En junio de 2024, Giorgia Meloni invitó a Javier Milei a la reunión del G7 en Italia. Era la segunda vez que se veían. Los abrazos, las reuniones privadas y las declaraciones de trabajo conjunto derivaron en una interpelación del Senado a la presidenta del Consejo de Ministros italiana.

En Argentina, el encuentro no llamó la atención, pero los acontecimientos que se desarrollaron a partir de este sí despertaron gran interés: diez días más tarde, Italia solicitó la detención con miras a la extradición de Leonardo Bertulazzi, un genovés exmiembro de la organización armada Brigadas Rojas que desde hacía 20 años vivía en Buenos Aires con estatus de refugiado. En agosto de ese mismo año, el Gobierno argentino anunció su detención tras retirarle el estatus de refugiado.

Finalmente, la Corte Suprema confirmó la extradición el pasado 1 de julio de 2025 y Bertulazzi, que estaba en arresto domiciliario, fue detenido minutos después en un nuevo operativo en su casa y enviado a prisión. Sin embargo, la decisión del alto tribunal no ha aclarado la situación sobre el estatus de refugiado del detenido, lo que complica la operación de Milei y Meloni.

Bertulazzi había sido detenido en Italia en 1977 por un accidente con explosivos junto a otros compañeros de la organización. Después, en ausencia, lo acusaron por el secuestro del empresario naviero Pietro Costa, basados en declaraciones de arrepentidos que no habían participado en el hecho. Pasó dos años detenido y luego fue liberado.

Salió del país en 1980, pasó una década en Centroamérica y luego otra en distintos países de Sudamérica. En 2001 ingresó en Argentina y en 2002 fue arrestado en Buenos Aires por una solicitud de extradición de Italia que, bajo el Gobierno de Silvio Berlusconi, revivió la búsqueda de miembros de las organizaciones armadas de los años 70 y 80.

No sabía que en su ausencia, un tribunal genovés lo había juzgado y condenado a 27 años de prisión por “asociación subversiva o ilícita, secuestro extorsivo y falsificación de documentos”. Si bien no se lo acusó de ningún delito de sangre, el argumento fue que el botín del secuestro de Costa se había utilizado para la logística del secuestro del primer ministro Aldo Moro en 1978, que terminó asesinado mientras Bertulazzi estaba preso.

La petición de extradición inicial fue inmediata, pero no pudo avanzar porque la justicia argentina consideró que no había podido ejercer su derecho a defenderse en el juicio que lo condenó y, en cambio, le reconoció el estatus de refugiado bajo el amparo de la Convención Internacional y el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE) —luego convertido en CONARE—.

Bertulazzi pasó los siguientes 20 años viviendo en el barrio porteño de San Telmo. Durante ese tiempo, estuvo muy cerca de conseguir la extinción de la pena, y de hecho lo logró, hasta que una nueva oleada de la derecha gobernante en Italia se valió de su encarcelamiento en Argentina para frustrar el intento.

“La sucesión de hechos no deja dudas: acá hubo un pacto espurio que hicieron Milei y Meloni como parte de una alianza mayor de la ultraderecha internacional. Vemos cómo levantan la bandera de la lucha antiterrorista y anticomunista para pasar por encima de las leyes internacionales y destruir el derecho al refugio en Argentina”, denuncia a este diario Rodolfo Yanzón, reconocido abogado querellante en las causas por delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar en su país (1976-1983) que ahora representa a Bertulazzi.

Presión política

La reciente detención de Bertulazzi se festejó a los dos lados del Atlántico: en Italia, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, y en Argentina, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, expresaron la satisfacción de sus gobiernos y alentaron la extradición inmediata. Mientras tanto, el presidente Milei avanzó en las modificaciones legales necesarias para concretar la expulsión de Bertulazzi.

En septiembre de 2024, Milei cambió por decreto la composición de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) para incluir un representante del Ministerio de Seguridad en la dirección, algo inédito para ese organismo. En octubre, también por decreto, modificó la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, en particular los requisitos para otorgar el estatus de asilo. Con esto, el trámite de extradición que se había iniciado en junio a petición de Italia consiguió vía libre de parte de la misma jueza que en 2003 había fallado en contra de la extradición. La decisión llegó en julio de este año

Se trata de la jueza federal María Romilda Servini. “Con Néstor Kirchner como presidente, había rechazado la petición de extradición. Con Javier Milei, se desdijo de sus argumentos y la aceptó. En 2003, el argumento central para conceder el refugio fue la imposibilidad de defenderse en un juicio en ausencia. ”Un juicio basado en los testimonios obtenidos de dos arrepentidos bajo tortura, uno de los cuales luego se desdijo“, explica el abogado de Bertulazzi.

“¿Por qué hoy Servini se desdice? Es inexplicable en términos jurídicos. Esto sólo se puede leer como presión política”, opina Yanzón, que juzga igual la confirmación del fallo de Servini por parte de la Corte Suprema de Justicia: “A los cuatro días de recibir el expediente, casi como para dejar en evidencia que no se tomaron el trabajo de leerlo, resolvieron dar vía libre a la extradición. Es todo una barbaridad”.

El abogado agrega que, de todas formas, “todo el proceso de extradición avanzó de modo irregular, porque tanto la ley de extradición como la de refugio dicen que si el pedido es sobre una persona que tiene estatus de refugiada no debe tener trámite. Y acá la justicia le dio trámite ilegalmente”.

El Gobierno argentino había llevado el caso al máximo tribunal para habilitar una vía sumarísima para resolver la situación de Bertulazzi y poder extraditarlo inmediatamente. “La jugada no salió del todo bien, porque si bien resolvieron a favor de la extradición, no resolvieron la cuestión de fondo: Bertulazzi tiene refugio y para quitárselo es necesario llevar el caso a la justicia. Entonces, la lectura que queda es que la Corte falló para avalar el pacto Milei-Meloni”, explica el defensor del ex Brigadas Rojas.

El temor era que con esta decisión, el Gobierno argentino subiera a Bertulazzi a un avión y lo entregara. “Si eso no ocurrió, no fue porque no quisieran Milei y Bullrich, sino porque ACNUR presentó una nota en cancillería en la que advirtió que estaba mirando el caso y su preocupación por la situación de Bertulazzi, que cuenta con refugio bajo amparo de la Convención Internacional”.

Por eso y por lo resuelto por la Corte Suprema, para concretar la extradición es necesario que un juzgado defina el estatus de Bertulazzi. Ese proceso podría llevar años, explican fuentes judiciales. Por eso, organismos y referentes de Derechos Humanos solicitaron que Bertulazzi volviera a la prisión domiciliaria, que tuvo desde septiembre de 2024 hasta el 1 de julio de 2025 —cuando otra vez fue detenido con un gran operativo en su casa—. Esta semana, a petición de la Cámara de Casación Penal argentina, Bertulazzi está de nuevo en prisión domiciliaria.

En sus argumentos, el titular de Casación, Alejandro Slokar, sostuvo que encarcelarlo fue arbitrario, ya que “la protección de refugiado que le fue otorgada en 2004 sigue vigente”. Además, el juez había advertido que Servini “no valoró de manera adecuada la totalidad de la evidencia médica” y remarcó la posibilidad de que Bertulazzi pudiera sufrir otro ACV (accidente cerebrovascular) en prisión: el genovés pasó ocho semanas en una celda de la Policía Federal Argentina durmiendo en un colchón en el suelo, junto a otros cuatro detenidos, sin luz natural, con un baño sin agua dentro y sin lugar para caminar.

El lunes 25 de agosto Servini dio a conocer el fallo en el que acepta los argumentos de Casación y devuelve a Bertulazzi al arresto domiciliario.

Pacto entre ultraderechas

Para los organismos de derechos humanos, tanto la condena dictada en Italia —en un juicio en ausencia— como el dispositivo policial desplegado en Argentina constituyen graves violaciones del derecho internacional. “Bertulazzi no está acusado de ningún delito de sangre y goza del estatus de refugiado a pesar de los intentos arbitrarios del Poder Ejecutivo por desmantelar los principios fundamentales de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que garantiza la protección a quienes son perseguidos por razones políticas”, denuncian en una carta varias organizaciones de derechos humanos y ciudadanos argentinos y de otros 12 países de América Latina y Europa.

“La convención de Ginebra sancionó el principio del 'non refoulemen' o no devolución. Esto no es letra chica, es el muro que protege vidas frente a la diplomacia de conveniencias. Si lo derribamos, no solo traicionamos a Leonardo: quebramos la confianza en todo el sistema de protección internacional. El caso Bertulazzi no es un expediente más; es una prueba viva de si nuestra palabra vale algo o si termina, empapada y rota, como papel mojado”, señala la misiva.

“Desde nuestra convicción de defender el derecho al refugio e impedir un Estado de Derecho en el que la justicia sea utilizada como instrumento de persecución política, expresamos nuestro más enérgico repudio a esta decisión y exigimos su inmediata revisión”, dice a elDiario.es Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos de Derechos Humanos más reconocidos de Argentina. El CELS participó en la solicitud de audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que denunció hace unas semanas que “los derechos de los refugiados en Argentina están en riesgo”.

“El caso Bertulazzi es trascendente para la agenda de los organismos de Derechos Humanos”, remarca Morales, que describe como “totalmente agresiva” la posición del Estado Argentino en la audiencia. “La CIDH se mostró preocupada, pero no va a intervenir mientras esto no pase a una extradición ilegal”.

El gobierno de Brasil informó este viernes que solicitará a Argentina la extradición de un grupo de seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro procesados por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. Así lo informó la Policía Federal brasileña informó que no precisó el número de prófugos que huyeron a Argentina.

Aunque la solicitud será formulada por la Policía Federal, en coordinación con los ministerios de Justicia y Exteriores, todavía deberá ser analizada por el Tribunal Supremo de ese país.

Según un comunicado de la policía, la representación de esa fuerza en Buenos Aires está intentando recabar los nombres de los fugitivos y los incluirá en la red Anfast de capturas de Ameripol.

Los prófugos forman parte de un grupo de 208 investigados y condenados por la asonada golpista que están acusados de incumplir las medidas cautelares impuestas por la Justicia de Brasil.

Este jueves, la Policía Federal lanzó una operación para capturar a ese grupo de fugitivos y, por el momento, logró detener a 50, en una operación desarrollada en nueve estados brasileños, de acuerdo al balance más reciente.

Los fugitivos han sido condenados o son reos en el proceso que juzga los ataques violentos contra las sedes de la Presidencia de Brasil, el Parlamento y el Tribunal Supremo perpetrados por miles de seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en un intento de forzar un golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva.

El Supremo está procesando a más de un millar de personas por su supuesta participación en los ataques en Brasilia, y de momento ha condenado a 216 por crímenes como golpe de Estado, abolición del Estado democrático, asociación armada y daños al patrimonio público.

Bolsonaro, que gobernó entre 2019 y 2022, también consta como investigado por golpismo, en el marco de un proceso que tramita en el Supremo, pero la Fiscalía hasta el momento no ha presentado cargos formales en su contra.

La Policía sostiene que altas autoridades del Gobierno de Bolsonaro tramaron un plan para anular el resultado de las elecciones de 2022 y mantener al ultraderechista en el poder.

El capitán de la reserva del Ejército siempre ha negado cualquier tipo de vinculación con la presunta trama golpista y se ha declarado víctima de una “persecución judicial”.

Con información de EFE

Tras dos días de vista y años de batalla legal, el Alto Tribunal de Justicia de Londres decidirá en las próximas semanas si Julian Assange, el fundador de Wikileaks, puede seguir apelando contra su extradición a Estados Unidos, que le acusa de espionaje y hackeo informático hace más de una década. La decisión no se espera antes de principios de marzo.

En cualquier caso, si se agota la vía legal ante la justicia británica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo todavía puede intervenir con una medida de emergencia para paralizar el envío del ciudadano australiano del Reino Unido a Estados Unidos.

La jueza y el juez del Alto Tribunal de Inglaterra y Escocia encargados de este caso tienen que decidir si Assange puede empezar desde el principio un nuevo proceso de apelación, que previsiblemente alargaría años la situación de espera actual. Las partes van a presentar más documentación y la corte tiene hasta el 4 de marzo para examinarla, con lo que no se espera una decisión antes de esa fecha.

La vista de dos días no versaba sobre el fondo de la cuestión y el acceso público estaba limitado, como es habitual en el Reino Unido, pero activistas, periodistas, diputados y simpatizantes de Assange esperaron durante horas delante del tribunal entre cánticos y discursos de apoyo. Después marcharon hacia Downing Street, la sede del Gobierno británico, para seguir protestando.

Este caso arrancó en primavera de 2019, cuando Donald Trump era presidente y el Departamento de Justicia presentó una acusación con 18 cargos contra Assange por haber “conspirado” para obtener información confidencial de seguridad nacional, haber colaborado en el hackeo de sistemas oficiales y haber difundido documentos secretos sin tomar precauciones para evitar poner en peligro a periodistas, activistas y otros civiles en Afganistán, Irán, China y Siria, según el escrito de acusación. 

Estas acusaciones se refieren a las acciones de Wikileaks entre 2009 y 2011, pero el Departamento de Justicia del anterior Gobierno de Estados Unidos, el de Barack Obama, había decidido entonces no presentar cargos contra Assange al considerar que podría estar amparado por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que ofrece amplia protección para la libertad de expresión y de prensa. En cambio, sí fue perseguida judicialmente y condenada Chelsea Manning, antigua analista del Ejército de Estados Unidos y la persona que le pasó documentos a Assange y a la que, según la acusación, el australiano presionó para que accediera a más información. En mayo de 2017, Manning salió de la cárcel después de recibir el indulto de Obama tras siete años en prisión (la condena era de 35 años).

Los documentos que filtró Manning para denunciar abusos incluyen la publicación en 2010 de un vídeo de 2007 en que un helicóptero del Ejército de Estados Unidos cerca de Bagdad disparó y mató a 11 civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters. La agencia ya había pedido el vídeo al Pentágono y lo vio poco después de los hechos aunque no tenía autorización para guardarlo o reproducirlo. El jefe de la redacción de Reuters en Bagdad dijo que el Ejército de EEUU había “mentido” sobre las circunstancias. 

Entre la información más significativa, publicada en principio con el filtro y la colaboración del New York Times y otros medios (en España, El País), están los informes internos del Pentágono sobre víctimas civiles y militares en la guerra de Irak entre 2004 y 2009. Aunque ya había estimaciones oficiales de muertos y heridos, los informes permitieron comparar fuentes y hacer una estimación más fiel a la realidad, que incluía 15.000 muertos más. 

Wikileaks también publicó en 2011 en parte por su cuenta y en parte en el New York Times más detalles sobre los abusos contra prisioneros en Guantánamo, desvelados con otras fuentes en 2004 por la televisión CBS, la agencia de noticias AP y el semanario New Yorker, entre otros.

Qué es un periodista

Varias organizaciones de defensa de la libertad de prensa consideran que una condena de Assange en Estados Unidos podría sentar un precedente jurídico sobre los límites de la Primera Enmienda. Los defensores de este argumento, entre ellos The Guardian y otros diarios con los que Assange colaboró, insisten en que el uso en particular de la Ley contra el Espionaje de 1917 es peligroso porque no tiene en cuenta la relevancia de la información publicada.

La abogada que representaba este miércoles a Estados Unidos ante el tribunal en Londres argumentó que Assange no es periodista porque “publicó para todo el mundo, con conocimiento y de manera indiscriminada, los nombres de individuos que fueron fuentes de información de Estados Unidos” y que esto “distingue la posición del demandante de la del New York Times y otros medios de comunicación”.

La Constitución de Estados Unidos no recoge una definición precisa de lo que es y no es un periodista. Un caso de este tipo podría llegar al Tribunal Supremo, que tiene un historial de dictar a favor de la libertad de expresión y de prensa, con menos límites legales que en países como el Reino Unido o España.

La parte más polémica sobre los estándares de Wikileaks es la protección de fuentes que estaban en peligro. Varios medios que habían colaborado con Wikileaks, como El País, el New York Times y el Guardian, criticaron el hecho de que, cuando publicó la información por su cuenta, Assange no se preocupó de proteger a personas que podían ser objetivo de terroristas y gobiernos autoritarios. 

El Gobierno de Estados Unidos dijo este miércoles que activistas políticos, disidentes y otros civiles tuvieron que huir de sus países o “desaparecieron” después de la publicación de sus nombres en Wikileaks.

Entre la documentación encontrada durante el asalto de las fuerzas especiales de EEUU en 2011 a la casa en Pakistán donde se escondía Osama Bin Laden, el líder de la red terrorista Al Qaeda, había documentos de Wikileaks, según detalla el escrito de acusación.

La relación con Trump

La defensa de Assange aseguró este martes que el caso contra él tiene “motivaciones políticas” y empezó como una campaña de Trump contra todos los periodistas. 

El expresidente de Estados Unidos y el fundador de Wikileaks tienen una relación complicada. Assange colaboró con el Gobierno ruso en el hackeo de la información de los servidores del Partido Demócrata durante la campaña de 2016 de Hillary Clinton en busca de información que pudiera dañarla en las elecciones contra Trump, según detallaron medios como Foreign Policy y el Guardian, entre otros. Entonces el equipo de Trump estaba en permanente contacto con Wikileaks, según confirmó la investigación del fiscal especial Robert Mueller. 

Los abogados de Assange aseguraron durante el proceso en Londres en 2020 que Trump, a través de un intermediario del Partido Republicano, le había propuesto hacer un trato si el fundador de Wikileaks aseguraba que Rusia no tenía nada que ver con el hackeo de los emails del Partido Demócrata. La Casa Blanca de Trump lo negó entonces. 

En la vista DE este martes y este miércoles, la defensa de Assange aseguró que Trump estaba “planeando raptar y asesinar” al fundador de Wikileaks cuando estaba en la embajada en Londres.

Stella Assange, abogada casada desde 2022 con el fundador de Wikileaks y madre de sus dos hijos, comparó a su marido con el opositor ruso Alexei Navalni, que murió en una prisión del Ártico y cuyo cuerpo está retenido por las autoridades rusas sin que haya hasta ahora una causa oficial. Según Stella, a su marido “le puede pasar lo mismo que a Navalni”. 

Assange, de 52 años, no quiso asistir a la vista de esta semana ni siquiera online porque se encontraba mal, según su esposa. “Estuvo enfermo en Navidad, tiene tos desde entonces”, dijo Stella Assange, que habló también en las protestas en defensa de su marido organizadas durante los dos días de la vista delante del tribunal.

Las acusaciones de violación

Assange ha pasado por batallas legales desde los años 90 en Australia, donde fue condenado en 1996 por hackeo informático de la Universidad de Australia y de una red que utilizaba el Ejército de Estados Unidos. Entonces, ya era uno de los piratas informáticos más famosos del país, pero sólo tuvo que pagar una multa porque el juez no vio “malicia” en sus acciones. 

Sus problemas legales más serios en el Reino Unido empezaron en 2010, cuando fue arrestado en Londres a petición de Suecia por las acusaciones de violación y otros abusos sexuales de dos mujeres allí. Mientras estaba en libertad bajo fianza, en 2012, pidió refugio en la embajada de Ecuador en Londres, donde vivió siete años para evitar el proceso legal en Suecia. 

En abril de 2019, Assange fue arrestado en la embajada después de que Ecuador le retirara la protección diplomática tras años de tensión. El Reino Unido le acusaba de haberse saltado las condiciones de su fianza y respondió a la petición de extradición de Estados Unidos por las filtraciones. Unos meses después, una fiscal sueca decidió abandonar el caso por violación porque, aunque la víctima era “creíble”, según explicó, el tiempo transcurrido impedía conseguir información para probar las acusaciones. 

Assange lleva encarcelado desde 2019 en una prisión de alta seguridad a las afueras de Londres mientras su equipo legal ha apelado en varias ocasiones la orden de extradición a Estados Unidos hasta agotar la que cree ahora la última vía legal en el Reino Unido. 

Estados Unidos y Australia

En 2021, la justicia británica paró la extradición ya que aceptó que Assange tenía riesgo de autolesionarse si era deportado a Estados Unidos. Otro recurso le quitó la razón a Assange en abril de 2022 y en junio de ese año la ministra del Interior, entonces Priti Patel, firmó la orden de extradición.

Los abogados de Assange aseguran que, si es condenado, puede afrontar penas de hasta 175 años de cárcel. Las autoridades de Estados Unidos dicen que, si se le considera culpable, la condena sería mucho menor. El Gobierno de Estados Unidos dijo en 2021 ante la justicia del Reino Unido, preocupada por la salud mental de Assange que, de ser condenado, el acusado no sería encarcelado en una prisión de máxima seguridad e incluso podría cumplir la pena en su Australia natal. 

El Gobierno y el Parlamento de Australia han pedido al presidente Joe Biden que pare el proceso contra Assange. Además, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, se quejó de la duración del proceso: “Ya basta... Esto no puede seguir de manera indefinida”, dijo la semana pasada.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos funciona de manera independiente dentro del Gobierno y la Administración Biden está bajo una presión extra para no interferir en sus labores en año electoral y con varios procesos legales abiertos contra Trump. El presidente tiene, en cualquier caso, el poder de indultar a Assange si es condenado.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, comenzó una huelga de hambre seca en la cárcel de Esquel donde está detenido para protestar por su orden de extradición a Chile. “Es en reclamo a nuestros derechos políticos y territoriales como pueblo nación mapuche, su no extradición a ngulumapu (Chile) y su libertad inmediata, teniendo e cuenta que se ajustó a derecho según la ley del Estado argentino y se encuentra a solo ocho meses del cumplimiento de su condena impuesta por el Estado chileno”, detallaron desde el Movimiento Mapuche Autónomo de Puelmapu.

Desde la entidad, se destacó el esfuerzo de Jones Huala, a quien consideran un “preso político”. “Por años ha sido perseguido, pero ha transado ni claudicado; desde muy joven se ha entregado a esta digna y justa causa”, señalaron.

Y agregaron: “Se hace un llamado a libertad de acción al conjunto de nuestro pueblo que posee conciencia ancestral revolucionaria. Todos los métodos de lucha son válidos”.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia había confirmado la extradición del referente mapuche a Chile para que termine que cumplir allí la pena determinada por un tribunal de la ciudad de Valdivia. Jones Huala había sido condenado en el país vecino el 21 de diciembre por los delitos de incendio y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal.

El Máximo Tribunal argentino ya había confirmado la extradición el 23 de agosto de 2018, pero nunca se concretó. Cuatro años más tarde, el 21 de enero de 2022, le concedieron la libertad condicional. Dicha decisión fue revocada a los pocos días, pero para entonces Jones Huala se había declarado en rebeldía. Se libró entonces una orden de detención y, recién un año más tarde, se lo logró detener nuevamente en El Bolsón, Río Negro.

ACM con información de agencias.

La Corte Suprema de Justicia confirmó, este martes, la extradición a Chile del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, para que cumpla con la pena que le impuso un tribunal penal de la ciudad de Valdivia. En 2018, el referente indígena fue condenado por delitos de incendio y tenencia ilegal de un arma de fuego de fabricación artesanal.

Dos años más tarde, el 21 de enero de 2022, fue beneficiado con libertad condicional. Sin embargo, el 15 de febrero de ese mismo año, tal decisión fue revocada, pero, para entonces, Jones Huala estaba prófugo. Recién un año más tarde se lo logró detener en El Bolsón, Río Negro, el 30 de enero de 2023.

Tras ser capturado, el magistrado a cargo del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche declaró procedente la extradición del líder mapuche, resolución que fue apelada por la defensa. Los abogados de Jones Huala cuestionaron la decisión del juez sobre la base de una serie de pruebas que no habían sido tenidas en cuenta en la causa.

Pese al reclamo de la defensa, la Procuración General de la Nación dictaminó a favor de la sentencia, lo cual fue ratificado ahora por el Máximo Tribunal. Según la Corte, “las críticas introducidas por el recurrente para privar de validez a lo resuelto en la instancia interior no resultan idóneas como para obtener ese resultado. Así pues, y más allá de las respuestas que ha ensayado el juez a quo para no admitir las fuentes de prueba propuestas y para rechazar el planteo de nulidad introducido al inicio del debate, lo que le cabía a la parte recurrente era demostrar (...) cuá fue el perjuicio concreto que la privación de esas pruebas le produjo”, lo que no ocurrió.

ACM con información de agencias.

La Justicia Italiana confirmó la extradición a la Argentina del ex capellán militar de San Rafael, Franco Reverberi Boschi, para que sea juzgado por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad cometidos en Mendoza en el marco del Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). Con la decisión de la cartera a cargo de Carlo Nordio, queda firme la resolución del Tribunal de Apelaciones de Bolonia de comienzos de julio pasado.

“Realmente estamos muy contentos, se ha logrado algo muy importante. Teníamos dos extradiciones negadas en Italia, la de Reverberi y la de Malatto, por las que hemos trabajado mucho para cambiar la situación y finalmente pudimos obtener la confirmación de la extradición de Reverberi”, expresó Jorge Ithurburu, presidente de la Asociación 24 Marzo ONLUS, organización de derechos humanos con sede en Italia.

Reverberi Boschi, capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael, está investigado por los hechos cometidos en el Centro Clandestino de Detención “La Departamental” en los tribunales locales. Nacido en Italia en 1937, regresó al viejo continente cuando en 2011, y en el marco del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, sobrevivientes y familiares lo señalaron como responsable. En particular, cinco víctimas aseguraron que estuvo presente durante las torturas a las que fueron sometidas.

Tras su huida a su país de origen, la justicia inició un pedido de extradición en 2013, proceso que adquirió un impulso mayor en los últimos años a instancias de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Según informó la cartera que encabeza Horacio Pietragalla Corti, desde el estado argentino se impulso la modificación de la jurisprudencia de la Justicia Italiana para que los crímenes de lesa humanidad y las torturas también fueran consideradas causas imprescriptibles, como sucede con los homicidios.

Durante el primer pedido de extradición hace una década, la Corte de Bolonia y la Corte Suprema de Casación en 2014, consideraron que la presentación “carecía de fundamento” dado que no se cumplían las condiciones estipuladas en el Tratado Bilateral de Extradición firmado entre Argentina y el país europeo. Recién en 2017, cuando la legislación italiana incorporó la tortura a su Código Penal, se cumplieron los requisitos para volver a iniciar el pedido, lo cual terminó sucediendo tres años más tarde.

Ahora, tras la extradición, el religioso podría ser juzgado en Argentina por la privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes en perjuicio de Alfredo Rafael Porras, Roberto Rosalez, Roberto Rolando Flores, Hugo Adelmo Riera, Sergio Segundo Chaki, Mario Héctor Bracamonte, Luis Barahona, Marcos Antonia Valdéz y José Guillermo Berón. Respecto de este último, se cree que el ex capellán podría haber participado de su homicidio.

Con información de agencias.

El Gobierno pedirá a la Interpol dictar la alerta roja por Facundo Jones Huala para que quede detenido de forma preventiva hasta que se formalice el pedido de extradición.

  Lo hará a través de una nota remitida a la Embajada de Chile, dado que el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se encuentra en el juzgado federal de San Carlos de Bariloche por “una contravención”.

  Según supo NA, a requerimiento del juzgado, se solicitó a Chile el interés de la detención del activista en el marco de la causa por la que está prófugo. “Es lo que corresponde en estos casos”, revelaron fuentes oficiales.

  A raíz del interés de las autoridades chilenas en extraditar Jones Huala, la Argentina reclamará transformar el alerta azul de INTERPOL -que apunta a conseguir información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas- a roja. Se trata de “una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar”.

  El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, reveló que la administración del presidente Gabriel Boric inició los trámites para solicitar la extradición del líder mapuche, según informó el diario El Mercurio: “Hoy durante el transcurso de la mañana fue detenido Facundo Jones Huala en Argentina y, como saben, tiene una condena pendiente en Chile, por lo que se iniciaron ya los trámites para solicitar la extradición”.

  En la misma sintonía, la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro, Betiana Minor, anticipó que el líder de la RAM podría quedar en libertad si Chile no efectivizaba el pedido por la extradición, dado que los delitos por los que se lo acusan al activista, no requieren de prisión preventiva.

  “Tenemos un plazo corto de 24 horas por los delitos ordinarios pero para sostener la detención necesitamos que Chile pida la extradición”, sostuvo la funcionaria, en diálogo con el sitio Río Negro, y reiteró que Jones Huala: “No tiene pedido de captura internacional, para eso Chile debe elevar el nivel de alerta de azul (como es actualmente) a rojo y solicitar la extradición”.

  El líder de la RAM es argentino y está prófugo desde el 11 de febrero de 2022. En 2013, fue condenado a nueve años de prisión por la justicia chilena por los delitos de incendio y porte ilegal de armas. Gozó del beneficio de libertad condicional hasta que fue revocada por la Corte Suprema.

  Durante la madrugada de este lunes fue detenido por efectivos de la Policía rionegrina por el delito de violación a la propiedad privada tras una denuncia de una vecina.

  Lo hallaron alcoholizado, vestido con pollera y zapatillas rojas, y escondido en el quincho de una vivienda del barrio La Esperanza, en El Bolsón.

  La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, aseguró que trabaja en coordinación para que “Chile emita la alerta roja por Jones Huala y hacer la extradición”.

  En diálogo con Radio Rivadavia, Carreras reveló: “Tuvimos un accionar muy destacados del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las fuerzas federales porque actuaron en conjunto en un comando unificado”.

  Se trata de un tema que abrió debates al interior del oficialismo producto al acercamiento de un sector del Gobierno a los grupos mapuches, como fue el caso de la exministra de Seguridad Sabina Frederic y la extitular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Magdalena Odarda.

  A pesar de eso, Carreras destacó el apoyo del actual titular de la cartera, Aníbal Fernández.

  Por último, denunció: “Hace años que eran permanentes los delitos contra la propiedad y las personas. Con una convicción muy fuerte y un trabajo muy profesional de la policía de Río Negro, vamos dando respuestas”.

DA