos, según los resultados a los que accedió en exclusiva elDiarioAR.

Para mí era algo normal, lo tomaba con liviandad. Pero entendí que un simple ‘boluda' es un insulto

Yonatan Alvarez — Papá

“En el estudio apareció muy fuerte el hecho de que la crianza es algo del mundo de lo privado”, explica Luciana Lirman, oficial de Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento de Unicef y coordinadora de la investigación.

En diálogo con elDiarioAR, Lirman subraya que ese dato “es impactante porque deja a los chicos y a las chicas en un lugar de mucha vulneración, cuando la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes habla de un sistema de corresponsabilidad donde el Estado, la familia y todos los miembros de la sociedad tendríamos que tener una responsabilidad sobre esos niños”.

Sobre este punto, la socióloga especialista en ciencias de comportamiento remarca que, si vemos una situación de violencia contra una niña o un niño en la calle, es difícil que intervengamos porque, tradicionalmente, las prácticas de crianza han sido consideradas decisiones exclusivas del ámbito familiar.

La investigación fue realizada por Unicef y la Universidad Torcuato Di Tella en Concepción del Uruguay, una ciudad donde muchas de las claves de WiFi aluden a un prócer o a la historia de nuestro país. El pronunciamiento del general Justo José de Urquiza en 1851 es uno de los acontecimientos más famosos ocurridos en Concepción, conocida hasta el día de hoy como “La Histórica” y considerada por Unicef como una ciudad pionera en políticas de primera infancia.

Según la última Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes de Unicef de 2020, el 59% de chicas y chicos del país de entre 1 y 14 años experimentaron prácticas violentas de crianza

Fue esa trayectoria en el área de niñez que hizo que Concepción del Uruguay sea la localidad elegida para llevar adelante el estudio titulado “Hacia una crianza respetuosa, sensible y saludable de niñas y niños de 0 a 6 años”.

A su vez, la ciudad está adherida al proyecto de Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), una iniciativa de Unicef que funciona en más de cien localidades e impulsa acciones para favorecer a chicas y chicos de distintos puntos del país.

El objetivo principal de la investigación fue proporcionar información que colabore en promover prácticas de crianza positiva en torno a la salud, la alimentación y la educación. “Trabajar la crianza positiva es una manera de abordar preventivamente situaciones de violencia”, remarca Lirman.

Entre los resultados más destacados, el estudio reveló una alta prevalencia de prácticas violentas en la crianza: el 78% de las personas cuidadoras cree que gritarles a niñas y niños “a veces es inevitable”, y el 58% admite haberlo hecho en el último mes.

En tanto, el maltrato físico (incluso con objetos contundentes) sigue presente. El 18% reconoció haber golpeado con la mano en el último mes y el 4% con un objeto. Además, el 12% considera que los adultos tienen derecho al castigo físico.

Por más que los datos demuestran que la violencia está naturalizada, Unicef advierte que los golpes y los gritos no son una forma de enseñar. La violencia, en cualquiera de sus formas, es una vulneración de derechos y tiene consecuencias en el bienestar y desarrollo de los chicos y chicas.

Los resultados también corroboran las cifras nacionales disponibles. Según la última Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes de Unicef de 2020, el 59% de chicas y chicos del país de entre 1 y 14 años experimentaron prácticas violentas de crianza.  

A su vez, la investigación en Entre Ríos identificó patrones específicos que profundizan esta problemática. Por ejemplo, la violencia hacia niñas y niños se intensifica en hogares donde hay violencia entre adultos, habitualmente desde el varón hacia la mujer. Asimismo, el 65% de las cuidadoras que sufrieron violencia en su niñez reportan gritar a sus hijas e hijos, versus 49% de quienes no la sufrieron, y solo el 55% de las personas encuestadas conoce que el castigo físico está prohibido por ley, según el artículo 647 del Código Civil y Comercial de la Nación.

La violencia hacia niñas y niños se intensifica en hogares donde hay violencia entre adultos, habitualmente desde el varón hacia la mujer

“Fue muy elevado el porcentaje de quienes desconocen el artículo del Código Civil. Es un porcentaje para atender, por eso planteamos con el municipio la estrategia de realizar talleres con cuidadores para resolver la falta de información”, indica Lirman.

El estudio se construyó en diferentes fases de trabajo de campo entre agosto y diciembre de 2023. Luego, durante el 2024, el equipo de Unicef trabajó en el análisis de datos y puso en práctica diversas intervenciones, como talleres y espacios de diálogo, en base a los primeros resultados. Ahora, Unicef busca replicar la investigación en otras ciudades del país para recabar más información sobre las prácticas de crianza.

El insulto también es violencia 

“Yo me considero un pésimo padre hasta el taller de crianza positiva que me hizo un click. Ahí asumí una problemática”, cuenta a elDiarioAR Yonatan Álvarez, de 36 años, acompañado por su esposa Ivana Benítez, de 38. Están juntos desde hace más de una década y formaron una familia ensamblada con sus dos hijas y los hijos mayores de Ivana. Su casa está en el Barrio 40 Viviendas, un conjunto habitacional construido por el Estado en la

zona norte de Concepción del Uruguay, a unos 30 minutos a pie del centro.

Yonatan, de profesión albañil, e Ivana, maquilladora, fundaron hace casi diez años la organización social Empoderamiento Popular, que impulsa actividades solidarias para ayudar a las comunidades más vulnerables de la zona.

Junto a otros referentes del barrio, la pareja fue convocada por el Municipio de Concepción para invitar a las familias a participar de la investigación de Unicef.

“Cuando nos quisimos acordar, nos dimos cuenta que estábamos siendo parte del taller como padres”, aseguran. El primer día, les entregaron un cuestionario sobre hábitos de crianza y Yonatan terminó marcando casi todos los casilleros. 

“Iba por la mitad y dije 'no puedo más'. Me frustré”, recuerda y confiesa que recién en ese momento identificó que insultaba a sus hijas para disciplinarlas.

“Para mí era algo normal, lo tomaba con liviandad. Pero entendí que un simple ‘boluda' es un insulto”, explica Yonatan y aclara que nunca ejerció violencia física, como sí hicieron sus padres con él. 

“Mis padres no me insultaban, agarraban una vara y me castigaban. A mis hijas nunca les voy a pegar, con eso siento mucha reticencia porque a mí me pegaron tanto cuando era chico que uno de mis sueños era llamar al 102, el teléfono de los niños, y denunciar a mis padres”, rememora.

Una investigación innovadora en el país y Latinoamérica

El taller al que asistieron Ivana y Yonatan es solo una de las herramientas que utilizó la investigación impulsada por Unicef Argentina y realizada por el Centro para la Evaluación de Políticas basadas en Evidencia (CEPE) de la Universidad Di Tella.

El trabajo se distingue por un enfoque metodológico innovador que incluyó un diagnóstico inicial con referentes de la comunidad y la combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas para comprender las prácticas de crianza desde la mirada de las familias y de los proveedores de servicios para la primera infancia, como jardines de infantes, centros de atención primaria de la salud y comedores comunitarios.

Así, se realizó una encuesta representativa en 402 hogares de la zona norte de Concepción del Uruguay, donde estudiantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) relevaron información casa por casa como en un censo. 

Los voluntarios pedían por la persona a cargo del cuidado y en más del 82% de los casos quien respondió la encuesta fue la madre, seguido de un 7% de los casos por la abuela o abuelo y un 7% por el padre.

Además, se emplearon métodos cualitativos para aportar mayor profundidad, como grupos focales y observaciones de interacciones entre niñas, niños y cuidadores. 

“Lo novedoso es que se hizo una investigación en profundidad en un territorio focalizado y con la participación de la comunidad, desde el diagnóstico inicial hasta la formulación de los resultados”, destaca Lirman y remarca que se trata del primer estudio específico sobre prácticas de crianza en Argentina.

A su vez, la socióloga detalla que el trabajo fue innovador no solo por el uso de técnicas mixtas, sino también porque los resultados se analizaron combinando dos enfoques teóricos que tienen un desarrollo incipiente en nuestro país y Latinoamérica. Se trata del marco de Cambio Social y de Comportamiento, que permite identificar determinantes psicológicos, sociológicos y contextuales que pueden fomentar o dificultar cambios positivos, y el marco de Cuidado Cariñoso y Sensible, que proporciona un marco integral para comprender las prácticas de cuidado mínimas para un desarrollo infantil temprano adecuado.

Para el recorte metodológico del estudio, Unicef seleccionó junto con el Municipio de Concepción del Uruguay a los barrios de la zona norte, en línea con los mapas locales de denuncias e intervenciones georreferenciadas en violencia de género y en primera infancia.

“Cuando comparamos los dos planos nos dimos cuenta de que eran idénticos. El área manchada de rojo, la zona más caliente, era el norte. Eso nos muestra que el chico o chica que está intervenido por el área de niñez tiene también a su madre asistida por la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad”, explica a elDiarioAR, Marianela Marclay, secretaria de Desarrollo Social y Educación de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

“También somos conscientes de que hay una parte de la población que no denuncia, que hay chicos que no tienen la posibilidad de llamar al 102, el teléfono de Niñez y Adolescencia que brinda atención las 24 horas. Entonces la investigación fue muy importante porque fuimos al barrio a buscar a esas personas”, destaca Marclay y agrega que en el municipio tenían como “materia pendiente el diagnóstico científico” de la situación en prácticas de crianza. 

La zona norte es uno de los sectores donde viven mayor cantidad de chicas y chicos en situaciones de vulnerabilidad. Se compone de diferentes barrios y conjuntos de vivienda social construidos por el Estado para la erradicación de villas. 

Según advierte la funcionaria, en temas de primera infancia una de las problemáticas más urgentes en el municipio es el aumento de la cantidad de niños que nacen prematuros y con cocaína en sangre. 

Hoy la emergencia social pasa porque la gente no tiene para comer. Hace un año atrás, en Concepción, era impensado ver a un chico revolviendo la basura. Eso para nosotros es un paisaje totalmente nuevo

Marianela Marclay — Secretaria de Desarrollo Social y Educación de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

“Esto ya nos había pasado durante la pandemia de Covid y en el contexto de crisis económica y social actual volvemos a ese pico. Hoy la emergencia social pasa porque la gente no tiene para comer. Hace un año atrás, en Concepción, era impensado ver a un chico revolviendo la basura. Eso para nosotros es un paisaje totalmente nuevo”, apunta Marclay y atribuye el cambio al desmantelamiento de programas sociales por parte del Gobierno nacional y provincial.

Y remarca: “La municipalidad tuvo que hacerse cargo de muchos programas, de comprar medicamentos, pagar tratamientos y un montón de otros gastos que antes no teníamos porque la Provincia y la Nación absorbían eso”.

La feminización del cuidado

Otra desafío a la hora de impulsar cambios positivos en la crianza es que en la idiosincrasia de la ciudad “está muy arraigado que la mujer se tiene que quedar en la casa y tiene que cuidar a los hijos”, explica Marclay.

De acuerdo con los resultados del estudio, la organización del cuidado infantil revela una persistente feminización de las tareas, en todo tipo de hogares. Ya sea en familias biparentales (70% de los casos) o monoparentales (30%), las mujeres asumen la mayor parte de las responsabilidades de cuidado y tareas domésticas.

La investigación muestra que la situación en la zona norte de Concepción refleja las profundas desigualdades de género observadas a nivel nacional. Los datos de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) de 2021 son contundentes: mientras las mujeres dedican en promedio 6 horas diarias a tareas de cuidado, los varones invierten solo 3:30 horas. 

Por su parte, los datos locales de Concepción del Uruguay revelan una marcada diferencia de participación entre mujeres y varones. Mientras que el 94% de las madres aseguró que cambia los pañales, solo el 21% de los padres encuestados indicaron hacerlo.

Por otro lado, los padres participan más en el juego, en llevar a niñas y niños a pasear fuera de la casa y en gestos afectivos como abrazar y mimar.

Sin embargo, el estudio muestra que también existe una oportunidad de cambio: el 88% de las cuidadoras considera relevante la participación masculina y se observa que en hogares en los que las mujeres refieren sentir mayor contención, el padre tiende a involucrarse más. Las conclusiones de la investigación sugieren que se podrían realizar intervenciones con las familias para contribuir a una distribución más equitativa de las tareas de cuidado.

“Soy mamá que cría sola” 

Iara Debenedetti vive en Concepción y cría sola a su hijo Aaron de 7 años. “No tengo a mis papás, así que es compleja la situación. Solo tengo un hermano y una tía que vive cerquita y nos ayuda. Pero bueno, ahí vamos”, cuenta Iara, de 37, en diálogo con elDiarioAR.

Entre las cosas más difíciles que tuvo que atravesar como mamá, Iara tiene grabado un momento en donde sintió que se le partía el corazón: un día su hijo le pidió que pasara más tiempo con él y que no trabajara tanto.  

Ese recuerdo se le vino a la mente cuando participó de los talleres de Unicef y reflexionó sobre la importancia de prestarle atención a los niños. “La economía está difícil y como crío sola a mi nene no tengo para pagarle a alguien tantas horas para que me lo cuide. Pero ahora estoy tratando de trabajar un poquito menos para poder estar un poco más. Y automáticamente vi su gratitud el primer día que me quedé en casa, estaba feliz”, afirma con una sonrisa en su rostro. 

Iara reconoce que no es fácil combinar las tareas de cuidado con su trabajo: “A veces estoy desbordada y agotada. Hay días que querés decir 'cambio, juez', y que venga alguien más, aunque sea por un rato. Últimamente noto que no me hago tiempos para mí”, apunta.

Al igual que ella, el 69% de las madres afirma que siente que deja de lado más cosas de su vida de las que imaginó para satisfacer las necesidades de la niña o niño a su cargo. 

Otra de las herramientas que Iara se llevó del taller fue la importancia de hablarle a Aaron con palabras que expresen cariño, respeto y contención. “Yo vengo de una generación que no tuvo eso. En mi época nadie te preguntaba cómo te sentías. Yo pasé mucha violencia y abusos de todo tipo, entonces siempre busco cambiar esas cosas que en mi infancia no me hicieron bien para no repetirlas con mi hijo. Mi mayor plan es aprender a ser mejor para él”, asegura. 

Desafíos por delante

Tanto Iara como Ivana y Yonatan coinciden en que el taller les dio herramientas fundamentales para aplicar en la crianza, ya que no existe un manual que enseñe cómo ser padres. 

“Como sociedad tenemos que prevenir la violencia desde un comienzo porque después ya es tarde y ya no hay nada más para hacer”, reflexiona Yonatan. Por su parte, Iara remarca que estaría “buenísimo que se puedan seguir haciendo los talleres para transmitirles información a más personas”.

En este sentido, Marclay adelanta que el próximo desafío es realizar jornadas de capacitación con las docentes de los jardines para que luego ellas puedan dictarles talleres de concientización a los padres.

Entre las principales recomendaciones que se desprenden del estudio, se sugiere promover intervenciones adecuadas para la crianza en el entorno familiar, como la promoción de espacios comunitarios de reflexión, incentivar el juego y la lectura de cuentos en el hogar.

“Es muy importante tomar conciencia de pequeñas cositas como cuidar las palabras, respetar al otro y tratar de ejercer una crianza más positiva y más sana, donde se eduque desde el amor”, concluye Iara.

MA/MG

El 25 de abril de cada año se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. El principal objetivo de la jornada consiste en visibilizar y generar consciencia acerca de todas las manifestaciones de violencia que padecen los niños y las niñas, y cómo las mismas afectan en su crecimiento.

El Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil no nació como una iniciativa de una organización específica, sino como una propuesta de la sociedad en general. Esta jornada se celebra el 25 de abril de cada año y persigue siempre el mismo objetivo: problematizar acerca de todo lo que implica el maltrato infantil a nivel mundial, lo cual incluye pensar en todos los tipos de violencia que puede padecer un niño, las consecuencias que eso genera para su presente y futuro, y aquellas acciones que se pueden realizar para proteger a las víctimas.

Según indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe publicado en septiembre de 2022, el maltrato infantil engendra “problemas de salud física y mental que duran de por vida”. De hecho, según dicha entidad “sus consecuencias sociales y laborales pueden, a la larga, ralentizar el desarrollo económico y social de un país”.

Además, remarca que, “con frecuencia, el maltrato infantil queda oculto” y “solo una parte de los niños que son víctimas recibe en algún momento el apoyo de profesionales de la salud”.

Maltrato Infantil: algunas cifras para comprender la problemática a nivel mundial

El informe mencionado de la OMS aporta datos concretos que permiten tomar conciencia la magnitud del problema a nivel mundial. Asevera, por ejemplo, que “casi tres de cada cuatro niños de entre dos y cuatro años (unos 300 millones) sufren con regularidad castigos corporales o violencia psicológica” por parte de sus padres o personas a su cargo.

Respecto de los abusos sexuales, el documento informa que una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres fueron víctimas de esto cuando tenían entre 0 y 17 años. También, que hay “120 millones de niñas y mujeres jóvenes de menos de 20 años” que sufrieron “alguna forma de relación sexual forzada”.

¿Qué es el maltrato infantil?

El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención hacia menores, que incluye todos los tipos de maltrato: físico, psicológico, sexual, negligencia, explotación o cualquier otro que afecten su salud, desarrollo, dignidad o los pongan en peligro.

¿A quién recurrir ante maltrato infantil?

NB

El comisionado de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano, Dimitro Lubinets, acusó al Gobierno de Rusia de “militarizar” a menores en los territorios “temporalmente ocupados” por las fuerzas rusas en Ucrania.

Asimismo, advirtió de la violación de los derechos de la infancia en estas zonas y remarcó que la lucha contra la explotación infantil está determinada por el Derecho Internacional, que fue ratificado tanto por Rusia como por Ucrania.

En este sentido, acusó a Moscú de “ignorar todas las normas del Derecho Internacional” y apunto a Rusia por hacer uso de la explotación infantil. “Desafortunadamente, Ucrania no tiene acceso a toda la información, por lo que no puede supervisar la protección de los derechos de los menores en estos territorios ocupados. Millones de ucranianos, incluidos miles de niños, están fuera del marco legal”, aseguró.

Lubinets instó a la comunidad internacional a condenar las acciones de Rusia. “Pido apoyar la fórmula de paz para Ucrania para proteger a nuestros niños y su derecho a tener una infancia feliz y libre en un Estado independiente”, subrayó en un mensaje de su cuenta de Telegram.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas identificó al menos seis violaciones graves contra menores durante el conflicto armado, que incluyen el reclutamiento y uso de los niños, así como el asesinato, la violencia sexual y los ataques contra colegios y hospitales.

Europa Press.

IG

Cada 25 de abril de todos los años es el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. La fecha fue instituida por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de erradicar la violencia contra las infancias y adolescencias, ya que afectan su crecimiento.

El maltrato a los niños pone en peligro su capacidad para aprender y socializar y afecta su desarrollo relacional a lo largo de toda la vida. En muchas ocasiones, se utilizan métodos violentos en la educación, repitiendo modelos de crianza obsoletos. Si los adultos estos fueron criados con violencia, les resulta normal y no identifican alternativas.

¿Qué es el maltrato infantil?

El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención hacia menores, que incluye todos los tipos de maltrato: físico, psicológico, sexual, negligencia, explotación o cualquier otro que afecten su salud, desarrollo, dignidad o los pongan en peligro.

Cabe destacar que la exposición a la violencia de pareja también suele incluirse entre las formas de maltrato infantil.  

Para combatir el maltrato infantil, es importante saber que la educación atraviesa la convivencia de las familias. Es por eso que desnaturalizar el uso de métodos violentos requiere del compromiso y el trabajo articulado de organizaciones, gobiernos e individuos. Hablar del tema con niñas/os, respetando su edad y su manera de entender, es inculcar valores y definir límites.

Qué dice la Organización Mundial de la Salud

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el maltrato infantil engendra “problemas de salud física y mental que duran de por vida”, y que “sus consecuencias sociales y laborales pueden, a la larga, ralentizar el desarrollo económico y social de un país”.

Desde el organismo destacan que “con frecuencia, el maltrato infantil queda oculto” y que “solo una parte de los niños que son víctimas recibe en algún momento el apoyo de profesionales de la salud”. Algunas de sus estadísticas señalan que hacia mediados del 2020:

Entre las consecuencias que genera sufrir maltrato, el estrés y los problemas de conducta son apenas algunas de las que se suelen manifestar. De acuerdo con la OMS, las que se presentan en adultos que de niños o jóvenes padecieron maltrato son:

Es por eso que esta es una jornada de acción. Para eso, proponen “prestar una atención continua a los niños y las familias” e invitan a comunicarse con especialistas con el objetivo de reducir el riesgo de acciones violentas, por más mínimas que sean.

¿A quién recurrir ante maltrato infantil?

LC

Este mediodía se conocerá el veredicto por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de cinco años asesinado el 26 de noviembre de 2021 en La Pampa, por el que están acusadas su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su novia, Abigail Páez. El Tribunal de Audiencias de Santa Rosa definirá si las mujeres son culpables o no del delito “homicidio triplemente calificado y abuso sexual gravemente ultrajante” con una pena de prisión perpetua.

Durante la mañana se espera la llegada de manifestantes a los alrededores de la Ciudad Judicial de Santa Rosa, ubicada en las avenidas Perón y Uruguay, para reclamar justicia. La movilización está convocada por la familia paterna del nene. “Esperamos manifestarnos pacíficamente mientras esperamos conocer la culpabilidad de esas asesinas”, dijo Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, a elDiarioAr. Ayer se conoció que las dos acusadas no estarán presentes durante la lectura de la sentencia y serán notificadas por sus abogados en el Complejo Penitenciario N°1 de la provincia de San Luis, a donde fueron trasladadas para resguardar su integridad física. Ambas hicieron uso del artículo 309 del Código Procesal de La Pampa que les permite no estar en el momento en el que el tribunal informe el fallo. 

El juicio

El juicio, que se inició en noviembre del año pasado, tuvo 18 audiencias y participaron más de 100 testigos. Espósito Valenti y Páez están acusadas de golpear hasta la muerte al nene que estaba a su cuidado. Además, las pericias indican que ese día también fue abusado sexualmente. Durante el proceso, el Ministerio Público Fiscal presentó numerosas pruebas que indican que el maltrato era crónico. Hay chats entre ellas en las que hablan de los golpes y de la manera de disimularlos, están los dibujos de Lucio, la autopsia, las pericias psicológicas y psiquiátricas, y las cámaras de seguridad que confirman la presencia de las dos en el casa de la capital pampeana el 26 de noviembre del 2021 entre las 17.30 y las 19.40. Si bien Páez lo llevó a una posta sanitaria, los golpes le provocaron lesiones múltiples que lo llevaron a la muerte. 

Tanto la fiscalía como la querella que representa a Cristian Dupuy, el padre de Lucio, pidieron cadena perpetua para las dos. El Ministerio Público Fiscal pidió que se condene a Espósito Valenti por homicidio triplemente calificado“por ser la ascendiente (la madre), por ensañamiento y alevosía”. Para Páez, el mismo delito con la excepción del ascendiente. Además, se las acusa abuso sexual gravemente ultrajante por “acceso carnal vía anal con un objeto”. En el caso de la madre, agravado por ser la progenitora y aprovechar “la convivencia con la víctima menor de 18 años”. Por su parte, el abogado de la familia paterna, Mario Aguerrido, también agregó el agravante “odio de género” porque sostiene que las mujeres tuvieron “una clara aversión a todo el estereotipo masculino”.  Un argumento que la fiscalía no acompañó ni consideró que existieran elementos para probarlo.

Por el lado de la defensa, el representante oficial que patrocina a la madre, Pablo De Biasi, pidió la absolución tanto por el abuso sexual como por el homicidio. Indicó que “en el lugar de los hechos hubo una persona y no dos”. Además, indicó que no hay responsabilidad de Espósito Valenti por omisión y agregó que solo podría imputarse una conducta preterintencional, es decir que no existió dolo o intencionalidad. Por el lado de la pareja, la defensora oficial Silvina Blanco Gómez indicó que Abigail Páez no buscó la muerte del nene. Negó el homicidio agravado y sostuvo que se trató de un homicidio preterintencional. En sus argumentos, dijo que la mujer intentó ayudarlo con reanimación cardiopulmonar y el traslado a una posta sanitaria. 

Desde las 12 del mediodía, el tribunal integrado por la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Aníbal Olié y Daniel Sáez Zamora, solo se expedirá sobre la culpabilidad o inocencia de las acusadas, pero no dará a conocer las penas porque se trata de un juicio de cesura. El artículo 343 del Código Procesal Penal de La Pampa permite que el proceso se divida en dos cuando la pena máxima supere los seis años de prisión. La defensa usó este recurso por lo que la pena se conocerá en una nueva audiencia, en un plazo no mayor a los 15 días a partir de conocerse el fallo.  Sin embargo, la fiscal Verónica Ferrero pidió que se deje sin efecto la audiencia de imposición de pena y directamente se dicte la sentencia. “Pedimos que si el tribunal le da lugar a la calificación jurídica dada por la fiscalía, que lleva la pena de prisión perpetua, se suspenda la segunda audiencia de imposición de pena que estaba prevista”, explicó la fiscal Mónica Rivera. 

La expectativa es que hoy mismo el tribunal se expida sobre la pena como pidió la fiscalía sin esperar a otra jornada. “Pedimos que se deje sin efecto de la segunda audiencia porque el objetivo sería discutir un monto punitivo, en este caso sería perpetua no habría monto que discutir. Si el juzgado decide que son culpables tienen la posibilidad directamente de imponer la pena”, explicó Walter Martos, otro de los fiscales del caso.

En caso de ser sentenciadas, la familia de Lucio pidió que las mujeres cumplan la pena de manera separada. “Están de vacaciones”, se quejó el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy. “Lo venimos gritando, pero siguen juntas. Es lo que ellas querían desde el principio y no pudimos lograr que las separen”, agregó el hombre.

CDB

Los y las fiscales que investigaron el crimen de Lucio Dupuy en La Pampa no encontraron elementos para iniciar una investigación paralela contra la jueza Ana Clara Pérez Ballester, titular del Juzgado de Familia y del Menor N°1 de La Pampa, que homologó el acuerdo por la tenencia entre la madre del nene y los tíos paternos. Ayer, la magistrada fue denunciada por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Tanto el abogado que representa al padre de Lucio como una ONG vinculada al Partido Celeste Provida apuntaron contra la jueza Pérez Ballester, quien en noviembre de 2020 firmó el acuerdo entre Magdalena Espósito Valenti, la madre del nene, y el tío, Maximiliano Dupuy, y su pareja, Leticia Hidalgo, quienes los criaron durante algunos meses.  Ayer, el presidente de la Fundación “Más Vida”, Raúl Magnasco, presentó la denuncia contra la magistrada ante la Unidad de Atención Primaria, que depende del Ministerio Público Fiscal de La Pampa. “Tuvo varias alertas para evitar la muerte a Lucio y no sabemos si por una cuestión ideológica no cumplió con los deberes de una jueza de familia”, afirmó Magnasco, que también es el presidente del Partido Celeste, una ONG que milita en contra del aborto.

Sin embargo, los y las fiscales que investigaron el crimen del nene de cinco años indicaron que no encontraron elementos en la causa para impulsar un proceso contra Pérez Ballester. “No hay ningún elemento que a nosotros nos amerite haber advertido una situación o haber investigado o iniciado una causa ni respecto de la jueza ni respecto de ninguna otra persona”, dijo el fiscal de Delitos que Impliquen Violencia Familiar y de Género de La Pampa, Walter Martos a elDiarioAR. 

“La muerte de Lucio derivó en una investigación, en esta investigación en ningún momento surgió palmariamente de un delito o de una posible denuncia investigable de oficio por parte de la fiscalía que amerita iniciar una causa paralela a una tercera persona que no sean las dos acusadas. Ni durante la investigación ni tampoco durante el juicio. Por este motivo, desconocemos detalles de la intervención o no de la jueza cuestionada y eventualmente si se formula alguna denuncia la tendrá que investigar la fiscalía competente, que no seremos nosotros”, agregó el funcionario judicial ante la consulta de este medio.

Si bien la jueza homologó un acuerdo al que llegaron las partes, se le critica no haber realizado un estudio de impacto socioambiental para determinar el bienestar del nene. Antes de retomar la convivencia con su madre, Lucio vivió en la casa de su tío paterno en General Pico, La Pampa. Algo que las familias acordaron en el plano judicial en junio de 2019 después de la separación de la pareja cuando el padre, Cristián, trabajaba en Luján, provincia de Buenos Aires y la madre, en Santa Rosa. Meses después, en febrero de 2020, la mujer reclamó la tenencia alegando que tenía una nueva pareja y un emprendimiento para sostenerse económicamente. Desde ese momento, comenzaron los problemas por el régimen de visitas. La familia paterna contó que la mujer hacía escándalos y llamaba a la policía cada vez que tenía que ver a su hijo por lo que decidieron llegar a un acuerdo para que la tenencia fuera responsabilidad de la madre. 

Magnasco, el impulsor de la denuncia contra la jueza, es el presidente de la Fundación Más Vida y del Partido Celeste, un militante acérrimo contra el derecho al aborto legal. En sus redes, también se puede ver su adhesión a la figura de Javier Milei y críticas a la ley de Educación Sexual Integral. También impulsó la “Ley del Latido’, como en Texas, que prohíbe el aborto una vez que se detecte un latido del corazón en el feto. Una iniciativa que cuenta con el apoyo del precandidato a gobernador de La Pampa y diputado nacional por el PRO, Martín Maquieyra, quien es el autor de la ”Ley Lucio“. 

CDB/MG

Las acusadas por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de cinco años que murió tras una brutal golpiza y abuso sexual en La Pampa, no estarán presentes en la lectura de la sentencia. La mamá, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, pidieron no asistir a los tribunales de la Ciudad Judicial de Santa Rosa. Así lo confirmaron a elDiarioAr los fiscales que impulsaron la investigación del caso.

Las mujeres usaron el derecho de no escuchar el veredicto que dará mañana al mediodía el  Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, integrado por la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Aníbal Olié y Daniel Sáez Zamora, que definirá si son culpables o inocentes. El fiscal de Delitos que Impliquen Violencia Familiar y de Género de La Pampa, Walter Martos, confirmó que serán notificadas del fallo en el Complejo Penitenciario N°1 de la provincia de San Luis, a donde fueron trasladadas desde La Pampa para resguardar su integridad física. “No van a estar presentes, es un derecho que tienen de asistir o de no asistir y de ser notificadas por su representante legal”, dijo el funcionario en una ronda de prensa en los tribunales de la capital pampeana.

Hasta el momento no se sabía si las mujeres iban a asistir, teniendo en cuenta que la familia de Lucio organizó una manifestación hacia los tribunales por la mañana. “Así lo han requerido y lo han planteado sus abogados defensores. Van a estar representadas a través de ellos y van a ser notificadas en la dependencia en la que se encuentran alojadas”, agregó Martos. Las mujeres están acusadas de “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante”, delitos con una pena de prisión perpetua.

La madre de Lucio está acusada de homicidio triplemente agravado por  el vínculo (por ser la progenitora), por el ensañamiento y por la  alevosía; “en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado”. En el caso de la pareja, la acusación es la misma sin el agravante del vínculo. 

La familia paterna del nene pidió que, si las mujeres son condenadas, sean trasladadas a cárceles diferentes. “Están de vacaciones”, se quejó el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy. “Lo venimos gritando, pero siguen juntas. Es lo que ellas querían desde el principio y no pudimos lograr que las separen”, agregó el hombre.

CDB

El caso de Lucio Dupuy tuvo una gran cobertura mediática por las atrocidades que padeció el nene de cinco años que murió después de una fuerte golpiza en La Pampa y, en gran parte, también porque las acusadas son su mamá y su novia. Este caso de violencia extrema y abuso sexual pone el foco en el maltrato infantil y las estrategias deficientes para detectarlo. Si bien no hay cifras oficiales a nivel nacional, un dato de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema permite tomar dimensión de la magnitud: 3 de cada 10 personas que sufren violencia doméstica son niños, niñas y adolescentes. En el 80% de los casos las personas que ejercen violencia son sus progenitores. 

Según los datos recolectados por la OVD, en el tercer trimestre del año pasado se contabilizaron 2690 presentaciones por violencia doméstica, más de una denuncia por hora. De ese total, el 30% afecta directamente a niños, niñas y adolescentes (NNyA). Los cifras son de la Ciudad de Buenos Aires, pero ante la ausencia de un registro nacional permite ver una muestra del problema. “El caso Lucio muestra lo que hasta ahora no se quería ver que la tortura, los malos tratos, vejaciones y las humillaciones contra los niños y niñas son prácticas cotidianas que ocurren en todas las clases sociales. No son respetados como sujetos de derecho y deseo. Se cree que se puede hacer cualquier cosa con ellos. La violencia es un crimen pero la invisibilización de esta problemática es complicidad”, sostiene la psicóloga Sonia Almada, magister en Violencias contra la mujer y el niño en la UNESCO.  

Aldana Prost es abogada y docente de la Universidad de La Pampa, ejerce en Santa Rosa, la ciudad donde este jueves se conocerá la sentencia por el crimen de Lucio. Sostiene que es clave adoptar un paradigma de protección de derechos. “Creo que muchas situaciones se han naturalizado. Hemos pensado histórica y estructuralmente que una paliza era válida para poner límites. Nada de eso. Es tiempo de que analicemos esto lejos de un paradigma que considere a las NNyA como sujetos a quienes se les reconocen derechos, y si quienes deben cuidarlas y  cuidarlos los vulneran, entonces deben tomarse medidas de protección. Parece una locura tener que aclararlo en 2023 cuando tenemos años de instrumentos internacionales de protección. Un golpe es violencia, un insulto a tu hijo o hija es violencia, zamarrear a tu hija o hijo es violencia. Sea en privado o en público. Y es grave sea quien sea el o la agresora”, le dijo la letrada que trabaja en territorio a elDiarioAR.

No existen datos sobre el sexo de los agresores en caso de niños, pero sí hay cifras sobre el total de las personas denunciadas: 75% son hombres y 25% mujeres.

Por su parte, la directora ejecutiva del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño de Argentina, Nora Schulman, sostiene que si bien los casos de violencia extrema como el de Lucio no son habituales, existe mucho maltrato infantil que no está contemplado. “Hay mucho maltrato, mucha violencia. Durante la pandemia surgieron un montón de casos. Estamos en una situación en la que no podemos paliar la violencia. No hay estadísticas, no sabemos cuántos chicos hay en Argentina en situación de violencia, cuántos abusados. Las cifras se hacen en base a supuestos, en base a los que entran al servicio público. ¿Qué pasa con la población que no va al servicio público? Sabemos que hay muchos casos, pero es una palabra ambigua. Hay fallas grandes”, describió la especialista. 

Frente a este panorama, las herramientas parecen ser escasas. No hay un sistema que permita la detección de estos casos, tampoco un Poder Judicial que se involucre. “En el caso de Lucio se trata de un mal fallo judicial porque si bien dicen que se usó un enfoque de género no es así porque el enfoque de género también es darse cuenta de que hay una mamá que no puede maternar. Esta muerte podría haberse evitado. Muchos profesionales no quieren involucrarse en esto, no denuncian en los hospitales, tampoco los docentes. Si llegan a denunciar, la Justicia falla como le parece. De todos los juicios penales a los abusadores, condenan a pocos. No les creen a los chicos”, agregó  Schulman. 

Por su parte, Prost considera que el Estado tiene que intensificar el control de aquellas situaciones que generen alarma en los organismos que interactúan directa o indirectamente con los NNyA. “Sobre todo, agilizar los procesos tanto judiciales como administrativos. Si bien tengo una postura crítica en relación a muchos aspectos, también debo reconocer que vamos camino a procesos más ágiles y menos burocráticos, al tiempo que la muerte de Lucio abrió muchos debates en torno a la detección temprana de estas situaciones. Sin embargo, como todo cambio y puesta de límites a quienes ejercen el poder (en este caso, en sus hogares sobre sus hijos e hijas), siempre se cuenta con cierto grado de resistencia que poco a poco va cediendo atento el empoderamiento que la Educación Sexual Integral y formas de autocuidado y preservación van generando en NNyA”, detalló.

En abril de 2022, distintas organizaciones presentaron un proyecto de ley para crear un Ministerio de la Infancia que se aboque exclusivamente a la agenda de la niñez con enfoque en la prevención sostenido en el trabajo territorial. “El deber del Estado es proteger a la infancia y puede realizar grandes e importantes acciones para prevenir el maltrato en la infancia. Es solo una decisión ética y política. Desde campañas de prevención y promoción de derechos, monitoreos desde los efectores hasta capacitación. No solo para los tres poderes sino para familias, profesionales y organismos que trabajan con infancias y adolescencias”, explicó Almada, que también es la presidenta de Aralma, la asociación civil que trabaja contra las violencias y que es una de las impulsoras del proyecto.

¿Qué falló en el caso Lucio?

Shulman sostiene que hay responsabilidades en los distintos organismos que trataron con el nene por no alertar, pero también en la Justicia por darle la tenencia a la madre. “No todas las mujeres pueden maternar. No se tomaron el trabajo de ver por qué el chiquito no estaba con los abuelos. No es que siempre hay que darle la tenencia a la mujer, es una cuestión de darse cuenta cuál es el interés superior de un niño. ¿Con quién va a estar mejor? Mandar una trabajadora social que investigue. Era una muerte evitable”, explica. 

“Y no tiene nada que ver con que las mujeres eran lesbianas. Lo grave es que no hay personal capacitado, la Justicia tarda mucho para dictar sentencia y cuando lo hace, lo hace mal. Esto no es una cuestión de feminismo, hay que poner en primer lugar el interés superior del niño, con quién va a vivir mejor. ¿Qué tiene que ver si la madre era lesbiana? Lo que hay que evaluar es la situación de violencia y el interés del niño. La jueza se equivocó al no evaluar que estas dos mujeres no estaban en condiciones de maternar y de criar un niño. No tiene nada que ver con la condición sexual”, agrega Shulman. 

En ese sentido también se expresa Almada: “La crueldad contra los niños y niñas no tiene género. Así como hace poco tiempo las mujeres y diversidades pudimos alzar la voz contra todo tipo de violencia, todavía esa posibilidad no ha llegado a la infancia porque no tienen representación política y justamente son el grupo más vulnerable”. 

Y agregó: “El caso Lucio no es la excepción y y probablemente se haya mediatizado justamente porque las asesinas son mujeres y muchos grupos que combaten el feminismo han aprovechado esta circunstancia para lograr sus objetivos que no es no más ni menos que desprestigiar un movimiento que lucha y trabaja por la igualdad”.

CDB/MG

Más de 137 mil personas pidieron que “se condene a todos los responsables” del crimen de Lucio Dupuy, el nene de cinco años que murió después de una golpiza en La Pampa, y por el que están acusadas su mamá y la novia. En una petición online, miles de personas pidieron que se juzgue también a los agentes que atendieron al nene en los meses previos y no advirtieron la situación. La semana pasada, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto para incluir la “Ley Lucio” en las sesiones extraordinarias. Se trata de un proyecto que crea un Plan Federal de capacitación para el personal del Estado sobre derechos de niñas, niños y adolescentes. “Tenemos que capacitarlos para esa detección temprana, pero tener en cuenta que luego no puede haber ninguna excusa para no denunciar”, explicó el diputado Matías Maqueyra, autor del proyecto.

El petitorio llamado “Justicia por Lucio” publicado en la página Change.org alcanzó 137 mil firmas en las últimas horas y le pide al Ministerio Público Fiscal de La Pampa que investigue la cadena de responsabilidades que finalizaron en el asesinato del niño. “Que se juzgue a los policías por mal desempeño, a los jueces que no le quisieron dar la tenencia a su padre, y a los médicos que lo revisaron y vieron a todo lo que era sometido el pequeño y no hicieron nada”, escribió Graciela Mosquera, la mujer que inició la campaña. Este tipo de acciones no tienen impacto directo, pero buscan generar presión social. El caso dejó en evidencia, una cadena de omisiones en los organismos públicos a los que asistió el nene que, según las pruebas presentadas en el juicio, padecía maltrato y abuso sexual crónico. Fue atendido al menos en cinco oportunidades en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa. Sin embargo, ningún profesional médico o autoridades del jardín de infantes advirtieron sobre la situación.

Semanas después de conocerse el crimen, el padre y el abuelo de Lucio impulsaron una ley que apunta a la detección de casos de maltrato infantil en los organismos públicos. Se trata de la “Ley Lucio”, que establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para quienes trabajen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “Ellos me dijeron que teníamos que hacer algo para que esto no pase nunca más. ‘Nadie nos va a devolver a Lucio pero hay que hacer una ley, cambiar el sistema para que ningún otro chico pase por este calvario’, me pidieron.”, afirmó a elDiarioAR el diputado nacional del PRO por La Pampa, Martín Maquieyra, autor del proyecto. 

La norma fue votada por unanimidad en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado y será tratada en el Senado en sesiones extraordinarias después de que el presidente Alberto Fernández firmó un decreto a pedido de la presidenta de la cámara baja, Cecilia Moreau. “Hay que capacitar a todo el personal de salud y educación en las alertas tempranas que permiten inferir que pueden ser víctimas de abuso: un cambio en el comportamiento, en la forma de actuar, en los dibujos que un niño hace. Salvo los profesionales de Psicología, nadie está preparado para poder inferir eso. Podemos salvar una vida”, agregó Maquieyra, que es precandidato a gobernador de La Pampa. 

Todo indica que en el Senado lo convertirá en ley. Una vez sancionada, el Poder Ejecutivo nacional y el Judicial elaborarán un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia. Además, también deberán diagramar campañas de concientización semestrales y se deberá implementar de manera obligatoria Línea 102 en todo el territorio argentino para la promoción de derechos de las infancias y la atención gratuita.

Otro de los puntos importantes es la reserva de identidad para aquellas personas que detecten el maltrato y lo denuncien. “Muchas veces son los docentes las víctimas de estas denuncias porque luego va el padre o la madre y los golpea por denunciar que el chico venía golpeado. Queremos respaldar más a los que están frente al aula y tener en cuenta que luego no puede haber ninguna excusa para no denunciar”, agregó el legislador pampeano. En junio del año pasado, una maestra del jardín al que asistía Lucio fue agredida por la madre de un nene después de denunciar que estaba golpeado. La docente de la Escuela N° 27 del barrio Butaló, en Santa Rosa, activó el protocolo de violencia cuando vio a un alumno de 4 años con golpes y raspones vinculados a quemaduras. Al enterarse, la madre del nene le pegó y la docente tuvo que ser asistida por los padres y madres de otros alumnos.

En el Senado, el proyecto tiene dictamen favorable de un plenario de comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano. En el terreno judicial, el próximo jueves 2 de febrero, el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa dará a conocer el veredicto condenatorio o no para la madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez que están acusadas de “homicidio triplemente calificado” y “abuso sexual gravemente ultrajante por acceso carnal vía anal con un objeto”. En el plano social, ese mismo jueves habrá una marcha en la puerta de los tribunales, mientras que en la redes personalidades pidieron justicia, entre ellas, Nacha Guevara, Soledad Silveyra y Dalma Maradona.

CDB/MG

El próximo jueves se conocerá la sentencia por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de cinco años asesinado el 26 de noviembre de 2021 en La Pampa, y por el que están acusadas su mamá y la novia. Después de 18 audiencias en las que participaron más de 100 testigos, la fiscalía y la querella las acusaron de “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante”, delitos con una pena de prisión perpetua. Durante el proceso se presentaron pruebas que indican que el nene sufrió maltrato y abuso sexual crónico. Así lo confirmaron las pericias a los teléfonos, dibujos de Lucio y los relatos de vecinos y allegados. 

El 2 de febrero, el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa decidirá si el veredicto es condenatorio o absolutorio. Al mediodía, la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Aníbal Olié y Daniel Sáez Zamora resolverán si las mujeres son culpables o inocentes, pero no fijarán una pena porque la defensa pidió la división del debate, por lo que se conocerá recién en un lapso de 15 días. Paralelamente, la familia de Lucio convocó a una movilización a los tribunales para la mañana de ese día. “Esperamos a la gente que quiera venir a manifestarse pacíficamente mientras esperamos conocer la culpabilidad de esas asesinas”, dijo Ramón Dupuy, abuelo del nene. 

La fiscalía pidió que Magdalena Espósito Valenti, la madre del pequeño, y su pareja Abigail Páez, sean sentenciadas por abuso sexual gravemente ultrajante por “acceso carnal vía anal con un objeto”. En el caso de la madre, agravado por ser la progenitora y aprovechar “la convivencia con la víctima menor de 18 años”. Además de homicidio triplemente calificado “por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”. Por su parte, el abogado de la familia paterna también agregó el agravante “odio de género” porque sostiene que las mujeres tuvieron “una clara aversión a todo el estereotipo masculino”. Un argumento que la fiscalía no acompañó ni consideró que existieran elementos para probarlo. 

Los chats entre Espósito Valenti y Paéz indican que el maltrato fue previo y crónico. También los dibujos del nene y los relatos de vecinos. Los golpes que recibió el 26 de noviembre del 2021 entre las 17.30 y las 19.40 le provocaron lesiones múltiples que lo llevaron a la muerte, pero todo indica que se enmarca en un contexto general de violencia y abuso sexual. “Hubo un maltrato infantil grave prolongado en el tiempo. No fue solo físico, también psicológico y sexual”, afirmó el fiscal de Delitos que Impliquen Violencia Familiar y de Género de La Pampa, Walter Martos. En declaraciones a elDiarioAR, indicó que quedó ampliamente probado y que las pericias informáticas fueron muy contundentes para probar la violencia infantil. De la información recuperada de los celulares de las mujeres, hay evidencias del maltrato físico y psicológico y de las estrategias que utilizaban para taparlo. En esos intercambios hablaban de los golpes que recibía Lucio y planificaban la manera de evitar que se conozca la situación en la escuela y ante el resto de las personas.

Martos, que integra el equipo del Ministerio Público Fiscal  junto a Verónica Ferrero y María Mónica Rivero , indicó que las pruebas muestran que el maltrato, por lo menos, llevaba un año y medio, desde que el nene quedó a cargo de su madre cuando tenía poco más de tres años. “Se hizo una historicidad de la vida de Lucio desde que nació. La mamá estuvo con él al principio y después no. Posteriormente estuvo de nuevo y lo que se pudo probar es que en el momento en que Lucio retomó el vínculo se produjeron estos maltratos. Eso no quiere decir que antes no hayan ocurrido pero no tenemos evidencia de eso”, indicó Martos. 

Antes de retomar la convivencia con su madre, Lucio vivió en la casa de su tío paterno, Maximiliano Dupuy, en General Pico, La Pampa. Algo que las familias acordaron en el plano judicial en junio de 2019 después de la separación de la pareja cuando el padre, Cristián, trabajaba en Luján, provincia de Buenos Aires y la madre, en Santa Rosa. Meses después, en febrero de 2020, la mujer reclamó la tenencia alegando que tenía una nueva pareja y un emprendimiento para sostenerse económicamente. Desde ese momento, comenzó un tironeo en cuanto al régimen de visitas y la tenencia que finalizó con un acuerdo a favor de Espósito Valente que homologó la jueza Ana Clara Pérez Ballester y fue  revisado por la asesora de menores Eliza Catán. 

Días atrás, el abogado de la familia de Lucio, José Mario Aguerrido, pidió el juicio político para la magistrada y criticó a los 30 diputados y diputadas provinciales por no iniciarlo. “Lo normal es empezar un régimen de revinculación, verlo cada determinado tiempo. Ahora, entregarlo de una, eso no es lo normal en los procedimientos de familia. Los tíos de Lucio lo entregaron porque estaban asustados. Esta mujer (por Espósito Valenti) los amenazó con denunciarlos por abuso, un abuso que no existió. Ellos terminan rindiéndose, no es que lo entregan de manera voluntaria. Y lo más grave es que el padre de Lucio no intervino en ese expediente”, indicó en declaraciones a la Agencia Télam.

Por el lado de la defensa, el representante oficial que patrocina a la madre, Pablo De Biasi, pidió la absolución tanto por el abuso sexual como por el homicidio. Indicó que “en el lugar de los hechos hubo una persona y no dos” y sostuvo que “la única testigo fue Abigail”,  la pareja de la mujer. Además, indicó que no hay responsabilidad de Espósito Valenti por omisión y agregó que solo podría imputarse una conducta preterintencional, es decir que no existió dolo o intencionalidad. 

La defensa también indicó que la parte acusatoria hizo recortes de los hechos y que no se hizo mención a la responsabilidad del padre.  “Se me critica a mí, pero no al progenitor, porque ‘padre’ le queda grande. A él se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos. Sin embargo, en todo momento se desentendió de la criatura. Y tampoco es verdad que Lucio no tenía contactos familiares. Tenía contactos con el progenitor, sus abuelos, mi familia y la de Abigail. Si ellos no quedaron conformes con esos contactos será porque no se esmeraron en tenerlos más”, dijo Espósito Valenti cuando habló durante los alegatos.

Por el lado de la pareja, la defensora oficial Silvina Blanco Gómez indicó que Abigail Páez no buscó la muerte del nene. Negó el homicidio agravado y sostuvo que se trató de un homicidio preterintencional. En sus argumentos, describió siete conductas de la mujer para evitar la muerte de Lucio, entre ellas, la reanimación cardiopulmonar y el traslado a una posta sanitaria. Agregó que ninguna de las tres agravantes para el homicidio quedaron probadas y pidió la absolución para el abuso sexual por el beneficio de la duda. 

“Sé que Lucio me perdonó. Ojalá yo me pueda perdonar”, afirmó Páez ante el tribunal. “No sé realmente lo que pasó, tengo muchas lagunas en la cabeza, y si no conté detalles es porque estoy muy traumada. Todo lo que puedan decir de mí es horrible, por eso le pido perdón a las personas se hayan sentido tocadas por el tema y por toda esta situación, y que lo lloran y lo extrañan como me pasa a mi y a su mamá. Y también quiero pedirles disculpas a mi familia y a mi mamá porque le fallé, porque ella no me enseñó estas cosas”, agregó la mujer.

Después de un receso ( las audiencias finalizaron a fines de diciembre), el tribunal decidirá la semana próxima si las mujeres son culpables o inocentes, pero no dará a conocer las penas porque se trata de un juicio de cesura. El artículo 343 del Código Procesal Penal de La Pampa permite que el proceso se divida en dos cuando la pena máxima supere los seis años de prisión.  La defensa usó este recurso por lo que la pena se conocerá en una nueva audiencia, en un plazo no mayor a los 15 días a partir de conocerse el fallo. Sin embargo, la fiscal Verónica Ferrero pidió que se deje sin efecto la audiencia de imposición de pena y directamente se dicte la sentencia. “Como en este caso la particularidad es que si las personas son declaradas culpables y la pena es de perpetua, es prácticamente sobreabundante hacer una segunda etapa de debate si no hay monto de pena para discutir. Los jueces no tienen una escala penal para decidir sobre qué pena le imponen”, explicó Martos.

Mientras tanto, la familia de Lucio convocó a una movilización a los tribunales para el jueves a las 9 de la mañana. “Estamos abocados a que condenen a estas asesinas”, le dijo el abuelo de Lucio, Mario Dupuy,  a este diario.  “Estamos viviendo con ansias, son interminables los días para que llegue el 2 de febrero y saber la culpabilidad de estas asesinas. Las pruebas fueron contundentes para culparlas del grave hecho que cometieron con Luisito. La estrategia que armaron no les va a dar la absolución”, afirmó el hombre.

El abogado de la familia anticipó que denunciará al Ministerio de Salud de la provincia y a los médicos que atendieron al nene en situaciones previas por no alertar sobre las agresiones que presentaba. El niño había sido atendido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa. Sin embargo, ningún profesional médico o autoridades del jardín de infantes advirtieron sobre la situación. Es por eso que Aguerrido anticipó que denunciará a las autoridades en los tribunales locales y que también recurrirá al exterior para determinar la responsabilidad del Estado. Prevé hacer presentaciones ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Ley Lucio se debatirá en sesiones extraordinarias

A principios de esta semana, el Gobierno nacional confirmó que se incluirá el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes, conocida como Ley Lucio, en las sesiones legislativas extraordinarias. El proyecto que ya tiene media sanción en Diputados deberá ser tratado ahora en el Senado, después de un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, que la semana pasada habló con Ramón Dupuy por teléfono. 

La norma busca la prevención y detección temprana contra la violencia de los niños, niñas y adolescentes y establece un plan de capacitación para funcionarios públicos. “El presidente me llamó para decirme que se comprometía personalmente, es la ley más importante que deberíamos tener porque va a servir para cuidar a los chicos, para que no sigan matando como lo mataron a Lucio. En nuestro caso, el Estado falló en todo”, dijo el abuelo.

CDB/MG