El presidente Alberto Fernández consideró este 1 de septiembre que la causa judicial por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “avanzó con singular lentitud y dejando de lado pruebas determinantes para la investigación”, por lo que reclamó que “la Justicia deje de servir a ciertos poderes políticos y fácticos”.

Al cumplirse un año del intento de magnicidio que sufrió la expresidenta en la puerta de su vivienda en el barrio porteño de Recoleta, Alberto Fernández publicó un mensaje en sus redes sociales en el que exhortó que “cuando cumplimos 40 años de democracia, la Argentina debe preservar su institucionalidad”.

En la red social X (antes Twitter), el Presidente agregó: “Hace un año atrás atentaron contra la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fue un hecho de enorme trascendencia que generó una gran conmoción social y alteró la convivencia democrática”.

Al respecto, señaló que “la causa judicial avanzó con singular lentitud, dejando de lado pruebas determinantes para la investigación y dilatando toda indagación que permitiera conocer quiénes fueron los instigadores y autores intelectuales del hecho”.

“Parte de esa mejor institucionalidad exige que la Justicia deje de servir a ciertos poderes políticos y fácticos y se limite a hacer lo que debe hacer: impartir justicia”, cerró.

La causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta avanza en dirección al juicio oral y público de los supuesto autores materiales mientras que la querella de la exmandataria reclama que se profundicen las medidas de pruebas vinculadas a la detección de posibles conexiones políticas o autorías intelectuales, hasta aquí descartadas por los investigadores.

El tramo central del expediente, ya elevado a juicio, se encuentra en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) 6 que en los próximos días correrá vista a las partes -fiscalía, querella y defensas- para que ofrezcan prueba de cara al debate oral que aún no tiene fecha.

El TOF 6 no tiene jueces titulares y está integrado, de momento, por los subrogantes Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari, mientras que la fiscal del debate oral y público será Gabriel Baigún y la querella será la de la exmandataria, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal.

Con información de agencias.

IG

Gerardo Milman, diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) entregó este martes su teléfono celular a la Justicia Federal, aunque lo hizo con una presentación donde manifestó su oposición a que el dispositivo sea abierto en el marco de la causa que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, según fuentes judiciales.

El aparato fue entregado en el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti por parte de Manuel Barros, abogado de Milman, quien adelantó que apelará ante la Cámara Federal de Casación Penal el fallo que habilitó el secuestro del teléfono del legislador antes de una autorización de la Cámara de Diputados.

El celular del legislador quedó guardado en la caja fuerte del juzgado, informaron las fuentes, y adelantaron que la entrega del teléfono será informada a la Cámara baja que integra Milman. Se debe a que en la Justicia entienden que, para poder avanzar con la apertura del teléfono, se necesita que los diputados la habiliten porque tienen fueros.

La decisión de Milman de entregar su teléfono tuvo como objetivo demostrar que el legislador está a disposición de la Justicia, y que su teléfono quedará allí hasta que se decida que hacer con él, independientemente de que el exfuncionario del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich cree que no corresponde la medida ordenada, de acuerdo a su entorno.

El jueves pasado, se produjo un movimiento de Milman en el expediente judicial cuando la Cámara Federal porteña habilitó el secuestro de su celular, medida solicitada por la querella de la expresidenta y la fiscalía, pero que quedaba sujeta a la autorización del Congreso Nacional.

La expectativa de que pueda hallarse información útil para la causa en el dispositivo del diputado es muy baja, entre otras puntos por el tiempo transcurrido desde el hecho según reconocieron los abogados querellantes cuando se hizo la audiencia donde reclamaron que se secuestrara de todas formas.

Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los jueces de la Cámara Federal porteña que votaron por autorizar la medida, remarcaron que “la extracción de información del teléfono en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal -abarcado desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023-”, según surge del fallo.

La búsqueda de información en el aparato de Milman deberá “enmarcarse estrictamente al análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la presente causa, debiendo preservarse toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”, agregaron los camaristas.

Para ello, -explicitaron- “se deberá asegurar que, ni bien se produzcan los primeros resultados de las diligencias, esa información sea recibida únicamente por el juzgado, a los efectos que la magistrada esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo -imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”.

LC con información de agencia Télam

La Cámara Federal porteña habilitó este jueves el secuestro del celular del diputado nacional Gerardo Milman de Juntos por el Cambio (JxC), una medida solicitada por la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y por la fiscalía, en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio de la titular del Senado el 1 de septiembre pasado.

Por mayoría, el tribunal de apelaciones decidió revocar la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti, y habilitar la medida, aunque ahora para hacerse efectiva requiere autorización de la Cámara de Diputados por la Ley de fueros, indicaron fuentes judiciales.

La expectativa de que pueda encontrarse información útil para la causa en el teléfono de Milman es muy baja. Se debe, entre otras cosas, por el tiempo transcurrido desde el hecho, reconocieron los abogados querellantes cuando se realizó la audiencia para reclamar que se realizara de todas formas.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes votaron a favor de autorizar la medida, demarcaron que “la extracción de información del teléfono en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal -abarcado desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023-”, según surge del fallo.

La búsqueda de información en el celular del diputado deberá “enmarcarse estrictamente al análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la presente causa, debiendo preservarse toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”, enfatizaron los camaristas.

Para ello, -explicitaron Bruglia y Bertuzzi- “se deberá asegurar que, ni bien se produzcan los primeros resultados de las diligencias, esa información sea recibida únicamente por el juzgado, a los efectos que la magistrada esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo - imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”.

La “pista Casablanca”

La denominada “pista Casablanca” o “pista Milman” se inauguró el 23 de septiembre pasado cuando un asesor del Frente de Todos en la Cámara baja, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.

“Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, fue la frase que Abello le atribuyó a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, cuando el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que el legislador haya pronunciado dicha frase.

La reunión en el bar Casablanca frente al Congreso Nacional, que en principio fue desconocida por las asesoras de Milman es sus respectivas declaraciones testimoniales, fue probada por imágenes de cámaras de seguridad y luego reconocida por ellas mismas.

A mediados de mayo, otra mención en el expediente puso a Milman bajo la lupa: su exsecretaria Ivana Bohdziewicz dijo que el legislador le había facilitado un “perito” para que borrara información de su celular y que la maniobra se habría realizado en su presencia, en una oficina que atribuyó a la exministra de Seguridad, titular en uso de licencia del PRO y candidata a presidenta, Patricia Bullrich.

Bohdziewicz es una de las dos mujeres que acompañaba a Milman en el bar Casablanca el día en el que Abello dijo haberlo escuchado referirse al atentado contra la vicepresidenta antes de que ocurriera.

“El secuestro del aparato celular del diputado Milman, encuentra debida motivación en los fundamentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal que tornan admisible dicha medida en consonancia con la hipótesis delictiva investigada en autos. Sin perjuicio del resultado que han arrojado las diligencias llevadas a cabo hasta el momento, resulta dirimente a los efectos de agotar esta vía investigativa, descartar toda mínima situación de incertidumbre al respecto”, sostuvieron Bruglia y Bertuzzi.

“Ya hemos dicho (en resoluciones anteriores) que la trascendencia institucional que reviste el atentado a la Vicepresidenta de la Nación impone como deber jurisdiccional extinguir cualquier duda con relación a cada uno de los indicios incorporados al expediente, resultando ello el camino adecuado para dar respuesta a la víctima, la sociedad en general y al propio diputado, quien reviste el derecho a que se desestime de manera certera la versión sobre sus presuntos dichos y toda posible injerencia en los hechos”, remarcaron los jueces.

Sin embargo, Mariano Llorens, el tercero de los jueces que integran la Sala I de la Cámara Federal porteña, opinó que no había material probatorio suficiente que habilitara a avanzar con una medida como la que pedían los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira y el fiscal Carlos Rívolo.

“No hay prueba alguna que me permita -siquiera con el grado de provisoriedad propio de la etapa- dar credibilidad al testimonio de Jorge Abello, no encuentro un indicio claro, preciso y concordante con el resto de la prueba que habilite una injerencia mayor en la privacidad de personas que no se encuentran formalmente imputadas en estas actuaciones, como lo es el diputado Gerardo Milman”, sostuvo el camarista.

“No pierdo de vista la gravedad del delito investigado, y sus consecuencias institucionales, como muchas veces hemos destacado desde esta Sala. Pero ello, no puede -por si solo- justificar una invasión a la privacidad que carece de apoyo probatorio y solo encuentra respaldo en una hipótesis que carece de sustento formal”, argumentó Llorens.

LC con información de agencia Télam

Los abogados de Cristina Kirchner pidieron que “se suspenda el trámite de la elevación a juicio” oral de la causa en la que se investiga el intento de magnicidio ante el surgimiento de nuevas pruebas que otra vez parecen vincular con el hecho a integrantes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal.

“No concebimos cómo el fiscal recibió el 23 de mayo un informe en el que hay un mensaje en el que una persona que es parte de una agrupación dedicada a promover la violencia contra la Vicepresidenta se ofrece para una ´actividad bala´ y no hizo absolutamente nada”, explica el escrito firmado por los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal.

Los abogados querellantes hicieron alusión a un informe producido en la causa en la que el juez Marcelo Martínez de Giorgi investiga a Revolución Federal, en el que apareció una integrante de ese grupo, “Dali Revolución”, manifestando su deseo de usar un arma nueve milímetros.

“La primera alusión de ´Dali Revolución´ a que tenía un arma y quería usarla coincide temporalmente con los meses en los que Jonathan Morel recibió millones de pesos de la familia Caputo para hacer una obra de grandes dimensiones con una carpintería fantasma”, reflexionó el escrito.

La querella conjeturó que “Dali Revolución” podría ser Angélica Dalila Monti, muy cercana al líder de Revolución Federal, Jonathan Morel.

“Tendría una relación sentimental con Jonathan Morel. Además, era la persona con quien estaba Morel al ser detenido en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. En Buenos Aires, Morel y Monti conviven.

Esto es de suma importancia, porque la conexión entre Morel y Monti aparece como especialmente fuerte y está claro que su intercambio de ideas iba más allá de pertenecer a la misma agrupación“, sostuvieron.

En una carta enviada a la Cámara Federal, el pretenso asesino de la vicepresidenta, Fernando Sabag Montiel, desvinculó reiteradamente a Revolución Federal del ataque y aseguró que no tuvo ni tiene relación con sus integrantes.

Sin embargo, la querella de Cristina Kirchner cree haber encontrado un nexo: “Presumimos que (Brenda) Uliarte podría ser ´juanargento´”, un activo usuario en las redes sociales y grupos de chats de Revolución Federal.

Ubeira y Aldazábal consideraron que resta “mucha prueba” por producir y, de hecho, propusieron llevarla a cabo antes de que la causa pase a la etapa de juicio.

Entre esas medidas figura una que “se refiere a Hernán Carrol, otra persona a la que se dejó de investigar sin motivo aparente y que tiene vínculos con Revolución Federal, agrupación en la que la idea de matar a la vicepresidenta estaba presente”.

“Carrol es otro nexo entre Revolución Federal y Uliarte, con quien tuvo intercambios a través de internet y en persona”, afirmó el escrito.

En su carta a los camaristas federales, Sabag Montiel aludió reiteradamente a Carrol, asegurando que es ajeno al intento de magnicidio.

Con información de agencias.

IG

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, defendió a la precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich de las acusaciones de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, respecto a la causa que investiga el intento de magnicidio. “Basta de teorías conspirativas”, lanzó el también aspirante a suceder a Alberto Fernández.

En declaraciones a la prensa al encabezar un acto en la Autopista Illia, el referente opositor continuó: “Que la Justicia investigue a fondo, no se tiene que meter la política en las investigaciones judiciales. No entremos en estas teorías conspirativas”.

La respuesta del alcalde porteño llegó a horas de que Cristina Kirchner apuntara contra Bullrich, a quien acusó de encubrir el atentando que sufrió el 1 de septiembre del año pasado. “Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre”, escribió la ex presidenta en su cuenta de Twitter.

Para relacionar a la precandidata presidencial del PRO con el ataque, Fernández utilizó una publicación que hizo un diputado del PT de Brasil, Alencar Santana, en la misma red social. Allí, el legislador escribió: “En Argentina, la presidenta del mayor Partido de la oposición (PRO) y pre- candidata a la presidencia, Patricia Bullrich, es sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de una testigo clave en el caso del intento de asesinato de Cristina Kirchner”.

Santana se refería a la declaración de Ivana Bohdziewicz, una de las ex asesoras parlamentarias del diputado Gerardo Milman, en la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta. Allí, según publicó este domingo el diario Página 12, Bohdziewicz aseguró que los datos de su celular fueron borrados en la oficina de Patricia Bullrich.

Tanto Bohdziewicz Carolina López Mónaco como están implicadas en la llamada “pista Casablanca” luego de que Jorge Alberto Abello, asesor legislativo del diputado kirchnerista Marcos Cleri (Frente de Todos, Santa Fe), las involucró en su declaración como testigo cuando dijo haber escuchado en días previos al ataque, ocurrido el 1° de septiembre, una conversación entre las dos asesoras y el diputado Milman en el bar Casablanca, ubicado en la esquina del Congreso. Siempre según su declaración, el legislador -alineado al ala más dura de Patricia Bullrich- les habría dicho a las mujeres: “Para cuando la maten, yo voy a estar en la Costa”.

Ivana Bohdziewicz y “las presiones”

Ivana Bohdziewicz, la ex asesora del diputado del PRO Gerardo Milman, quien reconoció que un perito informático había borrado su teléfono en unas oficinas que petenecerían a Patricia Bullrich, admitió que pidió adelantar su declaración como testigo en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, ya que se sentía “presionada”.

El viernes pasado, Bohdziewicz declaró ante colaboradores de la fiscal Alejandra Mángano en los tribunales federales de Comodoro Py al 2002. La excolaboradora explicó que esa operación de borrado de teléfonos se realizó en oficinas de Bullrich sobre la Avenida de Mayo, alrededor del 10 de noviembre del año pasado, cuando la querella de la vicepresidenta ya había pedido el secuestro de los aparatos.

De la declaración de Bohdziewicz se desprende una supuesta maniobra engañosa hacia la jueza María Eugenia Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo, debido a que en el borrado de los teléfonos, también fueron manipulados los del propio diputado Milman y los de Carolina Gómez Mónaco, otra de sus colaboradoras.

La declarante se quedó sin trabajo en enero pasado, pero Gómez Mónaco continúa en el equipo de Milman y fue ella quien se interesó por saber qué diría su ex compañera en la ampliación de la declaración testimonial, según prueban capturas de chats presentadas ante la Justicia.

“Carolina decía que se ponga las pilas, que nos dé un respaldo, que con el Mundial no se calmaba nada, y me comenta que Milman le dijo que había hablado con Patricia y que nos iba a poner un perito para ver la información que tenían los celulares porque era probable que se filtrara nuestra información”, contó la testigo.

Bohdziewicz confesó estar “aterrada” por esa eventual filtración y que los llamados de Gómez Mónaco, cuando ya no eran compañeras de trabajo, la asustaron. “Un mes exacto sin hablar con nadie. Carolina me manda unos mensajes, y a esa altura yo ya me sentía muy presionada por esta cuestión”, recordó.

“Preguntada por el Sr. Auxiliar Fiscal a la compareciente para que diga si sabe si Gómez Mónaco o Gerardo Milman tenían en sus teléfonos alguna información que pudiera tener relación con el hecho que se investiga en estos actuados, respondió: 'no, sino me hubiera acordado respecto del de Gómez Mónaco, y respecto del teléfono de Milman, no sé'”, dice textual en uno de los párrafos de la declaración.

Gómez Mónaco tenía una segunda línea que no estaba registrada a su nombre y que no fue entregada a la Justicia; la otra, la que sí estaba a su nombre y se llevó al juzgado de Capuchetti, fue en un teléfono nuevo, comprado por la secretaria.

“Nos fuimos a Av. De Mayo 953, tercer piso, oficina Patricia Bullrich, si no me equivoco, llegamos ahí, no había nadie, solo estaba Milman con el perito, cuyo nombre no recuerdo, pero era morocho, grandote, de unos 60 años aproximadamente, vestido de civil, no recuerdo si estaba con bastón”, relató Bohdziewicz.

La respuesta de Bullrich

A través de Twitter, Patricia Bullrich publicó: “Ya no saben que inventar frente al total y absoluto fracaso de su patético cogobierno. Conmigo, El 10 de diciembre el kirchnerismo se acaba”. En la causa judicial no hay constancias que indiquen que Bohdziewicz tenga o haya tenido algún vínculo con el kirchnerismo.

Con información de agencias.

IG

Nicolás Gabriel Carrizo, detenido y procesado como partícipe secundario del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, volvió a decir hoy que eran “bromas a kirchneristas” los mensajes hallados en su teléfono celular en los que se atribuía cierta participación en el ataque fallido.

El jefe del grupo de vendedores de algodón de azúcar conocido como “los copitos” insistió en que los chats hallados en su teléfono en los que se adjudica participación en el intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner fueron “bromas” dirigidas a conocidos que tenían militancia kirchnerista.

Ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, Carrizo declaró hoy durante unas cuatro horas, en una ampliación de indagatoria a raíz de la aparición de nuevos chats.

Se trata de una serie de mensajes situados temporalmente en la madrugada posterior al intento de magnicidio y los días subsiguientes, en los que se ufanó de haber planificado el ataque y vaticinó que la vicepresidenta “ya está muerta”.

Carrizo fue trasladado esta madrugada a los tribunales de Comodoro Py desde el penal de Marcos Paz y en la indagatoria explicó los chats.

En ese sentido, refirió que fueron provocaciones dirigidas a personas que integraban un grupo de Whatsapp conocido como “Los Girosos”, a quienes les reconocía simpatías o afinidades con el kirchnerismo.

Su abogado, Gastón Marano, relató que Carrizo declaró que envió esos mensajes “porque sabía que los que los iban a recibir iban a reaccionar”, a raíz de su pertenencia política.

Marano insistió en que el procesamiento que pesa contra Carrizo fue “apresurado” y que el imputado deberá esperar a la realización del juicio oral y público “para que quede claro que es inocente”.

A fines del año pasado la Cámara Federal le ordenó a Capuchetti que vuelva a convocar a Carrizo a indagatoria, para informarle sobre el hallazgo de nuevos chats de Whatsapp en su teléfono.

 “Nos encontramos aquí frente a elementos de prueba novedosos, que fueron incorporados -como tales- con posterioridad a la recepción de la declaración indagatoria de los imputados”, dijo la Cámara al ordenar la ampliación de la declaración.

La ampliación de indagatoria celebrada hoy debió haberse realizado, en rigor, a principios de enero, pero se pospuso en dos oportunidades en el contexto de la feria judicial.

Sobre el final de la declaración, Carrizo aceptó responder preguntas que le formuló el fiscal Rívolo, además de las de su propio defensor.

Por razones procesales, la querella –que representa a Cristina Kirchner- no puede preguntar, ni siquiera estar presente, durante la indagatoria.

DA